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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11094-01

Fecha
8 de julio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11094-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01 Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11094-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

8 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

TESIS: CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. SE PRETENDE REABRIR EL DEBATE
JURÍDICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado a consideración de la Sala por el señor Consejero

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la

impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 11 de

febrero de 2022, proferida por la Sección Tercera - Subsección “C”-

del Consejo de Estado1, que declaró improcedente la solicitud de

amparo de la referencia.

1
En adelante Sección Tercera

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO, obrando mediante

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia, a los derechos adquiridos,

a la prevalencia del derecho sustancial y a la seguridad jurídica,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Tribunal

Administrativo del Huila2 al proferir la providencia de 11 de mayo

de 2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 41001-33-

33-001-2019-00144-01.

I.2 Hechos

Indicó que el 8 de julio de 1996 ingresó al EJÉRCITO NACIONAL

como soldado regular y a partir del 22 de mayo de 2000, se

desempeñó como soldado voluntario.

2 En adelante el Tribunal

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3

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

Afirmó que el 1o. de noviembre de 2003, se oficializó su

vinculación en la institución como soldado profesional.

Refirió que el 28 de agosto de 2009, contrajo nupcias y de esa

unión nacieron tres hijos, por lo cual solicitó el reconocimiento y

pago del subsidio familiar creado por el Presidente de la República,

para los soldados profesionales casados o con unión marital de

hecho vigente, mediante el artículo 11 del Decreto 1794 de 14 de

septiembre 20003, sin embargo dicha disposición fue derogada

mediante el Decreto 3770 de 30 de septiembre de 20094.

Anotó que mediante el Decreto 1161 de 24 de junio de 2014 5, el

Gobierno Nacional volvió a crear el subsidio de vivienda familiar,

pero en una cuantía inferior a la que se había reconocido en el

artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Agregó que, en atención a la sentencia que declaró la nulidad del

Decreto 3770 de 2009, el 6 de noviembre de 2018, solicitó a su

empleador el reajuste del subsidio familiar para que fuese

aumentado del 26% al 62.5% y el reajuste salarial del 20% y de

3
“Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares”.
4
Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”
5
“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones”.

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4

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

sus prestaciones a partir del 1o. de noviembre de 2003, en los

términos del Decreto 1794 de 2000.

Refirió que mediante los oficios núms. 20193110118481 MDN-

COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPE-DIPER-1-10 de 24 de enero y

20193170267631MDN-COGFM-GOEJC-SECEJ-JEMGF-COPE-DIPER-1-10 de

14 de febrero de 2019, la entidad negó dicha solicitud.

Adujo que inconforme con la anterior decisión, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

EJÉRCITO NACIONAL, pretendiendo la nulidad de los actos

administrativos que le denegaron la solicitud de reajuste del

subsidio familiar; y que a título de restablecimiento, solicitó el

pago de la reliquidación salarial incluyendo el subsidio familiar

como factor prestacional en un 62.5% de su salario básico

mensual según lo establece el artículo 11 del Decreto 1794 de

2000 y el retroactivo del mismo con la correspondiente

indexación.

Indicó que el asunto fue conocido en primera instancia por el

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA - HUILA6 que, mediante

sentencia de 30 de septiembre de 2020, declaró probada

parcialmente la excepción de prescripción y la nulidad de los actos

demandados y ordenando a la demandada realizar el

correspondiente reajuste salarial y prestacional en la forma

prevista en el Decreto 1794 de 2000, con efectos fiscales a partir

del 28 de agosto de 2009, fecha en que contrajo matrimonio y

hasta la fecha en que se produjo su retiro del servicio.

Expuso que la parte demandada interpuso el recurso de apelación

respectivo ante el TRIBUNAL que, a través de sentencia de 11 de

mayo de 2021, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó

las pretensiones de la demanda, al considerar que incumplió el

deber de reportar el cambio de estado civil a su empleador durante

la vigencia del Decreto 3770 de 2009, sino que lo hizo en vigencia

del Decreto 1161 de 2014, razón por la cual el subsidio familiar no

le podía ser reconocido con base en el Decreto 1794 de 2000.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso

6 En adelante el Juzgado

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a la administración de justicia, a los derechos adquiridos, a la

prevalencia del derecho sustancial y a la seguridad jurídica, al

proferir la providencia cuestionada, toda vez que incurrió en

defecto material o sustantivo al omitir interpretar las normas que

regulan el caso concreto.

Aseguró que hubo transgresión a sus derechos fundamentales por

cuanto, la autoridad judicial accionada desconoció que la norma

que debe aplicarse en su caso es el artículo 11 del Decreto 1794

de 2000, que establece que los soldados profesionales de las

Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente

tienen derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar

equivalente al 4% de su salario básico mensual más el 100% de

la prima de antigüedad.

Alegó que, pese a lo anterior, únicamente le fue reconocido el

subsidio familiar en un equivalente al 25% del salario base de

liquidación bajo el argumento de que no tiene derecho al reajuste

de su salario con el subsidio familiar a que hace referencia el

Decreto 1794 de 2000 porque su situación salarial y prestacional

está regulada por el Decreto 1161 de 2014 y esa norma no

establece dicha prestación.

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Afirmó que en su caso concreto se debieron interpretar de manera

sistemática las normas que regulan el subsidio familiar para

soldados profesionales, lo cual habría permitido a la accionada

concluir que la norma que debía regular su situación es la

preceptuada en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por

cuanto mediante sentencia de 8 de junio de 2017, la Sección

Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto

3770 de 30 de septiembre de 20097, “con efectos ex – tunc”, de

modo que operó “la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794

del 2000, es decir que esta última disposición (…) estuvo vigente

desde su expedición – 1 de enero de 2001 hasta que fue

subrogado por el Decreto 1161 de 2014 el 25 de junio de 2014”8.

Adujo que la providencia reprochada vulneró sus derechos

fundamentales incurrió en defecto sustantivo, ya que la autoridad

judicial accionada no tuvo en cuenta que como el Decreto 3770 de

2009 derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y negó el

reconocimiento de ese subsidio, no era posible elevar la solicitud

de reconocimiento y por tanto reportar su cambio de estado civil,

en la medida que se retiraron todos los formatos que pudiera

7 “Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”

8 Índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

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diligenciar hasta la expedición del Decreto 1161 de 2014, que

nuevamente le habilitó a los soldados a solicitarlo y acreditarlo.

Arguyó que el Decreto 1794 de 2000 era la norma que regulaba

su situación, toda vez que era la que se encontraba vigente en el

momento en que consolidó su derecho objetivo de

reconocimiento, lo cual ocurrió el 28 de agosto de 2009, fecha en

la cual contrajo nupcias y, pese a ello, se le aplicó el Decreto 1161

de 2014, bajo el argumento de que era la norma vigente cuando

reportó el cambio de su estado civil.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales

invocados en el escrito de tutela y, en consecuencia:

“[…] 2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos
fundamentales invocados se declare la NULIDAD de la
sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento y
reajuste del subsidio familiar en la cuantía establecida en
el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez ordenada la nulidad solicitada, se ordene a
la autoridad judicial accionada que profiera nueva sentencia
en la que se declare que el actor tiene derecho a que el
subsidio familiar sea liquidado y pagado conforme lo
establece el artículo 11 del decreto 1794 del 2000 desde la
fecha en que el actor consolidó el derecho objetivo del
reconocimiento de tal prestación.

4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las
consecuencias que conlleva el incumplimiento de la
providencia que su Despacho profiera […]”.

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I.5. Defensa

I.6.1.- El Tribunal solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo de la referencia, toda vez que la providencia controvertida

se fundamentó en los preceptos constitucionales y legales

aplicables al caso, así como en el criterio jurisprudencial vigente.

Afirmó que el desconocimiento del precedente jurisprudencial

alegado no acaeció, por cuanto esa autoridad aplicó la sentencia

proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado de 8 de

junio de 2017 y al analizar el caso en concreto, encontró que en

efecto el actor contrajo matrimonio en vigencia de la norma

revivida, esto es, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, sin

embargo, aquel incumplió con el requisito exigido en dicha

disposición de haber comunicado su nuevo estado civil a su

empleador y cuando lo hizo ya estaba vigente otra norma, por lo

cual era esta última la que le era aplicable.

Manifestó que durante el período en que el artículo 11 del Decreto

1794 de 2000 permaneció derogado por el artículo 1º del Decreto

3770 de 2009, la entidad demandada no estaba en la obligación

de reconocer el subsidio familiar para los soldados profesionales

porque en tal lapso no existió el derecho, lo cual no implicaba que

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el actor estuviera imposibilitado para informar al Ejército Nacional

el haber contraído matrimonio y de contera, el nacimiento de sus

hijos, pues no tenía impedimento físico, psíquico o cognitivo para

hacerlo, máxime aun, teniendo en cuenta que ello le permitía

recibir beneficios económicos.

Alegó que contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, el hecho

de que el actor contrajera matrimonio no implicaba el surgimiento

automático del derecho, pues conforme lo estableció la norma, el

goce del derecho estaba sujeto a que se informara, reportara o

comunicara al empleador el cambio del estado civil, lo cual no

ocurrió durante la vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de

2000, sino en vigencia de la norma que lo subrogó, esto es, el

Decreto 1161 de 2014, por lo cual era el aplicable a su caso y, en

consecuencia, le fue reconocido el subsidio en las condiciones allí

reguladas.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO DE DEFENSA y el JUZGADO, vinculados

en calidad de terceros con interés directo en las resultas del

proceso, pese a haber sido notificados en debida forma, no

rindieron informe alguno frente al fondo del asunto.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 11 de febrero de 2022, la SECCIÓN

TERCERA declaró la improcedencia de la acción de tutela al

considerar que los argumentos del actor estaban encaminados a

reabrir un debate procesal que ya había sido zanjado por el juez

natural del asunto.

Explicó que la tutela contra providencia judicial tiene un carácter

excepcional, por lo que no le corresponde al juez de amparo

revisar ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez

natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la

controversia.

Agregó que este recurso judicial tampoco constituye una instancia

adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la

valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte

desfavorecida por una decisión proponga una mejor solución al

caso.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y

solicitó que se revoque y, en su lugar, se conceda el amparo

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pretendido.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

sustantivo, toda vez que en la providencia controvertida se señaló

que incumplió el requisito contenido en el inciso 2° del artículo 11

del Decreto 1794 de 2000 para acceder al subsidio familiar,

relativo al deber de informar el cambio del estado civil, con el fin

de que le fuera aplicado el inciso 1º ibídem, el cual era un

argumento desacertado, pues su cambio de estado civil había

tenido lugar el 28 de agosto de 2009.

Explicó que teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en

la sentencia del Consejo de Estado en la que se declaró la nulidad

del Decreto 3770 de 2009, el Decreto 1161 de 2014 es contrario

al principio de progresividad por lo que debe ser inaplicado.

Afirmó que dicha tesis fue sostenida por la Sección Primera del

Consejo de Estado, en sentencia de 8 de abril de 20219, proferida

dentro del expediente de tutela identificado con el número único

de radicación 11001 0315 000 2021 00197 00.

Agregó que dicha tesis fue aplicada por la Sección Quinta del

Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2021,

9
CP Hernando Sánchez Sánchez.

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proferida dentro del proceso identificado con el número único de

radicación 11001 0315 000 2021 04441 01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo

de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

201210, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y

con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la

evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en

esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio

mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la

acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que

las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha

acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha

advertido la vulneración de derechos constitucionales

fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se

modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo11.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación
11001 03 15 000 2012 02201 01

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible . Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
[8]

acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]”

Análisis del caso concreto

En el presente caso, la parte actora pretende que se deje sin efecto

la providencia de 11 de mayo de 2021, por medio de la cual el

TRIBUNAL denegó las pretensiones de la demanda, dentro del

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 41001-33-33-001-2019-00144-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración

de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,

al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del

derecho sustancial, el respeto de los derechos adquiridos y el

principio a la seguridad jurídica, habida cuenta que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por no

haber tenido en cuenta que en el reajuste de su salario debía

incluirse el subsidio familiar, teniendo en cuenta que la norma que

regula su situación es el Decreto 1794 de 2000.

Igualmente, estima que la accionada desconoció que en su caso

debía tenerse en cuenta que tenía derecho a que se ordenara la

reliquidación del subsidio familiar conforme a la norma que era

aplicable a su situación, esto es, el Decreto 1794 de 2000, que era

el que estaba vigente al momento en que contrajo nupcias, lo cual

ocurrió el 28 de agosto de 2009 y, pese a ello, se le aplicó el

Decreto 1161 de 2014, bajo el argumento de que era la norma

vigente cuando reportó el cambio de su estado civil.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por

la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que la declaró

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

improcedente al estimar que se trata de una reiteración de los

mismos argumentos resueltos en el proceso ordinario.

En la impugnación el actor reiteró los argumentos plasmados en

el escrito introductorio y agregó que la tesis que aduce ha sido

aplicada por las Secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado

al resolver casos similares.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la

Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta

Corporación, en especial el requisito de la relevancia

constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,

cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe

discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».

Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado

que la acción de tutela contra providencias judiciales no está

diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de

reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la

solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de

legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido

proceso constitucional12, de manera tal que «sólo aquellas

vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».13

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

la Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de

5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de
los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por
otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento
para “involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones” [16].

12
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga
argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por
la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de
tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló
lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la
acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que
la tutela contra providencias judiciales no da lugar a

[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.”
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49
(“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del
numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte
del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”)
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de
amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que
origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental. En
otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales
debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [19]. Si bien no siempre es
fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta
Corporación ha sido particularmente cuidadosa al
intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se
denomina simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso
constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección
de las garantías esenciales o básicas de cualquier
proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural [21]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el
derecho de defensa –que incluye el derecho a la
defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación
de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar
la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias
de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte

[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico

de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se

utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la

acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional

para controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los

argumentos que invoca el accionante como fundamento de la

presunta vulneración de sus derechos fundamentales son los

mismos que fueron puestos a consideración del Tribunal en

los alegatos de conclusión de segunda instancia.

Así se desprende de la lectura de los alegatos de conclusión y su

comparación con el escrito de tutela, como se explica a

continuación:

De la revisión de los alegatos de conclusión de segunda instancia,

se desprende que el actor sostuvo que la norma que debía regular

su solicitud de reajuste salarial con inclusión del subsidio familiar

era la contenida en el Decreto 1794 de 2000, pues debía aplicarse

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la que se encontraba vigente cuando contrajo nupcias, más no la

que se encontraba en vigor cuando reportó el cambio de su estado

civil, esto es, el Decreto 1161 de 2014, conforme lo había señalado

la sentencia de 8 de junio de 2017, proferida por la Sección

Segunda del Consejo de Estado. En efecto, en los argumentos

planteados en los alegatos de conclusión el actor sostuvo:

“[…] EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO DEL SUBSIDIO
FAMILIAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
11 DEL DECRETO 1794 DEL 2000

Se encuentra claramente establecido que mediante Decreto
1793 del 14 de septiembre de 2000, se creó el Régimen de
Carrera y Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de
las Fuerzas Militar y mediante Decreto 1794 del 14 de
septiembre de 2000, se estableció el régimen salarial y
prestacional para el personal de soldados profesionales de las
fuerzas militares, el mencionado decreto estableció en su
artículo 11 lo siguiente:

[…]

A partir de la entrada en vigencia de la norma en cita, aquellos
soldados que acreditan matrimonio o unión conyugal de
hecho, adquirieron el derecho a devengar el Subsidio Familiar
en la cuantía allí establecida, esto es, en el 4% del sueldo
básico más el 100% de la prima de antigüedad.

Este subsidio estuvo vigente hasta el afio 2009, aunque con
anterioridad se dejaron de recibir documentos para acreditar
el matrimonio o la unión conyugal de hecho, concadenado con
el hecho de que los soldados profesionales deben permanecer
durante largas temporadas en las áreas de combate sin poder
reunir los documentos exigidos, lo cual dejó a muchos
soldados profesionales sin el derecho a devengar el subsidio
familiar.

Ya para el afio 2009, el gobierno nacional profirió el Decreto
3770 del 30 de septiembre, en el que de manera arbitraria se
dispuso:

[…]

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

Por lo tanto, a todo el personal de Soldados Profesionales que
acreditara su matrimonio o unión conyugal de hecho incluso
antes de la fecha de expedición del Decreto, no se le-
reconoció subsidio familiar, situación que a la luz de nuestro
ordenamiento constitucional y jurídico resalta por su violación
directa al derecho a la igualdad y a la · · progresividad de los
derechos adquiridos de los soldados profesionales

Pues bien, el Consejo de Estado profirió sentencia del 8 de
junio del 20171, por medio de la cual declaró la nulidad total
con efectos ex tunc del decreto 3770 del 2009 que había
derogado el subsidio familiar para los soldados profesionales,
pues considero que existía una desmejora salarial y
prestacional, pues este derecho al goce del subsidio familiar
había sido REVERTIDO, eliminado y suprimido y por ende se
trataba de una norma regresiva que afectaba el derecho al
trabajo de estos integrantes de las Fuerzas Militares como lo
son los Soldados Profesionales.

Ahora bien y tras exponer en renglones anteriores la situación
jurídica y normativa del subsidio familiar y aterrizando al caso
en concreto del señor FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO, se
tiene que contrajo matrimonio el 28 de agosto de 2009, por
lo tanto es evidente que toda su situación marital se formó y
consolidó en vigencia del decreto 3770 del 2009, por lo tanto
resulta palpable que sobre el demandante existía una
imposibilidad jurídica de solicitar y por ende de devengar
subsidio familiar y por lo tanto se deben extender los efectos
de la sentencia para que así se le reconozca el subsidio
familiar conforme a la cuantía establecida en el artículo 11 del
decreto 1794 del 2000.

Es decir que el decreto 3770 del 2009 desapareció de nuestro
ordenamiento jurídico desde su origen, desde el 2009, por lo
tanto, si tal norma no hubiese existido, el demandante en
cualquier momento, entiéndase después del matrimonio
hubiese podido solicitar el reconocimiento del subsidio
familiar, reconocimiento que se debió hacer con base en lo
reglado en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000, pues lo
cierto es que según los efectos sobre los cuales se declaró la
nulidad se entiende que este decreto nunca existió, y que su
nulidad es desde el origen o desde siempre, tal como lo ha
precisado el H. Consejo de Estado, que mediante Sentencia
del 27 de abril del 2017 precisó la aplicación e interpretación
que se le debe dar a la declaratoria de nulidad de los Actos
Administrativos, con efecto ex – tunc en el cual precisó:

[…]

Por todo lo anterior se solicita de manera respetuosa se
accedan a las pretensiones de la demanda y se ordene al

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional que
reconozca la partida denominada subsidio familiar en la
cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del
2000, desde la fecha en que el demandante consolidó el
derecho a devengar subsidio, esto es desde el 28 de agosto
de 2009 sin ser afectado por el fenómeno de la prescripción,
pues es claro que el demandante no dejo de reclamar sus
derechos, sino que, por una acción legislativa, le fue imposible
reclamar ante el Ministerio de Defensa Nacional el
reconocimiento del Subsidio Familiar, pues cuando este
declaró su cambio su estado civil a norma impedía efectuar
reconocimiento alguno por dicha partida.

El demandante cambió de estado civil el 28 de agosto de
2009, fecha en la cual la norma vigente que regulaba lo
relacionado con el subsidio familiar era en efecto el decreto
3770 del 2009, pero que con los efectos de la sentencia queda
claro que la norma que debía estar vigente para esa fecha es
el artículo 1 del decreto 1794 del 2000.

Por tal motivo es evidente que para la fecha de matrimonio
no se podía realizar reconocimiento alguno, y por lo tanto no
se pueden desechar los efectos y términos de la sentencia,
por lo contrario, se deben aplicar de manera amplia e
irrestricta, ordenando que se reconozca el subsidio familiar
según las disposiciones del artículo 11 del decreto 1794 del
2000 […]”. (Destacado de la Sala)

Ahora, revisado el escrito introductorio de la acción constitucional

de la referencia, la Sala advierte que las manifestaciones

plasmadas en la misma corresponden a una reiteración de los

argumentos que se propusieron dentro del proceso ordinario y que

ya fueron resueltos por el juez natural de la causa. En efecto, en

el escrito de tutela el actor planteó lo siguiente:

“[…] Es de recordar que en un primer momento se expidió el
decreto 1794 del 2000, el cual tuvo como finalidad crear el
régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales,
dicho decreto en su artículo 11 estableció el derecho para el
Soldado Profesional casado o con unión marital de hecho
vigente a que se reconociera un subsidio familiar equivalente

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al 4% del sueldo básico adicionado en el 100% de la prima de
antigüedad.

Es claro entonces que dicho artículo estableció el derecho a
devengar subsidio familiar para los soldados profesionales, y
además sostenía que para el reconocimiento de ese derecho
se debía reportar el cambio de estado civil, sin embargo, dicho
artículo fue derogado en su totalidad mediante el decreto
3770 del 2009, el cual sostuvo:

[…]

Con la expedición de la citada disposición es claro que no
operó reconocimiento alguno por tal partida, pues dicha
normatividad expresamente le impedía a la entidad
nominadora efectuar reconocimiento por concepto de subsidio
familiar para los soldados profesionales que tuvieran la
expectativa de reconocimiento, incluso. la derogatoria del
artículo 11 del decreto 1794 del 2000 fue total, de ahí que
también se derogara el inciso segundo, relativo al deber de
reportar el cambio de estado civil con el fin de obtener
reconocimiento.

En virtud de tal situación el H. Consejo de Estado conoció de
la demanda de simple nulidad que fue presentada contra el
decreto 3770 del 2009 y profirió sentencia el 8 de junio de
2017 en la cual declaró la nulidad del precitado decreto al
considerar que:

[…]

Con lo anterior, la máxima Corporación precisó y dejó claro
que al declarar la nulidad con efectos ex tunc del decreto 3770
del 2009 operó la reviviscencia del artículo 11 del decreto
1794 del 2000, es decir que esta última disposición relativa al
reconocimiento del subsidio familiar para los Soldados
Profesionales en cuantía del 4% del sueldo básico adicionado-
en el 100% de la prima de antigüedad, estuvo vigente desde
su expedición el 1 de enero de 2001 hasta que fue subrogado
por el decreto 1161 del 2014 el 25 de Junio del 2014, por lo
tanto y en atención a la fecha en que el accionante consolidó
el derecho objetivo de reconocimiento es evidente que la
norma vigente y aplicable seria el artículo 11 del decreto 1794
del 2000, tal y como concluyó el Juzgado Primero (1º)
Administrativo de Neiva en sentencia del 30 de septiembre de
2020, por cuanto el decreto 3770 del 2009 impidió que se
materializara el derecho subjetivo de reconocimiento del
subsidio familiar.

En aplicación a tales consideraciones se logra evidenciar que
el señor FAUSTO JOSE PEÑA LOZANO consolidó el derecho

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Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

objetivo de reconocimiento del subsidio familiar en el preciso
instante en que cambió de estado civil contrayendo
matrimonio con la señora JAQUELINE CALVACRE ROCHA el 28
de agosto de 2009.

Sin embargo y con la expedición del decreto 3770 del 2009,
tomando en cuenta las consideraciones e hipótesis descritas
en la sentencia de nulidad, el accionante no pudo materializar
el derecho subjetivo del reconocimiento del subsidio familiar
y se le trasgredió su expectativa legitima de reconocimiento.
Por lo cual no resulta ser acertado el argumento utilizado por
el fallador de segunda instancia, toda vez que al derogarse el
• artículo 11 del decreto 1794 del 2000 se entiende que
también se derogó el requisito contenido en el inciso segundo,
concerniente al deber de reportar el cambio de estado civil,
por ende y tras ser expedido el decreto 3770 del 2009 es claro
que no operó, ni mucho menos se efectuó reconocimiento
alguno por concepto de esta prestación.

Es por eso que se deben extender y aplicar los efectos de la
tan nombrada sentencia para que se ordene a la entidad
demandada a que reconozca, liquide y pague el subsidio
familiar conforme lo dispuesto por el artículo 11 del decreto
1794 del 2000, pues con la decisión anulatoria es claro que
operó su reviviscencia en el lapso de tiempo que fue
expulsada del ordenamiento jurídico.

Dicho reconocimiento se debe ordenar desde el 28 de agosto
de 2009; fecha en que adquirió el derecho objetivo de
reconocimiento a tal prestación hasta la fecha en que se
dispuso el reconocimiento de la asignación de retiro del actor,
lo anterior sin ser afectado por el fenómeno de la prescripción
por cuanto al ser declarada la nulidad con efectos ex tunc el
término de prescripción se inicia a contabilizar a partir de la
ejecutoria de la providencia que así lo hizo, y al constatarse
que entre dicha fecha y la fecha de reclamación no transcurrió
el tiempo indicado para imponer dicho termino, no puede ser
declarada, ordenándose que el reconocimiento debe ser
efectivo desde la fecha de consolidación del derecho […]”
(Destacado de la Sala)

Respecto de los argumentos expuestos anteriormente, se advierte

que los mismos fueron contestados por el Tribunal, en la sentencia

de 11 de mayo de 2021, en la cual sostuvo que la providencia de

primera instancia debía ser revocada, toda vez que conforme al

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análisis del marco normativo que rige el subsidio familiar en el país

y en las fuerzas militares, el actor no percibía el emolumento

creado con los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009 y, aunque

tenía derecho al mismo, los efectos fiscales eran a partir de la

fecha de presentación de la solicitud, por lo cual la norma que era

aplicable a su caso era el Decreto 1161 de 2014. Al efecto explicó:

“[…] 3.5. Caso concreto.

En el presente caso está demostrado que el demandante
prestó el servicio militar obligatorio entre el 8 de julio de 1996
y el 9 de enero de 1998; desde el 22 de mayo de 2000 y hasta
el 31 de octubre de 2003 se vinculó al Ejército como como
soldado voluntario y desde el 1º de noviembre de 2003 hasta
el 30 de diciembre de 2018 fungió como soldado profesional,
siendo retirado del servicio mediante disposición de retiro
OAJ-EJC 2237 del 21 de diciembre de 2018, tal como lo indica
la certificación de tiempo de servicio del 31 de julio de 2019
y que fue aportada con la contestación de la demanda (f.
101).

De igual forma, está probado que mediante la “orden
administrativa de personal EJC No. 1919 para el 30 de agosto
de 2014”, se ordenó a favor del actor el pago del subsidio
familiar en cuantía del 26% (f. 111 a 114), el cual se continuó
pagando como se evidencia en los comprobantes de nómina
de los meses de noviembre y diciembre de 2018 aportados (f.
25 y 110).

De otra parte, se acreditó que el 28 de agosto de 2009 el actor
contrajo matrimonio civil con la señora Jaqueline Calvache
Rocha conforme lo indica la copia del registro civil de
matrimonio (f. 26), de cuya unión nacieron Saira Yulieth,
María José y Juan Pablo Peña Calvache, conforme lo señalan
las copias de los registros civiles de nacimiento allegados (f.
28 y 29) y la mentada “orden administrativa de personal EJC
No. 1919 para el 30 de agosto de 2014”.

Así mismo, está demostrado que con escrito radicado el 7 de
noviembre de 2018 (f. 91 a 93), el actor solicitó, entre otras
cosas, el reconocimiento y pago del reajuste del subsidio
familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de
2011, lo que fue negado mediante el oficio No.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

20193110118481 MDN-COGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPE-
DIPER-1.10 del 24 de enero de 2019 (f. 18).

Teniendo en cuenta lo anterior y lo expuesto en el acápite
precedente, para el Tribunal es claro que al actor no le asiste
el derecho a que el subsidio familiar le sea reajustado para
ser reconocido y pagado conforme a los lineamientos del
Decreto 1794 de 2000, pues si bien contrajo nupcias en
vigencia de dicha norma, no encuentra la Corporación que al
plenario se haya arrimado prueba que indique que antes de la
vigencia del Decreto 1161 de 2014 (24 de junio), el actor
comunicó a la entidad demandada el cambio en su estado
civil.

Es que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 impone al
soldado profesional el deber de comunicar a la entidad
castrense el cambio de su estado civil, ya sea porque contrajo
matrimonio o bien porque conformó una unión marital de
hecho, lo que no se aprecia en el presente asunto, luego desde
ese punto de vista se acoge los argumentos de la alzada, pues
de acuerdo a las probanzas allegadas, la demandada vino a
conocer de la existencia de su matrimonio y de sus hijos en el
año 2014, de ahí que le fuera reconocido a partir de esa
anualidad el subsidio familiar, obviamente en las condiciones
del Decreto 1161 de 2014, pues ya no estaba vigente el
Decreto 1794 de 2000.

En sentir del Tribunal, el simple hecho de que el actor
contrajera nupcias no significaba per se el nacimiento del
derecho, pues el mismo estaba sujeto a que su beneficiario o
destinatario comunicara a su empleador tal evento, lo que no
ocurrió en el presente caso y al haberlo hecho cuando ya
estaba vigente otra norma, es decir, el Decreto 1161 de 2014,
dicha normativa le era aplicable en su integridad y bajo las
condiciones allí reguladas le fue reconocido el subsidio.

Ahora, para la Sala no resultan válidos las justificaciones para
que el actor no haya comunicado antes de 2014 el cambio de
su estado civil y el nacimiento de sus hijos, pues por más que
permanezca internado en la zona de operaciones, cuenta con
días de permiso y de descanso en los que perfectamente pudo
haber efectuado la comunicación y sin embargo no hay prueba
de que lo haya hecho, máxime cuando tampoco obra prueba
de algún impedimento físico, mental o cognitivo.

Bajo la anterior perspectiva, no avista la Corporación que el
acto demandado haya transgredido la normativa invocada en
la demanda y por lo mismo no ha incurrido en la causal de
anulación que se formuló en su contra, razón por la que se
revocarán los resolutivos cuarto y quinto de la sentencia
recurrida y se confirmará en lo demás […]”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa

la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración del derecho fundamental al debido proceso o los

demás derechos invocados por el peticionario. Por el contrario, se

destaca que todos sus argumentos, -que son de mera legalidad-,

fueron analizados y resueltos por el Tribunal en segunda instancia

y, en esa medida, solo se procura su discusión en sede de tutela

para buscar la oportunidad de debatir, en una tercera oportunidad,

la posición del accionante, lo cual resulta improcedente.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha

rechazado acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que

se centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado.

Tal fue el caso de la providencia de 29 de agosto de 201822, en la

que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia
en el argumento de la falta de competencia del
funcionario que decidió su retiro de la institución,

22
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

aspecto que fue precisamente el que revisó la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en sede de
revisión, y frente a la cual indicó de manera clara, que
se trataba de un punto nuevo que no había sido
presentado en su momento en el escrito de apelación,
por lo que el recurso extraordinario no estaba diseñado
para convertirse en una tercera instancia. Y se tiene
que estos argumentos resultan válidos y razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve
la presunta trasgresión de los derechos fundamentales del
actor, sino la reiteración de planteamientos que, por lo
menos en sede de revisión ya fueron estudiados por el juez
natural y que no pueden volver a ser analizados ahora en sede
de tutela, pues esta acción constitucional tiene por
objeto la protección inmediata de derechos de rango
fundamental que se encuentren vulnerados, lo cual no
sucede en este caso […]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201723, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que
no se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo
cual genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte
actora es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión
jurídica sobre cuestiones estrictamente legales que ya fueron
discutidas y falladas en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicado No. 11001-33-
31-015-2011-00427-00, por parte de los jueces de
dicha causa, con pleno desconocimiento de que el
objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala, no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,

sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por

23
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

el juez natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar

a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto,

se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer

la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró

probado, pues en la providencia objeto de censura, se explicaron

las razones por las cuales se concluyó que al actor no le asistía el

derecho a que se le reconociera el subsidio familiar con base en el

Decreto 1794 de 2000, sino conforme con el Decreto 1161 de

2014, porque su empleador tuvo conocimiento de la existencia de

su matrimonio y de sus hijos en el año 2014, de ahí que le fuera

reconocido a partir de esa anualidad el subsidio familiar,

indiscutiblemente en las condiciones del Decreto 1161 de 2014,

pues ya no estaba vigente el Decreto 1794 de 2000. Además, se

repite, no se puede por esta vía plantear un debate legal como si

se tratara de un recurso o una instancia adicional.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del

accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no

así las falencias que alega.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primer

grado y declarará la improcedencia de la solicitud de amparo de

la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11094-01
Actor: FAUSTO JOSÉ PEÑA LOZANO

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala, en la sesión de día 8 de julio de

2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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