Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11306-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-11306-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2021 11306 00
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE SOLICITUD DE AMPARO. LA
UGPP NO HA AGOTADO EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN QUE TIENE A DISPOSICIÓN PARA PROPONER SUS
DISENSOS. REITERACIÓN DE POSICIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 y la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2.
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 110010315000 2021 11306 00
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGGP-.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP3, actuando a través de apoderado
judicial, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de sostenibilidad financiera,
los cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN
SEGUNDA al haber proferido las providencias de 5 de junio de
2018, 12 de noviembre de 2020 y 6 de mayo de 2021,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 760012333000 2013 00185 01.
.
I.2.- Hechos
Manifestó que el señor JOSÉ OLIVERO FERNÁNDEZ RINCÓN
prestó sus servicios como empleado público en el INSTITUTO
COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA -INCORA4, entre el
3
En adelante UGPP.
4
En adelante INCORA.
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23 de julio de 1975 y el 30 de abril de 1993, esto es, durante 17
años, 9 meses y 8 días.
Precisó que además, el señor JOSÉ OLIVERO FERNÁNDEZ
RINCÓN laboró a través de contratos de prestación de servicios en
la misma entidad por un periodo de 2 años, tres meses y 18 días.
Explicó que el 12 de septiembre de 2012, el señor FERNÁNDEZ
RINCÓN solicitó al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en su momento
representante del liquidado INCORA, la declaratoria del contrato
realidad en relación con los períodos que laboró a través de órdenes
de prestación de servicios, así como el reconocimiento de una
pensión de jubilación, pretensiones que fueron denegadas a través
de Oficio FID 20123180166261 de 26 de septiembre de 2012.
Expuso que el 20 de febrero de 2013, el señor JOSÉ OLIVERO
FERNÁNDEZ RINCÓN promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra,
del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y
del FONDO DE PASIVOS DE FERROCARRILES NACIONALES.
Agregó que, el proceso aludido fue identificado con el número único
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de radicación 760012333000 2013 00185 00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia
de 5 de junio de 2018, accedió de forma parcial a las pretensiones
de la demanda y le ordenó pagar las cotizaciones que le
correspondían al empleador del señor JOSÉ OLIVERO
FERNÁNDEZ RINCÓN, durante el tiempo que este laboró a través
de contratos de prestación de servicios.
Señaló que la referida decisión fue confirmada de forma parcial, en
particular, en lo que respecta a la condena del pago de los aportes
pensionales generados en virtud de los contratos de prestación de
servicios, por la SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 12 de
noviembre de 2020, en la que dispuso lo siguiente:
“[…] La UGPP asumirá el pago de los aportes pensionales
generados en los periodos en que el accionante laboró en
virtud del contrato realidad, transcurridos desde el 3 de junio
de 1996 y el 21 de mayo de 1999. Estos se calcularán con base
en los honorarios pactados en las órdenes de prestación de
servicios […]”.
Agregó que el señor JOSÉ OLIVERO FERNÁNDEZ RINCÓN
solicitó la aclaración y adición de la sentencia, peticiones que fueron
resueltas a través de auto de 6 de mayo de 2021.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
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Explicó que no es competente para asumir el pago de las
cotizaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios,
con fundamento en los cuales el señor JOSÉ OLIVERO
FERNÁNDEZ RINCÓN prestó sus servicios al INCORA, porque
dicha obligación correspondía al empleador.
Señaló que, en ese orden de ideas, el presente asunto tiene
relevancia constitucional, porque las autoridades judiciales “[…]
están contraviniendo el derecho fundamental al debido proceso en
sus principios estructurales de legalidad y debido proceso absoluto,
al imponerle a esta entidad una orden respecto de la cual carece de
competencia para dar cumplimiento por no estar regulada dentro
de las funciones asumidas una vez se suprimió el INCORA […]”.
Argumentó que la acción de tutela cumple con el requisito de la
subsidiaridad, porque contra la sentencia de 5 de junio de 2018,
proferida por el TRIBUNAL en primera instancia, interpuso el
recurso de apelación respectivo.
Agregó que, en todo caso, si bien es procedente el recurso
extraordinario de revisión, este no evita la consumación de un
perjuicio irremediable, porque al no admitir medidas provisionales,
implica que debe darse el cumplimiento de la orden judicial.
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Explicó que la generación del perjuicio irremediable deviene del
hecho de que “[…] ni es la entidad competente para dar
cumplimiento a la orden de asumir el pago de las cotizaciones por
concepto de pensión, ni cuenta con los dineros para el pago de la
condena económica allí impartida […]”.
Sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en el
defecto sustantivo por que la orden de asumir el pago de aportes
pensionales del INCORA no es una de las funciones que le fueron
atribuidas en el Decreto 2796 de 19 de 20135.
Precisó que la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación “[…] se
basó en una interpretación errónea de las funciones asumidas por
esta entidad, ya que si bien es cierto esta entidad asumió la
competencia de las cuotas partes pensionales por pagar y por
cobrar de los ex trabajadores del extinto INCORA, esta facultad
hace referencia a la función pensional en su integralidad recibida
por la UGPP en virtud al decreto 2796 de 2013, más no a las
obligaciones del empleador tales como acreencias laborales, pago
de aportes pensionales entre otras […]”.
Arguyó que conforme con los artículos 16 y 18 del Decreto 1292 de
5
“Por medio del cual se establecen las reglas para la asunción de la función pensional del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) por parte de la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)”.
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21 de mayo de 20036, las obligaciones que el INCORA tenía como
empleador, fueron trasladadas al MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera
respetuosa, sean AMPARADOS los derechos fundamentales
invocados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A, en lo
que respecta a la orden de pago de aportes y/o cotizaciones
pensionales a cargo de la UGPP.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos parcialmente las sentencias proferidas
por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN A de fecha del 05 de junio de 2018, 12 de
noviembre de 2020 y 06 de mayo de 2021, dentro del proceso
contencioso N° 76001-23-33- 000-2013-00185-01, en cuanto
a la evidente irregularidad sustancial de ordenar a la UGPP el
pago cotizaciones y/o aportes pensionales, cuando como se ha
demostrado ello no es de competencia de la Unidad.
b. Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN A, modificar su decisión, ajustándola a derecho a
efectos de que se ordene el pago de los aportes pensionales
generados como consecuencia del contrato realidad a cargo de
la entidad que si resulta ser la competente para el pago de los
mismos esto es Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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“Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su
liquidación”.
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• SUBSIDIARIAS En caso de que esta H. Magistratura no
acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito
de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por la
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A, en
sentencias del 05 de junio de 2018 y 12 de noviembre de 2020
respectivamente.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA
PARCIALMENTE y de manera transitoria la sentencia del 05 de
junio de 2018 y 12 de noviembre de 2020 dictadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 6001-
23-33-000-2013-00185-01, solo en lo que tiene que ver con la
orden de pago de aportes pensionales en cabeza de la UGPP,
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión
que se iniciaría en virtud de su orden tutelar […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación señaló que
encontró acertado que la UGPP asumiera las cotizaciones
pensionales cuestionadas, en atención a que los decretos que
dispusieron la supresión del INCORA, establecieron que dicha
entidad era la encargada de la administración de las cuotas partes
pensionales por cobrar y por pagar.
Agregó que en el curso del proceso ordinario “[…] la UGPP no dio
contestación a la demanda, no apeló la decisión de declarar la falta
de legitimación por pasiva del Ministerio de Agricultura, no solicitó
la aclaración o adición de la sentencia, y tampoco presentó el
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recurso extraordinario de revisión como da cuenta el aplicativo
SAMAI […]”, por lo cual la acción de tutela es improcedente para
subsanar dichas omisiones.
Concluyó que es “[…] evidente que, la intención de la entidad
accionante es abrir una tercera instancia, para subsanar las
deficiencias en la defensa de sus intereses y (ii) la sentencia de
segunda instancia es susceptible de ser controvertida a través del
recurso extraordinario de revisión contemplado en el art. 248 del
CPACA […]”.
I.5.2.- El abogado HAROLD HERNAN MORENO CARDONA7,
apoderado del señor JOSÉ OLIVERO FERNÁNDEZ RINCÓN en el
proceso ordinario origen de la controversia, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia, en razón a que, a
su juicio, carece de los requisitos de inmediatez y subsidiaridad.
Precisó que el término para la interposición de la solicitud de
amparo debe contarse desde la fecha en que fue notificada la
sentencia proferida en segunda instancia, además que esta es
susceptible de recurso extraordinario de revisión.
I.5.3.- El FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
7
Justificó su interés en el hecho de haber firmado un contrato cuota litis con el causante de la
prestación.
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NACIONALES DE COLOMBIA, vinculado en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se declare su
falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que
conforme con el Decreto 2796 de 2013, las funciones que tenía en
relación con el INCORA fueron asumidas por la UGPP.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
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efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión,
como el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a
que no es el llamado a responder por las obligaciones origen de la
controversia.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del
actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
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procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de
tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la
Sala).
En el presente caso, comoquiera que el FONDO DE PASIVO
SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA fue
parte en el proceso que dio lugar a la acción de tutela de la
referencia, es claro que debía ser notificado de la existencia del
presente trámite, en razón al interés directo que le asiste en las
resultas de este y, en consecuencia, se denegará su desvinculación,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia
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judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20128
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en
presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó
como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta
Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado
en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-
02201-01).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto)
Análisis del caso concreto
En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto las
sentencias de 5 de junio de 2018 y 12 de noviembre de 2020,
así como el auto de 6 de mayo de 2021, proferidos por el
TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 760012333000 2013 00185 01.
A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los
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derechos fundamentales deprecados, por cuanto, a su juicio, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto
sustantivo, por cuanto le atribuyeron la obligación de asumir el
pago de unas cotizaciones pensionales de un ex trabajador del
INCORA, pese a que era una responsabilidad de otra entidad.
En ese orden de ideas, la Sala precisa que si bien la actora
cuestiona las sentencias que fueron proferidas tanto en primera
como en segunda instancia en el proceso ordinario origen de la
controversia, lo cierto es que el análisis del presente asunto se
centrará en aquella de 12 de noviembre de 2020, proferida por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, así como en el auto de 6
de mayo de 2021 mediante el cual fueron resueltas las solicitudes
de aclaración y adición respectivas, porque fue con estas
providencias que concluyó el trámite aludido.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y,
de ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los
derechos deprecados e incurrió en el defecto sustantivo, al haber
proferido la sentencia de 12 de noviembre de 2020 y el auto de 6 de
mayo de 2021.
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De acuerdo con lo anterior, la Sala entrará a examinar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el de la
subsidiariedad.
En la contestación de la solicitud de amparo la SECCIÓN
SEGUNDA señaló que la UGPP no había apelado la sentencia
proferida en primera instancia por el TRIBUNAL, en la que se le
había impuesto la obligación que ahora cuestiona.
No obstante, lo cierto es que, de la simple lectura de la sentencia
de 12 de noviembre de 2020, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA
se advierte que la UGPP sí apeló la decisión del TRIBUNAL, en
particular, en lo que concierne al aspecto que ahora reprocha, así:
“[…]
2.4. Razones de la apelación
2.4.1. El apoderado de la UGPP presentó recurso de
apelación en el cual indicó que el accionante laboró en el
INCORA, entidad con la cual suscribió contratos de prestación
de servicios con el objeto de realizar trámites para predios
baldíos, por lo que esa condición no lo convertía en un
empleado oficial y por ende no era viable el reconocimiento de
todas las prestaciones sociales.
28. Además, en el Decreto 02796 de 2013 el Gobierno Nacional
transfirió la función pensional del INCORA a la UGPP a partir
del 30 de noviembre de 2013, por lo que a esa entidad no le
correspondía el pago de los porcentajes pretendidos por el
demandante por los años 1996 a 1998, debido a que la entidad
tiene competencia desde el año 2013, por lo que no es la
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llamada a responder por las pretensiones incoadas en la
demanda, con lo cual se configura la falta de legitimación en la
causa por pasiva, además por cuanto la UGPP no fue la entidad
que profirió los actos administrativos ni tuvo injerencia en la
vía administrativa […]”.
Frente al reproche formulado por la UGPP en su recurso de
apelación, en la sentencia de 12 de noviembre de 2020, la
SECCIÓN SEGUNDA señaló:
“[…] 80. Igualmente, tal como lo ordenó el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la UGPP asumirá el pago de
los aportes pensionales generados en los periodos en que el
accionante laboró en virtud del contrato realidad, transcurridos
desde el 3 de junio de 1996 y el 21 de mayo de 1999. Estos se
calcularán con base en los honorarios pactados en las órdenes
de prestación de servicios.
81. Esta determinación se toma, por cuanto precisamente los
Decretos que dispusieron la supresión del INCORA,
establecieron que la UGPP era la encargada de la
administración de las cuotas partes pensionales por cobrar y
por pagar, en los términos señalados en el citado decreto […]”.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la UGPP sí apeló la
sentencia primigenia en la que le fue impuesta la obligación que
reprocha a través de la presente acción de tutela.
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en
todo caso, el presente asunto no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, comoquiera que la UGPP tiene a su alcance otro
medio de defensa judicial, esto es, el recurso extraordinario de
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revisión.
En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 20039, en concordancia
con lo establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201110, prevé:
“[…] ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE
FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo
de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el
resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y
podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables. […]”
Por su parte el artículo 251 del CPACA, señala:
9
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.”
10
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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“[…] ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL
RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo
precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo
declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse
dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que
dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los
casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término
contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio. […]”
Con relación a la legitimación en la causa por activa para la
interposición del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional en la sentencia SU 427 del 201611, señaló:
[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el
recurso de revisión por la configuración de un abuso del
derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la
titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae,
además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en
cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del
pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera
irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro
del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero12
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP
está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el
Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el
recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley
11
Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
12 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
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797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en
un abuso del derecho, en el entendido de que el
término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12
de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió
la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo
Cajanal.
7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial
como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela
interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales
en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del
derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la
Constitución. […]”. (Negrillas fuera del texto)
De conformidad con lo expuesto en precedencia, así como lo
señalado con anterioridad por esta Sección13 en asuntos similares,
a la actora le asiste legitimación en la causa por activa para
controvertir la sentencia objeto de tutela a través del recurso
extraordinario de revisión y que sea el juez ordinario, quien
determine si la autoridad judicial accionada se equivocó al disponer
sobre la obligación que se cuestiona en el escrito introductorio.
Lo anterior pone de manifiesto que la actora no ha agotado todos
los medios de defensa judicial a su alcance, faltando así con el
requisito de la subsidiariedad para que sea procedente el examen
de la tutela promovida contra una providencia judicial.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de
marzo de 2021. Proceso identificado con núm. único de radicación 11001-03-15-000-2021-00531-00.
M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política»,
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante» (Resaltado fuera del texto).
Lo anterior, significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios judiciales para
que sus peticiones sean examinadas a menos que, existiendo tales
mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras
de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»14 (Resaltado fuera del texto).
Sobre este aspecto, la actora alegó que el perjuicio irremediable
radica en el hecho de que “[…] ni es la entidad competente para dar
cumplimiento a la orden de asumir el pago de las cotizaciones por
concepto de pensión, ni cuenta con los dineros para el pago de la
condena económica allí impartida […].
No obstante, como lo ha señalado esta Sección15 al resolver
problemas jurídicos similares, la situación que se presenta no es
irremediable, dado que el perjuicio alegado está en posibilidad de
desaparecer, para lo cual la entidad accionante está obligada a
hacer uso de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por lo que no resulta lógico considerarlo como insuperable,
inminente o impostergable.
14 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000
2018 03457 00.
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En ese orden de ideas, para la Sala, la acción de amparo en
relación con la presunta vulneración de derechos fundamentales en
que incurrió la SECCIÓN SEGUNDA al proferir la sentencia de 12
de noviembre de 2020 y el auto de 6 de mayo de 2021, no cumple
con el requisito de la subsidiariedad.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo
solicitado, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el FONDO DE
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE
COLOMBIA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la
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parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de marzo de
2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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