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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11229-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11229-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- REVÓCASE el ordinal segundo de la sentencia de 10 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. En su lugar, DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Yadir Antonio Torres Palacios, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en relación con el desconocimiento del precedente judicial. Segundo.- CONFÍRMASE en lo demás el fallo impugnado, por las razones aquí expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-11229-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

4 de agosto de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11229-01
Demandante: YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11229-01
Demandante: YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
electoral en procedimiento de elección de personero municipal.
Requisito de idoneidad para adelantar procesos de selección
debe estar acreditado. Decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Yadir Antonio Torres Palacios, en nombre propio, contra
la sentencia de 10 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, en la que resolvió:

“PRIMERO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Yadir Antonio Torres Palacios, actuando a nombre
propio, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo
de Estado – Sección Quinta, en lo relacionado con la decisión sin motivación,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Yadir Antonio Torres Palacios, actuando a nombre
propio, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo
de Estado – Sección Quinta, frente al desconocimiento del precedente alegado,
siguiendo lo dispuesto en la parte considerativa.

TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral
presentó demanda contra el acto de elección del señor Harold Andrés Cortez
Laverde como Personero Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2020-2024,
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Demandante: YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS

contenido en el Acta de Elección 21.2.1.1-041 de 27 de febrero de 2020, producto
de la segunda convocatoria que hiciere el Concejo Distrital de esa entidad
territorial.

Sostuvo que la demanda se fundamentó, entre otros cargos, en una presunta falsa
motivación en la escogencia del Departamento de Prospectiva de la Universidad
del Valle para adelantar la fase objetiva de la segunda convocatoria, decisión
adoptada luego de que, en la primera convocatoria, en la que participó, el
Ministerio Público advirtiera que la Fundación Universitaria del Valle, quien
adelantó la fase objetiva en esa convocatoria, no era una entidad idónea para el
efecto por no tener dicha actividad entre sus estatutos y objeto social.

Indicó que en la demanda argumentó que según los documentos que soportan su
naturaleza jurídica y creación, que la identifica plenamente como de aquellas
entidades de segundo orden adscrita a la Universidad del Valle, la Fundación
Universitaria del Valle sí era una entidad idónea para el efecto, además de contar
con una amplia experiencia en procesos de selección.

Afirmó que el proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que mediante sentencia de 13 de julio de 2021 negó las
pretensiones de la demanda, luego de considerar que el Concejo Distrital de Cali,
en desarrollo de la facultad de saneamiento prevista en el artículo 41 de la Ley
1437 de 2011, podía dejar sin efectos los actos derivados de la convocatoria inicial
por falta de idoneidad de la fundación escogida, y que la legalidad del acto de
elección solo se viciaría de nulidad en los casos de anomalías sustanciales y
trascendentales, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en
concreto, la sentencia de 23 de marzo de 2017.

Refirió que luego de que presentara recurso de apelación contra dicha decisión, el
Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de 27 de octubre de 2021,
confirmó lo fallado en primera instancia, luego de considerar que entre los
estatutos de la Fundación Universitaria del Valle no se establecía de manera
expresa la realización de procesos de selección.

Finalmente, adujo que frente a la sentencia de segunda instancia presentó una
solicitud de aclaración, en la que pidió que se hiciera un pronunciamiento sobre la
naturaleza jurídica de la Fundación Universitaria del Valle “en atención a los
estatutos y condiciones de creación frente a la Universidad del Valle, lo que
permitiría establecer su tipología y a partir de allí su idoneidad para desarrollar el
proceso de selección del personero”, solicitud que fue negada tras argumentar que
no se encontraba en la fijación del litigio el tema planteado y que no era la etapa
procesal para debatir el asunto planteado.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político, vulnerados, supuestamente,
por las sentencias de 27 de octubre de 2021 y 13 de julio de 2021, proferidas por
la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en las que negaron las pretensiones, en el marco del medio de control de
nulidad electoral que presentó contra el acto de elección del señor Harold Andrés
Cortez Laverde como Personero Distrital de Santiago de Cali para el periodo
2020-2024, proceso que fue acumulado para su conocimiento desde la primera
instancia.
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Indicó que la solicitud cumple con los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, de los que destacó que tiene relevancia
constitucional “toda vez que durante el proceso fueron inobservados los
presupuestos de la demanda del proceso acumulado y, por consiguiente, las
consideraciones y elementos probatorios que sobre el particular plantee al
respecto como accionante”, que cumple con la condición de inmediatez pues la
última actuación se dio el 18 de noviembre de 2021 cuando la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió la solicitud de adición a la sentencia del 27 de octubre
de 2021, y que en el caso se agotaron todas las instancias judiciales connaturales
a un proceso de nulidad electoral.

Sostuvo que las providencias objetadas incurren los defectos i) decisión sin
motivación, por cuanto, en su criterio, no analizaron la naturaleza jurídica de la
Fundación Universitaria del Valle de cara a sus estatutos y condiciones de
creación como entidad adscrita a la Universidad del Valle, lo que evidenciaba su
idoneidad para desarrollar el proceso de selección del personero de Cali.

Sobre el particular ahondó indicando que era pertinente y no se hizo por la Sala,
“revisar con buen juicio y detenimiento los documentos soportes de la creación,
origen y naturaleza jurídica de la Fundación Universidad del Valle, aunado a los
Estatutos de la misma, entre otras que demuestran que la Fundación, no solo
desde su nacimiento pertenece a la Universidad del Valle, sino que además con el
informe aportado como prueba, se demuestra que la misma es el brazo ágil de la
Universidad del Valle, tanto en el escenario administrativo como en lo académico,
cosa que se omitió por parte de la Sala, a pesar de referirse al objeto social de la
misma” y “revisar el hecho de que el Concejo Distrital de Santiago de Cali, hubiese
solicitado – mediante oficio del 10 de enero de 2020 - a la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP –, la información respecto de la experiencia de la
Fundación con dicha entidad en razón del Convenio Interadministrativo No. 596
del 15 de septiembre de 2015, y ésta no esperó la respuesta de dicha entidad,
para tomar una decisión diferente a la que malogró el primer concurso
reglamentado mediante la Resolución No. 21.2.22-534 del 30 de octubre de 2019,
ello era de tal importancia en el proceso, porque era uno de los argumentos
expuestos por el suscrito que justificaba la causal de nulidad invocada en la
demanda y reiterada en los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión,
que fueron un saludo a la bandera para la Sala”.

De otra parte, indicó que el fallo objetado incurre en ii) desconocimiento del
precedente judicial “contenido en el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado C.E. 00079 de 2006”, en el cual se establece que las
personas jurídicas que se conformen por la asociación entre entidades estatales y
particulares, cuyo objeto sea el cumplimiento de actividades relacionadas con los
cometidos y funciones que les asigna la ley son una expresión de la
descentralización y hacen parte de las “demás entidades de naturaleza especial
creadas o autorizadas por la ley” contempladas en el artículo 38 de la Ley 489 de
1998.

Sobre el particular citó en extenso el mencionado concepto de la siguiente
manera:

“4.3. Ubicación de las personas jurídicas que se conformen en virtud del artículo 96 de la Ley
489 de 1998.

Las personas jurídicas que se conformen por la asociación entre entidades estatales y
particulares, cuyo objeto sea el cumplimiento de actividades relacionadas con los cometidos y
funciones que les asigna la ley son una expresión de la descentralización y hacen parte de las
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“demás entidades de naturaleza especial creadas o autorizadas por la ley” contempladas en
el artículo 38 de la ley 489. Así lo reconoció, la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de
1995, en la cual, expuso: “Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta
han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas indirectas, es
decir, constituyen modalidades de la descentralización por servicios. Por lo tanto, son entes
que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el cumplimiento de
actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de éste, hasta el punto de que
aquél al asociarse a ellas les entrega a título de aporte o participación bienes o recursos
públicos (...)”

En estos términos, al igual que las personas que nacen a la vida jurídica en desarrollo de lo
dispuesto en el artículo 95 de la ley 489 de 1998, las asociaciones de carácter mixto del
artículo 96 ibídem, también tienen el carácter de entidades descentralizadas indirectas, según
lo previsto en los artículos 38 y 68 de la misma ley. De acuerdo con el carácter de entidades
descentralizadas indirectas que ostentan, la Sala considera que éstas deberán adscribirse a
un organismo o ente del sector central, pues la conexidad que debe existir entre el objeto de
la misma y las funciones o cometidos de las entidades estatales que en ella participen, exigen
un control directo de los organismos del nivel central, para de esta manera garantizar la
coherencia de los proyectos que éstas desarrollen con la política del sector al cual
pertenezcan. Lo anterior, sin perjuicio del control que se ejerza a través de la participación de
las entidades públicas en la dirección de la asociación mixta en los términos del artículo 109
de la ley 489 de 1998.

En aplicación del artículo 50 ibídem, sus miembros deberán establecer en el acto de creación
el ente u organismo del sector central del nivel nacional o territorial al cual deberán
adscribirse. Cuando de la asociación hacen parte varias entidades estatales de diferente
naturaleza y orden administrativo, se deberán ponderar entre ellas, los criterios generales
sugeridos por esta Sala en el capítulo anterior, esto es, la naturaleza de las funciones
administrativas o del servicio que se otorgue a la persona jurídica, el ámbito donde se
ejercerán dichas funciones o prestar el servicio y la proporción de la participación de cada
entidad”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Que se protejan mis derechos fundamentales al debido proceso y a participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político, que fueron vulnerados
mediante dos providencias dictadas dentro del medio de control de nulidad
electoral ante la violación al acceso efectivo a la administración de justicia a lo
largo de la ejecución del proceso acumulado No. 76001-23-33-000-2020-
00835-001 que se acumuló en el radicado bajo No. Rad. No. 76001-23-33-000-
2020- 00895-00”.

4. Pruebas relevantes

Con la solicitud se allegaron copias de las actuaciones surtidas en el medio de
control de nulidad electoral radicado con el Nº 2020-00895-00 y acumulados,
actor: Yadir Antonio Torres Palacios y otros.

5. Trámite procesal

Mediante auto de 24 de noviembre de 2021, la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar
al accionante, a las autoridades judiciales accionadas, al Distrito Municipal de
Santiago de Cali, al Concejo Municipal de Santiago de Cali, a la Alcaldía Distrital
de Santiago de Cali, al Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, al
Ministerio Público y a los señores Harold Andrés Cortés Laverde y Carlos Rengifo
Velasco, como terceros interesados en las resultas del proceso.

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta

El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción, por cuanto, sostuvo, el actor pretende
utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, para
que sea el juez constitucional quien resuelva favorablemente sus pretensiones,
pese a que el instituto del amparo contra providencias judiciales no está concebido
con ese propósito.

Sostuvo que ello se puede advertir en el escrito de tutela, en el que el demandante
se limita a reiterar los fundamentos de la demanda ordinaria y los motivos de
inconformidad que expuso en el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, insistiendo en que la Fundación Universidad del Valle, ente que
tuvo a su cargo la realización de la primera convocatoria en cuestión, es una
entidad idónea a efectos de realizar procesos de selección, pese a que se trata de
un planteamiento resuelto en ambas instancias dentro del proceso ordinario.

Luego de hacer un recuento pormenorizado de las actuaciones surtidas al interior
del trámite que originó la controversia, indicó que no se debe perder de vista que
allí fue resuelto el problema jurídico con base en la fijación del litigio que se
concretó en la audiencia inicial, de cara a los puntos de contención que plantearon
las partes, en la que uno de los demandantes en el trámite acumulado, el señor
Yadir Antonio Torres Palacios, no se hizo presente, de tal manera que no se
puede pasar por alto el efecto jurídico de su inasistencia a la audiencia inicial, aun
cuando en su recurso de apelación cuestionó que el a quo se abstuvo de resolver
varios de sus planteamientos relacionados con la naturaleza jurídica de la
Fundación Universidad del Valle, que daban cuenta de que era la entidad idónea
para adelantar la primera convocatoria.

Indicó que en el caso concreto, en particular sobre la idoneidad de la Fundación
Universidad del Valle, esa Sección reiteró su tesis de acuerdo con la cual (i) se
entiende que una entidad se especializa en procesos de selección cuando en sus
estatutos, el certificado de existencia y representación legal y demás documentos
de constitución, se contempla como objeto social la realización de concursos de
méritos y (ii) que la experiencia en esas actividades solo tendrá efectos jurídicos si
el objeto social así lo habilita, de manera que, por sí sola, no es indicativo de
cumplir el requisito de idoneidad.

Respecto del desconocimiento del precedente judicial alegado, refirió que el actor
puso de presente un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado que si bien hace parte de la Corporación, no tiene a su cargo funciones
jurisdiccionales y por ello sus conceptos no resultan vinculantes para los jueces,
como sí lo son las providencias de las secciones que integran la Sala de lo
Contencioso Administrativo, por disposición del artículo 112 de la Ley 1437 de
2011.

Finalmente, indicó que en el caso las pruebas que aportó el demandante en punto
a demostrar la naturaleza jurídica, experiencia y demás aspectos que en su sentir
acreditaban la idoneidad de la Fundación Universidad del Valle no resultaban
relevantes para que la decisión judicial se hubiera proferido en otro sentido, ya que
de acuerdo con el criterio de esa Salan, ello solo es admisible cuando la actividad
de realizar procesos de selección se contempla de manera expresa en los
estatutos y el certificado de existencia y representación legal, aspecto que el
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tutelante no demostró en el proceso ordinario, por lo que la presente acción es
improcedente, en tanto esa Sala resolvió todos los aspectos de la litis, mismos que
hoy fundamentan los defectos alegados.

6.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

El asesor jurídico de la entidad rindió informe en el que solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.3. Respuesta del Concejo Municipal de Santiago de Cali

El presidente de la Corporación rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, en tanto, declaró, ya existe cosa juzgada en
relación con la elección del personero del distrito de Santiago de Cali.

Indicó que desde el año 2020 la parte accionante ha presentado múltiples
acciones en contra del concurso citado, incluyendo una acción de tutela contra la
Procuraduría General de la Nación que fue negada por el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito de Cali, “situación que va en contra de la naturaleza de
esta herramienta constitucional, más teniendo en cuenta que en el proceso de
selección se cumplieron todas las etapas procesales y no se vulneraron los
derechos fundamentales de las partes”.

Por último, sostuvo que el accionante pretende a través de la presente acción
contraargumentar lo que ha debido exponer en la audiencia inicial en la que se fijó
el litigio y a la que no asistió, lo que aúna razones para declarar la improcedencia
de la solicitud.

6.4. Respuesta de la Universidad del Valle

A través de la Oficina Jurídica de Rectoría, la universidad rindió informe en el que
solicitó que se le desvinculara del presente trámite, por cuanto, adujo, en el caso
se configura la falta de legitimación por pasiva a su favor, en tanto la vulneración
de los derechos alegada por el actor no guarda relación con las facultades de ese
órgano educativo.

6.5. Los demás vinculados al trámite constitucional aun cuando fueron
debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron
silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en fallo de 10 de marzo
de 2022, declaró improcedente la solicitud respecto del cargo por falta de
motivación y negó las pretensiones relativas al desconocimiento del precedente
jurisprudencial aplicable al caso.

En primer lugar, sostuvo que la controversia planteada encaja dentro de los
supuestos que la ley 1437 de 2011 consagra para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, pues en la misma es posible alegar la transgresión del
principio de congruencia, que es precisamente el argumento que fundamenta el
defecto por falta de motivación, con base en la causal de nulidad contenida en el
ordinal 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

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Adujo que al no comprobarse la existencia de un perjuicio irremediable, no
resultaba procedente un estudio de fondo de la causal específica de procedibilidad
de decisión sin motivación cuando la parte accionante no hizo uso de los medios
de defensa judicial que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de las
pretensiones planteadas, por lo que declaró improcedente la tutela en lo
relacionado con este punto.

De otra parte, respecto del cargo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial aplicable, alegado por el actor respecto del “Concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado C.E. 00079 de 2006”, refirió que
en los argumentos que fundamentaron la decisión proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado a efectos de precisar las reglas para establecer cuándo
una entidad se especializa en procesos de selección se aplicó la jurisprudencia
vigente de esta corporación, misma que señala que (i) debe incluir como objeto
social la realización de concursos de méritos y (ii) que la experiencia en este tipo
de actividades solo tendrá efectos jurídicos si el objeto social así lo habilita, de
manera que por sí sola no es indicativa de cumplir el requisito de idoneidad, “por lo
que no se encuentra que se haya incurrido en un desconocimiento del precedente,
ni en vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante”.

Finalmente, agregó que las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial
accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, sino
que se basaron en las normas jurídicas aplicables al asunto y a lo que la
jurisprudencia ha señalado para el tema.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia, en escrito en el que reiteró los
argumentos del escrito de la solicitud de amparo.

Indicó que el a quo realizó una errada interpretación de los hechos que dieron
lugar a la presente acción respecto a la falsa motivación de las decisiones
judiciales objetadas, pues esta solo “hace referencia a la motivación del acto
administrativo que dio lugar a la decisión que dejó sin efectos jurídicos el primer
concurso de méritos de la elección del personero de Santiago de Cali por parte del
Concejo Distrital de Santiago de Cali, del cual se ha venido reclamando su
legalidad por parte del suscrito en sede judicial contencioso administrativo y hoy
en sede constitucional, a partir de un concepto errado proferido por la
Procuraduría General de la Nación acogido por el Concejo Distrital de Santiago de
Cali, donde ubicó a la Fundación Universidad del Valle como una entidad no
especializada en selección de personal y no como una Entidad Descentralizada
Indirecta Sin Ánimo de Lucro de carácter publica de segundo orden adscrita a la
Universidad del Valle, conforme a lo indicado en el artículo 96 de la Ley 489 de
19981 y los documentos que soportan su creación, origen y naturaleza jurídica”.

Reiteró que, en su criterio, el tribunal accionado sesgo su análisis a probar que la
Fundación Universidad del Valle no era entidad especializada en selección de
personal y dejó de lado las demás aristas contempladas en el artículo 96 de la Ley
489 de 1998, y que “lo que se exigía a través de las pretensiones vía judicial es
que, ante la inexistencia de un antecedente objetivo analizado dentro del marco de
nuestro Estado de Derecho en el escenario de la función consultiva de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre el caso concreto respecto
de una Entidad Descentralizada Indirecta Sin Ánimo de Lucro de carácter publica
que, se hubiese encargado de apoyar o realizar un Concurso Público de Méritos
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para el caso de Personero Municipales y Distritales, y ante la inexistencia de
pronunciamientos que generen y sienten el precedente sobre el mismo es que, la
jurisdicción diera aplicación de la normatividad existente y vigente a la fecha,
realizando un análisis objetivo del caso puntual y concreto, específicamente en
cuanto a la idoneidad de la Fundación Universidad del Valle, en razón, a su
naturaleza jurídica de creación y origen, que fue lo que no se hizo en una y otra
instancia judicial”.

Finalmente, respecto de los argumentos mediante los que se negaron las
pretensiones por desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que “si bien el
magistrado se ampara en el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, según su
argumento, para apartarse del concepto, también es cierto que, ello lo obliga a
realizar un análisis propio de la materia y no acogerse a una tesis que analiza
única y exclusivamente a fundaciones privadas, cuyo objeto social permita realizar
procesos de selección de personal; pues como ya se indicó a criterio propio
considero que, éste siguió la línea del análisis sobre el calificativo de que la
Fundación Universidad del Valle, no es de aquellas entidades especializadas en
selección de personal, tal como lo anunció la Procuraduría en su oficio preventivo
y acogido literalmente por el Concejo de Santiago de Cali para dejar sin efecto el
primer concurso convocado mediante la Resolución No. 21.2.22-534 del 30 de
octubre de 2019, desechando de plano el análisis de la idoneidad de la Fundación
Universidad del Valle – FUV, respecto de las otras aristas del artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, tales como “Universidades, …”, a partir de que
esta, desde su creación está adscrita a una Universidad Pública de orden
departamental, como es la Universidad del Valle”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 10 de marzo de 2021, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, declaró improcedente la solicitud
respecto del cargo por falta de motivación y negó las pretensiones relativas al
desconocimiento del precedente judicial aplicable al caso, y si, conforme al dicho
del actor, las sentencias de 27 de octubre y 13 de julio de 2021, proferidas por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurren en i) defecto por decisión sin motivación, por no analizar la
naturaleza jurídica de la Fundación Universitaria del Valle de cara a su naturaleza
jurídica, lo que evidenciaba su idoneidad para desarrollar el proceso de selección
del personero de Cali, y en ii) desconocimiento del precedente judicial
“contenido en el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado C.E. 00079 de 2006”, en el cual se establece que las personas jurídicas
que se conformen por la asociación entre entidades estatales y particulares, cuyo
objeto sea el cumplimiento de actividades relacionadas con los cometidos y
funciones que les asigna la ley son una expresión de la descentralización y hacen

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parte de las “demás entidades de naturaleza especial creadas o autorizadas por la
ley” contempladas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

Empero, de manera previa, en tanto se observa una similitud sustancial entre los
argumentos que sustentan la presente solicitud de tutela con los esgrimidos por el
accionante en el curso del proceso de nulidad electoral del que deriva la supuesta
vulneración de sus derechos, corresponde a la Sala verificar si cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, el cual es susceptible de verificación en
segunda instancia aun cuando el fallo inicial haya decidido de fondo, como una
garantía de los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y cosa juzgada.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
3 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el presente caso, el accionante considera que las sentencias de 27 de
octubre y 13 de julio de 2021, proferidas por la Sección Quinta del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en las que las autoridades
judiciales accionadas negaron las pretensiones, en el marco de la acción de
nulidad electoral que presentó contra el acto de elección del señor Harold Andrés
Cortez Laverde como Personero Distrital de Santiago de Cali para el periodo
2020-2024, incurren los defectos en i) decisión sin motivación, por cuanto, en su
criterio, no analizaron la naturaleza jurídica de la Fundación Universitaria del Valle
de cara a sus estatutos y condiciones de creación como entidad adscrita a la
Universidad del Valle, lo que evidenciaba su idoneidad para desarrollar el proceso
de selección del personero de Cali y ii) desconocimiento del precedente
judicial “contenido en el Concepto de la Sala de Consulta C.E. 00079 de 2006
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el cual se establece que
las personas jurídicas que se conformen por la asociación entre entidades
estatales y particulares, cuyo objeto sea el cumplimiento de actividades
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relacionadas con los cometidos y funciones que les asigna la ley son una
expresión de la descentralización y hacen parte de las “demás entidades de
naturaleza especial creadas o autorizadas por la ley” contempladas en el artículo
38 de la ley 489”.

En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en
sentencia de 10 de marzo de 2022, declaró improcedente la solicitud respecto del
cargo por falta de motivación y negó las pretensiones relativas al desconocimiento
del precedente judicial, luego de considerar que i) la controversia planteada
respecto de la falta de motivación encajaba dentro de los supuestos que la Ley
1437 de 2011 consagra para la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
por lo que la solicitud era improcedente por falta del requisito de subsidiariedad y
ii) no se configuró el desconocimiento del precedente judicial, pues la decisión
objetada aplicó la jurisprudencia vigente de esta corporación sobre la materia,
misma que señala que para que una entidad sea idónea para el proceso de
escogencia de un cargo público debe tener como objeto social la realización de
concursos de méritos y que la experiencia en ese tipo de actividades solo tendrá
efectos jurídicos si el objeto social así lo habilita.

En la impugnación, el accionante solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia, en escrito en el que sostuvo que el a quo realizó una errada
interpretación de los hechos que dieron lugar a la acción respecto a la falsa
motivación de las decisiones judiciales objetadas, pues esta solo “hace referencia
a la motivación del acto administrativo que dio lugar a la decisión que dejó sin
efectos jurídicos el primer concurso de méritos de la elección del personero de
Santiago de Cali por parte del Concejo Distrital de Santiago de Cali”, y reiteró que,
en su criterio, las autoridades judiciales accionadas “sesgaron su análisis a probar
que la Fundación Universidad del Valle no era entidad especializada en selección
de personal y dejó de lado las demás aristas contempladas en el artículo 96 de la
Ley 489 de 1998”.

Finalmente, respecto de los argumentos mediante los cuales se negaron las
pretensiones de la acción de tutela por desconocimiento del precedente judicial,
sostuvo que si bien el magistrado se ampara en el artículo 112 de la Ley 1437 de
2011 para apartarse del Concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado
por cuyo desconocimiento alega el defecto, “también es cierto que, ello lo obliga a
realizar un análisis propio de la materia y no acogerse a una tesis que analiza
única y exclusivamente a fundaciones privadas, cuyo objeto social permita realizar
procesos de selección de personal; pues como ya se indicó, a criterio propio
considero que éste siguió la línea del análisis sobre el calificativo de que la
Fundación Universidad del Valle, no es de aquellas entidades especializadas en
selección de personal, (…) desechando de plano el análisis de la idoneidad de la
Fundación Universidad del Valle”.

4.2. En el presente caso, la Sala observa que los argumentos que sustentan el
defecto por falta de motivación en la presente solicitud son los mismos en los que
se fundamentó el recurso de apelación que el actor formuló contra la sentencia de
13 de julio de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en primera instancia,
por lo que el debate legal propuesto ya fue resuelto de manera suficiente y, en tal
razón, conforme con las reglas jurisprudenciales antes transcritas, no puede el
juez constitucional darle continuidad a esa discusión litigiosa que no involucra un
verdadero debate constitucional que deba ser susceptible de estudio de fondo.

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En efecto, conforme con el expediente ordinario allegado a este trámite
constitucional se observa que el mencionado recurso de apelación tuvo como
fundamento que en la sentencia de primera instancia se omitió analizar la
idoneidad de la Fundación Universidad del Valle como entidad especializada en
procesos de selección de personal desde su naturaleza jurídica desde los criterios
establecidos por la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado
sobre la materia.

Puntualmente, la parte demandante en el citado medio de impugnación expresó
exactamente los mismos argumentos que en la presente solicitud, de la siguiente
forma:

“Pertinente era y no se hizo por la Sala, revisar con buen juicio y detenimiento
los documentos soportes de la creación, origen y naturaleza jurídica de la
Fundación Universidad del Valle, aunado a los Estatutos de la misma, entre
otras que demuestran que la Fundación, no solo desde su nacimiento
pertenece a la Universidad del Valle, sino que además con el informe
aportado como prueba, se demuestra que la misma es el brazo ágil de la
Universidad del Valle, tanto en el escenario administrativo como en lo
académico, cosa que se omitió por parte de la Sala, a pesar de referirse al
objeto social de la misma en relación a “…, su creación o constitución, en el
certificado de existencia y representación o en sus estatutos.” , sin que, la Sala
hubiese realizado un análisis serio y aterrizado sobre el tema, no solo a partir de
los documentos soportes aportados como prueba en la demanda, sino bajo la línea
interpretativa de la sentencia de la Sección Quinta del Hon. Consejo de Estado
referida por el suscrito en sus alegatos y en la misma sentencia.

(…)

Ante la inobservancia de estas pautas, por el a quo, es necesario que ese Alto
Tribunal, en segunda instancia, enderece la decisión a derecho, revocando la
sentencia de primera instancia, en la medida en que está plenamente probado que
el Concejo Distrital de Santiago de Cali, al expedir la resolución No. 21.2.22.032
del 10 de enero de 2020, violentó de manera sorpresiva y sin justificación valida
alguna (falsa motivación), las etapas que regían la convocatoria pública de mérito
(primer concurso), reglamentada mediante la Resolución No. 21.2.22-534 del 30 de
octubre de 2019, lo anterior si se tiene en cuenta que, contrario a lo afirmado por el
Concejo Distrital de Santiago de Cali en la cuestionada resolución, la Fundación
Universidad del Valle, si no solo cumplía con los requisitos para contratar a la luz
de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios y más aún por lo definido por
el PLIEGO DE CONDICIONES como regla al interior del proceso contractual, para
realizar el concurso de méritos para escoger al personero municipal de Cali, esto
es, los establecidos en la Ley 1551 de 2012, el Decreto 2485 de 2014 -compilado
en el Decreto 1083 de 2015- y a los parámetros fijados por la jurisprudencia
constitucional en la sentencia C-105 de 2013. Ello, en la medida en que cuenta
con i) certificado de existencia y representación ante cámara de comercio, ii).
experiencia en la realización de concursos, reconocido en la sentencia
recurrida, a la luz de los requisitos cumplidos en el proceso contractual de
escogencia de la entidad para brindar apoyo al Concejo Distrital en la
realización del concurso y iii) estaba habilitada por el Ministerio de
educación, en aplicación del fuero de atracción, si así se puede calificar, por
ser de aquellas entidades adscritas directamente a la Universidad del Valle,
de conformidad con los documentos que soportan su origen, creación y
naturaleza jurídica, lo cual además está consignado en los Estatutos de la
Fundación, desde la perspectiva normativa y jurisprudencial que a lo largo
del presente escrito y lo consignado en el escrito de demanda alegaciones y
las pruebas allegadas oportuna y legalmente, demuestran lo que en derecho
he venido sosteniendo, la cuestionada Fundación, no solo está revestida de
PLENA IDONEIDAD, atendiendo su origen, naturaleza y creación, la cual la
ubica en una posición privilegiada en tanto en el sector público como en el privado,
pues no hay duda que es cataloga como una entidad pública de composición
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societaria mixta, adherida o adscrita a una Universidad, sino que además que por
su experiencia probada es de aquellas entidades especializadas en selección de
personal, tal como quedó demostrado, lo cual fue desconocido por la Sala al fallar
de fondo el presente asunto.” (Resaltado de la Sala).

Lo anterior permite entrever que, en el presente caso, se utilizan como
fundamento del amparo pretendido los mismos argumentos de naturaleza legal en
los que se sustentó el recurso de apelación contra la providencia que negó las
pretensiones en primera instancia, relativos a la omisión de análisis de la
idoneidad de la Fundación Universidad del Valle como entidad especializada en
procesos de selección de personal desde su naturaleza jurídica, solo que esta vez
se presentan como defecto por falta de motivación, por lo que no se trata de un
genuino debate constitucional que habilite al juez de tutela a revisar la decisión
cuestionada.

Dicha situación puede evidenciarse, además, de los alegatos de conclusión del
actor en el proceso de nulidad electoral, de los que se observa una coincidencia
absoluta en los fundamentos de derecho allí esgrimidos con los aquí presentados,
lo que constata que el debate propuesto en esta sede constitucional, residual y
subsidiaria no es uno de naturaleza constitucional cuya fuente sea la vulneración
de garantías fundamentales a través de la expedición de una providencia judicial,
sino la continuidad de un debate legal sobre los aspectos desfavorables a la parte
demandante, cuyo estudio de fondo desnaturalizaría la acción constitucional.

De igual forma, del análisis de la providencia objetada, se observa que el Consejo
de Estado, Sección Quinta, en segunda instancia, en la decisión que resolvió
definitivamente la controversia, resolvió íntegramente los argumentos puestos a
consideración por el señor Torres Palacios, en donde, con base en la totalidad de
las pruebas obrantes y las normas aplicables, concluyó que la realización de la
primera convocatoria para el concurso en cuestión estuvo a cargo de una entidad
que no era idónea para el efecto, por lo que la medida que adoptó el Concejo de
Santiago de Cali al sanear el proceso de convocatoria dejando sin efectos los
actos de trámite o preparatorios que se dictaron fue acertada, comoquiera que con
ello ajustó a derecho el proceso de selección y así evitó que el mismo incurriera en
alguna causal de anulación posterior.

Al respecto, en lo relativo a los argumentos que guardan identidad con los aquí
planteados indicó lo siguiente:

“Tal como se observa, si bien la Fundación Universidad del Valle contempla en
su objeto actividades como la consultoría y asesoría, y entre sus objetivos
específicos prevé la realización de convenios y actividades de prestación de
servicios, lo cierto es que no establece de manera puntual la realización de
procesos de selección. (…)

De acuerdo con la tesis expuesta, para determinar si la entidad que brindó
el apoyo para la realización del concurso de méritos es idónea, se
requiere revisar que dicha actividad esté comprendida dentro del objeto
social del contratista, de manera que, para este caso, el desarrollo de
procesos de selección debe estar expresamente contemplado, so pena de
no cumplir con la idoneidad legal de que se trata el artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015, que puntualmente señala que “Los concejos
municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso,
que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación
superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de
selección de personal.” (Destacado por la Sala)

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Ahora bien, el extremo demandante se refirió a que la idoneidad de la
Fundación Universidad del Valle se demostró con la realización de otros
concursos de méritos, no obstante, como lo decantó esta Sala, ello en
manera alguna contribuye a acreditar el requisito que estatuye el precepto
transcrito, luego, por sustracción de materia, no es pertinente descender
al análisis de las pruebas acerca de la experiencia de la Fundación
Universidad del Valle en procesos de selección.

En conclusión, y de acuerdo con los parámetros que esta Sección fijó respecto
de la idoneidad de la entidad que debe apoyar la realización del proceso de
selección, la misma se acredita siempre que esta actividad se haya previsto en
el objeto social, al margen de la experiencia en otros procesos de convocatoria
pública” (Resaltado de la Sala).

Es decir, en el caso se observa que los argumentos planteados por el demandante
en la presente solicitud, relativos a la omisión de análisis de la idoneidad de la
Fundación Universidad del Valle como entidad especializada en procesos de
selección de personal desde su naturaleza jurídica, además de que fueron los
mismos que propuso en el recurso de apelación en el proceso ordinario,
corresponden a un debate que fue superado por la autoridad judicial accionada,
quien consideró que de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, la idoneidad de la entidad que debe
apoyar la realización de un proceso de selección, se acredita siempre que esta
actividad se haya previsto en el objeto social y no en relación con su naturaleza
jurídica, como lo pretendía el demandante.

En conclusión, la solicitud no tiene relevancia constitucional respecto del cargo por
falta de motivación, pues los argumentos que sustentan el defecto alegado son los
mismos expuestos por el actor en el curso del proceso de nulidad electoral cuyas
sentencias en las que se negaron las pretensiones reprocha, por lo que la
discusión planteada no involucra la eventual vulneración de derechos
fundamentales que haga procedente su estudio de fondo, sino que se está
utilizando la acción constitucional, de carácter residual y subsidiario, como una
instancia adicional del proceso en el que ya fueron estudiados dichos alegatos.

4.3. Por lo demás, respecto del defecto por desconocimiento del precedente
judicial alegado, relativo a la aplicación del concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, C.E. 00079 de 2006, la Sala revocará la
decisión de primera instancia que accedió al estudio de fondo y negó las
pretensiones para, en su lugar, declarar la improcedencia del cargo dada la
naturaleza de la decisión alegada como desconocida.

En efecto, conforme con el artículo 236 de la Constitución Política en concordancia
con el artículo 34 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, el Consejo de Estado ejerce
sus funciones por medio de tres salas (i) la Plena, integrada por todos sus
miembros; (ii) la de lo Contencioso Administrativo por 27 consejeros y (iii) la Sala
de Consulta y Servicio Civil por 4 consejeros. Por su parte, el artículo 112 de la
Ley 1437 de 2011 prevé que los miembros de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado no tomarán parte en el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales y que sus conceptos no serán vinculantes, salvo que la ley
disponga lo contrario.

En este sentido, si bien la Sala de Consulta y Servicio Civil hace parte de esta
Corporación, no tiene a su cargo funciones jurisdiccionales ni sus conceptos
resultan vinculantes para los jueces, como sí lo son las providencias de las
secciones que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo, por lo que de su
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inobservancia en las providencias objeto de tutela no puede desprenderse la
vulneración iusfundamental alegada por el accionante, a lo que se debe agregar,
como se indicó en precedencia, que la decisión objetada de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, se sustentó en decisiones de esa misma sala especializada y
órgano de cierre en asuntos de naturaleza electoral.

Por las razones expuestas, la Sala revocará el ordinal segundo del fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela relativas al
desconocimiento del precedente jurisprudencial y, en su lugar, declarará su
improcedencia. En lo demás, se confirmará el fallo impugnado por las razones
aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- REVÓCASE el ordinal segundo de la sentencia de 10 de marzo de
2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. En su
lugar, DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Yadir Antonio Torres Palacios, en nombre propio, contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en relación con el
desconocimiento del precedente judicial.

Segundo.- CONFÍRMASE en lo demás el fallo impugnado, por las razones aquí
expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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