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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11175-00

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11175-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11175-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

24 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11175-00
Demandante: Miguel Ángel Bravo Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-11175-00
Demandante MIGUEL ÁNGEL BRAVO GUTIÉRREZ
Demandado SENADO DE LA REPÚBLICA, CÁMARA DE REPRESENTANTES Y
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Temas Acción de tutela como mecanismo transitorio. Requisito de
subsidiariedad. Mecanismo judicial idóneo y eficaz. Acción
pública de inconstitucionalidad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez, en nombre propio, instauró acción de tutela
contra el Senado de la República, la Cámara de Representantes y el Presidente de
la República, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y a la libertad. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y libertad
invocados de conformidad con lo expuesto en escrito de tutela.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito a los honorables Magistrados
SUSPENDER de manera transitoria y especial los efectos jurídicos del artículo 125 del
[proyecto de] Ley 158 de 2021, a fin de preparar y presentar la correspondiente ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
TERCERO: De manera subsidiaria, solicito a los honorables Magistrados se ordenen a los
Representantes Legales de las Entidades Territoriales ABSTENERSE de dar aplicación a la
norma acusada, hasta tanto no sea revisada por parte de la Honorable Corte Constitucional.
CUARTO: Solicito se corra traslado de la totalidad de informes y pruebas recaudadas a la
Honorable Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia.”1 (sic para toda la cita)

Adicional a lo anterior, el accionante presentó medida provisional en los siguientes
términos:
“De la manera más respetuosa solicito al honorable tribunal SUSPENDA la aplicación de los
efectos jurídicos del artículo 125 de la Ley 158 de 2021 que modificó el inciso primero del
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 – Ley de Garantías, a fin de que en mi calidad
de ciudadano colombiano pueda iniciar el trámite de acción de inconstitucionalidad por la

1 Página 6 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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Demandante: Miguel Ángel Bravo Gutiérrez

flagrante violación a mis derechos fundamentales a la libertad, debido proceso e igualdad; a
fin de evitar un daño irremediable frente a los derechos fundamentales violentados por cuenta
de los congresistas accionados.” 2

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 19 de octubre de 2021, el Congreso de la República debatió y aprobó el
Presupuesto General de la Nación para el año 2022, contenido en el proyecto
de ley 158 de 2021 (Cámara) y 096 de 2021 (Senado).

El artículo 125 del proyecto de ley modificó el inciso primero del parágrafo 38
de la Ley 996 de 2005, Ley de Garantías, así:
“ARTÍCULO 125o. Con el propósito de promover la reactivación económica y la
generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y
durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos
con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al
Presupuesto General de la Nación. La presente disposición modifica únicamente en la
parte pertinente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
PARÁGRAFO. Todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la presente
disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la
República. El Contralor General de la República determinará, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control
especial.”3

2.2. En el curso de la acción de tutela, el Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, sancionó la, ahora, Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 “POR LA
CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RETAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE
APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1O. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”.

La disposición normativa que se cuestiona quedó relacionada en el artículo
124 de la hoy Ley de la República y su texto es idéntico al que antes se citó.

3. Fundamentos de la acción

3.1. La parte actora advirtió que, con ocasión a la disposición normativa objeto de
análisis, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con entidades
territoriales durante el año 2022.

Destacó la inconveniencia de la norma en el marco de las elecciones
presidenciales y legislativas que se desarrollarán en el país, dado que los
recursos públicos podrían dirigirse en beneficio de las campañas electorales,
lo que, de contera, pone en riesgo la democracia y estabilidad institucional del
Estado colombiano.

Asimismo, aseveró que la Ley 996 de 2005 garantiza que los candidatos
aspiren a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y reglamenta
la participación en política de servidores públicos, así como las garantías de
oposición.

Luego, a su juicio, la modificación que introduce el artículo 124 de la Ley 2159
de 2021: (i) vulnera el derecho a la igualdad de los candidatos presidenciales
2 Ibidem.
3 Página 2 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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que hacen parte de la oposición y los de los partidos y movimientos
emergentes y minoritarios; (ii) “configura una evidente violación al debido proceso
por parte de los honorables congresistas que aprobaron el artículo 125 de ley [2159],
abusando de las funciones propias de su cargo, al permitir que una ley ordinaria
modifique una ley estatutaria.”; y (iii) comporta el rompimiento del principio de
unidad de materia de la ley, porque no guarda conexidad con la materia
principal que regula, esto es, la aprobación del presupuesto.

Agregó que la disposición normativa modifica una ley estatutaria y, en razón a
ello, debía tramitarse a través del procedimiento legislativo previsto por la
Constitución para tal propósito.

Manifestó que los argumentos expuestos justifican la intervención del juez
constitucional con el propósito de precaver que se materialice un perjuicio
irremediable, consistente en la vulneración de sus derechos fundamentales,
políticos y colectivos.
En palabras del accionante:
“(…) [se] hace necesaria la intervención del juez de tutela de precaver que se genere
un perjuicio irremediable en mis derechos fundamentales, políticos y colectivos, ya que
los congresistas al incluir dicha norma que a todas luces es inconstitucional,
inconveniente y que suspende garantías de una ley de mayor rango; se les permitiría
de cualquier forma la vulneración del debido proceso en una aparente trampa a los
tiempos y decisiones de orden constitucional; ya que si no intervienen los honorables
magistrados, el control de constitucionalidad seria posterior y no surtiría los efectos que
pretendo prevenir a través de este mecanismo preferente.
Señores Magistrados, es evidente la vulneración a mis derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, toda vez que la maniobra utilizada con conocimiento de los
congresistas impediría que a través de los mecanismos jurídicos pueda buscar la
protección de los derechos que me asisten, por tratarse de una violación flagrante al
procedimiento y a la constitución nacional. Por lo tanto, Señores Magistrados, la
situación particular no puede esperar, ya que no existe en nuestro ordenamiento jurídico
otro tramite que suspenda los efectos jurídicos del artículo 125 de la Ley 158 de 2021
para garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el control de
constitucionalidad seria posterior a los efectos del mismo.” 4 (Subraya la Sala)

3.2. Explicado lo anterior, el actor precisó que la acción pública de
inconstitucionalidad no sería efectiva para procurar la protección de sus
derechos fundamentales al “debido proceso en conexidad con el de participación
democrática y otros derechos colectivos” porque no tiene la aptitud de suspender
de manera inmediata los efectos jurídicos de la disposición normativa en
comento.

Es por lo anterior que, al formular la medida provisional y las pretensiones
principales de la acción de tutela, solicitó la suspensión de los efectos jurídicos
del artículo 125 del Proyecto de Ley 158 de 2021 (Cámara) y 096 de 2021
(Senado), para que, entre tanto, pueda preparar la demanda de
inconstitucionalidad con ocasión de la vulneración de sus derechos
fundamentales y se evite la materialización de un daño irremediable.

Como pretensión subsidiaria pidió que se ordenara a los representantes
legales de las entidades territoriales abstenerse de dar aplicación a la norma
acusada, hasta tanto la Corte Constitucional no emita providencia al respecto.

4 Página 3 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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4. Trámite e intervenciones

4.1. En providencia del 29 de noviembre de 2021, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso de tutela con radicación Nro. 11001-33-34-0032021-
00354-00/01, debido a que en el trámite de la acción constitucional se omitió
vincular al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y con ello se
concretó la vulneración de su derecho al debido proceso.

Establecido lo anterior, advirtió que la vinculación al proceso del Presidente de
la República afecta la competencia del juzgado para tramitar la acción de
tutela, pues el Decreto 333 de 2021, es claro al indicar que corresponde al
Consejo de Estado conocer de las acciones de tutela que involucren a esa
autoridad.

Por lo anterior, el Tribunal Administrativo declaró la nulidad de todo lo actuado
en el proceso constitucional y dispuso la remisión del expediente a la
Secretaría General del Consejo de Estado para que fuera sometido a reparto.

4.2. La acción de tutela fue radicada ante esta Corporación con el Nro. 11001-03-
15-000-2021-11175-00 (Samai, índice 1).

4.3. En auto del 3 de febrero de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela que el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez presentó contra el Senado
de la República, la Cámara de Representantes y la Presidencia de la
República. (Samai, índice 20)

Adicional a lo anterior, se negó la medida provisional por considerar que no se
acreditó el elemento de necesidad de la medida y porque se trata de la misma
pretensión que sería resuelta en el fallo de tutela.

4.4. La Cámara de Representantes, por conducto de la jefe de la División Jurídica,
solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que
(i) se interpone contra actos de carácter general, impersonal y abstracto; y
porque (ii) las pretensiones de la demanda deben ser resueltas en el marco
del control abstracto de constitucionalidad, ya que expone la incompatibilidad
de una Ley con la Constitución Política.

Advierte que “sólo la Corte Constitucional en ejercicio de la competencia prevista de
manera expresa en la Carta Política es quien debe determinar si la norma desconoce
el principio de reserva estatutaria, a partir de la formulación de cargos en una acción
pública de inconstitucionalidad que debe satisfacer los requisitos dispuestos en la
sentencia C-1052 de 2001.”5

Expone que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para satisfacer las
pretensiones de la demanda del actor, por lo que incumple el requisito de
subsidiariedad. Agrega que en este caso tampoco están acreditados los
presupuestos del perjuicio irremediable como justificación para solicitar un
amparo transitorio de los derechos invocados.

De otra parte, precisa que, aunque el juez de tutela está facultado para
inaplicar una norma, vía excepción por inconstitucionalidad, esto es posible

5 Página 6 del informe presentado por la Cámara de Representantes. Samai, índice 26.
4

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solo en el evento de que la aplicación de la norma vulnere de manera
específica los derechos de una persona o de un grupo determinado de
personas. Pero no le es permitido al juez constitucional realizar un juicio de
constitucionalidad de una norma a través de la acción de amparo. Un análisis
en ese sentido implicaría desconocer las competencias que en virtud del
artículo 241 constitucional fueron concedidas en cabeza de la Corte
Constitucional.

El actor estima que el escenario en el que el juez de tutela emita órdenes
tendientes a restringir la producción normativa y la posterior sanción, se
traduce en el desconocimiento del sistema de pesos y contrapesos que
caracteriza el Estado Social de Derecho. En esa vía recuerda que la Rama
Legislativa ostenta un amplio margen de configuración normativa para
desarrollar la Constitución, por lo tanto, no les corresponde a otros poderes
imponer límites en ejercicio de competencias ajenas a su específico objeto.

Finalmente, indica que la justificación del despliegue de acciones urgentes por
parte del juez constitucional con miras a evitar la configuración de un perjuicio
irremediable desapareció, porque el proyecto de ley que se discutía se
convirtió en Ley de la República, luego de la sanción presidencial. Además,
considerando que esta Ley tiene un mecanismo específico para su control
judicial, por lo que se materializa la causal de improcedencia del artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991.

Informa que la Corte Constitucional ya admitió demandas de
inconstitucionalidad formuladas contra el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021.
Luego, el juez natural de la causa ya asumió competencia sobre los alegados
vicios atribuidos a la disposición normativa. Al respecto anexa captura de
pantalla en la que se relacionan las demandas presentadas ante esa
Corporación y acumuladas al expediente principal D-14522.

4.5. El Senado de la República, por conducto del secretario general, acusa la
improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Bravo Gutiérrez en
razón a que este mecanismo constitucional no tiene por finalidad adicionar,
derogar o suspender una norma que ya ha terminado el proceso legislativo
ante el Congreso.

Menciona que, es carga del hoy accionante, presentar sus pretensiones ante
la Corte constitucional en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
dado que la tutela no procede cuando existen otros mecanismos idóneos para
la lograr la protección de los derechos presuntamente vulnerados.

Por las razones expuestas pide que se excluya al Senado de la República de
esta acción de tutela.

4.6. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
DAPRE, por conducto de asesor judicial, manifiesta que en este caso no se
concreta vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante y
que la acción de tutela se interpuso sin que se hubieran agotado los
mecanismos judiciales idóneos a disposición del accionante para procurar la
satisfacción de sus pretensiones.

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Solicita que se considere que la disposición normativa objeto de censura fue
expedida por el Congreso de la República en cumplimiento de su función
legislativa, consagrada en el artículo 114 constitucional y el numeral 6 del
artículo 6 de la Ley 5 de 1992. En el ejercicio de esta potestad, agrega, el
Legislador ostenta la denominada cláusula general de competencia de la que
se predica una amplia libertad de configuración. Los límites de esa libertad de
configuración legislativa, señala, solo pueden ser definidos por la Corte
Constitucional, que no por el juez de tutela (sentencia T-126 de 2016). En esa
línea, enfatiza en que una vez las leyes son promulgadas, gozan de
presunción de constitucionalidad hasta tanto se emita una providencia de la
Corte Constitucional que indique lo contrario.

Además, informa que, hasta el 9 de febrero de 2022, se habían presentado
más de 43 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 2159 de 2021, sin
que, hasta ese momento, se hubiere pronunciado la Corte en el sentido de
decretar la suspensión de los efectos de la norma en virtud de la medida
cautelar.

Expuesto lo anterior, concluye que el accionante omitió exponer de qué
manera, el Presidente de la República o el DAPRE vulneraron sus derechos
fundamentales en el trámite de elaboración y aprobación de la Ley 2159 de
2021. Tampoco se probó la concreción de un perjuicio irremediable que
habilitara al actor para acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio.

De otra parte, alega la falta de legitimación en causa por pasiva en razón a
que no es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones de la
acción de tutela ni la responsable del presunto escenario de vulneración de
derechos, por lo que solicita que se excluya al Presidente de la República y al
DAPRE de esta acción de tutela.

Finalmente, considera que frente a las pretensiones del accionante se
materializa la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, dado
que en el trámite de la acción de tutela el señalado proyecto de ley se convirtió
en Ley de la República, por lo que su control corresponde a la Corte
Constitucional a través de la acción pública de inconstitucionalidad y no por
conducto de acción de tutela.

4.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ADNJE, a través del
director de Defensa Jurídica Nacional, como pretensión principal solicita que
se declare la improcedencia de la acción de tutela, dado que no supera el
requisito de subsidiariedad y porque el accionante no ostenta legitimación en
causa por activa.

Como petición subsidiaria, pide que se niegue la solicitud de amparo dado que
el actor no probó el desconocimiento del principio de reserva de ley estatutaria.

Asegura que, aunque la jurisprudencia constitucional ha admitido la posibilidad
de interponer acciones de tutela contra proyectos de Ley, cuando en su trámite
se viole el debido proceso legislativo y, como consecuencia de esto, se afecten
derechos fundamentales; lo cierto es que en este caso no se acreditó la
vulneración o riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de los que
es titular el actor. Al respecto precisa lo siguiente:

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“En el presente caso no se causó o se causará perjuicio irremediable con el artículo
125, porque la norma no está autorizando a las entidades nacionales y territoriales a
celebrar convenios administrativos para favorecer intereses políticos, como lo hace ver
el accionante.
La finalidad de la disposición es clara: celebrar convenios interadministrativos para
promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, la cual
se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la Covid-19. Propósito que no riñe
con los fines constitucionales del Estado y que por el contrario los desarrolla.
Ahora bien, el mismo artículo establece una medida para evitar que se celebren los
contratos interadministrativos con fines distintos a satisfacer el interés general, y es que
los contratos que se suscriban serán objeto de especial control por parte de la
Contraloría General de la República”6

Establecido lo anterior, concluye que el escenario que se plantea en la acción
de tutela se fundamenta en suposiciones subjetivas en las que se asume la
mala fe de las entidades públicas.

De otra parte, aduce que no se supera el requisito de subsidiariedad, porque
no está acreditado la materialización de un perjuicio irremediable con el
artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 y porque el accionante tiene la posibilidad
de interponer acción de constitucionalidad para atacar la disposición normativa
en comento.

Informa que la Corte Constitucional ha recibido más de 40 demandas de
inconstitucionalidad contra el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que han
sido acumuladas en el expediente D-14522 y en las que se ha solicitado, de
manera reiterada, el decreto de medida cautelar de suspensión de los efectos
del multicitado artículo.

Al respecto la magistrada ponente de la Corte Constitucional, en auto del 16
de diciembre de 2021, informó que la solicitud de medida cautelar sería
decidida tan pronto resolvieran sobre la admisión de las demandas
acumuladas.

También destaca que los medios de comunicación a nivel nacional han
informado que la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional para decidir
con prontitud las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en contra del
artículo 124 de la Ley 2159 de 2021.

Finalmente, asegura que el accionante no explicó cómo el Congreso de la
República vulneró sus derechos fundamentales con la aprobación de la
disposición normativa en comento.

No se aportaron al proceso medios de prueba que acrediten el interés directo
del accionante en el debate legislativo del proyecto de ley. Tampoco se probó
que el accionante tenga la calidad de candidato de elección popular, para
concluir una vulneración directa de los derechos de los que es titular.

Entonces, concluye, en este caso no está probado el presupuesto procesal de
legitimación en la causa por activa.

6 Informe presentando por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Samai, índice 30.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Con fundamento en los antecedentes expuestos, en primera medida, corresponde
a la Sala establecer si la acción de tutela promovida por el señor Miguel Ángel Bravo
Gutiérrez satisface los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991.

De encontrarse superados los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela,
como segunda medida, la Sala pasará a determinar si las autoridades accionadas
desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
libertad del señor Bravo Gutiérrez al aprobar y sancionar el artículo 124 de la Ley
2159 de 2021.

3. Causales de improcedencia de la acción de tutela y su análisis en el caso
concreto

3.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces.

En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los
términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En tal sentido, es claro que al juez natural le corresponde impulsar y decidir
los asuntos que se encuentran bajo su conocimiento, por lo que no le es dable
al juez de tutela, en principio, interferir o contrariar so pretexto de proteger los
derechos fundamentales, las decisiones que se profieren de forma legítima en
el proceso ordinario. La acción de tutela que se presenta en contra de la

7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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decisión judicial, en principio, deviene improcedente, pues ello desconocería
el principio de autonomía judicial.

Sobre la autonomía e independencia de los jueces y tribunales, la Corte
Constitucional ha sostenido que las injerencias indebidas en el ejercicio de la
función jurisdiccional por parte del juez constitucional, debe asumirse como un
mandato de proscripción, lo cual se justifica, únicamente, para efectos de
proteger los derechos fundamentales afectados.

3.2. Ahora bien, en la acción de tutela se plantearon los siguientes cargos, a partir
de los cuales se sustentó la pretensión de suspender provisionalmente los
efectos del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021. Veamos:

(i) El contenido de la norma resulta inconveniente en época de elecciones,
dado que los recursos públicos podrían dirigirse a beneficiar
determinadas campañas, lo cual pone en riesgo la democracia y la
estabilidad institucional del Estado colombiano.

(ii) La norma vulnera el derecho a la igualdad de los candidatos a cargos de
elección popular.

(iii) En el trámite de la ley, el Congreso de la República incurre en violación
del debido proceso legislativo dado que permitió que una ley ordinaria
modificara una ley estatutaria.

(iv) En el trámite de la ley se desconoció el principio de unidad de materia,
porque el contenido del artículo 124 no guarda conexidad con la temática
principal que regula la Ley 2159 de 2021.

3.3. Visto lo anterior, esta Sección encuentra que la acción de tutela presentada
por el señor Bravo Gutiérrez incurre en las causales de improcedencia
contenidas en los numerales 1 y 5 del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de
1991, ya que (a) se interpone contra un acto de carácter general, impersonal
y abstracto y porque (b) el actor cuenta con otros medios de defensa para
procurar la protección de los derechos invocados en la petición de amparo.

Relativo al primer evento (a), la Corte Constitucional ha explicado en su
jurisprudencia que esta causal de improcedencia se justifica en que estos
actos producen efectos generales, ya que no tienen un destinatario particular.
En esa medida, por regla general, no producen situaciones subjetivas
susceptibles de control a través de la acción de tutela. Recuérdese que la
acción de tutela se caracteriza por ser de carácter particular y concreto.

Al respecto en la sentencia T-321 de 19938, el Tribunal Constitucional dijo:
“Cuando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales se
origina en actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas a la
Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su efecto general pernicioso puede
ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos para ello, V.gr.: la
acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y de
restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. Mediante tales instrumentos
se provoca la actuación de un organismo público competente para que, también por vía de
disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad.

8 con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz.
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Demandante: Miguel Ángel Bravo Gutiérrez

Pero no es ése el caso de la tutela. El mismo artículo 6o. del Decreto 2591 establece en
su numeral 5o. que es improcedente la acción "cuando se trate de actos de carácter
general, impersonal y abstracto". Es que lo que se busca con el mencionado mecanismo
es suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos
fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya aplicación
deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes de la
sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las
voces del artículo 7o. del Decreto en mención.”

Entonces, se tiene que la naturaleza de la acción de tutela, en principio, no es
compatible con los efectos que producen los actos de carácter general
impersonal y abstracto, para ello, el Constituyente ha dispuesto mecanismos
judiciales idóneos que permiten cuestionar el contenido de estos actos.

Específicamente, la acción de tutela es improcedente para cuestionar una Ley
de la República, pues se trata de una competencia asignada directamente por
la Constitución a la Corte Constitucional a través de la acción pública de
inconstitucionalidad. Luego, la acción de tutela interpuesta por el accionante
contra la Ley 2159 de 2021 es improcedente en virtud de los establecido en el
numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991.

3.4. En segunda medida (b), la Sala observa que los cargos y pretensiones
presentados por el accionante contra las autoridades accionadas con ocasión
a la aprobación del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, no superan el requisito
de subsidiariedad porque existe otro mecanismo judicial a través del cual los
ciudadanos pueden atacar las leyes de la República, esto es: la acción pública
de inconstitucionalidad.

En esa vía, es pertinente recordar que el conocimiento de la acción pública de
inconstitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional, conforme lo
establece el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, cuyo
contenido textual es el siguiente:
“Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
[…]
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos
contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su
formación, […]”

El proceso de las acciones públicas de inconstitucionalidad está regulado en
el Decreto 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios
y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional”, así como por el
Acuerdo 2 de 2015, por el cual se adopta el Reglamento Interno de dicha
Corporación.

3.5. El análisis de los hechos y fundamentos de la acción de tutela da cuenta de
que la autoridad judicial competente para estudiarlos es la Corte
Constitucional, a través de la acción pública de inconstitucionalidad, cuya
finalidad ha sido destacada por la misma Corporación en la Sentencia C 932
de 2004, cuando ha sostenido:
“El sistema constitucional colombiano consagra como principal mecanismo para el
ejercicio del control de constitucionalidad abstracto la acción de inconstitucionalidad,

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que otorga a todo ciudadano en ejercicio la facultad de acusar ante el máximo órgano
de la jurisdicción constitucional, normas de inferior jerarquía que se estiman contrarias
al ordenamiento superior, a fin de que sean declarados inexequibles mediante una
providencia que hace tránsito a cosa juzgada constitucional.
La Jurisdicción Constitucional se ha establecido por la misma Carta Política como
función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencias judiciales
especiales cuyo cometido consiste en asegurar la integridad y primacía de la
Constitución. El ejercicio de la función de defensa del orden constitucional confiada a la
Jurisdicción Constitucional, contribuye de manera eficaz a configurar la realidad
constitucional como quiera que su misión es que la Constitución trascienda su expresión
formal y se convierta en Constitución en sentido material.
En este sentido, la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la efectividad del
principio fundamental de supremacía de la Constitución (Art. 4 C.P.), debiendo ser ésta
la única motivación del ciudadano, que en desarrollo del deber contenido en el numeral
5 del artículo 95 Superior acude a la jurisdicción constitucional en ejercicio del derecho
político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución (Art. 40-6 C.P.).
[…]

Quedaría así acreditado, para este caso, el elemento de idoneidad9 del
mecanismo judicial que, por antonomasia, debe ejercerse para exponer los
alegatos que por el contenido material de una ley o por vicios en su
procedimiento, hagan que riña con la Constitución Política. Por esa vía, resulta
claro también que no es dable que el juez de tutela se involucre en el análisis
de constitucionalidad de las leyes de la República, porque implicaría
desconocer las competencias del juez natural y soslayar el escenario en el que
debe surtirse ese debate.

Así las cosas, dado que el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez tiene a su
disposición el mecanismo judicial idóneo para exponer ante la autoridad
competente los cargos contra el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, es su
carga agotarlos.

3.6. Ahora bien, en el escrito de tutela se indicó que la acción pública de
inconstitucionalidad no cumple con el requisito de eficacia para satisfacer las
pretensiones de la demanda, porque (i) en razón a la naturaleza de la norma
acusada, su control de constitucionalidad es posterior a la entrada en vigor,
pero lo pretendido es que se tomen medidas durante el trámite legislativo; (ii)
no permite prevenir que la norma surta efectos jurídicos que es lo pretendido
en la acción de amparo.

Pues bien, como se indicó en el acápite de antecedentes, es un hecho notorio
que, en el trámite de esta acción de tutela, fue sancionada y promulgada la
Ley 2159 de 2021. Ante ese cambio de circunstancias, la solicitud de amparo
se torna improcedente, pues, una vez ha sido promulgada la norma a la que
el actor atribuye la violación de sus derechos fundamentales, queda habilitado
el escenario natural para discutir su constitucionalidad, bien para definir si esta
viola las normas que reconocen derechos fundamentales o, incluso, para
definir la falta de competencia del legislador ordinario frente a la modificación
de una norma estatutaria.

9 La Corte Constitucional ha considerado de manera reiterada y pacífica que el mecanismo judicial es idóneo
cuando es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales que se
persigue. Sentencias T-040 de 2016 y T-375 de 2018.
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Ninguno de estos cargos es extraño en la jurisprudencia constitucional, como
lo muestra la sentencia C-818 de 201110. Así, es claro que el control de
constitucionalidad de la ley debe ser posterior y por conducto de la acción
pública de inconstitucionalidad.

Así las cosas, dadas las circunstancias actuales, los cargos de la demanda
deben ser ventilados a través de la acción idónea, esto es: la acción pública
de inconstitucionalidad, se insiste, porque la norma ya fue sancionada y
promulgada.

3.7. En cuanto al presupuesto de eficacia11 de la acción pública de
inconstitucionalidad, la Sala estima pertinente informar que, en la actualidad,
la Corte Constitucional asumió el conocimiento de varias demandas de
inconstitucionalidad que la ciudadanía interpuso contra el mentado artículo 124
de la Ley 2159 de 2021.

Como lo informó la ANDJE, estas demandas fueron acumuladas al expediente
D-14522 y se han proferido 3 autos relevantes12, a saber:

(i) En los autos del 16 de diciembre de 2021 y del 31 de enero de 2022, la
magistrada ponente, Diana Fajardo Rivera, desató el estudio de la etapa
de admisión de las demandas presentadas contra el artículo 124 de la
Ley 2159 de 2021.
En estos proveídos se precisó que las peticiones especiales, formuladas
en varias de las demandas, relativas a (1) dictar medida cautelar de
suspensión de los efectos de la disposición normativa acusada y (2)
otorgar impulso preferente del asunto por razones de urgencia nacional
o trascendencia social, serían resueltas después de que se surtiera la
etapa de admisión de las demandas acumuladas.
(ii) En comunicado Nro. 3 del 10 de febrero de 2022, la Corte Constitucional
informó que, mediante el Auto 123 del año en curso, con ponencia del
magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Sala plena de la Corporación decidió
“impartir trámite de urgencia nacional a los expedientes acumulados de la referencia,
por lo cual deberán ser tramitados y fallados preferentemente según lo dispuesto en el
artículo 9 del Decreto 2067 de 1991, el artículo 63ª de la Ley 270 de 1996, adicionado
por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 y el artículo 42 del Reglamento de la Corte
Constitucional.”13
Entonces, en cuanto al requisito de eficacia del mecanismo judicial, valorado
en términos de duración del proceso, se destaca que el trámite preferente que
se aplicó para el análisis de la disposición normativa acusada, que es la misma
que se cuestiona en esta acción de tutela, garantiza a los ciudadanos
interesados, no solo un análisis expedito por parte del juez competente sobre
la posible incompatibilidad entre la norma y el contenido de la Constitución
Política, sino celeridad en la toma de la decisión.

10 Con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 La Corte Constitucional ha considerado de manera reiterada y pacífica que el mecanismo judicial es eficaz
cuando permite una protección oportuna de los derechos que se estiman vulnerados. Sentencias T-040 de
2016 y T-375 de 2018.
12 Las actuaciones que se han surtido en el proceso de constitucionalidad contra el artículo 124 de la Ley 2159
de 2021, pueden consultarse en la página web de la Corte Constitucional, a través del siguiente enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultac/proceso.php?proceso=1&campo=rad_codigo&
date3=2020-01-01&date4=2022-02-17&todos=%25&palabra=14522
13 Ibídem.
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Esto último, debido a que el artículo 42 del Reglamento Interno de la Corte
permite darles prioridad a estos procesos en el orden del día, una vez
declarada la urgencia nacional. En el mismo sentido, el artículo 32 ibídem
permite exceptuar la regla sobre el tiempo que debe transcurrir entre la
presentación del proyecto de fallo y la deliberación en Sala Plena.

De manera que es dable concluir que la acción pública de inconstitucionalidad
acredita el presupuesto de eficacia, sobre todo si se tiene en cuenta la
declaratoria de urgencia nacional previamente referida.

4. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez, considerando que (i) la
acción de tutela se interpuso contra un acto de carácter general, impersonal y
abstracto -numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991-; y porque (ii) el
demandante cuenta con otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo para la
defensa de sus intereses, como lo es la acción pública de inconstitucionalidad -
numeral 1 del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991-.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Miguel
Ángel Bravo Gutiérrez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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