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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11143-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11143-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia del 3 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11143-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

21 de abril de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-01
Demandante: Gladys Arango Jaramillo y otros.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-01
Demandante: GLADYS ARANGO JARAMILLO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial –derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / requisito de inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la señora Gladys Arango Jaramillo
contra la sentencia del 3 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Gladys Arango Jaramillo en nombre propio y en representación de su
esposo Guillermo de León Tobón Vásquez y de sus hijos Natalia, Diana y Daniel Tobón
Arango, ejerció acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justica. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:

“«Ordenar sea REVOCADO O MODIFICADO, el fallo del 28 de Febrero de 2020,
por la vulneración de los DERECHOS FUNDAMENTALES, a través de los
argumentos fácticos y jurídicos, presentados, y en su defecto, se ORDENE, al
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, emitir un fallo, que guarde respeto por el
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, de acuerdo con la responsabilidad imputada
a los funcionarios del Estado, por el erróneo funcionamiento de la Administración
de Justicia, a través del operativo realizado y del DAÑO ANTIJURÍDICO
CAUSADO A LOS AQUÍ ACCIONANTES» sic en toda la cita.” 1.

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

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Índice 2 de SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-01
Demandante: Gladys Arango Jaramillo y otros.

El 10 de septiembre de 1997, la parte accionante presentó demanda de reparación
directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior-, con
el fin de que se declararan patrimonial y administrativamente responsables por el daño
causado con ocasión del allanamiento realizado en su vivienda familiar el 6 de marzo
de 1994 en el cual se incautó un vehículo de su propiedad.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 3 de septiembre de
2008, declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación frente al
daño del vehículo, al considerar que la entidad era responsable de las piezas faltantes
pues tenía la custodia y cuidado del bien. Condenó en abstracto al pago de los
perjuicios sufridos y negó las demás pretensiones de la demanda.

Contra dicha decisión la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en
providencia del 28 de febrero de 2020, que modificó la decisión de primera instancia
en el sentido de precisar la condena en la suma de $ 764.920 por daño emergente y
$1.108.708 por lucro cesante. Lo anterior, teniendo en cuenta las facturas que
acreditaban los valores pagados por la demandante en la reparación del vehículo y el
servicio de grúa, sumas que fueron actualizadas y sobre las que se reconoció un
interés legal del 6 % anual conforme con el artículo 1617 del Código Civil.

3. Argumentos de la tutela

La parte demandante indicó que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto
procedimental porque los funcionarios judiciales no cumplieron los plazos procesales
perentorios al exceder el término para proferir el fallo definitivo en razón a que la
demanda se presentó en el año 1997 y solo hasta el 2020 se resolvió de fondo el
asunto en segunda instancia.

Así mismo, estimó que se incurrió en defecto sustantivo, pues el régimen aplicable
objeto de discusión en la demanda de reparación directa corresponde al defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia el cual no se tuvo en cuenta al analizar
el caso.

Adujo que se configuró el defecto fáctico porque, en primera instancia, las pruebas
documentales aportadas no fueron valoradas en su integridad y las testimoniales
fueron negadas por voluntad ajena a los demandantes, lo que implicó que el tribunal
condenara en abstracto los perjuicios. Sin embargo, en el fallo de segunda instancia,
el Consejo de Estado si bien le dio valor probatorio a las copias simples aportadas, los
perjuicios reconocidos no fueron proporcionales con los causados y solicitados en la
demanda, vulnerando los derechos de las víctimas y ocasionando un perjuicio
irremediable.

Indicó el desconocimiento del precedente judicial concretamente, la sentencia C-286
de 2017 proferida por la Corte Constitucional que se pronunció sobre el artículo 90 de
la Constitución Política y el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, su
contenido y alcance.

Señaló que la sentencia vulneró la Constitución pues, por la falla en el servicio de
administración de justicia, se desconocieron los derechos fundamentales de
presunción de inocencia y debido proceso del señor Guillermo Tobón, además de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-01
Demandante: Gladys Arango Jaramillo y otros.

transgresión de los principios de celeridad y eficiencia a la que deben someterse las
actuaciones judiciales.

4. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C 2, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela y señaló que las razones se encuentran en las
consideraciones de la sentencia reprochada.

5. Intervenciones

El Ministerio del Interior 3 solicitó su desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante y la acción u omisión por parte del ministerio.

La Nación – Fiscalía General de la Nación indicó que la acción constitucional es
improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte accionante
se abstuvo de explicar las razones por las que el recurso extraordinario de revisión no
era idóneo para amparar sus derechos fundamentales, aunado a que no se dan los
elementos propios del perjuicio irremediable para que proceda la tutela como
mecanismo de defensa de carácter subsidiario y residual.

Además, la parte demandante no argumentó la configuración de alguna de las
causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y no se
logra identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia
controvertida, razón por la cual no se demostraron los defectos fácticos y sustantivos
alegados por los tutelantes pese a tener la carga de probarlos.

El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva pues no existe ninguna relación jurídica con la
parte accionante que implique responsabilidad alguna por la violación de los derechos
fundamentales que alegó en el escrito de tutela.

6. Providencia impugnada

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo del 3 de
febrero de 20224, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumplió con el
requisito general de inmediatez porque la sentencia objeto de la acción de tutela fue
proferida el 28 de febrero de 2020 y quedó ejecutoriada el 28 de mayo de 2021,
mientras que la tutela fue presentada el 3 de diciembre de 2021, esto es, un en un
plazo mayor a los seis meses que se ha definido como plazo razonable y proporcional,
sin que se evidencia justificación alguna en la demora para interponer la acción de
tutela.

Indicó que, aunque la parte demandante manifestó que esperó las pruebas del tribunal
para presentar la tutela, estas podían ser solicitadas en el trámite de tutela por lo que
no se encuentra justificada la demora en la presentación.

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Índice 10 SAMAI.
3 Folios 1 a 17, Índice 8 SAMAI.
4 Folios 1 a 11, índice 20 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11143-01
Demandante: Gladys Arango Jaramillo y otros.

7. Impugnación 5

La parte demandante impugnó la decisión de la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, para lo cual reiteró los argumentos del escrito inicial de tutela y
controvirtió cada una de las respuestas de los terceros intervinientes en la acción de
tutela.

Insistió en la vulneración de los derechos fundamentales y las garantías procesales de
la demandante en tanto los perjuicios reconocimiento por parte del Consejo de Estado
en la sentencia de segunda instancia son desproporcionales e irrisorios respecto de
los perjuicios solicitados en la demanda de reparación directa.

Precisó que la pretensión en el proceso de reparación directa no solo obedece al
reconocimiento y pago de los daños del vehículo, sino a la declaración de su
responsabilidad y condena de los perjuicios morales y materiales, debido al daño
antijurídico causado por el defectuoso funcionamiento de la justicia, con ocasión del
allanamiento en la vivienda de la familia Tobón Arango.

La demandante consideró que, si bien el tribunal en primera instancia declaró
responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños y perjuicios, el Consejo
de Estado en segunda instancia confirmó en parte la decisión y liquidó los perjuicios
en una suma desproporcionada a la solicitada.

La tutela cumple con los requisitos exigidos para su procedencia al estar acreditadas
las causales por defecto procedimental, sustantivo, fáctico, el desconocimiento del
precedente y violación a la constitución argumentadas en el escrito de la tutela.

En relación con el requisito general de inmediatez, señaló que la tutela fue presentada
dentro de un plazo razonable pues advirtió que el plazo de los seis meses para
presentar “la tutela por vía de hecho se tiene en cuenta que los periodos legales se
toman en días hábiles” por lo que no corren los días festivos ni de fiesta, de manera
que el término de los seis meses se cumpliría en el mes de enero de 2022.

Por último, discute que el solicitar las pruebas en la acción de tutela no garantizaba el
derecho al acceso a la administración de justicia ni al derecho de presentar pruebas y
controvertirlas, aunado a que las pruebas eran claves y valiosas que aportaban una
“mayor comprensión a lo sucedido con los fallos” en el proceso de reparación directa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

5 Folios 1 a 14, índice 24 SAMAI.

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Demandante: Gladys Arango Jaramillo y otros.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
6
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
7 8
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema Jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar o no la sentencia impugnada
que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito general
de procedibilidad de inmediatez. En caso de que se encuentre acreditado dicho
requisito y los demás generales de procedibilidad abordará el estudio de fondo de la
controversia planteada.

Análisis del caso concreto

En el escrito de impugnación la parte actora señaló que la acción de tutela cumple con
el requisito general de inmediatez e insiste en la procedencia de la acción por la
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

6 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
7 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Gladys Arango Jaramillo y otros.

Sin embargo, la Sala anticipa que los argumentos de impugnación no están llamados
a prosperar y, por lo tanto, no procede el estudio de fondo de los cargos invocados por
la parte actora, porque la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de
procedencia para cuestionar providencias judiciales, en esa medida, se confirmará la
decisión de primera instancia, como se pasa a explicar.

Pues bien, mediante el ejercicio de la presente acción la señora Gladys Arango
Jaramillo, en nombre propio y en representación de su esposo Guillermo de León
Tobón Vásquez y sus hijos Natalia, Diana y Daniel Tobón Arango, interpuso acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por estimar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a la administración
de justicia con la expedición de la sentencia de segunda instancia del 28 de febrero de
2020.

Tal como lo concluyó en a quo, en el presente caso se observa que la acción de tutela
no cumple el requisito general de inmediatez, si se tiene en cuenta que la providencia
del 28 de febrero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, se notificó personalmente por correo electrónico el 19 de mayo de 2021 9
y la acción de tutela fue interpuesta el 3 de diciembre de 20215, de manera que
transcurrieron 6 meses y 13 días.

Al respecto, se anota que, para esta Sección, por regla general, el plazo razonable
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses,
contado a partir de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en
atención a la naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial
efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad.

En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio
de defensa judicial no solo tiene que ver con la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de
la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se presente
en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente,
porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz
de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría
causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una
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Índice 37 SAMAI proceso de reparación directa expediente: 05001-23-31-000-1997-02310-01(36207).
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decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno
de la acción y la vulneración de los derechos del interesado. Circunstancias que en el
caso concreto no se acreditaron.

La parte actora insistió en el cumplimiento del requisito de inmediatez en razón a que
el término de los seis meses señalados debe ser contabilizado teniendo en cuenta solo
los días hábiles. Al respecto, la Sala precisa que, los términos establecidos en meses
y años se computan según el calendario conforme con lo dispuesto en el artículo 62
de la Ley 4 de 1913 y el párrafo 7 del artículo 118 del GCP, aplicable a la acción de
tutela por remisión del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, que establece
“Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día
que empezó a correr del correspondiente mes o año”, razón por la cual no le asiste la
razón a la demandante frente al cumplimiento del requisito de inmediatez de la tutela.

En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito general de la
inmediatez y, en esa medida, no procede estudio de fondo alguno, por lo tanto, se
impone confirmar la decisión de primera instancia del 3 de febrero de 2022, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia del 3 de febrero de 2022, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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