Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11136-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11136-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11136-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11136-00
Demandante: JOSÉ DE JESÚS URIBE SILVA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José de Jesús Uribe
Silva contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 3 de diciembre de 20211, el señor José de Jesús Uribe Silva, por intermedio de
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad2, con ocasión de la sentencia de
segunda instancia proferida dentro del medio de control de reparación directa con
radicado 25000-23-26-000-2011-00550-02. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad jurídica y a la reparación integral de la víctima, vulnerados por los
yerros encontrados en la providencia del Honorable Consejo de Estado -
Sección Tercera radicado 25000232600020110055002 frente al caso del
señor JOSÉ DE JESÚS URIBE.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia del
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La Sala advierte que, el 21 de enero de la presente anualidad, el expediente ingresó al despacho
de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
También alegó la vulneración de los principios de «seguridad jurídica y reparación integral».
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Demandante: José de Jesús Uribe Silva
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C
Sentencia de tutela de primera instancia
Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera de radicado
25000232600020110055002.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Honorable Consejo
de Estado - Sección Tercera, proferir una nueva sentencia.
1.2. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El señor José de Jesús Uribe Silva presentó denuncia contra el señor José Alfredo
Escobar Araújo, a fin de que le fuera regresada una maquinaria de carpintería que,
según la demanda, le fue sustraída por este.
Por su parte, el señor Escobar Araújo denunció al señor Uribe Silva por los delitos
de estafa, falsa denuncia y constreñimiento. Una vez se surtió el proceso penal, el
Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 15 de febrero de
2006, condenó a José de Jesús Uribe Silva a una pena de cuatro (4) años de
detención domiciliaria, por el delito de falsa denuncia. Dicha condena fue
confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pasto, en
providencia del 6 de mayo de 2009.
Seguidamente, el sentenciado interpuso demanda de casación, que fue decidida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del
22 de julio de 2010, en la que casó la sentencia recurrida y, en su lugar, absolvió
al señor Uribe Silva.
En atención a las decisiones judiciales proferidas en el proceso penal, el señor
Uribe Silva presentó demanda de reparación directa con el fin de que se declarara
la responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación y de la
Rama Judicial, y que fueran condenadas al pago de los perjuicios que sostuvo le
fueron causados por error judicial y defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
descongestión, mediante sentencia del 29 de enero de 2015, negó las
pretensiones de la demanda. Dicha decisión, fue confirmada por el Consejo de
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Demandante: José de Jesús Uribe Silva
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C
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Estado, Sección Tercera, Subsección C, en providencia del 16 de diciembre de
2020.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
1.3.1. Desconocimiento del precedente, porque, si bien la sentencia C-037 de
1996 conservó el carácter excepcional del error jurisdiccional y sostuvo que debía
provenir de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrante del debido
proceso que enmarcara dentro de los presupuestos de las «vías de hecho» para
las acciones de tutela, el Consejo de Estado calificó como inapropiada la
asimilación del error judicial a la vía de hecho y señaló las situaciones en que
podía generarse dicho daño3.
Destacó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, es necesario
demostrar que la providencia sea contraria a derecho, y no que sea grosera,
ilegal, arbitraria o que el agente actuó con culpa o dolo, porque el régimen de la
responsabilidad del Estado difiere de la responsabilidad del agente estatal.
Expuso que la autoridad accionada desconoció el precedente, al exigir al
demandante la prueba del error caprichoso o malicioso en la interpretación del
Tribunal, sin considerar que el error jurisdiccional por la indebida valoración de las
pruebas y los daños antijurídicos que causaron se derivó de la condena a cuatro
(4) años de detención domiciliaria por un delito que posteriormente fue
considerado atípico con las mismas pruebas del proceso.
Alegó que no se consideró el precedente de la misma Sección Tercera, contenido
en la sentencia del 9 de octubre de 2014, exp. 28641, en el que se determina que
la responsabilidad estatal por error jurisdiccional debe estudiarse por los daños
antijurídicos a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; en cambio, la
3
A saber: cuando la providencia: I) no consideró un hecho debidamente probado o II) se consideró
como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la
procesal, III) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante
para el derecho o IV) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se
demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones I) en la aplicación
del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar.
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decisión cuestionada omitió valorar la existencia el daño antijurídico por lo cual
vulneró los derechos fundamentales reclamados, desconoció el precedente y erró
en la valoración de las pruebas, pues, sin el análisis del daño antijurídico, era
imposible llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del Estado.
1.3.2. Decisión sin motivación y «error en la argumentación», porque la
sentencia enjuiciada limitó la posibilidad de configuración del error judicial sobre la
base de que pueden existir diferentes hechos e interpretaciones normativas,
derivados, a su vez, de las distintas formas de entender el ordenamiento jurídico.
Expuso que la sentencia enjuiciada omitió considerar las reglas de razonamiento
jurídico sobre el «juez hércules» de Dworkin y la «racionalidad» de Robert Alexy
desde los principios de «unidad de respuesta correcta» y «regulativo»,
respectivamente, y, en su lugar, se limitó a repetir los argumentos del Tribunal, sin
tener en cuenta las pruebas que obraban en el proceso.
Alegó que la conclusión del Consejo de Estado, según la cual una sentencia de
casación no configura automática el error jurisdiccional, dado que el juez en
ejercicio de su autonomía podía valorar de forma diferente los hechos y las
pruebas, es ilógica porque devela que la autoridad prefirió un argumento sobre
otro basado en su concepción personal; descartó la posibilidad de considerar si
los argumentos de la Corte Suprema de Justicia sobre la atipicidad de la conducta
y la inocencia del condenado podían servir de prueba del error y, además, la
expresión «no se configura automáticamente» no era una negación absoluta de
su configuración, sino una suspensión en el tiempo del análisis, que exigía
argumentar concretamente por qué no se configuró el error existiendo una
sentencia de casación absolutoria.
Destacó que, en este caso, afirmar que el error jurisdiccional era contrario a los
principios de autonomía e independencia judicial, desconoce que la misma
Corporación decantó que la responsabilidad no recaía sobre el funcionario
judicial, sino sobre el Estado, en interpretación de su actuación; por ello, la
valoración de la sentencia obedecía al deber constitucional que tiene el juez
contencioso de valorar, argumentar y decidir sobre la responsabilidad estatal
cuando se genera un daño antijurídico.
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Demandante: José de Jesús Uribe Silva
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Concluyó que la sentencia cometió dos errores al establecer que el daño no era
antijurídico por falta de pruebas: (i) omisión en la valoración de las pruebas que
acreditaban los perjuicios sufridos tras la condena a cuatro (4) años de privación
de su libertad e (ii) incumplimiento del deber de pronunciarse sobre el daño
antijurídico.
1.3.3. Defecto fáctico, toda vez que se aportaron pruebas para demostrar los
daños generados por el proceso penal por falsa denuncia, con lo cual, de paso, se
acreditó que se vulneraron los derechos fundamentales 4 del demandante; sin
embargo, el Consejo de Estado no valoró en debida forma las siguientes
situaciones que fueron probadas:
i) que el 1° de julio de 2005, la Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad Individual y Otras Garantías acusó a José de Jesús Uribe Silva de
ser autor del delito de falsa denuncia (hecho probado 6.4.1.2.) ;” ii) que
mediante sentencia del 6 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Pasto
confirmó el fallo proferido el 11 de noviembre de 2005 por el Juzgado 19
Penal del Circuito de Bogotá, porque consideró que el imputado era culpable
del delito de falsa denuncia (hecho probado 6.4.1.4.); y iii) que mediante
sentencia del 22 de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia casó el fallo
del Tribunal Superior de Pasto porque evidenció que la conducta del
condenado era atípica .
Tampoco tuvo en cuenta que al expediente se allegaron oportunamente las
siguientes evidencias:
i) Que el señor JOSE DE JESÚS URIBE SILVA estuvo vinculado, pero
también condenado injustamente al proceso penal durante más de cuatro
años, cuatro meses y siete días por orden de la Juez 19 Penal del Circuito de
Bogotá, como consta en las pruebas penales, antes de que la Sala Penal de
la H. Corte Suprema de Justicia resolviera absolverlo y ordenar su libertad
inmediata, con lo que se prueba el daño a su honra y buen nombre. (ii) Que
esta vinculación le produjo, como deriva de los testimonios y de las pruebas
anexadas con la demanda, daños patrimoniales y/o materiales, daños
morales por la pérdida de uno de los bienes de mayor trascendencia tales
como a la honra y buen nombre, al trabajo, a la tranquilidad, a la igualdad y al
debido proceso, ya que para nadie es un secreto que, al estar vinculado
injustamente a un proceso penal, tiene graves consecuencias sociales.
Que, en consecuencia, el defecto en la valoración de las pruebas se produjo por
la ausencia misma del estudio del daño antijurídico, la omisión de la valoración de
las pruebas que fue esencial para negar las pretensiones de la demanda y que,
de haberse valorado no solo la sentencia de Casación de la Corte Suprema de
4
Al trabajo, a la vivienda, al debido proceso, al buen nombre, a la honra, a la tranquilidad, a la
familia y a la igualdad.
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Demandante: José de Jesús Uribe Silva
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Justicia, sino las sentencias penales condenatorias, los testimonios de Claudia
Patricia Méndez García, de Jorge Huertas García y de Alfonso Orostegui Osses;
los reportes de prensa de Daniel Coronell y de Vicky Dávila, los certificados de
EPS; las facturas por los gastos médicos y honorarios; la Historia Clínica, la
videoendoscopia digestiva y la ecografía prostática realizadas a José de Jesús
Uribe, el Consejo de Estado habría encontrado acreditado el daño antijurídico que
el demandante no estaba obligado a soportar.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1 Mediante auto del 14 de diciembre de 2021, se admitió la presente acción de
tutela y se ordenó que aquel se notificara a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en calidad de parte demandada, y al
fiscal general de la Nación y al director ejecutivo de Administración Judicial, como
terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
2.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela por (i) falta de sustentación de las causales específicas de
procedencia, (ii) ausencia de acreditación del defecto fáctico, en tanto que la
sentencia contó con elementos de juicio suficientes para emitir la decisión y
realizó una valoración adecuada de los mismos, (iii) e inexistencia de vulneración
de los derechos fundamentales alegados.
2.3 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por intermedio del
magistrado ponente, pidió que se declarara improcedente la tutela por falta de
relevancia constitucional o, en su defecto, se negara el amparo por falta de
acreditación de una causal específica de procedencia.
Adujo que la tutela pretendía utilizarse como una tercera instancia, para convertir
al juez de tutela en juez natural de la causa, pues, aunque el actor enuncia los
derechos fundamentales invocados, no revela una clara importancia constitucional
frente a la decisión atacada, sino una insatisfacción de sus intereses.
Agregó que la parte demandante omitió señalar cuál fue el precedente judicial
desconocido; en cambio, la sentencia sí estuvo adecuadamente motivada, se
fundó en la jurisprudencia constitucional vigente y aplicable, con explicación de
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las razones por las cuales no se configuró la responsabilidad por error
jurisdiccional.
Objetó que la sentencia hubiese incurrido en un defecto fáctico, ya que, en su
sentir, sí contó con un análisis integral de las pruebas que obraban en el
expediente, las cuales permitieron concluir que debían negarse las pretensiones
de la demanda, por inexistencia de un daño antijurídico.
2.4. La Rama Judicial y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20125, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.
5
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.
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Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiere
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
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violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
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Sentencia de tutela de primera instancia
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 6 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».
2. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, especialmente, el de relevancia
constitucional debatido por la autoridad judicial accionada. Solo en el evento de
que se cumplan, se abordará el estudio de fondo del asunto, con el fin de
establecer si se configuraron los defectos atribuidos a la providencia del 16 de
diciembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
3. Análisis del caso
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que, a pesar de que la sentencia de segunda instancia data del 16 de diciembre
de 2020, lo cierto es que fue notificada el 3 de junio de 2021, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 3 de diciembre siguiente, esto es, dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la decisión. Este término resulta
razonable.
3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
6
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.
3.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
En sentencia del 5 de agosto de 20147, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
A ello se suma que, tratándose de tutela contra sentencia de órgano de cierre, la
argumentación debe estar dirigida a demostrar que la «decisión riñe de manera
7
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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abierta con la Constitución y [sea] definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad8».
• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo, respecto de los defectos
fácticos y de decisión sin motivación, carece de relevancia constitucional, pues se
pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso
ordinario. Veamos.
De la comparación entre las razones esgrimidas en el curso del proceso de
reparación directa (demanda y recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia) y los argumentos propuestos en la solicitud de
tutela, es claro que se pretende continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido por los jueces de instancia dentro del medio de control ordinario.
En el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar nueva y
especialmente los motivos de reparo contenidos en la demanda y en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 29 de enero de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, cuestión que ya decidió el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en providencia del 16 de diciembre de 2020.
Nótese que en la demanda de reparación directa la parte actora pretendió la
declaratoria de responsabilidad estatal por error jurisdiccional y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, con fundamento en que la
condena que se emitió dentro del proceso penal y la vinculación al proceso
constituyeron un daño resarcible en favor del señor José de Jesús Uribe Silva,
dado que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la
sentencia condenatoria y lo absolvió por atipicidad de la conducta; sin embargo,
esa disputa fue la que justamente zanjaron de manera razonable los jueces de
8
Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Esta
consideración constituye una reiteración de la regla adoptada por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-917 de 2010 y SU-050 de 2017.
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instancia. Particularmente, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado sostuvo:
[Q]ue el Tribunal Superior de Pasto no incurrió en un error jurisdiccional,
puesto que valoró los hechos probados y concluyó que José de Jesús Uribe
Silva había presentado una falsa denuncia, y si bien en sentencia proferida el
22 de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia dio una valoración jurídica
diferente y concluyó que “los hechos por él [José de Jesús Uribe Silva]
denunciados existieron en el mundo exterior y en ellos participó el doctor
Escobar Araújo con independencia de que los mismos hayan tenido o no la
connotación penal otorgada por el procesado […]”, lo cierto es que esa
divergencia de criterios no constituye por sí misma un yerro que genere
responsabilidad del Estado.
Es decir, el juez natural desestimó la existencia de un error judicial y,
posteriormente, se ocupó del estudio del defectuoso funcionamiento atribuido a la
Rama Judicial para, en igual sentido, descartar su existencia:
[L]a Sala advierte que la Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la Libertad
Individual y Otras Garantías no incurrió en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, pues vinculó a un proceso penal a José de Jesús
Uribe Silva, dado que el señor José Alfredo Escobar Araujo presentó una
denuncia penal en su contra por los delitos de estafa, falsa denuncia y
constreñimiento ilegal y según el artículo 250 de la Constitución Política
estaba “obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos” porque, según se expuso, revestía las
características de un delito y había tenido conocimiento de ello por medio de
una denuncia.
Por ello, la Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y
Otras Garantías tenía la obligación constitucional de investigar al señor José
de Jesús Uribe Silva, quien debía soportar la carga de ser objeto de un
proceso penal mientras se determinaba si había incurrido o no en los delitos
delitos de estafa, falsa denuncia y constreñimiento ilegal, por los cuales había
sido investigado.
Además, se evidencia que mediaban suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indicaban la posible existencia del delito por el cual había sido
denunciado, pues sólo hasta que culminó el proceso se pudo establecer que
los hechos que dieron lugar a que José de Jesús Uribe Silva presentara
denuncia, habían ocurrido de forma objetiva y por ello, no se cumplían los
presupuestos del delito de falsa denuncia (hecho probado 6.4.1.5.).
Por tanto, cuando en la tutela se propone que el juez constitucional determine la
existencia de un defecto fáctico por errores en la valoración probatoria, cuya
conclusión permitía acceder a las pretensiones por el hecho de que en sentir de la
parte demandante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia constituye y
supone el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, amén de la falta de valoración de las pruebas documentales sobre la
vinculación a la investigación penal, lo que en realidad se persigue es prolongar
13
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11136-00
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forzadamente el litigio contencioso administrativo ante el juez de tutela para que
se surta una tercera instancia en la que se avale la postura del demandante quien,
en últimas, de lo que se duele es de que la autoridad judicial accionada no
coincida con la tesis que planteó en la demanda: que la decisión casada sí
constituye un error judicial y que, por tanto, se causó un daño antijurídico que le
debe ser reparado.
Como ha venido sosteniendo esta Subsección, siguiendo la doctrina de la Corte
Constitucional, la labor del juez de tutela no es la de realizar un juicio de
corrección sobre la decisión del juez natural, mucho menos si se trata de un
órgano de cierre, que es el encargado de definir el alcance de la interpretación de
las materias que son propias de su competencia, de unificar el derecho, fijar
reglas, pautas de interpretación y aplicación para definir el litigio y los asuntos
similares que se lleguen a presentar.
Bajo ese entendimiento, debe quedar claro que el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional no se limita a enunciar y argumentar los derechos
fundamentales supuestamente transgredidos, así como tampoco se cumple al
calificarse los defectos y presentar argumentos contra la decisión cuestionada. Se
requiere un esfuerzo mayor y una limitación infranqueable. Por vía de tutela no
puede abrirse paso a una instancia adicional; además, cuando se dirige contra un
órgano de cierre el yerro debe ser de tal magnitud que justifique la intervención del
juez constitucional.
En este caso, los argumentos no generan duda, ni revelan la presunta existencia
de un yerro que se advierta prima facie, lo que existe es una inconformidad con la
interpretación del juez y con el resultado de la valoración probatoria, porque, en
sentir del demandante la única conclusión posible era la de la existencia del daño
reclamado. En cambio, la autoridad judicial accionada fue clara en determinar que
no era suficiente que la decisión condenatoria hubiese sido casada o que existiera
disparidad de criterios para que se constituyera en prueba irrefutable del error
judicial.
Esas diferencias de visión frente a la solución al litigio no pueden ser el
fundamento de la existencia de un defecto fáctico o de falta o error en la
motivación. Compártase o no el razonamiento de la Subsección C de la Sección
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Tercera del Consejo de Estado, la conclusión a la que arribó se muestra
razonable.
Para la Sala no es arbitrario, absurdo o irracional que la sentencia confutada
estimara que «el solo hecho de que exista una providencia que disponga casar
una sentencia de segunda instancia, no configura automáticamente el título de
error jurisdiccional, puesto que el juez en ejercicio de su autonomía puede valorar
de forma distinta los hechos y las pruebas, llegando a conclusiones diversas, sin
que ello implique per se que la providencia judicial adolezca de algún defecto.»
Dicho aserto no atenta contra los derechos fundamentales cuya protección
reclama el demandante, toda vez que hace parte de la competencia y autonomía
del juez contencioso administrativo determinar, con fundamento en los enunciados
fácticos, las pruebas, las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables,
si un hecho concreto constituye un daño antijurídico. Lo contrario, esto es,
establecer una premisa automática y objetiva de error judicial derivado de una
sentencia de casación favorable a quien demanda, dejaría al juez de la reparación
directa sin ningún margen de valoración sobre las decisiones judiciales y los
hechos a los que se le atribuyen el daño, basado en la decisión exclusiva y
unívoca del tribunal de casación. Esa circunstancia no ha sido determinada por la
Constitución ni por el legislador, luego es el juez de la reparación directa quien
debe definir en cada caso si una providencia judicial ha incurrido en un error
susceptible de ser indemnizado.
La Sala observa que el juicio estuvo precedido de una motivación en la que se
consideraron las pruebas, la vinculación al proceso penal y las decisiones
judiciales, solo que la Subsección accionada consideró necesario que se
acreditaran elementos adicionales para demostrar la antijuridicidad del daño. Así
lo expuso la sentencia:
[E]ra menester indicarse al menos por qué la aludida sentencia penal del
Tribunal resultaba desacertada de cara al ordenamiento jurídico o mejor, que
tal providencia era errónea en tanto no valoró un hecho debidamente probado
que era fundamental para adoptar una decisión de fondo; o consideró que un
hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; o no decretó una prueba
conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el caso concreto
o adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era falso o
aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto o dejó de aplicar una
norma que era necesaria para solucionar la litis o aplicó una norma
inexistente o derogada o actuó sin competencia, eventos estos en los cuales
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se ha reconocido la procedencia de responsabilidad derivada de un error
judicial.
En suma, tanto la sentencia de primera instancia como el análisis del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, abordaron amplia y exhaustivamente la
responsabilidad del Estado por el ejercicio de la función jurisdiccional, los
escenarios especiales, los títulos de imputación, el régimen normativo y la
evolución jurisprudencial, así como las pruebas que se aportadas al proceso de
manera general y conjunta, pero no se acogieron los argumentos de la demanda y
la apelación, de modo que se negaron las pretensiones. Dicha actuación no
constituye un defecto o yerro en las providencias judiciales, pues el derecho de
acceso a la administración de justicia como garantía del derecho de acción se
concreta en obtener por parte de la autoridad judicial competente una decisión de
fondo, pero no garantiza que necesariamente sea favorable a los intereses titular
del derecho de acción. Esa garantía se ajusta también a las reglas del debido
proceso en la arista del juez natural, que fue al que el legislador habilitó para
resolver el litigio.
Se insiste, el descontento del accionante busca obtener a toda costa una
alternativa de decisión en la que se resuelvan favorablemente las pretensiones de
la demanda, a sabiendas de que el debate ya se clausuró y, como se sabe, esa
intención se opone a la finalidad de la acción de tutela que, justamente, prohíbe
que se utilice en los términos que aquí se pretende —instancia adicional—, con
mayor razón si fue definida por el Consejo de Estado como órgano de cierre.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente solicitud de amparo, en
lo atinente a los defectos fáctico y de decisión sin motivación.
3.2 Del desconocimiento del precedente
A pesar de que el demandante invoca dentro del desconocimiento del precedente
aspectos relativos a los defectos fácticos y de decisión sin motivación, la Sala hará
un análisis de fondo de aquella causal específica, bajo el entendido de que
también se cuestiona la supuesta desatención de los criterios jurisprudenciales
sobre el error judicial y el daño antijurídico.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11136-00
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En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado o cualquier otra
autoridad judicial idónea para generar precedentes9, al resolver un determinado
asunto, establece el alcance de una norma o resuelve un problema jurídico
específico, Si otros jueces desconocen ese pronunciamiento del órgano de cierre,
en el que se ha fijado una regla de una decisión, en principio, la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del derecho a la igualdad y
resguardar la eficacia de otros principios básicos del orden constitucional, salvo
que, en ejercicio del derecho de apartamiento y en atención a los presupuestos de
transparencia y razón suficiente, se explique por qué en determinado caso no se
va aplicar el precedente.
Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría
de los precedentes 10 , se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un
análisis técnico de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir
entre el decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte
resolutiva de la sentencia, aquello que se dictamina en el caso concreto y que,
dependiendo del tipo de pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá
fuerza erga omnes o efecto inter partes 11 . Por su parte, la ratio decidendi
«corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que
constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido
específico»12 o, en su definición original, a la «formulación del principio, regla o
razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial» 13.
Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de paso»14 en la providencia,
esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión»15.
Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga
omnes o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez,
se impone señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro
ordenamiento constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima, y de amparar derechos y garantías fundamentales como el debido
proceso, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la
9
Corte Constitucional. Sentencia T-534 de 2017.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
11
En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
13
Corte Constitucional. Sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-1300 de 2001. Ver también, entre otras, la sentencia SU-047
de 1999.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
17
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fuerza vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones
análogas anteriores16. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual
«únicamente se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un
caso»17.
De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada
como ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene
que, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la
sentencia T-292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se
deben tener en cuenta factores como que: i) En la ratio decidendi de la sentencia
se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii) La
ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o a una cuestión constitucional semejante, iii) Los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de
derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será
razonable que cuando en una situación similar, se observe que los hechos
determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado
para no considerar vinculante el precedente».
En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas18:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció19.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un
caso análogo ya decidido.
16
Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de
2011 de la Corte Constitucional.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-960 de 2001.
18
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
19
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
18
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c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso
las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no
habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean
similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las
razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente20).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión
surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y
el material probatorio en cada caso concreto21.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.
En el caso bajo examen, se tiene que las inconformidades de la accionante se
centran, en resumen, en que la evolución jurisprudencial aleja del error judicial la
necesidad de acreditar una conducta subjetiva del agente; y que no es necesario
demostrar una vía de hecho o que la decisión fue abiertamente grosera, ilegal o
arbitraria, ni que el agente actuó con dolo o culpa y que, en este caso, la autoridad
judicial accionada exigió a demostrar el error caprichoso o malicioso en la
interpretación de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pasto.
A juicio de la Sala, la sentencia cuestionada de ninguna manera incurre en la
conducta que le enrostra la parte demandante. El argumento central de la decisión
fue la ausencia de acreditación del error judicial y no la falta de prueba de la
20
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
21
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
19
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interpretación caprichosa o maliciosa del tribunal, como se afirma en la tutela.
Obsérvese la sentencia:
[P]ara la configuración del título de error jurisdiccional, era menester indicarse
al menos por qué la aludida sentencia penal del Tribunal resultaba
desacertada de cara al ordenamiento jurídico o mejor, que tal providencia era
errónea en tanto no valoró un hecho debidamente probado que era
fundamental para adoptar una decisión de fondo; o consideró que un hecho
era fundamental, cuando realmente no lo era; o no decretó una prueba
conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el caso concreto
o adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era falso o
aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto o dejó de aplicar una
norma que era necesaria para solucionar la litis o aplicó una norma
inexistente o derogada o actuó sin competencia, eventos estos en los cuales
se ha reconocido la procedencia de responsabilidad derivada de un error
judicial.
Empero, resulta evidente que comoquiera que no se indicó el error aludido,
pues en el escrito introductorio al libelo este se hizo consistir en el simple
hecho de haberse casado la sentencia por atipicidad de la conducta sin
detenerse a hacer una indicación sobre en qué consistía el error; dejando
entonces la construcción del mismo a la interpretación del juez de instancia, lo
que no puede ser en la medida en que siendo la justicia de lo contencioso
administrativo de naturaleza rogada impide al juez elaborar los cargos y
argumentos bajo los cuales se debe auscultar determinado proceso.
Entonces, comoquiera que si bien la sentencia condenatoria obtuvo
temporalmente firmeza, en tanto se decidida el recurso extraordinario de
casación, en cuya solución la Corte estimó que la conducta desplegada por el
demandado penalmente era atípica y por eso desestimó la sentencia
condenatoria del Tribunal, no se logró establecer el yerro contenido en la
providencia causante del daño alegado por la parte actora, situación que en
igual medida impide en el marco del juicio de responsabilidad patrimonial del
Estado acceder a las pretensiones de la demanda.
Es evidente que el cargo se funda en una premisa falaz e inexacta que, incluso,
impide a la Sala estudiar, en ese aspecto, el desconocimiento del precedente,
pues se afirma un supuesto que no contiene la sentencia. La Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación afirmó que el error judicial no se presentó y
no que debía probarse que la decisión era arbitraria, ilegal o constitutiva de una
vía de hecho.
También alega la parte demandante el desconocimiento de la sentencia del 9 de
octubre de 2014, expediente 28641, emanada de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, esencialmente porque no se estudió el daño
antijurídico y porque se desconocieron las reglas del error judicial. Al revisar el
contenido de dicha providencia, la Sala constata que no se trata de una sentencia
de unificación, creadora de un precedente o que haya resuelto un caso análogo al
del demandante. En ella, aunque se aborda el estudio de la responsabilidad del
Estado por el hecho del juez, (i) el análisis gira en torno a precisar y reiterar que
20
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las decisiones de una alta corte también pueden incurrir en error judicial, y (ii)
examina una sentencia que declaró la nulidad de la elección de un gobernador,
premisas distintas a los enunciados fácticos y jurídicos del proceso que dio lugar a
la solicitud de amparo que aquí se estudia. Por ejemplo, no se atribuye un error
judicial a una alta corte, ni se reprocha el contenido de un fallo de carácter
electoral.
Aunque la sentencia que se invoca como precedente refiere que la
responsabilidad del Estado surge del mandato constitucional previsto en el artículo
90, que se refiere al daño antijurídico y la imputación como elementos de la
responsabilidad, ese aspecto de la decisión sí fue considerado por la autoridad
judicial accionada y, en todo caso, no tuvo ninguna incidencia relevante en la
decisión objeto de tutela, dado que el argumento medular se basó en la
inexistencia del error judicial, y no en la inaplicación de la cláusula general y
constitucional de responsabilidad del Estado. Distinto es que en el análisis del
caso concreto la Subsección demandada hubiera analizado conjuntamente el
daño antijurídico y el título de imputación a luz del error judicial.
En efecto, el Consejo de Estado ha establecido como herramienta metodológica
que el estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado debe partir del análisis
de la existencia del daño y, de probarse, examinar la imputación; no obstante, esa
regla está sujeta a divergencias doctrinales y jurisprudenciales sobre el recto
entendimiento del carácter antijurídico del daño y de la imputación. Pero, si al
analizarse el daño se estudia conjuntamente su existencia en clave de los títulos
de imputación, ese solo hecho no constituye un desconocimiento del precedente
con incidencia o trascendencia en el sentido de la decisión porque lo
determinante, en últimas, es si confluyen o no todos los elementos de la
responsabilidad.
Contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, la autoridad judicial accionada no
violó ninguno de los postulados constitucionales alegados ni desconoció el
precedente judicial vigente en la materia. De hecho, la misma parte actora
reconoce —y así se advierte en la motivación de la sentencia— que la autoridad
escinde y explica los elementos de la responsabilidad: daño antijurídico e
imputación; sin embargo, consideró que no se configuró el error judicial y, por
tanto, concluyó que el daño era inexistente.
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Consecuente con ello, la Sala negará el amparo, en lo que respecta al vicio de
desconocimiento del precedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor José de
Jesús Uribe Silva, respecto de los defectos fáctico y de decisión sin motivación,
por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Negar el amparo solicitado por el accionante, en lo que concierne al
desconocimiento del precedente, por las razones aquí anotadas.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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