Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11353-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Alta corte: procedencia excepcional. Niega amparo solicitado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11353-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-11353-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Accionante: BELIA ESTHER RUZ MONTES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA POR
ALTA CORTE – Procedencia excepcional. Niega amparo solicitado / DEFECTO
SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA DE
PRIMA TÉCNICA DE FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE
CALIFICADA – Se aplicó la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda de la
Corporación.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Belia Esther Ruz Montes, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 7 de diciembre de 2021, la señora Belia Esther Ruz
Montes, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela en contra de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de igualdad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
La accionante manifestó que promovió una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la DIAN por la expedición del oficio número 100000202-
001577 del 22 de agosto de 2012 y la Resolución 007456 del 5 de octubre de
20212, a través de los cuales se “le negó el reconocimiento y pago de la prima
técnica de formación avanzada y experiencia altamente calificada”.
El Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda;
sin embargo, la decisión fue revocada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, al no haberse demostrado la experiencia altamente
calificada.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La actora indicó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo al
desconocer las normas que regulan el tema de la prima técnica por formación
avanzada y experiencia altamente calificada y el material probatorio.
Advirtió que el fallo era contraevidente con la realidad fáctica y que no se tuvo en
cuenta la Resolución 3682 de 1994 y la número 8011 de 1995 que señalaban que
la experiencia adquirida en los cargos del sector hacendario contaba como
experiencia altamente calificada; además que (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores):
Están identificados los elementos probatorios que obran en el expediente que no
fueron valorados por el Consejo de Estado, esto es las Resoluciones 3682 de
1994, la 8011 de 1995 y las certificaciones laborales y de experiencia proferidas
por la entidad demandada, pruebas éstas que resultan relevantes para la decisión.
Así las cosas, indicó que el requisito de experiencia altamente calificada lo probó
con la certificación expedida por el subdirector de Gestión Personal de la DIAN, en
la que se detalló los cargos -de nivel profesional y directivo- y funciones que
cumplió por más de 30 años.
El debate jurídico planteado en la demanda para obtener el reconocimiento
de la prima técnica, se dio al demostrar los requisitos exigidos para dicho
reconocimiento y que la entidad demandada no los otorgó cuando se hizo
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
la petición; si el Director de la DIAN le hubiera expedido certificación con
el calificativo de experiencia altamente calificada, era porque le querían
reconocer la prima técnica solicitada, y no hubiera sido necesario acudir a
la vía judicial, es decir, el juez no está siendo imparcial ni objetivo al exigir
un requisito que debe dar la parte demandada y que claramente no lo
expidió, porque con ello se otorgaba el beneficio.
Sostuvo que no era posible que se le exigiera probar “la calificación de la
experiencia laboral y los denominados altos índices de eficacia”, pues la accionante
es beneficiaria de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada del Decreto 1661 de 1991, al haberse desempeñado en propiedad en el
nivel profesional desde el 3 de abril de 1990, ser abogada, especialista en derecho
comercial, haber participado en seminarios y cursos de “capacitación no formal
desde 1988”.
De otro lado, advirtió que el precedente se desconoció porque el Consejo de
Estado ha reconocido la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada a ciudadanos que demostraron “los mismos requisitos que la
actora”, por lo que solicitó que, en aras de la igualdad, se le aplique la misma
consecuencia jurídica (radicados: 1633-2013, 0746-2014, 2892-2014, 2129-2016,
entre otros).
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
Con los hechos y argumentos de derecho invocados en esta Acción, ruego a su
señoría TUTELAR los derechos fundamentales de la accionante al DEBIDO
PROCESO, y AL EL DERECHO A LA IGUALDAD, teniendo en cuenta para ello
los pronunciamientos judiciales administrativos que al respecto ha sentado el
Consejo de Estado. En consecuencia, se disponga lo siguiente:
1. Se ordene al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia proferida el 09 de septiembre de 2021, dentro del
expediente 0800-12-33-000-2013-300719-01 Magistrado Ponente: Doctor
CÉSAR PALOMINO CORTÉS.
2. Que la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, deberá realizar las gestiones necesarias
para dictar una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta todo el material
probatorio existente en el expediente en especial las certificaciones de
experiencia, la reglamentación de la entidad y los títulos obtenidos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
4.- La oposición
4.1. Mediante auto del 10 de diciembre de 2021, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- como tercero con interés y se le comunicó
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. La DIAN solicitó declarar improcedente la demanda de tutela al no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la accionante pretende que
se realice una nueva valoración probatoria al presentar una “inconformidad con la
interpretación efectuada por el despacho judicial”; además, que se utiliza este
mecanismo como una tercera instancia del proceso ordinario.
Advirtió que la señora Ruz Montes no demostró la experiencia altamente calificada;
al respecto indicó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Dicho argumento del fallo tutelado tuvo como fundamento, que la accionante no
allegó la experiencia altamente calificada con base en la documentación que el
funcionario haya acreditado, tal como lo exige la norma. Siendo precisamente la
ausencia de esta prueba lo que no permite el reconocimiento de la Prima Técnica
por formación avanzada y experiencia altamente calificada solicitada, pues ésta
prueba de calificación se debió allegar oportunamente en la demanda de Nulidad
y restablecimiento instaurada y no se hizo, y esta omisión probatoria pretende ser
suplida o subsanada con una pretendida inferencia de darle alcance a una
experiencia profesional como experiencia altamente calificada bajo el supuesto de
‘...no ser del todo racional...’ si no se concluye en este sentido.
Concluyó que la accionante no solicitó calificación de la experiencia como lo exigía
la ley, por lo que la decisión controvertida se encuentra ajustada al ordenamiento
jurídico.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
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Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
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el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.
Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es
más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una
decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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Actor: Belia Esther Ruz Montes
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configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios
de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Caso concreto
Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuran o no los
defectos alegados por la parte actora, al proferirse la sentencia del 9 de septiembre
de 2021, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.
A juicio de la parte accionante, en la decisión cuestionada se incurrió en un defecto
material o sustantivo al no tener en cuenta que la experiencia altamente calificada
se podía acreditar con el desempeño de cargos en el sector hacendario, como lo
estableció la DIAN en las Resoluciones 3682 de 1994 y 8011 de 1995; además, en
un desconocimiento del precedente, porque esta Corporación ya había reconocido
la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en
casos con la misma situación fáctica.
En la sentencia cuestionada, luego de citar la normativa aplicable en materia de
prima técnica de formación avanzada y experiencia altamente calificada, se sostuvo
lo siguiente (transcripción de forma literal):
La parte accionante solicita la nulidad de los actos administrativos acusados, por
medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, le
negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada. Ello, en consideración a que cumple con los
requisitos normados en el Decreto 1661 de 1991; y, por tanto, está inmersa en el
régimen de transición establecido en el canon 4 del Decreto 1724 de 1997 (…).
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Actor: Belia Esther Ruz Montes
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También está probado que (i) por Resolución 01417 de 22 de diciembre de 1988
la señora Belia Esther Ruz Montes ingresó a la DIAN por el sistema de carrera
administrativa (concurso de méritos) para ocupar el cargo de Profesional
Universitario 3020-03, del cual se posesionó el 26 de diciembre de 1988; (ii) el 20
de diciembre de 1985 la Universidad Libre le otorgó el título de abogada; (iii) el 23
de septiembre de 1987, la Universidad de los Andes le concedió el grado de
especialista en Derecho Comercial; (iv) ha laborado en la entidad enjuiciada
desde el 30 de junio de 1989; y (v) el 30 de julio de 2012, la actora reclamó la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Petición
que fue negada por oficio 100000202-001577 de 22 de 2012.
Con ocasión de lo anterior, la señora Belia Esther Ruz Montes acudió a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a fin de obtener la declaratoria de
nulidad, pretensión que fue amparada por el a quo quien consideró que la actora
es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 4 del Decreto
1724 de 1997, toda vez que en vigencia de los Decretos 1661 y 2164 de 1991,
cumplió con los requisitos de título en formación avanzada y experiencia
altamente calificada en el ejercicio profesional, pues el 23 de septiembre de 1987
la Universidad de los Andes le otorgó el título de especialista en derecho
comercial; fecha desde la cual comenzó a contabilizarse su experiencia altamente
calificada, “a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 ascendía a casi 10
años”; superándose entonces los 3 años requeridos para tener derecho al
reconocimiento de la citada prestación (…).
Condensando lo anterior, y del análisis normativo expuesto en párrafos atrás, la
Sala destaca que los requisitos que se debían satisfacer para la concesión de la
prestación rogada a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997 (11 de
julio de 1997), eran: (i) desempeño del cargo en propiedad; (ii) que el cargo
ejercido corresponda a los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo,
susceptibles de dicha asignación; (iii) acreditar título de formación avanzada
(especialización, maestría o doctorado); y (iv) tres (3) años de experiencia
altamente calificada.
En esa dirección debemos recordar entonces que, para tener derecho a la prima
técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, se deben
acreditar en su integridad los cuatro requisitos mencionados en líneas que
antecede, toda vez que estos no son excluyentes; contrario sensu hace que su
reconocimiento se torne improcedente.
Frente a la primera exigencia, se tiene que la señora Belia Esther Ruz Montes por
Resolución 01417 de 22 de diciembre de 1988, ingresó a la DIAN por el sistema
de carrera administrativa (concurso de méritos), ocupando el cargo de Profesional
Universitario 3020-03, del cual se posesionó el 26 de diciembre de 1988;
acreditándose así, el primer requisito, esto es, fue nombrada en propiedad para
ocupar un empleo del nivel profesional. Así también, que la Universidad de los
Andes le otorgó el grado de Especialista en Derecho Comercial.
Respecto al motivo de censura del recurrente, ‘acreditación de los tres años de
experiencia altamente calificada’; se tiene que, la accionante no lo cumple, pues
si bien, reposan en el plenario constancias laborales suscritas por el subdirector
de gestión de personal de la DIAN, lo cierto es que, de su contenido se desprende
que esos documentos describen taxativamente el tiempo de servicio, los cargos
desempeñados y las funciones por ella ejercidas. Sumado a que, las labores que
desempeñó en ejercicio de sus funciones no son de aquellas que hayan alcanzado
el nivel superior de exigencia que demanda la norma.
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Ello es así, pues la Sala echa de menos la calificación de la experiencia laboral
de la actora, que permita afirmar que alcanzó altos índices de eficiencia que
justifiquen el reconocimiento y pago de la prestación reclamada, específicamente
en lo concerniente a su desempeño como Profesional Universitario 3020-03-06
(30/06/1988 al 29/06/1989), (30/06/1989 al 31/03/1993), y Profesional en Ingresos
Públicos II, nivel 31, grado 21, (01/06/1993 al 14/04/1996), (15/04/1996 al
31/07/1997); que ejerció entre las fechas de obtención del título de especialista en
derecho comercial (23 de septiembre de 1987) y de entrada en vigor del Decreto
1724 de 1997 (11 de julio de 1997).
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1661 de 27 de junio de
1997, que a la letra dice:
‘(…)
ARTÍCULO 2º.- Criterios para otorgar Prima Técnica. Para tener derecho a Prima
Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios,
siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para
el cargo que desempeñe el funcionario o empleado.
a)- Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada
en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas
relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de
tres (3) años; o,
b)- Evaluación del desempeño.
(…)
PARÁGRAFO 2º.- La experiencia a que se refiere este artículo será calificada
por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario
acredite. (subrayado fuera de texto).
(…)’.
Criterios que resultan determinantes a voces de los Decretos 1661 y 2164 de
1991, para el otorgamiento de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, que determinan que dicha experiencia será
calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario
acredite6.
Respecto a la calificación de la experiencia altamente calificada, el Consejo
estado ha dicho que7:
‘(…) descendiendo al caso concreto, advierte la Sala que al expediente no
se allegó elemento alguno que diera por probada, en debida forma, la
experiencia altamente calificada del demandante, en los términos previstos
en los Decretos 1661 y 2164 de 1991. En efecto, advierte el Despacho que
sustancia la presente causa que si bien dentro del expediente reposa
certificación laboral del actor de 30 de mayo de 2007, suscrita por la
6 Original de la cita: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente
25000234200020120195701 (4791-2016). M P. Carmelo Perdomo Cuéter.
7 Original de la cita: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 25000-
23-25-000-2010-00196-01(1146-12). M P. GERARDO ARENAS MONSALVE.
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Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
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Coordinadora del Grupo Administración de Personal del Ministerio de
Transporte la misma, en primer lugar no está suscrita por el Jefe del
Organismo, en este caso el Ministro de Transporte, ni en ella se observa
que medie delegación para su expedición y, en segundo lugar, tampoco
se advierte en ella que la experiencia laboral del demandante sea
calificada como se exige en el referido artículo 4.
Al respecto, estima la Sala que en la certificación aludida únicamente se
describe el tiempo de servicio del actor, los cargos ocupados y las
funciones desempeñadas sin que, se repite, ello constituya una calificación
de su experiencia laboral que permita afirmar que la misma alcanza altos
índices de eficiencia que justifiquen el reconocimiento y pago de la referida
prestación técnica.
Así las cosas, no le asiste la razón al Tribunal cuando infiere ‘Que de la
certificación de los cargos desempeñados por el demandante en las
distintas Subdirecciones Técnicas del Ministerio, es indudable que posee
experiencia altamente calificada’ en razón, a que como quedó visto, la
referida certificación no constituye per se una calificación de la experiencia
laboral del demandante y, adicionalmente, porque la única experiencia que
pudo ser valorada y calificada fue la adquirida en el ejercicio del cargo de
Asesor y no la acumulada en su desempeño como servidor en otras
Subdirecciones de la entidad demandada.
Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, concluye la Sala
que en el caso concreto el señor Guillermo Alfonso Mora Carreño no
acreditó la totalidad de los requisitos exigidos por el Decreto 2164 de 1991,
concretamente en lo que se refiere a la experiencia altamente calificada en
su desempeño como Asesor, código 1020, grado 14, adscrito al Despacho
del Ministro de Transporte, razón por la cual deberá revocarse la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
(…)’.
Consecuente con lo anterior, y toda vez que al expediente no se allegó elemento
alguno que diera por probada, en debida forma, la experiencia altamente calificada
de la demandante en los términos previstos en las normas enunciadas; la Sala
precisa que la decisión del Tribunal no fue acertada, toda vez que las
certificaciones aportadas al plenario no constituyen per se una calificación de la
experiencia laboral de la señora Ruz Montes; lo que de contera permite determinar
que no se satisfizo las exigencias para la concesión del incentivo económico
previamente a la entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997.
Una vez analizada la sentencia cuestionada, la Subsección considera que en el
presente asunto no hay lugar a predicar la configuración de los defectos alegados
por la accionante.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión cuestionada se sustentó en la
jurisprudencia actual de la Sección Segunda de la Corporación -por demás
especializada en la materia-, en la que se ha manifestado que no basta con
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Actor: Belia Esther Ruz Montes
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demostrar el desempeño en cargos del sector hacendario, sino que también se
debían allegar las certificaciones o constancias que acrediten la experiencia
altamente calificada.
Así lo estableció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la sentencia del 27 de mayo de 2021 (transcripción de forma literal):
Conforme a este contexto, en el caso puntual del demandante, la Subsección
estima que en el marco propio de la DIAN, la experiencia altamente calificada fue
abordada en la Resolución 3682 de 1994, la cual previó que se tendría en cuenta
la lograda en cargos del sector hacendario. Y, en los actos administrativos
posteriores, aunque no lo señaló de manera expresa, sí advirtió que tenía relación
con los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a través del ejercicio
profesional en el desempeño de cargos o en investigación técnica o científica,
siempre que tuvieran que ver con las funciones del empleo sobre el cual se
solicitaba el beneficio. Se agregó, también, que sería acreditada mediante
certificaciones o constancias escritas.
Por tal motivo, podría considerarse que la experiencia ejercida por el libelista
desde el 19 de diciembre de 1991 (cuando fue vinculado por concurso de méritos)
hasta el 11 de julio de 1997, aquél adquirió experiencia altamente calificada dado
que como se probó, que desempeñó cargos en el sector hacendario, obtuvo título
en formación avanzada y adelantó actividades y cursos que consolidaron su perfil
como un servidor con conocimientos destacables.
Empero, se evidencia que en el expediente no obran constancias o certificaciones
de la calificación de la experiencia del señor Olea Vega por parte del jefe de la
entidad, elemento que era necesario para el reconocimiento de la prestación con
anterioridad al 11 de julio de 1997, que permita demostrar que cumplió con los
requerimientos para justificar el reconocimiento y pago de la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada, es decir que acreditó el
requisito antes de entrar en vigencia el Decreto 1724 de 1997, y porque en las
certificaciones aportadas y analizadas en precedencia (folios 41 a 47 y 151 a 163,
C.1) solo se relacionan los tiempos de servicios y cargos desempeñados por el
demandante en la DIAN8.
En la misma línea, en sentencia del 7 de octubre de 2021, la Subsección A de la
misma Sección del Consejo de Estado manifestó:
Sobre el particular, se tiene que, en un asunto de similares contornos, 9 esta
corporación denegó las súplicas de la demanda de un empleado de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales que si bien acreditó su designación en
propiedad y el título de formación avanzada, no aportó «la constancia de
calificación de la experiencia laboral», requisito que establece la normatividad
vigente para ser beneficiario de la prestación solicitada.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de
mayo de 2021, radicado 5829-19, M.P. William Hernández Gómez.
9 Original de la cita: Sentencia del 14 de febrero de 2019, expediente 3607-17, Actor: Nelson Omar
Esteban Sotaquirá, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
En efecto, en consideración a que la discusión que ocupa la atención de la Sala
en esta oportunidad se contrae a la necesidad o no de una certificación especial
para acreditar el requisito de la experiencia altamente calificada, corresponde
sostener que la referida exigencia indica que la experiencia en el ejercicio
profesional sea calificada por el jefe de la entidad; es decir, no se trata de una
certificación sino una calificación que compete realizarla al jefe de la entidad, esto
es, al nominador o su delegado en forma expresa para tal actuación.
Lo anterior, toda vez que no se pretende acreditar el simple cumplimiento del
tiempo de servicio en las funciones asignadas en el ejercicio de un cargo, sino
explicar en forma detallada las superiores calidades y condiciones de idoneidad
que la ubican por encima de un profesional durante un lapso mínimo de 3 años 10.
La postura antes descrita también es compartida por la Subsección B de la referida
Sección Segunda de la Corporación, que ha manifestado lo siguiente (transcripción
de forma literal):
No obstante, en el expediente no se evidencian constancias o certificaciones de la
calificación de la experiencia de la actora por parte del jefe de la entidad, elemento
que era necesario para el reconocimiento de la prestación con anterioridad al 11 de
julio de 1997, que permita demostrar que cumplió con los requerimientos para
justificar el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, es decir que acreditó el requisito antes de entrar en
vigencia el Decreto 1724 de 1997, y porque en las certificaciones allegadas solo
relacionan los tiempos de servicios, funciones y cargos desempeñados por aquella
en la DIAN.
Lo dicho, en virtud de que la transición regulada en el artículo 4° del Decreto 1724
ibídem implica que los requisitos debían haberse cumplido antes del 11 de julio de
1997, motivo por el cual certificados que valoren la experiencia posterior a dicha
fecha no pueden ser tenidos en cuenta porque no evalúan la experiencia altamente
calificada11.
En ese orden de ideas, la Subsección advierte que la decisión se encuentra
ajustada a la regla jurisprudencial establecida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado y al material probatorio allegado al expediente, razón por la que no era
posible el reconocimiento de la prima técnica al no haberse demostrado el requisito
de la experiencia altamente calificada.
No se pierde de vista que la accionante señaló que en aplicación del derecho-
principio a la igualdad debía reconocérsele la mencionada prima, porque ya la
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 7 de
octubre de 2021, radicado 2796-20, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 14
de octubre de 2021, radicado 0285-20, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
jurisprudencia ha accedido a las pretensiones de algunos ciudadanos que se
encontraban en situaciones iguales; sin embargo, se procede aclarar lo siguiente:
Frente a las sentencias de tutela que se señalaron como desconocidas, la Sala
reitera que el amparo dispuesto en este tipo de decisiones surte efectos inter partes
y no inter comunis o inter pares. Al respecto, se ha considerado:
3.1.10. De este modo, es claro que, por disposición legal, la decisión y órdenes
contenidas en la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen efectos
‘inter partes’. Sólo en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos a otros
sujetos, por vía del establecimiento de los efectos ´inter comunis´ o ´inter pares´.
El uso de estos ´dispositivos amplificadores´ es una competencia reservada a las
autoridades judiciales que adoptan las providencias. Particularmente, como se vio,
la jurisprudencia vigente ha establecido que la determinación y aplicación de estas
figuras están autorizadas únicamente a la Corte Constitucional12.
Respecto al desconocimiento del precedente horizontal, la Sala resalta que, si bien
esta Corporación ha reconocido la prima técnica en algunos eventos a funcionarios
de la DIAN, lo cierto es que no se configura dicho defecto porque las sentencias
que se pusieron de presente no eran sentencias de unificación y son anteriores a
las decisiones aquí citadas; además, como se vio, la decisión se encuentra ajustada
a la tesis que prevalece en la Sección Segunda, esto es, que debían allegarse las
certificaciones o constancias que acreditaban la experiencia altamente calificada
de la accionante.
No sobra agregar que algunas de las sentencias que se señalaron como
desconocidas difieren de la situación fáctica de la señora Ruz Montes, por ejemplo,
en la sentencia 2716-16 el problema jurídico giraba en torno a si la prima técnica
por formación avanzada y experiencia altamente calificada se debía tener en cuenta
para la liquidación de las prestaciones sociales; la sentencia 1171-14 se expidió en
cumplimiento de un fallo de tutela y en ella se dejó la siguiente salvedad
(transcripción de forma literal):
Así entonces, ante esta disparidad deberá salvaguardarse el derecho alegado por
la parte actora, por tratarse de una decisión con supuestos fácticos similares al
que se analizó en el proceso 1142 -14, no porque esta se considere precedente,
pues como ya se explicó en líneas anteriores, esta Sala ha dado cumplimiento a
la jurisprudencia vigente, según la cual, en observancia de los Decretos 1661 y
12 Corte Constitucional, sentencia SU 349 del 31 de julio de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
2164 de 199113, la experiencia laboral aportada por el funcionario debe ser
calificada por el jefe de la entidad y en ella se debe observar que el empleado
alcanzó altos índices de eficiencia que justifiquen el reconocimiento y pago de la
prestación reclamada, específicamente en lo concerniente a su desempeño en los
empleos que ocupó desde el momento en que fue designado en propiedad en la
Dirección de Impuestos Nacionales (se destaca).
Así las cosas, la Subsección advierte que la decisión cuestionada se encuentra
ajustada a la postura actual de las dos Subsecciones que integran la Sección
Segunda del Consejo de Estado; además, se evidencia que el propósito de la
accionante es reabrir el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez
natural de la causa.
Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado, tras considerar que no
se configuró el defecto planteado en la demanda de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
13 Artículos 2 y 4.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11353-00
Actor: Belia Esther Ruz Montes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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