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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11294-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11294-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2013 dictada por el Tribunal Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001-03-15-000-2021-11294-00 Demandante: Jaime Ulloa Niño Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “C” (primera instancia) y la sentencia de fecha 19 de febrero de 2021, emitida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A” (segunda Instancia), dentro del proceso de reparación directa radicado 25000-23-26- 000-2012-00608-00/01. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11294-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de febrero de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11294-00
Demandante: Jaime Ulloa Niño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11294-00
Demandante: JAIME ULLOA NIÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN “A” y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C”.

Tema: No es procedente la acción de tutela que se interpone con
más de seis meses después de que fue notificada la
providencia que se considera violatoria de derechos
fundamentales, si la parte actora no presenta argumentos
válidos que expliquen la tardanza en la interposición de la
solicitud de amparo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Ulloa Niño,
actuando en nombre propio, en contra de la sentencia de fecha 11 de
octubre de 2013 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “C” y la sentencia de fecha 19 de febrero de
2021, emitida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A”,
dentro del proceso de reparación directa radicado 25000-23-26-000-2012-
00608-00/01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jaime Ulloa Niño actuando en nombre propio, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales “establecidos en los artículos 2, 4, 6, 13, 29,
58, 83, 90, 228, 229 y 230 de la Constitución Política”, los cuales estimó
vulnerados por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A”, al

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11294-00
Demandante: Jaime Ulloa Niño

dictar la sentencia de segunda instancia que, confirmó la decisión emitida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección
“C” que negó las pretensiones de la demanda promovida por el aquí
accionante, en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, dentro del proceso de reparación directa1 identificado
con número único de radicación 25000-23-26-000-2012-00608-00/01.

El actor formuló en esta acción constitucional las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, que es la demandada en el proceso reivindicatorio Radicado N
110013103021-09578-09578(sic), esta ocupando de hecho y en forma permanente
desde el año 1984 y en la fecha actual mes de diciembre de 2021, el predio de
propiedad de los demandantes, localizado en la Avenida Circunvalar con Calle 51
Esquina Suroccidental de la ciudad de Bogotá, localizado en la nomenclatura actual
Calle 51 N 3-25.

SEGUNDA: Que se declare que la Demanda de Reivindicación Radicado N
110013103021-1995-09578-01, quedó totalmente sin resolver en la sentencia de
punto final proferida el 2 de junio de 2010 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, porque en dicha sentencia se incumplió la obligación de proferir
todas las declaraciones y condenas de la Segunda Regla, establecidas en el Citado
Precedente Judicial, para resolver los casos de ocupación de hecho de predios
privados con obras de servicio público.

TERCERA: Que se declare que la pretensión fundamental de la Acción de Reparación
Directa por Error Judicial Radicado 250002326000-2012-00608-01, es la
REIVINDICACIÓN del predio de propiedad de los demandantes, localizado según la
nomenclatura actual de la ciudad de Bogotá, en la calle 51 N 3-25.

CUARTA: Que se declare que la Acción de Reparación Directa por Error Judicial
Radicado No 250002326000-2012-00608-01, quedó totalmente sin resolver en la
sentencia de segunda instancia, proferida el 19 de febrero de 2021 por el Consejo
de Estado Sección Tercera Subsección A, dado que en dicha sentencia, se incumplió
la obligación de aplicar las DOS (2) REGLAS establecidas en el citado PRECEDENTE
JUDICIAL, para resolver los casos de ocupación de predio privados con obras de
servicio público.

QUINTA: Que se declare que dicha sentencia de segunda instancia, proferida el 19
de febrero de 2021 por el Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A incurrió
en FRAUDE A LA LEY, considerando que incumplió la obligación de aplicar de las DOS
(2) REGLAS del citado precedente judicial, y como consecuencia: en primer lugar,
violó por falta de aplicación los derechos de los legítimos propietarios del predio y
demandantes, establecidos en los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 83, 90, 228, 229 y
230 de la Constitución Política, y en segundo lugar, porque se configura FRAUDE A LA
LEY, dando aplicación ao(sic) la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional,
en la sentencia T-073-2019 puntos N 83, N84 y N85.

1
El proceso de reparación se promovió a propósito de los alegados errores judiciales que habrían sucedido dentro
del proceso declarativo que el aquí accionante y otro instauraron en contra de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, entidad que por tal razón fue vinculada a este trámite constitucional en calidad de tercero
interesado en las resultas del proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11294-00
Demandante: Jaime Ulloa Niño

SEXTA: Que se revoque totalmente y que se deje sin Valor y sin efecto jurídico,
sentencia de segunda instancia, proferida el 19 de febrero de 2021 por el Consejo
de Estado Sección Tercera Subsección A en primer lugar, violó por falta de aplicación
los derechos de los legítimos propietarios del predio y demandantes, establecidos
en los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 83, 90, 228, 229 y 230 de la Constitución Política,
y en segundo lugar, porque se configura FRAUDE A LA LEY, dando aplicación ao(sic) la
jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional, en la sentencia T-073-2019
puntos N 83, N84 y N85.

SÉPTIMA: Que se ordene al Consejo de Estado Sección Tercera en primer lugar,
que profiera nueva sentencia de segunda instancia en reemplazo de la revocada
proferida el 19 de febrero de 2021, en la Acción de Reparación Directa por Error
judicial Radicado N 250002326000-2012-00608-01, en segundo lugar, que en la
nueva sentencia de segunda instancia, le dé aplicación a las DOS (2) REGLAS
establecidas en el citado PRECEDENTE JUDICIAL, para resolver los casos de ocupación
de hecho de predios privados con obras de servicio público, establecido por la Sala de
Casación Civil de La Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia proferida el
25 de octubre 2004, Expediente N 5627, M.P. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR.

OCTAVA: Que se declare sin valor y sin efecto jurídico, sentencia de primera
instancia, proferida el 11 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Tercera Subsección C, con fundamento en que INCUMPLIÓ
LAS DOS (2) REGLAS del citado PRECEDENTE JUDICIAL establecido por la Sala de
Casación Civil de La Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia proferida el
25 de octubre 2004, Expediente N 5627, M.P. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR, y
en consecuencia de semejante incumplimiento en primer lugar, violó por falta de
aplicación los derechos de los legítimos propietarios del predio y demandantes,
establecidos en los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 83, 90, 228, 229 y 230 de la
Constitución Política, y en segundo lugar, porque se configura FRAUDE A LA LEY, dando
aplicación ao(sic) la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional, en la
sentencia T-073-2019 puntos N 83, N84 y N85.

NOVENA: Solicito muy amablemente que se suspendan los términos de esta acción
de tutela, Hasta la fecha en que se ordene que habrá asistencia presencial en los
despachos judiciales de las partes del PROCESO

DECIMA: Solicito también que se suspendan los términos de acción de tutela, por
el tiempo requerido para oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Tercera, para que remita en calidad de préstamo a esta Acción de Tutela, el archivo
del expediente de la Acción de Reparación Directa por Error Judicial radicado
250002326000-2012-00608-00 que actualmente reposa en los archivos de dicho
Tribunal, dado que los documentos de prueba que obran en dicho archivo, son
fundamentales para demostrar todos los CUATRO (4) REQUISITOS de la primera
regla del citado PRECEDENTE JUDICIAL, para resolver los casos de ocupación de
hecho de predios particulares con obras de servicios públicos” (sic)

Las anteriores pretensiones fueron fundamentadas por la parte actora de la
siguiente manera:

Señaló que las sentencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del
precedente judicial establecido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Civil en sentencia del 25 de octubre de 2004 expediente 5627, que

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Demandante: Jaime Ulloa Niño

establece dos reglas que se deben cumplir para declarar los derechos de los
demandantes como legítimos propietarios del predio objeto de
reivindicación. La primera regla señala que dentro del proceso se debe
demostrar los siguientes requisitos i) que el demandante sea propietario del
bien cuya reivindicación se pretende, ii) que el demandado ostente la
posesión material del bien, iii) que exista plena identidad entre el bien
poseído y el pretendido y iv) que recaiga sobre una cosa singular o cuota
determinada proindiviso. Y la segunda regla señala que, de estar
acreditados los requisitos de la regla uno se debe declarar probado el
derecho, condenar a la entidad demandada por el daño emergente y lucro
cesante y ordenar la transferencia del bien a la parte demandante. Concretó
señalando que a su consideración se encontraba cumplida la regla uno en el
proceso reivindicatorio y por ende al no obtener un fallo favorable se
demostraría claramente la existencia de un error judicial en el proceso de
reparación directa del cual se desprenden las sentencias acusadas.

Posteriormente procedió a realizar un análisis del proceso reivindicatorio
11001-31-03-021-1995-09578-01, el cual fue el proceso base para iniciar
la acción de reparación directa por error judicial, en el cual indicaba que
dentro del mismo no se valoraron las pruebas que demostraban el
cumplimiento de las reglas dictadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala
de Casación Civil señaladas supra.

De otra parte, procedió a transcribir textualmente los argumentos
planteados en los alegatos de conclusión de segunda instancia dentro del
proceso de reparación directa por error judicial concerniente al
desconocimiento del precedente judicial, con lo cual pretende demostrar que
el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A”, al dictar la
sentencia de segunda instancia desconoció los derechos de los legítimos
propietarios del predio objeto del litigio en el proceso reivindicatorio puesto
que, no se dio una explicación razonada del análisis de las pruebas que se
encontraban dentro del expediente.

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Señaló que la sentencia de segunda instancia cuestionada también incurrió en
lo siguiente: i) no tuvo en cuenta la jurisprudencia y doctrina planteado en los
alegatos de conclusión de segunda instancia, ii) no se pronunció frente a todas
las pretensiones de la demanda, iii) no realizó una síntesis de la demanda y
su contestación y, iv) existió incongruencia en la sentencia acusada por cuanto
de las pruebas que reposaban en el expediente se acreditaba el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el precedente judicial y por lo tanto al existir
en el proceso reivindicatorio un fallo negativo para el demandante se podía
advertir claramente la existencia de un error judicial.

Concluyó solicitando que al momento de resolver esta acción de tutela se
realizara una valoración de los elementos de prueba obrantes en los alegatos
de conclusión presentados en segunda instancia del proceso de reparación
directa por error judicial, en los cuales se demostraba el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el precedente judicial y de igual forma advierten
un fraude a la ley por parte de los despachos judiciales accionados.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. De la admisión de la acción de tutela

El 13 de diciembre de 2021 el despacho admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y comunicar a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C., en atención al interés que les
asiste en las resultas de este proceso, por cuanto pueden verse afectados
con la decisión definitiva que se adopte, y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

De igual manera se procedió a negar la medida provisional solicitada por la
parte actora en las pretensiones novena y décima de la presente acción de
tutela con base en lo siguiente:

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“Advierte el despacho que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
de la parte actora se deriva de unas providencias judiciales, proferidas en el trámite
de un proceso de reparación directa que ha sido adelantado por los jueces de la
causa en cada instancia, y que las sentencias acusadas se encuentran amparadas
por los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Así las cosas, como quiera
que para desvirtuar su legitimidad se requiere de un análisis riguroso por parte del
juez constitucional, en orden a verificar si se cumplen los requisitos generales y
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, es claro que
dicha decisión no puede proferirse en esta etapa procesal.

(...)

Aunado a ello, de la lectura de los hechos expuestos por la actora, no resulta
palmaria la vulneración alegada ni se puede colegir la posible ocurrencia de un
perjuicio, ni que éste pueda calificarse como irremediable. Ello por cuanto, no se
evidencia la necesidad de evitar una amenaza, ni se constata la ocurrencia de una
violación de derechos fundamentales cuya agravación se deba precaver, puesto que
de lo que se da cuenta es del trámite en segunda instancia de un proceso de
reparación directa, cuyo resultado fue desfavorable a los intereses del actor, lo que
por sí solo no genera una vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales
invocados.

En ese orden de ideas, no hay lugar a acceder a la medida provisional solicitada en
virtud de la cual se pretende que se suspendan los términos del presente trámite, y
en consecuencia, así se decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.”

2.2. De las contestaciones de la acción de tutela

2.2.1. Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección “A”

El Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección “A”, por intermedio de
la Consejera Martha Nubia Velásquez Rico, solicitó declarar improcedente el
amparo solicitado por el señor Jaime Ulloa Niño, con base en los siguientes
argumentos:

Señaló que la acción de tutela se presentó de manera tardía, con
inobservancia del término de seis meses el cual la jurisprudencia ha
considerado como plazo razonable para controvertir una providencia judicial
mediante la petición de amparo, toda vez que el fallo que se cuestiona se
notificó por edicto el 12 de marzo de 2021, mientras que la demanda solo
se presentó hasta el 3 de diciembre de ese año.

De otra parte señaló que la decisión proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado se dictó con estricto apego al

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ordenamiento jurídico, a lo probado en el proceso y a la jurisprudencia
consolidada de la corporación en relación con la responsabilidad patrimonial
del Estado derivada de los hechos de la administración de justicia,
particularmente por error judicial, razón por la cual no existe una anomalía
o equivocación de la entidad que pueda afectar la validez del fallo.

Explicó que del contenido de la acción de tutela se advierte claramente que
lo pretendido por el accionante es propiciar una tercera instancia del proceso
ordinario, porque está en desacuerdo con lo decidido -en ambas instancias-
en el proceso de reparación directa.

Concluyó señalando que la tutela denota una falta de carga argumentativa
y, por ende, el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida en
que se pretende que el juez de tutela realice un nuevo estudio del acervo
probatorio para arribar a las conclusiones que la parte actora considera que
son las acertadas, lo que desnaturaliza el ejercicio -de por sí excepcional-
de la acción de tutela contra providencia judicial proferida por una alta corte.

2.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como las demás
entidades vinculadas al presente trámite constitucional a pesar de ser
notificadas en debida forma no emitieron pronunciamiento alguno.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el
artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

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3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Jaime Ulloa Niño, por intermedio de apoderado, presentó
demanda de reparación directa en contra de la Rama Judicial, reclamando
los perjuicios materiales y morales que se habrían causado por los graves
errores judiciales que consideró originados en las sentencias: i) de primera
instancia que dictó el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá el 12 de octubre
de 2000, ii) segunda instancia dictado por la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior de Manizales (descongestión) el 31 de octubre de 2007 y
iii) la que dictó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el
2 de junio de 2010, al desatar el recurso extraordinario de casación,
providencias dictadas dentro del proceso declarativo que los demandantes
instauraron en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá.

3.2.2. El proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “C”, el cual
mediante sentencia de fecha 11 de octubre de 2013 decidió negar las
pretensiones de la demanda.

3.2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y el estudio
del recurso de apelación le correspondió a la Sección Tercera - Subsección
“A” del Consejo de Estado que mediante sentencia de fecha 19 de febrero
de 2021 decidió confirmar la sentencia recurrida.

3.2.4. Inconforme con las decisiones proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “C”
(primera instancia) y el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
“A” (segunda Instancia), el aquí accionante, interpuso la presente acción de
tutela invocando como derechos fundamentales vulnerados los “establecidos
en los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 83, 90, 228, 229 y 230 de la Constitución
Política”.

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3.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Tratándose de tutelas contra providencias judiciales, la jurisprudencia
constitucional adoptó los siguientes requisitos de carácter general, los
cuales han sido acogidos por esta corporación2:

“[…] a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas
y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la
doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González)

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f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas. […]”

En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que, cuando se cuestiona
una providencia judicial por medio de una acción de tutela, el demandante
debe cumplir con los requisitos de procedencia. En este sentido, el éxito de
la solicitud de amparo en estos eventos se encuentra supeditado al
cumplimiento de los denominados requisitos generales de procedencia, a la
verificación de al menos una de las “causales específicas de procedibilidad”
que representan las razones concretas por las cuales se puede acusar una
providencia judicial de infringir derechos fundamentales, y a que el actor
despliegue una carga argumentativa consistente en explicar las anomalías
que le atribuye a la providencia, las cuales se pueden enmarcar dentro de
las siguientes categorías: a) El defecto material o sustantivo; b) La violación
directa de la Constitución; c) El defecto fáctico; d) El defecto procedimental;
e) La decisión sin motivación; f) El defecto orgánico; g) El desconocimiento
del precedente, y h) El error inducido, o, como mínimo, que en la petición
de amparo haga una exposición suficientemente clara de los hechos y
derechos que la fundamentan, de forma tal que el juez constitucional pueda
deducir, sin elucubraciones, cuál es el defecto que la parte actora reprocha
de la providencia.

3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

De conformidad con lo anterior, el análisis de las acciones de tutela contra
providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial. En ese orden, la Sala analizará, si se
cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11294-00
Demandante: Jaime Ulloa Niño

para la procedencia de la acción de tutela formulada por el señor Jaime Ulloa
Niño, en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2013 dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
“C” y la sentencia de fecha 19 de febrero de 2021, emitida por el Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección “A”, dentro del proceso de
reparación directa radicado 25000-23-26-000-2012-00608-00/01.

3.1.1. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad
de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo razonable y
proporcionado contado a partir del hecho que originó la amenaza o
vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario desvirtuaría el
carácter excepcional de la acción de tutela.

Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20143, en
lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez
en los casos que se controvierten providencias judiciales, consideró que
dicha exigencia, por regla general, se debe tener por cumplida cuando la
acción se interpone dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación
de la providencia que se pretende controvertir.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. Este
plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado en cada

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Rad.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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Demandante: Jaime Ulloa Niño

caso particular, teniendo en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.

A este respecto, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional
destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la
notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición de la acción
de tutela radica en que dicho requisito: “[…] (i) garantiza una protección
urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o
vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las
solicitudes negligentes[…]”. En adición, la corporación reiteró que no existe
un término de caducidad para acudir al amparo constitucional, de manera
que cada caso debe ser analizado en concreto, teniendo en cuenta todos los
matices y circunstancias que puedan presentarse en el curso del
acontecimiento de los hechos.

Por lo mismo, la Corte Constitucional4 ha establecido criterios excepcionales
para valorar la admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de
que hubiese transcurrido un largo período respecto de la vulneración o
amenaza de derechos. En ese orden de ideas, tratándose de los criterios
excepcionales para evaluar la presentación proporcional en el tiempo de la
acción de tutela, resulta necesario que el escrito de demanda despliegue un
mínimo de carga argumentativa en aras de acreditar: (i) si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si esta inactividad vulnera
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de
la fecha de interposición5.

4
Sentencias T-584 de 2011 y SU-499 de 2016 entre otras.
5
En ese sentido, ver sentencias SU-961 de 1999 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-814 de 2004 (M. P. Rodrigo
Uprimny Yepes), T-743 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-172 de 2013 (M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio).

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Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer
si éstas se adecúan a los criterios excepcionales fijados por la Corte
Constitucional, los cuales pueden responder a parámetros de índole
subjetiva u objetiva según corresponda.

Las razones de índole subjetiva, son aquellas que atañen a las condiciones
especiales del sujeto o sujetos que instauran la acción de tutela. Así pues,
el juez constitucional deberá evaluar: (i) si el demandante pertenece a un
grupo vulnerable; (ii) si de conformidad con la situación personal o
coyuntural del actor no era posible acudir de forma inmediata al juez
constitucional; (iii) si el accionante se encuentra en condiciones de
aislamiento geográfico o de vulnerabilidad económica que le impidieron
ejercer la tutela; (iv) si está en estado de indefensión que le impidió hacer
uso de la acción de tutela, y (v) si la vulneración a los derechos
fundamentales ha sido permanente en el tiempo.

Por su parte, el criterio objetivo hace referencia a aquellos eventos en que
la Corte Constitucional haya expresamente determinado un plazo especial
para la interposición del amparo dada las condiciones propias del caso en
concreto, como sucede cuando se discuten pensiones de sobrevivientes.

En conclusión, este requisito implica, como regla general, que la acción de
tutela debe interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la providencia que se pretende controvertir. Sin embargo, si
de conformidad con la argumentación expuesta por el demandante en el
escrito de tutela, el juez constitucional evidencia que existe una causal de
justificación para que éste no haya acudido al procedimiento de amparo en
ese plazo, deberá acudir a los criterios excepcionales para el cumplimiento
del requisito de inmediatez, esto es, el objetivo o subjetivo, para analizar si
el tiempo de presentación y la fecha en que fue instaurada la tutela es
proporcional a las condiciones del caso en concreto.

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3.1.2. Caso Concreto

En el caso bajo estudio, el accionante mediante la presente acción
constitucional pretende cuestionar la providencia del 19 de febrero de
2021, dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A”,
dentro del proceso de reparación directa radicado 25001-23-26-000-2012-
00608-01, mediante la cual confirmó la sentencia de primera instancia que
había negado las pretensiones de la demanda por no haber encontrado
acreditado el error judicial.

La anterior decisión fue notificada por edicto el 12 de marzo de 2021, de
conformidad con las actuaciones registradas en el proceso de reparación
directa y que se pueden verificar en la página web de la Rama Judicial –
consulta de procesos judiciales6.

No obstante, la presente acción constitucional fue radicada el día 3 de
diciembre de 2021, es decir, 8 meses y 21 días después de la fecha en la
que fue notificada la sentencia que se censura, superando el término de los
6 meses establecidos por la jurisprudencia como tiempo razonable para la
presentación de tutelas contra providencias judiciales.

Ahora bien, dentro del escrito de tutela frente al incumplimiento del requisito
de inmediatez el accionante manifestó lo siguiente:

“ El apoderado de los demandantes (…) después de presentar el alegato de
conclusión de segunda instancia el 20 de mayo de 2019, renunció el poder y la
renuncia fue aceptada.

El suscrito accionante JAIME ULLOA NIÑO, todavía carece de dinero para nombrar
un nuevo apoderado de continuará hasta las terminación del proceso, y carece de
dinero para pagar los honorarios de un abogado que elabore y presente la acción de
tutela contra dichas sentencias.

Igualmente el suscrito accionante, es un adulto mayor que en los próximos meses
cumple 80 años de edad, y carece de buena salud padece de algún agotamiento
frecuente.

Por falta dinero para pagar los honorarios de un abogado para elaborar y presentar
esta acción de tutela, y los problemas de salud.

6
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index

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Demandante: Jaime Ulloa Niño

(…)

Frente a tan enorme daño y a la falta dinero para pagar los honorarios de un
abogado, resolvió afrontar el enorme trabajo de elaborar esta acción de tutela.
Durante mas de Cuatro (4) meses elaboró mas de Ocho (8) borradores para esta
acción de tutela, pero resultaban escritos de mas de 200 páginas y con argumentos
confusos. Así las cosas solicito que se tenga en cuenta las difíciles circunstancias
que atraviesa el suscrito accionante, y se considere que esta acción se presenta en
un término razonable.” (Sic)

Sobre el tema es importante precisar que la Corte Constitucional ha
sostenido que únicamente en dos casos no se hace exigible de manera
estricta el principio de inmediatez7, así:

“Igualmente, ha sostenido, que en los únicos dos casos en que no es exigible de
manera estricta el principio de inmediatez en la interposición de la tutela, es (i)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto
por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) cuando la especial situación de
aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales,
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a
un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”

Ahora bien, frente a la afirmación presentada por el accionante referente a
que “es un adulto mayor que en los próximos meses cumple 80 años de
edad”, la Sala considera importante señalar que el solo hecho de tener una
edad avanzada no es un elemento que baste para hacer menos flexible el
cumplimiento de este requisito de procedibilidad, puesto que la parte actora
debe demostrar además que se encuentra en una situación de
“indefensión, interdicción, abandono (…) incapacidad física,” que le
impidiera presentar la solicitud de amparo dentro de un tiempo razonable
de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que de la argumentación presentada
por el accionante no surge un motivo válido para su tardanza en la
interposición de la presente acción de tutela, por cuanto revisado de manera
detallada el escrito de demanda así como de los anexos aportados, se puede

7
Cfr. en este sentido, entre muchas otras, las sentencia T-533 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-518
de 2011 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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establecer que la parte actora no especificó ni acreditó cuáles son sus
condiciones económicas y/o qué afectaciones físicas padece que le hubieren
impedido radicar la presente acción de tutela en contra de providencia
judicial dentro del término establecido por la jurisprudencia.

De igual manera, el accionante no acreditó la inminencia de un posible
perjuicio irremediable que permitiera superar de manera excepcional el
requisito de inmediatez.

Así las cosas, debe recordarse que, como se expuso en el acápite
precedente, el primer presupuesto para la prosperidad de una acción de
tutela contra providencias judiciales consiste en la acreditación del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales de procedencia de
este mecanismo constitucional antes explicados. En esa medida, el
incumplimiento del requisito de inmediatez en el presente caso no fue
desvirtuado por la parte actora.

En consecuencia, ante el incumplimiento del requisito general examinado,
la Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Jaime Ulloa Niño, en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2013
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección “C” (primera instancia) y la sentencia de fecha 19 de febrero de
2021, emitida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A”
(segunda Instancia), dentro del proceso de reparación directa radicado
25000-23-26-000-2012-00608-00/01.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta en
contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2013 dictada por el Tribunal

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Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “C”
(primera instancia) y la sentencia de fecha 19 de febrero de 2021, emitida
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “A” (segunda
Instancia), dentro del proceso de reparación directa radicado 25000-23-26-
000-2012-00608-00/01.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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