Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11178-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11178-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-11178-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
16 de junio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11178-01
Demandantes: NIDIA RODRÍGUEZ VARGAS Y OTROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11178-01
Demandantes: NIDIA RODRÍGUEZ VARGAS, ROSANA LOSADA
RODRIGUEZ, DIRLEY LOSADA RODRIGUEZ, GISELA
LOZADA RODRIGUEZ, LEIDY LOSADA RODRIGUEZ,
ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
MENOR EDISON ANDRÉS LOSADA RODRIGUEZ, NIDIA
LOZADA RODRIGIUEZ, GLADIS LOZADA CUELLAR,
CARMEN LOSADA CUELLAR, ANALIDIA LOZADA CUELLAR,
ARBEY LOSADA CUELLAR, MARIA LOURDES CUELLAR DE
LOSADA, MARIA DE LOS ANGELES LOSADA
CUELLAR, ALADINO LOSADA CUELLAR Y JAVIER LOZADA
CUELLAR
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por muerte de recluso en establecimiento
penitenciario. Defecto por desconocimiento del precedente
judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, a través de apoderado judicial, contra la
sentencia de 10 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, en la que negó las pretensiones de la acción.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los accionantes manifestaron que el 27 de marzo de 2012 el señor Rosevel
Losada Cuellar acudió ante el Registrador Municipal de Puerto Guzmán,
Putumayo, con el fin de efectuar el trámite de actualización de su cédula de
ciudadanía, mismo que fue negado, luego de manifestarle que tenía doble
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Demandantes: NIDIA RODRÍGUEZ VARGAS Y OTROS
cedulación, hecho que fue informado a la policía municipal, quienes procedieron a
su captura y posterior detención.
Refirieron que desde el momento de la captura se dio a conocer a los agentes de
policía el delicado estado de salud en que se encontraba el señor Losada Cuellar
y la necesidad urgente de que fuera atendido en un hospital, “súplicas que no
fueron atendidas y en forma displicente le manifestaron que para "andar tras la
guerrilla no le dolía nada", NEGANDOLE la atención medica que requería, omisión
humanitaria que lo llevó dos días después a su muerte”.
Sostuvieron que a pesar del estado de salud y el cuadro que presentaba el señor
Losada Cuellar, “quien también respondía al nombre de Alberto Barrera Correa
por efecto de la doble cedulación”, este fue trasladado a la ciudad de Mocoa para
ser judicializado y ordenada su detención intramural en el establecimiento
penitenciario de mediana seguridad y carcelario municipal, en donde falleció el día
29 de marzo de 2012, a las 22:20 pm.
Refirieron que, por considerar que el establecimiento carcelario no prestó la
atención humanitaria requerida por el señor Losada Cuellar, al no remitirlo en
forma inmediata, eficaz y oportuna para que se le prestara asistencia médica, a
pesar de conocer su estado de salud, lo que se tradujo en su muerte, en ejercicio
del medio de control de reparación directa solicitaron la declaratoria de
responsabilidad administrativa y patrimonial del Ministerio de Defensa Nacional,
la Policía Nacional, la Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, Inpec, por los perjuicios morales y materiales que les fueron
ocasionados con la muerte de aquel en establecimiento carcelario.
Sostuvieron que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa, que en sentencia de 27 de marzo de 2019,
negó las pretensiones de la demanda, luego de concluir que i) no obraba prueba
en el expediente del requerimiento de atención médica “del señor Barrera Correa”
previo al traslado para su judicialización, ni del grave estado de salud que se
manifestó en los hechos de la demanda, ii) que no se encontró responsabilidad
alguna por parte de la Rama Judicial en la medida que su proceder se ajustó a
derecho y, en todo caso, el señor Barrera Correa y su defensora, teniendo la
posibilidad de hacer las solicitudes del caso para informar al Juez de Control de
Garantías de su estado de salud, no lo hicieron, y que, iii) si bien la muerte del
señor Barrera Correa ocurrió bajo la custodia del Inpec, no está probado que su
muerte estuviese ligada a alguna omisión estatal de retrasar o demorar la atención
médica o la remisión por urgencias, máxime cuando no estaba probado que al
ingreso al establecimiento carcelario el detenido haya presentado alguna
enfermedad evidente que requiriera una atención especial.
Por último, adujeron que luego de que apelaran la sentencia de primera instancia,
el Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia de 20 de mayo de 2021, la
confirmó, tras considerar que en el caso no se presentaron registros médicos
donde se constataran las patologías del señor Losada, ni se informó un
diagnóstico claro sobre su condición de salud, por lo que de la actuación de las
demandadas no podía desprenderse la responsabilidad reclamada.
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2. Fundamentos de la acción
Los accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la salud, a la dignidad humana, a la vida, a la
igualdad, a la integridad personal de una persona privada de la libertad y los
principios de prioridad, inmediatez, oportunidad, eficiencia, integralidad, origen de
la pérdida de oportunidad de vida y de sobrevivir, a la reparación integral, a la
verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición, vulnerados, supuestamente,
por las sentencias de 20 de mayo de 2021 y 27 de marzo de 2019, mediante las
cuales las autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones de la
demanda, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron
contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Rama Judicial y el
Inpec, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la
muerte del señor Rosevel Losada Cuellar mientras se encontraba detenido en
establecimiento penitenciario.
Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, de los que resaltó el
cumplimiento de la relevancia constitucional por cuanto “el núcleo familiar
LOSADA RODRIGUEZ que como está fielmente documentado, donde vivieron
la pérdida de la vida de su esposo, padre y hermano ROSEVEL LOSADA
CUELLAR Y/O ALBERTO BARRERA CORREA(Q.E.P.D.) por efectos de la
doble cedulación, porque las instituciones constitucionalmente encargadas de
salvaguardar la vida, honra y bienes de estos colombianos, no ejercieron
protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de una persona
privada de la libertad”, indicaron que, en su criterio, las sentencias objetadas
incurren en i) defecto procedimental absoluto, por cuanto no valoraron los
elementos probatorios que demostraban que las entidades demandadas eran
responsables por la omisión en la prestación de los servicios de salud del señor
Losada Cuellar, lo que determinó su fallecimiento.
Sostuvieron que el defecto procedimental se configura concretamente porque las
autoridades judiciales accionadas i) sostuvieron que era obligación de la víctima o
de sus familiares aportar un diagnóstico médico que diera cuenta de las
enfermedades o dolencias que aquel presentaba al momento de la captura; ii)
exoneraron de responsabilidad a la Policía Nacional, por el simple hecho de que
remitió al capturado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
sin atención a que la valoración por el médico forense no cumplió con las
condiciones previstas en el reglamento y, en todo caso, no tenía la finalidad de
detectar las condiciones físicas del detenido, sino que se hubieran respetado los
derechos y su integridad física en el procedimiento policial, iii) determinaron que
los interesados no probaron la falla de la rama judicial porque no existió ninguna
solicitud escrita o verbal por parte de la víctima o de sus familiares ante la Fiscalía
General de la Nación, el Ministerio Público o el juez con función de control de
garantías para la sustitución de la detención por el estado de salud del señor
Barrera Correa, cuando lo cierto era que el funcionario judicial contaba con
suficientes elementos probatorios para advertir el grave estado de salud del
indiciado, iv) cambiaron y aplicaron de manera incorrecta el título de imputación de
responsabilidad del INPEC, en tanto que los casos de lesiones o muerte de las
personas privadas de la libertad o de graves violaciones de sus derechos
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humanos, debe analizarse bajo el régimen objetivo y no por la falla en el servicio, y
v) inadvirtieron las falencias existentes en el trámite de ingreso del señor Losada
Cuellar al Centro Carcelario y Penitenciario de Mocoa, tales como, la ausencia del
examen médico de ingreso y, con ello, la negligencia y retraso en la atención de
salud requerida. Sobre el particular, advirtieron que no valoraron la reseña del
detenido y las fotografías que daban cuenta de su grave estado de salud ni las
declaraciones de los señores ldilfo Volivar Villacorte Rodríguez, director del centro
carcelario para la época de los hechos, y del dragoneante Jairo Giovanny
Chamorro.
De otra parte, indicaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en ii)
violación directa de la Constitución, en tanto, indicaron, a pesar de contar con
suficientes medios de prueba y haberse observado la rigurosidad procesal en la
presentación de la demanda, negaron el derecho a la reparación integral. Adujeron
que el defecto alegado también se configura por cuanto aplicaron un régimen de
imputación equivocado y desatendieron la jurisprudencia del Consejo de Estado,
en la que se determinó que en casos de lesiones o muerte de personas privadas
de la libertad, el régimen aplicable es el objetivo, para lo cual citaron las
sentencias del Consejo de Estado de 28 de abril de 2010, radicado 18271; 30 de
enero de 2013, radicado 2011-01156; 13 de agosto de 2014, expediente 2003-
00344; 19 de noviembre de 2015, expediente 2001-00218 y 31 de agosto de 2016,
expediente (AC) 2016-00302 y la sentencia T-391 de 2015 de la Corte
Constitucional.
Alegaron que las providencias objeto de tutela incurren en un iii) defecto fáctico,
por la valoración defectuosa de las pruebas allegadas al proceso, en concreto del
examen médico forense de Medicina Legal, “pues aquel no cumplió con la
rigurosidad prevista en el reglamento forense y su finalidad no fue otra que definir
si existían o no huellas externas que evidenciaran algún tipo de maltrato en el
proceso de captura, pero no determinar el estado de salud del señor Barrera
Correa y, en ese entendido, no podía utilizarse como una prueba para desvirtuar la
responsabilidad de la Policía Nacional”, y de las pruebas que daban cuenta de que
el juez con funciones de control de garantías, al momento de la audiencia de
legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento conocía el
grave estado de salud del indiciado, puesto que la Fiscalía General de la Nación
entregó el Informe Ejecutivo y leyó su contenido en la diligencia y, en ese
documento, se advirtió por parte de los agentes policiales que el señor Barrera
Correa fue trasladado a Mocoa con mucho cuidado debido a su condición médica.
De igual forma, explicaron que las autoridades judiciales accionadas no valoraron
las declaraciones del dragoneante Jairo Giovanny Chamorro y del señor ldilfo
Bolivar Villacorte Rodríguez, director del centro carcelario para la época de los
hechos, ni el Oficio suscrito por la señora Alba Milena Acosta Perenguez, en el
cual indicó que no existía ningún archivo o historia clínica en el área de sanidad
del INPEC, Regional Mocoa, del señor Alberto Correa Barrera, “pruebas que
demostraban que al detenido no se le practicó el examen médico de ingreso en el
Centro Carcelario y Penitenciario de Mocoa y que, por esa razón, no se le brindó
la atención médica urgente que requería”.
Finalmente, indicaron que existió una indebida valoración de las pruebas
documentales con las que se acreditaba que el INPEC, “a pesar de tener la
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condición de garante respecto a la persona privada de la libertad, no suministró
atención médica eficiente y oportuna y que, por el contrario, transcurrieron más de
15 horas entre el ingreso al centro de reclusión y la remisión al hospital local, lo
cual conllevó la muerte del interno”. Agregaron que ese retraso produjo la pérdida
de la oportunidad de sobrevivir y mejorarse de las patologías padecidas, por lo
que en el caso debió declararse la responsabilidad de las entidades demandadas,
“máxime cuando existían otras contradicciones, tales como la declaración del
entonces director del penal frente a que, en primer lugar, la muerte ocurrió en ese
lugar y no en el establecimiento médico y, en segundo, que el señor Barrera
Correa no tenía familiares conocidos y, por ende, era necesario solicitar ayuda de
las autoridades locales para su sepelio”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la DIGNIDAD HUMANA,
A LA VIDA, A LA IGUALDAD, SERVICIO A LA SALUD Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL y LA INTEGRIDAD PERSONAL DE UNA PERSONA PRIVADA
DE LA LIBERTAD BAJO LOS PRINCIPIOS DE PRIORIDAD, INMEDIATEZ.
OPORTUNIDAD, EFICIENCIA. E INTEGRALIDAD ORIGEN DE LA PERDIDA
DE OPORTUNIDAD DE VIDA Y DE SOBREVIVIR, A LA REPARACIÓN
INTEGRAL, A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LAS GARANTIAS DE NO
REPETICIÓN, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, consagrados en el preámbulo y en los artículos 2, 11, 13, 29, 42,
49, 51, y 229 de la Constitución Política, en los Tratados y Convenciones
Internacionales suscritas y ratificados por Colombia, que conforman el Bloque
de Constitucionalidad y el flagrante desconocimiento del PRECEDENTE
JURISRUDENCIAL de obligatorio acatamiento, vulneraciones que se
presentaron dentro de las providencias judiciales: (1) Sentencia de primera
instancia de fecha 27 de marzo de 2019 proferida por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA -PUTUMAYO - DR.
VLADIMIR ENRIQUE HERRERA MORENO y (11) Sentencia de segunda
instancia de fecha 20 de mayo de 2021 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN-
M.P. DRA ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO
JURIDICO en su integridad la providencias judiciales: (1) Sentencia de primera
instancia de fecha 27 de marzo de 2019 proferida por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA – PUTUMAYO - DR.
VLADIMIR ENRIQUE HERRERA MORENO y (2) Sentencia de segunda
instancia de fecha 20 de mayo de 2021 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN- M.P. ORA
ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA.
TERCERO: Dentro del término de ley, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN- M.P. DRA
ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA, dictar una nueva sentencia de segunda
instancia garantizando los derechos humanos y los derechos fundamentales
del núcleo familiar LOSADA RODRIGUEZ, bajo los lineamientos y parámetros
establecidos para la época en que se presentó el medio de control de
reparación directa, con el fin de garantizar el derecho al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a los principios de seguridad jurídica y
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legalidad y demás derechos vulnerados a la salud, la integridad personal, la
dignidad humana y la vida bajo LOS PRINCIPIOS DE PRIORIDAD.
INMEDIATEZ, OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, E INTEGRALIDAD ORIGEN DE
LA PERDIDA DE OPORTUNIDAD DE VIDA Y DE SOBREVIVIR.
CUARTO: Dentro del término de ley, ORDENAR al ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN- M.P. DRA
ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA, realizar una valoración objetiva de los
medios de prueba que demuestran la vulneración de los derechos humanos y
los derechos fundamentales del núcleo familiar LOSADA RODRIGUEZ, bajo
los lineamientos y parámetros establecidos para la época en que se presentó el
medio de control de reparación directa, con el fin de garantizar el derecho al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a los principios de
seguridad jurídica y legalidad y demás derechos vulnerados a la salud, la
integridad personal, la dignidad humana y la vida bajo LOS PRINCIPIOS DE
PRIORIDAD, INMEDIATEZ, OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, E INTEGRALIDAD
ORIGEN DE LA PERDIDA DE OPORTUNIDAD DE VIDA Y DE SOBREVIVIR”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el medio
de control de reparación directa Nº 2014-00277-01, actor: María Lourdes Cuellar y
otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 27 de enero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, admitió la demanda y ordenó notificar a los accionantes y a las
autoridades judiciales accionadas. Igualmente, al Inpec, a la Rama Judicial, a los
demás demandantes en el proceso de reparación directa y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad rindió informe en el que solicitó
que la acción de tutela sea declarada improcedente, por cuanto, indicó, la solicitud
incumple el requisito de la subsidiaridad, puesto que los accionantes no interpusieron
el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia
cuestionada y, en ese entendido, no pueden desconocer una decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada.
Agregó que la Corte Constitucional ha determinado que las decisiones de los jueces
no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario
diferente al del proceso, que carece de competencia para decidir sobre el asunto en
cuestión, de ahí que no encaje en nuestro orden constitucional un sistema que
permita al juez de tutela invadir el ámbito de otras jurisdicciones para decidir puntos
de derecho que la propia Carta ha reservado al conocimiento de éstas.
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6.2. Respuesta de la Policía Nacional
El jefe del área jurídica de la institución rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la acción, por cuanto, adujo, no existe una
vulneración de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, ni se
configuran los defectos alegados en la decisión cuestionada.
Sostuvo que, de un lado, en el caso concreto no podía acudirse al régimen de
responsabilidad objetivo, en el entendido de que el daño se atribuía a la prestación
del servicio médico en centros carcelarios y, de otro, no existió una indebida
valoración de las pruebas allegadas al proceso.
Respecto de la valoración probatoria, indicó que el examen del acervo probatorio
permitió concluir que no existía ningún antecedente o dictamen médico que
permitiera inferir que la Policía Nacional tuvo conocimiento del estado de salud del
señor Alberto Barrera Correa, o que debiera prestarle asistencia inmediata.
Expuso que el tribunal accionado negó la prosperidad de las pretensiones de
reparación directa en tanto la parte demandante no acreditó los elementos de
responsabilidad frente a las entidades demandadas. Particularmente, frente a la
Policía Nacional, advirtió que los agentes de policía a cargo de la captura del
señor Barrera Correa atendieron las manifestaciones del capturado sobre su
estado de salud al trasladarlo de manera cuidadosa hasta la ciudad de Mocoa
inmediatamente después de su identificación, y al solicitar la valoración por parte
del profesional competente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
con el propósito de determinar su estado clínico.
6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente notificados, guardaron silencio.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 10 de
febrero de 2022, negó las pretensiones de la acción.
En primer lugar, sostuvo que las decisiones a las que aluden los solicitantes del
amparo no constituyen un precedente judicial aplicable al sub lite, en los términos
de la Ley 1437 de 2011, y que, aunado a lo anterior, se denota que dos de estos
pronunciamientos fueron proferidos en sede de tutela, por lo que sus efectos son
inter partes y no podía imponerse a la autoridad judicial accionada su observancia,
máxime cuando lo discutido no es el alcance otorgado a derechos fundamentales.
Afirmó que, contrario a lo expuesto por la parte accionante, en la demanda de
reparación directa que instauraron en contra del Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, Rama Judicial y el Inpec, los actores solicitaron que
se declarara su responsabilidad por la falla en el servicio derivada de la
omisión en la prestación de la atención médica requerida por el señor Alberto
Barrera Correa, por lo cual no resultaba de recibo que ahora en esta sede
pretendan poner de presente la configuración de un desconocimiento por la no
aplicación de un régimen objetivo. En todo caso, aclaró que el juez contencioso
administrativo, en atención al principio iura novit curia, podía analizar las
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particularidades del caso y la responsabilidad de las entidades demandadas
bajo el título de imputación que considerara aplicable y, en esos términos,
procedió a estudiar la estructuración de las fallas alegadas por la parte
demandante, por lo que el defecto por desconocimiento del precedente alegado no
se configuró.
Adujo que, en todo caso, el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de
20 de mayo de 2021, resolvió el disenso que los demandantes plantearon en el
recurso de apelación que interpusieron frente a la aplicación incorrecta del título
subjetivo de imputación para declarar la responsabilidad administrativa y, frente a
ello, explicó que, si bien el criterio de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
los casos de lesiones o muerte de personas privadas de la libertad acaecidos en el
tiempo de la reclusión era el de aplicar el título de imputación del daño especial, lo
cierto era que el órgano de cierre, en varios pronunciamientos, determinó que
cuando se alega una indebida prestación del servicio de salud por parte de las
entidades encargadas de la atención, protección y vigilancia de reclusos en
establecimientos carcelarios, debe demostrarse la falla del servicio.
De otra parte, respecto del defecto fáctico alegado, sostuvo que i) en la sentencia
objeto de cuestionamiento, se refirió de manera específica y detalló el contenido
de la orden de captura 007 del 17 de marzo de 2012, del Informe Ejecutivo
FPJ-3 del 27 del mismo mes y año y de la solicitud suscrita por el Patrullero
Carlos Alberto Rivera Osario ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses para la valoración médico legal del señor Barrera, ii)
que no existía ningún elemento probatorio que demostrara que el juez a cargo de
la diligencia donde se impuso la medida de aseguramiento de reclusión en un
centro carcelario al señor Barrera Correa tuviera conocimiento del estado de salud
de aquel, en tanto que ni él, durante las intervenciones u oportunidades que tuvo
para participar en las audiencias preliminares, mencionó que tuviera algún
quebranto de salud, ni la defensa hizo alusión a ninguna circunstancia médica
especial, y iii) que el tribunal accionado valoró los documentos y declaraciones
relativos al ingreso del señor Alberto Barrera Correa al Centro Carcelario y
Penitenciario de Mocoa, EPMSC, entre los cuales se encuentran el Libro de
Minutas del Comando de Guardia Interna del INPEC, la reseña decadactilar,
la orden de remisión a la E.S.E. Hospital José María Hernández, los oficios 544
del 30 de marzo de 2012 y del 5 de agosto de 2013 suscritos por los directores del
centro penitenciario y los testimonios de ldilfo Bolívar Villacorte Rodríguez y del
dragoneante Jairo Giovanny Juagibioy Chamorro.
Expresó que, así las cosas, la inconformidad de los accionantes frente a la
omisión por parte de las autoridades judiciales de las pruebas documentales y
testimoniales relativas a la falla en el servicio no tenían asidero alguno, puesto que
la autoridad judicial accionada sí consideró las pruebas a las que hacían
referencia los accionantes, distinto es que la conclusión no haya sido la
esperada por aquellos.
Finalmente, indicó que, en cuanto a la desatención de las garantías
constitucionales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral y los derechos a
la salud, integridad personal y saneamiento básico de las personas privadas de la
libertad, de acuerdo con las conclusiones anteriores, en el caso no se configuraron
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las causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de la
providencia judicial cuestionada y, por tanto, no existe una transgresión de los
derechos mencionados.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
escrito en el que reiteró cada uno de los argumentos del escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 10 de febrero de 2022, en la que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, negó las pretensiones de la acción, y
si conforme al dicho del actor en la acción de tutela, las sentencias objetadas
incurrieron en i) defecto procedimental absoluto, por cuanto no valoraron los
elementos probatorios que demostraban que las entidades demandadas eran
responsables por la omisión en la prestación de los servicios de salud del señor
Losada Cuellar, lo que determinó su fallecimiento, ii) violación directa de la
Constitución Política, en tanto, indicaron, a pesar de contar con suficientes
medios de prueba y haberse observado la rigurosidad procesal en la presentación
de la demanda, negaron el derecho a la reparación integral y desatendieron la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se determinó que en casos de
lesiones o muerte de personas privadas de la libertad, el régimen aplicable es el
objetivo, contenido en las sentencias del Consejo de Estado de 28 de abril de
2010, radicado 18271; 30 de enero de 2013, radicado 2011-01156; 13 de agosto
de 2014, expediente 2003-00344; 19 de noviembre de 2015, expediente 2001-
00218 y 31 de agosto de 2016, expediente (AC) 2016-00302 y la sentencia T-391
de 2015 de la Corte Constitucional, iii) defecto fáctico, por la valoración
defectuosa de las pruebas allegadas al proceso, en concreto del examen médico
forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las
pruebas que daban cuenta de que el juez con función de control de garantías, al
momento de la audiencia de legalización de la captura e imposición de medida de
aseguramiento conocía el grave estado de salud del indiciado, y las declaraciones
del dragoneante Jairo Giovanny Chamorro y del señor ldilfo Bolivar Villacorte
Rodríguez.
De manera previa, en tanto se observa una similitud sustancial entre los
argumentos que sustentan la presente solicitud de tutela con los esgrimidos por el
accionante en el recurso de apelación presentado ante la sentencia de primera
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instancia que negó las pretensiones, corresponde a la Sala verificar si la solicitud
cumple con el requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
consistente en la relevancia constitucional, necesaria para el estudio de fondo de
los argumentos que soportan la impugnación presentada.
Esta condición de procedencia de tutelas contra providencias judiciales es
susceptible de verificación, en segunda instancia, aun cuando el fallo inicial haya
decidido de fondo, como una garantía de los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
3 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el presente caso, la parte accionante considera que las sentencias de 27
de marzo de 2019 y 20 de mayo de 2021, mediante las cuales las autoridades
judiciales accionadas negaron las pretensiones de la demanda, en el marco del
medio de control de reparación directa que promovieron contra el Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, Rama Judicial y el Inpec, con el fin de que se
les declarara administrativamente responsables por la muerte del señor Rosevel
Losada Cuellar, incurren en i) defecto procedimental absoluto, por cuanto no
valoraron los elementos probatorios que demostraban que las entidades
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demandadas eran responsables por la omisión en la prestación de los servicios de
salud del señor Losada Cuellar, lo que determinó su fallecimiento, ii) violación
directa de la Constitución, en tanto, indicaron, a pesar de contar con suficientes
medios de prueba y haberse observado la rigurosidad procesal en la presentación
de la demanda, negaron el derecho a la reparación integral, y desatendieron la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se determinó que en casos de
lesiones o muerte de personas privadas de la libertad, el régimen aplicable es el
objetivo, contenido en las sentencias del Consejo de Estado de 28 de abril de
2010, radicado 18271; 30 de enero de 2013, radicado 2011-01156; 13 de agosto
de 2014, expediente 2003-00344; 19 de noviembre de 2015, expediente 2001-
00218 y 31 de agosto de 2016, expediente (AC) 2016-00302 y la sentencia T-391
de 2015 de la Corte Constitucional, y iii) defecto fáctico, por la valoración
defectuosa de las pruebas allegadas al proceso, en concreto del examen médico
forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las
pruebas que daban cuenta de que el juez con función de control de garantías, al
momento de la audiencia de legalización de la captura e imposición de medida de
aseguramiento conocía el grave estado de salud del indiciado, y las declaraciones
del dragoneante Jairo Giovanny Chamorro y del señor ldilfo Bolivar Villacorte
Rodríguez.
En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en
sentencia de 10 de febrero de 2022, negó las pretensiones de la acción, luego de
considerar que i) el defecto por desconocimiento del precedente judicial alegado
no se configuraba porque las decisiones a las que aluden los solicitantes del
amparo no constituyen precedente judicial aplicable al sub lite, en los términos de
la Ley 1437 de 2011, ii) en la demanda de reparación directa que instauraron
en contra del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Rama Judicial y
el Inpec, los actores solicitaron que se declarara su responsabilidad por la
falla en el servicio derivada de la omisión en la prestación de la atención
médica requerida por el señor Alberto Barrera Correa, por lo cual no resultaba
de recibo que ahora en esta sede pretendan poner de presente la
configuración de un desconocimiento por la no aplicación de un régimen
objetivo, iii) el defecto fáctico alegado, no se configuraba, pues la autoridad judicial
accionada sí consideró las pruebas a las que hacían referencia los
accionantes, distinto es que la conclusión no haya sido la esperada por
aquellos, y iv) en el caso no existió vulneración de los derechos a la vida, a la
dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la reparación integral y los derechos a la salud, integridad personal y
saneamiento básico de las personas privadas de la libertad.
En la impugnación, el accionante solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia, en escrito en el que reiteró los mismos argumentos planteados
inicialmente en la solicitud.
4.2. En el presente caso, como se anotó, los argumentos que sustentan la
presente solicitud coinciden con los que soportaron el recurso de apelación
presentado por los accionantes frente a la sentencia de 27 de marzo de 2019,
mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa negó,
en primera instancia, las pretensiones de la demanda de reparación directa, por lo
que el debate propuesto ya fue resuelto de manera suficiente por los jueces de
conocimiento de primera y segunda instancia y, en tal razón, conforme con las
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reglas jurisprudenciales antes transcritas, no puede el juez constitucional darle
continuidad a esa discusión litigiosa que no involucra un verdadero debate
constitucional que deba ser susceptible de estudio de fondo.
La anterior situación es evidenciada a lo largo de la solicitud de amparo, en la que
se hace una extensa alusión a los argumentos planteados en el mencionado
recurso de apelación, a partir de los cuales se construyen los defectos aquí
alegados, y pueden evidenciarse del resumen que de estos hizo el tribunal
accionado en la sentencia de segunda instancia, de 20 de mayo de 2021,
aportada con la demanda, del que se observa una coincidencia absoluta en los
fundamentos de derecho allí esgrimidos con los aquí presentados, por lo que la
Sala revocará el fallo de primer a instancia que negó las pretensiones y declarará
la improcedencia de la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional.
En efecto, del mencionado escrito de apelación se observa que los argumentos
conforme con los cuales i) en el caso se desconoció la jurisprudencia del Consejo
de Estado aplicable al caso, contenido en las sentencias de 28 de abril de 2010,
radicado 18271; 30 de enero de 2013, radicado 2011-01156; 13 de agosto de
2014, expediente 2003-00344; 19 de noviembre de 2015, expediente 2001-00218
y 31 de agosto de 2016, ii) la Rama Judicial no actuó bajo los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y prioridad, y optó por decretar la medida de
aseguramiento intramural sin tener en cuenta el precario estado de salud del
señor Losada Cuellar y iii) en el caso se dejaron de valorar adecuadamente las
prueba relacionadas con el examen médico de ingreso realizado por el Inpec y los
testimonios del Director de la Cárcel Judicial de Mocoa y del dragoneante Jairo
Giovany Chamorro, son los mismos que fundamentan los defectos procedimental
y fáctico alegados en la presente solicitud, lo que evidencia que su presentación
en la presente solicitud de amparo no se da como consecuencia de la vulneración
de garantías fundamentales, sino como continuación de la discusión ya zanjada
sobre la normativa aplicable en la liquidación de perjuicios. Allí se indicó:
“1.3. Apelación:
La parte demandante manifestó su inconformidad con el fallo de primera
instancia, en los siguientes términos:
Afirmó que la sentencia de primera instancia "viola directamente la ley
sustancial al aplicar indebidamente el régimen y título de imputación
originado en personas privadas de la liberlad y desconocimiento del
precedente jurisprudencial", y enseguida afirmó que el fallecimiento del
señor Alberto Barrera Correa se produjo cuando estaba bajo custodia del
INPEC, entidad que por mandato jurisprudencial y en virtud de los tratados
internacionales ratificados por Colombia tenía que ejercer una posición de
garante frente al procesado.
Insistió en la aplicación del régimen objetivo para los casos en que se
demandaba la responsabilidad extracontractual del Estado por la muerte
de un recluso y transcribió in extenso la sentencia del 11 de agosto de
2010, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicación
18.886; la sentencia del 30 de enero de 2013, radicación 25573 y la
sentencia del 14 de junio de 2018 del Tribunal Administrativo de Boyacá”.
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A continuación, señaló sobre los argumentos que configuran el defecto
procedimental alegado en la presente solicitud lo siguiente:
“Arguyó que el a quo estudió el caso bajo el régimen de falla del servicio,
transcribió nuevamente las pretensiones de la demanda y aseveró la primera
instancia "al aplicar un régimen de responsabilidad totalmente diferente y
direccionar el proceso apartándose de los hechos y pretensiones
plasmadas en el escrito de la demanda, está desconociendo los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad" y
concretamente del señor Alberto Barrera Correa por las siguientes razones:
a. El procesado estuvo privado de la libertad desde el 27 de marzo de
2012 y las entidades demandadas no podían imponer una limitación adicional
e injustificada de sus derechos.
b. El procesado y su esposa informaron a las autoridades desde el
momento de la captura sobre el estado de salud del señor Barrera Correa,
pero la Policía Nacional y la Rama Judicial desconocieron sus derechos
fundamentales.
c. La Rama Judicial no actuó bajo los criterios de proporcionalidad,
razonabilidad y prioridad, y optó por decretar la medida de aseguramiento
intramural, sin tener en cuenta el precario estado de salud de la víctima.
d. El procesado murió estando en custodia del INPEC, entidad que no
prestó una "atención humanitaria al no remitir al interno en forma inmediata,
eficaz y oportuna para que se le prestara asistencia médica (.. .) a pesar de
conocer su estado de salud, origen de la pérdida de oportunidad de vida y de
sobrevivir que se tradujo en su muerte".
e. El INPEC no tuvo en cuenta la relación de especial sujeción generada
frente al procesado.
Subrayó que bajo el régimen de responsabilidad objetiva la carga de la prueba
estaba en cabeza de la parte demandada; y agregó que la aplicación del
régimen subjetivo, cuando en realidad correspondía el de carácter objetivo
implicaba una afectación sustancial y procedimental dada la alteración de las
cargas probatorias, con lo cual, además, se trasgredían los derechos
fundamentales de las partes”.
Así mismo, señaló lo siguiente sobre la valoración probatoria, argumentos que
soportan el defecto fáctico alegado en la solicitud de amparo:
“Sugirió que si el a quo hubiera tenido en cuenta la relación fáctica y
probatoria de la teoría del caso, a los demandados les hubiera
correspondido demostrar:
(i) que cumplieron con sus obligaciones en punto del cumplimiento de los
protocolos establecidos para aquellos eventos en que una persona era
capturada e ingresada a un centro penitenciario; (ii) que el INPEC realizó el
examen médico de ingreso; (iii) que el daño ocurrió por una causa extraña, es
decir, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima; (iv) que en la
Cárcel Judicial de Mocoa existía un área de sanidad que prestaba un servicio
de salud oportuno, permanente, eficaz y eficiente, sin embargo, el señor
Barrera Correa fue remitido muchas horas después de su ingreso; (v) y que se
dio aviso de la muerte del procesado a su esposa.
También manifestó que mientras el Director de la Cárcel Judicial de Mocoa
afirmó, bajo la gravedad de juramento, que el fallecimiento del señor Alberto
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Barrera Correa se produjo dentro del centro penitenciario, la historia clínica
indicaba que la muerte tuvo lugar en el Hospital José María Hernández, lo cual
no permitía probar que la institución carcelaria actuara bajo los parámetros de
organización integral, eficiencia y eficacia; y que, de hecho, tal situación debió
motivar una investigación disciplinaria.
A continuación, refirió otras piezas probatorias para resaltar que el INPEC
incurrió en una violación de los derechos fundamentales del señor Alberto
Barrera Correa.
Manifestó que la sentencia de primera instancia violó la ley sustancial al
realizar un falso juicio de existencia por omisión y por suposición, puesto que
en la declaración rendida por el director de la Cárcel Judicial de Mocoa nunca
se afirmó que al señor Alberto Barrera Correa se le hubiera practicado examen
de ingreso, manifestación que tampoco fue realizada por el dragoneante Jairo
Giovany Chamorro durante su testimonio, quien, incluso, agregó que la reseña
del detenido se hizo desde la camilla en la que se encontraba en el área de
sanidad porque no podía ponerse de pie. (…)
Señaló que la primera instancia no valoró bajo los criterios de "responsabilidad
objetiva que entre el momento de ingreso del señor BARRERA CORREA y la
remisión al Centro Hospitalario de Mocoa habían transcurrido más de 12
horas, tiempo suficiente para que cualquier persona con cierto grado de
afectación a su salud, estuviera avocada a la pérdida de chance de vida". (…)
Indicó que la sentencia de primera instancia incurría en un error de
apreciación de la prueba por falso juicio de identidad, puesto que frente
a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional el examen médico
forense tuvo como objetivo determinar si en el trámite y proceso de
captura se presentaron lesiones personales o agresiones físicas por
parte de los uniformados que invalidaran el procedimiento de
aprehensión, o si el procesado presentaba lesiones externas
determinantes para ser acreedor de una incapacidad médico forense que
sirviera de prueba en el proceso penal.
Adujo que el concepto de medicina legal indicaba que no existían huellas de
una lesión reciente, pero nunca advirtió el estado integral de salud del señor
Barrera Correa, motivo por el cual la interpretación que al respecto efectuó la
primera instancia evidenciaba una distorsión sobre el sentido y el contenido de
este medio probatorio.
Criticó que se no tuvieran en cuenta pruebas como el informe ejecutivo de
fecha 27 de marzo de 2012, en el cual se daba cuenta del traslado del
investigado desde el Municipio de Puerto Guzmán, hasta la ciudad de Mocoa
con la advertencia de que aquel se encontraba en regular estado de salud, lo
cual se confirmó, además, con el testimonio del uniformado Andrés Felipe
Lizcano.
Recordó que los derechos fundamentales del señor Alberto Barrera Correa
estaban reducidos en virtud de la captura, de modo que el Estado por
intermedio de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional asumió una
posición de garante y de salvaguarda de sus garantías fundamentales.
En cuanto a la responsabilidad extracontractual de la Rama Judicial,
advirtió que en el audio de las diligencias preliminares constaba que se
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dio lectura por parte de la Fiscalía al informe ejecutivo del 27 de marzo
de 2012 en el que los agentes de la policía consignaron la petición del
señor Alberto Barrera atinente a su traslado hasta la ciudad de Mocoa en
atención a su estado de salud, información que fue obviada por el
respectivo juez de garantías”.
Esta situación permite entrever que en el presente caso se utilizan como
fundamento del amparo pretendido los mismos argumentos de derecho usados en
el recurso de apelación de la sentencia que negó las pretensiones, esto es, los
relacionados con i) la aplicación del régimen objetivo para los casos en que se
demandaba la responsabilidad extracontractual del Estado por la muerte de un
recluso y el desconocimiento de ii) la valoración de las pruebas relacionadas con
la omisión en la prestación de los servicios de salud al señor Losada Cuellar, iii) la
omisión del juez con función de control de garantías para ordenar la sustitución de
la detención por el estado de salud del señor Losada Cuellar y iv) la valoración
defectuosa de las pruebas allegadas al proceso, en concreto de aquellas que
demostraban una actuación irregular por parte del Inpec por no haber remitido en
forma inmediata y eficaz al señor Losada Cuellar para que recibiera la atención
médica requerida, el examen médico forense de Medicina Legal, y las
declaraciones del dragoneante Jairo Giovanny Chamorro y del señor ldilfo Bolivar
Villacorte Rodríguez, solo que esta vez se presentan como defectos procedimental
y fáctico, lo que evidencia la ausencia del requisito de relevancia constitucional de
la solicitud, por lo que la Sala revocará el fallo impugnado y declarará la
improcedencia de la misma.
4.4. De igual forma, del análisis de la sentencia objetada, se observa que en esta
el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió íntegramente los argumentos puestos
a consideración por la parte demandante, en donde, con base en la totalidad de
las pruebas obrantes y las normas aplicables, concluyó que en el caso no estaba
acreditado que las entidades demandadas fueran extracontractualmente
responsables de la muerte del señor Losada Cuellar, luego de considerar que la
policía atendió sus manifestaciones respecto de su estado de salud y procuró su
traslado desde Puerto Guzmán hasta Mocoa en forma cuidadosa y lo llevó ante el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que fuese
evaluado, y que en las audiencias preliminares no se elevó ninguna solicitud ni el
imputado y su defensa ni siquiera mencionaron, aún en forma somera y breve, que
éste padecía quebrantos de salud.
Al respecto, indicó lo siguiente sobre la ausencia de responsabilidad de la Policía
Nacional en el caso:
“De la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional:
Se arguye en el recurso de apelación que la víctima se encontraba retenida
desde el 27 de marzo de 2012 y que las entidades demandadas, entre ellas, la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional no podía imponer una
limitación adicional de sus derechos, afirmación que la Sala comparte
lógicamente, sin embargo, no es del todo cierto que esta entidad demandada
hubiera agregado una trasgresión de las garantías del señor Barrera Correa,
por las razones que enseguida se esgrimen: (…)
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Así, pese a que medicina legal no encontró que el capturado hubiera sido
objeto de agresiones físicas por parte de los uniformados, si el señor Barrera
Correa hubiera advertido al personal médico forense que estaba padeciendo
quebrantos de salud y que su condición no era la más óptima, el Instituto
Nacional de Medicina Legal podía, como ya se dijo, advertir, identificar y
ordenar su remisión a un centro médico hospitalario donde se le pudiera
atender, sin embargo, ante el silencio del precitado, la valoración de medicina
legal contiene una conclusión sobre la inexistencia de lesiones visibles en su
cuerpo, con base, precisamente, en el relato que la propia víctima ofreció.
(…)”.
Por su parte, respecto de la falta de responsabilidad de la Rama Judicial en los
hechos, misma que se reclamaba de las actuaciones del juez de control de
garantías, sostuvo lo siguiente:
De la Nación - Rama Judicial:
En este punto, la parte apelante insiste en que tanto el procesado como su
esposa informaron acerca del estado de salud del primero, sin embargo, sus
derechos fundamentales fueron desconocidos. Para la Sala, esa afirmación
no fue probada respecto de la Rama Judicial, pues lo cierto es que el
procesado durante las audiencias preliminares y en las oportunidades en
las que se le concedió el uso de la palabra (presentación al inicio de la
audiencia, postura frente a la imputación) nunca mencionó que estuviera
atravesando por algún quebranto de salud, y su defensa tampoco brindó
información al respecto.
Y tampoco existe prueba de que su cónyuge hubiera informado de su estado
de salud a la Fiscalía, a la defensa del señor Barrera Correa, al Ministerio
Público, ni mucho menos al juzgado de control de garantías, bien sea en
forma directa o a través de alguna petición escrita. La parte demandante, al
menos, no se esforzó por probar lo contrario. (…)
Luego, ante la ausencia de un dictamen oficial que indicara el grave estado de
enfermedad del señor Alberto Barrera Correa, el juzgado de control de
garantías no podía adoptar una decisión diferente, máxime, cuando el peritaje
que al respecto se aportó y que se verbalizó en la audiencia preliminar de
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento no daba cuenta de alguna patología, enfermedad o diagnóstico
grave del señor Alberto Barrera Correa, según se analizó líneas atrás.
Además, en relación a este tema no puede olvidarse lo dicho por la Corte
Constitucional en Sentencia C - 163 de 2019, a través de la cual se declaró la
exequibilidad condicional del art. 314 numeral 4º del CPP, en el sentido de que
sobre el estado de enfermedad grave del imputado también se admiten los
peritajes de índole particular, pero además, en esta providencia se resaltó: (…)
En consecuencia, la Nación - Rama Judicial no puede ser declarada
extracontractualmente responsable de la muerte del señor Alberto Barrera
Correa por el solo hecho de no haber decretado la medida de aseguramiento
intramural cuando nadie lo solicitó ante el juez de control de garantías y
cuando los elementos de prueba que demostraran la necesidad de la
sustitución de la medida preventiva consistente en detención carcelaria
brillaron por su ausencia, porque, se repite, ante ese panorama el juez de
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control de garantía no tenía forma de establecer que la permanencia del señor
Alberto Barrera en el EPMSC de Mocoa comprometiera su estado de salud.
Finalmente, en relación con la ausencia de responsabilidad del Inpec refirió:
“Del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario:
La parte demandante atribuye al INPEC una actuación irregular por no haber
remitido en forma inmediata y eficaz al señor Alberto Barrera Correa para que
recibiera la atención médica requerida; que esa entidad no actuó con
eficiencia, eficacia y organización integral; y que desde el ingreso al EPMSC
de Mocoa y la remisión al Hospital José María Hernández transcurrieron entre
12 y 15 horas generando con ello una pérdida de la oportunidad de sobrevivir.
Todos estos cargos que la parte demandante denuncia corresponden a
falencias en la prestación del servicio médico a favor del señor Alberto Barrera
Correa, eventos en los cuales, en palabras del Consejo de Estado, debe
demostrarse la existencia de una falla del servicio y la responsabilidad no es
de carácter objetivo, en sentencia del 3 de abril de 2020, radicación 05001-23-
31-000-2001-02612-01 (45949), C. P. Alberto Montaña Plata, la Sección
Tercera afirmó: (…)
De este modo, la Sala no participa de las alegaciones de la parte
apelante, según las cuales, la primera instancia realizó una aplicación
indebida del régimen de imputación de falla del servicio, se apartó de los
hechos y pretensiones de la demanda y con ello afectó sustancialmente
los derechos fundamentales de la parte demandante, pues como acaba
de precisarse en aplicación del principio iura novit curia no existen un
mandato que obligue al juez a utilizar un título específico de imputación
en cada caso.
Aclarado lo anterior, de cara al análisis sobre la existencia de una falla del
servicio en la que pudo haber incurrido el INPEC al no remitir en forma
oportuna e inmediata al señor Alberto Barrera para que recibiera la atención
médica que requería, la Sala precisa que de conformidad con las precisiones
fácticas anteriormente realizadas el precitado arribó al EPMSC de Mocoa a las
08:25 horas de la noche del 28 de marzo de 2012, según lo precisó el
dragoneante Jairo Chamorro ante la falta del personal de guardia cuando un
interno llegaba en horas de la noche al centro de reclusión su respectiva
reseña se efectuaba al día siguiente, por manera que el señor Alberto Barrera
fue reseñado en la mañana del 29 de marzo de 2012, justo antes de ser
trasladado al Hospital José María Hernández de Mocoa. (…)
De este modo, la Sala entiende que ante ese panorama, cuando el señor
Barrera Correa es objeto de observación a la mañana siguiente de su
ingreso a la Cárcel Judicial de Mocoa en el área de sanidad, es emitido
hasta el hospital local, y en ese punto se echa de menos una prueba que
indique que las horas que transcurrieron desde el ingreso hasta la
remisión del recluso significaron una mora que fue la causa eficiente del
daño.
Aunado a ello, tampoco puede decirse que se presentó una pérdida de
oportunidad porque el material probatorio aportado no evidencia ni transmite
certeza sobre la probabilidad de salvar la vida del señor Alberto Barrera
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11178-01
Demandantes: NIDIA RODRÍGUEZ VARGAS Y OTROS
Correa si éste hubiera sido trasladado unas horas antes”. (Resaltado de la
Sala).
Conforme con lo anterior, en el caso se observa que los argumentos que soportan
los defectos alegados por los accionantes son los mismos que ya fueron
planteados en el proceso ordinario, los cuales fueron estudiados por el juez de
conocimiento y cuyo problema jurídico fue resuelto íntegramente y negadas las
pretensiones de la demanda en dos instancias, lo que demuestra la improcedencia
de la presente solicitud de tutela por falta del requisito de procedibilidad de la
relevancia constitucional.
Por lo demás, si bien el defecto por violación directa de la constitución se cimienta
sobre el desconocimiento de unas sentencias adicionales a las señaladas en la
apelación presentada ante el fallo de primera instancia en el proceso ordinario,
esto es, la sentencia T-391 de 2015 de la Corte Constitucional y la proferida en el
expediente (AC) 2016-00302 del Consejo de Estado, la Sala considera que estas
no son suficientes para habilitar el estudio de fondo de un posible defecto por
desconocimiento del precedente judicial, pues en últimas lo que pretende el
accionante con estas es continuar el debate según el cual los casos de la
responsabilidad estatal por lesiones o muerte de personas privadas de la libertad
deben analizarse bajo el título de imputación objetivo, discusión que fue superada
en la providencia objeto de tutela, en la que se analizó el marco jurisprudencial
vigente que rige dichas situaciones.
En este orden de ideas, la Sala revocará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la solicitud de amparo y declarará la improcedencia de la acción,
por cuanto la tutela incumple el requisito de relevancia constitucional, necesario
para su estudio de fondo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 10 de febrero de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones aquí
expuestas. En su lugar,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por los
señores Nidia Rodríguez Vargas, Rosana Losada Rodríguez, Dirley Losada
Rodríguez, Gisela Lozada Rodríguez, Leidy Losada Rodríguez, actuando en
nombre y representación del menor Edison Andrés Losada Rodríguez, Nidia
Lozada Rodríguez, Gladis Lozada Cuellar, Carmen Losada Cuellar, Analidia
Lozada Cuellar, Arbey Losada Cuellar, María Lourdes Cuellar de Losada, María de
los Ángeles Losada Cuellar, Aladino Losada Cuellar y Javier Lozada Cuellar,
contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Mocoa, por las razones aquí expuestas.
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Demandantes: NIDIA RODRÍGUEZ VARGAS Y OTROS
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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