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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11268-00

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11268-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por las señoras María Carolina, Catherine, Harold Fernando Cárdenas Sánchez y María Jacqueline Sánchez Ospina, quien actúa en nombre propio y en representación de este último, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo del señor Harold Fernando Cárdenas Solano, en atención a lo señalado dentro de la providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11268-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de marzo de 2022

Demandante: Harold Fernando Cárdenas Solano
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-11268-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11268-00
Demandante: HAROLD FERNANDO CÁRDENAS SOLANO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tema: Inexistencia del defecto de desconocimiento del precedente.
Carga mínima argumentativa tratándose de tutela contra
providencia judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el
señor Harold Fernando Cárdenas Solano mediante apoderada judicial contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante correo electrónico remitido al buzón electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado el 1 de diciembre de 2021, el señor Harold Fernando
Cárdenas Solano, por conducto de apoderada, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la que solicitó la protección de
su derecho fundamental a la igualdad, y de los principios generales a la seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima.

2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en la sentencia de segunda instancia
de 16 de diciembre de 2020 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado. En esta providencia, al resolver el recurso de apelación, se
confirmó la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de 31 de octubre de 2013 que
denegó las pretensiones de la demanda promovidas al interior del proceso de
reparación directa identificado con el radicado No. 25000-23-26-000-2010-00651-
00/1.
1

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Demandante: Harold Fernando Cárdenas Solano
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-11268-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo del derecho fundamental invocado
y, aunque el escrito constitucional no contiene un acápite sobre pretensiones, de su
lectura puede extraerse que busca dejar sin efectos las mentadas providencias
judiciales.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 21 de noviembre de 2006, el señor Alfonso Jiménez Vásquez presentó
denuncia penal contra el señor Harold Fernando Cárdenas Solano por cuanto, a su
juicio, lo constriñó para firmar la disolución de un contrato de compraventa sobre un
inmueble.

5. Como consecuencia de lo anterior, el 15 de julio de 2008, agentes del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, detuvieron, en virtud de una
orden de captura, al señor Cárdenas Solano, por ser el presunto autor de los delitos
de secuestro y extorsión1.

6. El 24 de julio de 2008, la Fiscalía Seccional 25 de Bogotá impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva contra el tutelante. Sin
embargo, con actuación de 24 de septiembre de 2008, revocó la decisión preliminar
y ordenó la libertad del procesado. A su turno, el 5 de enero de 2009, precluyó la
investigación en favor del ciudadano en aplicación del principio in dubio pro reo.

7. Por ello, el señor Harold Fernando Cárdenas Solano ejerció acción de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, ante la presunta privación
injusta de su libertad. Este proceso se identificó con el radicado No. 25000-23-26-
000-2010-00651-00/12.

8. El 31 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B negó las pretensiones de la demanda al encontrar
que la decisión del ente acusador se sustentó en el actuar culposo del accionante,
consistente en la celebración de negocios jurídicos sin sujeción al ordenamiento
jurídico.

9. Inconforme con ello, la parte demandante presentó recurso de apelación, el
cual fue resuelto el 16 de diciembre de 2020, notificado el 2 de junio de 2021, por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. El juez colegiado de
segunda instancia confirmó lo decidido por el a quo. Sin embargo, precisó que esto

1 El actor indicó en su tutela que el cambio de tipificación delictiva obedeció a que “con cada salida

procesal el denunciante fue modificándolos hechos al arbitrio del funcionario que recepcionaba las
declaraciones”.
2 Dentro de la sentencia de segunda instancia se indicó que las señoras María Carolina, Catherine y

Harold Andrés Cárdenas Sánchez, así como María Jacqueline Sánchez, no se encontraron
legitimadas en la causa por activa al no haber aportado prueba idónea que permitiera acreditar su
vínculo familiar con el demandante.
2

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obedeció a que no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y
esencial de la responsabilidad.

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte actora invocó los defectos de desconocimiento del precedente y
fáctico. Sin embargo, de su lectura solo puede extraerse lo siguiente.

11. Con relación al primero, indicó que este se vio acreditado ante la clara
trasgresión al derecho fundamental de la igualdad frente a “sentencias que
reconocen el precedente constitucional establecido por el Consejo de Estado y las
diferentes autoridades administrativas y bajo la misma razón de hecho contenida en
el sub judice” en donde se ha reconocido la responsabilidad del Estado; así como a
los principios de seguridad jurídica sobre las referidas decisiones judiciales, de
buena fe y a la confianza legítima al considerar que aspiraba un fallo favorable
acorde a los lineamientos fijados en la jurisprudencia sobre la materia.

12. Aunado a ello, transcribió de manera amplia la sentencia SU-072 de 2018 de
la Corte Constitucional, para lo cual adujo que debe existir una reparación a los
perjuicios ocasionados con una privación injusta a partir del análisis del régimen
objetivo, en el que basta que exista una detención y posterior libertad por in dubio
pro reo, situación que se acompasa con lo que le ocurrió.

13. Frente al segundo yerro, mencionó que la autoridad accionada omitió el
análisis probatorio obrante en el expediente, particularmente “los testigos y los
documentos allegados”, y precisó que no se realizó “el estudio y la superposición”
de las pruebas que permitieran establecer si tenía la obligación jurídica de verse
vulnerado su derecho fundamental a la libertad.

14. Finalmente refirió encontrarse ante una situación de perjuicio irremediable,
pues adujo que la privación de su libertad afectó su economía personal y familiar,
así como su salud mental. Para sustentarlo, allegó un dictamen emitido el 4 de julio
de 2017 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde da
cuenta de esto, en el que se recomienda un acompañamiento por psicoterapia con
enfoque psicodinámico por un periodo de 12 meses, así como acciones
encaminadas a la reparación simbólica.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

15. Mediante auto de 15 de diciembre de 2021, el magistrado ponente dispuso la
inadmisión de la tutela y se concedió el término de tres (3) días, computados a partir
de la notificación de la providencia3, para presentar el poder o los documentos que
faculten a la togada para interponer el mecanismo constitucional en representación
de Harold Fernando Cárdenas Solano.

3 Auto inadmisorio notificado el 11 de enero de 2022.

3

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16. Mediante correo electrónico remitido al buzón electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado el 13 de enero de 2022, la abogada María Isabel
Hernández remitió poder conferido por su representado para adelantar el presente
trámite.

17. A su vez, previo a la admisión de la tutela, esta Sala solicitó a la parte
accionante, mediante auto del 21 de enero del 2022, notificado el día 24 del mismo
mes y año, remitir las direcciones físicas y electrónicas de las personas que, junto
al señor Harold Fernando Cárdenas Solano, integraron la parte demandante en el
medio de control de reparación directa promovido. En específico, los datos de
contacto de María Carolina y Catherine Cárdenas Sánchez; y María Jacqueline
Sánchez Ospina, en nombre propio y en representación de Harold Andrés Cárdenas
Sánchez. Esta situación fue aclarada el pasado 27 de enero.

18. Por cumplir con los requisitos que señala el artículo 14 del Decreto 2591 de
1991, mediante auto de 3 de febrero de 2022, notificado el 7 siguiente, se admitió
la acción de tutela, y ordenó vincular como parte demandante a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B; y como terceros con interés a: i) la
Fiscalía General de la Nación; ii) María Carolina y Catherine Cárdenas Sánchez; y
María Jacqueline Sánchez Ospina, en nombre propio y en representación de Harold
Andrés Cárdenas Sánchez, y iii) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

19. Pese a tener la dirección física y los correos electrónicos de las señoras
María Carolina, Catherine Cárdenas Sánchez y María Jacqueline Sánchez Ospina 4,
a saber: Calle los Telares N. 141. Urbanización Vulcanologías. Ate Vitarte. Lima –
Perú, ccardenas@ouro-group.com, kcardenas@ouro-group.com y
jacquie_333@hotmail.com, no fueron notificadas del presente mecanismo
constitucional.

20. Posteriormente, el 15 de febrero de 2022 la Secretaría General del Consejo
de Estado requirió a la señora María Isabel Hernández, apoderada del actor, para
que suministrara la información de las mentadas ciudadanas, pese a que esto ya
había sido puesto en conocimiento como se explicó previamente. No obstante, el
17 siguiente, la abogada envió nuevamente la información, así como un poder
suscrito por las mencionadas señoras conferido a la señora Edith Mejía Garzón.

21. En ese orden, el despacho ponente, previo a pronunciarse sobre el fondo del
trámite constitucional, vio la necesidad de realizar la notificación del auto admisorio
de la presente acción de tutela y del escrito de la demanda a las señoras María
Carolina y Catherine Cárdenas Sánchez y María Jacqueline Sánchez Ospina y, de
paso, reconocerle personería a la abogada Edith Mejía Garzón, para que, si a bien
lo tenían, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de aquella decisión,
allegaran su intervención en los términos que consideren pertinentes. Esta decisión
data del 24 de febrero de 2022, notificada y cumplida el 28 del mismo mes y año.

4 Quien actúa en nombre propio y en representación de Harold Andrés Cárdenas Sánchez.

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1.5.2. Intervenciones

22. Remitidos los oficios del caso, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.2.1. María Carolina, Catherine, Harold Fernando Cárdenas Sánchez y
María Jacqueline Sánchez Ospina

23. Por conducto de su apoderada, solicitaron “adherirse” al contenido del escrito
constitucional presentado por el tutelante y, con ello, que se amparen los derechos
fundamentales invocados.

1.5.2.2. Fiscalía General de la Nación

24. Tras realizar un recuento de los antecedentes del trámite ordinario, precisó
que la parte actora no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que
la tutela fuera procedente.

1.5.2.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

25. El magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó la declaratoria de
improcedencia del amparo por no superar el requisito adjetivo de relevancia
constitucional; pero que en caso de superarse esto, se estableciera que no se
acreditaba una causal o defecto que conllevara a una vulneración de derecho
fundamental alguno.

26. Lo anterior, pues existió un claro incumplimiento de los requisitos generales
y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,
puesto que la decisión enjuiciada se fundó en la normatividad aplicable al caso en
concreto y en la jurisprudencia constitucional de unificación vigente, así como en
pruebas que daban cuenta que la medida privativa de la libertad de la que fue objeto
el señor Cárdenas Solano satisfizo las prerrogativas constitucionales y legales que
rigen el procedimiento penal.

27. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, pese a habérsele notificado en debida forma, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Harold Fernando Cárdenas Solano contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 20195 de la Sala Plena de esta Corporación.

5 Reglamento interno de la Corporación.

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. De la solicitud de coadyuvancia

29. Las señoras María Carolina y Catherine Cárdenas Sánchez; y María
Jacqueline Sánchez Ospina, en nombre propio y en representación de Harold
Andrés Cárdenas Sánchez, solicitaron “adherirse” a lo pretendido por el señor
Harold Fernando Cárdenas Solano, para lo cual indicaron:

Nos adherimos al contenido de la tutela presentada por la Dra. María Isabel
Hernández Fernández, en calidad de apoderada judicial del señor Harold Fernando
Cárdenas Solano y en tal virtud, solicitamos a su señoría se amparen los derechos
fundamentales tutelados.

30. Al respecto, la Sala se permite traer a colación la figura de la coadyuvancia
en la acción de tutela. Sobre esto, la Corte Constitucional en sentencia T-1062 de
2010, expuso:

Coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones
y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia.

31. En ese orden, comoquiera que lo pretendido por las referidas ciudadanas se
encamina a ser parte del presente trámite constitucional sin que medie
planteamiento que vaya en contravía a lo señalado por el señor Cárdenas Solano,
se accederá a su solicitud, admitiéndolas en calidad de coadyuvantes dentro de esta
acción de tutela.

2.2.2. Del estudio de providencias

32. La parte actora cuestionó tanto la sentencia de 31 de octubre de 2013 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, como
aquella del 16 de diciembre de 2020 del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. En todo caso, así hubiesen reparos contra la decisión de primer
grado, el análisis se hace respecto de la providencia que puso fin al proceso
ordinario.

2.3. Legitimación en la causa

33. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

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34. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19916, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales7.

35. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Harold Fernando Cárdenas Solano, es el titular del derecho fundamental que
reclama, en razón a que fungió como demandante dentro del proceso de reparación
directa en el que se profirió la providencia aquí enjuiciada.

36. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

37. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, autoridades que profirieron las providencias objeto de
censura, razón por la cual, se encuentran legitimadas por pasiva.

2.4. Problemas jurídicos

38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

 ¿Se superan en el caso bajo estudio los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

39. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ¿vulneró los
derechos invocados, por presuntamente incurrir en los defectos de
desconocimiento del precedente y fáctico, al proferir la sentencia del 16
diciembre de 2020, mediante la cual confirmó la emanada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dentro
del proceso de reparación directa promovido contra la Fiscalía General
de la Nación?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y de superarse lo anterior; iii) nociones de los defectos invocados y; iv) el
análisis del caso concreto.

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.

7

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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales10.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial13.

43. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
8

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44. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

45. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

46. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

47. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

48. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 16 de diciembre de 2020 comoquiera que, a su juicio, se incurrió en
los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico, ante el presunto análisis
parcializado por parte de la autoridad accionada respecto de lo ocurrido en el
procedimiento penal que ordenó su medida de aseguramiento.

49. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerado su derecho fundamental a la igualdad.

50. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a un derecho fundamental, pilar del sistema judicial, como lo es el
invocado en la presente acción de amparo.

51. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.

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2.6.2. Tutela contra sentencia de tutela

52. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de reparación directa que promovió el actor contra la Fiscalía
General de la Nación.

2.6.3. Inmediatez

53. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerado su derecho
fundamental a la igualdad, con ocasión de la sentencia de 16 de diciembre de 2020,
notificada el 2 de junio de 2021 y cuya ejecutoria venció el 10 siguiente14, proferida
al interior del proceso de reparación directa, así que la Sala considera que la acción
de tutela contra providencia judicial radicada el 1 de diciembre de 2021, se presentó
dentro de un término razonable.

54. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 15,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200516, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

55. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección del derecho fundamental que la parte actora considera
vulnerado, la Sala precisa que, contra la sentencia controvertida no procedía ningún
recurso ordinario.

56. Asimismo, frente a los argumentos del accionante, se advierte que no es
procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos que
los sustentan no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la ley, y por
otro, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la medida que en
la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos previstos en los artículos
258 y 270 de la Ley 1437 de 2011.

14 Esta información se extrae de la verificación hecha por la Sala dentro de la página de Consulta de

Procesos de la Rama Judicial. Asimismo, el término de ejecutoria obedece al análisis integral entre
lo señalado en los artículos 205 CPACA y 302 CGP.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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57. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
máxime si se tiene que todos los argumentos planteados en esta sede constitucional
también fueron puestos de presente en el trámite ordinario, motivo por el cual se
pasará, en un primer momento, a realizar una explicación general de los defectos
invocados, y posteriormente, el estudio del caso concreto.

2.7. Nociones de los defectos invocados

2.7.1. Desconocimiento del precedente

58. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente17. Este se sintetiza en los siguientes términos:

(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
(…)18. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

59. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente19.

60. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos20 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

61. La Sala analiza el asunto de la referencia, teniendo en cuenta la
caracterización dada por la Corte Constitucional y esta Sección al mencionado
defecto.

2.7.2. Defecto fáctico

62. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201521, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de

febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
19 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
20 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 12 de

noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

63. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de
Omisión de decreto pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
y práctica de que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
pruebas
los parámetros arriba señalados.
indispensables para
fallar el asunto De esta manera, se requiere que la parte:

a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Exponga las razones por las cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son
tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se
requiere que, de forma específica, se concrete en el escrito
de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y
Desconocimiento
legalmente, fueron desconocidas por el juez.
del acervo
probatorio
Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
determinante para
identificar la
a) Identifique los elementos de prueba no valorados por
veracidad de los
el juez.
hechos alegados
b) Demuestre que estos fueron aportados en forma legal
por las partes
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de estos para
variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
Valoración la apreciación efectuada por el fallador resulta
irracional o manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
arbitraria de las peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
pruebas aportadas
Se requiere entonces que la parte:

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Evento Características
a) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez
b) Identifique la razón del por qué, en cada caso en
particular, la consideración del operador judicial se
aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.

El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, en ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.

c) Refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los
requisitos legales para su producción o introducción al
proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado,
Dictar sentencia con
al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de
fundamento en
las partes.
pruebas obtenidas
con violación del
Para su configuración corresponde:
debido proceso
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

64. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

65. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Constitución Política.

66. Asimismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión.

2.8. Caso concreto

67. La parte actora señaló que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico
en la sentencia de 16 de diciembre de 2020, mediante la cual confirmó la negativa

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de las pretensiones de la demanda dentro de un proceso de reparación directa
promovida por el actor y otros contra la Fiscalía General de la Nación, al no
encontrar acreditado que la privación de su libertad fuera injusta.

68. Sea lo primero señalar que esta Sección escindirá los cargos al evidenciar
que únicamente el defecto de desconocimiento del precedente superó el mínimo de
carga argumentativa, esto por cuanto en reiteradas oportunidades se ha indicado
que, respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, no basta con que se
alegue de manera genérica la ocurrencia de los defectos22.

69. Al descender al caso concreto se tiene que, el actor planteó que el mentado
defecto se configuró pues se desatendió la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional. Para ello, adujo que debe existir una reparación a los perjuicios
ocasionados con una privación injusta a partir del análisis del régimen objetivo, en
el que basta que exista una detención y posterior libertad por in dubio pro reo,
situación que se acompasa con lo que le ocurrió.

70. Sobre el particular, la Sala se permite señalar que, la providencia enjuiciada
en esta sede constitucional, fue clara en indicar que, una vez analizado el trámite
adelantado por la Fiscalía General de la Nación sobre la medida de aseguramiento
al tutelante, la autoridad accionada encontró que no se evidenció un daño
antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que a su
juicio conllevó a concluir que resultaría infructuoso el estudio de los demás
presupuestos del instituto indemnizatorio y, con ello, establecer que no había lugar
a la reparación pues:

“la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende
necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos,
y que ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de
reparar”.

71. En ese sentido, esta Sección encuentra que la parte demandada, en ejercicio
de los principios de autonomía e independencia judicial, adoptó una decisión en
derecho que no trasgrede garantía constitucional alguna, pues precisamente la
sentencia de unificación mencionada como desconocida por el tutelante, fue clara
en exponer que el juez tiene la autonomía de escoger el título de imputación de la
responsabilidad patrimonial del Estado que estime más apropiado para resolver la
controversia planteada.

72. De esta manera, y como se ha indicado en otras oportunidades 23, se extrae
que dicho discernimiento concuerda con lo señalado en el artículo 90 de la
Constitución, pues solo estableció un régimen general de responsabilidad
definiendo exclusivamente la naturaleza del daño que es resarcible, sin definir un
título de imputación exclusivo en los eventos de privación injusta de la libertad.

22 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencias del 27 de octubre de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-06589-00, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio; Rad. No. 11001-03-15-000-2021-06080-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
14 de octubre de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-03683-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; 16
de septiembre de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-05124-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencias del 27 de

octubre de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2020-04737-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
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73. Entonces, a modo de conclusión respecto de este reproche, la Sala estima
que los reparos expuestos en la solicitud de tutela no tienen vocación de
prosperidad, teniendo en cuenta que la autoridad accionada escogió el título de
imputación que, a su juicio, era el adecuado para efectos de establecer si el daño
antijurídico debía ser atribuido a las entidades demandadas, acorde con el
precedente judicial aplicable y vigente al caso concreto, por lo que no se encuentra
acreditada la configuración de este defecto, siendo necesario denegarlo.

74. Por otro lado, frente al defecto fáctico mencionó que la autoridad accionada
omitió el análisis probatorio obrante en el expediente, particularmente “los testigos
y los documentos allegados”, y precisó que no se realizó “el estudio y la
superposición” de las pruebas que permitieran establecer si tenía la obligación
jurídica verse vulnerado su derecho fundamental a la libertad.

75. No obstante, no cumplió con la carga que le correspondía para sustentar la
presunta ocurrencia de este defecto, pues (i) no identificó los elementos de prueba
que, en su concepto, no fueron valorados por el juez, (ii) no demostró que éstos
fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso, (iii) no señaló las
razones por las cuales eran relevantes para la decisión y (iv) no precisó
razonadamente la incidencia de estos para variar el sentido del fallo.

76. Finalmente, con relación a la manifestación del perjuicio irremediable, la
Corte Constitucional en sentencia T-956 de 2013, expuso:

la jurisprudencia constitucional ha contemplado que ese perjuicio (i) debe ser
inminente; (ii) debe requerir de medidas urgentes para ser conjurado; (iii) debe
tratarse de un perjuicio grave; y (iv) solo puede ser evitado a partir de la
implementación de acciones impostergables. El perjuicio ha de ser inminente: "que
amenaza o está por suceder prontamente.

77. Ahora bien, frente a este señalamiento el demandante no expuso pretensión
alguna. Si bien se reconoce la validez del dictamen del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de 4 de julio de 2017, lo cierto es que de su
sola transcripción no puede extraerse que esta Sala constitucional deba proferir
decisión alguna sobre este punto. Lo anterior porque no existe certeza sobre la
situación actual de salud del actor ya que el referido informe es de hace 5 años.
Además, esta prueba no es pertinente ni conducente para demostrar los defectos
que el actor considera incurrió el fallo ordinario, en el que se discutió si el Estado
debía reparar al señor Cárdenas Solano por la presunta privación injusta de su
libertad.

2.9. Conclusión

78. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala de Decisión concluye que el actor en
el escrito de tutela no cumplió con el deber de exponer una mínima carga
argumentativa que permita analizar si la providencia ordinaria incurrió en el defecto
fáctico que aduce la parte demandante. A su turno, tampoco se evidenció la
configuración del defecto de desconocimiento del precedente puesto que la
autoridad accionada, en uso de su autonomía judicial y bajo los lineamientos de la
sentencia SU-072 de 2018, aplicó el régimen de responsabilidad que estimó acorde
a la situación de estudio sin que ello implique una vulneración de las garantías
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constitucionales del actor. En consecuencia, la presente solicitud de tutela será
negada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por las señoras
María Carolina, Catherine, Harold Fernando Cárdenas Sánchez y María Jacqueline
Sánchez Ospina, quien actúa en nombre propio y en representación de este último,
de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo del señor Harold Fernando Cárdenas
Solano, en atención a lo señalado dentro de la providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

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