Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11375-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Carácter general: se declara improcedente – la accionante
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11375-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11375-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11375-00
Accionante: HÉCTOR BELTRÁN GUTIÉRREZ
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
CARÁCTER GENERAL – se declara improcedente – la accionante
dispone de otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de los
derechos fundamentales que aduce transgredidos con la expedición
del acto administrativo acusado y no demostró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez
constitucional como mecanismo transitorio
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Héctor Beltrán
Gutiérrez en contra del Presidente de la República1 y de los ministerios del
Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Héctor Beltrán Gutiérrez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales «[…] a la libre locomoción, mi libertad de reunión, mi libertad de
conciencia, mi derecho al trabajo, mi derecho a la Educación, mi libre desarrollo de
la personalidad, mi derecho a la igualdad y mi derecho fundamental a la dignidad y
a la vida digna […]», los cuales fueron presuntamente transgredidos por las
autoridades accionadas como consecuencia de la expedición y aplicación del
Decreto 1615 de 2021.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que, a través del Decreto número 1615 de 2021, se dispuso que las
entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de bioseguridad la
presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la enfermedad
coronavirus Covid-19, para eventos presenciales que impliquen asistencia masiva y
para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de
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La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Héctor Beltrán Gutiérrez
baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios
deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias […]».
2.2. Afirmó que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial y debido a esto «[…] ningún
procedimiento médico, suministro de medicamentos, vacunas o tratamientos puede
aplicarse a un paciente […]» sin su consentimiento previo e informado.
2.3. Señaló que, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las entidades
accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones médicas, de
conciencia o de culto, han decido autónomamente no aplicarse la vacuna contra el
coronavirus Covid-19.
2.4. Adujo que estas medidas desconocen las siguientes normas: i) los artículos 5° y 6°
de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii) el literal d) del
artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y iii) el literal a) del
artículo 152 de la Constitución Política.
2.5. Indicó que la evidencia científica permitía concluir que: «[…] las vacunas contra el
COVID 19 no gozan de una eficacia relevante en lo que se refiere a prevención del
contagio, sino que están encaminadas a evitar la agravación de síntomas propios de
esta enfermedad […]». Por tal motivo, a su juicio, resulta arbitrario, discriminatorio e
inconstitucional que se adopten las medidas consagradas en el Decreto 1615 de 2021,
ya que se está partiendo de la premisa consistente en que las personas no vacunadas
son un peligro para la sociedad.
2.6. Expuso, además, que resulta inconstitucional que el Gobierno nacional adopte esta
medida pese a que «[…] no ha garantizado el acceso a primera, segunda y tercera
dosis en todo el territorio colombiano […]».
2.7. Sostuvo
que el Decreto 1615 de 2021 resulta lesivo para sus derechos
fundamentales, en síntesis, por las siguientes razones:
i) Como primer argumento adujo que el decreto enjuiciado era inconstitucional
porque el ejecutivo carecía de competencia para limitar, regular y restringir el
ejercicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, señaló que a la luz del
literal a) del artículo 152 constitucional «los derechos fundamentales de las
personas deben regularse y únicamente pueden limitarse por medio de leyes
estatutarias».
Por lo anterior, indicó que únicamente el Congreso de la República, a través de una
ley estatutaria, era el órgano facultado para establecer la medida obligatoria de
presentación del carné de vacunación contra el coronavirus Covid-19.
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ii) En segundo lugar, argumentó que la exigencia del carné vulneraba su derecho
a la libertad de locomoción, en tanto que le impide acudir a espacios públicos para
desarrollar las actividades cotidianas de relacionamiento social y de ocio.
iii) En tercer lugar, señaló que el decreto enjuiciado transgredía el derecho a la
reunión porque no permite: «reunirnos en espacios públicos y privados que
impliquen aglomeración», a menos que se encuentren vacunados.
iv) En cuarto lugar, adujo que se vulneraba el derecho fundamental a la libertad
de conciencia porque la actora, bajo el amparo del artículo 18 constitucional, se
consideraba objetora de conciencia en relación con la aplicación de la vacuna.
En consonancia con esto, señaló que nuestra constitución establece que «nadie
puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones»; y que a través del
decreto enjuiciado se le está coaccionando para que actúe en contra de sus
convicciones y de su conciencia, so pena de ser víctimas de esas restricciones
arbitrarias y discriminatorias.
v) Como quinto argumento, sostuvo que se vulneraba el derecho al trabajo, ya que
está ante el perjuicio real e irremediable de no realizar con normalidad las
actividades laborales que a diario desarrolla y que, en muchos casos, las realiza en
los espacios en que se requiere que se presente el carné de vacunación.
vi) En sexto lugar, afirmó que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que el decreto censurado está impidiendo que decida
libremente no vacunarse contra el coronavirus Covid-19.
vii) En séptimo lugar, manifestó que se vulnera el derecho a la igualdad entre las
personas vacunadas y las que libremente han decidido no vacunarse porque se les
está dando un trato diferenciado y discriminatorio por el simple hecho de haber
decidido de manera autónoma y libre no recibir la vacuna contra el coronavirus
Covid-19.
También indicó que las medidas adoptadas eran desproporcionadas e irrazonables,
ya que estaba comprobado científicamente que la vacuna no previene el contagio
y, además, causa efectos secundarios, y por ello resulta innecesario el trato
discriminatorio.
viii) Como octavo argumento señaló que el decreto vulnera el derecho
fundamental a la vida digna y a la dignidad humana porque autónomamente
decidió no vacunarse y las medidas adoptadas la sometían «a una discriminación
pública y privada», desconociendo que como sujetos morales tienen el derecho a
decidir sobre sus vidas, sin ser discriminados por tal motivo.
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ix) En noveno lugar indicó que se transgredía el derecho a la información porque
el decreto acusado: a) omitía señalar que la vacuna causa efectos secundarios
graves como la miocarditis aguda, la pericarditis, etc; b) omitía señalar que en la
actualidad se desconocen los efectos secundarios de la vacuna en el mediano y en
el largo plazo; y, además, c) el Gobierno nacional ocultaba las cifras de personas
fallecidas como consecuencia de la aplicación de la vacuna.
2.8. Por último, argumentó -mediante escrito de ampliación- que el Decreto 1615 de
2021, al regular la obligatoriedad de la exigencia del carné de vacunación o
certificado digital para ingresar a ciertos lugares, también vulneraba sus derechos
fundamentales, en tanto que mantuvo las medidas adoptadas inicialmente en el
Decreto 1408, razón por la que solicitó que aquel acto administrativo se tenga como
nueva norma cuestionada por esta vía constitucional.
III. PRETENSIONES
3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…] 4.1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y libertades individuales a
la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y de culto,
derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la
dignidad y a la vida digna.
4.2. Que, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, a fin de
obtener la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y libertades
individuales, se suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre
de 2021 mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del medio de control de nulidad y se obtiene una sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado que inicialmente tuvo
a su cargo la sustanciación de este proceso, mediante auto de 16 de diciembre de
20212, remitió el expediente de la referencia con el propósito de que se resolviera
de su acumulación al proceso con radicado número 11001-03-15-000-2021-07578-
00 (Actora: Ana de Jesús Gallo).
5. El presente expediente fue remitido e ingresó al Despacho del magistrado que
actúa como ponente en esta providencia el 18 de febrero de 20223.
6. Posteriormente, mediante auto de 21 de febrero de 20224, el Despacho a cargo
de la sustaciación del proceso resolvió (i) negar la acumulación de la presente
acción de tutela al expediente número 11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora:
Ana de Jesús Gallo), e (ii) inadmitir el mecanismo de amparo en tanto «[…] la parte
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Índice 4 del aplicativo Samai.
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Índice 10 del aplicativo Samai.
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actora no indica una circunstancia concreta por la cual le atribuyó la vulneración de
sus derechos fundamentales a la Alcaldía Mayor de Bogotá […]».
7. Finalmente, en auto de 7 de marzo de 2022, el Despacho sustanciador del proceso
resolvió: a) rechazar la acción de tutela en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá;
b) admitir el mecanismo de amparo en contra de la Presidencia de la República,
de los ministerios del Interior, de salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo; c) negar la medida provisional solicitada por el accionante, y
d) vincular como tercero con interés en las resultas del proceso al Departamento
Administrativo de la Función Pública.
V. INTERVENCIONES
8. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:
8.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe en
el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la transmisión del virus y
entornos de mayor riesgo; iv) la efectividad y seguridad de las vacunas; v) la
inmunidad de rebaño; vi) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas
coberturas de vacunación para evitar nuevos picos; vii) Seguridad de las vacunas;
viii) el certificado de vacunación; y ix) el aumento de casos de Covid-19 en niños
(as) y adolescentes.
8.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:
[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial que
le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1615 de
2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.
2. Con la expedición del Decreto 1615 de 2021, se fijan restricciones razonables
para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte la vida del
resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos de pandemia.
Es decir, que la norma impugnada propende por la protección de derechos
fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en Colombia, por cuanto
procura la garantía de derechos como la protección a la vida y la salud.
3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1615 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares […].
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Accionante: Héctor Beltrán Gutiérrez
8.3. En sustento de lo anterior, puso de presente que la Sección Primera del Consejo
de Estado, en sentencia de 14 de febrero de 2022, resolvió declarar improcedente
las acciones de tutela que pretendían dejar sin efectos el Decreto 1615 de 2021, por
lo que en aras de «[…] garantizar el respeto al precedente judicial, la acción de tutela
presentada por la parte actora debe ser resuelta en el mismo sentido en el que ya
se pronunció el Consejo de Estado sobre este asunto […]».
8.4. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:
[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un carácter
residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso particular y
concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto la parte
actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1615 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.
[…]
4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1615 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021.
[…]
6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de
los derechos deprecados.
7. La presidencia de la república no ha vulnerado derecho fundamental alguno
al actor, por el contrario, las medidas adoptadas en el Decreto 1615 de 2021
procuran por el cuidado de la salud y la vida en comunidad.
8. De los Hechos expuestos y soportes presentados con la acción no se
concluye la vulneración al derecho al trabajo y vida digna del actor […].
8.5. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:
[…] Con fundamento en lo expuesto, comedidamente solicito a su Despacho
NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por ausencia del requisito
de subsidiariedad, en tanto la parte actora cuentan con otras vías de acción
para cuestionar la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1615 de 2021,
norma de carácter general, impersonal y abstracto que cumple las condiciones
del numeral 5º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.
En su defecto, negar el amparo solicitado por cuanto no es cierto que se hayan
vulnerado los derechos fundamentales que se invocan en la acción, por cuanto:
(i) Las medidas restrictivas para las personas que no quieren vacunarse están
justificadas constitucionalmente, atienden al principio de solidaridad y
razonabilidad para preservar la vida en sociedad y la dignidad humana,
necesarios para garantizar el goce de los derechos humanos; (ii) la vacunación
contra la Covid-19 no obliga a ningún ciudadano colombiano y están
encaminadas a permitir la vida en sociedad y económica en medio de la
pandemia, protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los
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colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación al
derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad que
sustenta la prestación de servicios de salud -artículos 48, 49 Y 95 de la
Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena justificación
en el hecho de que no se interviene en la decisión de no vacunarse, pero acude
a la restricción como único mecanismo para evitar que la población no vacunada
facilite la circulación del virus y el riesgo de mutación, lo que gravemente sí
afecta o al menos pone en riesgo la vida de todos los colombianos y residentes
en el país […].
8.6. Losministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y a través de
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo de
la referencia o que, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.
8.7. Eldirector del Departamento Administrativo de la Función Pública rindió
informe en el que solicitó que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia, en tanto que, de conformidad «[…] con lo establecido en el numeral
5 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, según el cual “la acción de tutela no
procederá cuando se controviertan actos de carácter general, impersonal y
abstracto”, como lo es el Decreto 1615 de 2021 […]».
8.8. Puso de presente que la actora no acredita la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención del juez de tutela, ya que no allegó ni
siquiera prueba sumaria de la supuesta afectación de sus derechos fundamentales.
8.9. Por lo anterior, concluyó que: «[…] Las reclamaciones de la accionante, en razón
a su naturaleza deben ser resueltas en ejercicio de las acciones o medios ordinarios
de defensa, con solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 1615
de 2021 […]».
8.10. Porúltimo, aseguró que: «[…] la finalidad del Decreto 1615 de 2021 se
constituye en actuar legitimo del Gobierno Nacional, de cara a la prevención del
COVID-19, mediante la adición a la implementación de protocolos de bioseguridad,
en los términos establecidos en el art. 2 del referido Decreto. De manera tal que
cuestionar estas actuaciones es un poco desacertado en la medida que solo son
apreciaciones subjetivas del accionante, por ende, no se cuenta con presupuestos
facticos y jurídicos que arriben a tal apreciación, máxime cuando lo que se pretende
es contar con esquemas de vacunación completos y evitar de esta manera la
propagación del COVID-19 […]».
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Accionante: Héctor Beltrán Gutiérrez
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
9. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República y de
los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19915, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216
y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.
VI.2. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general.
b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora como consecuencia de la expedición del
Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021.
11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, para posteriormente proceder a ii) resolver el
caso concreto.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter general
12. Sobre el particular, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos de carácter general, por expresa
disposición del numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, cuyo tenor
literal dice lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:
(…)
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]
5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Accionante: Héctor Beltrán Gutiérrez
13. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 ha sido
reiterativa en sostener lo siguiente:
[…] en relación con la acción de tutela frente a actos dotados de carácter
general, impersonal y abstracto, ha sido abundante la jurisprudencia
constitucional que ha señalado la improcedencia de la misma para controvertir
tal modalidad de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, e independientemente del contenido de los mismos.
Lo anterior, obedece justamente a la necesidad de que el mecanismo
tuitivo de los derechos fundamentales mantenga su naturaleza como un
medio de defensa judicial subsidiario y residual, y que se conserve el
orden regular de asignación de competencias a las jurisdicciones, en aras
de asegurar la plena vigencia del principio de seguridad jurídica […]8. (Se
destaca)
14. La misma jurisprudencia de la Corte Constitucional9 ha reconocido que, en
algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, siempre y cuando «[…] se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible
establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y
abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona
determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la
facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso
concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la
decisión de fondo por parte del juez competente […]»10. (negrillas originales del texto
citado)
15. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
16. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados […].11
7
Ver, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
8
Sentencia SU 037 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9
Ibidem.
10
Sentencia C-132 de 2018, proferida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
11
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
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17. Así las cosas, resulta dable concluir que, en principio, la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos de carácter
general, a menos de que se esté en presencia de una flagrante vulneración de
derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.
VI.4. Caso concreto
18. El ciudadano Héctor Beltrán Gutiérrez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales «[…] a la libre locomoción, mi libertad de reunión, mi libertad de
conciencia, mi derecho al trabajo, mi derecho a la Educación, mi libre desarrollo de
la personalidad, mi derecho a la igualdad y mi derecho fundamental a la dignidad y
a la vida digna […]», los cuales fueron presuntamente transgredidos por las
autoridades accionadas como consecuencia de la expedición y aplicación del
Decreto 1615 de 2021.
VI.4.1. La improcedencia de la acción de tutela en el caso sub examine
19. Sobre el particular, es de recordar que, tal como se señaló en el acápite VI.3. de
esta providencia, tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte
Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos administrativos
de carácter general debido a que los asociados cuentan con distintos medios de
defensa, como lo son: el medio de control de nulidad e incluso el de nulidad por
inconstitucionalidad, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la anulación
y la suspensión de los actos de la administración que, según se afirma, lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos fundamentales.
20. Partiendo de la anterior premisa y comoquiera que la parte actora le atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al Decreto número 1615 de
2021, la Sala advierte que dicho acto administrativo es pasible de control judicial, a
través del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, por lo que es innegable que el accionante dispone de otro medio de defensa
para solicitar la protección de los derechos fundamentales que aduce como
transgredidos.
21. Tan cierto es lo anterior que, actualmente, en esta Sección cursan 15 demandas
que buscan dejar sin efectos el Decreto número 1615 de 2021, siendo la primera en
ser admitida la promovida por el señor José Ignacio Morales Arriaga, con
radicación 11001-03-24-000-2021-00884-0012, proceso en el que el demandante
solicitó medida provisional, la cual fue negada mediante auto de 23 de febrero de
2022; providencia que en su parte resolutiva es del siguiente tenor:
12
Fue admitida mediante auto de 15 de diciembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
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[…] DENEGAR la suspensión provisional de los provisional de los efectos
jurídicos de los artículos: 2° -parágrafos del 1 al 3- y 3° del Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021, acto administrativo suscrito por el Presidente de la
República, el Ministro del Interior, el Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios encargado de las funciones del despacho del Ministro
de Salud y Protección Social, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo y
el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública […].
22. En ese contexto, la Sala de Decisión advierte que, tal como se consideró en
reciente pronunciamiento de 14 de febrero de 202213 -cuyo objeto era que se dejara sin
efectos del Decreto 1615 de 2021-, la presente solicitud de amparo deviene improcedente
porque el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es el medio
de control de nulidad; oportunidad en la que, se reitera, podrá solicitar el decreto de
medidas cautelares.
23. Sumado a ello, debe resaltarse que, tal como lo expuso la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación en pronunciamiento de 16 de julio de 2021,
«la acción de amparo no es procedente por el simple hecho de que su resultado
pueda ser más ágil y rápido, pues aceptar dicha tesis implicaría desnaturalizar su
sentido y alcance, de ahí que si el juez evidencia que existen otros mecanismos de
defensa judiciales y que su fin no es evitar un perjuicio irremediable, está llamado a
declarar la improcedencia de la tutela»14.
24. En conclusión, la Sala advierte que en el sub examine no se demostró que el
perjuicio irremediable alegado no podía ser protegido en forma oportuna a través
del medio de defensa judicial ordinario, motivo por el cual el juez constitucional no
puede reemplazar al juez natural de la causa y, en ese sentido, no puede adentrarse
en el fondo del presente asunto.
25. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala de Decisión declarará la
improcedencia del mecanismo de amparo de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
13
Expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de
2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e).
12
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11375-00
Accionante: Héctor Beltrán Gutiérrez
TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley
No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
P:(18)
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