RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-11404-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11404-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11404-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-11404-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de abril de 2022

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11404-01
Demandante: LAB BRANDS S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – desconocimiento del
precedente – confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la sociedad Lab Brands S.A.S.
en contra de la sentencia proferida en primera instancia el 3 de marzo de 2022
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la que se negó la solicitud de
amparo deprecada.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La sociedad Lab Brands S.A.S., actuando por conducto de apoderada
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca1, en procura de la defensa de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con la sentencia del 30 de abril de 2021, proferida
por la autoridad judicial accionada, que revocó el fallo del 12 de septiembre de
2014, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura, y en su lugar, negó las pretensiones incoadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N. ° 76109-33-
31-002-2013-00197-012.

1 El escrito de tutela se envió el 9 de diciembre de 2021 al buzón web
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2 Promovido por la sociedad tutelante contra la DIAN.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

1.2. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
de la siguiente manera:

3. El 7 de julio de 2009 la sociedad Colvan S.I.A. S.A. presentó la declaración
de importación N. ° 13198012617561 en la que fungió como declarante. El
importador de esa importación fue Schot Colombia S.A., hoy Lab Brands S.A.S.

4. El 6 de julio de 2012 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN – profirió el requerimiento aduanero N. ° 01-03-238-419-403-2-0003621
dentro del procedimiento administrativo de radicado N. ° 2012-887. Dicha
decisión fue notificada al día hábil siguiente, es decir, el 9 de julio del mismo
año.

5. En contestación, la sociedad actora le informó a la DIAN que la declaración
de importación del 7 de julio de 2009 cobró firmeza el 7 de julio de 2012,
teniendo en cuenta el término de 3 años dispuesto por el artículo 131 del
Estatuto Tributario, sin que en ese lapso se le hubiese notificado el
requerimiento especial.

6. El 12 de agosto de 2012 la DIAN profirió dentro del citado proceso
administrativo la liquidación oficial N. ° 03-241-201-639-01-1214 y aunque la
parte actora presentó en término un recurso de reconsideración contra esa
decisión, la DIAN la confirmó en todas sus partes el 26 de noviembre de 2012.

7. Por lo anterior, Lab Brands S.A.S. ejerció demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial N. ° 03-241-201-639-
01-1214 de la DIAN y el oficio en el que la confirmó.

8. En sentencia del 12 de septiembre de 2014 el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura declaró la nulidad de los
dos actos administrativos demandados, bajo el argumento de que la DIAN tuvo
hasta el 7 de julio de 2012 – sin que importe si era o no día hábil - para
notificarle a la sociedad el requerimiento especial si pretendía suspender el
término de los 3 años, dispuesto en el artículo 131 del Decreto 2685 de 1999.

9. La DIAN presentó recurso de apelación contra el fallo del 12 de septiembre
de 2014. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
30 de abril de 2021, revocó la decisión de primer nivel, y en su lugar, negó la
totalidad de las pretensiones.

10. Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal explicó que en casos
similares la Corte Constitucional ha analizado el alcance del artículo 62 del
Régimen Político y Municipal respecto a la contabilización de los términos que
culminan en días inhábiles o feriados, y específicamente en la sentencia SU-

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

498 de 2016 se precisó que en esos eventos el plazo legal se extiende hasta el
día hábil siguiente.

1.3. Sustento de la vulneración

11. A juicio de la parte actora la sentencia del 30 de abril de 2021 adolece de
defecto sustantivo, desconocimiento de precedente y violación directa de la
constitución.

12. Respecto al yerro sustantivo, aludió que al plazo de los tres años dentro de
los cuales adquiere firmeza la declaración de importación, de conformidad con
el artículo 131 del Decreto 2685 de 1999, no se le puede hacer extensiva la
interpretación del artículo 62 del Régimen Político y Municipal de los términos
que fenecen en días inhábiles, porque el Estatuto Tributario contiene “un plazo
que se otorga para que la administración decida” y de permitirse lo que
concluyó el ad quem “terminaría extendiéndose un plazo establecido
legalmente”.

13. Sostuvo que el término dispuesto en el citado artículo 131 era preclusivo
porque si la administración no formulaba y notificaba el requerimiento especial
en ese plazo, no podría efectuar la liquidación porque no suspendió el término.

14. Precisó que se desconocieron las siguientes sentencias dictadas por la
Sección Cuarta:

• Del 12 de noviembre de 2015 dentro del expediente de radicado N. °
25000-23-27-000-2012-00363-01, que dispuso de forma contundente
que los términos establecidos en el Estatuto Tributario no pueden
ampliarse cuando el último día finaliza en día inhábil, porque terminaría
extendiéndose un plazo legal y la administración debe prever el tiempo
que tiene para desplegar sus deberes.

• Del 13 de septiembre de 2012 dentro del expediente N. ° 66001-23-31-
000-2008-00043-01, que indica que los términos son de obligatorio
cumplimiento, pero los preclusivos traen consecuencias previstas por el
legislador, como por ejemplo, la falta de competencia para decidir.

• Del 5 de abril de 2018 (exp. N. ° 76001-23-31-000-2010-00394-01),
según la cual el hecho de que la fecha límite para notificar el acto de
determinación oficial por parte de la administración en un trámite de
liquidación finalice en un día inhábil, en nada afecta el conteo. Lo anterior
porque el artículo 62 del Régimen Político y Municipal contempla una
garantía a favor de los administrados y no de la administración como lo
infiere la entidad accionada.

15. En lo que atañe a la violación directa de la Constitución, iteró que le fueron
transgredidas las garantías fundamentales al debido proceso y al acceso a la

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

administración de justicia porque se adoptó la decisión de segunda instancia
“con base en consideraciones superficiales” y en desmedro de las “pruebas
aportadas que demuestran que la DIAN desconoce la jurisprudencia del
Consejo de Estado”.

1.4. Pretensión constitucional

16. En concreto la parte actora solicitó:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios constitucionales de
seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima de la sociedad Lab Brands
S.A.S.

2. Como consecuencia del anterior amparo, REVOCAR Y/O DEJAR SIN
EFECTO la sentencia del 30 de abril de 2021, notificada el 16 de junio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-00197,
interpuesto contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dicte una nueva
sentencia en la que se tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la
presente tutela.

1.5. Trámite de primera instancia

17. En auto del 27 de octubre de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y como
tercero con interés a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales – DIAN -.
Adicionalmente, negó la medida provisional solicitada que consistía en la
suspensión de los efectos del fallo del 30 de abril de 2021 que se cuestiona por
esta vía.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

18. No presentó ningún argumento en su defensa. Solamente aportó en medio
magnético la copia del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado N. ° 76109-33-31-002-2013-00197-01.

1.6.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-

19. Solicitó que se niegue el amparo deprecado porque no se configuraron los
defectos aludidos.

20. Arguyó que lo pretendido por la actora es reabrir un debate que ya fue
zanjado por el juez ordinario porque trae en sede de tutela los mismos
argumentos que ya expuso a través de la demanda. Añadió que el legislador ya

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

precisó la manera en cómo se deben contabilizar aquellos términos que
culminan en día feriado o inhábil, a través del artículo 62 del Régimen Político y
Municipal.

21. Expuso que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tomó una
decisión acertada y en consonancia con la sentencia de la Sección Cuarta del
27 de mayo de 2021 (exp. N. ° 66001-23-33-000-2015-00301-01), en la que se
aclaró que el pluricitado artículo 62 no distingue los sujetos a quienes cobija, es
decir, que no señala que la prerrogativa allí dispuesta está dirigida a los
administrados o a la administración.

22. En esa misma sentencia se aclaró que no se desconoce que la tesis que
venía aplicando la Sección Cuarta en esa materia beneficiaba a los
administrados, pero que esa ventaja no se deriva de la interpretación de la
norma. De otro lado, indicó que no podría dársele una interpretación garantista
a los administrados y restrictiva a la administración.

23. Para concluir, señaló que el fallo que se pretende debatir carece de
relevancia constitucional porque no se advierte que “el argumento planteado en
la tutela tenga tinte constitucional” y que no se puede perder de vista que este
mecanismo es de carácter residual y subsidiario.

1.7. Sentencia de primera instancia

24. En proveído del 3 de marzo de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó las pretensiones de amparo tutelar por no encontrar configurados
los defectos que le endilgó la parte actora a la sentencia controvertida.

25. Para arribar a tal conclusión, manifestó que el análisis que realizó el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del artículo 131 del Decreto 2865 de
1999 en consonancia con los artículos 1 y 62 del Régimen Político y Municipal
está ajustado a derecho.

26. Explicó que la remisión a esta norma obedece a que no existe una ley que
consagre la regla específica del conteo de términos en materia tributaria y que
sobre el tema ha expresado esa Sección que “Ni el Estatuto Tributario o el
Código Contencioso Administrativo, contienen una regulación sobre la forma de
contabilizar los términos, por lo que resulta pertinente, remitirse al Código de
Régimen Político y Municipal- CRPM”.

27. Indicó que no era posible aplicar el artículo 121 del Código de
Procedimiento Civil porque esta norma hace referencia los términos judiciales y
no a los administrativos.

28. Expresó que, aunque no desconocía que la tesis que mantenía la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en las sentencias que invoca como desconocidas
respecto a que, si el término culminaba en un día inhábil o feriado para casos

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

como el suyo, no se extendía hasta el día hábil siguiente porque ello iba en
desmedro de los administrados; lo cierto es que mediante el fallo del 27 de
mayo de 2021 (rad. N. ° 66001-23-33-000-2015-00301-01) esa misma Sala de
cierre cambió de criterio y consideró que el artículo 62 del Régimen Político y
Municipal aplicaba indistintamente para los términos que corren para los
administrados y para la administración.

29. Conforme a lo anterior, concluyó que el juez constitucional no podía
desconocer que la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca está acorde con el precedente actual y que el defecto por
desconocimiento de las decisiones judiciales solo se puede predicar de las
decisiones vigentes.

1.8. Impugnación

30. La apoderada de la parte actora presentó escrito de impugnación en el que
reiteró que la sentencia censurada está viciada del desconocimiento del
precedente que planteó en el escrito de tutela. Expuso que el a quo
constitucional aceptó y reconoció que la tesis jurisprudencial vigente para el 30
de abril de 2021 era la de que para los administrados no aplicaba la extensión
de los términos dispuesta en el artículo 62 del Régimen Político y Municipal, no
obstante, le negó la posibilidad de acceder a la justicia por un fallo que salió un
mes después, esto es, el del 27 de mayo de 2021.

31. Apuntó que la Corte Constitucional ha aclarado que las autoridades
judiciales están atadas al precedente vigente al momento de proferir el fallo y
que así lo dejó consignado en la sentencia SU-354 de 2017.

32. Indicó que no se le puede imponer la carga de soportar el cambio de un
precedente que no estaba vigente para el momento de la fecha en la que la
autoridad judicial accionada profirió la decisión que cuestiona, e iteró que esta
desconoció la tesis vigente.

33. Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión del a quo y se amparen
sus derechos fundamentales.

1.9. Trámite de segunda instancia

34. Mediante auto del 4 de abril de 2022 el magistrado ponente vinculó como
terceros con interés al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

35. Los sujetos vinculados como terceros con interés en la segunda instancia
guardaron silencio, pese a ser debidamente notificados.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

36. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
sociedad Lab Brands S.A.S. contra la sentencia de primera instancia proferida
el 3 de marzo de 2022, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

37. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

38. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

39. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

40. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.

41. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

42. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda3.

43. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
sociedad Lab Brands S.A.S. fungió como demandante dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N.° 76109-33-31-
002-2013-00197-01 y, por tanto, es la titular de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia que
reclama. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio del núcleo esencial de
las prerrogativas presuntamente transgredidas.

44. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, en tanto que dictó la
sentencia del 30 de abril de 2021 dentro del proceso ordinario referido, la cual
se cuestiona por esta vía.

2.3. Problema jurídico

45. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y la intervención allegada en el trámite
del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o revoca el
fallo del 3 de marzo de 2022 en el que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó el amparo solicitado por no encontrar configurados los defectos
invocados, con base en los siguientes cuestionamientos:

 ¿Se supera el estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la
acción de tutela en el sub lite? De ser afirmativa esta respuesta, se
deberá analizar si, ¿resultaron vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia
de la sociedad Lab Brands S.A.S., con ocasión de la sentencia del 30 de
abril de 2021 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, proferida
dentro del expediente N. ° 76109-33-31-002-2013-00197-01?

46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de cara al
sub-lite y de superarse, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra

3 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de

2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales6.

48. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

49. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera
conjunta con los requisitos especiales.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del

2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

50. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de
los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que,
de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara
improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

51. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la
Sección analizará la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez,
cuando se invoca el defecto procedimental absoluto se estudiará que la
irregularidad procesal tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna. En este mismo sentido, la sala ha establecido que para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

52. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

53. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra
superado, por cuanto, la parte actora cuestiona la sentencia del 30 de abril de
2021 en la que se revocó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Buenaventura, y en su lugar, se negaron sus pretensiones
de nulidad y restablecimiento del derecho, e indica que con dichas decisiones
se le desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia.

54. En igual sentido, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que
el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión.

55. En efecto, la parte actora cuestiona la citada decisión, porque estima que
adolece de defecto sustantivo porque se le hizo extensivo el artículo 62 de la
Ley 4 de 1913 y que esa interpretación desconoce 3 sentencias de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en las que se aclaró que el beneficio otorgado en
esa disposición opera para los administrados y no para la administración.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

56. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la violación o
amenaza de garantías superiores, que después de haber agotado el
procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su
protección, se acuda al mecanismo constitucional establecido para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

57. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, su
eficacia y la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso, y por
ende, el asunto está revestido de relevancia constitucional.

2.5.2. Tutela contra tutela

58. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de
la presente acción constitucional se cuestiona la sentencia del 30 de abril de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N. °
76109-33-31-002-2013-00197-01.

2.5.3. Inmediatez

59. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente
a la ejecutoria (art. 30210 CGP) de la decisión cuestionada, toda vez que la
providencia enjuiciada, que corresponde con la que resolvió la segunda
instancia del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho N. ° 76109-
33-31-002-2013-00197-01, se profirió el 30 de abril de 2021 y se notificó el 16
de junio siguiente.

60. Así, la Sala considera razonable el término transcurrido entre la providencia
debatida y la presentación de la solicitud de amparo, aun sin establecer la fecha
de ejecutoria, dado que la acción constitucional se radicó vía correo electrónico
el 9 de diciembre de 2021.

61. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de

10 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando

no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

200512, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

62. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la sentencia censurada resolvió el
recurso de apelación que era el único que procedía contra el fallo de primera
instancia.

63. Asimismo, frente a los argumentos de la sociedad accionante, se advierte
que no es procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues
los motivos que lo sustentan no se encuadran en los requisitos y causales
establecidos en la ley, y por otro, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, en la medida que en la situación bajo estudio no se cumplen los
presupuestos previstos en los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021.

64. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se sigue con el estudio de los cargos propuestos en la tutela
de cara a la impugnación.

2.6. Caso concreto

65. La sociedad Lab Brands S.A.S. aludió que la sentencia del 30 de marzo de
2021 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se revocó la
decisión que había accedido a sus pretensiones, para en su lugar negarlas,
está viciada de defecto sustantivo. Indicó que al término dispuesto en el artículo
131 del Decreto 2685 de 1999 no se le puede hacer extensiva la interpretación
sobre la contabilización de los términos dispuesta en el artículo 62 del Régimen
Político y Municipal.

66. A partir del mismo cargo, adujo que se desconocieron las sentencias del 12
de noviembre de 2015 (exp. 25000-23-27-000-2012-00363-01), del 13 de
septiembre de 2012 (exp. 66001-23-31-000-2008-00043-01) y del 5 de abril de
2018 (exp. 76001-23-31-000-2010-00394-01), en las que se estableció que
cuando los términos finalicen en día inhábil o feriado no se extenderá el plazo

12 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

hasta el día hábil siguiente si esta interpretación favorece a la administración y
va en desmedro de los administrados.

67. En el fallo del 3 de marzo de 2022 el a quo encontró que no se configuraron
los defectos alegados. Concluyó que se aplicó acertadamente el artículo 62 del
Régimen Político y Municipal y no se incurrió en desconocimiento de
precedente invocado, porque, si bien anteriormente la Sección Cuarta mantenía
la postura de que la postura contenida en esa norma respecto al conteo de los
términos que culminan en día inhábil sólo se aplica a en beneficio de los
administrados, lo cierto es que el criterio se modificó en virtud de la sentencia
del 27 de mayo de 2021.

68. Como se plasmó en los antecedentes de este proveído, la sociedad actora
impugnó la sentencia de primera instancia porque consideró que el juez
constitucional pasó por alto que la sentencia del 27 de mayo de 2021 en la que
se modificó el criterio, no se le podía aplicar a su asunto porque éste se definió
en segunda instancia con anterioridad a que el órgano de cierre cambiara la
postura que se venía manejando, dado que el fallo que cuestiona por esta vía
data del 30 de abril de 2021

69. En ese orden, se advierte que la parte actora le da cause a su impugnación
a partir del defecto por desconocimiento de precedente, porque itera que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió aplicar las tesis dispuestas en
las sentencias del 13 de noviembre de 2012, 12 de noviembre de 2015 y 5 de
abril de 2018. Adicionalmente, afirma que contrario a lo que sostuvo el juez
constitucional de primera instancia, no se le podía aplicar la tesis del 27 de
mayo de 2021 por ser posterior a la decisión que cuestiona.

70. De ese modo, pasará la Sala a exponer teóricamente el defecto por
desconocimiento de precedente, para luego desarrollar el sub judice.

2.6.1. Desconocimiento del precedente

71. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente13. Este se sintetiza en los siguientes términos:

(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al
juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por
guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y
respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al
operador jurídico a fallar en determinado sentido (…).14 (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19

de febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

72. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso
nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos
y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente15.

73. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos16 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la
cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

74. Descendiendo al desarrollo del cargo, se considera pertinente poner de
presente que la sentencia del 27 de mayo de 2021 dirimió un asunto similar al
que se debate en esta oportunidad y aclaró que al Estatuto Tributario no le eran
aplicables las normas sobre el conteo de los términos previstas en el Código de
Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, porque estas se referían
a los plazos en el marco de actuaciones judiciales. Sin embargo, el Régimen
Político y Municipal dispone en su artículo 1:

La legislación relativa al ejercicio de las facultades constitucionales de los
poderes legislativo y ejecutivo; a la organización general de los
departamentos, provincias y municipios; a la atribuciones de los
empleados o corporaciones de estas tres últimas entidades; a las
atribuciones administrativas del ministerio público, y a las reglas generales
de administración, constituye el régimen político y municipal.

75. Lo anterior, implica para la Sala de la Sección Cuarta que las normas allí
dispuestas sí cobijan las actuaciones administrativas y, además, no hace
distinción en cuanto a los sujetos a quienes se les aplican sus disposiciones.

76. Ahora bien, el artículo 62 de la norma citada dispone:

ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos
oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de
expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el
calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el
plazo hasta el primer día hábil.

15 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
16 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

77. Sobre su aplicación al Estatuto Tributario, la sala de la Sección Cuarta
explicó en la sentencia del 27 de mayo de 202117, lo siguiente:

Se tiene entonces, como primera conclusión, que es una norma de
carácter general y, por tanto, no se trata de una norma de contenido
tributario.

Ahora, de la literalidad de la norma transcrita anteriormente, se
desprenden dos premisas: (i) esta disposición aplica para los plazos
señalados en las leyes y en actos administrativos, y como se expuso
anteriormente, no es aplicable únicamente en materia tributaria y (ii) no
distingue los sujetos a quienes cobija esta norma, es decir, no señala que
el conteo del plazo esté dirigido a alguien en particular, bien sea el
administrado o la administración.

Se tiene que la norma indica cómo deben contabilizarse los días, meses y
años, estableciendo una excepción para estos dos últimos cuando el plazo
dispuesto en la ley termine en un día feriado o de vacante. Sin embargo,
de la misma no se desprende que exista algún sujeto que no pueda hacer
uso de la excepción.

No se desconoce, que lo pretendido con el precedente era brindarle una
garantía al administrado, pero dicha conclusión no se deriva de la
interpretación de esta norma.

Nótese que los términos o plazos constituyen una garantía procesal, son
expresos, e inmodificables y no admiten interpretación distinta a la que se
deduce de su tenor literal (sentencia del 12 de mayo de 2000, exp. 9733,
C.P. Germán Ayala Mantilla) y cuando se habla de garantía procesal no
significa que se trate de una interpretación beneficiosa para una de las
partes en particular, sino que, en aplicación del derecho al debido proceso
y el principio de seguridad jurídica, las partes conozcan las reglas que
deben observarse en el procedimiento, en este caso administrativo.

Igualmente, no puede perderse de vista que de conformidad con el artículo
27 del Código Civil, cuando la ley es clara no debe desconocerse su tenor
con el pretexto de consultar su espíritu. En este caso, la norma es clara y,
aún en el eventual caso de no considerarla así, no puede dársele una
interpretación “garantista” para el administrado y restrictiva para la
administración, cuando tal disposición no regula una relación jurídica en
particular, mucho menos una relación contribuyente – fisco.

Se tiene entonces, que no existe un fundamento legal para realizar un
trato diferenciador entre el administrado y la administración y, por tanto, no

17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de mayo de 2021. Exp. 66001-23-33-

000-2015-00301-01. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

es de recibo que solo el administrado pueda hacer uso de esta excepción
– extendiendo así el término legal – y que cuando sea la administración la
que realice algún tipo de actuación no pueda acogerse a la norma, lo que
implica que los términos se vean disminuidos, términos que en su mayoría
también tienen el carácter de preclusivos18.

78. En este punto, aclara la Sala que si bien es cierto que en algunas
decisiones anteriores a la del 27 de mayo de 2021 la Sección Cuarta establecía
que si el conteo de términos dispuestos en el Estatuto Tributario fenecía en día
inhábil o feriado no se extendía el plazo y no se aplicaba el art 62 del Régimen
Político y Municipal porque esa norma se creó como una garantía para los
administrados; este juez constitucional encontró que había disparidad de
criterios porque en otras sentencias de la Sección de cierre, se establecía sobre
el tema que :

Ni el Estatuto Tributario o el Código Contencioso Administrativo, contienen
una regulación sobre la forma de contabilizar los términos, por lo que
resulta pertinente, remitirse al Código de Régimen Político y Municipal-
CRPM.

El artículo 120 del Código de Procedimiento Civil dispone que: "Todo
término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de
la providencia que lo conceda." Esta disposición se refiere
específicamente a la notificación de las providencias dentro de los
procesos judiciales, diferente a la de los actos administrativos, dejando en
claro el momento que permite tener certeza sobre el inicio de la
contabilización del plazo otorgado, para esos eventos. Por su parte, las
reglas establecidas en el Código de Régimen Político y Municipal, se
aplican "en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las
leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las
mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa" (art. 59)

Los artículos 59 y siguientes del Código de Régimen Político y Municipal
contienen normas generales sobre la forma de contabilizar los términos
establecidos en las leyes y demás actos oficiales, que para el caso de los
plazos fijados para actuaciones de los procesos administrativos, se aplican
preferentemente frente a las específicas de otros procesos19. (énfasis de
la Sala).

18 Cursiva del texto original, subrayado de la Sala.

19 Sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 25000232700020020147701. M.P. Ligia López
Díaz. Esta sentencia fue reiterada por la Sala en otras oportunidades tales, como sentencia del
25 de marzo de 2010, exp. 25000232700020070001901 y del 31 de marzo de 2011, exp.
25000232700020080006101, ambas con ponencia de la consejera Martha Teresa Briceño de
Valencia; sentencia del 24 de octubre de 2013, exp.
25000232700020110002301 M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; sentencia del 5 de marzo
de 2015, exp. 25000232700020110002101 M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, entre
otras.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

79. Así las cosas, el estudio que realizó el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la sentencia del 30 de abril de 2021 no sólo se acompasa con la
postura que definió la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la materia el 27
de mayo de 2021, sino que compartió una de las tesis que manejó el órgano de
cierre incluso para la fecha de ocurrencia de los hechos. Máxime si se tiene en
cuenta que uno de los fallos que se cita como desconocido en el escrito de
tutela, específicamente el del 5 de abril de 2018, proferido por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado dentro del expediente 76001-23-31-000-2010-00394-01,
uno de los magistrados que integraron esa Sala de Decisión salvó el voto, con
fundamento en la tesis de que cuando el término vence en día inhábil se
extiende hasta el hábil siguiente.

80. Se pone además de presente que para fundamentar el fallo cuestionado, la
autoridad judicial accionada tomó la sentencia SU-498 de 2016 de la Corte
Constitucional que aunque estudio el conteo de los términos en materia judicial,
manifestó de forma general al respecto que “la regla del artículo 62 de la Ley 4ª
de 1913 atiende a la previsibilidad del día hábil”. Se recuerda que la norma no
excluye de su ámbito de aplicación a ningún sujeto y que la disposición que la
accionante invocó en la demanda ordinaria, esto es, el artículo 121 del Código
de Procedimiento Civil, hoy artículo 118 del Código General del Proceso rige
para los asuntos judiciales según su tenor literal.

81. Lo anterior implica que la autoridad judicial accionada al adoptar la decisión
que se debate aplicó uno de los criterios de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en procura de la defensa del derecho a la igualdad y en ejercicio de la
autonomía judicial de la que están revestidos los jueces.

82. Se precisa que, aunque para el momento en el que se dictó la sentencia del
30 de abril de 2021 no había sido proferido el fallo del 27 de mayo del mismo
año, en el que la Sección Cuarta fijó una postura unánime sobre el conteo de
los términos del Estatuto Tributario que vencen en día inhábil, y por ello, no se
puede afirmar que era el criterio aplicable como lo indicó el a quo; lo cierto es
que no había una línea pacífica sobre el tema y si bien en las sentencias del 13
de septiembre de 2012, del 12 de noviembre de 2015 y del 5 de abril de 2018
se acogió la tesis que defiende la parte actora, lo cierto es que otras
providencias del órgano de cierre en la materia que datan de las mismas
fechas, sostenían la postura que se rectificó en el proveído del 27 de mayo.

83. En suma, corresponde confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2022 en la
que la Sección Cuarta que negó las pretensiones de la presente acción de
tutela y aplicó, en ejercicio de su autonomía judicial, una de las posturas
vigentes sobre el conteo de términos en materia tributaria cuando fenecen en
días inhábiles o feriados y negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados, dado que no se demostró configurado el defecto por
desconocimiento de precedente invocado.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lab Brands S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11404-01

2.7. Conclusión

84. Con base en lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia
del 3 de marzo de 2022 que negó las pretensiones de la solicitud de amparo
porque la decisión adoptada el 30 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca aplicó de forma acertada y conforme a una
postura vigente del órgano de cierre en la materia, el artículo 62 de la Ley 4 de
1913.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2022 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.