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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11143-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11143-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por señora Gladys Arango Jaramillo y otros en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11143-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-00
Accionante: Gladys Arango Jaramillo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-00
Accionante: GLADYS ARANGO JARAMILLO Y OTROS
Accionado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO

Tema: Tutela contra providencia judicial / derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Gladys Arango Jaramillo, actuando en nombre propio y en
representación judicial de su cónyuge Guillermo de León Tobón
Vásquez y sus hijos Natalia, Diana y Daniel Tobón Arango, en contra
de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con
ocasión de la expedición de la providencia de 28 de febrero de 2020,
en el curso del medio de control de reparación directa con radicado
número 05001-23-31-000-1997-02310-01 (36207).

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva se fundamenta en los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-00
Accionante: Gladys Arango Jaramillo y otros

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de reparación directa
en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y del Ministerio
del Interior y de Justicia, con el fin que se les declarara patrimonial y
administrativamente responsables por el daño causado con ocasión
del allanamiento realizado en su vivienda familiar el 6 de marzo de
1994 durante el cual se incautó un vehículo de su propiedad.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que,
mediante sentencia de 3 de septiembre de 2008, declaró la
responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación y la
condenó in genere al pago de los perjuicios sufridos.

Contra dicha decisión la Nación – Fiscalía General de la Nación
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, a través de
providencia de 28 de febrero de 2020, modificó la decisión de primera
instancia en el sentido de precisar la condena en la suma de $764.920
por daño emergente y $1.108.708 por lucro cesante.

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«Ordenar sea REVOCADO O MODIFICADO, el fallo del 28 de Febrero de
2020, por la vulneración de los DERECHOS FUNDAMENTALES, a través
de los argumentos fácticos y jurídicos, presentados, y en su defecto, se
ORDENE, al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, emitir un fallo,
que guarde respeto por el DERECHO AL DEBIDO PROCESO, de acuerdo
con la responsabilidad imputada a los funcionarios del Estado, por el
erróneo funcionamiento de la Administración de Justicia, a través del
operativo realizado y del DAÑO ANTIJURÍDICO CAUSADO A LOS AQUÍ
ACCIONANTES» sic en toda la cita.

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Accionante: Gladys Arango Jaramillo y otros

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con la expedición de la sentencia de 28
de febrero 2020, incurrió en:

• Defecto procedimental: porque la demanda se presentó en el
año 1997 y solo hasta el 2020 se resolvió de fondo.

• Defecto sustantivo: pues el régimen aplicable era el de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia el cual
no se tuvo en cuenta al analizar el caso y por cuanto la entidad
demandada se demoró mas de 23 años en emitir sentencia pese a
la existencia de turnos.

• Defecto fáctico: toda vez que el valor que se le dio a las
pruebas aportadas no fue proporcional a los daños y perjuicios
ocasionados a las víctimas lo que dio lugar a la condena en un
monto inferior al pretendido.

• Desconocimiento del precedente: en tanto desconoció la
sentencia C-286 de 2017 proferida por la Corte Constitucional que
desarrollo el artículo 90 de la Constitución Política y el régimen de
responsabilidad patrimonial del Estado, su contenido y alcance.

• Violación de la Constitución: porque ante la existencia de la
falla en la administración de justicia se configura la vulneración de
la Constitución materializada en la transgresión de los derechos
fundamentales cuya protección pretende.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la

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referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, como accionado, y al Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Séptima de Decisión, a la Fiscalía General de la
Nación y a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y a la
Nación – Ministerio del Interior, como terceros interesados, para que
ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. La jefa de la oficina del Ministerio del Interior pidió su
desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva, en el entendido que no es el responsable de los hechos
respecto de los cuales la parte accionante adujo la vulneración de sus
derechos fundamentales.

5.2. La Sección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
a través de uno de sus magistrados, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela y señaló que las razones se
encuentran en las consideraciones de la sentencia reprochada.

5.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación, por intermedio de
una de sus abogadas, aseguró que la acción constitucional es
improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, toda vez que la
parte accionante se abstuvo de explicar las razones por las que el
recurso extraordinario de revisión no era idóneo para amparar sus
derechos fundamentales y porque no argumentó la configuración de
alguna de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial.

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Accionante: Gladys Arango Jaramillo y otros

5.4. El director jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho
solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva
en relación con esa entidad, por cuanto no existe ninguna relación
jurídica con la parte accionante que implique responsabilidad alguna
por la violación de los derechos fundamentales que alegó en el escrito
de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Previo a plantear el debate que se resolverá en esta instancia, la
Subsección precisa que la decisión judicial que se analizará es la
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de

1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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Estado, pues es la providencia que se encuentra en firme y
ejecutoriada.

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

• ¿La presente acción de tutela en contra de la sentencia del 28
de febrero de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, cumple con el requisito de
inmediatez?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, ii) el principio de inmediatez y iii) el caso
concreto.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de

2Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

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Accionante: Gladys Arango Jaramillo y otros

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ

La acción de tutela tiene por objeto la pronta e inmediata protección
de los derechos fundamentales que una persona considere violados o
amenazados, de allí la importancia de ser ejercida dentro de un

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término prudencial para evitar la consumación de las consecuencias
negativas que conlleve la transgresión aludida por el accionante en
cada caso.

En otros términos, la amenaza o la vulneración del derecho
fundamental es lo que le otorga celeridad al trámite de tutela y le da
el carácter de preferente a esta acción constitucional frente a otros
medios ordinarios de protección consagrados en la ley. Sobre ello, en
sentencia T-504 de 2010, la Corte Constitucional indicó:

«Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección
que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta
condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la
interposición oportuna y justa de la acción.»

Así las cosas, el principio de inmediatez es uno de los aspectos
que debe analizar el funcionario judicial pues de ese estudio
emerge la finalidad del mecanismo, que es, la protección
inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, si el
juez constitucional evidencia que existió una demora en su
interposición, esta situación puede indicarle que, en principio, la
protección de los derechos fundamentales reclamada puede
realizarse a través de la vía ordinaria, o que no existe vulneración
de derecho fundamental alguno.4

4. CASO CONCRETO

De acuerdo con los argumentos expuestos en el numeral anterior y
una vez analizadas las pruebas obrantes en el plenario, la Sala de
Decisión advierte que la presente acción incumplió con el requisito de
inmediatez.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-175 de 2011. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

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Lo anterior, teniendo en cuenta que la sentencia reprochada (i) fue
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 28 de febrero de 2020, quedó ejecutoriada el 28 de mayo
de 20215 y (iii) la tutela fue presentada el 3 de diciembre de 20216,
es decir, cumplido un término mayor de seis (6) meses, sin que
se evidencie alguna justificación en la demora para interponerla, pues
a pesar que la parte accionante manifestó que estaba esperando las
pruebas del Tribunal para presentarla, lo cierto es que pudo
solicitarlas con el escrito de la acción, en consecuencia, se concluye
que en el presente caso no se acreditó el requisito de inmediatez,
motivo por el cual se declarará su improcedencia.

En ese orden de ideas, la Sala debe reiterar: el juez constitucional
parte de la presunción de que, si se está ante una vulneración de
derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables
e inmediatas, el titular del derecho afectado debe procurar su
protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e
injustificada para interponer la tutela, genera duda acerca de la
urgente necesidad de la protección constitucional que se puede
obtener vía esta acción.

Congruente con ello, si bien no existe un término legal que indique en
que momento se debe presentar la acción de tutela, lo cierto es que la
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta
corporación ha sido pacifica en aceptar que dicho plazo – seis meses -
resulta razonable y proporcional, sobre todo tratándose del presente
asunto en el que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable o un caso fortuito o fuerza mayor que justificara la
tardanza.

5 Según las pruebas visibles en el expediente digital.
6 De acuerdo con el acta de reparto visible en SAMAI.

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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO.- DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada
por señora Gladys Arango Jaramillo y otros en contra de la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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