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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11136-01

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11136-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar el numeral segundo de la sentencia impugnada. En su lugar, declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Confirmar en lo demás la sentencia impugnada. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11136-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

16 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11136-01
Demandante: José de Jesús Uribe Silva

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11136-01
Demandante: JOSÉ DE JESÚS URIBE SILVA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Contra providencia que denegó pretensiones de demanda de
reparación directa. Error judicial y defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 18
de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor José de Jesús Uribe Silva,
respecto de los defectos fáctico y de decisión sin motivación, por lo razonado en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. Negar el amparo solicitado por el accionante, en lo que concierne al desconocimiento
del precedente, por las razones aquí anotadas.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 3 de diciembre de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y por intermedio de
apoderada judicial, José de Jesús Uribe Silva interpuso demanda de tutela contra la
sentencia del 16 de diciembre de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. En consecuencia, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERA. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad
jurídica y a la reparación integral de la víctima, vulnerados por los yerros encontrados en la
providencia del Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera radicado
25000232600020110055002 frente al caso del señor JOSÉ DE JESÚS URIBE.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia del Honorable
Consejo de Estado - Sección Tercera de radicado 25000232600020110055002.

TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Honorable Consejo de Estado
• Sección Tercera, proferir una nueva sentencia.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Del proceso penal

2.1.1. El señor José de Jesús Uribe Silva formuló denuncia contra el señor José Alfredo
Escobar Araújo, por el presunto hurto de una maquinaria de carpintería.
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Demandante: José de Jesús Uribe Silva

2.1.2. El señor Escobar Araújo, a su vez, denunció al señor Uribe Silva por los delitos de
estafa, falsa denuncia y constreñimiento.

2.1.3. Mediante sentencia del 15 de febrero de 2006, el Juzgado 19 Penal del Circuito
de Bogotá condenó al señor Uribe Silva a una pena de prisión domiciliaria de 4 años, por
el delito de falsa denuncia. El Tribunal Superior de Pasto confirmó la condena, por
sentencia del 6 de mayo de 2009.

2.1.4. El señor Uribe Silva interpuso recurso de casación contra la sentencia del 6 de
mayo de 2009 y, por sentencia del 22 de julio de 2010, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia accedió a dicho recurso y absolvió de responsabilidad penal.

2.2. Del proceso de reparación directa

2.2.1. El señor Uribe Silva interpuso demanda de reparación directa contra la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial, pues, a su juicio, incurrieron en error judicial, y
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En síntesis, el demandante
sostuvo que fue condenado sin que existieran pruebas de la responsabilidad penal.

2.2.2. Mediante sentencia del 29 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, denegó las pretensiones de la demanda
de reparación directa, toda vez que la sentencia del 15 de febrero de 2006 no se
encontraba en firme, por el hecho de haber sido casada por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el tribunal advirtió que el actor no aportó
pruebas que evidenciaran la falla en el servicio por parte de la Fiscalía General de la
Nación.

2.2.3. El señor Uribe Silva apeló la sentencia del 29 de enero de 2015, por cuanto, en su
criterio, (i) fue condenado penalmente sin existir prueba de responsabilidad frente al
delito de falsa denuncia, (ii) la sentencia penal sí se encontraba en firme, por el hecho
de que el recurso de casación no afecta dicha firmeza, y (iii) la Fiscalía General de la
Nación lo vinculó a un proceso penal, a pesar de que posteriormente fue absuelto en
sede de casación.

2.2.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 16
de diciembre de 2020 1 , confirmó la negativa a las pretensiones de la demanda de
reparación directa. Concluyó que el Tribunal Superior de Pasto no incurrió en un error
jurisdiccional, puesto que valoró los hechos probados y concluyó que José de Jesús
Uribe Silva había presentado una falsa denuncia y si bien, en sentencia proferida el 22
de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia dio una valoración jurídica diferente, lo
cierto es que esa divergencia de criterios no constituye por sí misma un yerro que genere
responsabilidad del Estado. También desestimó el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por cuanto la vinculación penal realizada por la Fiscalía
General de la Nación obedeció al deber previsto en el artículo 250 de la Constitución
Política y no se evidencia daño antijurídico.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La parte actora adujo que la sentencia del 16 de diciembre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en los siguientes defectos:

3.2. Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia C-037 de 1996, toda vez
que exigió al demandante la prueba del error caprichoso o malicioso cometido por el
Tribunal Superior de Pasto sin considerar que hubo un daño consistente en la privación

1 Notificada mediante edicto electrónico del 3 de junio de 2021.

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de la libertad por 4 años. Agregó que la sentencia del 9 de octubre de 2014, dictada por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, estima que la responsabilidad estatal por error
jurisdiccional debe estudiarse por los daños antijurídicos, de conformidad con el artículo
90 de la Constitución Política.

3.3. Falta de motivación, por cuanto la sentencia cuestionada señala que el error
jurisdiccional no se produce ante disparidades interpretativas o valorativas. Que lo cierto
es que la sentencia de casación sí evidencia los errores cometidos por las autoridades
judiciales del proceso penal.

3.4. Defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial demandada omitió realizar un
estudio probatorio sobre la existencia del daño antijurídico. Que el daño antijurídico se
evidencia en la sentencia de Casación de la Corte Suprema Justicia, en las sentencias
penales condenatorias, en los testimonios de Claudia Patricia Méndez García, Jorge
Huertas García y Alfonso Orostegui Osses, en los reportes de prensa de Daniel Coronell
y de Vicky Dávila, en los certificados de EPS, en las facturas por los gastos médicos y
honorarios, en la historia clínica, en el video de endoscopía digestiva y en la ecografía
prostática realizadas a José de Jesús Uribe.

4. Intervenciones

4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por intermedio del
magistrado ponente de la providencia cuestionada, pidió que se declarara improcedente
la tutela, por falta de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora pretende que
la acción de tutela sea una instancia adicional del proceso de reparación directa. Que lo
que se evidencia es que el demandante pretende proteger a toda costa sus intereses,
pero sin evidenciar la vulneración de derechos fundamentales.

4.1.1. Dijo que, subsidiariamente, debe denegarse la acción de tutela, habida cuenta de
que la decisión cuestionada estuvo sustentada en la jurisprudencia vigente y en el
análisis adecuado de las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa. Que lo
cierto es que no se evidenció el daño antijurídico alegado por la parte actora.

4.2. La Fiscalía General de la Nación alegó la improcedencia de la acción de tutela,
pues, en su criterio, no fueron debidamente sustentadas las causales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales y no se demostró la vulneración de
derechos fundamentales. Que, además, las pruebas del proceso ordinario fueron
debidamente valoradas.

5. Sentencia impugnada

5.1. Mediante sentencia del 18 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró improcedente la tutela frente al defecto fáctico y la falta
de motivación. Además, denegó frente al desconocimiento del precedente judicial.

5.2. Dijo que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional con respecto al
defecto fáctico y la falta de motivación, porque la tutela es utilizada como una instancia
adicional. Que la parte actora se limita a reiterar los argumentos expuesto en el proceso
ordinario y pretende que se haga un análisis integral de la legalidad de la decisión
adoptada en sentencia del 16 de diciembre de 2020, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.

5.2.1. Explicó que la parte actora pretende reabrir la discusión sobre el alcance probatorio
de la sentencia de casación del 22 de julio de 2010, dictada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Que la parte actora insiste en que esa sentencia
demuestra el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.
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5.3. Consideró que no fue desconocido el precedente fijado en la sentencia C-037 de
1996, por cuanto «el argumento central de la decisión fue la ausencia de acreditación del
error judicial y no la falta de prueba de la interpretación caprichosa o maliciosa del tribunal
[…] Es evidente que el cargo se funda en una premisa falaz e inexacta que, incluso,
impide a la Sala estudiar, en ese aspecto, el desconocimiento del precedente, pues se
afirma un supuesto que no contiene la sentencia. La Subsección C de la Sección Tercera
de esta Corporación afirmó que el error judicial no se presentó y no que debía probarse
que la decisión era arbitraria, ilegal o constitutiva de una vía de hecho».

5.3.1. Dijo que la sentencia del 9 de octubre de 2014 (expediente 28641), dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no constituye precedente, habida
cuenta de que no es una providencia de unificación. También advirtió que no existe
identidad fáctica, puesto que el caso estudiado en dicha sentencia se refiere al
reconocimiento de la posibilidad de error judicial en sentencias de altas cortes y la
providencia estudiada era de carácter electoral. Señaló que en este caso «no se atribuye
un error judicial a una alta corte, ni se reprocha el contenido de un fallo de carácter
electoral».

6. Impugnación

6.1. La parte actora impugnó la sentencia del 18 de febrero de 2022 y, en ese sentido,
reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela y agregó que está cumplido
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el demandante estuvo privado de la
libertad por 4 años y fue absuelto por falta de atipicidad de la conducta. Además, para
justificar el desconocimiento del precedente, el actor agregó alusiones a sentencias del
28 de enero de 1999 (expediente 14399), del 5 de diciembre de 2007 (expediente 15128),
del 10 de septiembre de 1993 (expediente 6144), del 4 de diciembre de 2002 (expediente
12625), del 4 de diciembre de 2007 (expediente 16241), del 11 de noviembre de 1999
(expediente 11499), del 27 de enero de 2000 (expediente 10867) y del 9 de octubre de
2014 (expediente 28641), dictadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

7. Trámite de segunda instancia

7.1. La magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello manifestó impedimento para
conocer del proceso de la referencia, de conformidad con la causal 3 del artículo 56 del
CPP. En concreto, informó que su hermana, Soraya Gutiérrez Argüello, fue apoderada
del demandante en el proceso ordinario que dio origen a la acción de tutela de la
referencia. Además, expuso que quien presenta la acción de tutela, en representación
del señor Uribe Silva, es la doctora María del Pilar Silva Garay, que hace parte del
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), firma en la que su hermana se
desempeña como vicepresidente.

7.2. Por auto del 5 de mayo de 2022, el despacho sustanciador declaró fundado el
impedimento manifestado por la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 2012 2 , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 3, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas

2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento y respuesta al problema jurídico

2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si,
en términos generales, el a quo acertó en el estudio del requisito de relevancia
constitucional, incluido el mentado desconocimiento del precedente judicial. De
encontrarse cumplido el requisito de relevancia, será estudiado el fondo del asunto, en
los términos propuestos en la demanda de tutela.

2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.2.1. En ese sentido, la Corte Constitucional 5 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4 SU-573 de 2017.
5 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505

de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
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2.2.1.1. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar
o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

2.2.2. La Sala considera que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en el proceso
de reparación directa y que fueron resueltos por el tribunal demandado. Si bien la parte
actora adujo la existencia del desconocimiento del precedente, falta de motivación y
defecto fáctico, lo cierto es que, en últimas, pretende que se reabra el debate respecto
de tres aspectos: (i) el precedente fijado en materia de error judicial y privación injusta
de la libertad, (ii) el alcance probatorio de la sentencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, y (iii) la prueba del daño antijurídico.

2.2.3. La Sala procederá a contrastar los argumentos expuestos en la demanda de tutela
y en el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la providencia
del 29 de enero de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B.

6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03

15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
7 Ibidem

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2.2.4. Sobre el precedente relacionado con el error judicial, en el recurso de
apelación formulado la parte actora contra la sentencia del 29 de enero de 2015 se lee
lo siguiente:

Son presupuestos para que se produzca el error judicial generador de responsabilidad estatal, los
siguientes:
b) Que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga
que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria. Sobre esta exigencia la Sala ha expresado, en
sentido contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C – 037 de 1996, que:
[…]
La Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad del artículo 65 de la citada ley, consideró
que si bien el inciso primero sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado por falla del servicio,
ello no excluye la aplicación del art. 90 de la Constitución y por esa razón lo declaro exequible
(Sentencia de revisión previa de constitucionalidad C037 de febrero 5/92. M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa).

2.2.4.1. En el mismo sentido, en la demanda de tutela, la parte actora sostuvo lo
siguiente:

Con la sentencia C-037 de 1996 el error jurisdiccional conservó el argumento de excepcionalidad,
primando que sería tratado desde una perspectiva funcional por encima de una orgánica, toda vez
que se debe respetar la libertad y la autonomía del juez, respecto de la interpretación de los hechos
de los que tiene conocimiento y la elección de normas que considera aplicables. En ese entendido,
la Corte Constitucional determinó que el yerro no se configuraba con meras equivocaciones o
desaciertos, sino que “la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación
subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”, por lo que concluyó
que “el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la
jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como vías de hecho”.
[…]
De esta forma, el Consejo de Estado en sentencia del 10 de mayo de 2001 señaló que la
identificación del error judicial con la vía de hecho (es decir, con el deber de demostrar que la
conducta era caprichosa, maliciosa o arbitraria) era inapropiada porque la responsabilidad
patrimonial del Estado por error judicial, no examina la conducta subjetiva del agente infractor, sino
la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial. En el análisis de esta
responsabilidad se descarta cualquier juicio de comportamiento subjetivo y se centra la atención en
la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico porque
precisamente, el error jurisdiccional exige que no se confunda la causa del error con el error en sí
mismo.

2.2.4.2. Se trata de un argumento resuelto por la autoridad judicial demandada, en los
siguientes términos:

Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional,
es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad de carácter subjetivo que
impone la carga a la parte demandante de demostrar además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada para eximir su
responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional, una causa extraña que
rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los elementos que componen el juicio de
responsabilidad patrimonial.
[…]
Por otra parte, para la configuración del título de error jurisdiccional, era menester indicarse al
menos por qué la aludida sentencia penal del Tribunal resultaba desacertada de cara al
ordenamiento jurídico o mejor, que tal providencia era errónea en tanto no valoró un hecho
debidamente probado que era fundamental para adoptar una decisión de fondo ; o consideró que
un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; o no decretó una prueba conducente para
determinar un hecho relevante y solucionar el caso concreto o adoptó la decisión judicial con
fundamento en un hecho que era falso o aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto o
dejó de aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis o aplicó una norma inexistente
o derogada o actuó sin competencia, eventos estos en los cuales se ha reconocido la procedencia
de responsabilidad derivada de un error judicial.

2.2.5. Sobre el alcance probatorio de la sentencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, la apelación formulada en el proceso ordinario señala lo
siguiente:

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Si la Corte Suprema de Justicia hubiera casado la sentencia condenatoria, pues estaríamos ahí sí
en un evento en el que no se podría haber demandado, pues el fundamento para la acción de
reparación por el error judicial lo constituye la misma sentencia que absolvió, de lo contrario no se
tendría ningún tipo de sustento y prueba del error cometido.

La prueba frente al error judicial cometido es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pues
ella es la que contiene los elementos por los cuales el máximo tribunal penal decide absolver y
revela los yerros cometidos por la primera y segunda instancia.

2.2.5.1. En idéntico sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:
Por otra parte, el Consejero Ponente señaló que “por existir una sentencia de casación de la
sentencia de segunda instancia no podía automáticamente señalarse que existía responsabilidad
del Estado”. Sin embargo, no analizó la posibilidad de que sí existiera la responsabilidad del Estado
en virtud de los argumentos que encontró la Corte Suprema de Justicia para considerar la atipicidad
de la conducta y por tanto, la inocencia del condenado. Básicamente, anuló el estudio que le
correspondía realizar señalando que si no existía la tesis positiva automáticamente se acudía a la
tesis negativa.

La expresión “no se configura automáticamente” no es una negación absoluta de su configuración
sino una suspensión en el tiempo de análisis. Por el contrario, solamente expresa la misma
imperiosa necesidad obviada por el juzgador, de sustentar y analizar a la luz de los argumentos
expuestos las razones que lo motivaban a tomar la decisión R o S. En ese sentido, el juez debió
argumentar en concreto por qué no se configuraba el error jurisdiccional existiendo una sentencia
de casación absolutoria favorable para la víctima, y no asumir la conclusión desde una regla de
inferencia errada.

2.2.5.2. Sobre el particular, la sentencia cuestionada explicó lo siguiente:
[…] se evidencia que el Tribunal Superior de Pasto no incurrió en un error jurisdiccional, puesto que
valoró los hechos probados y concluyó que José de Jesús Uribe Silva había presentado una falsa
denuncia, y si bien en sentencia proferida el 22 de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia dio
una valoración jurídica diferente y concluyó que “los hechos denunciados por él [José de Jesús
Uribe Silva] existieron en el mundo exterior y en ellos participó el doctor Escobar Araújo con
independencia de que los mismos hayan tenido o no la connotación penal otorgada por el
procesado […]”, lo cierto es que esa divergencia de criterios no constituye por sí misma un yerro
que genere responsabilidad del Estado.

Al efecto, es menester poner de presente que los artículos 228 y 230 de la Carta Política consagran
la autonomía e independencia judicial como premisas fundamentales para el correcto
funcionamiento de las instituciones que administran justicia. Efectivamente, en dichos artículos se
señala que “la Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial” y “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley”. Por lo anterior, el solo hecho de que exista una providencia que disponga casar
una sentencia de segunda instancia, no configura automáticamente el título de error jurisdiccional,
puesto que el juez en ejercicio de su autonomía puede valorar de forma distinta los hechos y las
pruebas.

2.2.6. Con respecto a la prueba del daño antijurídico, la apelación indica lo
siguiente:
Las pruebas de las consecuencias que se generaron al haber sido investigado y condenado también
son claras y contundentes, procesado, al señor Uribe Silva se le destruyó su vida entera, desde la
perspectiva económica, moral, social y desde su salud misma. De esto dan cuenta las declaraciones
de los testigos, las pruebas documentales aportadas, no basta ir más allá de lo básico que se
encuentra dentro del proceso para reconocer que los errores cometidos dentro de la investigación
y proceso en su contra generaron terribles daños, la pérdida de un todo construido desde su oficio
de carpintero, la pérdida de su hogar y su familia, de sus amigos, de sus clientes, de su vida entera.

2.2.6.1. Ahora, en la demanda de tutela, la parte demandante sostuvo lo siguiente:

[…] las pruebas que NO tuvo en cuenta el Consejo de Estado, pero que se encontraban dentro del
expediente y se alegaron en la instancia oportuna, se encuentran: (i) Que el señor JOSE DE JESUS
URIBE SILVA estuvo vinculado pero también condenado injustamente al proceso penal durante
más de cuatro años, cuatro meses y siete días por orden de la Juez 19 Penal del Circuito de Bogotá,
como consta en las pruebas penales, antes de que la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia
resolviera absolverlo y ordenar su libertad inmediata, con lo que se prueba el daño a su honra y
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Demandante: José de Jesús Uribe Silva

buen nombre. (ii) Que esta vinculación le produjo, como deriva de los testimonios y de las pruebas
anexadas con la demanda, daños patrimoniales y/o materiales, daños morales por la pérdida de
uno de los bienes de mayor trascendencia tales como la honra y buen nombre, el trabajo, la
tranquilidad, la igualdad y el debido proceso, ya que para nadie es un secreto que, al estar vinculado
injustamente a un proceso penal, tiene graves consecuencias sociales.

2.2.6.2. Al respecto, la sentencia cuestionada consideró lo siguiente:

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la imposibilidad que tuvo el señor
José de Jesús Uribe Silva de ejercer su actividad profesional y social, luego de haber sido vinculado
a un proceso penal, frente a lo cual se endilga un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia de la Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y Otras Garantías.
[…]
Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que la Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad Individual y Otras Garantías no incurrió en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, pues vinculó a un proceso penal a José de Jesús Uribe Silva, dado que
el señor José Alfredo Escobar Araujo presentó una denuncia penal en su contra por los delitos de
estafa, falsa denuncia y constreñimiento ilegal y según el artículo 250 de la Constitución Política
estaba “obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos”
porque, según se expuso, revestía las características de un delito y había tenido conocimiento de
ello por medio de una denuncia.

2.2.7. Como se ve, los argumentos referidos al desconocimiento del precedente fijado
en materia de error judicial y privación injusta de la libertad, el alcance probatorio de la
sentencia de casación dictada por la Corte Suprema de Justicia y la prueba del daño
antijurídico son reiterados y esto evidencia que la parte actora simplemente pretende
obtener un pronunciamiento diferente al adoptado en la sentencia que concluyó el
proceso de reparación directa.

2.2.8. Así, queda en evidencia que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora se limitó a reiterar los argumentos que expuso
en el proceso de reparación directa y no formuló alegatos sólidos para efecto de
desestimar los argumentos expuestos por la autoridad judicial demandada. Conviene
recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa y que, por
tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.

2.2. En la impugnación, la parte demandante incluyó sentencias de la Sección Tercera
del Consejo de Estado como precedente presuntamente desconocido, pero lo cierto es
que con dicha alusión simplemente quiere reabrirse el debate sobre la existencia de
error judicial. Veamos.

2.2.1. Las sentencias citadas por la parte actora en la impugnación señalan de manera
consistente que para acreditar la existencia de error judicial es necesario evidenciar que
con sus acciones u omisiones el operador jurídico desatendió los imperativos legales
que regulan el ejercicio de la función de administrar justicia. Es decir, el error judicial
ocurre cuando objetivamente se demuestra que la providencia judicial es
manifiestamente contraria a derecho.

2.2.2. Como se vio, la parte actora insiste en que el error judicial se demuestra de
manera suficiente y automática con la sentencia del 22 de julio de 2010, proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

2.2.3. Por consiguiente, a juicio de la Sala, con la alusión en la impugnación a nuevas
sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la parte actora simplemente
insiste en reabrir la discusión sobre la prueba del error judicial, pero sin siquiera explicar
de manera concreta cual fue el error grave e inexcusable que pudo cometer el Tribunal
Superior de Pasto. En últimas, la Sala estima que la existencia de una sentencia de
casación favorable al demandante no demuestra de manera automática la existencia de
responsabilidad por error judicial ni permite concluir que la sentencia cuestionada
vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor.
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Demandante: José de Jesús Uribe Silva

2.4. Además, la Sala debe precisar que los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela son más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de
cierre, como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la
sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos
de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con
la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige
la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía
e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión”.

2.5. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: la totalidad de la tutela de la
referencia no cumple el requisito de relevancia constitucional. Por consiguiente, la Sala
revocará el numeral segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará
improcedente la tutela promovida por el señor José de Jesús Uribe Silva. En lo demás,
la sentencia impugnada será confirmada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Revocar el numeral segundo de la sentencia impugnada. En su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.

2. Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

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