Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11330-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11330-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-11330-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11330-01
Demandante: John Jaime de Jesús Moncada Ospina
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-11330-01
Demandante JOHN JAIME DE JESÚS MONCADA OSPINA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Demanda de
nulidad electoral. Inhabilidad por parentesco. Nulidades
originadas en la sentencia. Auto que rechaza de plano la
solicitud de nulidad. La subsidiariedad. Defecto fáctico y defecto
sustantivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que resolvió:
“PRIMERO: Negar el amparo solicitado por el señor Jhon Jaime de Jesús Moncada Ospina,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Declarar improcedente la solicitud de amparo frente al defecto procedimental
planteado.”1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de diciembre de 20212, el señor John Jaime de Jesús Moncada Ospina, por
conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado por considerar que la sentencia del 22 de julio de 2021 y el
auto del 5 de agosto de 2021, proferidos en el curso del medio de control de nulidad
electoral con radicado Nro. 05001-23-33-000-2019-02965-01, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones3:
“PRIMERA: Una vez comprobadas todas las causales generales y una o varias de las
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, por constatarse la vulneración de derechos fundamentales por parte de las
decisiones judiciales proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso
con radicado Nro. 05-001-23-33-000-2019-02965-01, se solicita que se ordene AMPARAR los
derechos superiores al: debido proceso, defensa, contradicción, legalidad y la debida
valoración de las pruebas (artículo 29 C.P.) que son esenciales para la recta administración
de justicia (artículo 228 C.P.), el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo
229 C.P.), con los cuales se garantiza el derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela
1 Página 23 de la sentencia de tutela de primera instancia. Samai, índice 14
2 La acción de tutela fue radicada a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y fue identificada
con la radicación 631205. Samai, índice 2
3 Página 69 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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Demandante: John Jaime de Jesús Moncada Ospina
judicial, que consiste en que se abra un proceso y que la sentencia se dicte respetando los
principios de congruencia, buena fe y lealtad procesal y con estricta sujeción a la constitución,
la ley y a las garantías procedimentales y velando por el derecho fundamental a la jurisdicción,
el principio de efectividad de los derechos fundamentales y de prevalencia del derecho
sustancial (artículo 228 C.P.).
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior se DEJE SIN EFECTO las decisiones judiciales
proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado para definir la controversia en el
proceso con radicado Nro. 05-001-23- 33-000-2019-02965-01, por cuanto las decisiones
adoptadas se encuentran conculcando derechos fundamentales y desconociendo los
principios iusfundamentales cardinales del Estado Social de Derecho.
TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que proceda a dictar una nueva providencia en el proceso con radicado Nro. 05-001-
23-33-000-2019-02965-01, ajustada a la Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos
fundamentales del señor John Jaime de Jesús Moncada Ospina.
CUARTA: Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
pertinentes en aras de que no se vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales del señor
John Jaime de Jesús Moncada Ospina.”
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor John Jaime de Jesús Moncada Ospina fue elegido concejal de
Medellín para el periodo 2020 a 2023, conforme lo indicado en el formulario E-
26 del 6 de noviembre de 2019. Para ese momento, su hermano, William de
Jesús Moncada Ospina, era el subgerente de Fomento y Desarrollo de
Indeportes Antioquia, cargo que desempeñó dentro de los 12 meses previos a
la elección del concejal.
2.2. El señor Dany Alexander Quintero Gómez interpuso el medio de control de
nulidad electoral pretendiendo la nulidad del acto de elección del señor Jhon
Jaime de Jesús Moncada Ospina, como concejal de Medellín para el periodo
2020 a 2023, por incurrir en violación del régimen de inhabilidades, y que se
cancele la credencial que lo acredita como concejal.
Para tal fin, invocó la causal de nulidad electoral descrita en el artículo 275.5
de la Ley 1437 de 20114, relativa a la violación del régimen de inhabilidades.
En específico, consideró que se desconoció el artículo 43 de la Ley 136 de
19945, porque el hermano del concejal electo ejerció como autoridad
administrativa y suscribió sendos contratos en nombre de esa entidad dentro
de los 12 meses anteriores a la elección.
4 «Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en
los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: […]
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.»
5 «Artículo 43.- Inhabilidades. [Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000]. No podrá́ ser inscrito como
candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […]
4. Quien tenga vinculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de
las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito. Así́ mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo
partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo
municipio o distrito en la misma fecha".
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Demandante: John Jaime de Jesús Moncada Ospina
2.3. En sentencia del 26 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia
(i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional
del Estado Civil; y (ii) negó las pretensiones de la demanda porque no se probó
que el señor John Jaime de Jesús Moncada Ospina estuviera incurso en una
causal de inhabilidad.
Al respecto, en la sentencia se expuso que “…en el proceso, no logró probarse que
el Señor JOHN JAIME DE JESÚS MONCADA OSPINA se encontraba incurso en una causal
de inhabilidad por tener un hermano que durante los doce meses anteriores a su elección haya
ejercido autoridad administrativa en la circunscripción territorial correspondiente, ya que el
primero ejerció en el Municipio de Medellín y el segundo en el Departamento de Antioquia;
además de que, se declaró impedido para los contratos que fueran celebrados con dicha
entidad administrativa, y como tal, mal puede decirse que haya ejercido autoridad
administrativa.”6
2.4. La sentencia fue apelada por la parte demandante, quien insistió en que el
hermano del concejal, en su condición de subgerente de Indeportes Antioquia,
dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones al Concejo Municipal,
contrató, dirigió, supervisó y ejerció autoridad en el mismo municipio donde el
demandado estaba aspirando ser concejal, con lo cual se concretó la
inhabilidad del artículo 40.4 de la Ley 617 de 20007.
2.5. Mediante Sentencia del 22 de julio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad
del acto de elección del señor John Jaime de Jesús Moncada Ospina, como
concejal de Medellín para el periodo 2020 a 2023.
Como fundamento de su decisión, manifestó que estaban acreditados los
requisitos de parentesco, temporalidad, territorialidad y objetivo de la causal
de inhabilidad consagrada en el artículo 40.4 de la Ley 617 del 2000.
Precisó que la facultad de celebrar contratos que fue delegada al señor William
de Jesús Moncada Ospina, por el solo hecho de ostentarla, entrañaba el
ejercicio de autoridad administrativa; aunado a que Indeportes Antioquia
despliega sus competencias sobre todo el departamento. Al respecto, dijo la
providencia de segunda instancia:
“…se probó que los señores JOHN JAIME DE JESÚS MONCADA OSPINA y William
de Jesús Moncada Ospina son hermanos, que el primero fue elegido el 27 de octubre
de 2019 concejal de Medellín para el período 2020-2023, y que el segundo desempeñó
el cargo de subgerente de Fomento y Desarrollo de Indeportes Antioquia dentro de los
12 meses anteriores a la elección, en el que estaba depositada la facultad contractual
con la que ejerció potencial autoridad administrativa en el departamento y, por ende, en
Medellín.
En ese orden de ideas, es claro que el acto de elección acusado se encuentra viciado
de ilegalidad en los términos del artículo 275.5 del CPACA, razón por la cual se revocará
la sentencia proferida el 26 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, que denegó las pretensiones de la demanda, para, en su
lugar, decretar la nulidad del acto de elección enjuiciado.”8
6 Página 26 de la sentencia del 26 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Samai, índice 2.
7 Véase nota al pie 5.
8 Página 26 de la sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Vista en la opción de consulta de procesos de la plataforma Samai (índice 17) dentro del expediente
digitalizado Nro. 05-001-23-33-000-2019-02965-01.
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Demandante: John Jaime de Jesús Moncada Ospina
La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido al buzón de
notificaciones de los sujetos procesales, el 23 de julio de 20219.
2.6. El señor John Jaime de Jesús Moncada Ospina presentó solicitud de adición
de la sentencia de segunda instancia, y pidió que se declarara la nulidad de
todo lo actuado en el curso de la segunda instancia del proceso, con
fundamento en la causal de violación al debido proceso derivada de la indebida
valoración de los medios de prueba del proceso.
En auto del 5 de agosto de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado
rechazó por improcedente la nulidad invocada, por considerar que los
argumentos en los que se fundamentó la solicitud no se acompasan con las
causales señaladas en el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011. Y por auto de
la misma fecha, negó la solicitud de adición de la sentencia de segunda
instancia. Dichas providencias se notificaron por estado del 6 de agosto de
202110.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostiene que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el trámite
de la segunda instancia del proceso de nulidad, incurrió en los defecto fáctico,
sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente judicial. En razón a ello
solicitó que se dejen sin efectos todas las providencias emitidas por el juez de la
segunda instancia y se le ordene proferir una sentencia de reemplazo que se ajuste
al marco jurídico aplicable.
El defecto sustantivo se fundamentó en tres cargos: (i) indebida interpretación de la
disposición normativa que contiene la causal de inhabilidad que se le increpa, dado
que sus términos debían analizarse conforme al precedente del Consejo de Estado
contenido en la sentencia del 29 de enero de 2019 con radicación Nro. 2018-0031,
según el cual la inhabilidad solo se materializa si “el ejercicio de la autoridad por parte
del pariente tuvo lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva
elección”; (ii) violación de las reglas de interpretación de las causales de nulidad; y
(iii) desconocimiento del derecho a la prueba del demandado, contenido en el
artículo 29 de la Constitución.
Frente al análisis normativo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, expresó
que “…es inoportuna e incoherente con el ordenamiento en la materia, pues la mera posibilidad de
ejercer poder no es similar a ejercer poder, o el que se revoque una delegación no es lo mismo a
detentar la función revocada, pues lo que pretende la regla es evitar y eliminar el riesgo de que se
obtengan ventajas por cuenta del ejercicio de autoridad del pariente y no eliminar la posibilidad del
riesgo, pues ello es tanto como castigar por la mera posibilidad, lo que equivale a una por
responsabilidad objetiva, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.”
El defecto fáctico se sustentó en la omisión de valoración de la integridad de las
pruebas del proceso, ya que en la sentencia acusada la Sección Quinta del Consejo
de Estado expresamente dijo que se “releva (…) de estudiar si los contratos invocados por el
apelante y controvertidos por la parte accionada en efecto tuvieron la participación del hermano del
demandado…”. Advirtió que las mencionadas pruebas inciden en el sentido de la
decisión, pues de haber sido consideradas, la autoridad judicial se habría percatado
9 Visto en la opción de consulta de procesos de la plataforma Samai (índice 20) dentro del expediente
digitalizado Nro. 05-001-23-33-000-2019-02965-01.
10 Visto en la opción de consulta de procesos de la plataforma Samai (índices 29 y 30) dentro del expediente
digitalizado Nro. 05-001-23-33-000-2019-02965-01.
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de que el hermano del hoy accionante no ejerció autoridad administrativa en el
municipio de Medellín. Al respecto, en la solicitud de tutela se indicó que:
“si el Consejo de Estado hubiera valorado los contratos en los que ejerció autoridad
administrativa el hermano de mi mandante, lo cual debía obligatoriamente efectuar, pues nos
encontramos en presencia de una delegación contractual efectuada, supuesto de hecho que
es diferente al considerado por el Consejo de Estado quien cita una providencia judicial
relacionada con ‘la manifestación de impedimento para adelantar las funciones propias del
cargo’, el cual dista totalmente del caso bajo estudio en el que la revocación de la delegación
implica lo que se ha iterado hasta la saciedad en la presente acción constitucional, esto es,
que no se puede ejercer una delegación revocada porque sencillamente esta ya no se detenta
y en consecuencia NO EXISTE, se hubiese encontrado con el hecho probado que esta no fue
ejercida en el Municipio de Medellín (porque la delegación contractual fue revocada en lo que
tenía que ver con este, al ser reasumida por el gerente o delegada a otro funcionario), por la
potísima razón que a través del Exhorto 109 (obrante a folio 169), se arrimó al plenario prueba
sumaria que así lo acredita.
(…) se arrimaron al plenario los actos y contratos en donde se ejerció autoridad delegada y
en ellos brilla por su ausencia contrato alguno que tenga que ver con el Municipio de Medellín
o alguna de sus entidades descentralizadas, de lo que se colige que virtualmente tampoco se
podía ejercer algún tipo de autoridad, pues, la autoridad delegada se ejerció en municipios
diferentes a Medellín.”
Frente al desconocimiento del precedente, al igual que en el defecto sustantivo, el
demandante precisó que la autoridad judicial debió interpretar la causal de
inhabilidad que se le endilga, conforme a la sentencia del 29 de enero de 2019 con
radicación Nro. 11001-03-28-000-2018-0031-00, proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado, que fijó una regla respecto del entendimiento del numeral 5º del
artículo 179 de la Constitución Política, concretamente en lo relacionado con el
elemento temporal de la causal de inhabilidad.
Finalmente, manifestó que se configura el defecto procedimental absoluto dado que
se rechazó por improcedente la solicitud de nulidad fundamentada en la violación
del derecho al debido proceso, debido a que no se trataba de una de las causales
taxativas del artículo 294 del CPACA, pero en desconocimiento de los
pronunciamientos que aceptan la procedencia de la nulidad por la causal genérica
de violación al debido proceso.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 10 de diciembre de 2021, el despacho ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las partes; y vinculó, en
calidad de tercero con interés, al señor Dany Alexander Quintero Gómez, dada
su calidad de demandante en el proceso de nulidad electoral Nro. 05-001-23-
33-000-2019-02965-01.
4.2. El señor Dany Alexander Quintero Gómez (demandante en el medio de
control de nulidad electoral), por conducto de apoderado judicial, se opuso a
las pretensiones de la acción de tutela.
Manifestó que el actor tiene a su disposición otro mecanismo judicial para
procurar la protección de sus derechos, como lo es el recurso extraordinario
de revisión. Agregó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justifique
la intervención del juez de tutela y que el fallo acusado no afecta la congrua
subsistencia del demandado, dado que posiblemente es una persona
pensionada.
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Expuso que en el proceso se probó que el hermano del concejal ejerció como
autoridad civil, política y/o administrativa en el municipio de Medellín, debido a
que “ordenó gasto, vigiló, elaboro y ordenó pliegos, prepliegos, seleccionó contratistas en
diferentes audiencias y en diferentes actos (…) adjudicó contratos, suscribió contratos, tenía
competencia para imponer sanciones contractuales, liquidó contratos, ordenó pagos y demás
actuaciones propias de la competencia contractual de la entidad, donde se ejerció el domicilio
en Medellín, ejecutó contratos en Medellín y bajo su supervisión en Medellín”.
4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado no emitió informe frente a la
acción de tutela.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 4 de marzo de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en primera medida, descartó el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad con ocasión al recurso extraordinario de revisión. Aclaró que la
acción de tutela se fundamentó en la omisión e indebida valoración del acervo
probatorio, razones que no se acompasan con la causal 5° del artículo 250 del
CPACA sobre la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación.
Relativo al defecto fáctico y el sustantivo, cuyo análisis se hizo en conjunto, el a quo,
luego de relacionar el juicio jurídico y probatorio de la sentencia, expuso que no se
acreditó la indebida o irrazonable valoración de los medios de prueba por parte de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Dijo que la autoridad judicial accionada sí valoró las pruebas allegadas al
expediente, pero que en ejercicio de su autonomía funcional encontró acreditados
los requisitos de la causal de inhabilidad invocada por la parte demandante.
Finalmente, consideró que el defecto procedimental no supera el requisito de
subsidiariedad en tanto que la parte interesada no interpuso el recurso de reposición
contra el auto del 5 de agosto de 2021 que rechazó la solicitud de nulidad.
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de tutela de primera instancia. Indicó que
el a quo omitió pronunciarse sobre el defecto sustantivo, e insistió en que este
argumento es relevante en tanto debe determinarse el alcance del concepto
ejercicio de la autoridad civil, política o administrativa por parte del pariente, dentro
de los 12 meses anteriores a la elección.
Asimismo, estimó que el a quo omitió valorar los siguientes cargos que sustentaban
el defecto sustantivo y defecto procedimental invocado:
“1. DEFECTO SUSTANTIVO MATERIAL CONSISTENTE EN EL DESCONOCIMIENTO DE
LAS NORMAS QUE REGULAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A PROBAR.
“2. DEFECTO SUSTANTIVO MATERIAL RESULTANTE DE LA VIOLACIÓN DE LAS
REGLAS DEL INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y TAXATIVA DE LAS CAUSALES DE
ANULACIÓN ELECTORAL Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
APLICABLE
“3. DEFECTO SUSTANTIVO AL APLICAR INCORRECTAMENTE LA CAUSAL DE
ANULABILIDAD ELECTORAL PUES SE VULNERÓ LA INTERPRETACIÓN
RESTRICTIVA Y TAXATIVA DE LA CAUSAL DE ANULABILIDAD ELECTORAL
CONTENIDA EN EL NUMERAL 4º DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 136 DE 1994,
MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 617 DE 2000
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“4. DEFECTO PROCEDIMIENTAL ABSOLUTO EN RELACIÓN CON EL RECHAZO DE
PLANO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD PROMOVIDA.”11 (sic para toda la cita)
De otra parte, relativo al cargo por defecto procedimental absoluto, advirtió que
contra el auto que resuelve la solicitud de nulidad originada en la sentencia no
proceden recursos. Así lo dispone el artículo 294 del CPACA. Luego, pide que se
descarte la improcedencia del cargo con fundamento en el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
Como solicitud subsidiaria, piden que se inaplique el artículo 242 de la Ley 1437 de
2011 en el caso concreto, y se privilegie el derecho sustancial bajo el trámite de la
excepción por inconstitucionalidad, dada la evidente vulneración al derecho al
debido proceso que comporta el auto que rechazó la solicitud de nulidad.
Dicho esto, pasó a exponer lo que, a su juicio, son los aspectos más relevantes de
la discusión constitucional, remitiéndose en lo demás al escrito inicial de tutela.
En primera medida precisó, que el hermano del concejal desempeñó el cargo de
subgerente de Fomento de Indeportes Antioquia y que se le delegaron funciones en
materia contractual, en los términos del artículo 12 de la Ley 80 de 1993; no
obstante, esa delegación no es absoluta. La Corte Constitucional en la sentencia C-
372 de 2002 señaló una tesis de interpretación según la cual “el delegante conserva
y ejerce la facultad para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y para
revocar el acto de delegación”.
Manifestó que, a pesar de estar probada, esta situación no fue analizada por el juez
de instancia ni por el de tutela. Las autoridades judiciales omitieron la valoración y
análisis del hecho de que el hermano del concejal se declaró impedido frente a cada
uno de los gerentes de Indeportes Antioquia desde el año 2016, para ejercer sus
funciones en los asuntos relacionados con el municipio de Medellín. Tampoco se
analizó la facultad del delegante para revocar el acto de delegación.
Acto seguido, relacionó apartes de las comunicaciones internas Nro. 201601006024
del 19 de septiembre de 2016, 201801001140 del 16 de febrero de 2018,
201801007225 del 1 de noviembre de 2018, 201801007284 del 03 de noviembre de
2018, 201801008120 del 4 de diciembre de 2018, 201801008806 del 21 de
diciembre 2018, 201901006863 del 26 de junio 2019, 201901007455 del 19 de julio
2019, 201901008511 del 13 de agosto 2019.
En estos documentos, el señor William de Jesús Moncada manifiesta al gerente de
Indeportes Antioquia su voluntad de apartarse del conocimiento de determinados
asuntos dada la posibilidad de que se materialice una inhabilidad en razón a que su
hermano es concejal de Medellín. Establecido esto, indicó:
“El anterior fardo probatorio no fue valorado por el Consejo de Estado, ya que de forma
inexplicable manifestó que se encontraba “relevado” de decidir derecho y realizar una
valoración del caso concreto a la luz de las atípicas particularidades que fueron probadas, y
en consecuencia a la luz de lo probado consideró que no se configuraba la proscripción de
anulabilidad electoral endilgada.
En todo caso a las claras, se observa que ninguno de los instrumentos contractuales en los
que el hermano de mi representado ejerció las funciones delegadas y en consecuencia ejerció
autoridad fue suscrito con el Municipio de Medellín, ni con ninguna entidad del orden local
adscrita a este, pues para todo lo que tuviera que ver con el Municipio de Medellín se declaró
11 Página 19 del escrito de impugnación. Samai, índice 18.
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impedido, el impedimento fue aceptado por el gerente de Indeportes de turno, quien con tal
proceder efectúo la revocación de la delegación efectuada en todo lo que tuviese que ver
expresamente con el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas.
(…) de haber realizado la valoración de este acervo probatorio el Consejo de Estado se
hubiese percatado de que el pariente de mi mandante no ejerció autoridad administrativa, por
la potísima razón de no asumir la delegación, hasta el punto incluso de no haberla detentado
en aspecto alguno que tuviese que ver con el Municipio de Medellín y sus entidades
descentralizadas (al ser revocada la delegación por el delegante), y en consecuencia no se
configura la proscripción de anulabilidad electoral endilgada (…)”
Agregó que el contenido de las referidas documentales fue también corroborado a
través de la prueba testimonial, entre ellas, la declaración de la gerente de
Indeportes Antioquia. Así pues, concluyó que el señor William de Jesús Moncada
no detentó poder respecto del municipio de Medellín, puesto que declinó de manera
expresa la delegación de funciones que involucraran a ese ente territorial.
De otra parte, reiteró los argumentos de la acción de tutela en relación con la
indebida interpretación que hizo la autoridad judicial accionada respecto del numeral
4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000, pues, a su juicio, para que se configure esta inhabilidad se requiere
demostrar que el pariente del demandado haya ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar, lo cual, estima, no ocurrió en el caso concreto, conforme los
medios de prueba antes relacionados.
Reiteró que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo
y procedimental absoluto al haberse negado a tramitar la solicitud de nulidad
propuesta por la parte demandada contra la sentencia de segunda instancia, pues,
aunque no está expresamente consagrada en el artículo 194 del CPACA, la causal
de vulneración al debido proceso es una causal genérica de rango constitucional,
consagrada en el artículo 29 de la Constitución.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
2.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
12 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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de requisitos generales13 y especiales14 que deben cumplirse de forma
estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo
menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional15 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye
a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento
de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados
por los intervinientes en el proceso.
2.2. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la
Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por
lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como
presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la
providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y
flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que
justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias
causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en
la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con
la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico
3.1. Vistos los antecedentes del caso, en especial el escrito de impugnación,
observa la Sala que los cargos de la acción de tutela se dirigen contra dos
providencias judiciales: (i) la sentencia del 22 de julio de 2021, que decidió en
segunda instancia la pretensión de nulidad electoral identificada con radicación
13 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
14 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Nro. 05-001-23-33-000-2019-02965-01, y (ii) el auto del 5 de agosto de 2021,
por medio del cual, la magistrada ponente rechazó de plano la solicitud de
nulidad incoada por la parte vencida en juicio. Así pues, los problemas
jurídicos a resolver están ligados a los cargos propuestos contra cada una de
estas providencias.
3.2. Relativo al auto del 5 de agosto de 2021, en primer lugar, debe la Sala
determinar si la solicitud de amparo supera el requisito general de
procedibilidad de subsidiariedad. Y en el evento de superar este estudio,
corresponderá a la Sala establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en defecto procedimental absoluto al rechazar de plano la solicitud de
nulidad, sin considerar la posibilidad que asiste a los sujetos procesales de
invocar la nulidad por la causal genérica de vulneración al debido proceso,
contenida en el artículo 29 de la Constitución Política.
3.3. De otra parte, corresponde a la Sala determinar si le asistió razón al juez de
tutela de primera instancia, al negar las pretensiones de la acción de amparo
dirigidas contra la sentencia del 22 de julio de 2021, por no encontrar
acreditados los defectos sustantivo y fáctico alegados por el tutelante.
Si bien el demandante invocó la configuración del defecto por desconocimiento
del precedente, lo fundamentó en las mismas razones expuestas frente al
defecto sustantivo, que se hicieron consistir en que, la autoridad judicial debió
interpretar la causal de inhabilidad que se le endilga, conforme a la sentencia
del 29 de enero de 2019 con radicación Nro. 11001-03-28-000-2018-0031-00,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que fijó una regla respecto
del entendimiento del numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política,
concretamente en lo relacionado con el elemento temporal de la causal de
inhabilidad. Por tal motivo, ambos defectos se analizarán de manera conjunta.
4. Análisis del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela frente a los
cargos formulados contra el auto del 5 de agosto de 2021
4.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces.
Esta conclusión deriva del contenido del artículo 86 de la Constitución Política,
según el cual, la solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, y del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente
cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen
otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales invocados,
o, en su defecto, siempre que sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio
de protección. Por tanto, la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991
dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de
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cada caso y determinar si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen
otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable.
4.2. El juez de tutela de la primera instancia declaró que los cargos contra el auto
del 5 de agosto de 2021 no superaban el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela, en tanto que el auto que rechaza de plano la solicitud de
nulidad es susceptible de reposición y dicho recurso no fue agotado.
Esta Sala considera que le asiste razón a la parte impugnante cuando indica
que, contra el auto del 5 de agosto de 2021, no proceden recursos y, en razón
a ello, estaba superado el requisito de subsidiariedad. Esta afirmación se
fundamenta en las siguientes consideraciones:
4.2.1. La acción de tutela sub examine cuestiona dos providencias judiciales
proferidas en el curso del medio de control de nulidad electoral Nro.
05001-23-33-000-2019-02965-01.
4.2.2. En el auto del 5 de agosto de 2021, la Sección Quinta del Consejo de
Estado rechazó por improcedente la nulidad propuesta por la parte
accionada, John Jaime de Jesús Moncada Ospina mediante escrito del
28 de julio de 2021, debido a que la petición no se fundamentó en
ninguna da las causales establecidas en el artículo 294 del CPACA.
En la parte resolutiva del auto, la ponente manifestó expresamente:
“Contra esta decisión no procede ningún recurso.”
4.2.3. El artículo 294 del CPACA, que hace parte del título VIII, sobre las
disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de
contenido electoral, consagra la siguiente regulación relativa a las
nulidades originadas en la sentencia:
“La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá por
incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda
al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y
cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados
al previsto por la ley.
Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente
rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia
que se funde en causal distinta de las mencionadas.” (Subraya la Sala)
4.2.4. El recurso de reposición contra las providencias judiciales está regulado
en el artículo 242 del CPACA y es del siguiente tenor:
“Reposición. <Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma
legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto
en el Código General del Proceso.” (Subraya la Sala)
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Establecido lo anterior, para la Sala es claro que la interposición del recurso
de reposición contra el auto del 5 de agosto de 2021 no era requisito para
acudir a la acción de tutela para atacar dicha providencia, pues existe norma
legal que establece, de manera específica, que la providencia que rechaza de
plano la solicitud de nulidad que se funda en causales diferentes a las del
artículo 294, como sucedió en este caso, no es susceptible de recursos.
Así pues, se reitera, el requisito de subsidiariedad para acudir a la acción de
tutela se encuentra cumplido en relación con el auto del 5 de julio de 2021 y
en razón a ello deberá pasar la Sala a analizar los cargos de fondo que fueron
invocados en su contra.
5. El auto del 5 de agosto de 2021 no adolece de defecto procedimental
absoluto
5.1. El defecto procedimental absoluto se configura cuando el juez de la causa
actúa al margen de las formas propias de cada juicio y reemplaza el debido
proceso por su voluntad o capricho.
Para declarar la materialización de este defecto, la jurisprudencia exige que
sea evidente que: “(i) sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde o
(ii) omite etapas sustanciales del procedimiento con violación de los derechos de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Además, el error de
procedimiento debe ser grave y trascendente, es decir que debe influir de manera
cierta y directa en la decisión de fondo y esa falencia no puede ser imputable de
manera directa ni indirecta a la persona que considera vulnerado su derecho al debido
proceso.”16
5.2. El tutelante considera que la decisión de la magistrada ponente, de rechazar
la solicitud de nulidad propuesta contra la sentencia de segunda instancia,
debido a que no se fundamentó en ninguna de las causales del artículo 294
del CPACA, materializa defecto procedimental absoluto porque, a su juicio,
desconoce la posibilidad que le asistía al interesado de sustentar la nulidad en
la causal genérica de violación al debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución.
Para resolver el cargo propuesto, se estima necesario hacer una breve
referencia al contenido de la petición de nulidad y a la motivación del auto del
5 de agosto de 2021, que la rechazó.
5.2.1. Se tiene que la parte demandada en el proceso de nulidad electoral
sustentó la petición de nulidad en la violación de su derecho
fundamental al debido proceso, comoquiera que “no se realizó una
valoración del acervo probatorio de manera integral y en conjunto”,
específicamente, de las manifestaciones de impedimento presentadas
a Indeportes Antioquia por parte del señor William de Jesús Moncada
Ospina.
5.2.2. En auto del 5 de agosto de 2021, la magistrada sustanciadora del
proceso en comento recordó que la prerrogativa para solicitar la nulidad
de la sentencia electoral está consagrada en el artículo 294 del CPACA.
Esta disposición normativa, a su vez, relaciona las causales taxativas
16 Sentencia SU258 de 2021, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.
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por las que procede la petición de nulidad, que son: “(…) por
incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la
demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de
alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior
de Magistrados al previsto por la ley”.
La magistrada destacó que este artículo establece que deberá
rechazarse de plano la petición de nulidad que se fundamente en una
causal diferente a las enunciadas. Asimismo, en la providencia se indicó
que la relación restringida y taxativa de causales de anulación en esta
norma, atiende a la naturaleza célere y de interés público del medio de
control que regula.
Establecido lo anterior, destacó que la causal que justifica la solicitud
de nulidad en el caso concreto no se acompasa con ninguna de las
consagradas en el artículo 294 del CPACA y, en razón a ello, debía
rechazarse la petición por improcedente. No obstante, lo anterior,
precisó:
“14. Con todo, a modo de acotación, se recuerda que contrario a lo defendido por
el memorialista, en el párrafo 116 del fallo se visibilizaron las
comunicaciones de 1º de noviembre, 3 de noviembre y 21 de diciembre de
2018, así como la de 19 de julio de 2019, todas suscritas por el señor William
de Jesús Moncada Ospina (hermano del demandado) dentro del año anterior
a la elección demandada, en las que pidió ser apartado del conocimiento de
asuntos relacionados con las competencias de Indeportes en Medellín.
15. A partir de ellas, se demostró que sí podía tener influencia sobre ese
municipio; asunto distinto es que el solicitante estime que esos mismos
documentos soportaban precisamente la ausencia de inhabilidad;
disertación que responde realmente a una discrepancia de criterios, ajena al
propósito de la nulidad procesal.”
Considerando este contexto, la Sala estima que la decisión de rechazar por
improcedente la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia, no
comporta una decisión caprichosa que evidencie el desconocimiento de las
formas que regulan el trámite y decisión de estas solicitudes en los procesos
con pretensiones de contenido electoral. Por el contrario, el juez de la causa
fundamentó su determinación en las disposiciones normativas aplicables al
caso concreto y expuso de manera motivada el fundamento fáctico y jurídico
de su determinación, el cual se estima razonable.
Ahora, no se desconoce que, aunque la regla general relativa a las nulidades
procesales es su naturaleza taxativa, también es cierto que,
excepcionalmente, la Corte Constitucional17 y el Consejo de Estado18 han
reconocido la existencia de nulidades de rango constitucional, cuyo origen está
en el artículo 29 de la Constitución Política, como, por ejemplo, aquella que
señala que las pruebas obtenidas con violación al debido proceso son nulas
de pleno derecho. Así, por ejemplo, en la sentencia T-125 de 2010, la Corte
Constitucional sostuvo:
17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-125 de 23 de febrero de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
18 Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto del 19 de diciembre de 2018. Proceso Nro.
11001-03-15-000-2018-01294-01(A). M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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“Nuestro sistema procesal, como se deduce del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, ha adoptado un sistema de enunciación taxativa de las causales
de nulidad. La taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden
considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por
el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad que
se presenta por práctica de una prueba con violación del debido proceso. Cualquier otra
irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos
previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una
declaración de nulidad.” (Destaca la Sala)
Ahora, aun si se aceptara que la excepción relativa a la posibilidad de elevar
petición de nulidad por inconstitucionalidad tiene la virtud de configurar un
defecto en la providencia, lo cierto es que el alegato en que se sustentó no se
acompasa expresamente con las prerrogativas del debido proceso contenidas
en el artículo 29 de la Constitución, sino que se trata de un desacuerdo con el
juicio de valoración de la autoridad judicial, es decir, se trata de una discusión
de naturaleza sustancial.
Recordemos que la causal genérica de nulidad por inconstitucionalidad,
conforme lo ha desarrollado la jurisprudencia, tiene un carácter estrictamente
procesal, por lo tanto, el debido proceso en lo que refiere al derecho a la
prueba comprende las prerrogativas relativas a la garantía en la aportación,
decreto, práctica y contradicción; sin embargo, los reproches expuestos, como
antes se indicó, escapan de la órbita de las nulidades procesales de orden
constitucional.
Conforme lo anterior, esta Sala reitera, no se encuentra configurado el defecto
procedimental absoluto respecto del auto del 5 de agosto de 2021; sin
embargo, se precisa que los aspectos sustanciales relativos al juicio de
valoración probatoria serán objeto de análisis por esta Sala al despachar el
cargo por defecto fáctico contra la sentencia del 22 de julio de 2021, ya que
contrario a la figura acabada de estudiar, este yerro no se restringe a los
aspectos procesales de la prueba.
6. Análisis de los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente
y fáctico en la sentencia del 22 de julio de 2021
6.1. Conforme a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, observa
la Sala la necesidad de adelantar el estudio conjunto de los defectos
sustantivo, por desconocimiento del precedente y fáctico. Esto porque el
estudio del alcance e interpretación de la causal de inhabilidad contenida en
el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley
617 del 2000 (sustantivo), influye en el análisis del juicio de valoración relativo
a la acreditación de los requisitos de la denominada inhabilidad por parentesco
(fáctico).
Previo a proceder con el análisis de la parte motiva de la sentencia, es
apropiado relacionar el texto de la causal de inhabilidad que fue invocada
contra la elección del señor John Jaime de Jesús Moncada Ospina, como
concejal de Medellín para el período 2020-2023. El tenor literal de la
disposición normativa es el siguiente:
“Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:
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4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios
o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito (…)”
6.2. Así pues, en la sentencia del 22 de julio de 2021, la Sección Quinta del Consejo
de Estado precisó que la inhabilidad por parentesco tiene como propósito
evitar que los funcionarios investidos de autoridad, la utilicen para favorecer
los intereses de su núcleo familiar en lo que sería un claro desconocimiento
del principio de imparcialidad que afectaría el proceso electoral y el derecho a
la igualdad de oportunidades de otros candidatos para acceder a cargos
públicos.
Destacó que, para el caso de aspirantes a los concejos municipales o
distritales, la configuración de esta causal está supeditada a que se verifique
la concurrencia de los siguientes elementos:
“i) Parentesco: vínculo por matrimonio o unión permanente o parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con un
funcionario del municipio por el cual resultó electo el concejal.
ii) Elemento temporal: que el funcionario haya ejercido autoridad en cualquier
momento dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
iii) Elemento espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo
municipio o distrito por el cual resultó electo el concejal.
iv) Elemento objetivo: que haya un ejercicio de autoridad civil, política,
administrativa o militar en las condiciones anteriores.”19
El caso concreto presentó dificultades en el análisis de los últimos dos
elementos. Relativo al elemento objetivo la autoridad judicial accionada
precisó que el ejercicio de la autoridad administrativa, que es la que interesa
en este caso, está consagrado en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 y que
para analizar si un determinado cargo público implica el ejercicio de esta
potestad, podía recurrirse a dos criterios: según la naturaleza del cargo (criterio
orgánico) o de las funciones asignadas (criterio funcional).
Dijo además que, para tener por acreditado el elemento objetivo “bastará que la
autoridad se haya ejercido o detentado en cualquier momento durante el periodo
inhabilitante, lo que deviene en que su materialización no es requisito imperante para la
configuración de la citada prohibición, es decir, que se observa en su connotación
potencial, de cara al fin preventivo que tiene la causal de inhabilidad.”20. (Destaca la Sala)
19 Página 12 de la sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Samai, búsqueda proceso 05-001-23-33-000-2019-02965-01.
20 Cita que se encuentra en la página 16 de la sentencia del 22 de julio de 2021. Remite a la siguiente
providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 12 de marzo
de 2020, rad. 15001-23-33-000-2019-00579-02, Demandado: Karen Lucía Molano Granados - Concejal de
Tunja -Período 2020-2023.
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En este caso, la Sección Quinta concluyó que el señor William de Jesús
Moncada Ospina, hermano del hoy accionante, en calidad de subgerente de
Indeportes - Antioquia, ejerció autoridad administrativa en razón a las
potestades que le fueron delegadas en materia de contratación (criterio
funcional). Recordó que la Sección Quinta ha aceptado de manera pacífica
que «los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios, ordenar
gastos (…) son también servidores que ejercen autoridad administrativa»”21
Dijo que la facultad para celebrar contratos le fue delegada a través de los
siguientes actos administrativos, cuyos apartes relevantes fueron relacionados
en la providencia: la Resolución SD0052 del 31 de enero de 2017 y la
Resolución S00244 del 23 de marzo de 2017.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Sección Quinta del Consejo de
Estado expuso la siguiente argumentación:
“88. No cabe duda entonces que el señor William de Jesús Moncada Ospina tuvo
asignadas funciones relacionadas con la celebración de contratos o convenios, que a
la luz de la postura histórica de la Sección Quinta conllevan el ejercicio de autoridad
administrativa, por el solo hecho de ostentarlas, independientemente de si fueron
materializadas o no.
89. Tal conclusión no cambia por el hecho de que se hubieran obtenido por vía de
delegación. Al respecto, conviene poner de relieve lo explicado por la Sala en sentencia
de 11 de junio de 200922. En aquella oportunidad se examinó si la función que obtuvo
un funcionario de la Fiscalía General de la Nación por vía de delegación inhabilitaba a
su pariente que aspiraba a una alcaldía municipal. (…)
90. Antecedente que resulta suficientemente ilustrativo de la ausencia de limitación para
que el juez de lo electoral pueda mirar más allá del manual de funciones de la
correspondiente inhabilidad, a fin de establecer si se reúnen las condiciones que el
legislador ha definido como nocivas para la democracia, en este caso la ventaja
potencial –no necesariamente concretada– que se asocia a supuestos de nepotismo.
91. Esto último releva a la Sala de estudiar si los contratos invocados por el apelante y
controvertidos por la parte accionada en efecto tuvieron la participación del hermano del
demandado, pues para los fines de la causal de inhabilidad resulta irrelevante que
pudieran mediar manifestaciones de impedimentos o circunstancias exculpatorias de la
participación directa en actividades contractuales, pues, aunque el subgerente de
Fomento y Desarrollo de Indeportes Antioquia no hubiera celebrado jamás un contrato
–que tampoco fue el caso–, siempre tuvo la potestad de hacerlo y, el ejercicio de
autoridad administrativa.
92. Cabe recordar que esta Sección, en pronunciamiento de 28 de julio de 2016 23,
precisó que “… la manifestación de impedimento para adelantar las funciones propias
del cargo, en ningún caso conlleva a que no se configure este elemento, dado que
conforme la extensa jurisprudencia existente, “(…) la causal de inhabilidad se basa en
el ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
departamento, lo que bien puede darse por establecido con la mera titularidad de las
funciones inherentes al cargo respectivo, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia
de esta Sección, no es menester demostrar el ejercicio de tales competencias, sino que
la persona las tuvo24”. (Destaca la Sala)
21 Sentencia de 23 de septiembre de 2013, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. No. 41001-23-31-
000-2012-00048-01, demandado: Personero de Neiva.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Mauricio Torres Cuervo, 11 de junio de 2009, rad. 20001-23-31-
000-2007-00225-02, Demandado: alcalde del municipio de Valledupar.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Rocío Araújo Oñate, 28 de julio de 2016, rad. 63001- 23-33-000-
2015-00377-01, demandado: Concejal de Armenia
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 5 de junio de 2003,
expediente No. 3090
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Demandante: John Jaime de Jesús Moncada Ospina
6.3. Ahora bien, el defecto sustantivo, al igual que el defecto por desconocimiento
del precedente, se sustentó en que la Sección Quinta del Consejo de Estado
interpretó de manera arbitraria el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues, a juicio del
actor, para que se configure esta inhabilidad se requería demostrar que el
pariente del demandado ejerció autoridad civil, política, administrativa o militar,
lo cual, estima, no ocurrió en el caso concreto, debido a que las pruebas del
proceso acreditaban que el señor William de Jesús Moncada declinó de
manera expresa la delegación de funciones que involucraran al municipio de
Medellín, por lo que no ejerció autoridad administrativa.
6.4. En primer lugar, se advierte en la sentencia que la autoridad judicial accionada
expuso la interpretación que ha defendido esa Sección sobre la disposición
normativa analizada, relativa a que para estos casos basta con que se haya
ejercido o detentado la autoridad administrativa en cualquier momento del
periodo inhabilitante, independientemente, de si fueron o no materializadas.
Esta conclusión fue debidamente respaldada con el precedente desarrollado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre el alcance de la referida
disposición normativa. De manera que el alegato, en realidad, se traduce en
una inconformidad con la interpretación que hizo el juez de la norma y la
pretensión de hacer favorecer la que la accionante defiende.
Así pues, se estima pertinente recordar que en la sentencia acusada se citaron
como antecedentes jurisprudenciales relevantes, las sentencias del 12 de
marzo de 202025 con radicación Nro. 15001-23-33-000-2019-00579-02 y del
12 de agosto de 2013 con radicación Nro. 52001-23-31-000-2011-00663-01,
proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en las que se indicó
que lo siguiente:
“(…) el apoderado de la parte demandada alega que no basta con ser el titular de
esas funciones, puesto que, para la configuración de la inhabilidad imputada a su
cliente, se debe acreditar que en efecto se ejerció alguna de las atribuciones que
la materializan.
La Sala observa que el planteamiento retoma una discusión que ya se superó por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se ha dicho que no es menester
acreditar el efectivo ejercicio de las funciones revestidas de autoridad
administrativa, sino demostrar tan solo que se tienen. Así lo revela el siguiente
extracto jurisprudencial:
«Para la Sala es claro que la conclusión probatoria al respecto, sea cual fuere, no
lograría desvirtuar el hecho plenamente probado de que al Director Seccional
Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación le fue atribuida, por
delegación del Fiscal General de la Nación (Resolución número 0-0163 del 12 de
enero de 2005, modificada por la Resolución número 0-3327 del 21 de septiembre
de 2007), la facultad de ordenación del gasto en determinados asuntos, atribución
que, por el mero hecho de detentarla, implica el ejercicio de autoridad
administrativa, tal como lo plantearon los demandantes de los procesos 00225,
00227 y 00235.»26
25 En esta providencia, la Sección Quinta emitió la siguiente conclusión sobre la acreditación del elemento de
autoridad:
“Con lo anterior, queda demostrado que la postura vigente y pacífica de la Sala es que a efectos de acreditar
el elemento de autoridad resulta suficiente demostrar que el funcionario tiene la función asignada y no será
perentorio demostrar su realización, en los términos ya expuestos."
26 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 11 de junio de
2009. Expediente: 200012331000200700225-02. Actor: Ever Rincón Criado y otros: Demandado: Alcalde
del Municipio de Valledupar. M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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Esa postura jurisprudencial está inspirada en una realidad inocultable y es que los
desbalances que pueden suscitarse en las justas electorales, de parte de los
funcionarios públicos investidos de autoridad administrativa, puede provenir tanto de su
conducta acta como de su conducta pasiva, pues tantos simpatizantes electorales
puede atraer el hecho de asumir algunas decisiones administrativas, como el dejarlas
de adoptar”
Visto lo anterior, se reitera, el cargo analizado no se encuentra acreditado,
pues el alcance del elemento objetivo de autoridad relativo a la denominada
inhabilidad por parentesco, según el cual la inhabilidad se configura incluso
por el hecho de detentar autoridad dentro de alguno de los matices
consagrados por la norma, sin que sea necesario acreditar el efectivo ejercicio
de las funciones revestidas de autoridad administrativa, deviene de una línea
jurisprudencial ya decantada por la Sección Quinta del Consejo de Estado y
que atiende a la teleología del régimen de inhabilidades, que no al capricho de
la Sala de decisión que conoció la causa.
Como ya lo ha dicho la Corte Constitucional27, el juez de la causa goza de
libertad interpretativa producto del respeto a su independencia y autonomía.
Luego, no corresponde al juez constitucional indicar cual es la interpretación
conveniente o correcta de la Ley, salvo que se evidencia arbitrariedad o
capricho en el ejercicio de interpretación del juez de instancia, pero tal
escenario de irracionalidad no se evidencia configurado en el caso concreto.
Además, no debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas Cortes –quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia
y actuar como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones–, se exige la
configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta
riña de manera abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con
la jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.
Por esta razón, se considera que el fundamento del defecto sustantivo se
traduce en la exteriorización de la inconformidad de la parte accionante con la
decisión del juez de la causa, por resultar desfavorable a sus intereses. Y se
tiene que las discrepancias respecto de la apreciación del caso no ameritan,
per se, la revocación por vía de tutela de una providencia judicial, porque
hacerlo llevaría a desconocer los principios de autonomía e independencia
judicial.
6.5. Ahora bien, la argumentación anterior tiene relación muy estrecha con el
análisis del defecto fáctico, pues como se evidenció del extracto de la
providencia citada, la determinación de no proceder con el análisis de los
medios de prueba que pretendían acreditar que el señor William de Jesús
Moncada Ospina no ejerció autoridad administrativa en el municipio de
Medellín debido a que se declaró impedido en relación con los asuntos que
involucraran a ese ente territorial, no se trató de una decisión deliberada o de
un olvido en la valoración de los medios de prueba.
Por el contrario, estos medios de prueba fueron consideradas por la autoridad
judicial, pero concluyó que no tenían la potestad de controvertir, el hecho ya
acreditado de que el señor William de Jesús Moncada detentó, por vía de
delegación, autoridad administrativa. En otras palabras, frente al hecho que se
27 Corte Constitucional. Sentencia SU949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa
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pretendía acreditar con estos medios de prueba, la accionada explicó que,
para los fines de la causal de inhabilidad invocada, era irrelevante que
mediaran manifestaciones de impedimento, pues ya estaba probado que
detentó dicha autoridad, sin que su materialización o ejercicio constituyera
requisito de su configuración.
Luego, no es dable confundir la omisión en la valoración de los medios de
prueba con la consideración de su irrelevancia a efectos de resolver el
problema jurídico. La omisión de la valoración implica que fueron
desconocidos por el juez de la causa, escenario que no se concretó en este
caso. Contrario a lo expuesto, la calificación de los medios de prueba como
irrelevantes, implica considerarlos a la luz de los supuestos de hecho cuyo
efecto se persigue para determinar si la información que de ellos deriva es útil
para adoptar una decisión, ello implica la valoración de los medios de prueba
y descarta el defecto fáctico invocado.
Dicho lo anterior, concluye la Sala que lo alegado por el actor en la solicitud
de amparo y en el escrito de impugnación no comporta un real escenario de
vulneración de derechos fundamentales sino que se traduce en una
discrepancia en relación con la apreciación de las pruebas del proceso y el
valor de convicción que la autoridad judicial les otorgó.
Al respecto, es importante tener encuentra que la Corte Constitucional ha sido
clara al señalar que las discrepancias que puedan surgir en la apreciación de
las pruebas no constituyen un defecto fáctico y que en caso tal se debe partir
de una presunción de corrección o de acierto del trabajo intelectivo del juez
natural de la causa, pues es a este al que le corresponde por ley la valoración
de la prueba, labor que debe ejercer de manera independiente sin que sea
admisible que se pretenda imponer el juicio de otra autoridad o de una de las
partes28.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia de
tutela de primera instancia, que declaró la improcedencia del mecanismo
constitucional en relación con el cargo por defecto procedimental, para, en su lugar,
negar el amparo invocado.
En lo demás, se confirmará el fallo de tutela del 4 de marzo de 2022.
28 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-590 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. “Las
diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni
calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El Juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo
es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al
juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”
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En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de tutela
del 4 de marzo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que había declarado la improcedencia del mecanismo
constitucional en relación con el cargo por defecto procedimental, para en su
lugar, negar las pretensiones formuladas en relación con dicho cargo.
2. Confirmar en todo lo demás, la sentencia de tutela de primera instancia,
proferida el 4 de marzo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, conforme los argumentos de esta providencia
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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