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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11352-00

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11352-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11352-00 Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-11352-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., primero (1o.) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11352-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA SECCIÓN QUINTA
NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS ALEGADOS. DOBLE MILITANCIA.
EFECTOS DE LA RENUNCIA MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES
PÚBLICAS.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,

esta Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el

actor contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

1
En adelante Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11352-00
Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por

la SECCIÓN QUINTA al proferir la providencia de 22 de julio de

2021, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado

con el número único de radicación 2500023410002019 0108901.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 27 de octubre de 2019, se llevaron a cabo las

elecciones territoriales en las que el señor GUILLERMO EDUARDO

ALDANA DIMAS fue elegido como Alcalde del Municipio de

Facatativá para el período 2020-2023 por el partido Polo Democrático

Alternativo, según formulario E-26 de 1o. de noviembre de 2019

emitido por la comisión escrutadora.

Indicó que promovió demanda de nulidad electoral contra el acto de

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Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA

elección, argumentando la configuración de la causal de doble

militancia prevista en el artículo 107 Superior, el artículo 2º de la Ley

1475 de 2011 y el numeral 8 del artículo 275 del CPACA.

Señaló que la demanda le correspondió por reparto al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN PRIMERA-

SUBSECCIÓN “B”2 que, mediante sentencia de 18 de febrero de

2021, denegó las pretensiones.

Manifestó que la anterior decisión fue apelada por las partes ante la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 22 de julio de 2021,

confirmó la providencia recurrida.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señaló que la providencia cuestionada, incurrió en defecto fáctico,

defecto sustancial y desconocimiento del precedente, por las

siguientes razones:

2
En adelante Tribunal.

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Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA

Frente al defecto sustantivo por interpretación contraria a la ley y el

desconocimiento del mandato legal contenido en el literal b) del

artículo 51 de la ley 136 de 1994, indicó que la sentencia objetada

comporta una vía de hecho por defecto sustantivo, por cuanto el

fallador realizó una interpretación jurídica que desconoce el mandato

legal del literal b) del artículo 51 de la ley 136 de 1994.

Señaló que en el caso objeto de estudio, el Alcalde municipal de

Facatativá incurrió en doble militancia, pues el calendario electoral

estableció que el 27 de junio de 2019, se daría inicio al período de

inscripción de los candidatos para los comicios 2020-2023 y, por lo

tanto, la fecha límite para separarse del cargo era el 27 de junio de

2018, esto es, doce meses antes del primer día de las inscripciones.

Advirtió que la dimisión del señor GUILLERMO EDUARDO ALDANA

DIMAS como concejal del municipio de Facatativá, se produjo el 4

de julio de 2018, día siguiente a la notificación de la Resolución núm.

35 de 2018, por la cual se aceptó la renuncia al cargo, por lo tanto,

consideró que la dimisión fue extemporánea, pues superó los doce

meses previos al primer día de las inscripciones.

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Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA

Manifestó que la autoridad judicial interpretó indebidamente el

ordenamiento legal, pues según su criterio en el caso de los

concejales la renuncia a la curul es una situación reglada, por lo que,

para que la renuncia produzca efectos jurídicos se requiere

necesariamente su aceptación por parte de la corporación.

Arguyó que la interpretación jurídica desplegada por el ad quem fue

contradictoria, pues por una parte, consideró que legalmente la sola

presentación de la renuncia resulta insuficiente para reconocer la

cesación de las obligaciones de los concejales, pero, por otro lado,

discurrió que la mera presentación de la dimisión es suficiente

respecto al elemento temporal de la prohibición de doble militancia.

Resaltó que la autoridad judicial otorgó efectos retroactivos al acto

administrativo que dispuso la aceptación de la renuncia, a pesar de

demostrarse que la aceptación fue extemporánea. Situación que

consideró determinante en la vulneración del debido proceso, pues

según su criterio, la SECCIÓN QUINTA al modular los efectos de la

renuncia en el tiempo abordó un aspecto que no fue objeto de debate

en el recurso de alzada.

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Respecto al desconocimiento del precedente alegado, sostuvo que la

autoridad judicial accionada desconoció el contenido de la sentencia

SU-950 de 2014, en la que se determinó “[…] que la renuncia

debidamente aceptada es causal de retiro del servicio para los

miembros de las corporaciones públicas […]”

Aludió que la Sección Quinta destacó que al tenor de la

jurisprudencia la renuncia debidamente aceptada constituye una

causal de retiro del servicio, sin embargo, en la decisión objetada

procedió a resolver el litigio con un sustento jurídico distinto al

considerar que solo bastaba con la mera presentación del escrito de

dimisión.

En lo que concierne al defecto fáctico, por indebida valoración del

material probatorio por parte del juez electoral, manifestó que pese

a que en el proceso se acreditó que la aceptación de la renuncia

resultó extemporánea, el fallador consideró que la renuncia se

produjo con efectos retroactivos sin efectuar una valoración

adecuada de la Resolución núm. 035 del 3 de julio de 2018, y el acta

de sesión ordinaria núm. 072 del 2 de julio de 2018, constituyendo

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Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA

una vía de hecho que tuvo incidencia en la decisión judicial y

vulnerando el debido proceso.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados y, en consecuencia, solicitó dejar sin efecto la

sentencia objetada y, en su lugar, ordenar a la SECCIÓN QUINTA

emitir un nuevo pronunciamiento, en los siguientes términos:

“[…] De conformidad con lo expuesto, solicito el amparo del
derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se le
ordene a la tutelada que dicte un nuevo fallo en derecho […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA pese a ser notificada en debida forma,

guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL indicó que el presente asunto carece de

relevancia constitucional, dado que el actor propone abrir una

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discusión sobre la interpretación de normas que ya han sido objeto

de análisis por la SECCIÓN QUINTA.

Manifestó que no le asiste razón al accionante, por cuanto se le

garantizaron los derechos y garantías procesales y, además, se

profirió sentencia conforme las pruebas aportadas al proceso y la

jurisprudencia aplicable, razón por la que toda la actuación

adelantada se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico.

I.6.2.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, toda

vez que, a su juicio, no goza de competencia para pronunciarse sobre

lo pretendido por el tutelante.

Indicó que el amparo constitucional se dirige contra la decisión

proferida por el juez natural de la causa y, por lo tanto, no está

llamada a proteger los derechos señalados por el accionante, por lo

que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.3.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL manifestó que no

goza de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha

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vulnerado los derechos deprecados por el accionante.

I.6.4.- El señor GUILLERMO EDUARDO ALDANA DIMAS,

vinculado como tercero interesado en las resultas de la presente

acción, por ser parte demandada dentro del proceso de nulidad

electoral objeto de estudio, pese a ser notificado en debida forma,

guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, formularon

peticiones de desvinculación en la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que tanto la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL como el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,

actuaron como parte demandada dentro del medio de control de

nulidad electoral identificado con el número único de radicación

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25000 2341 000 2019 01089 01, objeto del presente estudio, la Sala

concluye que a las citadas entidades, en calidad de terceros, le asiste

interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia,

razón por la que se denegará las solicitudes de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la parte actora

pretende que se deje sin efecto la sentencia de 22 de julio de

2021 proferida por la SECCIÓN QUINTA, por medio de la cual se

negaron las pretensiones de nulidad de la elección del alcalde

municipal de Facatativá, dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 25000 2341

000 2019 01089 01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la parte

actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,

defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad

judicial incurrió en los defectos endilgados.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea, con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

alegados; contra las decisiones cuestionadas no proceden recursos y

tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios

de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable3 y, por último, la solicitud identifica

los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos

3
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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alegados, para posteriormente analizar los reproches del actor de

forma conjunta.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20134, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
4
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas
del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Del defecto material o sustantivo

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017

señaló que:

[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es

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inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”5;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables6; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”7
(Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad8;
(b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra
legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una
de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen9; (d) es
manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad
y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva10 o
contraria a la Constitución11; o (f) cuando dejan de aplicarse
normas constitucionales o legales pertinentes.

Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos

5
T-176 de 2015.
6
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
7
SU-770 de 2014.
8
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
9
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
10
T-018 de 2008.
11
T-086 de 2007.

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fundamentales de los sujetos procesales”12.[…] (Destacado fuera
de texto).

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto

sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)

efectúa una interpretación normativa fuera del rango de

razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,

c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los

intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,

injustificada e inconstitucional.

Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser

indudablemente arbitrario e incongruente respecto al

desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el

caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez

constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis

jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la

independencia para fallar, considerando las vías jurídicas

compatibles con las garantías fundamentales de las partes

intervinientes.

12
SU-050 de 2017.

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Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia

judicial adolece de defecto sustantivo cuando la autoridad

jurisdiccional se “[…] aparta del precedente judicial – horizontal o

vertical13 – sin justificación suficiente […]” pues el precedente es de

carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230

de la Constitución Política, los jueces si bien tienen una autonomía

interpretativa e independencia para fallar deben hacerlo dentro de

los parámetros que les presenta la ley.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que solo es

procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y

cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) que se

haga una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente

aplicado a casos similares, y (ii) que se expongan las razones

13
Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha
diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es
el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que
no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados
de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional.
Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014

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suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al

asunto estudiado.

De la doble militancia y la renuncia a la curul por parte de los

miembros de las corporaciones públicas.

El artículo 107 de la Constitución Política, consagró la prohibición de

la doble militancia, además, estableció la renuncia a la curul de los

miembros de corporaciones públicas que desean postularse a las

elecciones ordinarias, de la siguiente manera:

“[…] ARTICULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> […]

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con
personería jurídica. […]

Quien siendo miembro de una corporación pública decida
presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día
de inscripciones. […]”

Esta disposición constitucional fue regulada por el artículo 2 de la ley

1475 de 2011, así:

“[…] ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE
MILITANCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> En

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ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La
militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se
establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la
respectiva organización política, según el sistema de identificación
y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y
movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán
apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren
inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la |siguiente
elección por un partido o movimiento político distinto,
deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses
antes del primer día de inscripciones. […]

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que
será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de
los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción. […]”
(Destacado fuera de texto).

La norma en cita, además de reiterar la prohibición de la doble

militancia dispuso la necesidad de la renuncia a la curul, al menos

doce meses antes del primer día de inscripciones a los candidatos

que deciden presentarse a la contienda electoral por un partido o

movimiento político distinto al que se encontraba inscrito mientras

ostentó la investidura o cargo.

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Para el caso de los miembros de las corporaciones públicas o concejos

municipales, la ley 136 de 1994 en su artículo 53 dispuso el trámite

de la renuncia de un concejal, así:

“[…] ARTÍCULO 53. RENUNCIA. La renuncia de un concejal se
produce cuando él mismo manifiesta en forma escrita e inequívoca
su voluntad de hacer dejación definitiva de su investidura como tal.
La renuncia deberá presentarse ante el Presidente del Concejo, y
en ella se determinará la fecha a partir de la cual se quiere hacer.

La renuncia del Presidente del Concejo, se presentará ante la mesa
directiva de la corporación. […]”

En ese sentido, el ordenamiento jurídico establece que la renuncia de

un miembro de concejo municipal se produce desde el mismo

momento en que el interesado manifiesta de manera escrita e

inequívoca su voluntad de dejar de manera definitiva el cargo,

determinando la fecha a partir de la cual se abandonará la

investidura.

Al respecto, la Corte Constitucional14 al estudiar el derecho político a

desempeñar y renunciar a cargos públicos, indicó:

14
SU-950 de 2014.

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“[…] De conformidad con el ordenamiento superior, el derecho
político a desempeñar y renunciar a cargos públicos tiene una
estrecha relación con el derecho a escoger libremente una
profesión u oficio. Este es considerado por la Constitución como
“uno de los estandartes de la dignidad de la persona”15 (art. 26
C.P.). De tal manera todo sujeto puede hacer uso de ese derecho
como una manifestación de la autonomía de la voluntad y de los
derechos al trabajo (Art. 53, C.P.), al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 C.P.) y a la igualdad de oportunidades (Arts.
13 y 53, C.P.)16 a fin de “diseñar en forma autónoma su proyecto
de vida en una de las facetas más importantes de la condición
humana.”17 […]

En efecto, el derecho a desempeñar cargos públicos implica que el
Estado tiene la obligación de permitir que la persona ocupe el cargo
o que renuncie al mismo si es su decisión libre y espontánea. Esta
doble visión del derecho implica que, en tal virtud, el Estado debe
nombrar a la persona que, de conformidad con la normatividad
aplicable, es apta para ocupar el cargo y, al mismo tiempo,
garantizar su libertad para escoger el momento de su retiro. En el
caso de los cargos de elección, el Estado tiene el deber de permitir
a la persona elegida que ocupe el cargo y también el de respetar
el derecho de cada persona de ocuparlo durante el tiempo por el
que fue elegido.

El derecho a desempeñar cargos públicos supone también el
derecho del sujeto a renunciar al cargo, pues constituye desarrollo
de la libertad de la persona decidir si permanece o no en una
posición laboral determinada. Como consecuencia de este derecho,
la decisión sobre la permanencia en un cargo no puede restringirse
o impedirse, pues la renuncia a un cargo público es una
manifestación de la voluntad personal y una expresión del ejercicio
de la libertad de un sujeto. Bajo esas circunstancias el deber de
respeto de la libertad exigible al Estado comporta la obligación de
aceptar, dentro de un término razonable, la renuncia.18 […]

En síntesis, del derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer en el
que se ha sido elegido, se generan los correlativos deberes del
Estado de i) permitir al aspirante elegido ocupar el empleo, siempre
y cuando cumpla con los requisitos y competencias exigidos por la
Constitución o por la ley para desempeñarlo y ii) permitir al

15
Sentencia C-819 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio.
16
Sobre el tema también puede verse la sentencia C-1125 de 2008 M.P. Humberto Sierra.
17
Sentencia C-819 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio.
18
Sentencia T-374 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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servidor retirarse del cargo, cuando exista la manifestación
espontánea y voluntaria de separarse definitivamente del ejercicio
de la función pública. Por eso no podría el Estado dejar de aceptar
una renuncia u obstaculizar, sin razón alguna, la posibilidad de una
persona de renunciar en debida forma. […]

24. De la reconstrucción anterior pueden obtenerse varios
elementos hermenéuticos. Con la renuncia debidamente aceptada
se presenta la vacancia del cargo, es decir, quien ha renunciado ya
no es titular del mismo, por lo tanto no podrían aplicarse
inhabilidades derivadas de ese hecho. Por otra parte, el derecho a
renunciar a un cargo público es un derecho protegido por nuestro
ordenamiento constitucional y aunque pueda requerir de algunas
formalidades, las mismas no pueden sacrificar los derechos de
quien quiera renunciar. En ese sentido el acto de renuncia no puede
estar sujeto a exigencias irrazonables o desproporcionadas que
afecten los derechos constitucionales de quien libre y
espontáneamente decide renunciar.

En el caso de la aceptación de renuncias a cargos en corporaciones
públicas de elección popular se aplican algunos criterios sobre las
votaciones, en particular la regla general es que las votaciones en
estas entidades sean nominales y públicas a fin de garantizar la
transparencia y el control ciudadano propios de una democracia.
Ya que la regla general para las votaciones en estas corporaciones
es la votación nominal y pública, y ya que las renuncias de sus
miembros no son parte de las excepciones establecidas por nuestro
ordenamiento jurídico a ese tipo de votación, a primera vista podría
concluirse que las aceptaciones de las renuncias de los miembros
de corporaciones públicas sólo podrían darse a través de votación
nominal y pública para que se consideraran válidas.

Sin embargo, es importante incorporar en el ejercicio hermenéutico
la existencia de derechos constitucionales que deben ser protegidos
en este tipo de actuaciones. De un lado encontramos los derechos
relacionados con la renuncia y con las aspiraciones políticas (la
libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho político a
ser elegido, entre otros) y por el otro los fines de las votaciones
nominales y públicas, en particular la transparencia de la actuación
de las corporaciones de elección popular. Por tanto, si existe un
incumplimiento de un rito que a pesar de ello mantiene un
equilibrio que satisface los fines de este tipo de votaciones y logra
también la razonabilidad de los requisitos de la renuncia, es posible
que no exista violación alguna al ordenamiento constitucional en

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virtud de la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formalidades. […]”

En ese sentido, el derecho a desempeñar y renunciar a un cargo

público tiene estrecha una relación con la garantía constitucional de

escoger y ejercer libremente una profesión u oficio.

Por lo tanto, la decisión voluntaria y expresa sobre la permanencia

de un cargo público no puede restringirse o impedirse, y aunque

requiera alguna ritualidad o formalidad no puede menoscabarse los

derechos de quienes quieran renunciar, por lo que, es obligación del

Estado aceptar la dimisión dentro de un término razonable.

Respecto a la aceptación de la renuncia a cargos en corporaciones

públicas de elección popular, la Corte determinó que, de existir

incumplimiento de una formalidad, y a pesar de ello, se conserva un

equilibrio que satisface la transparencia de la actuación de las

corporaciones de elección popular y los requisitos formales de la

renuncia, no habría violación del ordenamiento constitucional en

virtud del derecho sustancial sobre el formal.

Caso concreto

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Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la sentencia de 22 de julio de 2021,

proferida por la SECCIÓN QUINTA, aquí cuestionada, en la cual se

indicó lo siguiente:

“[…] En ese orden de ideas, la modalidad de doble militancia
endilgada al demandado se entenderá configurada en el evento de
demostrarse que no renunció a la curul que ocupaba en el Concejo
Municipal de Facatativá por el Partido Liberal, con doce meses de
antelación para presentarse como candidato a la Alcaldía de ese
municipio por el Partido Polo Democrático Alternativo. […]

En primer lugar, la Sala considera que le asiste razón al apelante
cuando advierte que el fundamento del a quo, al acudir a la
definición de renuncia prevista en el artículo 27 del Decreto 2400
de 1968, no se ajusta al caso concreto, toda vez que esa norma se
refiere a los empleados públicos, condición que no ostentan los
concejales al tenor del artículo 312 de la Carta.

En efecto, tal como lo prevé el inciso segundo de la referida norma
Superior, “Los concejales no tendrán la calidad de empleados
públicos.”, de tal manera que la abstracción teórica del texto del
artículo 2715 del Decreto 2400 de 196816, efectuada por el
Tribunal de primera instancia, no constituye un insumo útil para
efectos de interpretar el contenido y alcance del concepto de
renuncia de los concejales.

Ello en la medida que la preceptiva en mención, según lo previsto
en su artículo 1° “regula la administración del personal civil que
presta sus servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público.”, mientras que el artículo 27 Ibidem se refiere
inequívocamente a que “La renuncia se produce cuando el
empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de
separarse definitivamente del servicio.”, luego es evidente que el
ordenamiento bajo análisis regula la actividad de los empleados
públicos y, por ende, no contribuye con la interpretación de los
conceptos legales aplicables al particular, comoquiera que los
concejales no ostentan tal condición. […]

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La anterior circunstancia también permite concluir que la ratio de
los pronunciamientos del Consejo de Estado que trajo a colación el
apelante tampoco resulta aplicable al asunto que ocupa a la Sala,
toda vez que en estos se interpretó lo concerniente a la renuncia
de los empleados públicos, condición que, como se advirtió y se
insiste, no corresponde con la investidura de los concejales. […]

Se observa que el apelante, en sus alegatos de conclusión, trajo a
colación los pronunciamientos del 29 de marzo de 2012 (Exp:
25000-23-25-000-2003-04732-01)19, y 1° de junio de 2017 (Exp:
25000-23-42-000-2014-02869-01)20, proferidos por la Sección
Segunda, Subsección B los cuales, como en el caso de los dos
anteriores, se pronunciaron sobre sendas demandas en las que se
pretendió la anulación de los actos que aceptaron la renuncia (i)
del asesor, código 105, grado 02, adscrito al Despacho del
Contralor Distrital de Bogotá, y (ii) del director técnico, código
0100, grado 20, de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Entonces, como se observa, ninguno de estos pronunciamientos
abordó el contenido y efectos de la renuncia de los concejales o de
algún otro miembro de una corporación pública, de tal modo que
sus consideraciones no tienen aplicación ni contribuyen con la
interpretación judicial que debe efectuarse en el caso concreto. […]

En el caso de los concejales, el texto del literal b) del artículo 51
de la Ley 136 de 1994 establece como causal de falta absoluta “La
renuncia aceptada”, disposición debe interpretarse en armonía
con el artículo 63 Ibidem, que establece […]

De acuerdo con la preceptiva anterior, se debe concluir que la
aceptación de la renuncia como causal de falta absoluta de un
concejal, es requisito para que la curul quede vacante y, de esa
forma, poder proveer la plaza con el candidato que corresponda.

Ahora bien, conviene precisar que el texto del último inciso del
artículo 107 Superior, así como el inciso segundo del artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011, no establecieron condicionamiento alguno
relacionado con la aceptación de la renuncia, puesto que las
normas en mención se refirieron únicamente a su presentación.

A su turno, el artículo 53 de la Ley 136 de 1994, establece que “La
renuncia de un concejal se produce cuando él mismo
manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de

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hacer dejación definitiva de su investidura como tal. La
renuncia deberá presentarse ante el Presidente del Concejo, y en
ella se determinará la fecha a partir de la cual se quiere
hacer.” (Destacado por la Sala)

La redacción del enunciado transcrito da lugar a colegir que la
renuncia de un concejal se produce, esto es, se materializa, al
momento en que manifiesta por escrito su voluntad de apartarse
de su investidura, a partir de una fecha determinada. Como bien
se observa, la norma es clara en señalar que la carga del dimitente
se agota en el momento mismo de la manifestación que en ese
sentido presenta, sin condicionamiento expreso o tácito a su
aceptación, […]

Con todo, la Sala no pierde de vista que de acuerdo con lo previsto
en el artículo 53 de la Ley 136 de 1994, es deber del concejal
dimitente señalar la fecha a partir de la cual su renuncia produce
efectos, lo cual en lo relativo a la prohibición en cuestión deberá
hacerse antes del lapso que configura la causal de inelegibilidad.

Es decir, la fecha en que la renuncia se hace efectiva debe
comprender la antelación de doce meses de que trata la norma
para que no se configure la prohibición de doble militancia política,
pues no es admisible que quien quiera apartarse del partido que lo
avaló, así como de la curul que ocupa, pretenda diferir los efectos
de su renuncia a una fecha posterior o del periodo que establece la
ley para no incurrir en una situación de inelegibilidad, ya que con
ello continuaría en el ejercicio de la dignidad y, por lo tanto,
incurriría en doble militancia política.
No sobra agregar que el aspirante a la próxima elección también
debe presentar su renuncia a la colectividad política que otrora le
avaló, con la misma anticipación de doce meses, tal como aconteció
en el caso concreto.

En ese orden, tanto la presentación de la renuncia a la curul, como
la fecha a partir de la cual esta produce efectos, debe contemplar
la antelación de doce meses previos al inicio de las inscripciones
para la próxima elección, de conformidad con el inciso segundo del
artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, toda vez que si tales efectos se
difieren a una fecha posterior, se configuraría la doble militancia
política.

Así mismo, la aceptación de la renuncia debe producir efectos
desde la fecha en la que el concejal señale en su escrito, pues por

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expresa previsión del artículo 53 bajo cita, esta se causa desde el
momento “a partir de la cual se quiere hacer.”

Con ello, a su vez, se evita que la aspiración política del interesado
quede sometida al arbitrio de la corporación pública, puesto que se
trata de un trámite posterior a cargo de la Duma municipal que,
por supuesto, es completamente ajeno al alcance de quien
renuncia, por lo que la eventual mora en la aceptación no puede
endilgársele.

En el asunto que ocupa a la Sala, se encuentra acreditado que el
señor Guillermo Eduardo Aldana Dimas fue electo como concejal
del Municipio de Facatativá por el Partido Liberal Colombiano para
el periodo 2016-2019, según el Formulario E 26 CON del 25 de
octubre de 2015.

Por medio de la Resolución 14778 del 11 de octubre de 2018, la
Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario
electoral para las elecciones de autoridades locales del 27 de
octubre de 2019, y fijó el 27 de junio de 2019 como el inicio del
periodo de inscripciones de candidatos.

Mediante escrito radicado el 25 de junio de 2018, a las 4:30 p.m.
ante el presidente del Concejo Municipal de Facatativá, el señor
Guillermo Eduardo Aldana Dimas manifestó su renuncia a la curul
que ostentaba con el aval del Partido Liberal, con efectos a partir
de la referida fecha.
El mismo día presentó su renuncia al Partido Liberal, según escrito
dirigido ante la dirección nacional de esa colectividad.
Por medio de la Resolución 033 del 25 de junio de 2018, la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Facatativá aceptó la renuncia
del señor Guillermo Eduardo Aldana Dimas y se declaró la vacancia
absoluta de la curul.

No obstante, la Mesa Directiva revocó la Resolución 033 del 27 de
junio de2018, por cuanto la renuncia del demandado debió
someterse a consideración de la plenaria de la Corporación.

Posteriormente, mediante la Resolución 035 del 3 de julio de 2018,
el referido órgano del Concejo Municipal de Facatativá, previa
votación de la plenaria, aceptó la renuncia presentada el 25 de
junio de 2018 por el señor Guillermo Eduardo Aldana Dimas a la
curul que ostentaba en esa Corporación, declaró la vacancia
absoluta de la misma, y ordenó la posesión de la persona llamada
a ocuparla, entre otras disposiciones.

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Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA

La votación de la plenaria del Concejo Municipal de Facatativá se
hizo constar en el Acta de sesión ordinaria 072 del 2 de julio de
2018, en la que no participó el señor Guillermo Eduardo Aldana
Dimas, pues según se verifica, no contestó el llamado a lista.
Finalmente, se acreditó en el expediente que el demandado fue
electo como alcalde del Municipio de Facatativá, por el Partido Polo
Democrático alternativo, según el Formulario E 26 ALC del 27 de
octubre de 2019.

De conformidad con el anterior recuento probatorio se tiene que,
según el calendario electoral para las elecciones de autoridades
locales del año 2019, el periodo de inscripciones inició el 27 de
junio de ese año.

Por lo tanto, si el demandado pretendía presentarse a esta elección
por un partido distinto, debía renunciar a su curul en el Concejo
Municipal de Facatativá a más tardar el 26 de junio de 2018.

El señor Aldana Dimas renunció el día 25 de junio de 2018, con
efectos a partir de esa fecha, a su curul en el Concejo Municipal de
Facatativá por el Partido Liberal Colombiano, de tal manera que la
dimisión se produjo con la antelación prevista en la Ley para que
no incurriera en la prohibición de doble militancia.

Del mismo modo, el Concejo Municipal de Facatativá aceptó la
renuncia el 3 de julio de 2018, fecha que, si bien rebasó los doce
meses para que no se configure la prohibición de doble militancia,
lo cierto es que los efectos de la misma se produjeron a partir del
25 de junio de 2018, por lo que en el caso concreto no se concretó
la prohibición endilgada al demandado. […]”

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que la

SECCIÓN QUINTA efectuó un análisis congruente y razonado

respecto a la materialización de la renuncia a la curul que ocupaba el

señor GUILLERMO EDUARDO ALDANA DIMAS en el Concejo

Municipal de Facatativá, por las siguientes razones:

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La autoridad judicial, desarrolló el problema jurídico así:

• Determinó que para el caso concreto no podría aplicarse la

definición de renuncia prevista en el Decreto 2400 de 1968,

por cuanto consideró que dicha normatividad se refiere a los

empleados públicos, condición que no ostentan los concejales

de conformidad con lo previsto en el artículo 312

constitucional.

En ese sentido, al verificar la aplicación del precedente

jurisprudencial que reseñó la parte actora en el recurso de

alzada y en el escrito de alegaciones, concluyó que en ninguno

de tales pronunciamientos se abordó los efectos de la renuncia

de los miembros de las corporaciones públicas, por cuanto

dicho precedente resolvió la anulación de los actos que

aceptaron la renuncia de cargos que rigen a los empleados

públicos no a los concejales.

• Por otra parte, realizó un estudio detallado de la renuncia a la

curul por parte de un miembro de una corporación pública, de

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conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en

sentencia SU-950 de 2014.

En razón a lo anterior, la autoridad judicial hizo una

diferenciación entre: i) la vacancia absoluta de la curul, para la

que se requiere la renuncia debidamente aceptada para poder

proveer la plaza con el candidato que corresponda, y ii) los

parámetros de la renuncia para no incurrir en doble militancia

de conformidad con el inciso último del artículo 107 Superior,

el inciso segundo del artículo 2 de la ley 1475 de 2011,

concluyendo que tales normas no establecieron un

condicionamiento relacionado con la aceptación de la renuncia,

en tanto dichas normas se refirieron exclusivamente a la

presentación de la dimisión de conformidad a lo dispuesto en

el artículo 53 de la ley 136 de 1994.

En ese sentido, la SECCIÓN QUINTA coligió que la renuncia

de un concejal se materializa al momento en que se manifiesta

por escrito su voluntad de apartarse del cargo y a partir de una

fecha determinada, en tanto la carga del dimitente se agota en

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el momento mismo de la manifestación expresa, sin el

condicionamiento tácito de su aceptación.

• Finalmente, en la resolución del caso concreto, la SECCIÓN

QUINTA al efectuar la valoración probatoria, encontró

acreditado que mediante escrito radicado el 25 de junio de

201819, ante el presidente del Concejo Municipal de Facatativá,

el señor GUILLERMO EDUARDO ALDANA DIMAS manifestó

su renuncia a la curul que ostentaba con el aval del Partido

Liberal, con efectos a partir de la referida fecha.

La renuncia fue inicialmente aceptada mediante la Resolución

033 del 25 de junio de 2018, por parte de la mesa Directiva del

Concejo Municipal, sin embargo, dicho acto administrativo fue

revocado a través de la Resolución 034 del 27 de junio de 2018,

por cuanto debió someterse la decisión a consideración de la

plenaria de la corporación.

19
Folio 41 expediente digital obrante en el índice No. 3 aplicativo SAMAI proceso No.
25000234100020190108901.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000
201901089011100103

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Posteriormente, fue emitida la Resolución 035 del 3 de julio de

2018, mediante la cual previa votación de la plenaria, se aceptó

la renuncia presentada por el señor GUILLERMO EDUARDO

ALDANA DIMAS, no obstante, pese a que la resolución de la

aceptación de la renuncia se efectuó con fecha posterior, la

autoridad judicial consideró que los efectos de la renuncia se

produjeron a partir del 25 de junio de 2018, por lo que no se

concretó la doble militancia.

En ese sentido, para la Sala la exegesis normativa que desarrolló la

SECCIÓN QUINTA en el ejercicio de la autonomía interpretativa no

fue arbitraria e incongruente, por el contrario, fue acorde con los

lineamientos establecidos en ordenamiento jurídico.

Asimismo, la Sala no encuentra estructurado el defecto material o

sustantivo alegado por cuanto la decisión objeto de reproche fue

debidamente argumentada y de conformidad con la normatividad

aplicable al caso, la SECCIÓN QUINTA dispuso que no había lugar

a declarar la nulidad de la elección por cuanto no se configuró la

prohibición de la doble militancia.

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Por otra parte, la Sala no evidencia el defecto fáctico alegado en

tanto la decisión cuestionada fue debidamente sustentada en el

material probatorio aportado al plenario, y conforme a la previsión

contemplada en el artículo 53 de la ley 136 de 1994, estimó que el

efecto de la renuncia presentada por el señor GUILLERMO

EDUARDO ALDANA DIMAS, se produjo a partir del 25 de junio de

2018, fecha en la que determinó de manera expresa la dejación

definitiva de su investidura como Concejal del Municipio de

Facatativá, situación que motivó la denegación de las pretensiones

dentro de la actuación ordinaria.

Finalmente, la Sala advierte que la autoridad judicial tampoco

incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial,

pues tal como se explicó en la precedencia, la SECCIÓN QUINTA

elaboró un estudio jurídico en el que razonadamente concluyó la

inaplicación de las sentencias de la Corporación referidas por el

actor, en tanto tales pronunciamientos son predicables de los

empleados públicos, calidad que no ostentan los concejales,

asimismo, estructuró el análisis del problema jurídico conforme las

previsiones efectuadas por la Corte Constitucional en la sentencia

SU- 950 de 2014, referida ampliamente en la precedencia.

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En ese orden de ideas, en la medida que la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos alegados por la actora, la Sala

denegará el amparo constitucional, como se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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