Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11141-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
31 de marzo de 2022
Demandante: Alberto Trujillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2021-11141-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo a dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11141-01
Demandante: Alberto Trujillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Tema: Carga mínima argumentativa tratándose de tutela contra
providencia judicial en el escrito de impugnación1
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. Procede la Sala a resolver la impugnación presentada, a través de apoderada
judicial, por el señor Alberto Trujillo contra la sentencia proferida el 28 de enero de
2022 por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación. En esta
providencia se declaró improcedente el amparo interpuesto por la parte actora por no
cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. Con escrito enviado el 03 de diciembre de 2021 al correo electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co, el señor Alberto Trujillo, actuando mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Tolima. Con la solicitud de amparo el actor pretende la protección de sus derechos
fundamentales “al debido proceso, a la confianza legítima (seguridad jurídica), al
acceso a la administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, a la realización material de justicia y a la vida digna”.
3. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías constitucionales
se presentó con el auto del 3 de junio de 2021, emitido por la autoridad judicial
accionada en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2.
1 Reiteración de lo mencionado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 23 de septiembre de 2021, expediente No. 11001-03-15-000-2021-
03827-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
2 Proceso Rad. No. 73001-33-33-009-2020-00219-00/1.
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Demandante: Alberto Trujillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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1.2. Hechos probados y/o admitidos
4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El señor Alberto Trujillo, a través de apoderada judicial, interpuso medio de control
de nulidad y restablecimiento de derecho contra el municipio de Honda (Tolima) y la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones).
6. El actor pretendía con la demanda que: i) se declarara la existencia de un contrato
realidad con el municipio de Honda entre el 2 de julio de 1992 a 30 de septiembre de
2003, ii) el pago de los aportes de seguridad social, iii) el pago de las mesadas
pensionales dejadas de devengar; iv) la nulidad de la Resolución GNR 19281 del 29
de mayo de 2014, proferida por Colpensiones en la que no se le reconoció una pensión
mínima y v) que se declarara que los efectos fiscales del reconocimiento pensional a
partir del 26 de febrero de 2011.
7. El Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué conoció la demanda presentada por el
actor. Esta autoridad judicial, mediante auto del 3 de febrero del 2022, inadmitió la
demanda y ordenó corregir los siguientes puntos:
Agotar el procedimiento administrativo ante el municipio de Honda, pues en la
demanda el actor solo demostró que solicitó a ese ente territorial el pago de
unos salarios dejados de percibir. En contraste, las pretensiones del medio de
control incluyen el reconocimiento de un contrato realidad y el pago de
indemnización de perjuicios.
Respecto de la pretensión de indemnización de perjuicios, debía demostrar el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial.
En relación con la Resolución GNR 19281 del 29 de mayo de 2014 proferida por
Colpensiones, tenía que demostrar que agotó todas las etapas de procedimiento
administrativo. Lo anterior, porque contra el acto administrativo procedían los
recursos de reposición y apelación.
Adecuar el poder conferido por el actor a su apoderada judicial, ya que en este
no se identificó sobre qué actos administrativos se otorgaba el mandato.
8. El Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué rechazó la demanda presentada por el
actor mediante auto del 24 de febrero de 2021, ya que consideró que la demanda no
se había subsanado en los términos indicados en el auto inadmisorio.
9. Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de apelación. Este le
correspondió conocer al Tribunal Administrativo del Tolima. Esta corporación judicial,
en auto del 03 de junio del 2021, confirmó el auto del Juzgado que rechazó la demanda.
10. Para el Tribunal Administrativo del Tolima la legalidad de los actos administrativos
no es un asunto conciliable. Sin embargo, las pretensiones de carácter económico,
como las indemnizaciones, sí son asuntos sobre los que deben agotarse el requisito
de procedibilidad de la conciliación prejudicial. Por ende, consideró que el Juzgado
Noveno tenía razón al rechazar la demanda por no demostrar el actor que cumplió con
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este requisito. Además, el ad quem sostuvo que tampoco se demostró el agotamiento
del procedimiento administrativo frente algunas pretensiones formuladas contra el
municipio de Honda y otras contra Colpensiones.
1.3. Pretensiones
11. A título de amparo constitucional, el accionante solicitó la protección de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:
SEGUNDA: Que en consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la
providencia de fecha 3 de junio de 2021 mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA resolvió́ confirmar del “auto proferido el
24 de febrero de 2021 por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué́, que rechazó la demanda por falta de subsanación”
TERCERA: Que se profiera el fallo que en derecho corresponde; o, en su
defecto, se ordene a la Sala del Tribunal Administrativo del Tolima que
profirió del proveído del que se pide protección constitucional, proceder a
proferir nuevo fallo ajustado a derecho; dando prevalecía al derecho
sustantivo sobre el procedimental. (sic para toda la cita).
1.4. Sustento de la solicitud
12. Para la parte actora la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta el material probatorio que
evidencia que no era necesario agotar el requisito de la conciliación extrajudicial y que
los recursos fueron interpuestos en el trámite del procedimiento administrativo.
13. Para la Sala es importante resaltar que en el escrito de tutela se señaló la
configuración del defecto fáctico, sin fundamentar las razones por las que este se
presentó. En efecto, la parte actora se limitó a indicar lo siguiente:
Defecto fáctico: Se hace consistir este yerro jurídico, en dos (2) eventos
particulares a saber: (i) Exigencia de prejudicialidad en asunto laboral y/o
pensional, desconociendo mandatos procesales que no lo exigen y, (ii)
desconocimiento de prueba sumaria que da cuenta de interposición de
recursos de ley en la vía gubernativa.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
14. El magistrado ponente del presente proceso en primera instancia admitió la tutela
mediante auto del 09 de diciembre del 2021. En esta providencia se ordenó notificar
al Tribunal Administrativo del Tolima como autoridad judicial demandada. De igual
forma se decidió vincular como terceros con interés legítimo al Juzgado Noveno
Administrativo de Ibagué, al municipio de Honda y a Colpensiones.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Colpensiones
15. En escrito suscrito por la directora de la Dirección de Acciones Constitucionales,
la entidad solicitó negar el amparo invocado por la parte actora porque considera que
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la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima fue proferida de conformidad con
la normativa vigente. Por ende, estima que el auto no incurrió en ninguno de los
defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
1.6.2. Municipio de Honda
16. El ente territorial presentó informe en el que solicitó negar el amparo invocado por
la parte actora. Adujo que el auto del Tribunal Administrativo del Tolima no incurrió en
el defecto que se señala en el escrito de tutela. Para fundamentar lo anterior,
manifestó que, de conformidad con las normas vigentes, la parte demandante debió
agotar el procedimiento administrativo ante ese municipio y Colpensiones previo a
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, considera que
como quiera que algunas pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho eran de naturaleza económica, debió agotar el requisito
de la conciliación prejudicial que exige el artículo 161 del CPACA.
1.6.3. Juzgado Noveno de Ibagué y Tribunal Administrativo del Tolima
17. Estas autoridades judiciales guardaron silencio, pese a haber sido notificadas en
debida forma del presente proceso.
1.7. Fallo impugnado
18. La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante fallo del
28 de enero de 2022, declaró improcedente la presente solicitud de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. En esa providencia se sostuvo
que la parte actora se limitó a señalar de manera general las razones de su
desacuerdo con la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima. Sin embargo,
no adujo ninguna razón de orden constitucional para demostrar que tal sentencia
había incurrido en algunos de los defectos especial de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales
19. En el fallo de primera instancia se sostuvo que las pretensiones de la parte iban
encaminadas a que el juez de amparo subsanara su falta de diligencia en la
oportunidad procesal que le fue otorgada en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, fungiendo como juez de la causa a partir de sus
propias consideraciones como si se tratara de una instancia adicional. Por lo anterior,
se concluyó que en el presente caso no supera el requisito de la relevancia
constitucional.
1.8. Impugnación
20. El 2 de marzo de 2022, la apoderada judicial del señor Alberto Trujillo impugnó el
fallo de tutela de primera instancia. En el escrito de impugnación se limitó a señalar:
“LUISA FERNANDA LAVERDE GONGORA, actuando en calidad de apoderada del
señor ALBERTO TRUJILLO, manifiesto al H. Magistrado que IMPUGNO el fallo de
tutela proferido el pasado 28 de enero del 2022”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por el señor
Alberto Trujillo contra el fallo de primera instancia proferido por la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
22. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
23. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a
través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando
el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los
personeros municipales4.
24. Con fundamento en el marco conceptual expuesto5, la Sala advierte que el señor
Alberto Trujillo es el titular de los derechos fundamentales que reclama porque fue
quien promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se tomó la decisión de rechazar la demanda, cuestión que se controvierte
mediante la presente acción de tutela. En consecuencia, el accionante goza de
legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al cumplirse permite el
estudio sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial y, de superarse estos, del caso en concreto.
25. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo del Tolima,
corporación judicial que confirmó, en segunda instancia, la decisión de rechazar la
demanda interpuesta por la parte actora, por lo que esta autoridad está legitimada en
la causa por pasiva.
3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
5 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela
la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-05083-00.
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2.3. Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 28 de enero de 2022, dictada por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación. En consecuencia, de acuerdo con el examen de la
situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de
las causales de procedibilidad de la acción de tutela y de los argumentos expuestos,
el problema jurídico que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿El escrito de impugnación cumple con la carga argumentativa mínima que le
permita a la Sala estudiar de fondo el cargo planteado?
27. En el evento de encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima de la
impugnación, se analizará si en el caso concreto concurren los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de superarse estos, se resolverá si la providencia censurada
vulneró los derechos que aduce la parte actora.
2.4. Examen sobre el cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la
impugnación
31. La Corte Constitucional6 y esta Corporación7 han establecido que, cuando la
tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber de
identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y precisar los hechos y
las razones en que se fundamenta la acción.
32. En efecto, en la segunda sentencia referenciada en el párrafo anterior, dictada por
la Sala Plena del Consejo de Estado en sede de unificación de jurisprudencia, se
estableció que “El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos
que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente
afectados por la providencia” y de exponer en forma clara los defectos de los cuales
adolece la decisión judicial, desplegando para el efecto una carga argumentativa
mínima que le permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia desde
la perspectiva de los yerros advertidos.
33. Esta carga se debe cumplir de igual forma cuando se presenta la impugnación en
contra de la sentencia de primera instancia proferida por el juez constitucional en sede
de tutela, en relación con la cual corresponde al impugnante no solamente presentar
el escrito dentro de la oportunidad prevista por el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
19918, sino también, señalar las falencias, errores u omisiones en que incurrió el a
6 Ver, entre otras, la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5.08.2014, Rad.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 31: Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá
ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
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quo que le permitan al juez constitucional de segunda instancia asumir el estudio de
los argumentos expuestos9.
34. En este sentido se pronunció la Sala, entre otras, en la sentencia del 4 de febrero
de 2016, en la que afirmó que “… cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de
providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la simple
manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por
el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos de su
impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia conozca
las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere”10.
35. En efecto, en tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez
constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de competencia de los
jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse en los argumentos
esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en
segunda instancia y en aquellos defectos que aparezcan ostensibles, toda vez que al
analizar puntos adicionales se estaría realizando un estudio oficioso de una
providencia judicial debidamente ejecutoriada. Esto atentaría contra los postulados de
la cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial11, contenido este último en el
artículo 228 de la Constitución Política y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia12.
2.5. Cumplimiento de la carga argumentativa en el caso concreto
36. En el presente proceso se evidencia que la parte actora en el escrito de
impugnación se limitó a manifestar su inconformidad con la decisión que adoptó el
juez constitucional de primera instancia, sin que presentara argumento alguno
encaminado a desvirtuar las razones que la llevaron a negar el amparo solicitado. En
concreto expuso:
LUISA FERNANDA LAVERDE GONGORA, actuando en calidad de
apoderada del señor ALBERTO TRUJILLO, manifiesto al H. Magistrado
que IMPUGNO el fallo de tutela proferido el pasado 28 de enero del 2022
9 Así lo ha expresado esta Sección, entre otras, en la providencia del 15 de diciembre de 2015, con
ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 11001-03-15-000- 2015-01828-01, en el
cual se efectuaron las siguientes consideraciones: “…se debe tener en cuenta que en materia de tutelas
contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en
segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia
para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría
contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 04.02.16, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No.
11001-03-15-2015-02034-01 (AT).
11 La Corte ha explicado que la seguridad jurídica implica que “en la interpretación y aplicación del
derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la efectividad de los
derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía
podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite”. Corte Constitucional,
Sentencia SU-072 de 2018.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 15.12.2015, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Rad. No. 11001-03- 15-000-2015-01828-01. (AT).
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37. Es importante resaltar que la Sala revisó las pruebas y memoriales allegados al
proceso en segunda instancia y no encontró escrito en el que la parte actora explicará
su inconformidad con el fallo de tutela de primera instancia.
38. Cabe precisar que la parte actora debió señalar en el escrito de impugnación los
argumentos tendientes a acreditar porque el juez de tutela de primera instancia se
equivocó con su decisión de declarar improcedente la presente acción de amparo por
no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional
39. Sin embargo, de la impugnación lo único que se advierte es la inconformidad del
accionante con la decisión de primera instancia, pretendiendo que el juez
constitucional de alzada revise la totalidad de la providencia y supla su falencia
argumentativa.
40. Siendo ello así, es claro que la Sala no puede entrar a estudiar las conclusiones
a las que arribó el juez de primera instancia en sede constitucional, pues no se tiene
conocimiento de los reparos de la accionante frente a tal decisión. Por lo tanto, el fallo
proferido el 28 de enero de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación, será confirmado en su totalidad
2.6. Conclusión
41. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala de Decisión concluye que la parte actora
en el escrito de impugnación no cumplió con el deber de exponer una mínima carga
argumentativa que permita estudiar reproche alguno contra la decisión de primera
instancia. En consecuencia, la sentencia recurrida deberá ser confirmada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de enero de 2022 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró improcedente,
por no superar el requisito de la relevancia constitucional, la acción de tutela
promovida por el señor Alberto Trujillo contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
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