Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11233-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11233-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11233-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de febrero de 2022
Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11233-00
Accionante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ ESTUPIÑÁN
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: acción de tutela contra providencia judicial / queja
disciplinaria
ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Miguel
Díaz Estupiñán en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I.ANTECEDENTES
El accionante, actuando en nombre propio, invoca la protección del
derecho fundamental al debido proceso, con fundamento en los
siguientes:
1. Hechos
1.1. En noviembre del 2018, el accionante formuló petición ante la
Procuraduría General de la Nación, en la que denunció graves
irregularidades cometidas por el juez séptimo penal del Circuito de
Bogotá y la fiscal 242 seccional de Bogotá dentro del proceso penal
seguido en su contra bajo el radicado 110016000049 2011 16759 NI.
196363 en virtud del cual se encuentra actualmente privado de la
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
libertad; documento que fue redireccionado a la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
1.2. Mediante auto del 22 de marzo de 2019, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá profirió auto de apertura de indagación
preliminar, el cual, manifiesta, nunca le fue notificado en la forma
indicada en los artículos 100 y 101 de la Ley 734 de 2002, en
concordancia con lo señalado en la sentencia C-892 de 1999, lo que le
impidió aportar los medios probatorios que sustentaron su queja.
1.3. A través de providencia del 27 de septiembre de 2019, dicha
corporación ordenó el archivo de las diligencias, ante la inexistencia de
evidencia que permitiera establecer la comisión de posibles conductas
disciplinarias; decisión que, afirma, tampoco le fue notificada en debida
forma como lo exige el artículo 202 de la Ley 734 de 2002, puesto que
se le comunicó transcurrido un año de haber sido proferida.
1.4. En atención a ello, el 2 de octubre de 2020 interpuso recurso de
apelación en el que aportó los medios probatorios que, en su entender,
corroboran sin lugar a dudas las conductas disciplinarias denunciadas,
especialmente en las que incurriera la mencionada fiscal.
1.5. La Comisión Nacional de Disciplina, a través de proveído del 2 de
junio de 2021, confirmó la decisión recurrida, al considerar configurado
el fenómeno de caducidad, a la luz de lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de
2011, toda vez que la conducta reprochada a las autoridades judiciales
se concretó el 29 de enero de 2015 y, dentro de los 5 años siguientes
a la misma, no se profirió auto de apertura de investigación
disciplinaria, con lo que el 28 de junio de 2020 se agotó el poder
sancionatorio del Estado frente a dichos hechos.
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
2. Fundamentos de la acción
El accionante manifiesta que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
sustentó su decisión en un “grave yerro cronológico”, toda vez que
asumió que la prescripción de la acción disciplinaria empezó a correr
desde el 29 de enero de 2015, fecha en la que el juez séptimo penal
del Circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria, desconociendo
que para esa fecha “aún no se había materializado el quebranto
antijurídico de la administración pública de justicia”, puesto que la
misma fue recurrida por la defensa.
En ese sentido, explica que el 27 de febrero de 2017 se inadmitió la
demanda de casación y que dicha providencia fue impugnada a través
de varios oficios radicados el 8 de marzo del mismo año ante la Corte
Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, sin que la
decisión que allí se adoptara pudiera ser notificada a su apoderado
debido a un error en la nomenclatura de su domicilio, lo que indica que
para esa fecha la sentencia condenatoria no había cobrado firmeza.
Señala, entonces, de manera confusa, que cuando “se encontraba a
espera de la mencionada respuesta por parte de la Procuraduría
General de la Nación, (…) intempestivamente le fue afectado el Derecho
Fundamental de la libertad el dos (2) de enero del dos mil dieciocho
(2.018), como resultado de haberse vulnerado el bien jurídico de la
administración pública de la justicia, al lesionarse el deber funcional a
cargo de la disciplinable Dra. ADALIA GUTIERREZ BARRAGÁN, siendo
así es desde esta fecha que se debe contabilizar el término de la
caducidad de la acción disciplinaria”.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicita:
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
«1. ordene tutelar el Derecho Fundamental del Debido Proceso, por haber trasgredido la
accionada el principio de legalidad, el derecho de defensa y acceso a la administración de
justicia, ya que para el presente caso el término de caducidad de la acción disciplinaria debe
contabilizarse desde que se quebrantó la administración pública de justicia, es decir desde
la fecha en la cual quedo en firme la sentencia del radicado 110016000049 2011 16759 00,
donde hubo el daño al deber funcional, en cabeza de la Dra. ADALIA GUTÍERREZ
BARRAGÁN.
2. Declarar que la providencia del dos (2) de junio del año en curso y debidamente notificada
el siguiente cuatro (4) de agosto hogaño, proferida por la accionada dentro del radicado
2018- 06765- 01 F 633, vulnero el articulo 29 superior al decidir que había acaecido la
caducidad de la acción disciplinaria y por tanto dispuso terminada la actuación, esto con
base en cálculos temporales que no corresponde a la situación fáctica ni conforme al
principio constitucional de legalidad, puesto que dicho termino se debe contar desde el dos
(2) de enero del dos mil dieciocho (2.018), fecha en la cual me notificaron de la decisión
final.
3. Se ordene continuar con la investigación disciplinaria bajo radicado 2018- 6765 F633,
puesto que no ha operado la caducidad de la acción disciplinaria, esto con base en los
siguientes argumentos fácticos, en gracia de discusión, si se tomara el termino de caducidad
desde el veintisiete (27) de febrero del dos mil diecisiete, fecha del auto que inadmitió la
demanda de casación en contra de la decisión que se tomó dentro del radicado N°
110016000049 2011 16759 NI. 196363 (2.017), donde surgieron las conductas denunciadas
y en virtud de la suspensión de términos de caducidad, esto con ocasión del Estado de
Emergencia a causa del covid 19, empezó a regir desde el dieciséis (16) de marzo del dos
mil veinte (2.020) hasta el treinta (30) de junio del mismo año, por tanto fueron alrededor
tres (3) meses y medio que hubo suspensión del término de caducidad. Con base en los
anterior argumentos, los cinco (5) años para que opere el fenómeno de la caducidad de la
acción disciplinaria, ocurriría el quince (15) de junio del año entrante, es decir actualmente,
conforme con el principio constitucional de legalidad la caducidad no ha operado. 4.
Ordenar a la accionada, vincular de manera perentoria a la funcionaria pública Dra.
ADALIA GUTÍERREZ BARRAGÁN, a la respectiva investigación disciplinaria, para que
a través del Derecho de Defensa deponga las razones subjetivas por las cuales quebranto el
deber funcional identificado y probado en las conductas denunciadas, mismas que
presuntamente fueron acogidas por la accionada como faltas gravísimas, las cuales
indujeron en error a la jurisdicción».
4. Intervenciones
Mediante auto del 14 de diciembre de 2021 se admitió la acción de la
referencia y se ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina
como accionado y a la Procuraduría General de la Nación, al señor
Oswaldo Mojica Quintero, a la señora Adalia Gutiérrez Barragán y a los
demás intervinientes en el proceso disciplinario radicado número
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
11001-11-02-000-2018-06765-00 como terceros interesados en las
resultas del proceso.
4.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, expuso que el proceso
disciplinario referido por el accionante se originó en la queja que este
presentara contra el juez séptimo penal del Circuito con Función de
Conocimiento y la fiscal 242 seccional de Bogotá, pues a su juicio
incurrieron en irregularidades al interior del proceso penal N.º 2011-
16759 en el que fue condenado, en tanto la sentencia del 29 de enero
de 2015 “fue proferida bajo injusticias, calumnias, máxime que violaron
su derecho al debido proceso porque no se le permitió hablar durante
la etapa de juicio”.
En ese contexto, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá determinó, en primera instancia, que el
procedimiento debía archivarse, en tanto los funcionarios no incurrieron
en falta disciplinaria alguna, decisión que fue recurrida por el quejoso,
quien insistió en las irregularidades denunciadas inicialmente.
En virtud de ello, esa Comisión decidió declarar la terminación del
proceso disciplinario por haber operado la caducidad de la acción
disciplinaria, toda vez que desde el 29 de enero de 2015, fecha en la
que se profirió fallo condenatorio contra el quejoso por parte del juez
séptimo penal del circuito de Bogotá, corrió el conteo de la pérdida del
poder sancionatorio del Estado, habiéndose producido causal objetiva
al transcurrir más de 5 años desde aquella data, sin que se hubiera
proferido apertura de investigación disciplinaria antes del 28 de enero
de 2020, en los términos de la Ley 734 de 2002.
Ahora bien, la inconformidad planteada por el accionante consiste en
que (i) la primera instancia no le notificó personalmente del auto de
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
apertura de indagación dentro del proceso disciplinario No. 11001-11-
02-000-2018-06765-01 y, en consecuencia, no pudo aportar pruebas;
y que (ii) la acción disciplinaria no estaba caducada.
Al respecto, indicó que dicha Comisión encontró configurada la
caducidad, en primera medida, porque nunca se ordenó la apertura de
la investigación disciplinaria, cuyo auto interrumpe la prescripción, y en
segunda medida, porque los hechos materia de queja databan de los
años 2015 y 2016 en tanto su reproche radicaba únicamente en la
sentencia condenatoria proferida en su contra el 29 de enero de 2015,
decisión que fue confirmada en su integridad por el Tribunal Superior
de Bogotá el 27 de abril de 2016, lo que blindó el fallo con la doble
presunción de acierto y legalidad y, de paso, demostró que la gestión
se cumplió en derecho.
Frente a la supuesta ausencia de notificación del auto de apertura de
indagación preliminar, indicó que al quejoso le fue comunicada dicha
providencia pese a no tratarse de un sujeto procesal, en tanto su
actuación se limita a presentar la queja, ampliarla bajo la gravedad de
juramento, aportar las pruebas que tenga en su poder y recurrir la
decisión de archivo, a la luz del artículo 90 de la Ley 734 de 2002. Por
el contrario, se demostró que aquel intervino en el desarrollo del
asunto, tanto así que interpuso el recurso de apelación contra el auto
que dispuso la terminación y archivo, lo que evidencia que se le
respetaron las garantías constitucionales y legales.
Por lo anteriormente expuesto, pidió que se declare la improcedencia
de la acción o, en su defecto, se nieguen las pretensiones formuladas,
en tanto dicha Comisión no ha incurrido en la vulneración de derecho
fundamental alguno.
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
4.2. La Procuraduría General de la Nación manifestó que dicha
entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, en tanto la
competencia para investigar las conductas de los funcionarios judiciales
radica en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en sus comisiones
seccionales.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará si:
• ¿La providencia del 2 de junio de 2021 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que confirmó la decisión de archivo
de la queja disciplinaria formulada por el accionante incurrió en
defecto procedimental1?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; iii) el marco conceptual del defecto procedimental; y
iv) el caso concreto.
1
Aunque el accionante no identifica el defecto que le atribuye a la providencia del 2 de junio de 2021, la
Sala interpreta, de acuerdo con los argumentos de inconformidad expuestos, que estos encuadran en un
defecto procedimental relacionado con la indebida aplicación del término de caducidad de la acción
disciplinaria.
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
2.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de notificación de la providencia cuestionada (9 de
agosto de 2021) hasta la radicación de la acción de tutela (1.º de
diciembre de 2021).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto
procedimental en que presuntamente incurrió la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
2.2. Del defecto procedimental
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido 4. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto,
y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es)
de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea
porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente
4
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
–desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”7 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera
que sus actuaciones generan una denegación de la justicia8. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho
sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando:
i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse
de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto
oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar9.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
6
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
9
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289
de 2005 y T-053 de 2012.
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda
corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de
todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales10.
3. Caso concreto
En el presente asunto, el señor José Miguel Díaz Estupiñán cuestiona la
providencia del 2 de junio de 2021 mediante la cual la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial declaró configurada la caducidad de la
acción disciplinaria, porque considera que el inicio de dicho término no
puede contarse desde el 29 de enero de 2015, cuando el juez séptimo
penal del circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria, sino desde
el 2 de enero de 2018, cuando “(…) intempestivamente le fue afectado el
Derecho Fundamental de la libertad (…)”.
Al respecto, la Sala observa que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, para adoptar la decisión que ahora se cuestiona, consideró lo
siguiente:
«Caducidad. – antes de tomar cualquier determinación, observa esta Comisión que el
reproche que hace el quejoso a los funcionarios radica en la sentencia penal por medio del
cual fue condenado adiada 29 de enero de 2015, pues a su juicio era arbitraria. En ese orden
de ideas, evidencia esta Comisión que desde dicha data a la fecha NO se ha proferido auto
de apertura de investigación; únicamente se decretó por parte de la primera instancia la
indagación mediante auto del 22 de marzo de 2019, situación que no puede pasarse por alto,
toda vez que evidentemente se advierte la imposibilidad de proseguir con la misma, ya que
se ha presentado el fenómeno jurídico de la caducidad en los términos consagrados en el
artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
el cual reza:
10
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
“… La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término
empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las
de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para
las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar…”
(…)
Es así, que desde el 29 de enero de 2015, fecha en la cual se profirió fallo condenatorio
contra el quejoso, por parte del juez investigado, correrá el conteo de la pérdida del poder
sancionatorio del Estado, habiéndose producido causal de objetiva (sic), al transcurrir más
de 5 años desde aquella data sin que a la fecha se haya abierto investigación disciplinaria
como lo establece la Ley 734 de 2002, pues ello debió ocurrir antes del 28 de junio de 2020,
pero no fue así.
En relación con lo anterior, es menester advertir, que no existe el menor asomo de duda que
para el día 29 de enero de 2021, fecha en la cual fue repartido el presente proceso al
despacho del suscrito Magistrado Ponente, ya se encontraba caducada la acción
disciplinaria».
Se entiende entonces que la anterior decisión obedeció a que la queja
del señor Díaz Estupiñán recayó sobre la actuación adelantada por el
juez séptimo penal del circuito y la fiscal 242 seccional de Bogotá que
se materializó con la expedición de la sentencia condenatoria del 29 de
enero de 2015, pues el mismo manifestó que dicha providencia “fue
proferida bajo injusticias, con calumnias” y que le fue violentado el
derecho al debido proceso, por cuanto “no se le permitió hablar durante
la etapa de juicio porque no asistió a la audiencia preparatoria” (página
2 del proveído del 2 de junio de 2021).
En ese contexto, esta Sala considera que la decisión adoptada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es arbitraria o caprichosa,
puesto que fue a partir del contenido de la queja formulada por el señor
Díaz Estupiñán que estableció que no era dable entender otras fechas
para realizar el conteo de caducidad, precisamente porque el motivo de
la inconformidad frente a la conducta asumida por los funcionarios
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
judiciales se concretó con la expedición de la sentencia condenatoria
del 29 de enero de 2015.
Por tanto, no es de recibo para la Sala el argumento expuesto por el
accionante según el cual el conteo del término de caducidad de la acción
disciplinaria debía efectuarse a partir del 2 de enero de 2018, en primer
término, por cuanto expone, de manera confusa y precaria, que fue en
dicha fecha cuando se le privó intempestivamente de la libertad sin que
aporte elementos adicionales que permitan ahondar en dicha cuestión,
y porque, además, dicho argumento se contradice con lo expuesto en
el recurso de apelación que interpuso contra la decisión del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, en el que señaló que la
prescripción debía contarse a partir del 22 de febrero de 2017, cuando
quedó en firme la condena.
En todo caso, la Sala considera que el criterio asumido por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, al entender que la caducidad contaba a
partir del 29 de enero de 2015, es razonable, por cuanto la participación
de los funcionarios sobre los cuales se presentó la queja se agotó con
la expedición de la providencia condenatoria de esa fecha, y porque
además, el hecho de que se hubiera interpuesto el recurso
extraordinario de casación y se hubiera impugnado la decisión que lo
inadmitió, no implican, prima facie, que la conducta reprochada por el
accionante se extendiera hasta el 2 de enero de 2018.
En suma, concluye esta Sala que la providencia del 2 de junio de 2021
no adolece de defecto procedimental, por cuanto, como quedó visto,
tuvo como sustento un análisis integral de los elementos constitutivos
de la queja disciplinaria a la luz de las normas que rigen el
procedimiento disciplinario, lo que descarta la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante y que impone a esta Sala negar
las pretensiones de la presente demanda.
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Radicado: José Miguel Díaz Estupiñán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por el señor José
Miguel Díaz Estupiñán en contra de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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