RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-11352-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11352-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11352-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de 1 de abril de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se negó las pretensiones de la acción; y en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Carlos Roberto Mojica Cerquera, por los motivos presentados en esta sentencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-11352-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Renuncia aceptada
a curul de concejal. Doble militancia en partidos políticos.
Relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Carlos Roberto Mojica Cerquera
contra la sentencia de 1º de abril de 2022, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que dispuso:

“PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva presentadas por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de diciembre de 20211, Carlos Roberto Mojica Cerquera instauró acción de
tutela, en nombre propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
considerar vulnerado su derecho al debido proceso. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
“De conformidad con lo expuesto, solicito el amparo del derecho fundamental al debido
proceso y, en consecuencia, se le ordene a la tutelada que dicte un nuevo fallo en derecho”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En diciembre de 2019, Carlos Roberto Mojica Cerquera interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, a fin de que se dejara sin
efectos el acto de elección de Guillermo Eduardo Aldana Dimas como alcalde
del Municipio de Facatativá (Cundinamarca), para el periodo 2020-2023, por
el Partido Polo Democrático Alternativo, contenido en el formulario E 26 ALC

1 Archivo 216 KB en Samai.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

de 1 de noviembre de 2019, expedido por la Comisión Escrutadora de ese
municipio.

Como fundamento de dicha solicitud, el demandante argumentó que el señor
Aldana Dimas incurrió en la prohibición de doble militancia, prevista en los
artículos 1072 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 20113. Por
ende, consideró que la elección del mencionado estaba viciada de nulidad, por
causal consagrada en el artículo 275, numeral 8 de la Ley 1437 de 20114.

Para sustentar lo anterior, manifestó que el 27 de junio de 2019 inició el periodo
de inscripciones de los candidatos que aspiraban convertirse en alcaldes
locales. De manera que “quienes fueran miembros de una corporación pública y
decidieran presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, debían renunciar al
menos doce meses antes del primer día de inscripciones, en el caso concreto antes del 27 de
junio de 2019”.

Asimismo, aseguró que el 25 de junio de 2018 Guillermo Eduardo Aldana
Dimas presentó su renuncia tanto a su curul de concejal de Facatativá para el
periodo 2016-2019, a la que llegó como candidato del Partido Liberal
Colombiano, como a la militancia en dicho partido; y que el 3 de julio de 2018,
el Concejo de Facatativá aceptó la renuncia mencionada, con efectos a partir
del día siguiente. Posteriormente, el señor Aldana Dimas se inscribió como
candidato a la Alcaldía del Municipio de Facatativá, para el periodo 2020-2023
y por el Partido Polo Democrático Alternativo.

Teniendo en cuenta que las anteriores fechas, el demandante concluyó que
se “superó la fecha límite para separarse de su curul como concejal de Facatativá y poder
presentarse a elecciones por una colectividad política distinta, sin incurrir en doble militancia”.

2.2. Del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B (Radicado Nro. 25000-23-41-000-2019-01089-00/01),
que mediante sentencia del 18 de febrero de 2021 negó las pretensiones
formuladas. La decisión obedeció a que Guillermo Eduardo Aldana Dimas
presentó su renuncia a la curul que ostentaba en el Concejo de Facatativá el
25 de junio de 2018, es decir, con antelación a los 12 meses prevista en la ley,
para no incurrir en doble militancia política. Y se aclaró que si bien aquella se
aceptó con posterioridad, la norma no prevé tal condicionamiento para que
produzca el efecto legal de la renuncia.

2.3. En sentencia de 22 de julio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó el fallo de primera instancia, pues concluyó que la renuncia produce
efectos “desde la fecha en la que el concejal señale en su escrito, pues por expresa previsión
del artículo 53 bajo cita, esta se causa desde el momento ‘a partir de la cual se quiere hacer’.

2 Constitución Política. Artículo 107: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”.
3 Ley 1475 de 2011. Artículo 2: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren
inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la |siguiente elección por un partido o movimiento político
distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los
estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción”.
4 Ley 1437 de 2011. Artículo 275. Numeral 8: “Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra
en doble militancia política”.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

Con ello, a su vez, se evita que la aspiración política del interesado quede sometida al arbitrio
de la corporación pública, puesto que se trata de un trámite posterior a cargo de la Duma
municipal que, por supuesto, es completamente ajeno al alcance de quien renuncia, por lo que
la eventual mora en la aceptación no puede endilgársele”.

Con base en esa premisa, la Sección Quinta aseguró que Guillermo Eduardo
Aldana Dimas presentó la renuncia “con la antelación prevista en la Ley para que no
incurriera en la prohibición de doble militancia. Del mismo modo, el Concejo Municipal de
Facatativá aceptó la renuncia el 3 de julio de 2018, fecha que, si bien rebasó los doce meses
para que no se configure la prohibición de doble militancia, lo cierto es que los efectos de la
misma se produjeron a partir del 25 de junio de 2018, por lo que en el caso concreto no se
concretó la prohibición endilgada al demandado”.

2.4. El 29 de julio de 2021, el demandante presentó solicitud de aclaración de la
sentencia proferida en segunda instancia, la cual fue negada mediante auto
de 19 de agosto de 2021, notificado el 23 de agosto siguiente.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que, al proferir la sentencia de segunda instancia de 22 de
julio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación.

3.1. Sobre el defecto sustantivo: El actor manifestó que la autoridad judicial
accionada incurrió en ese yerro, porque su interpretación desconoció el literal
b) del artículo 51 de la Ley 136 de 1994, que establece lo siguiente “Son faltas
absolutas de los concejales: (…) b) La renuncia aceptada”.

En su criterio, y en interpretación de la anterior norma, para que la renuncia
produzca efectos jurídicos es necesario que sea aceptada, pues sin la
aceptación aquella “no es causal de retiro ni genera la falta absoluta para que proceda el
correspondiente llamado”. E insistió, como aseguró haberlo hecho en la “demanda,
alegatos de conclusión, recurso de alzada” del medio de control, que “la dimisión a
la curul es una situación REGLADA por el legislador por virtud del literal b) del artículo
51 de la Ley 136 de 1994”. Por lo tanto, consideró que no bastaba presentar la
renuncia 12 meses antes del primer día de inscripciones para las elecciones
de alcalde, sino que lo debido era que antes de dicho plazo ya se contara con
la renuncia aceptada.

En consecuencia, sostuvo que la conclusión de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, respecto a que era suficiente la presentación de la renuncia dentro
del lapso mencionado implica una contradicción al literal b) del artículo 51 de
la Ley 136 de 1994.

De otra parte, manifestó que en la providencia cuestionada la autoridad judicial
accionada se contradijo. Por una parte, manifestó que la “sola presentación [de la
renuncia] es insuficiente para considerar que cesaron todas las obligaciones del concejal
respectivo, ya que mientras permanezca en la curul tiene obligaciones con la corporación de
elección popular y con la colectividad a la que le pertenece la plaza correspondiente”
(Corchetes añadidos).

Y por la otra, indicó “la aceptación de la renuncia debe producir efectos desde la fecha en
la que el concejal señale en su escrito, pues por expresa previsión del artículo 53 bajo cita,
esta se causa desde el momento ‘a partir de la cual se quiere hacer’”.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

Para el actor, es un contrasentido que la Sección Quinta haya admitido que
solo por medio de la renuncia aceptada cesan las obligaciones del concejal y
que con esta se genera la vacante, pero que al tiempo haya concluido que los
efectos de la renuncia deban entenderse a partir de la presentación del escrito.

Asimismo, censuró que la autoridad judicial haya, en su criterio, otorgado
“EFECTOS RETROACTIVOS AL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DISPUSO LA
ACEPTACIÓN DE LA DIMISIÓN” al afirmar que, aunque el Concejo Municipal de
Facatativá aceptó la renuncia el 3 de julio de 2018, lo cierto era que los efectos
de la renuncia se produjeron a partir del 25 de junio de 2018.

En suma, concluyó lo siguiente:
“LA DECISIÓN JUDICIAL COMPORTA UNA VÍA DE HECHO POR DEFECTO
SUSTANTIVO QUE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO, POR CUANTO LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO -EN
LO QUE ATAÑE AL ELEMENTO 18 TEMPORAL DE LA PROHIBICIÓN DE DOBLE
MILITANCIA- REALIZÓ UNA INTERPRETACIÓN JURÍDICA QUE DESCONOCE Y
DEJA SIN EFECTO ÚTIL EL MANDATO LEGAL CONTENIDO EN EL LITERAL B) DEL
ARTÍCULO 51 DE LA LEY 136 DE 1994, EN EL ENTENDIDO QUE BAJO LA
INTELECCIÓN EXPUESTA EN LA SENTENCIA SE AUTORIZA LA CONSIDERACIÓN
DE LA RENUNCIA DE CONCEJALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL
ESCRITO DE DIMISIÓN INCLUSIVE CON EFECTOS RETROACTIVOS”.

3.2. Sobre el desconocimiento del precedente: El tutelante manifestó que, al
proferir la sentencia de segunda instancia, no se tuvo en cuenta la Sentencia
SU-950 de 2014, en la que se determinó que “la RENUNCIA DEBIDAMENTE
ACEPTADA es causal de retiro del servicio para los miembros de las corporaciones públicas”.
Fallo que según lo dicho por el actor fue incluido en el recurso de apelación de
la sentencia de primera instancia electoral.

3.3. Sobre el defecto fáctico: La parte actora argumentó que la autoridad judicial
accionada valoró erradamente la Resolución Nro. 035 de 3 de julio de 2018,
mediante la cual se aceptó la renuncia del señor Aldana Dimas y el acta de la
sesión ordinaria Nro. 072 de 2 de julio de 2018.

Arribó a esa conclusión, bajo el argumento de que la Sección Primera de esta
Corporación concluyó que no existió doble militancia, debido a que la renuncia
se presentó oportunamente, pese a que esas dos pruebas acreditaban que la
aceptación renuncia fue extemporánea. Esto último en razón a que esta no fue
aceptada antes de los 12 meses anteriores al primer día de inscripciones para
los candidatos, sino días después a ese periodo.

En criterio del actor, la Sección accionada erró al concluir que “los efectos de la
misma [de la renuncia] se produjeron a partir del 25 de junio de 2018, aun cuando
expresamente la resolución señala que ‘rige a partir de la fecha de su expedición y
comunicación’, que para el caso significó que la misma sólo se materializó el 4 de julio de
2018, fecha en la que adquirió firmeza, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del
artículo 51 de la Ley 136 de 1994” (Corchetes añadidos).

Por lo tanto, la parte actora concluyó que el defecto fáctico radica en haberse
apartado del contenido de las pruebas documentales mencionadas, para en
su lugar, “considerar efectos jurídicos distintos a los taxativamente señalados por el
acto administrativo”.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

4. Trámite e intervenciones

4.1. En auto de 10 de diciembre de 2021, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela interpuesta por Carlos Roberto Mojica Cerquera
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado; vinculó a Guillermo Eduardo
Aldana Dimas, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo
Nacional Electoral y a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y ordenó efectuar las notificaciones
pertinentes.

4.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, debido a que los reparos del tutelante
están dirigidos contra la actuación de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional,
dado que el actor propone reabrir una discusión sobre la interpretación de
normas legales cuyo sentido y alcance ya fijó la Sección Quinta del Consejo
de Estado, como sección especializada en materia electoral. Por ende,
consideró que la tutela se empleó como una tercera instancia.

Finalmente, con relación a los defectos propuestos por el actor, el Tribunal
sostuvo que ninguno de esos debe prosperar, debido a que se garantizaron
“todos los derechos y garantías procesales durante el proceso, aplicando la normatividad
especial del medio de control de nulidad electoral y además se profirió sentencia conforme el
análisis de las pruebas aportadas al proceso, los argumentos de las partes, las causales de
nulidad invocadas, la jurisprudencia aplicable, la defensa presentada y las especiales
particularidades del caso a la luz precisamente de la Constitución, Oficio N. D04- 001 - 22 7
razón por la que toda la actuación adelantada se encuentra acorde con la ley y la Constitución
Política”. Por lo expuesto, solicitó negar el amparo de tutela.

4.4. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que los hechos por los que el actor
considera vulnerados sus derechos no provienen de su actuar, sino de sujetos
exógenos. Motivo por el cual consideró que no tiene legitimación en la causa
por pasiva y por el que solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela.

4.5. En auto de 10 de marzo de 2021, se indicó que como el proyecto de fallo
presentado por el despacho ponente no logró votación mayoritaria, el
expediente se remitiría al despacho del siguiente magistrado en turno, es decir
a la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 1 de abril de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado por la parte actora.

Sobre el defecto sustantivo, dicha autoridad judicial manifestó que en la
providencia controvertida la Sección Quinta del Consejo de Estado “hizo una
diferenciación entre: i) la vacancia absoluta de la curul, para la que se requiere la renuncia
debidamente aceptada para poder proveer la plaza con el candidato que corresponda, y ii) los
parámetros de la renuncia para no incurrir en doble militancia de conformidad con el inciso
último del artículo 107 Superior, el inciso segundo del artículo 2 de la ley 1475 de 2011,
concluyendo que tales normas no establecieron un condicionamiento relacionado con la
aceptación de la renuncia, en tanto dichas normas se refirieron exclusivamente a la
presentación de la dimisión de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 136 de

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

1994. En ese sentido, la SECCIÓN QUINTA coligió que la renuncia de un concejal se
materializa al momento en que se manifiesta por escrito su voluntad de apartarse del cargo y
a partir de una fecha determinada, en tanto la carga del dimitente se agota en el momento
mismo de la manifestación expresa, sin el condicionamiento tácito de su aceptación”.

En consecuencia, en primera instancia de tutela se consideró que la
interpretación normativa efectuada por la Sección Quinta no fue arbitraria ni
incongruente y que, por el contrario, el análisis estuvo acorde con los
lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico. Por lo que aseguró que
en el caso no se configuró el defecto sustantivo planteado por el actor.

Asimismo, no encontró error en la valoración probatoria efectuada por la
autoridad judicial accionada, pues en el medio de control se acreditó que
mediante escrito radicado el 25 de junio de 2018 Guillermo Eduardo Aldana
Dimas presentó su renuncia a la curul que ostentaba. Y aclaró que, aunque la
aceptación de la renuncia solo se produjo hasta el 3 de julio de 2018 mediante
la Resolución 035, lo cierto fue que los efectos de la renuncia se produjeron a
partir del 25 de junio de 2018. Motivo por el cual se consideró que la Sección
Quinta tampoco incurrió en defecto fáctico.

Y con relación al desconocimiento del precedente, se explicó que la Sección
Quinta desarrolló el problema jurídico conforme las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-950 de 2014; y que también aclaró
que “las sentencias de la Corporación referidas por el actor (…) son predicables de
los empleados públicos, calidad que no ostentan los concejales”, razón por la cual
no era procedente la aplicación de dichas providencias al asunto.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia reiterando los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

2.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta,
para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos
uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye
a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento
de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados
por los intervinientes en el proceso.

2.2. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la
Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por
lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como
presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la
providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y
flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que
justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias
causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en
la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con
la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por Carlos Roberto Mojica Cerquera cumple a cabalidad con los

6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la relevancia
constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de
22 de julio de 2021, en el marco del medio de control de nulidad electoral tramitado
bajo el radicado 25000-23-41-000-2019-01089-00/01, la Sección Quinta del
Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y fáctico alegados por el actor.

4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en
los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,

9 Ibidem.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural10.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos”11.

5. Análisis del caso concreto

5.1. Con base en los criterios expuestos hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es factible que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
Justamente, la Sala considera que la acción de tutela analizada se está
empleando como si fuera una instancia adicional.

10 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
11 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

5.2. Del escrito de tutela se desprende que el cargo principal del actor radica en
que la Sección Quinta del Consejo de Estado erró al considerar que la renuncia
adquiere efectos jurídicos a partir de la presentación de su presentación. En
su criterio, estos solamente surgen desde el momento en que se acepta dicha
renuncia. Interpretación que el actor basa en el literal b) del artículo 51 de la
Ley 136 de 1994, según el cual “Son faltas absolutas de los concejales: (… b) La
renuncia aceptada”.

Por consiguiente, el actor aseguró que la Sección Quinta se equivocó al
concluir que el señor Aldana Dimas presentó oportunamente su renuncia a la
curul de concejal, esto es 12 meses antes del primer día de inscripciones para
las elecciones de alcalde, pues realmente la renuncia aceptada se expidió una
vez empezó a transcurrir dicho plazo. Por lo cual, el tutelante concluyó que
aquella fue extemporánea y por ende que Guillermo Eduardo Aldana Dimas sí
incurrió en doble militancia.

Con fundamento en esa inconformidad, el actor argumentó que la Sección
Quinta de esta Corporación incurrió en defecto sustantivo, al desconocer el
literal b) del artículo 51 de la Ley 136 de 1994; en desconocimiento del
precedente, al no tener en cuenta la Sentencia SU-950 de 2014, en la que se
aseguró que “la RENUNCIA DEBIDAMENTE ACEPTADA es causal de retiro del
servicio para los miembros de las corporaciones públicas”; y en defecto fáctico, al
haber desconocido el contenido literal del acto administrativo mediante el cual
se aceptó la renuncia, en el que se indicó la fecha en que aquella empezaba
a surtir efectos jurídicos.

5.3. El argumento sobre la renuncia aceptada, sin embargo, fue el que sustentó la
demanda del medio de control electoral. Veamos:

(sic para toda la cita) “Fue solo hasta la expedición de la Resolución Administrativa
035 del 3 de julio de 2018 que se aceptó la renuncia y por ello se produjo la separación
del destino público por parte del concejal Guillermo Eduardo Aldana Dimas, situación
que generó la falta absoluta y el consecuente llamado de quien seguia en votos de la
lista del partido Liberal Colombiano para que ocupara la curul. (…)
18. Asi, se tiene que de acuerdo con las previsiones del literal b) del articulo 51 de la
Ley 136 de 1994 genera falta absoluta la renuncia aceptada, la cual como se dijo tiene
efectos el 4 de julio de 2018
19. De acuerdo con las disposiciones del articulo 2 de la Ley 1475 de 2011 Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o
movimiento politico, deberán pertenecer al que los Inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses
antes del primer día de inscripciones."
20.Como se anotó en los hechos primero a tercero, de acuerdo con el calendario
electoral fijado por la Registraduria General de la Nación, el primer dia de inscripciones
para la elección cuestionada fue el 27 de junio de 2018, de manera que esta era la fecha
limite para que los candidatos elegidos por una organización politica que aspiraran a
ser candidatos por otra agrupación renunciaran al partido y al cargo o la curul
21. En el asunto en estudio el señor Guillermo Eduardo Aldana Dimas ostentó la calidad
de Concejal del municipio de Facatativà por el Partido Liberal Colombiano hasta el 4 de
julio de 2018, fecha que superó el termino limite para haberse separado del partido y de
la curul de concejal para poder postularse por una agrupación politica diferente sin
incurrir en doble militancia politica.
22. El domingo 27 de octubre de 2019, en todo el territorio nacional se llevó a cabo el
certamen electoral. Finalizada la jornada electoral -de conformidad con el Código
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

Electoral y la Ley 1475 de 2011-, en el municipio de Facatativá se inició el proceso de
escrutinio que concluyó con la elección del señor Guillermo Eduardo Aldana Dimas
como Alcalde para el periodo constitucional 2020-2023 pero ahora en representación
del partido Politico Polo Democrático Alternativo.
23. Los antecedentes fácticos descritos son suficientes para demostrar que el alcalde
electo del municipio de Facatativá incurrió en la prohibición de la doble militancia politica
prevista por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 en la medida en que fue elegido en
representación de un partido politico distinto al que le otorgó el aval para su elección
como concejal en la misma jurisdicción electoral (municipio de Facatativá), con los
mismos electores, para el periodo constitucional inmediatamente siguiente sin haberse
separado de la calidad de concejal dentro del término establecido por el Legislador para
tal propósito, circunstancia que impone a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo como garante de la democracia y del Estado Social de Derecho declarar
la nulidad que se depreca. (…)
Para no incurrir en la prohibición que se atribuye al demandado era preciso que el señor
Aldana Dimas presentara la renuncia dentro del término que señalan las normas
invocadas y que la misma le fuera aceptada. Sin embargo, por las razones anotadas, la
misma sólo se materializó el 4 de julio de 2018 fecha en la que adquirió firmeza la
Resolución 035 que la aceptó en forma legal la renuncia en cumplimiento de lo
dispuesto en el literal b) del artículo 51 de la Ley 136 de 1994.
Teniendo en cuenta que de acuerdo con el calendario electoral el 27 de junio de 2019
inició el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones territoriales de 2019,
la fecha limite para separarse de los partidos politicos y de las curules era el 27 de junio
de 2018 y en el caso en estudio el demandando superó dicho termino en la medida que
el retiro del servicio se produjo el 4 de julio de 2018 es decir una vez superados los doce
meses antes del primer dia de inscripciones”

Asimismo, el argumento sobre la renuncia aceptada fue reiterado por el ahora
tutelante, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia:
(sic para toda la cita) “Ahora bien, es de la mayor importancia resaltar que la renuncia
a las curules por parte de los concejales es una situación reglada de manera clara por
el Legislador. En efecto el artículo 51 de la Ley 136 de 1994 previo como causal de falta
absoluta "la renuncia aceptada" en los siguientes términos
‘Faltas absolutas. Son faltas absolutas de los concejales: (…) b) La renuncia
aceptada (…)’
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU 950 de 2014 determinó que de
acuerdo con la Constitución Politica es la renuncia debidamente aceptada causal de
retiro del servicio para los miembros de las corporaciones públicas, entre ellos los
concejales. En palabras del Tribunal Constitucional:
‘15. Mediante los Actos Legislativos N° 3 de 1993 y 01 de 2009 se modificaron
los articulos 134 y 261 de la Carta, los cuales se aplican a todas las corporaciones
públicas, quedando claro que constituyen faltas absolutas: las que se causen por
muerte; incapacidad fisica absoluta para el ejercicio del cargo, declaratoria de
nulidad de la elección, renuncia motivada y aceptada por la respectiva
corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de la
investidura; condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a los
relacionados con pertenencia, promoción o financiación por grupos armados
ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación
democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una corporación
pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el
parágrafo transitorio 1 del artículo 107 de la Constitución.
La Carta consagró la renuncia debidamente aceptada como una causal de retiro
del servicio para los miembros de las corporaciones públicas, con la cual se
genera vacancia absoluta o definitiva del cargo y por lo tanto una separación
efectiva del mismo, con lo que se genera la posibilidad de que el miembro de la
corporación sea remplazado

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente al admitir que la
renuncia aceptada configura vacancia absoluta del cargo, del mismo modo fue
considerado por la sentencia C-532 de 1993: la renuncia expresa y formalmente
aceptada de un concejal o diputado, antes de su inscripción como candidato al
congreso, configura una falta absoluta en el cargo. Además la citada sentencia
anotó que el acto de renuncia y las gestiones adelantadas ante las autoridades
correspondientes están amparados por el principio de la buena fe (art. 83 CP).’
Como se ve, de acuerdo con las previsiones constitucionales y la expresa disposición
del Legislador la renuncia de los concejales requiere, necesariamente, su aceptación
por parte de la Corporación para que produzca efectos jurídicos, pues la mera
"presentación" de la dimisión no es causal de retiro ni genera la falta absoluta para que
proceda el correspondiente llamado.
Lo anterior porque la presentación de la dimisión no opera de manera automática en
razón a que el concejal puede fijar una fecha futura en la que tenga efectos la renuncia
o, incluso puede retirarla antes de su aceptación, de alli que el acto administrativo por
medio del cual se acepta la renuncia debe determinar la fecha de retiro en razón a que
el concejal sique ocupando la curul hasta el vencimiento del plazo señalado.
Asi, se tiene que si bien el demandado presentó renuncia el 25 de junio de 2018
continuó en ejercicio de la curul de Concejal de Facatativá después de ello. En efecto,
en la sesión ordinaria del 2 de julio de 2018 el señor ALDANA DIMAS continuó en tal
calidad, asistió y participó como concejal según consta expresamente en el Acta No.
072 de esa fecha.
Respecto de la renuncia y la necesaria aceptación para que produzca efectos juridicos,
después de realizado un recuento normativo, el Consejo de Estado concluyó que se
trata de una manifestación libre y voluntaria de la persona que genera validez cuando
es aceptada (…).
De lo expuesto se tiene que la validez de la renuncia se genera desde su aceptación y
es solo a partir de ella que se torna en una situación jurídica de carácter irrevocable y
produce efectos jurídicos (…).
La interpretación realizada por el Tribunal es contraria, por completo a la teleología de
la prohibición porque de aceptarse por parte del Consejo de Estado implicaría que solo
basta la mera presentación de la renuncia sin necesidad de su aceptación, sin importar
que no exista real separación de la curul porque bien podrian los miembros de la
corporación pública renunciar pero con efectos juridicos muy posteriores en el tiempo,
de manera que se seguiria ocupando la curul de la organización política vulnerando el
limite temporal previsto por la propia Constitución, o igualmente "presentar la renuncia
pero luego retirarla o retractarse de esta antes de su aceptación (…)”.

Como ya se ha mencionado, estos reparos son una reproducción de los cargos
expuestos en el escrito de tutela y de la impugnación, que a su vez fueron una
reiteración de este último. Circunstancia que denota que el tutelante está
empleando la tutela como si fuera una instancia adicional, ya que el argumento
sobre la renuncia aceptada como momento en que surgen efectos jurídicos de
aquella y su incidencia en la doble militancia del señor Aldana Dimas fue
desvirtuado por la Sección Quinta de esta en sentencia de 22 de julio de 2021.
Justamente, en este último dicha autoridad judicial desestimó esos cargos de
la siguiente forma:
“El punto de inflexión del problema jurídico que ocupa a la Sala se centra en el debate
en torno a la materialización de la renuncia, comoquiera que en criterio del demandante
la misma debe ser aceptada para que produzca efectos mientras que, según la parte
actora y el a quo, basta con la mera presentación de la misma para entender cumplido
el supuesto legal de que se trata. Por lo tanto, esta Sección descenderá a la
interpretación de los parámetros legales aplicables al asunto, al tiempo que abordará el
fundamento de la alzada.
(…) la ratio de los pronunciamientos del Consejo de Estado que trajo a colación el
apelante tampoco resulta aplicable al asunto que ocupa a la Sala, toda vez que en estos

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

se interpretó lo concerniente a la renuncia de los empleados públicos, condición que,
como se advirtió y se insiste, no corresponde con la investidura de los concejales. Así, en la sentencia del 23 de febrero de 2017, proferida en el proceso con radicación
08001-23-33-000-2012-00098-0117, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado resolvió la demanda de nulidad contra el acto que aceptó la renuncia
de una empleada del Juzgado Segundo Penal del Circuito adscrito al Sistema de
Servicios Judiciales de Responsabilidad Penal (SJRP) de Barranquilla, para lo cual
expuso el marco jurídico previsto, entre otras normas, en el Decreto 2400 de 1968,
mismo que el actor y esta Sala consideran inaplicable al sub lite. Bajo similar contexto se pronunció la Subsección A de la Sección Segunda en la
sentencia del 22 de febrero de 2018 en el expediente con radicación 25000- 23-25-000-
2008-00942-0118, al resolver la demanda contra del acto que aceptó la renuncia al
cargo del director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, bajo el mismo
marco legal que rige la actividad de los empleados públicos. Se observa que el apelante, en sus alegatos de conclusión, trajo a colación los
pronunciamientos del 29 de marzo de 2012 (Exp: 25000-23-25-000-2003- 04732-01)19,
y 1° de junio de 2017 (Exp: 25000-23-42-000-2014-02869-01)20 , proferidos por la
Sección Segunda, Subsección B los cuales, como en el caso de los dos anteriores, se
pronunciaron sobre sendas demandas en las que se pretendió la anulación de los actos
que aceptaron la renuncia (i) del asesor, código 105, grado 02, adscrito al Despacho del
Contralor Distrital de Bogotá, y (ii) del director técnico, código 0100, grado 20, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, como se observa, ninguno de estos pronunciamientos abordó el contenido y
efectos de la renuncia de los concejales o de algún otro miembro de una corporación
pública, de tal modo que sus consideraciones no tienen aplicación ni contribuyen con la
interpretación judicial que debe efectuarse en el caso concreto. A su turno, en la sentencia SU 950 de 2014 la Corte Constitucional se pronunció acerca
de la situación de un miembro de una Corporación pública, y se refirió a la renuncia a
la curul y sus efectos, con ocasión de una acción de tutela elevada contra una sentencia
de esta Sección, que negó las pretensiones de anulación del acto de elección
demandado. En sede de revisión, la Corte Constitucional planteó como problema jurídico establecer
si esta Sección vulneró los derechos fundamentales deprecados, al no declarar la
nulidad de la elección por no haberse aceptado la renuncia del demandado mediante
una votación nominal y pública.

Como lo advirtió el apelante, la Corte Constitucional consideró que “La Carta consagró
la renuncia debidamente aceptada como una causal de retiro del servicio para los
miembros de las corporaciones públicas, con la cual se genera vacancia absoluta o
definitiva del cargo y por lo tanto una separación efectiva del mismo, con lo que se
genera la posibilidad de que el miembro de la corporación sea remplazado.” (Destacado
por la Sala)
El Tribunal Constitucional negó las pretensiones del líbelo de tutela, por cuanto, entre
otras consideraciones expuso que ‘como la renuncia a un cargo público es una forma
de manifestación de la voluntad personal, y paralelamente una expresión del ejercicio
de su libertad, su presentación comporta para el Estado la obligación de aceptarla
dentro de un término razonable’., por lo que ‘mal puede exigirse una formalidad
calificada o un trámite especial para la aprobación de una renuncia, cuando, en
cualquier caso, la misma está llamada a ser irrevocable una vez aceptada por el
nominador o la autoridad competente, en la medida en que constituye una prerrogativa
constitucional de quien desempeña un empleo y quiere separarse del mismo de manera
irrevocable, y no una atribución que pueda o no ser aceptada por la autoridad que
adopta la decisión de aceptación’. De acuerdo con lo transcrito, la vacancia absoluta de la curul es indispensable para
entender que quien se apartó de la misma dejó de ostentar su titularidad, para lo cual
se requiere de la renuncia debidamente aceptada. Así mismo, el propósito de la
formalidad bajo cita propende por permitir a la respectiva Duma hacer la provisión que
corresponde (…).

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

De acuerdo con la preceptiva anterior, se debe concluir que la aceptación de la renuncia
como causal de falta absoluta de un concejal, es requisito para que la curul quede
vacante y, de esa forma, poder proveer la plaza con el candidato que corresponda. Ahora bien, conviene precisar que el texto del último inciso del artículo 107 Superior,
así como el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, no establecieron
condicionamiento alguno relacionado con la aceptación de la renuncia, puesto que las
normas en mención se refirieron únicamente a su presentación. A su turno, el artículo 53 de la Ley 136 de 1994, establece que ‘La renuncia de un
concejal se produce cuando él mismo manifiesta en forma escrita e inequívoca su
voluntad de hacer dejación definitiva de su investidura como tal. La renuncia deberá
presentarse ante el Presidente del Concejo, y en ella se determinará la fecha a partir de
la cual se quiere hacer’. La redacción del enunciado transcrito da lugar a colegir que la renuncia de un concejal
se produce, esto es, se materializa, al momento en que manifiesta por escrito su
voluntad de apartarse de su investidura, a partir de una fecha determinada. Como bien
se observa, la norma es clara en señalar que la carga del dimitente se agota en el
momento mismo de la manifestación que en ese sentido presenta, sin condicionamiento
expreso o tácito a su aceptación (…)
De tal suerte que, conforme al literal b) del artículo 51 de la Ley 136 de 1994, la renuncia
aceptada genera la vacante, por lo que su sola presentación es insuficiente para
considerar que cesaron todas las obligaciones del concejal respectivo, ya que mientras
permanezca en la curul tiene obligaciones con la corporación de elección popular y con
la colectividad a la que le pertenece la plaza correspondiente. Con todo, la Sala no pierde de vista que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de
la Ley 136 de 1994, es deber del concejal dimitente señalar la fecha a partir de la cual
su renuncia produce efectos, lo cual en lo relativo a la prohibición en cuestión deberá
hacerse antes del lapso que configura la causal de inelegibilidad. Es decir, la fecha en que la renuncia se hace efectiva debe comprender la antelación
de doce meses de que trata la norma para que no se configure la prohibición de doble
militancia política, pues no es admisible que quien quiera apartarse del partido que lo
avaló, así como de la curul que ocupa, pretenda diferir los efectos de su renuncia a una
fecha posterior o del periodo que establece la ley para no incurrir en una situación de
inelegibilidad, ya que con ello continuaría en el ejercicio de la dignidad y, por lo tanto,
incurriría en doble militancia política. Así mismo, la aceptación de la renuncia debe producir efectos desde la fecha en la que
el concejal señale en su escrito, pues por expresa previsión del artículo 53 bajo cita,
esta se causa desde el momento “a partir de la cual se quiere hacer.” Con ello, a su vez,
se evita que la aspiración política del interesado quede sometida al arbitrio de la
corporación pública, puesto que se trata de un trámite posterior a cargo de la Duma
municipal que, por supuesto, es completamente ajeno al alcance de quien renuncia, por
lo que la eventual mora en la aceptación no puede endilgársele. De conformidad con el anterior recuento probatorio se tiene que, según el calendario
electoral para las elecciones de autoridades locales del año 2019, el periodo de
inscripciones inició el 27 de junio de ese año. Por lo tanto, si el demandado pretendía presentarse a esta elección por un partido
distinto, debía renunciar a su curul en el Concejo Municipal de Facatativá a más tardar
el 26 de junio de 2018.

El señor Aldana Dimas renunció el día 25 de junio de 2018, con efectos a partir de esa
fecha, a su curul en el Concejo Municipal de Facatativá por el Partido Liberal
Colombiano, de tal manera que la dimisión se produjo con la antelación prevista en la
Ley para que no incurriera en la prohibición de doble militancia. Del mismo modo, el
Concejo Municipal de Facatativá aceptó la renuncia el 3 de julio de 2018, fecha que, si
bien rebasó los doce meses para que no se configure la prohibición de doble militancia,
lo cierto es que los efectos de la misma se produjeron a partir del 25 de junio de 2018,
por lo que en el caso concreto no se concretó la prohibición endilgada al demandado”.
(…)

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

5.4. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y
propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí
misma una vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa
posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias
judiciales, como mecanismo excepcional.

Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no
ocurre en este caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
planteados por el tutelante.

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, porque los reproches expuestos en el escrito de
tutela son una reproducción de los cargos presentados en el medio de control.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión impugnada, que negó las
pretensiones formuladas por el tutelante, y en su lugar, declarará la improcedencia
de la acción de tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional,
pues como se explicó aquella se está empleando como una instancia adicional al
medio de control de nulidad electoral.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11352-01
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera

FALLA

1. Revocar la sentencia de 1 de abril de 2022, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, en la que se negó las pretensiones de la acción; y en
su lugar, declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Carlos
Roberto Mojica Cerquera, por los motivos presentados en esta sentencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (AUSENTE CON PERMISO)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.