Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Defecto fáctico: las pruebas fueron debidamente valoradas por el juez
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11386-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Accionante: LUIS ALBERTO CÓRDOBA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Niega /
DEFECTO FÁCTICO – Las pruebas fueron debidamente valoradas por el juez
ordinario / DEFECTO SUSTANTIVO – Se analizó el caso a la luz de la falla en el
servicio y del riesgo excepcional de acuerdo con la jurisprudencia.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Luis Alberto Córdoba y otros, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 9 de diciembre de 2021, los señores Luis Alberto Córdoba,
Dirama Arely Polanía Castaño, Lina Michel Córdoba, Harrison García Polanía,
Sebastián García Polanía, Orfa Quiñones Rico, Luis Ángel Córdoba Calderón, Yeny
Lorena Córdoba Quiñones, Jhon Fredy Córdoba Quiñones, Edinson Andrés
Córdoba Quiñones, Clara Rosa Calderón Caraballo y Noelia Guzmán de Quiñones,
a través de apoderado judicial, instauraron demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Caquetá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, defensa y de acceso a la administración de justicia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
Los accionantes manifestaron que promovieron una demanda de reparación directa
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los daños
causados al señor Luis Alberto Córdoba ante la pérdida de capacidad laboral que
sufrió en un accidente automovilístico al cumplir con una orden de un superior,
mientras se desempeñaba como radio operador de la Brigada Móvil número 9 del
Comando Específico del Caguán.
El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia accedió a las pretensiones de la
demanda, bajo el título de imputación de riesgo excepcional, decisión que, al ser
apelada por la entidad demandada, se revocó por el Tribunal Administrativo del
Caquetá.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte actora indicó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá incurrió en un defecto fáctico porque la valoración probatoria realizada por
el a quo fue “descuidada”, toda vez que no se tuvo en cuenta que el encargado de
brindarle todos los elementos para cumplir su función era el Ejército Nacional y que
el señor Luis Alberto Córdoba no era el que conducía la motocicleta sino un
superior que adquiría una posición de garante frente al soldado; además, que “fue
sometido a una actividad riesgosa al trasladarse en motocicleta por carreteras
destapadas, precipitadas y peligrosas, sin brindarle ninguna protección”.
En un defecto sustantivo, al aplicarse de manera indebida el artículo 90 de la
Constitución Política, pues el caso se debió analizar a la luz de la falla en el servicio
y del “riesgo excepcional y las funciones o cargo que desempeñaba el actor frente
al riesgo sometido por la entidad accionada”.
En virtud de lo anterior, advirtieron que se desconocieron las sentencias C-225 de
1995, T-409 de 1992, C-431 de 2004, C-540 de 2012 que tratan el tema de la
obediencia debida y las providencias del Consejo de Estado dictadas en los
procesos 15.247 y 22.455, sobre la aplicación de riesgo excepcional en los daños
causados por la conducción de vehículos automotores.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
PRIMERO: Solicito a los Honorables Magistrados tutelar los derechos
fundamentales al Debido Proceso, a la defensa, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, NON REFORMATIO IN PEJUS, Legalidad (irretroactividad
de las normas en general), Seguridad Jurídica, Confianza legítima y aplicación en
el tiempo del precedente jurisprudencial.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia de fecha 16
de junio de 2021, mediante Sentencia N°04-06-66-21/ORD. 66-01, Magistrada
Ponente YANNETH REYES VILLAMIZAR, el Tribunal Administrativo del Caquetá
Sala Cuarta, dentro del proceso de Reparación Directa Radicado con el número
18001333190220150015400, dentro de la acción de reparación directa incoada
por LUIS ALBERTO CORDOBA Y OTROS, contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.
TERCERO: En consecuencia, se ORDENE al Tribunal Administrativo del Caquetá
que, dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la providencia, emita una
decisión de remplazo, en el sentido de analizar en debida forma los regímenes de
responsabilidad, en caso de no resultar acreditada el Daño Especial, se aborde el
estudio del régimen de responsabilidad subjetiva de Falla en el Servicio y el
Nexocausal, bajo los parámetros que han sido fijados por el Consejo de Estado
por no existir exclusión de regímenes.
4.- La oposición
4.1. Mediante auto del 26 de enero de 2022, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional y al señor Daniel Córdoba Quiñones como terceros
interesados; se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. La Nación – Ministerio de Defensa señaló que no existió vulneración de los
derechos fundamentales de los actores y que lo que se pretende es “subsanar los
errores y la carencia de material probatorio que debió allegar al proceso”.
Advirtió que el accidente ocurrió en desarrollo de la misión táctica Odiseo y que una
vez el señor Luis Alberto Córdoba Quiñones sufrió la caída fue atendido por la
entidad “y continúa en sus labores con la institución”.
Sostuvo que la decisión cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento
jurídico, porque la lesión del actor se dio en cumplimiento de funciones propias del
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
servicio y no se probó que se hubiera expuesto a un riesgo mayor al de sus otros
compañeros, pues toda la patrulla iba en motocicleta.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.
2. Caso concreto
Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuran o no los
defectos alegados por la parte actora, al proferirse la sentencia del 16 de junio de
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caquetá revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
A juicio de la parte accionante, la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico
porque se realizó una “descuidada” valoración probatoria al no tenerse en cuenta
la posición de garante que tenía el superior que manejaba la moto y al someterlo a
una actividad riesgosa; además, un defecto sustantivo al no analizarse el caso bajo
la óptica de la falla en el servicio y el riesgo excepcional, desconociendo algunos
pronunciamientos que han aplicado un régimen objetivo de responsabilidad cuando
el daño es causado con vehículos automotores.
Para la Subsección, en este caso no hay lugar a predicar la configuración de los
defectos alegados, pues no se evidencia una valoración indebida o irrazonable de
las pruebas por parte del Tribunal Administrativo de Caquetá, el cual analizó el
asunto a la luz de los posibles regímenes de responsabilidad aplicables al caso
concreto, teniendo en cuenta la jurisprudencia vigente.
En la sentencia cuestionada, el mencionado cuerpo colegiado realizó un recuento
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
obediencia debida, de la que concluyó que las órdenes de los superiores no tienen
carácter absoluto y su acatamiento debe ser reflexivo.
Luego realizó un recuento probatorio concluyó (se transcribe de forma literal):
De las anteriores pruebas se evidencia que el desplazamiento del SLP LUIS
ALBERTO CÓRDOBA QUIÑONES se encontraba precedido de una orden del
Comandante del Batallón, en el marco de una misión táctica, mientras fungía como
radioperador de la Brigada Móvil No. 9, desplazamiento que se realizó de forma
masiva con los demás integrantes de la sección (…).
Considera la Sala que en el presente asunto no es procedente acceder a la
reparación pretendida por la parte actora, comoquiera que la lesión de hombro
izquierdo que sufrió el SLP. Luis Alberto Quiñones ocurrió en cumplimiento de
funciones propias del servicio, y en razón de ello, es preciso que se acredite una
falla del servicio o el somentimiento a un riesgo excepcional superior al que se ven
sometidos los demás compañeros, para que haya lugar a reparar, lo cual no fue
probado en el plenario.
Si bien es cierto, que el Consejo de Estado ha desarrollado la teoría del riesgo
excepcional por ejercer la actividad riesgosa de conducción de vehículos, la cual
se aplica de manera objetiva y solo basta con probar el daño y la relación causal
entre este y el servicio; cree la Sala que en el presente asunto dicha teoría no
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Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
puede aplicarse de manera automática, teniendo en cuenta la calidad del
lesionado (militar) y la función que desarrollaba (riesgosa), pues para este tipo de
personal, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha reiterado que la
reparación de los daños sufridos por militares en ejercicio de sus funciones se
repararan a través de la indemnización a forfait ya que ellos se somenten de
manera voluntaria al riesgo que implica el ejercicio de la actividad militar, y que la
reparación en sede judicial solo opera cuando se acredite una falla del servicio o
el sometimiento a un riesgo superior.
En reciente pronunciamiento, el Consejo de Estado se refirió a los casos en los
que procede la indemnización a forfait, y cuando hay lugar a reparar
patrimonialmente:
‘La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia (...) unificó su posición en
el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo
de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió
ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente
a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las
razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que
habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha
dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación para la solución
de los casos sometidos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda
entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al
juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título
de imputación. En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la
Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad
patrimonial del Estado aplicable, de cara a los hechos probados en el proceso,
sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa
petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la
realidad material del caso o que se establezca un curso causal hipotético de
manera arbitraria .No obstante que el modelo de responsabilidad
extracontractual del Estado colombiano no privilegió un título de imputación,
la posición de la Corporación en esta época se orienta en el sentido de que,
en relación con los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto
riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como
militares, agentes de policía, detectives del DAS o personal del INPEC,
en principio no se ve comprometida la responsabilidad del Estado, dado
que tales daños, como se producen con ocasión de la relación laboral
que los vincula con la Administración, se cubren con la indemnización
a forfait a la que tienen derecho por virtud de ese vínculo. Sólo hay lugar
a declarar la responsabilidad patrimonial del ente público demandado,
por vía de la acción de reparación directa, cuando dichos daños se
hubieren producido por falla del servicio o cuando se hubiere sometido
al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que
normalmente debían afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño
sufrido por la víctima hubiese sido causado con arma de dotación oficial,
evento en el cual hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad
objetivo, por la creación del riesgo; en todo caso, se reitera, el funcionario
y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tienen derecho a las
prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el
ordenamiento jurídico (a forfait) .(...)’.
En un caso análogo, en el que un soldado profesional reclama el pago de perjucios
derivados de las lesiones que se causó en un accidente de tránsito en la vía que
de Neiva conduce al municipio de Aipe, incidente en el cual se presentó una
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Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
pérdida de aire en la llanta trasera de la motocicleta, y la pérdida del control de la
motocicleta, lo que produjo su caída del referido vehículo, el Consejo de Estado
refirió lo siguiente:
‘Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado,
reiteradamente, ha considerado que los daños sufridos por quienes
ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad
del Estado, como los militares o agentes de Policía, al producirse con
ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren
con la indemnización a for fait; sin embargo, en aquellos casos en los
que se encuentra probada una falla en el servicio o se acredita que la
víctima fue sometida a un riesgo superior a los que normalmente debía
afrontar, quienes padecen el daño pueden acceder a la reparación del
mismo por vía judicial, a través de la acción de reparación directa (...).
Si bien el caso precitado se trató del conductor del vehículo de la motocicleta, el
cual ejercía una actividad peligrosa –conducción de vehículos- y además de ello,
se encontraba en ejercicio de funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa
y seguridad del Estado -militares-; lo cierto es que dicho análisis es aplicable al
caso de marras, aunque el soldado profesional lesionado fuese de parrillero, toda
vez que:
• Según las declaraciones de los testigos, el interrogatorio de parte y los informes
administrativos, se pudo constatar que el movimiento motorizado donde sufriera
lesiones el SLP Luis Alberto Córdoba Quiñones, fue ordenado por el comandante
del Batallón de Combate Terrestre No. 70, en desarrollo de la Misión Táctica
Odiseo; es decir, que las lesiones se dieron en cumplimiento propias de las
funciones relacionadas con la defensa y seguridad del Estado.
• No se acreditó dentro del plenario que la motocicleta no se encontrara en
óptimas condiciones para su uso.
• No se probó que el teniente que conducía la motocicleta, no fuera una persona
idónea para la conducción de vehículos, por el contrario, el testigo refiere que
tanto los soldados profesionales como los oficiales y suboficiales han recibido
capacitación para la conducción de vehículos.
• Según se afirmó en el interrogatorio de parte, el SLP Luis Alberto Córdoba
Quiñones fungía como radio operador de una motorizada en los Pozos, y en caso
de una operación u orden, debía salir con su sección o escuadra al lugar que fuera
señalado por el superior; es decir, que los desplazamientos en motocicleta eran
frecuentes para el cumplimiento de sus funciones, y por ende, era conocedor de
los riesgos que asumía en cada desplazamiento. No se trata tampoco de la
exposición a un riesgo superior, habida cuenta que los desplazamientos se hacían
de forma masiva junto con sus compañeros de escuadra o sección, es decir, que
todos asumían el mismo riesgo en igualdad de condiciones.
• Desde la fecha del accidente ha recibido la atención medica necesaria para su
recuperación, siendo incapacitado en 3 oportunidades por interregnos de 30 días,
y a la fecha se mantiene en las filas del ejercito, devengando su salario y demás
prestaciones, sin que se avizore un detrimento o desmejora.
En ese orden de ideas, considera esta Colegiatura que no es aplicable el régimen
objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional por conducción de vehículo,
puesto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido conteste en afirmar
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
que los daños sufridos por el personal de policías y militares en ejercicio de sus
funciones son susceptibles de ser indemnizados como un riesgo propio del
servicio –a forfait-, y solo habrá lugar a reparar los daños, cuando estos se causen
por una falla en el servicio o por el sometimiento a riesgo superior, aspectos
puntuales que no fueron probados por ninguno de los extremos procesales.
Se destaca que el argumento de que el accidente acaeció porque el teniente que
conducía la motocicleta no tenía la preparación para manejar y por ende no era
idóneo, fue un punto de coincidencia entre la parte actora y la entidad accionada,
uno para señalar el sometimiento a un riesgo superior, y de otro lado, para probar
que la obediencia debida tiene límites y había culpa de la víctima por subirse a la
motocicleta; sin embargo, ni la parte actora ni la entidad demandada lograron
demostrar tales afirmaciones, es decir, que el presunto sometimiento a una carga
superior o la presunta culpa compartida no fueron respaldados probatoriamente.
Al respecto, el artículo 167 del CGP establece que le incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen (…).
Revisada la anterior providencia se observa que la sentencia cuestionada no
incurrió en los defectos alegados por los accionantes.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, contrario a lo manifestado en la demanda de
tutela, el Tribunal Administrativo del Caquetá sí analizó el caso a la luz de la falla
del servicio y del riesgo excepcional, cosa distinta es que, en ejercicio de la
autonomía funcional que caracteriza la actividad de los jueces, estimara que no se
acreditó uno solo de los esos dos títulos de imputación.
En efecto, en la sentencia cuestionada se aclaró que el régimen objetivo de
responsabilidad no era aplicable de manera automática dada la calidad del
lesionado y la actividad que desarrollaba, por lo que era necesario demostrar que
fue sometido a un riesgo superior al de sus otros compañeros, situación que no fue
probada; además, que no se demostró el mal estado del automotor o la supuesta
impericia del conductor.
En este punto, resulta importante aclarar que la sentencia proferida en el proceso
15.247 del Consejo de Estado -que se señaló como desconocida- no tiene relación
con el presente asunto, toda vez que allí el problema jurídico giró en torno a las
lesiones que sufrió un ciudadano con un arma de dotación oficial mientras prestaba
servicio militar obligatorio.
Tampoco se desconoció la providencia proferida en el proceso 22.455 de esta
Corporación, pues si bien allí se desarrolló el tema de la conducción de vehículos
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
automotores y la aplicación del régimen objetivo, lo cierto es que los demandantes
no tenían la calidad de militares, situación que resultaba determinante para el
tratamiento de la figura.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la jurisprudencia de esta Subsección ha
reiterado que los daños causados a militares en ejercicio de sus funciones solo se
reparan cuando se incurre en una falla en el servicio o cuando se somete al
funcionario a un riesgo superior al que debía soportar:
5.1. La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado, en
forma reiterada, que los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto
riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, al producirse con
ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren con la
indemnización a forfait; sin embargo, también ha precisado que, en aquellos
eventos en los que se encuentre probada una falla en el servicio o se acredite que
la víctima fue sometida a un riesgo superior a los que normalmente debía afrontar,
quienes padecen el daño pueden acceder a la reparación del mismo por vía
judicial, a través de la acción de reparación directa5.6
En otra oportunidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
manifestó frente a un miembro de las fuerzas armadas que resultó lesionado y
ejercía una actividad riesgosa que:
En casos como el examinado, esta Sala de Subsección ha reiterado
recientemente7, que tratándose de supuestos en los cuales se discute la
declaratoria de responsabilidad estatal con ocasión de los daños sufridos por
agentes de seguridad del Estado, como los militares o agentes de Policía, entre
otros, en principio, aquella no se ve comprometida, dado que como tales daños
se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se
cubren con la indemnización a fort fait a la cual tienen derecho por virtud de esa
vinculación.
Por tanto, solo habrá lugar a una reparación cuando los daños reclamados se
hubieren producido por una falla del servicio, o cuando se hubiere sometido al
funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus
demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima hubiese sido causado
con arma de dotación oficial, evento en el cual se debe aplicar el régimen de
responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo. En todo caso, se reitera, el
5 Cita del original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias del 26 de mayo de 2010, expediente. 19.158, y del 14 de julio de 2005, expediente
15.544, M.P Ruth Stella Correa Palacio; Subsección C, sentencia del 28 de enero de 2015,
expediente 30207, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de
julio de 2021, expediente 65.728.
7 Original del texto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, exp. 05001-23-31-000-2006-01088-01(39725),
CP: Hernán Andrade Rincón.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las
prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento
jurídico (a forfait)8.
Así las cosas, como no se demostró una falla en el servicio y tampoco que al señor
Córdoba Quiñones se le hubiera sometido a un riesgo superior al de sus otros
compañeros, se considera que la decisión cuestionada fue razonable y ajustada a
la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia; además, en la decisión se
abordó de manera amplia el tema de la obediencia debida.
De otro lado, se advierte que el Tribunal Administrativo de Caquetá valoró las
pruebas que obraban en el expediente, de las que concluyó que, si bien la
operación fue ordenada por el comandante del Batallón y que el accionante era el
parrillero y no el conductor del automotor, lo cierto es que las lesiones que sufrió se
dieron en cumplimiento de sus funciones y el daño era cubierto con la
indemnización a forfait.
En ese orden de ideas, se advierte que el hecho de que la decisión no hubiera sido
favorable a los accionantes no implica que la decisión de segunda instancia fuera
contraria a derecho. Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito de
reabrir el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la
causa.
Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado, tras considerar que no
se configuraron los defectos planteados en la demanda de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de
octubre de 2017, expediente 43.986.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11386-00
Actor: Luis Alberto Córdoba y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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