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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11055-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11055-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11055-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11055-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 11 de febrero de 2022, proferida por la Sección Tercera

-Subsección “C”- del Consejo de Estado1, que declaró improcedente

la solicitud de amparo.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11055-01
Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

El señor HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA, actuando a través

de apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le

fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima2 y la

Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado3 al proferir,

respectivamente, las providencias de 15 de diciembre de 2017 y 18

de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 73001-23-33-000-2015-00387-01.

I.2. Hechos

Indicó que fue elegido diputado de la Asamblea Departamental del

Tolima para el período constitucional 2012 – 2015.

Sostuvo que para las vigencias fiscales 2012 al 2014, el

Departamento del Tolima fue categorizado en tercera categoría,

cuando en realidad debió ser de segunda, de conformidad con lo

2
En adelante el Tribunal.
3 En adelante la Sección Segunda.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11055-01
Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

establecido en el Ley 617 de 6 de octubre de 20004, lo que produjo

una afectación a su remuneración y a la cotización a seguridad social,

percibiendo menos de los que por ley le correspondía.

Relató que, por lo anterior, realizó la correspondiente reclamación

administrativa ante el ente territorial, a fin de que se reconociera la

indebida categorización del Departamento y su consecuente pago por

los emolumentos dejados de percibir, solicitud que fue resuelta de

forma negativa.

Refirió que, como consecuencia de ello, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el Departamento del Tolima, a la cual le fue asignado

el número único de radicación 2015-00387-00.

Adujo que la demanda correspondió por reparto al Tribunal que, en

sentencia de 15 de diciembre de 2017, denegó las pretensiones al

estimar que los actos administrativos que debieron demandarse eran

los decretos de carácter general que dispusieron la categorización

departamental y no los que negaron el reconocimiento y pago de las

4
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222
de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”.

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4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11055-01
Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

diferencias salariales y prestaciones dejadas de recibir, pues estos

no fueron los que consolidaron la situación jurídica del actor. No

obstante, en aras de la prevalencia al derecho de acceso a la

administración de justicia, analizó los decretos generales, de los

cuales pudo concluir que fueron expedidos adecuadamente y, de tal

forma, no había lugar al reconocimiento de las prestaciones

solicitadas.

Manifestó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación el cual fue desatado por la Sección Tercera que, en

sentencia de 21 de marzo de 2021, confirmó la decisión del a quo al

colegir que los salarios y prestaciones que devengó se encuadran

dentro de los límites máximos señalados en la Ley 617 de 2000, pues

al no ubicarse el Departamento del Tolima en una categoría superior

a la tercera, no era posible reconocer las diferencias pretendidas.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada realizó una errada

interpretación del parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 617 de 2000,

al estimar que el departamento debía categorizarse según los gastos

de funcionamiento, sin importar la categorización previa, de tal forma

que de haberse realizado un análisis correspondiente al asunto, se

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5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11055-01
Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

habría concluido que la categoría correspondiente era la segunda y

que, además, tenía derecho al reconocimiento de las diferencias

salariales y demás emolumentos dejados de pagar.

Resaltó que se vulneró su derecho a la igualdad, comoquiera que

todos aquellos que dependían de derechos laborales sujetos a la

categorización del ente territorial gozaron de lo debido según

indicaba la Ley 617 de 2000, tan es así que el mismo Tribunal en

sentencia de 9 de septiembre de 2021, ordenó reconocer y pagar

unos emolumentos dejados de percibir en un asunto con similar

situación fáctica a la presente.

Finalmente, indicó que se encuentra justificada su tardanza en la

presentación de la acción de tutela, como lo es que hasta el mes de

julio de 2021, se conoció del fallo de 19 de abril de esa misma

anualidad, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado

que estudió la legalidad del decreto que categorizó al Departamento

del Tolima para la vigencia 2014.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

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Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

“[…] SEGUNDA: Dejar sin efectos los fallos 15 de diciembre de
2017, y 18 de marzo de 2021 proferidos por el Tribunal
Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
73001-23-33-000-2015-00387-01. y en su lugar se les ordene
inaplicar los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012, por violación
directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617 de
2000.

[…]

TERCERO: Que a consecuencia de la declaración anterior, al
ordenar rehacer el fallo el Tribunal Administrativo del Tolima y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
inaplicar los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012, por violación
directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617 de
2000.

CUARTO: Que ordene al Tribunal Administrativo del Tolima y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
condenen al Departamento del Tolima a reconocer y pagar a título
de restablecimiento el reajuste de la remuneración del señor Héctor
Vladimir Espín Acosta, durante los años 2012, 2013 y 2014,
debidamente indexado, de igual manera con las diferencias dejadas
de pagar de los demás emolumentos devengados por el accionante,
como cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y
demás.

QUINTO: Que, de igual manera, se ordene al Departamento del
Tolima a reconocer y pagar en favor de Héctor Vladimir Espín
Acosta, la Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías e
incompletas […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal resaltó que, en lo referente al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia y a la igualdad, invocados por

el actor, brindó todas las garantías formales y materiales previstas

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11055-01
Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

en la Carta Política; además, no se cumple con el requisito de

inmediatez por lo que la acción de tutela resulta improcedente.

I.5.2.- La Sección Segunda pese a ser notificada en debida forma

del presente trámite constitucional, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera mediante sentencia de 11 de febrero de 2022,

declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se

cumplió con el requisito de inmediatez, comoquiera que la

providencia acusada fue notificada el 26 de abril de 2021, mientras

que la acción de tutela se interpuso el 2 de diciembre de 2021, esto

es, superados los 6 meses establecidos por la jurisprudencia.

Sumado a lo anterior, sostuvo que tampoco se cumple con el

requisito de subsidiariedad, toda vez que si en criterio del actor las

autoridades judiciales accionadas debían tener en cuenta el

pronunciamiento emitido por la Sección Primera del Consejo de

Estado, que aún estaba en trámite, debió pedir la suspensión del

proceso por prejudicialidad, mecanismo del cual no hizo uso el actor.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11055-01
Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los

siguientes términos:

Afirmó que tanto en el relato de los hechos como en el acápite de

consideraciones, puso de presente que al momento de proferirse la

sentencia de 18 de marzo de 2021, no existía jurisprudencia del

Consejo de Estado que estudiara de fondo tales circunstancias de

hecho y de derecho planteadas en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, pues fue precisamente hasta la

sentencia de 19 de abril de 2021 que la Sección Primera del Consejo

de Estado estudió la legalidad del Decreto 3035 de 28 de octubre de

2013, que categorizó al Departamento del Tolima para la vigencia

2014.

Así las cosas, sostuvo que con el fallo de 19 de abril de 2021, se abrió

la puerta para que los derechos laborales reclamados se pudieran

hacer tangibles, pues muestra de ello es la sentencia de 9 de

septiembre de ese mismo año, proferida por el Tribunal que en un

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho5, reconoció la

remuneración y demás emolumentos dejados de percibir por los allí

demandantes.

5
La Sala advierte que el actor no identifico el proceso al que hace referencia.

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Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

Relató que el mencionado fallo de 19 de abril de 2021 fue conocido

hasta el mes de agosto de ese mismo año, comoquiera que no fue

parte dentro de ese proceso, circunstancia que amerita no tener en

cuenta el término general establecido por la jurisprudencia para el

requisito de inmediatez.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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Actor: HÉCTOR VLADIMIR ESPÍN ACOSTA.

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por

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el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede

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como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 15 de diciembre de 2017 y

18 de marzo de 2021, proferidas por el Tribunal y la Sección

Segunda, respectivamente, por medio de las cuales se denegaron las

pretensiones de la demanda promovida dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2015-00387-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la igualdad habida cuenta que, a juicio

de la actora, la autoridad judicial accionada realizó una errada

interpretación del parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 617 de 2000

y desconoció su derecho a la igualdad, comoquiera que todos

aquellos que dependían de derechos laborales sujetos a la

categorización del ente territorial gozaron de lo debido según

indicaba la Ley 617 de 2000.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Tercera que, mediante sentencia de 11 de febrero de 2022,

declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que no se

cumplió con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

Inconforme con ello, el actor impugnó la anterior decisión al estimar

que al momento de proferirse la sentencia de 18 de marzo de 2021,

no existía jurisprudencia del Consejo de Estado que estudiara de

fondo tales circunstancias de hecho y de derecho planteadas en el

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues fue

precisamente hasta la sentencia de 19 de abril de 2021, que la

Sección Primera del Consejo de Estado estudió la legalidad del

Decreto 3035 de 28 de octubre de 2013, que categorizó al

Departamento del Tolima para la vigencia 2014 y a partir de ese

momento se abrió la puerta para que tales derechos laborales

reclamados se pudieran hacer tangibles.

Agregó que conoció del fallo de 19 de abril de 2021 hasta el mes de

agosto de esa misma anualidad, por lo que se cumple con el requisito

de la inmediatez.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si las

autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos

fundamentales invocados al proferir las providencias de 15 de

diciembre de 2017 y 18 de marzo de 2021 acusadas.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.

En primera medida, la Sala advierte que conforme con las

constancias obrantes en el proceso ordinario origen de la

controversia, la providencia de segunda instancia de 18 de marzo

de 2021, aquí cuestionada, fue notificada a la apoderada de la parte

actora, vía correo electrónico, el 26 de abril de 20216, sin embargo,

en aplicación del inciso tercero del artículo 8º del Decreto 806 de

2020 y el numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011,

modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la Sala

entenderá que la notificación de la sentencia cuestionada se surtió

debidamente el 28 de abril de 2021.

6
Constancia de notificación índice 18 aplicativo Samai, trámite Segunda Instancia proceso identificado
con el número único de radicación 73001-23-33-000-2015-00387-01.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001233300020
1500387011100103

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Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 2 de diciembre de 2021, esto es,

transcurridos 7 meses y 3 días, superados así los 6 meses que han

sido estimados por la jurisprudencia como término razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial.

En este punto es del caso resaltar que el actor solicitó la flexibilización

en el conteo del término, en tanto que la sentencia que estudió la

legalidad del decreto que categorizó al Departamento del Tolima para

la vigencia 2014 fue proferida hasta el de 19 de abril de 2021, la cual

fue conocida por el accionante en el mes de agosto siguiente.

La Sala destaca que las razones aducidas por el actor no justifican la

inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud de amparo,

toda vez que en tratándose de las acciones de tutela contra

providencias judiciales, el término con el que cuenta el interesado

para promover la solicitud de amparo se determina por la fecha en

la que se surte debidamente la notificación de la decisión

cuestionada, sin que para tal efecto, pueda considerarse como válido

el argumento presentado, pues la decisión proferida por la Sección

Primera dentro del medio de control de simple nulidad que analizó la

legalidad del Decreto 3035 de 2013, que categorizó al Departamento

del Tolima para la vigencia 2014, es absolutamente autónoma e

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independiente de la actuación cuestionada.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que en casos

como el presente el juez debe verificar si la acción se instauró en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

vulneración7. Tal presupuesto va ligado con la finalidad del amparo

que se pretende, el cual, en caso de transcurrir el tiempo y

consumarse un daño, sería ineficaz.

En tal sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación, en la precitada sentencia de unificación de 5 de agosto

de 2014, estableció como razonable el término de 6 meses, sin

perjuicio de que el mismo pueda variar ante circunstancias

especiales, como ocurre, entre otras, cuando se trata de prestaciones

periódicas, en aras de proteger los derechos al “mínimo vital, la

dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial protección

constitucional”. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia T-374 de 18 de mayo de

20128, al referirse a la inaplicación del requisito de inmediatez

cuando se trata de prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:

7 Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime
Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, M.P. María Victoria Calle Correa.

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“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la acción
de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la interposición
de la acción de tutela medie un término razonable, el contenido
mismo del requisito de inmediatez varía cuando se trata de
una prestación periódica que, como las mesadas
pensionales, se vincula directamente al ejercicio de los
derechos fundamentales al mínimo vital, la dignidad, la
salud y la vida de sujetos de especial protección
constitucional. En suma, dado el carácter periódico y la
particular importancia de las mesadas pensionales para el
ejercicio de los derechos más básicos de los pensionados, la
Corte ha considerado que la actualización continua de los
perjuicios presentes y sustantivos derivados de la falta de
indexación de la mesada resta relevancia al requisito de
inmediatez en la presentación de la tutela. En otras palabras,
como la afectación de los derechos fundamentales por la pérdida
de poder adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día
a día, en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital
por esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).

Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de la

Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección, relacionada

con acciones de tutelas promovidas contra providencias judiciales en

las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones periódicas,

como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…] siempre

que se trate de una acción de tutela contra providencia

judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará

el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de

procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá

efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la

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vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea

continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy

antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el

actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta9 […]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una

vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 201510,

la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme en relación a qué debe entenderse
por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 201411, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la cual
el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes12:

“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por prestación
periódica fuera el significado lingüístico de las palabras, sería
elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03-15-000-2013-02423-01.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de julio
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2015-01613-00.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, proveído de 1o. de
octubre de 2014, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número: 05001-23-33-000-
2013-00262-01.
12
Véase la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, calendada 5 de
septiembre de 2002, Magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, radicación interna Nro. 5018-2001.

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eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las pensiones
de jubilación y de invalidez como prestaciones periódicas,
referencia que debe observase para los efectos del inciso 3º del
artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que da a entender
es que tratándose de derechos que existen durante la vida del
titular y después respecto de los beneficiarios llamados a
sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge, compañera o hijo
inválidos), es lógico, justificable y razonable que en cualquier
tiempo pueda discutirse tales prestaciones, para diferenciarlas de
los demás derechos laborales que no son vitalicios y por
consiguiente la definición de las controversias sobre los mismos,
debe hacerse en los términos de la caducidad establecida para
ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a sus
beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo, se
consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laboral vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la calidad
de periodicidad de dichos reconocimientos […]”. (Resaltado
fuera del texto).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedo visto en párrafos anteriores, el actor pretendió que a través

del medio de nulidad y restablecimiento del derecho se ordenara al

Departamento del Tolima al pago de las diferencias dejadas de

cancelar sobre los aportes y reajustes de las cotizaciones al sistema

de seguridad social, entre otras.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta

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Sección en sentencia de 28 de mayo de 201513, a través de la cual

unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que

deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez

en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a

la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…]Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará la
Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias que traten de prestaciones periódicas”; en casos
como el presente, en que se controvierte una sentencia relacionada
con la reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al
citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable,
para determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial
para interponer la acción de tutela merece ser tratado en forma
especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre
que la vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto
es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el
actor se encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que
le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también
ha entendido que en ocasiones se requieren elementos adicionales
a tal condición para proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta
oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia,
determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la
exigencia o no del requisito de inmediatez de la tutela contra
providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo
constitucional es un pensionado o persona que goza de
Asignación de Retiro, que tal condición no es per se circunstancia
que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

28 de mayo de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-
15-000-2015-00001-01.

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necesario que confluyan elementos adicionales que permitan
concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la
carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el
Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco
Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el
actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su
inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos, dentro
de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un
sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados,
entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos,
éstos resulten eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de
inmediatez, cuando acudan a la tutela para obtener la pérdida de
efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser
denominados sujetos de especial protección […]”.

Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con

prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la acción

de tutela contra la providencia que presuntamente vulneró sus

derechos fundamentales invocados.

Cabe resaltar que el solo hecho de que la acción de tutela hubiera

sido instaurada contra una providencia en la que se decidió denegar

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las pretensiones de la demanda que solicitaba el pago de las

diferencias dejadas de cancelar sobre los aportes y reajustes de las

cotizaciones al sistema de seguridad social, no significa que

automáticamente se omita el examen del requisito de la inmediatez,

simplemente se atenúa su rigurosidad, siempre y cuando el

accionante demuestre en el proceso que la afectación o vulneración

ha sido continuada en el tiempo y que padece de una situación de

especial vulnerabilidad, por un estado de indefensión, interdicción,

abandono, minoría de edad, incapacidad física, etc., situación que,

como ya se dijo, no fue acreditada en el caso sub examine.

Finalmente, se destaca que en la sentencia SU-354 de 25 de mayo

de 201714, la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia

del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia

judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los

seis meses establecido por regla general como tiempo razonable,

dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba

en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación, como

quedó visto, no se observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente

14 Corte Constitucional, M.P. doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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caso no se cumple con el requisito de la inmediatez, razón por la cual

se confirmará el fallo de primera instancia, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de mayo de 2022.

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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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