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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11201-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11201-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de mayo de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los derechos fundamentales de la señora Doriela Amparo Uribe García, en caso de que aún no se hubiere cumplido la orden de tutela, y por ende, la accionante a la fecha, no haya empezado el disfrute de sus vacaciones teniendo en cuenta que estaban programadas para para el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de 2022. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11201-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de julio de 2022

Demandante: Doriela Amparo Uribe García
Demandados: Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11201-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11201-01
Demandante: DORIELA AMPARO URIBE GARCÍA
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y
OTROS

Tema: Derecho al descanso laboral - Vacaciones de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial1 - confirma el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia contra la sentencia de 4
de mayo de 2022, por medio de la cual, la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, amparó los derechos fundamentales de la accionante.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Doriela Amparo Uribe García, presentó acción de tutela el 1º de diciembre
de 20212, contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín - Antioquia, el Juez Coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales “[…] al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y
a la igualdad […]”.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la negativa de las entidades accionadas de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera el nombramiento de la persona que la
reemplace durante el periodo de sus vacaciones, dada su calidad de asistente social

1
Se reitera posición de la Sala sobre el asunto en sentencias de 10 de diciembre de 2020, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp: 11001-03-15-000-2020-03827-01, 6 de agosto de 2021, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Exp: 11001-03-15-000-2020-03100-00 y 12 de mayo de 2022, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Exp: 11001-03-15-000-2022-02143-00.
2 Por medio de auto de esta misma fecha, el Juzgado 22 Civil Municipal de Oralidad del Circuito

Judicial de Medellín, remitió por competencia la acción de tutela a esta Corporación.
1

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Demandante: Doriela Amparo Uribe García
Demandados: Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11201-01

del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín - Antioquia.

1.2. Pretensiones

La parte actora elevó las siguientes peticiones:

“[…] PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso,
a la salud, a la familia y a la igualdad.

SEGUNDO: Se ordene a las entidades accionadas, que apropien las partidas
presupuestales que corresponden para el nombramiento de mi remplazo como
Asistente Social del centro de servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, y así poder disfrutar de mis
vacaciones.

TERCERO: Disponer u ordenar que se emita la resolución que me conceda el disfrute
de las vacaciones negadas […]”.

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

1.3.1. La accionante se encuentra vinculada a la Rama Judicial, como asistente
social nombrada en propiedad desde el 15 de diciembre de 2003, en el Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín - Antioquia.

1.3.2. La señora Uribe García presentó solicitud de reconocimiento y pago de
vacaciones individuales, las cuales estaban programadas para el periodo
comprendido entre el 27 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de 2022. Dicha
solicitud obtuvo visto bueno del juez coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín - Antioquia y, con fundamento en ello, solicitó al área financiera la
expedición de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.

1.3.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N.º 068021 de 20 de
octubre de 2021, respecto del pago de vacaciones, y el Oficio N.º DESAJME21-
4423 de 25 de octubre del mismo año, en el que negó la disponibilidad presupuestal
para el remplazo por vacaciones. Este último acto, tuvo como fundamento la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011.

1.3.4. De manera que, por medio de la Resolución N.º 228 de 2 de noviembre de
2021, el juez coordinador negó la solicitud de vacaciones “[…] hasta que se disponga
del presupuesto para mi reemplazo, dada la necesidad del servicio y la negativa de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia a expedir
el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal por el periodo de vacaciones
indicado […]”. Decisión que fue confirmada, en reposición, a través de la Resolución
N.º 242 de 8 de noviembre del mismo año.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

La señora Doriela Amparo Uribe García consideró que la parte accionada
transgredió sus derechos fundamentales “[…] al trabajo digno, al descanso, a la salud,
a la familia y a la igualdad […]”, toda vez que, con fundamento en cuestiones de
carácter administrativo, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín - Antioquia negó la designación de un reemplazo para poder disfrutar de
su periodo de vacaciones, al cual tiene derecho.

Puso de presente que su nominador está inconforme con la posición adoptada por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín - Antioquia al
no diligenciar la obtención del certificado de disponibilidad presupuestal para
nombrar su reemplazo, pues tal negligencia afecta la correcta prestación de los
servicios, máxime teniendo en cuenta que los despachos de ejecución de penas y
medidas de seguridad son los más congestionados del país.

Alegó que con ocasión a que no ha disfrutado las vacaciones a las que tiene
derecho, no ha podido descansar física ni mentalmente.

1.5. Trámite de la acción de tutela

En auto de 10 de diciembre de 20213, el magistrado ponente de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó notificar
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
y Antioquia, al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Jugados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, para que si lo consideraban del caso ejercieran su
derecho a la defensa y presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a
la presente acción.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Medellín –
Antioquia

El director ejecutivo seccional, en el informe rendido al interior de esta acción de
tutela, mencionó que sus actuaciones fueron acordes a la normatividad vigente que
rige la materia, adicionalmente, adujo que ha dado respuesta de fondo, clara y
oportuna a las solicitudes de la señora Uribe García.

Precisó que no existe medio de convicción en el que se pruebe que se le esté
causando un perjuicio grave, urgente y/o inminente a la tutelante, que haga
procedente esa acción constitucional, dado que “[…] no se han conculcado los
derechos fundamentales que se reputan vulnerados, no es esta Dirección Seccional la que
tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho rogado, esto es, autorizar el disfrute de

3 Notificado por medio de correo electrónico el miércoles 15 de diciembre de 2021.

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sus vacaciones; por lo tanto, se solicita declarar la IMPROCEDENCIA del mecanismo
constitucional frente a mi representada […]”.

1.6.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Manifestó que es ajeno a los hechos descritos en la acción de tutela de la referencia,
y que por consiguiente no ha vulnerado de forma alguna los derechos deprecados
por la señora Doriela Amparo Uribe García. En ese orden, solicitó que se declare
su falta de legitimación pasiva en la causa.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 4 de mayo de 2022, la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de la señora Doriela
Amparo Uribe, y accedió a la solicitud de desvinculación del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera
que, de las pretensiones formuladas y los hechos narrados en el escrito de tutela,
no se observa actuación alguna imputable a esta autoridad que la vincule con el
objeto del pleito.

Ahora bien, respecto a la protección de las garantías fundamentales de la actora, el
a quo en la resolutiva del fallo precisó lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: AMPARAR el derecho al descanso de Doriela Amparo Uribe García.
En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín y a la Unidad de Planeación o dependencia que corresponda de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término de 10 días
contados a partir de la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones
necesarias para apropiar los recursos requeridos para garantizar el reemplazo de la
actora y, por consiguiente, se expida el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal, con el fin de que, a su vez, el juez coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y Antioquia conceda el derecho a las vacaciones y garantice el
nombramiento provisional del respectivo reemplazo, sin que se afecte el buen
funcionamiento del servicio.

TERCERO: ORDENAR al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia que, en un plazo de 48 horas a partir de la expedición del correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal, conceda la solicitud de vacaciones de
Doriela Amparo Uribe García, de forma que se garantice su derecho al descanso
[…]”.

Explicó que, los asuntos de índole administrativo y de organización interna de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – afectaron el
derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente le asiste a la
tutelante, pese a que el descanso constituye una garantía fundamental derivada del
derecho al trabajo en condiciones dignas, como ya lo ha resuelto esta Corporación
en anteriores oportunidades.

Finalmente, mencionó que, si bien por regla general la acción de tutela no es el
medio idóneo para dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o apropiaciones
presupuestales, no puede perderse de vista que la falta de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal implicó que el titular del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
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Medellín y Antioquia retardara indefinidamente el disfrute del derecho al descanso
de una de las empleadas de su despacho, pues ante la falta de nombramiento de
un reemplazo se generó la imposibilidad de que la señora Doriela Amparo Uribe
García, pudiera gozar de un derecho ya causado: sus vacaciones, en orden a evitar
la amenaza de la prestación del servicio a cargo del despacho.

La providencia se notificó el jueves 26 de mayo de 2022.

1.8. Impugnación

A través de correo electrónico de la misma fecha de notificación de la sentencia de
primera instancia, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín – Antioquia impugnó la sentencia de 4 del mismo mes y año, y solicitó que
se revoque la decisión del a quo.

Adujo que proceder a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para cubrir los gastos por reemplazo de la señora Doriela Amparo Uribe García,
reviste una complejidad que no está “en sus manos”, toda vez que los bienes y
recursos que tiene por función administrar, dependen de los fondos que se sitúen
desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Aseguró que, debe tomar medidas de carácter administrativo que permitan el cabal
manejo de los recursos, su correcta aplicación y utilización, de tal forma que se
garantice el funcionamiento del servicio público de administración de justicia con el
menor traumatismo posible.

Frente al punto, precisó que dichas medidas obligan a la entidad a que tengan un
manejo y distribución eficiente de los recursos apropiados, motivo por el cual, se
hace estrictamente necesario, entre otros, que quienes pretendan gozar
efectivamente de su derecho legal y constitucional al descanso, deben presentar
con al menos dos meses de antelación su solicitud de expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal, tanto para el pago de vacaciones y primas de
vacaciones.

Finalmente arguyó que, pese a todo lo anterior, en cumplimiento del fallo, procederá
a dar cumplimiento a la orden impartida por la Sección Tercera Subsección, “B” del
Consejo de Estado en el fallo de 4 de mayo de 2022, “[…] en el sentido de que, en el
término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia adelante
las gestiones necesarias para apropiar los recursos requeridos para garantizar el reemplazo
del actor y expida el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. (...); de tal
manera que con ello podamos coadyuvar a la materialización del derecho al descanso del
actor (sic) Y a su vez, remitiremos notificación y CDP para reemplazo al nominador, para lo
de su cargo […]”.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia contra
el fallo de tutela de 4 de mayo de 2022, proferido por la Sección Tercera, Subsección
“B” del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de
1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 4 de mayo de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección
“B” del Consejo de Estado, a través de la cual amparó los derechos fundamentales
“[…] al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad […]” de la señora
Doriela Amparo Uribe García.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción de tutela; y (ii) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y,
de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

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2.4. Caso concreto - Reiteración de jurisprudencia4

La señora Doriela Amparo Uribe García interpuso acción de tutela, con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales “[…] al trabajo digno, al descanso, a la salud,
a la familia y a la igualdad […]”.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la negativa de las entidades accionadas de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera el nombramiento de la persona que la
reemplace durante el periodo de sus vacaciones, dada su calidad de asistente social
en propiedad, en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia.

En providencia de 4 de mayo de 2022, la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de la señora Doriela
Amparo Uribe García, en los siguientes términos:

“[…] SEGUNDO: AMPARAR el derecho al descanso de Doriela Amparo Uribe García.
En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín y a la Unidad de Planeación o dependencia que corresponda de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término de 10 días
contados a partir de la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones
necesarias para apropiar los recursos requeridos para garantizar el reemplazo de la
actora y, por consiguiente, se expida el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal, con el fin de que, a su vez, el juez coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y Antioquia conceda el derecho a las vacaciones y garantice el
nombramiento provisional del respectivo reemplazo, sin que se afecte el buen
funcionamiento del servicio.

TERCERO: ORDENAR al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia que, en un plazo de 48 horas a partir de la expedición del correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal, conceda la solicitud de vacaciones de
Doriela Amparo Uribe García, de forma que se garantice su derecho al descanso
[…]”.

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia impugnó la sentencia de 4 de mayo de
2022, y solicitó que se revoque la decisión del a quo, dado que expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos por reemplazo de la señora
Uribe García, reviste una complejidad que no está “en sus manos”, toda vez que los
bienes y recursos que tiene por función administrar, dependen de los fondos que se
sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

No obstante lo mencionado, adujo que, iba a cumplir el fallo del a quo, y por
consiguiente iba a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de
que se pudiera garantizar el nombramiento del reemplazo de la accionante, sin
embargo, a este trámite de tutela no se allegó prueba que demostrara que a la fecha
dicho fondo ya se hubiese tramitado, motivo por el cual, esta Sala de Decisión

4
Al respecto ver las sentencias del 30 de mayo de 2019, Exp. Rad. No. 11001-03-15-000-2019-
01633-00, del 26 de septiembre de 2019, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2019-03992-00 y del 6 de
agosto de 2020, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2020-03100-00, en los cuales, la Sección Quinta
del Consejo de Estado analizó casos similares al presente.
7

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confirmará el fallo del juez de primera instancia, con fundamento en los siguientes
argumentos:

En primera medida, advierte la Sección que, en lo que respecta al acto
administrativo por medio del cual se le informó a la accionante que no era posible
proferir el certificado de disponibilidad, el mecanismo para controvertirlo es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
de la Ley 1437 de 20115, en el cual puede solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibídem, por lo tanto, en
principio, el juez de lo contencioso administrativo es el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.

Sin embargo, esta Sala ha considerado6 que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para
precaver la eventual transgresión de derechos fundamentales, lo cual torna
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía dentro
del ordenamiento jurídico.

Ahora, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el
accionante debe alegar que un acto particular y concreto viola un derecho subjetivo
por incurrir en alguna de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento
jurídico.

En este caso, los argumentos expuestos por la parte actora contra la decisión de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia, se
sintetizan en que sus derechos fundamentales no pueden ser vulnerados por
cuestiones de carácter administrativo.

De lo solicitado por la tutelante no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad
del acto administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia, presupuesto que es indispensable
para la procedencia de la pretensión del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por lo tanto, aunque en principio el acto administrativo que negó la posibilidad de
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de
la accionante, podría ser controvertido a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y solicitarse la medida cautelar pertinente, la Sala

5
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
6
Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 30 de junio de 2016. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 25000-23-41-000-2016-00617-01 y del 30 de agosto de 2018.
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 50001-23-33-000-2018-00171-01.

8

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considera que la señora Doriela Amparo Uribe García no posee un instrumento
jurídico idóneo para el amparo de sus garantías alegadas, toda vez que, como se
evidenció, no pretende atacar su legalidad y su inconformidad no se encuadra en
ninguna de las causales para la procedencia del referido medio de control.

Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con lo
explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia, pues con la
petición de amparo no se solicita una revisión de legalidad del acto administrativo a
través del cual se negó el disfrute a las vacaciones.

Ahora bien, al descender al estudio concreto de los hechos objeto de discusión, se
encuentra demostrado que, si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia expidió el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N.º 068021 de 20 de octubre de 2021, respecto del pago de
vacaciones de la tutelante, lo cierto es que a través del Oficio N.º DESAJME21-4423
de 25 de octubre del mismo año, le manifestó que no era posible expedir
plurimencionado certificado que garantizara el rubro para nombrar el reemplazo
transitorio de la señora Doriela Amparo Uribe García, el cual es imposible de emitir.

Al respecto, la Sección Quinta considera que el descanso debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición
mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto
intelectual como física, para así proteger su salud corporal y mental, y fortalecer su
dedicación para el desarrollo de sus actividades.

Por lo tanto, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar la señora Doriela
Amparo Uribe García, pues, se reitera, jurisprudencial y legalmente se ha
considerado que las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tienen
todos los empleados, por lo que no puede ser trasgredido en función del servicio.
Tan es así, que esta Corporación ha amparado el derecho fundamental al descanso
en acciones de tutelas con similares supuestos fácticos7.

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que “se
considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales
pagadas o la renuncia a las mismas”8.

En el presente caso, la accionante pretende única y exclusivamente el goce o
disfrute material del periodo de tiempo al que tiene derecho por concepto de
vacaciones que, por razones de presupuesto, no le fue concedido.

Sin embargo, esta Sala considera que los argumentos de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia para justificar la omisión
de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar provisionalmente

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Consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-
2020-04490-0 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Rad. 17001-23-31-000-2010-00041-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo de Estado,
Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 2018. Rad. 08001-23-33-000-2018-00756-01 M.P.
Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 19001-23-33-000-2014-00469-
01. M.P.: Gustavo Gómez Aranguren, sentencia del 5 de febrero de 2015.
8
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11201-01

a quien reemplazará en su ausencia a la actora, expresados en el escrito de
impugnación, no pueden usarse para desconocer el derecho al disfrute de las
vacaciones a las cuales tiene derecho, toda vez que el carácter fundamental de
dicha garantía ha sido reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido
oponer trabas administrativas que afecten el núcleo fundamental de este derecho.

En otras palabras, la autoridad no puede imponer cargas a la accionante que le
impidan ejercer su derecho fundamental, máxime cuando escapa del resorte de la
tutelante el encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional para
proveer el cargo en su ausencia temporal.

Así las cosas, negarle el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de
limitaciones de carácter administrativo, no es una carga que deban soportar los
servidores judiciales y, en ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicio para
acceder al disfrute del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la
programación de las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo
presupuestal o administrativo, para poder acceder al descanso remunerado.

De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del
personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal
acusatorio”, y la Circular No. 44 de 12 de mayo de 2005, en la que estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores
judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa profirió la Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa
la derogatoria de lo establecido en las referidas circulares “para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales
cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento
de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en
provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello ”.

Así las cosas, se considera que si bien la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso directrices dirigidas a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del país atinentes a la programación
de vacaciones de los funcionarios judiciales y la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer
un procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de servicio prestado
en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y
1045 de 1978).

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en
el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, de modo que, conforme a lo expuesto en
precedencia, la Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas de la señora Doriela Amparo Uribe García, por parte de la Dirección Ejecutiva

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Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia, por lo que se confirmará
la decisión de 4 de mayo de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los derechos
fundamentales de la señora Uribe García, en caso de que aún no se hubiere
cumplido la orden de tutela, y por ende, la accionante a la fecha, no haya empezado
el disfrute de sus vacaciones teniendo en cuenta que estaban programadas para
para el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de
2022.

2.5. Conclusión

Conforme con lo expuesto, esta Sala de Decisión confirmará en su integridad lo
resuelto por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en el fallo
de 4 de mayo de 2022, dado que, se encontró que los derechos fundamentales “[…]
al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad […]” de la señora
Doriela Amparo Uribe García, fueron transgredidos.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de mayo de 2022, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual
amparó los derechos fundamentales de la señora Doriela Amparo Uribe García, en
caso de que aún no se hubiere cumplido la orden de tutela, y por ende, la accionante
a la fecha, no haya empezado el disfrute de sus vacaciones teniendo en cuenta que
estaban programadas para para el periodo comprendido entre el 27 de diciembre
de 2021 y el 20 de enero de 2022.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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