Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11171-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11171-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11171-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
26 de mayo de 2022
Demandante: Marcelino Penna Penna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11171-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11171-01
Demandante: MARCELINO PENNA PENNA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial – Defectos fáctico y
desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandante
contra el fallo proferido por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
corporación que decidió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
(…)”
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
El señor Marcelino Penna Penna, a través de apoderado judicial, ejerció acción de
tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, garantías que estimó vulneradas con ocasión de la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por la Subsección A de la Sección
1 La acción de tutela se presentó a través de la aplicación de tutela de la Rama Judicial el 26 de
noviembre de 2021.
1
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Demandante: Marcelino Penna Penna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11171-01
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
confirmó la decisión proferida por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá que negó el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante.
Esta decisión se presentó en el marco del medio de control de reparación directa,
con radicado número 11001333603520150050500/01, interpuesto por el señor
Marcelino Penna Penna y otros2 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional.
En consecuencia, el demandante solicitó:
«PRIMERA- Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad que le han sido vulnerados al señor MARCELINO
PENNA PENNA con la decisión adoptada en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
´A´el día 18 de noviembre de 2021 mediante la cual fueron negados los
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por incapacidad
laboral.
SEGUNDA- Que como consecuencia de la anterior declaración se
ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección ´A´, proferir una sentencia complementaria donde se
disponga reconocer y liquidar el perjuicio material por lucro cesante en
favor del señor MARCELINO PENNA PENNA teniendo en cuenta el
porcentaje de incapacidad laboral (91.87%), el artículo 38 de la Ley 100
de 1993, el salario que devengaba en el Ejército Nacional como soldado
profesional debidamente actualizado, más un 25% por concepto de
prestaciones sociales, la expectativa de vida según las tablas expedidas
por la Superfinanciera para los hombres en Colombia y además, aplicar
los parámetros establecidos por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia de unificación respecto de la ecuación
financiera para calcular la indemnización debida o consolidada y la
futura o anticipada.».
2. Hechos
Indicó que se desempeñaba como soldado profesional adscrito al Batallón de
infantería número 34 “Juanambu” y que el 25 de mayo de 2013, en la jurisdicción
de la Vereda Las Nieves, Municipio de Doncello (Caquetá), en desarrollo de una
misión táctica fue víctima de un artefacto explosivo improvisado (mina AEI).
2 Juan Camilo Penna Rodríguez, Mariana Penna Rodríguez, Paula Valentina Sánchez Rodríguez,
Sara Penna de Penna, Jaime Penna Penna, Ruth Amanda Penna Penna, Walter Penna Penna,
María Ninfa Penna Penna y Juvenal Penna Penna.
2
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Demandante: Marcelino Penna Penna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Señaló que, con ocasión de los hechos narrados, sufrió graves lesiones en sus
extremidades y perdió su pie izquierdo, hipoacusia neurosensorial bilateral,
artrosis postraumática de rodilla izquierda y depresión, afectaciones que lo
llevaron a tener una incapacidad de 91.87%, de acuerdo con lo declarado por la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional mediante el Acta de la Junta Médica
Laboral número 77937 del 27 de mayo de 2015.
Precisó que interpuso, junto con su grupo familiar, una demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, proceso que fue conocido en primera instancia por el
Juzgado 35 Oral Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Esta autoridad
judicial, en sentencia del 12 de abril de 2019, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó a la entidad al pago de perjuicios morales
y por daño en la salud, pero negó el reconocimiento del daño material por lucro
cesante.
Añadió que contra la decisión anterior interpuso el correspondiente recurso, el cual
fue decidido por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Con sentencia del 18 de noviembre de 2021, el juez de
segunda instancia confirmó en su totalidad la providencia recurrida.
Explicó que, frente al no reconocimiento del lucro cesante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó su
configuración porque, en su criterio, ese daño ya fue resarcido en sede
administrativa con el pago de una pensión de invalidez y una indemnización por
disminución de la capacidad laboral.
3. Sustento de la petición
A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria
del acta de la junta médico laboral, documento con el cual se acreditó la existencia
del daño material y la incapacidad causada en actos de servicio.
Expuso que el Acta de la Junta Médico Laboral 77937 del 17 de junio de 2015 es
un documento público, suscrito por una autoridad competente, con pleno valor
probatorio ya que no fue tachado de falso, con el cual se demostró no solo el daño
físico sino las secuelas y el porcentaje de incapacidad laboral.
Aclaró que es contradictorio que se hayan reconocido y liquidado el perjuicio
inmaterial con base en lo dispuesto en el Acta de Junta Médica Laboral 77937 del
17 de junio de 2015 y el porcentaje de incapacidad allí establecido, pero para
valorar el lucro cesante ya no lo tuvo en cuenta.
3
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Sostuvo que la sentencia atacada no explicó las razones por las cuales desechó el
Acta de la Junta Laboral 77937 de 2015 como prueba de la incapacidad laboral y
del lucro cesante que sufrió por el daño.
Añadió que tampoco se tuvo en cuenta que, al momento del siniestro, esto es,
para el 25 de mayo de 2013, era una persona mayor de edad, económicamente
productiva como soldado profesional y contaba con un salario mensual.
Expuso que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1796 de 2000, la Dirección
de Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional es el único organismo idóneo para
emitir un dictamen respecto de la capacidad laboral de los miembros de esa
entidad y son los únicos autorizados para determinar la capacidad psicofísica de
las fuerzas armadas.
Precisó que en el lucro cesante se indemniza el daño cierto, real y cuantificable a
partir del porcentaje de la pérdida o disminución de la capacidad laboral y
pretende reparar la ganancia o el provecho que se deja de reportar como
consecuencia del daño antijurídico.
Alegó que la indemnización por lucro cesante no constituye una sanción sino un
restablecimiento del equilibrio económico derivado del daño antijurídico producido
o imputado al responsable, cuya causación se cuantifica desde la fecha de los
hechos.
Manifestó que una vez acreditada la existencia de una lesión de carácter
permanente y teniendo en cuenta que al momento de los hechos se encontraba en
edad productiva, lo procedente era el reconocimiento del perjuicio material a título
de lucro cesante, pues existe un daño cierto y cuantificable en la medida en que
no podrá volver a desarrollar labores en óptimas condiciones y su ingreso
económico se verá diezmado en proporción al porcentaje de incapacidad laboral.
Precisó que la autoridad judicial demanda también desconoció el precedente
jurisprudencial dictado por el Consejo de Estado en las sentencias:
• Sentencia del 11 de abril de 2016 (soldados regulares que fueron
secuestrados por las Farc y a quienes la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional a través del acta de junta médica laboral les fijó las siguientes
incapacidades laborales: 82.6%; 85.16%; 84.25%; 80%; 13%; 84.6%; 87.14%;
78.07%; 78.42%; 75.18%;29.96%; 85.38%; 34.22%; 40.94%; 81.9%; 84.6%;
87.22%; 80%; 90.21%; 78%; 13%; 23%; 82.1%; y 85.07%; respectivamente),
expediente número 50001233100020002027401.
• Sentencia del 12 de junio de 2014 (soldado con incapacidad laboral del
96.03%), expediente número 76001233100020080017001.
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• Sentencia del 27 de marzo de 2014 (soldado con incapacidad laboral del
31.5%), expediente número 08001233100019960010401.
• Sentencia del 14 de mayo de 2014 (soldado con incapacidad laboral del 100%),
expediente número 76001233100020000265601.
• Sentencia del 20 de febrero de 2014 (soldado con incapacidad laboral del
20.79%), expediente número 20001233100020010138801.
• Sentencia del 27 de septiembre de 2013 (soldado con incapacidad laboral del
54%), expediente número 05001233100019990291501.
• Sentencia del 25 de agosto de 2009 (soldado con incapacidad laboral del 48%),
expediente número 18001233100019950574301.
Sostuvo que si bien la providencia atacada comparte la tendencia de la
jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de la compatibilidad que existe
entre la indemnización a forfait (reconocimiento o pago de prestaciones sociales) y
la indemnización del lucro cesante, al momento de valorar las pruebas allegadas
negó el reconocimiento de ese perjuicio bajo el argumento de que el mismo ya
había indemnizado con el pago de las prestaciones sociales por valor de
$94.510.636 y el reconocimiento de la pensión de invalidez por la suma de
$1.097.340.
Explicó que, aunque reconoce y comparte los criterios del Consejo de Estado, al
descender al caso en estudio reconoce la compatibilidad entre el pago de unas
prestaciones sociales a las que tienen derecho los integrantes de la fuerza pública,
esto es, el a forfait y la indemnización plena por lucro cesante basada en los
principios de equidad y reparación integral del daño.
Adujo que la indemnización a forfait y la indemnización plena por daño antijurídico
no son excluyentes entre sí porque la primera tiene una causa legal, en este caso
la relación laboral, y la segunda tiene origen en la responsabilidad de la
administración proveniente del daño antijurídico.
Precisó que esa tesis desconoce lo considerado por el Consejo de Estado en las
siguientes providencias:
• Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente
50001231500019990032601.
• Sentencias dictadas en ejercicio de acciones de tutelas del 23 de julio de 2021,
expediente 1100103150002021010195000, del 14 de abril de 2021 expediente
11001031500020200454901, del 7 de diciembre de 2020, expediente
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11001031500020200440700, del 28 de noviembre de 2019 expediente
11001031500020190460900, del 20 de agosto de 2020, expediente
11001031500020200307400, del 28 de marzo de 2019, expediente
11001031500020180355101 y del 14 de junio 11001031500020180131800.
• Sentencia del 13 de mayo de 2015, radicado número
66001233100020070004801.
• Sentencia del 28 de abril de 2010, radicado interno 18111.
• Sentencia del 18 de mayo de 2014, expediente 76001233100019940006901.
• Sentencia del 28 de febrero de 2013, radicado número
25000231600020010015801.
Sostuvo que el precedente jurisprudencial sobre la compatibilidad que existe entre
la indemnización a forfait y la indemnización por lucro cesante consulta los
principios de equidad y de reparación integral del daño consagrados en el artículo
16 de la Ley 446 de 1998 y es de obligatorio acatamiento porque proviene del
máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Añadió que el Consejo de Estado también ha pregonado la validez del acta de la
junta médico laboral para liquidar el lucro cesante de los integrantes de la fuerza
pública y sobre la compatibilidad que existe entre la indemnización a forfait y la
indemnización plena encuentra fundamento en las funciones asignadas por la
Constitución y en la salvaguarda de los principios de igualdad y seguridad jurídica.
Enfatizó en que la actual doctrina del alto tribunal de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido clara en la procedencia del lucro cesante por disminución de
la capacidad laboral sin perjuicio de que el afectado se reincorpore a la actividad
productiva o goce de una reubicación laboral o que tenga derecho al pago de
prestaciones sociales o incluso una pensión por invalidez, bajo la consideración de
que la disminución de la capacidad laboral comporta, para quien la padece, una
merma en la posibilidad de procurarse autónomamente un sustento y produce una
dificultad mayor para desarrollar las actividades que de antaño realizaba sin apuro,
lo que repercute de manera negativa en su patrimonio.
4. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 13 de diciembre de 2021, el magistrado ponente de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar esa decisión a la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte demandada y vinculó a
los señores Sandra Milena Rodríguez Tarquino, Juan Camilo Penna Rodríguez,
Mariana Penna Rodríguez, Paula Valentina Sánchez Rodríguez, Sara Penna de
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Penna, Jaime Penna Penna, Ruth Amanda Penna Penna, Walter Penna Penna,
María Ninfa Penna Penna y Juvenal Penna Penna3, así como a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como terceros con interés.
5. Contestaciones e intervenciones
5.1. Tribunal Administrativo, Sección Tercera, Subsección A
La ponente de la decisión atacada rindió el informe solicitado en los siguientes
términos:
Señaló que, en cuanto al supuesto desconocimiento del precedente, en el fallo
atacado se precisó porqué no se desconoce la jurisprudencia que se refiere a la
compatibilidad entre los conceptos que caracterizan la fuente del daño, pero se
niega el lucro cesante en sede judicial cuando ya se había otorgado una
indemnización administrativa.
Precisó que, en efecto, se analizaron diferentes pronunciamientos del Consejo de
Estado sobre la materia, en particular una providencia del 28 de agosto de 2019
en la cual, en un caso similar, se consideró que era improcedente reconocer el
lucro cesante porque lo cubría la mesada pensional que le había sido otorgada al
actor, tesis que se reiteró en la sentencia del 22 de octubre de 2021.
Expuso que, en el caso en estudio, se demostró que el señor Penna Penna le fue
determinada una pérdida de capacidad laboral del 91.87%, lo que dio lugar a una
indemnización administrativa y a una pensión por invalidez.
Indicó que, en consecuencia, la improcedencia del lucro cesante no se resguardó
en una consideración caprichosa ni arbitraria y, por el contrario, se produjo porque
no se demostró que la magnitud del perjuicio hubiese sido mayor a la otorgada en
sede administrativa. Este análisis, lejos de apartarse del criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado, está soportado en providencias del 16 de septiembre de 2015,
28 de agosto de 2019, 3 de julio de 2020 y 19 de marzo de 2021.
Explicó que, además de lo anterior, no le asiste razón al demandante cuando
acusa un defecto fáctico porque el acta de la junta médico laboral fue estudiada y
analizada y se concluyó que, por sí sola, no justifica que la magnitud del lucro
cesante alegado fuese superior a la indemnización otorgada en sede
administrativa, o que la pérdida de capacidad laboral justifique el pago adicional a
la pensión de invalidez que el señor Penna Penna ya percibe por el mismo daño.
3 La notificación ordenada se haría a la dirección de correo electrónico que suministre la parte
accionante, para lo cual se le concedió un término de 24 horas a partir de la notificación del
presente auto.
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Sostuvo que, tal como se indicó en la sentencia, la compatibilidad entre la
indemnización a forfait con la derivada de la responsabilidad extracontractual del
Estado no significa que se deba concluir que la prueba de la pérdida de capacidad
laboral justifique el doble pago.
Solicitó que la acción de tutela fuera declarada improcedente por falta de
relevancia constitucional o, en su defecto, negada al no haberse configurado los
defectos alegados.
5.2. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y los
señores Sandra Milena Rodríguez Tarquino, Juan Camilo Penna Rodríguez,
Mariana Penna Rodríguez, Paula Valentina Sánchez Rodríguez, Sara Penna
de Penna, Jaime Penna Penna, Ruth Amanda Penna Penna, Walter Penna
Penna, María Ninfa Penna Penna y Juvenal Penna Penna
Pese a haber sido debidamente notificados, guardaron silencio4.
6. Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 10 de marzo de 2022, declaró improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional con base en el siguiente
análisis:
Precisó que los reproches del demandante están encaminados a cuestionar la
decisión de la autoridad judicial demandada al haber negado el reconocimiento y
pago del lucro cesante derivado del daño extracontractual causado por el Estado
al, presuntamente, no haberse valorado en debida forma el Acta de la Junta
Médico Laboral número 77937 del 17 de junio de 2015.
Consideró que este asunto carece de relevancia constitucional pues la parte
actora pretende convertir el amparo constitucional en una instancia adicional del
proceso ordinario.
Expuso que el tribunal demandado señaló los aspectos atinentes al lucro cesante
con base en el material probatorio obrante en el proceso y realizó con ello una
valoración de la incapacidad médica para efectos de acreditar el daño pero
concluyó que el lucro cesante fue resarcido con el pago de una indemnización por
disminución de capacidad laboral y con el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez.
4 Las notificaciones pueden revisarse en los índices 7 y 13 del siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202111171001100103
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Aclaró que, de la revisión del fallo atacado, no se observaba una interpretación
caprichosa, parcializada e irrazonable de la prueba o que la misma no haya sido
valorada.
Explicó que tampoco se presenta el desconocimiento del precedente o que se
haya omitido realizar un estudio juicioso de las pruebas aportadas. Por el
contrario, encontró que la decisión se encuentra debidamente sustentada y
amparada en el principio de la libre valoración judicial.
Consideró que las deficiencias alegadas respecto de la decisión atacada
responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado
favorable de las pretensiones, lo cual no es susceptible de admitirse como una
causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se
ajuste al caso que se analiza, conforme al criterio de la sana crítica y en virtud de
su autonomía e independencia.
7. Impugnación
Por escrito radicado oportunamente5, la parte demandante impugnó el proveído de
primera instancia en los siguientes términos:
Señaló que la sentencia recurrida se limitó a indicar que la demanda interpuesta
en ejercicio de la acción de tutela no cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional al considerar que lo que se pretende es utilizar la tutela como una
tercera instancia.
Expuso que no comparte la conclusión del a quo porque el caso en estudio sí
cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque la discusión se
circunscribe a determinar la existencia o no de la vulneración de derechos
fundamentales.
Reiteró los argumentos expuestos en la demanda relacionado con que el fallo
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, que incurrió en
un defecto fáctico porque no reconoció a la víctima directa del daño el perjuicio
material por lucro cesante pese a que en el expediente obra la prueba de su
incapacidad laboral equivalente al 91.87% y en un desconocimiento del
precedente consignado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y
otras sentencias en las cuales el Consejo de Estado ha reconocido la
compatibilidad que existe en recibir el pago de prestaciones laborales, a forfait, y
también la indemnización por lucro cesante derivada de la existencia de un daño
5 El recurso fue interpuesto el 15 de marzo de 2022 y la sentencia de primera instancia fue
notificada el 10 del mismo mes y año.
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antijurídico imputable al Estado.
Explicó que la sentencia no estudió de fondo los vicios planteados en la demanda.
Insistió en que, si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al
imperio de la ley, también lo es que esta comprende en sentido amplio todas las
fuentes del derecho, incluidas las sentencias proferidas por los órganos de cierre
de las diferentes jurisdicciones y el bloque de constitucionalidad.
Enfatizó en la importancia de atender el precedente jurisprudencial y la aplicación
de las sentencias de unificación que tienen como fin “unificar la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar el derecho de las partes pues sobre
un mismo derecho no puede haber posiciones jurídicas distintas”.
Reiteró que el tribunal demandado incurrió en un defecto fáctico y en el
desconocimiento del precedente.
8. Actuación en segunda instancia
Mediante auto del 26 de abril de 2022, el despacho ordenó la vinculación del
Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como tercero con
interés, toda vez que fungió como juez de primera instancia en el proceso de
reparación directa iniciado con la demanda interpuesta por el señor Penna Penna
y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
8.1. Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El juez 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá relató las actuaciones que
se adelantaron en el proceso de reparación directa y concluyó que no se presentó
ninguna vulneración de los derechos fundamentales del actor y, por lo tanto, se
atenía a lo que se decidiera en la presente acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos
planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Marcelino Penna Penna.
Para ello, deberá analizarse si la demanda presentada cumple con los requisitos
adjetivos de procedibilidad y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente
al proferir la sentencia del 18 de noviembre de 2021 por medio de la cual se
confirmó la decisión dictada por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta
en ejercicio del medio de control de reparación directa y negó el reconocimiento
del lucro cesante.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
ii) caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7, y en ella
concluyó:
«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»8 (Negrilla fuera de texto)
6 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
8
Ibídem.
11
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Sección Tercera, Subsección A
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Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia9 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, la solicitud de tutela debe cumplir unos presupuestos generales de
procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
9
Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
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3.1. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
Para la Sala resulta necesario precisar que el a quo declaró improcedente la
solicitud de amparo presentada por el señor Marcelino Penna Penna, en tanto
consideró que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
Sin embargo, es del caso advertir que los reparos contra la providencia
cuestionada pretenden poner de presente las irregularidades en que incurrió la
autoridad judicial demandada al dictarla, en tanto comprometen garantías de
orden superior, más allá del debate legal surtido en las instancias ordinarias, por lo
que el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional.
En este orden, la Sala estudiará los defectos alegados por la parte demandante,
para determinar si estos vulneraron o no los derechos fundamentales invocados.
En relación con los demás requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala considera:
3.2.1. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza, puesto que la
providencia que censura la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa que se promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, identificado con radicado
11001333603520150050500/01.
3.2.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar el fallo proferido el 18 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, el cual fue notificado por correo electrónico el 24 del
mismo mes y año, mientras que la petición de amparo se presentó el 26 de
noviembre de 2021, por lo que sin que sea necesario determinar cuando quedó
ejecutoriado el fallo recurrido, se evidencia que la petición de amparo se presentó
dentro de un término razonable.
3.2.3. Respecto a la subsidiariedad, la Sala encuentra que el demandante no
dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios para censurar el proveído
proferido por la aludida autoridad judicial, pues la decisión atacada se dictó en
desarrollo del recurso de apelación y puso fin al proceso.
En lo que respecta al recurso extraordinario de revisión, las manifestaciones
expuestas no se ajustan a las causales taxativas contempladas en el artículo 248
de la Ley 1437 de 2011 para que este proceda.
En lo relacionado con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se
cumplirían los presupuestos de procedibilidad contemplados en los artículos 257 y
258 del CPACA, ya que, a juicio del actor, la providencia desconoció lo dispuesto
en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de
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Estado el 28 de agosto de 2014 y la cuantía de la condena impuesta asciende a
750 salarios mínimos legales mensuales vigentes (perjuicios morales y daño a la
salud), como se observa en el fallo dictado por el Juzgado 35 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá del 12 de abril de 2019, allegado con la demanda.
Sin embargo, al revisar la sentencia citada, si bien es de unificación, el aspecto en
el que unificó su postura se refiere a los perjuicios morales a reconocer a la
víctima directa y a sus familiares en caso de lesiones personales, asunto que es
ajeno a la controversia del presente caso.
La sentencia del 28 de agosto de 2014, expresamente, indicó en la parte
resolutiva:
“(…)
TERCERO: Unificar la jurisprudencia de la Sala en cuanto a la reparación de
los perjuicios inmateriales, concretamente sobre el perjuicio moral en caso de
lesiones personales.
(…)”
En consecuencia, como la sentencia alegada como desconocida es una sentencia
de unificación, pero no se refiere al asunto sub examine, el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia no es procedente.
Por todo lo expuesto, para la Sala se encuentran superados los requisitos
adjetivos de procedibilidad y abordará de fondo la solicitud, sin perjuicio de resaltar
el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad
de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos
de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4. Caso concreto
La parte demandante consideró que sus derechos fundamentales se vulneraron
con la decisión del 18 de noviembre de 2021, en la que se confirmó la providencia
dictada por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
el señor Marcelino Penna Penna y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación
directa por cuanto no se reconocieron los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante.
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De manera específica, se encuentra que la parte actora invocó un defecto fáctico
por indebida valoración y el desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado dictado en procesos de reparación directa y de acciones de tutela, por
cuanto el Acta de la Junta Médico Laboral número 77937 del 17 de junio de 2015
tenía la vocación de acreditar el lucro cesante el cual podía haber sido reconocido
aun a pesar de la indemnización a forfait ya que estas no son excluyentes.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como juez de
primera instancia, declaró improcedente el amparo al considerar que la demanda
presentada no cumplía con el requisito adjetivo de relevancia constitucional.
Inconforme con la decisión, la parte demandante impugnó, escrito en el que reiteró
los argumentos expuestos en la demanda.
Para resolver el problema jurídico planteado en la presente providencia, la Sala
tendrá en cuenta:
4.1. Desconocimiento del precedente
La parte demandante manifestó que la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció el precedente del Consejo
de Estado, contenido en distintas sentencias de reparación directa y de acción de
tutela, en relación con la tesis según la cual la indemnización a forfait y la
indemnización plena por daño antijurídico no son excluyentes porque la primera
responde a una causa legal y la segunda tiene origen en la responsabilidad del
Estado por el daño antijurídico causado.
4.1.1. Generalidades del desconocimiento del precedente
Para esta Sala10 el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano
de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo
sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la
interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre
a la luz de los preceptos constitucionales.
10 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores
judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten
resolver la controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con
supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución.
Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un
precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión
que considera desatendida, ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
En el caso en estudio, la Sala considera que la carga mínima argumentativa para
resolver el cargo propuesto fue cumplida por la demandante.
4.2. Fondo del asunto
La providencia atacada explicó que, en relación con el no reconocimiento del
perjuicio material en su tipología de lucro cesante:
“(…)
50. Para poder estudiar este aspecto de manera pormenorizada es menester
precisar, con respecto al análisis de la materia, que la indemnización
forfataria, aunque tiene fuente disímil a la de la responsabilidad podría
perseguir la misma finalidad.
51. Por eso, ante el reconocimiento de un perjuicio de índole material, cuando
hubiese sido concedido el resarcimiento a forfait, debería acreditarse que esa
compensación no reparó integralmente el perjuicio reclamado.
52. Asimismo, debe considerarse que el resarcimiento material por lucro
cesante se orienta a reparar la afectación de la capacidad productiva,
frustrada por el daño antijurídico, que habría ingresado ya – consolidado- o en
el venidero patrimonio del perjudicado -futuro.
53. Lo anterior es importante para la presente cuestión por los siguientes
puntos:
(i) En materia de indemnización por perjuicios materiales, no opera
presunción alguna. Aquello implica, como lo ha acotado esta Sala “que la
carga procesal probatoria en materia de perjuicio material, corresponde al
demandante: por consiguiente, ni opera tampoco la noción de arbitrio judicial”.
(ii) Según lo probado en el expediente se tiene que al señor Marcelino Penna,
en sede administrativa le fue pagada una indemnización por disminución de
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su capacidad laboral por la suma de $94.510.636.oo mediante Resolución
204141 del 26 de octubre de 2015.
Asimismo, en sede administrativa le fue reconocida pensión mensual de
invalidez por el valor de $1.097.340.oo a través de la Resolución 5123 del 1°
de diciembre de 2015.
(iii) Con lo anterior en mente, y sin que en este contexto mediase tarifa
probatoria, se evidencia que la parte demandante no acreditó con algún
medio de prueba adicional que la magnitud del lucro cesante hubiese sido
mayor a la otorgada en sede administrativa.
(iv) En consecuencia, no se puede dar tránsito favorable a reconocer este
rubro porque, como lo ha manifestado esta Subsección “[N]o es de recibo
que, a título de una mal interpretación de la compatibilidad entre la
indemnización a forfait con la derivada de la responsabilidad extracontractual
del Estado, concretamente en materia de perjuicios materiales, el
demandante en sede judicial no asuma la carga procesal para reclamar
aspectos que fueron reconocidos en sede administrativa."
54. Este criterio, en oportunidad reciente, fue justificado por esta Sala
mediante un análisis sesudo y ponderado que en esta providencia se replica
en los siguientes términos:
(…)
55. Por los anteriores motivos se sustenta la negativa del cargo propuesto por
la parte apelante frente a la concesión de los perjuicios materiales en su
modalidad de lucro cesante.
(…)”
De lo transcrito, la Sala concluye que la autoridad judicial demandada no
desconoció que la indemnización a forfait y la indemnización por lucro cesante
son compatibles y que tienen orígenes disímiles, sino que para que la segunda
sea procedente debe demostrarse que el valor reconocido mediante la
indemnización a forfait es inferior al valor con el cual se repararía el daño de
manera integral y solo en ese escenario sería viable el reconocimiento del
perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.
4.2.1. Sentencias proferidas en procesos de acciones de tutela
La parte demandante manifestó que la autoridad judicial demandada desconoció
el precedente contenido en los fallos de tutela dictados el 23 de julio de 2021,
expediente 1100103150002021010195000, el 14 de abril de 2021 expediente
11001031500020200454901, el 7 de diciembre de 2020, expediente
11001031500020200440700, el 28 de noviembre de 2019 expediente
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11001031500020190460900, el 20 de agosto de 2020, expediente
11001031500020200307400, el 28 de marzo de 2019, expediente
11001031500020180355101 y el 14 de junio de 2018, expediente
11001031500020180131800.
Frente a las providencias alegadas como desconocidas, la Sala debe precisar que
estas no constituyen precedente porque no fueron proferidas por el órgano de
cierre de la jurisdicción constitucional.
Sin embargo, es del caso precisar que la sentencia del 14 de junio de 2018 fue
proferida por esta Sección y en ella se ampararon los derechos fundamentales del
demandante al considerar que la sentencia del 28 de agosto de 2014 es una
sentencia de unificación que creó una regla de derecho aplicable y que había sido
desconocida.
Pese a lo anterior, esta Sala, tal y como se expondrá más adelante, considera que
la tesis sobre la compatibilidad de la indemnización a forfait y el lucro cesante no
es un tema unificado en esta corporación y, por tanto, no es posible adoptar la
misma decisión que se tomó en el fallo de tutela del 14 de junio de 2018.
4.2.2. Sentencias dictadas en procesos de reparación directa sobre el valor
probatorio del acta de la junta médico laboral
La parte demandante señaló que la providencia atacada incurrió en el
desconocimiento de las siguientes providencias:
• Sentencia del 11 de abril de 2016, expediente número
50001233100020002027401.
• Sentencia del 12 de junio de 2014, expediente número
76001233100020080017001.
• Sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente número
08001233100019960010401.
• Sentencia del 14 de mayo de 2014, expediente número
76001233100020000265601.
• Sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente número
20001233100020010138801.
• Sentencia del 27 de septiembre de 2013, expediente número
05001233100019990291501.
• Sentencia del 25 de agosto de 2009, expediente número
18001233100019950574301.
Revisadas las providencias relacionadas, se considera que la regla de derecho
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creada con estas se circunscribe al reconocimiento del lucro cesante de
conformidad con la pérdida de capacidad laboral debidamente certificada con el
acta de la junta médico laboral.
Para esta Sección estas sentencias no fueron desconocidas, puesto que la
decisión proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 18 de noviembre de 2021, no desconoce que
el lucro cesante pueda probarse con el acta de la junta médico laboral, sino que
para la concurrencia de la indemnización a forfait y este debe existir una prueba
que demuestre que los dineros reconocidos por la ocurrencia de un daño causado
con la materialización del riesgo de las labores desarrolladas en la Fuerza Pública
fueron insuficientes para indemnizar el perjuicio material.
Por lo anterior, la Sala considera que estas providencias no fueron desconocidas.
4.2.3. Sentencias dictadas en desarrollo de procesos de reparación directa
que reconocen la compatibilidad entre el pago de la indemnización a forfait y
el lucro cesante
La parte demandante alega que la providencia atacada desconoció que el Consejo
de Estado, en múltiples sentencias ha considerado que la indemnización a forfait y
el reconocimiento del lucro cesante no son excluyentes.
Para sustentar su posición citó las siguientes providencias:
• Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente
50001231500019990032601.
• Sentencia del 13 de mayo de 2015, radicado número
66001233100020070004801.
• Sentencia del 28 de abril de 2010, radicado interno 18111.
• Sentencia del 18 de mayo de 2014, expediente
76001233100019940006901.
• Sentencia del 28 de febrero de 2013, radicado número
25000231600020010015801.
De acuerdo con lo manifestado por la autoridad judicial demandada en la
providencia del 18 de noviembre de 2021, se insiste en que la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no desconoció que
existe compatibilidad entre el reconocimiento del lucro cesante y la indemnización
a forfait. En el fallo mencionado el ad quem explicó que para que sea posible la
concurrencia de las dos indemnizaciones es necesario que en el proceso ordinario
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se demuestre que el valor reconocido a través de la indemnización a forfait es
inferior al valor necesario para considerar que la víctima fue realmente reparada,
análisis que no desconoce las consideraciones expuestas por la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
Sin embargo, es necesario indicar que el Consejo de Estado, Sección Tercera, en
otros pronunciamientos ha considerado que no son procedentes ambos
reconocimientos porque se configuraría un doble pago a cargo del Estado y, por lo
tanto, un enriquecimiento sin justa causa a favor de los demandantes11.
Por lo anterior, la Sala observa que este tema no es pacífico en la jurisprudencia
de la corporación y al no existir una tesis unificada sobre la materia, el juez, en
desarrollo del principio de autonomía judicial, puede elegir entre una u otra tesis
sin que ello implique el desconocimiento del precedente.
En atención a todo lo expuesto, la Sala concluye que en el caso en estudio la
autoridad judicial demandada no incurrió en el desconocimiento del precedente
alegado por el demandante.
4.3. Defecto fáctico
Para el señor Penna Penna, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración del
Acta de Junta Médico Laboral 77937 de 2015 en la cual se indicó con claridad que
el daño causado en actos de servicio le produjo una incapacidad laboral del
91.87%. A juicio del actor, la autoridad judicial demandada, al momento de
estudiar la procedibilidad del lucro cesante no tuvo en cuenta el contenido del
documento proferido por la entidad competente, debidamente allegado al
expediente y con validez plena ya que no fue tachado de falso.
4.3.1. Generalidades del defecto fáctico
Esta Sala de Decisión12, en varios pronunciamientos, ha precisado los alcances y
requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se configura
cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo
11 Puede revisarse las sentencias dictadas el 16 de septiembre de 2015, expediente 20010042701,
22 el febrero de 2019, expediente 200700289, 28 de agosto de 2019, expediente 20050088301, 5
de marzo de 2020 20110113801, 31 de julio de 2020 expediente 20100011401, 13 de agosto de
2020, expediente 20090096901 y 19 de marzo de 2021, expediente 20100181801, entre otras.
12 Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez o la sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente 11001-03-15-
000-2020-00073-00, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por
las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
En el caso en estudio, en criterio de los demandantes, se presenta el segundo
evento, esto es, que el Tribunal Administrativo de Santander no valoró el acta de
la junta médico laboral donde se certificó la pérdida de capacidad laboral y que la
misma se presentó en actos de servicio.
4.3.2. Fondo del asunto
La Sala, después de revisar la providencia atacada, evidenció que la razón para
negar el lucro cesante fue que el demandante no acreditó con ningún medio de
prueba que ese perjuicio fuera mayor al valor reconocido mediante una
indemnización a forfait, con lo cual es claro que no se desconoció el acta médico
laboral allegada al proceso ordinario, sino que, la autoridad judicial consideró que
el daño allí establecido fue debidamente resarcido a través de la pensión de
invalidez y la indemnización por disminución de su capacidad laboral, análisis
probatorio que no se evidencia caprichoso, irracional o alejado de las reglas de la
sana crítica.
De lo anterior, es del caso precisar que, en el caso en estudio, los argumentos
expuestos por el señor Penna Penna demuestran que está inconforme con las
conclusiones a las que arribó la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pero esta diferencia no es razón para que el juez
constitucional intervenga pues, aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.
En atención a lo anterior, la Sala considera que en el caso en estudio no se
presentó el defecto fáctico por indebida valoración alegada por el actor.
Teniendo en cuenta que la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela
sí cumplía con los requisitos adjetivos de procedibilidad, se revocará la decision
del 4 de marzo de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo y, en su lugar, negará la
acción de tutela interpuesta al considerar que no se configuraron los defectos
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
21
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Demandante: Marcelino Penna Penna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11171-01
PRIMERO: Revócase la sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo constitucional y, en su lugar:
Niégase la acción de tutela interpuesta por el señor Marcelino Penna Penna, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión y envíese copia de esta al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
22
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