RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-11064-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11064-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11064-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 9 de febrero de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo deprecado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Pedro Nel Herrera Castro en contra de la sentencia proferida el 14 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. 25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01 Accionante: Pedro Nel Herrera Castro Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11064-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

4 de agosto de 2022

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-0315-000-2021-11064-01
Accionante: PEDRO NEL HERRERA CASTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tesis: Es improcedente interponer una acción de tutela contra
una providencia judicial alegando la vulneración del
principio de congruencia cuando no se ha interpuesto
el recurso extraordinario de revisión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 9 de febrero de 2022 por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Pedro Nel Herrera Castro promovió acción de tutela en contra de
la sentencia proferida el 14 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social y acceso efectivo a la administración de
justicia; para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

“[…] PRIMERA: Se TUTELE los derechos constitucionales
fundamentales de DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SEGUNDA: Que se DEJE sin valor y efecto (en lo desfavorable al
accionante) la providencia del 14 de julio de 2021 dictada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
15235-3333-003-2018-00082-01, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá, revocó la sentencia de primera instancia
y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
reliquidación de la pensión de vejez del señor Herrera Castro.

TERCERO: Que se DISPONGA que en el término improrrogable de
cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de la
sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dicte una nueva sentencia en la que ordene reliquidación de
la pensión de jubilación con el 75% del promedio mensual
devengado en el último año de servicios (es decir, desde el 12 de
enero de 2009 al 12 de enero de 2010) y teniendo en cuenta,
además de la asignación básica, la prima de navidad y la prima de
vacaciones, pues si bien estos dos últimos factores mencionados no
están enlistados en la Ley 62 de 1985, lo cierto es que ya fueron
reconocidos dentro de la base de liquidación, por lo que tal decisión
no puede ser modificada, tal y como lo expuso el Consejo de Estado
en la referida sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de abril
de 2019 […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que laboró como docente desde el 1 de abril de
1976 al 12 de enero de 2010 en el Colegio Instituto Técnico Industrial
“Rafael Reyes”.

Afirmó que la Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución
nro. 56860 del 11 de diciembre de 2007, le reconoció una pensión de
jubilación.

Explicó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado con el nro. 2014 00139 00, el Juzgado Segundo Administrativo
de Duitama, en sentencia del 1 de septiembre de 2016, resolvió condenar
a la UGPP “a liquidar y pagar, a partir del 27 de junio de 2006, aplicando
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

los reajustes de ley, la pensión reconocida al demandante, en cuantía del
75% del promedio de lo devengado durante el año anterior a la
adquisición del status pensional, es decir, el período comprendido entre
el 27 de junio de 2005 y el 26 de junio de 2006 debiéndole incluir para
tal efecto, como factores salariales, además de la ASIGNACIÓN BÁSICA,
las PRIMAS DE VACACIONES Y DE NAVIDAD, atendiendo los parámetros
en la parte motiva de esta providencia”2.

Sostuvo que dicha providencia fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 28 de septiembre de 2017.

Aseguró que, en cumplimiento de lo anterior, mediante la Resolución nro.
RDP 018147 de 22 de mayo de 2018, la UGPP estableció la cuantía de la
pensión en la suma de $1.061.309.

Explicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo el reajuste de la pensión de jubilación con el 75% del
promedio mensual “devengado en el último año de servicios y teniendo
en cuenta todos los factores de salario, esto es, lo devengado desde el 12
de enero de 2009 al 12 de enero de 2010, incluida la asignación básica,
prima de navidad y prima de vacaciones”3.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo
Transitorio de Duitama con el número de radicación 2018 00082 00, que,
en sentencia del 13 de mayo de 2020, negó las pretensiones por
considerar que la prima de navidad y la prima de vacaciones son factores
que no están enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

Acotó que interpuso recurso de apelación en contra de la precitada
decisión y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 14 de

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
3
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

julio de 2021, la revocó y, en su lugar, ordenó “reliquidar la pensión de
jubilación, a partir del 13 de enero de 2010, sobre el promedio del 75%
del promedio (sic) mensual devengado en el último año de servicios, es
decir, en el período comprendido entre el 12 de enero de 2009 y el 12 de
enero de 2010, teniendo en cuenta únicamente la asignación básica”4.

En cumplimiento de lo ordenado, la UGPP emitió la Resolución nro. RDP
030178 del 8 de noviembre de 2021, “en la que negó la reliquidación de
la pensión, por considerar que la liquidación efectuada arroja un valor
inferior a la mesada actualmente devengada”5.

En el acápite denominado “hechos que generan la violación”, la parte
actora explicó:

“[…] Se advierte que la cuestión objeto de controversia que se
planteó desde la demanda de nulidad y restablecimiento [en el
proceso radicado con el nro. 2018 00082], tiene que ver con la
inclusión en el IBL de las primas de navidad y vacaciones.
(…)

Así las cosas, se resalta que el recurso de apelación no trae
argumentos nuevos que se presentan por primera vez en el proceso,
es decir, que no se está variando el fundamento fáctico de la
demanda.

No obstante, lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá en la
sentencia de 14 de julio de 2021, se relevó del análisis de la inclusión
en la base de liquidación de la prima de navidad y la prima de
vacaciones, porque a su juicio, la demanda no se fundamentó de
forma fáctica o jurídica sobre ese aspecto. Al efecto señaló:

“69. En consecuencia, atender en este estadio procesal, una
argumentación que no fue expuesta en la demanda violaría el
derecho al debido proceso, la contradicción, así como a la igualdad
del demandado, a quien se sorprendería con una sentencia que en
modo alguno atendió los parámetros del debate de la primera
instancia. Y, es que en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo
del articulo 281 del Código General del Proceso, no es posible

4
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en ésta”.

En ese orden de ideas, advierta el accionante que en el recurso de
apelación no se introdujeron nuevos argumentos, pues se itera, en
la demanda, en la contestación de la demanda, en la sentencia de
primera instancia y en la sustentación del recurso de apelación
interpuesto en contra de aquella; se hace alusión a la controversia
suscitada por la inclusión o no de los factores salariales de prima de
navidad y de vacaciones en el IBL de la pensión de vejez reconocida
al señor Herrera Castro.

A juicio del accionante, los argumentos sobre la orden de inclusión
de las primas de navidad y vacaciones en oportunidad anterior
(proceso 2014-00139) no es un nuevo elemento fáctico, sino
mejores razones jurídicas en que se sustenta la nulidad de los actos
acusados.

En consecuencia, la pretensión del demandante es única: la
reliquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta lo
devengado en el último año de servicios y con inclusión de la
asignación básica, prima de navidad y prima de vacaciones.

Es decir que la causa petendi durante todo el trámite procesal fue la
misma, con base en los antecedentes fácticos descritos en la
demanda, y a los medios de convicción regular y oportunamente
agregados al plenario. Sobre este aspecto cabe destacar que, con la
demanda, la parte actora aportó a las diligencias copia de las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del
proceso 2014-00139.

Así, advierte el suscrito accionante que no comparte los argumentos
expuestos por el Tribunal accionado, pues desde los fundamentos
facticos expuestos en la demanda se indicó que dentro del proceso
2014-00139 se había ordenado la inclusión de las mencionadas
primas de navidad y vacaciones.
(…)

En conclusión, el Tribunal no se debió relevar del estudio para decidir
de fondo sobre la inclusión de los factores salariales en mención,
pues fue un asunto solicitado con la demanda.

• De la necesidad que se estudien los argumentos
Según lo ya expuesto, con el recurso de apelación no se trajeron
nuevos argumentos ni se modificó la causa petendi, por lo que
devendría obligatorio al Tribunal accionado considerar, analizar
todos los argumentos expuestos en la demanda y reiterados en el
recurso de apelación.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

Sumado a lo anterior, el juez constitucional debe considerar que se
está analizando derechos de las personas de tercera edad, como es
el señor Pedro Nel Herrera Castro, quien a la fecha ostenta 70 años
de edad, por lo que hay lugar a efectuar el estudio de la inclusión de
las primas de navidad y vacaciones devengadas en el último año de
servicios, en aras de proteger los derechos fundamentales
invocados.
• Se desconoció la regla jurisprudencial

A más de lo anterior, en la sentencia atacada del 14 de julio de 2021,
se desconoció la regla fijada en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, en la que se estableció
que: “el acto administrativo conserva su validez en la medida que
no se puede afectar el derecho reconocido a la demandante cuya
pretensión iba dirigida a que se incluyeran factores adicionales a los
reconocidos por la entidad. El acto acusado no puede ser modificado
en aquello que no fue objeto de demanda a través de este medio de
control”.

Conforme a ello, en oportunidad anterior, en vía judicial y
administrativa se dispuso la inclusión de las primas de navidad y
vacaciones, pese a que no son factores que estén incluidos en la Ley
62 de 1985, lo cierto es que tal determinación no debió ser
modificada en la sentencia del 14 de julio de 2022 […]”.

(subrayas ajenas)

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 7 de diciembre de 20216, la Subsección B, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, admitió la tutela y dispuso notificar a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Boyacá, así como
vincular, por tener interés en el resultado del proceso, a la UGPP y al
Juzgado Segundo Administrativo de Duitama7.

6
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
7
Esta orden se cumplió el 15 de diciembre de 2021. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021
11064 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juzgado
Segundo Administrativo de Duitama para que allegaran copia digital del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro.
15238 3331 703 2014 00139 00/01, el cual fue remitido8.

3.2. La Juez Segunda Administrativa del Circuito Judicial de Duitama
rindió informe vía correo electrónico9, en el que sostuvo:

“[…] Revisado el escrito de tutela se advierte que la misma busca:
La protección de los derechos al debido proceso, seguridad social de
las personas de la tercera edad así como el acceso a la
administración de justicia y en consecuencia dejar sin efecto en lo
desfavorable la providencia del 14 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicación nro.
152383333003201800082-00 a través de la que revocó la sentencia
de primera instancia y se profiera nueva sentencia en la que
disponga la reliquidación de la pensión del actor con el 75% de lo
devengado en el último año de servicios teniendo en cuenta el
salario básico y las primas de navidad y vacaciones.

Así las cosas, considera la suscrita jueza que, no debe realizar
pronunciamiento respecto de la solicitud de amparo que nos ocupa,
pues el proceso relacionado con anterioridad no fue de conocimiento
de este despacho, toda vez que consultado el Sistema de
Información SAMAI el mismo fue tramitado por el Juzgado Tercero
Administrativo de Duitama el cual profirió decisión de primera
instancia el 19 de mayo de 2020.

Sin embargo, en cumplimiento al auto admisorio de la tutela adjunto
al presente en archivo PDF el expediente solicitado que contiene el
proceso con radicación nro. 15238333170320140013900 […]”.

3.3. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP remitió
informe vía correo electrónico10, en el que afirmó que la tutela es
improcedente, dado que lo pretendido por la parte actora es sustituir una
decisión judicial ejecutoriada que fue proferida por el juez natural de la

8
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
9
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
10
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

causa con fundamento en a jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.

Advirtió que en la providencia controvertida se indicó que, “si al cumplir
esta sentencia la (…) UGPP encuentra que el valor que se ha venido
pagando al señor Pedro Nel Herrera Castro es mayor, mantendrá el pago
de esa mesada pensional ya reconocida. Es decir, se pagará la mesada
pensional que sea más favorable al demandante”.

Agregó que, “teniendo presente que el acto administrativo demandado
reliquidó la pensión con fundamento en los últimos diez años por los
tiempos adicionales de servicio, y por lo tanto fue ordenada la
reliquidación de la pensión sobre el 75% de lo devengado en el último año
de servicio, pero solo con la inclusión de la asignación básica y por lo
tanto, comoquiera que en virtud de las sentencias proferidas el 1 de
septiembre de 2016 y el 27 de septiembre de 2017 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Duitama y el Tribunal Administrativo de
Boyacá, respectivamente, se ordenó la reliquidación de la pensión del
demandante con la inclusión de los factores devengados en el año anterior
a la adquisición del status (asignación básica, % de prima de navidad y
% de prima de vacaciones), los actos administrativos expedidos en virtud
de estas providencias conservan su validez”, por lo que afirmó que no
existe vulneración a ningún derecho fundamental.

3.4. Por auto del 20 de enero de 202211, el despacho de conocimiento
dispuso:

“[…] Por Secretaría requiérase al Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Duitama y al Tribunal Administrativo de Boyacá,
para que, en el término de dos (2) días contado a partir del recibo
de la comunicación, alleguen en copia, fotocopia o a través de medio
magnético, el expediente contentivo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado: 15235-33-33-003-

11
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

2018-00082-00/01, demandante: Pedro Nel Herrera Castro, con el
fin de resolver de fondo la presente acción constitucional […]”.

El expediente fue remitido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Duitama12.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 9 de febrero de 2022, dispuso lo siguiente13:

“[…] RIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor
Pedro Nel Herrera Castro, contra Tribunal Administrativo de Boyacá,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
[…]”.

[Negrillas y mayúscula en la providencia]

Para dilucidar el asunto consideró que estaban cumplidos los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; en particular, sobre la subsidiariedad, estimó que no se
configuraba ninguna de las causales para hacer uso del recurso
extraordinario de revisión.

Luego de ello, precisó que la parte actora alega en sede constitucional
que la sentencia atacada incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, así:

“[…] El apoderado de la parte actora señaló que la autoridad judicial
accionada incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo porque en
la providencia atacada consideró que el accionante en el escrito del
recurso de apelación expuso argumentos nuevos a los plasmados en

12
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
13
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

el libelo demandatorio y; en consecuencia, no hizo un análisis
respecto de tales aspectos.

Agregó que contrario a lo expuesto por el Tribunal, desde el escrito
de demanda se planteó que el objeto de la controversia era la
reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta lo
devengado en el último año de servicios, con la inclusión en el
ingreso base de liquidación, además, de la asignación básica, las
primas de navidad y de vacaciones reconocidas en el proceso
radicado número 2014-00139-00.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrió en vía de
hecho por desconocimiento del precedente, pues dentro del
contenido de la providencia acusada no se tuvo en cuenta la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, en la que se
estableció que: “el acto administrativo conserva su validez en la
medida que no se puede afectar el derecho reconocido a la
demandante cuya pretensión iba dirigida a que se incluyeran
factores adicionales a los reconocidos por la entidad. El acto acusado
no puede ser modificado en aquello que no fue objeto de demanda
a través del medio de control”.

[…]”

Para resolver las inconformidades señaladas, frente al defecto sustantivo,
el a quo analizó:

“[…] En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia de
14 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, no incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, ni
desconocimiento del precedente, pues la decisión de revocar la
decisión de A-quo y en su lugar, reliquidar la pensión de jubilación
del señor Pedro Nel Herrera Castro, dentro del proceso promovido
por la parte tutelante contra la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales - UGPP, estuvo soportada en un estudio
en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto.

En este sentido, se advierte que en efecto le asiste razón a la
autoridad judicial accionada, al señalar que dentro del trámite
surtido en la primera instancia no se debatió́ el argumento que el
accionante trae en la apelación, esto es, que se tuviera en cuenta el
proceso con radicación número 2014-00139-00, a través del cual se
había ordenado incluir los factores de prima de navidad y de
vacaciones; dado que, estos argumentos no fueron expuestos en el
escrito de demanda.

Lo anterior por cuanto que, al revisar el contenido del libelo de
mandatorio presentado por el accionante, se pudo establecer que la
pretensión consistía en que: “(…) SEGUNDA: Que a título de

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

restablecimiento de derecho se ordene a la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP a liquidar y
pagar al señor PEDRO NEL HERRERA CASTRO, en legal forma su
pensión de jubilación, en cuantía UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.711843)
mensuales, cuantía efectiva a partir de trece (13) de enero de dos
mil diez (2010), teniendo en cuenta como base de liquidación todos
los factores de salario, con el 75% del promedio mensual devengado
en el ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS, es decir con asignación básica,
prima de navidad y de vacaciones devengados entre el 12 de enero
de 2009 y el 12 de enero de 2010”. (Sic)

Como fundamento de lo pedido, el accionante indicó que dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento que cursaba en ese Despacho
debía tenerse en cuenta las sentencias de unificación de 4 de agosto
de 2010 y de 12 de diciembre de 2017, proferidas por el Consejo de
Estado.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Boyacá, señaló que en el
recurso de apelación no se pueden plantear aspectos ajenos o
carentes de identidad con el grupo de razones y fundamentos
planteados en primera instancia, ya que esto violaría el deber de
lealtad entre las partes, irrespeta el debido proceso y quebranta el
derecho de defensa de aquellas, bajo el marco trazado por quien en
cada caso asuma la condición de opositora.

Bajo ese entendido, la autoridad judicial accionada, al examinar los
argumentos de la apelación, expuso que en el numeral 1° del escrito
contentivo del recurso de apelación, el accionante hizo referencia a
que el proceso tiene por objeto que se ordene liquidar y pagar al
demandante la pensión de jubilación, teniendo en cuenta, como
base de liquidación, todos los factores de salario, sobre el 75% del
promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios;
siendo este el único el cargo que se analizó, en concordancia con los
argumentos expuestos en la demanda y la sentencia de unificación
proferida el 25 de abril de 2019.

Una vez, se advirtió esta situación, el Tribunal Administrativo de
Boyacá señaló que la Ley 33 de 1985, es la aplicable al caso del
señor Pedro Nel Herrera Castro, por lo que, teniendo en cuenta que
el señor Herrera adquirió su estatus pensional el 27 de junio de 2006
y que el período del último año de servicios como docente fue el
interregno comprendido entre el 12 de enero de 2009 y el 12 de
enero de 2010; revocó la sentencia de primera instancia porque el
demandante tiene derecho a la reliquidación con base en el último
año de servicios, pero incluyendo únicamente la asignación básica,
toda vez que, de conformidad con la sentencia de unificación de 25
de abril de 2019, solo pueden ser tenidos en cuenta aquellos factores
enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, dentro de los cuales
no se encuentran las primas de navidad y vacaciones […]”.
(subrayas ajenas a la providencia)

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

En cuanto al desconocimiento del precedente, explicó que “revisada la
sentencia de 14 de julio de 2021, la Sala advierte que contrario lo señala
el accionante, el Tribunal Administrativo de Boyacá sí tuvo en cuenta la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 y, con fundamento en
esta, revocó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones,
ordenando reliquidar la asignación básica teniendo en cuenta el último
año de servicios del accionante, esto es, del 12 de enero de 2009 y el 12
de enero de 2010”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó y,
para ello, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, e
insistió en que14 “el inconformismo de la parte actora, está referido a que,
en la providencia del 14 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Boyacá se abstuvo de analizar de fondo los factores salariales, tales como
la prima de navidad y la prima de vacaciones que ya habían sido
reconocidos dentro de la base de liquidación de la pensión de jubilación,
por orden judicial”.

Agregó que solicita “se analicen de manera detalla todas y cada una de
las piezas procesales del proceso 2018 -00082, particularmente la
demanda, la contestación, las pruebas y las decisiones de primera y
segunda instancia. Ello en aras de determinar que desde la misma
demanda se solicitó la inclusión de las primas de navidad y vacaciones
devengadas en el último año de servicios y que habían sido ordenadas se
incluyeran en el año anterior al estatus pensional”.

Precisó que “en la demanda presentada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2018 – 00082 se indicó como fundamentos
fácticos, que tales factores salariales ya habían sido reconocidos por el

14
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

Juzgado Segundo Administrativo Oral de Duitama, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 1538 3331
703 2014 00139 00 y que tal decisión había sido confirmada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá. Dichas providencias fueron aportadas
como pruebas con la demanda”.

Reiteró que “la cuestión objeto de controversia que se planteó desde la
demanda de nulidad y restablecimiento, tiene que ver con la inclusión en
el IBL de las primas de navidad y vacaciones, las cuales ya habían sido
incluidas en oportunidad anterior, por orden judicial en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 2014 – 00139”.

Mencionó que “el Tribunal no se debió relevar del estudio para decidir de
fondo sobre la inclusión de los factores salariales en mención, pues fue
un asunto solicitado con la demanda”.

Agregó que “el mismo Tribunal Administrativo de Boyacá en sus diferentes
Salas de Decisión, en pacífica y reiterada jurisprudencia, ha establecido
con ocasión de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, que no
es procedente excluir factores salariales que ya han sido incluidos, pues
no se puede afectar el derecho reconocido a los docentes”, y al efecto
enlistó nueve providencias de dicha Corporación.

Por auto del 8 de junio de 2022 se concedió la impugnación15 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 17 de junio de 202216.

15
Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 01.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199117, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201518, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201920 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:

6.2.1. El señor Pedro Nel Herrera Castro, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo lo siguiente22:

17
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
18
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
19
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
20
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
21
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro.15238 3333 003 2018 00082 01. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.
22
Las pretensiones fueron extraídas de la sentencia proferida el 14 de julio de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021 11064 00.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

“[…] PRIMERA: Que se declare la Nulidad parcial de las Resoluciones
Nos.: (i) PAP 005336 de 21 de junio de 2010 y (ii) PAP 0308206 de
16 de diciembre de 2010, proferidas por la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal EICE en liquidación, a través de las cuales
se reliquida la pensión de vejez por nuevos factores salariales y se
resuelve un recurso de reposición, respectivamente.

SEGUNDA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a
la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES – UGPP a liquidar y pagar al señor PEDRO NEL
HERRERA CASTRO, en legal forma su pensión de jubilación, en
cuantía de UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.711.843) mensuales, cuantía
efectiva a partir del trece (13) de enero de dos mil diez (2010),
teniendo en cuenta como base de liquidación todos los factores de
salario, con el 75% del promedio mensual devengado en el ÚLTIMO
AÑO DE SERVICIOS, es decir con asignación básica, prima de
navidad y prima de vacaciones devengados entre el 12 de enero de
2009 y el 12 de enero de 2010 […]”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo Transitorio de Duitama que, en sentencia del 13 de mayo
de 2020, negó las pretensiones.

6.2.3. Inconforme con lo anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del
14 de julio de 2021, resolvió:

“[…] Primero. Revocar la sentencia proferida el 13 de mayo de
2020 por el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral de
Duitama en el proceso iniciado por Pedro Nel Herrera Castro contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en su
lugar se dispone:

1. Declarar no probada la excepción de “inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales”
propuesta por la entidad demandada, Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP.

2. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones nro. PAP
005336 de 21 de junio de 2010 y PAP 030806 de 16 de
diciembre de 2010 proferidas por la Caja Nacional de
Previsión Social – Cajanal EICE, por las razones expuestas.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP reliquidará la pensión de
jubilación del señor Pedro Nel Herrera Castro (…) , a partir del
13 de enero de 2010, sobre el 75% del promedio mensual
devengado en el último año de servicios, es decir, en el
período comprendido entre el 12 de enero de 2009 y 12 de
enero de 2010, teniendo en cuenta el factor salarial:
asignación básica.

4. Si al cumplir esta sentencia, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP encuentra que el valor que se
ha venido pagando al señor Pedro Nel Herrera Castro es
mayor, mantendrá el pago de esa mesada pensional ya
reconocida. Es decir, se pagará la mesada pensional que sea
más favorable al demandante.

5. En caso de que la mesada reconocida en esta sentencia sea
mayor a la que se le ha venido pagando al señor Pedro Nel
Herrera Castro, se deducirán los valores que hubiesen sido
cancelados […]”.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo
de Estado, en fallo del 9 de febrero de 2022, consideró que estaban
superados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial y, específicamente, frente a la subsidiariedad,
indicó que no se configuraba ninguna de las causales para hacer uso del
recurso extraordinario de revisión; por consiguiente, examinó de fondo
los reparos expuestos por el actor y decidió negar el amparo por estimar
que no se estructuraron los defectos sustantivo y de desconocimiento del
precedente.

A su vez, en los escritos de tutela e impugnación, el actor manifestó que
su inconformidad con la providencia controvertida radica en los
argumentos expuestos por la autoridad judicial accionada para no
estudiar la inclusión, en la base de liquidación, las primas de navidad y
vacaciones que le fueron reconocidas en un proceso de nulidad y

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

restablecimiento del derecho anterior [2014 -00139], por cuanto alega
que ello sí fue objeto de litigio en el proceso ordinario de primera instancia
y que no se trata de un reparo nuevo del recurso de apelación.

Teniendo en cuenta la inconformidad expuesta por la parte actora, la Sala
precisa que, el a quo examinó bajo la configuración del defecto sustantivo,
el reproche del accionante, consistente en que, sí fue objeto de
controversia en el proceso ordinario la reliquidación de la pensión de
jubilación con la inclusión de los factores que fueron reconocidos en un
proceso anterior; sin embargo, dicho reparo está relacionado con el
principio de congruencia, por lo que, el medio idóneo para ventilarlo es el
recurso extraordinario de revisión y no la acción de tutela.

En esa medida, la Sala revocará el fallo de tutela proferido en primera
instancia, que negó el amparo, y, en su lugar, declarará improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, según
las razones que pasan explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable23.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

23
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable24.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial25: (i) cuando el asunto está
trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional ha establecido dos
excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: (i)
cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se
pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con la características de ser inminente y grave,
que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar
el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable26.

En este caso, el accionante interpuso acción de tutela con el fin de
controvertir la sentencia proferida el 14 de julio de 2021 por el Tribunal

24
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse
si, efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre
un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que
la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad
de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
25
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
26
Sentencia T-150 de 2016.
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

Administrativo de Boyacá porque, en su concepto, los argumentos
relativos a la inclusión, en la base de liquidación, de las primas de navidad
y de vacaciones que habían sido reconocidas en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho anterior [2014 -00139] fue alegado en la
demanda y, en consecuencia, estima que la autoridad judicial accionada
debía pronunciarse sobre este aspecto por formar parte del objeto del
litigio; en ese sentido, reprocha que la autoridad judicial accionada no lo
haya analizado bajo la consideración de que se trató de un nuevo reparo
introducido en el recurso de apelación.

Bajo dicho contexto, la Sala considera que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en los que se formuló, comoquiera que en
contra de la providencia censurada es posible interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la
sentencia, en la medida en que lo alegado tiene que ver con que la
sentencia cuestionada transgredió el principio de congruencia, puesto
que, en criterio del actor no se abordó lo pedido en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Al efecto, esta Corporación ha puntualizado que la causal de revisión
contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto
es, la nulidad originada en la sentencia, “[s]e puede configurar cuando
el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez
para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”27.
Al respecto se precisó lo siguiente:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso extraordinario
de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en

27
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del
principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación
sin competencia.

(…)

En términos generales, la congruencia se entiende como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita (…).

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida como un
todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es lo
que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal
civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo
pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la
congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos:

“Se reitera que el principio de congruencia de la sentencia, exige de
una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y
de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

(…)

La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos
en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se
ha planteado desde la demanda (…).

Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del
Consejo de Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional,
ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un
elemento de validez de los mismos, cuya inobservancia
configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA […]”. (se
destaca)

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

En suma, bajo los anteriores criterios jurisprudenciales, esta Corporación
ha señalado que la nulidad originada en la sentencia se configura cuando:

“i) se dicta sentencia, pese a que previamente se produjo la
terminación del proceso, o se revive un proceso legalmente
concluido;

ii) se dicta sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido;

iii) la sentencia se emite sin la mayoría necesaria o con la firma de
más o menos jueces de los requeridos legalmente;

iv) se pretermite una instancia, y ello se configura en tres
escenarios: a. cuando se emite sentencia sin motivación; b. cuando
se viola el principio de la non reformatio in pejus; y c. cuando se
profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue
vinculado al proceso;

v) en la sentencia se deciden aspectos que no debía resolver el juez,
por carecer de jurisdicción o competencia;

vi) se profiere una sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso;

vii) en la sentencia se incurre en violación del derecho constitucional
del debido proceso; y

viii) la sentencia está afectada por falta de congruencia interna o
externa”28.

[Destacado por la Sala]

De contera, como la parte actora reprocha que el Tribunal Administrativo
de Boyacá omitió pronunciarse sobre la inclusión, en la base de
liquidación, de las primas de navidad y de vacaciones que ya habían sido
reconocidas en sede judicial, la Sala considera que el interesado tiene a
su alcance el recurso extraordinario de revisión, que constituye el
mecanismo idóneo para ventilar este reproche.

Ahora bien, frente al reparo expuesto por la parte actora consistente en
que la providencia atacada desconoció la regla fijada en la sentencia de

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

unificación del 25 de abril de 2019 “en la que se estableció que: “el acto
administrativo conserva su validez en la medida que no se puede afectar
el derecho reconocido a la demandante cuya pretensión iba dirigida a que
se incluyeran factores adicionales a los reconocidos por la entidad” (…)”,
la Sala advierte que el mismo está relacionado con el reproche indicado
en precedencia, esto es, la falta de análisis en la providencia cuestionada
por parte de la autoridad judicial, acerca de la inclusión de las primas de
navidad y vacaciones para efectos del reajuste pensional.

Lo mismo ocurre con las providencias que el actor enlistó en el escrito de
impugnación, que afirma fueron proferidas por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, toda vez que argumentó que “el mismo Tribunal
Administrativo de Boyacá en sus diferentes Salas de Decisión, en pacífica
y reiterada jurisprudencia, ha establecido con ocasión de la sentencia de
unificación de 25 de abril de 2019, que no es procedente excluir factores
salariales que ya han sido incluidos, pues no se puede afectar el derecho
reconocido a los docentes”; en consecuencia, se reitera, este reproche
está relacionado con la alegada omisión de la providencia controvertida
respecto del examen de los factores ya señalados.

Por otro lado, tampoco se probó ni alegó por el accionante la ocurrencia
de un perjuicio irremediable y, si bien en el escrito de tutela afirmó que
tiene 70 años, la Sala advierte que, frente al criterio de la edad como
elemento que posibilite la procedencia de la acción de tutela, la Corte ha
explicado lo siguiente29:

“[…] El adulto mayor es aquel que supera la expectativa de vida, y
en cada caso en particular acredita alguna circunstancia de especial
consideración, con fundamento en lo siguiente:

“De acuerdo a lo anterior, esta Sala de Revisión considera que así
como la tarea de determinar la edad pensional resulta propia del
Congreso, quien deberá fijar desde cuando inicia la tercera edad
para efectos de la procedencia de la acción de tutela, será dicha

Corte Constitucional. Sentencia T- 037 del 9 de febrero de 2016. M.P. Alejandro Linares
29

Cantillo.
22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

entidad. Por lo tanto, con el fin de proteger la naturaleza excepcional
y subsidiaria de la misma, en la presente sentencia será adoptada
como criterio para establecer la tercera edad, la expectativa de vida
de los colombianos certificada por el DANE correspondiente a los 74
años. Así, quienes cuenten con 74 años o más serán considerados
sujetos de especial protección constitucional como pertenecientes a
la tercera edad, razón por la cual el estudio de procedencia del
amparo constitucional se realizará de manera flexible.” (Subraya
fuera de texto)

37. La anterior posición se reiteró en la sentencia T-844 de 2014
(M.P. Mauricio González Cuervo), en cuya oportunidad el accionante
interpuso la acción de tutela como mecanismo definitivo de
protección de sus derechos fundamentales, sin acudir a la vía judicial
establecida por el Legislador para dirimir conflictos relacionados con
el reconocimiento pensional, que en este escenario es la jurisdicción
ordinaria, al considerar que era un adulto mayor y sujeto de especial
protección. Dicho amparo fue declarado improcedente con
fundamento en la siguiente regla de decisión:

“2. Razón de la decisión.

La acción de tutela será procedente como mecanismo
definitivo, cuando los accionantes alcancen la expectativa de vida de
los colombianos certificada por el DANE en 74 años. Así mismo, será
procedente como mecanismo definitivo en los casos donde sin
importar la edad del accionante y existiendo otro medio de defensa,
se acredite que el mismo no es idóneo y eficaz para la protección de
los derechos fundamentales del actor. Finalmente, la acción de
tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.” (se destaca)

En otra oportunidad el Tribunal constitucional indicó30:

“16.2. En este punto conviene precisar que el término “persona de
la tercera edad” y el concepto “adulto mayor”, que a menudo se
usan indistintamente, no pueden ser empleados como sinónimos.

16.3. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de
2009. En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de
seguridad social en pensiones, con el fin de identificar la población
destinataria de la atención integral en los centros vida. De cara a lo
dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien
supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más
de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico
[que] así lo determinen”.

(…)

Corte Constitucional. Sentencia T – 015 del 22 de enero de 2019. M.P.: Gloria Stella
30

Ortiz Delgado.
23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

16.4. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo
puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha
superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son
personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de
la tercera edad será un adulto mayor.

Para efecto de precisar a qué edad una persona puede catalogarse
en la tercera edad, esta Corporación ha acudido a la esperanza de
vida certificada por el DANE. Ha asumido que la tercera edad inicia
cuando la persona supera la expectativa de vida fijada por aquel
organismo público, misma que varía periódicamente. A esta se le
conoce como la tesis de la vida probable, que en este caso concreto
fue aplicada por el ad quem.

Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, conforme el
documento titulado “Indicadores Demográficos Según
Departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y
Proyecciones de Población 2005-2020” emitido por el DANE, la
esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en
Colombia (sin distinguir entre hombres y mujeres), se encuentra
estimada en los 76 años. Por lo tanto, una persona será considerada
de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que
certifique el DANE para cada periodo específico.

(…)

El efecto útil de esta separación fijada por la jurisprudencia
constitucional en desarrollo el principio de igualdad, se presenta al
valorar en cada caso concreto la eficacia de los mecanismos
judiciales ordinarios que tiene a disposición el accionante. Pero cobra
especial relevancia cuando se debaten asuntos asociados a la
pensión de vejez, en relación con los cuales la mayoría de los
interesados habrá superado los 60 años y tendrá la calidad de adulto
mayor.

De considerarse que todos los adultos mayores requieren una
especial protección constitucional y un análisis más flexible en
relación con el principio de subsidiariedad, sería necesario concluir
que todas las peticiones de vejez que ellos hagan a través de la
acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría por
hacer que las vías ordinarias de defensa judicial laboral en esa
materia en particular queden inoperantes. Ello trastocaría la
naturaleza excepcional de la acción de tutela y comprometería el
sistema de distribución de las competencias judiciales y
jurisdiccionales, pues implica indirectamente asumir que la acción
de tutela es el único mecanismo idóneo para reclamar pensiones de
vejez de personas con más de 60 años.

(…)
16.6. Respecto a este asunto concreto a pesar de que Marceliano
Neme Esquinas afirmó, tanto en el escrito de tutela como en el de
impugnación, que él era una persona de la tercera edad, la Sala
encuentra que él es un adulto mayor, pero definitivamente no es

24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

una persona de la tercera edad, al no haber superado la expectativa
de vida y, por lo tanto, no precisa un trato especial en razón de su
edad”. (se destaca)

De la jurisprudencia en cita, se desprende que, en este caso, no hay lugar
a un trato especial al accionante por motivo de la edad, pues no ha
superado la expectativa de vida certificada por el DANE.

Por lo anotado, la Sala revocará el fallo de tutela proferido el 9 de febrero
de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
que negó el amparo deprecado; y, en su lugar, declarará improcedente la
acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 9 de febrero de 2022
por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el
amparo deprecado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción
de tutela interpuesta por el señor Pedro Nel Herrera Castro en contra de
la sentencia proferida el 14 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, según lo explicado en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 0315 000 2021 11064 01
Accionante: Pedro Nel Herrera Castro

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.