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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11333-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11333-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Luis Aurelio Contreras Garzón contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11333-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11333-00
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-11333-00
Demandante LUIS AURELIO CONTRERAS GARZÓN
Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas Petición dentro de procesos judiciales. Solicitud de expedición
de copia digital de expediente disciplinario.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Luis Aurelio Contreras Garzón, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de diciembre de 20211, en nombre propio, Luis Aurelio Contreras Garzón
interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, en concordancia con su
derecho a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1) Que se ordene la protección de los derechos fundamentales de PETICIÓN, en
concordancia con los de IGUALDAD, DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA
JUSTICIA, consagrados en los artículos 13, 23, 29 y 229 de la Constitución
Política, a LUÍS AURELIO CONTRERAS GARZÓN, identificado con la C.C. #
88.208.167 de Cúcuta, y se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL, de que emita respuesta de fondo frente a mi solicitud respetuosa de
septiembre 1 de 2021 y que fue reiterada en octubre 16 del año en curso, para que
se me expida la copia digital de la actuación surtida en la segunda instancia
dentro del proceso disciplinario radicado bajo el # 54-001-11-02-000-2012-00092-
02, actualmente en curso en ese cuerpo colegiado, con el fin de estudiar su
contenido en cuanto a lo actuado hasta el momento, cuyo copiado se me habría de
remitir al dominio: luisaurelioabogado_74@hotmail.com, en donde el suscrito obra
como PARTE DISCIPLINADA, y se me comunicó sobre la emisión de sentencia
absolutoria en la primera instancia y se estaba desatando el recurso de apelación
interpuesto por el Agente del Ministerio Público, pero como la petición inicial no fue
respondida oportunamente, se procedió a reiterarla mediante un segundo escrito, y
como contestación se recibió la negativa de acceso al copiado digital solicitado, con la
imposición del limitante de tener que sufragar unas expensas económicas para contar
con las piezas procesales correspondientes, lo cual trasgrede mis derechos
fundamentales como sujeto interesado en la actuación de la segunda instancia.

2) La respuesta y solución de fondo pedida frente a la expedición del copiado digital del
expediente disciplinario respectivo, debe ordenarse judicialmente de que se remita a mi
correo electrónico de uso personal, tal y como lo expuse en mi escrito petitorio y en su

1 Índice 2 Samai.
1

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Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón

posterior reiteración, y además la sentencia que resuelva la presente demanda de
tutela, debe prevenir a la Corporación Judicial accionada, y a los servidores públicos
responsables, de que no vuelvan a incurrir en la situación de desconocimiento de los
términos de rigor para dar oportuna contestación concreta y de solución formal a las
solicitudes de esta naturaleza, pues está in curso en la comisión de una FALTA
DISCIPLINARIA por su omisión (Código Único Disciplinario, artículo 35, numeral
8).”

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Informa el actor que el 1º de septiembre de 2021, por correo electrónico
solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el copiado digital de la
actuación de segunda instancia que cursa en esa corporación dentro del
proceso disciplinario seguido en su contra bajo el radicado Nro. 54-001-11-
02-000-2012-0092-02, por apelación presentada por el Ministerio Público
contra decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, que lo absolvió en primera
instancia.

2.2. Que al no obtener respuesta a su solicitud inicial, el 16 de octubre de 2021 la
reiteró. Que el 4 de noviembre de 2021 recibió en su correo el oficio SJ-ABH-
36280, en el que le mafiestan que le habían dado respuesta anteriormente
mediante comunicación enviada a su correo electrónico el 3 de septiembre
(oficio S.J. GVP 27087), que le adjuntaron.

2.3. Afirma que en el oficio S.J. GVP 27087, el cual no le llegó a su correo el 3 de
septiembre de 2021, le informan que según el Acuerdo PCSJA21-11830 del
17 de agosto de 2021, para la expedición de lo solicitado es necesario que
por cada copia digitalizada cancele el valor de $250, que son 91 folios y que
una vez consignara en cuenta del Banco Popular, a nombre de la Dirección
del Tesoro Nacional y adjuntara el recibo, procederían a enviar lo solicitado.

2.4. Expone que contrario a lo maniestado en ese oficio, el artículo 3º del
PCSJA21-11830 del 17 de agosto de 2021, expresamente dispone una
exclusión de cobro para los procesos digitalizados. Asegura que en su caso
“no estamos ante un proceso que no esté digitalizado”, motivo por el cual no
entiende la tarifa de $250.

3. Fundamentos de la acción

Asegura que para garantizarle su derecho fundamental de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política, que considera vulnerado por la
accionada, su solicitud tendría que haber recibido el diligenciamiento contemplado
por la Ley 1755 de 2015, modificado por el artículo 5º del Decreto Ley 491 de
2020, sin embargo, y pese a haberse vencido el término allí señalado, hasta la
fecha de la presentación de la tutela no ha recibido respuesta seria y de fondo,
pese a que, afirma, su proceso se halla digitalizado y no hay lugar al cobro de una
tarifa.

Señala que su petición es precedente “teniendo en cuenta que las actuaciones avocadas
por esa nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial han sido sometidas a un plan de
digitalización absoluta de los expedientes conocidos inicialmente por la entonces Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura”, y resulta inadmisible que se le quiera trasladar
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una carga económica de una situación que debió asumir el Estado, lo que lo
afecta como sujeto procesal disciplinado y desconoce su derecho al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, su derecho a conocer y acceder a
la información y contenido del expediente de segunda instancia.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 16 de diciembre de 2021 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a las partes.

4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció por intermedio de
su Presidente (índice 8 Samai). Explicó la creación de esa Comisión, antes
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y que
sus actuales integrantes se posesionaron el 13 de enero de 2021.

Dijo que conforme lo informado por la secretaría judicial a la presidencia,
para atender la solicitud del actor del 1º de septiembre de 2021, el 3 del
mismo mes y año se le remitió respuesta por medio del oficio S.J GVP
27087, indicándole que conforme el Acuerdo PCSJA21-11830 del 17 de
agosto de 2021 del CSJ, para acceder a lo solicitado debía cancelar la suma
de $250 cada copia a digitalizar, que el cuaderno de segunda instancia
consta de 91 folios y la cuenta en la que debía consignar, sin embargo, se
evidenció que por un error humano se digitó erróneamente la dirección de
correo electrónico, lo que conllevó a que el señor Contreras Garzón no
conociera la respuesta del 3 de septiembre en esa fecha.

Que la reiteración que hizo el actor el 16 de octubre de 2021 le fue
contestada el 4 de noviembre de 2021 mediante oficio SJ-ABH-36280, a la
dirección electrónica correcta, en el que, además de indicarle que en sesión
040 del 8 de julio de 2021 el caso había sido decidido, se le adjuntó el oficio
S.J GVP 27087.

Agregó, que la afirmación del actor, es decir, que todos los expedientes que
conoce la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se encuentran
digitalizados, no corresponde a la realidad, ni se se acompasa con lo
dispuesto en el plan de digitalización de la Rama Judicial, que permite la
existencia de expedientes físicos, digitales e híbridos, y además establece
que se contratará a una empresa encargada de la digitalización de los
expedientes, esto es la fase de gestión contratada que va de noviembre de
2020 a julio de 2022, que, a la fecha, para el caso de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, no se ha materializado.

De igual forma, esa fase establece una priorización en el escaneo de
expedientes denominada método UEPS, según el cual los últimos
expedientes en entrar al sistema de justicia deben ser los primeros en
digitalizarse.

Precisó que el expediente del actor se encuentra en físico, y que conforme el
numeral 8 del artículo 2º del Acuerdo PCSJA21-11830 del 17 de agosto de
2021 del CSJ, cada página a digitalizar cuesta $250.

Agregó, la Comisión que “no vulneró ningún derecho fundamental del accionante y no
le está imponiendo el pago de emolumentos improcedentes, pues el expediente identificado
con radicado no. 54001-11-02-000-2012-00092-02 es físico, por lo que el cobro de las copias
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solicitadas por el señor Contreras Garzón, de acuerdo a lo prescrito por el acuerdo
PCSJA21-11830 del CSJ, es procedente. Así mismo, señaló que el mencionado expediente
no es de los últimos en ingresar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues tiene
como fecha de reparto 17 de junio de 2017, por lo que no se encuentra dentro de los
expedientes priorizados en la digitalización”.

Solicitó negar las pretensiones de la presente acción de tutela2.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Derecho de petición dentro de procesos judiciales

2.1. En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha sostenido que las reglas del
derecho fundamental a la petición no son aplicables cuando se le solicita a
un servidor judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que las
peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran reguladas en
procedimientos propios.

Los memoriales y los recursos, entonces, se rigen por los términos y etapas
procesales previstos por el legislador y, en general, por las leyes
procedimentales propias de cada mecanismo judicial. Esto significa que las
peticiones y escritos que se interponen ante autoridades judiciales sobre
aspectos relacionados con el litigio se regulan por las reglas propias de cada
juicio.

Por ende, las disposiciones que rigen el derecho de petición no son
aplicables a las solicitudes que pretendan obtener pronunciamientos
relacionados con procesos judiciales, así estos se presenten bajo el rótulo de
derecho de petición.

De no existir tal diferenciación, se vulnerarían las formalidades que deben
observar las partes, el juez y los terceros interesados, cuyo principal
propósito es garantizar el debido proceso.

2 Adjuntó, además de los oficios del 3 de septiembre y 4 de noviembre de 2021, a través de los cuales se
dio respuesta al actor, el Acuerdo PCSJA21-11830 de 2021 y copia el plan de digitalización de
expedientes de la Rama Judicial 2020-2022.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2.2. Con base en lo anterior, la Sala considera que este caso debe analizarse
bajo la óptica del derecho fundamental al debido proceso, ya que la petición
que presentó el actor está relacionada con el trámite judicial, específicamente
sobre una solicitud de expedición de copias digitalizadas de la actuación de
segunda instancia del proceso disciplinario radicado Nro. 2012-0092-02.

De hecho, tratándose de asuntos en que se alega la transgresión del derecho
a la petición en procesos judiciales por dilaciones judiciales, la verdadera
controversia gira en torno al derecho al debido proceso. Por tanto, el análisis
al que materialmente está llamado el juez de tutela es a establecer si se
desconoció el derecho fundamental al debido proceso del actor.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo a lo precisado en precedencia, corresponde a la Sala determinar si en
el presente caso la Comisión Nacional de Disciplina judicial vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del señor Luis Aurelio Contreras Garzón, quien
afirma no haber recibido una respuesta a su solicitud de expedición de copias
digitalizadas del cuaderno que contiene la actuación de segunda instancia del
proceso disciplinario radicado Nro. 2012-0092-02, que cursó en su contra.

4. Análisis del caso concreto

4.1. Esta sala ha reconocido que quien interpone una acción judicial o algún
recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que se le resuelva
dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo, se ha insistido en
que dadas las condiciones que producen congestión y lentitud en los
despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia. Por lo tanto, en el evento en que exista una justificación que
explique la tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no
existirá mora judicial injustificada y en consecuencia no se habrán vulnerado
los derechos fundamentales de quien acudió a la justicia.

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que la autoridad judicial excedió desproporcionadamente
el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista
motivación para justificar la demora en que incurrió. Para determinar si se ha
excedido dicho plazo hay que verificar: (i) la complejidad del asunto; (ii) la
actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad
competente; y (iv) el análisis global de procedimiento.

4.2. Analizado lo acontecido en el caso concreto y los soportes probatorios
allegados, advierte la Sala que, contario a lo afirmado por el accionante, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial sí resolvió la solicitud de expedición
de las copias digitalizadas presentada por aquel.

Mediante oficio S.J GVP 27087 del 3 de septiembre de 2021 se dio respuesta
a la solicitud del actor del 1º de septiembre de 2021, en la que se le indicó
que, con fundamento en el Acuerdo PCSJA21-11830 del 17 de agosto de
2021 del Consejo Superior de la Judicatura, (i) debía cancelar la suma de
$250 por cada copia a digitalizar, (ii) que el cuaderno de segunda instancia
constaba de 91 folios y, (iii) el número de la cuenta en la que debía
consignar la suma correspondiente.

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Y si bien, como lo reconoció la autoridad judicial accionada en el informen
rendido en la presente acción, por un error en la digitación del correo
electrónico del interesado, no conoció la respuesta del 3 de septiembre de
2021 en esa misma fecha, lo cierto es que, mediante el oficio SJ-ABH-36280
del 4 de noviembre de 2021 (en respuesta a la reiteración presentada el 16
de octubre de 2021), remitido a la dirección electrónica correcta se le indicó
que la petición de expedición de copias fue decidida a través del oficio S.J
GVP 27087 del 3 de septiembre de 2021, el cual le adjuntó.

También se acreditó lo siguiente:

4.2.1. No todos los procesos que asumió la nueva Comisión Nacional de
Disciplina Judicial se encuentran digitalizados, pues, como lo explicó
su Presidente, en esa Corporación se cuenta con expedientes en
físicos, digitales e híbridos y, entre los que áun no se han
digitalizados, se encuentra el proceso disciplinario radicado 2012-
0092-02 que cursó contra el actor.

Ello obedece, como lo explicó la accionada, al plan de digitalización de
la Rama Judicial 2020-2022 y a que conforme a la fase de gestión
contratada existe priorización en la digitalización, donde los
expedientes más recientes prevalecen sobre los más antiguos a
efectos de digitalizarse, y el del actor tuvo reparto de segunda
instancia el 17 de junio de 2017.

4.2.2. Si bien es cierto, como lo afirma el actor, conforme el artículo 3º del el
Acuerdo PCSJA21-11830 del 17 de agosto de 20214, las tarifas se
aplicarán a los procesos que no se encuentren digitalizados, no es
menos cierto que su proceso no lo está y, según el numeral 8º del
artículo 2º del Acuerdo, como lo explicó en su respuesta la
Corporación judicial cuestionada, para expediente físico aplica la tarifa
de $250 por cada página a digitalizar. Textualmente dice el numeral 8º
del artículo 2º del Acuerdo:
“Artículo 2º. Actualización de tarifas. Actualizar los valores del arancel judicial,
así:
[…]
8. De la digitalización de documentos:$250 por página”.

4.2.3. Conforme el inciso primero del artículo 6º de la Ley 270 de 1996, “La
administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del
Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles
judiciales que se fijen de conformidad con la ley”.

Según la norma, las expensas y los aranceles judiciales constituyen
una excepción al principio de gratuidad de la justicia5.

4.3. Por tanto, contrario a lo que sostiene el actor, no se le está imponiendo una
carga económica producto de una arbitrariedad de la Comisión Nacional de

4 “Por el cual se actualizan los valores del arancel judicial en asuntos civiles y de familia, jurisdicción de lo
contencioso administrativo, constitucional y disciplinaria”
5 Al respecto puede consultarse, entre otras, las sentencias C-037 de 1996, C-102 de 2003, C-713 de 2008,
C-638 de 2011.

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Disciplina judicial, sino que responde a un precepto normativo para casos
como el suyo; además, tampoco se puede atribuir a una acción u omisión de
la Comisión, que el expediente no se encuentre digitalizado, como lo
pretende hacer ver el tutelante.

4.4. En este orden de ideas, lo que se le indicó al actor en el Oficio S.J. GVP
27087 del 3 de noviembre de 2021, y que por error humano al digitar su
correo electrónico no recibió en esa fecha sino con la respuesta del 4 de
noviembre de 2021, esto es, que para acceder a lo solicitado, por cada
página a digitalizar cancelara el valor de $250 y que debía consignar el
equivalente a 91 páginas que componen el cuaderno de segunda instancia,
no resulta lesivo de derecho alguno del actor.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que en este caso no se configura una
mora judicial injustificada por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
en la expedición de copias digitalizadas del cuaderno de segunda instancia del
proceso disciplinario radicado Nro. 2012-0092-02. En consecuencia, se negarán
las pretensiones de la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Luis Aurelio
Contreras Garzón contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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