Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11407-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11407-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11407-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
1 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2021-11407-011
Actora : Unión Temporal Bucaramanga
Demandados : Magistrados de la subsección A de la sección tercera del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional
fundamental al debido proceso
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la demandante contra
la sentencia de 3 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(subsección A de la sección segunda), que declaró improcedente la acción de
tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La Unión Temporal Bucaramanga, por
conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de su derecho constitucional fundamental al debido proceso,
presuntamente quebrantado por los señores magistrados de la subsección A de
la sección tercera del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 10 de
septiembre de 2020, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección A de
la sección tercera) revocó el de 5 de junio de 2014, con el que el Tribunal
Administrativo de Santander desestimó las excepciones opuestas por el
municipio de Bucaramanga y dispuso seguir adelante con la ejecución de la
obligación reclamada en el trámite ejecutivo surtido contra este ente territorial
(expediente 68001-23-31-000-2005-02536-00), para (i) declarar probadas las
de cumplimiento de lo pactado e «inexistencia del [deber] de reconocer y
pagar […] suma alguna por concepto de indemnización […] a título de lucro
cesante», y (ii) terminar esas diligencias; en su lugar, se ordene a las
autoridades accionadas que emitan una nueva providencia en la que
confirmen la de 5 de junio de 2014.
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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
1.2 Hechos. Relata la accionante que el 16 de octubre de 2003 celebró el
contrato de obra 117 con el municipio de Bucaramanga (cuyo objeto consistía
en la recuperación de la maya vial), el 28 de mayo de 2004 firmó el acta de
recibo final y el 8 de julio siguiente suscribió la liquidación del negocio
jurídico, documento en el que se consignó que el ente le adeudaba
$1.014ʼ965.000, monto que le pagaría con un lote «ubicado en la vía
palenque», identificado con cédula catastral 01-04-002-002-00.
Que, como no se le trasfirió el dominio del predio, instauró demanda
ejecutiva contra la entidad territorial (expediente 68001-23-31-000-2005-
02536-00), encaminada a obtener el cumplimiento de la referida obligación y
el pago de los respectivos perjuicios, asunto del que conoció el Tribunal
Administrativo de Santander, que el 18 de marzo de 2011 libró mandamiento
de pago y el 5 de junio de 2014 (i) declaró infundadas las excepciones
opuestas por el allí demandado, (ii) ordenó seguir adelante con la ejecución,
(iii) dispuso la liquidación del crédito y (iv) condenó en costas a la parte
vencida.
Dice que contra la última de las providencias señaladas en el párrafo
precedente, el ejecutado interpuso recurso de apelación2, desatado el 10 de
septiembre de 2020 por el Consejo de Estado (subsección A de la sección
tercera), en el sentido de revocarla, para en su lugar (i) declarar probadas las
excepciones de cumplimiento de la obligación e «inexistencia del [deber] de
reconocer y pagar […] suma alguna por concepto de indemnización […] a
título de lucro cesante» y (ii) terminar esas diligencias.
Que las autoridades accionadas consideraron que la Administración, a través
de escritura pública 797 de 1º de julio de 2005, le trasfirió el inmueble sobre
el cual se pactó el contrato de obra 117 de 16 de octubre de 2003, pero como
no la firmó dentro de los dos (2) meses siguientes, pese a que estuvo a su
disposición en la Notaría Única de Girón, «no fue autorizada».
Sostiene que no suscribió el aludido documento porque en él no se hizo
referencia a las empresas que la integran y el inmueble no contaba con paz y
salvo por concepto de impuesto predial, aspectos que para los magistrados
demandados resultaron irrelevantes, en razón a que pudo reclamar del
ejecutado o del respectivo notario la corrección de las presuntas
2
Omite señalar los argumentos planteados en la alzada.
2
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Actora: Unión Temporal Bucaramanga
irregularidades, sin embargo, esta postura desconoce que la encargada de
subsanarlas era el ente territorial, por contar con un «equipo de juristas» cuyo
deber es garantizar el cumplimiento de los negocios jurídicos.
Que la providencia acusada (i) inobservó el principio del derecho consistente
en que nadie puede beneficiarse de su propia culpa, puesto que, a pesar de que
el municipio de Bucaramanga no agotó el trámite notarial pertinente para
transferirle el bien, se vio favorecida por esa omisión, dado que es titular de
aquel, y (ii) incurre en defecto fáctico, por cuanto no advirtió que los
elementos de convicción demostraban que frente al lote se debía impuesto
predial y en la escritura pública no se enunciaron las empresas que la
integraban, circunstancias que impidieron firmar la correspondiente escritura
pública.
Afirma que la determinación judicial acusada también comporta defecto
sustantivo, toda vez que desatendió el artículo 1880 del Código Civil, que
prevé que es obligación del vendedor entregar el bien y «sanear[lo]», regla en
virtud de la cual el ejecutado estaba en el deber de adelantar oportunamente
las diligencias necesarias para asegurar la transferencia de la propiedad del
inmueble, pero no lo hizo.
Que aunque la solicitud de amparo se presentó más de seis (6) meses después
de emitirse la sentencia acusada, ello se justifica porque tuvo acceso al
proceso «hasta hace poco», pese a que en varias ocasiones deprecó que se le
permitiera consultarlo.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 El señor alcalde de Bucaramanga3, por conducto del señor asesor
jurídico de la dirección de tránsito municipal, indica que carece de
legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que en el escrito inicial
no se le atribuyó vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
invocados, situación que impone desvincularlo de este trámite constitucional,
máxime cuando los presuntos responsables de la afectación de garantías
superiores son los señores magistrados que dictaron la providencia censurada.
3
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 14 de diciembre de 2021, al presente asunto
constitucional, en condición de tercero interesado.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
1.3.2 Los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del
Consejo de Estado, por intermedio del ponente del fallo atacado, piden
declarar improcedente la acción de tutela, comoquiera que no colma la
exigencia de inmediatez, pues se formuló más de seis (6) meses después de
notificarse la decisión y la justificación de la tardanza carece de asidero
jurídico.
Que este asunto no tiene relevancia constitucional, en razón a que en la
sentencia cuestionada se expusieron argumentos jurídicos razonables y se
valoraron en debida forma las pruebas allegadas al expediente 68001-23-31-
000-2005-02536-00. Además, las aseveraciones planteadas en la solicitud de
amparo son las mismas desestimadas en la providencia enjuiciada, de lo que
se colige que se emplea como una tercera instancia, con desconocimiento de
su naturaleza excepcional.
Aduce que la correspondiente escritura pública fue suscrita por la tutelante el
22 de octubre de 2008, motivo por el cual ya es propietaria del inmueble que
pactó en el contrato de obra 117 de 16 de octubre de 2003, y no es dable
acceder a la indemnización de los perjuicios derivados de la tardanza en
transferirle el dominio del bien, porque ocurrió en razón a su negativa de
firmar la escritura pública en el 2005 ante la Notaría Única de Girón.
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (subsección A de la
sección segunda), mediante sentencia de 3 de febrero de 2022, declaró
improcedente la acción de tutela, toda vez que no satisface el requisito de
inmediatez, por cuanto entre la notificación del fallo acusado y la
presentación de aquella trascurrió más de un (1) año, interregno que supera
ampliamente el fijado en la jurisprudencia de esta Corporación como el
razonable para controvertir decisiones judiciales a través de este mecanismo
constitucional.
Que si bien es cierto que la actora pidió acceso al expediente 68001-23-31-
000-2005-02536-00, también lo es que ello aconteció cuatro (4) meses
después de comunicársele la determinación judicial atacada. Adicionalmente,
el amparo se formuló más de cinco (5) meses después de permitírsele la
consulta de las diligencias, lapsos que denotan negligencia.
1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la
impugnó, con fundamento en las mismas aseveraciones consignadas en el
escrito inicial, a las que agrega que el presupuesto de inmediatez debió ser
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Actora: Unión Temporal Bucaramanga
estudiado en el auto admisorio de la tutela y, en todo caso, reitera que no pudo
presentarla dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la
providencia censurada, en razón a la tardanza de autorizarle el acceso al
expediente.
Que la aludida exigencia de procedibilidad de la solicitud de amparo debe
analizarse conforme a las circunstancias del caso concreto, pues, como lo ha
dicho la Corte Constitucional4, no es dable aplicar un plazo de manera
irrestricta, premisa que desatendieron las autoridades accionadas.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 325 del Decreto ley 2591 de
19916 y 257 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de
la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 10 de septiembre de 2020,
4
Sentencias (i) SU-961 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; (ii) T-37 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio; y (iii) SU-499 de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
6
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
7
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
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«Reglamento interno del Consejo de Estado».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
por cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera)
revocó la de 5 de junio de 2014, con la que el Tribunal Administrativo de
Santander desestimó las excepciones opuestas por el municipio de
Bucaramanga y dispuso seguir adelante con la ejecución dentro del trámite
ejecutivo surtido por la tutelante contra este ente territorial (expediente
68001-23-31-000-2005-02536-00), para (i) declarar probadas las de
cumplimiento de la obligación e «inexistencia del [deber] de reconocer y
pagar […] suma alguna por concepto de indemnización […] a título de lucro
cesante», y (ii) dar por terminadas esas diligencias; y, en caso afirmativo, si
se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud
de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
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solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de
disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias,
cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia
de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos11.
2.5 Caso concreto. En el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración
del derecho fundamental al debido proceso de la actora; (ii) contra el fallo
acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior y (iv) la
providencia acusada no decidió una acción de tutela.
Ahora bien, para dilucidar si en el asunto sub examine se colma la exigencia
de inmediatez, se advierte que la determinación judicial atacada12 quedó
ejecutoriada el 26 de octubre de 2020 y la solicitud de amparo se presentó el 7
de diciembre de 2021, esto es, un (1) año, un (1) mes y once (11) días
después. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 201013,
sostuvo:
[…] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza
cautelar de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término
oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la
afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce
un daño palpable”14. Ese “plazo razonable” es consustancial a las
regulaciones procedimentales de la acción de tutela y determina en gran
medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar
respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la
Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un
proceso sumario y expedito en el tiempo. […]. Incluso, la real
configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en
duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado
alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó”15.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
12
Notificada electrónicamente el 21 de octubre de 2020.
13
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
9
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Actora: Unión Temporal Bucaramanga
Asimismo, el alto tribunal constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico
no establece expresamente un plazo dentro del cual se deba incoar la solicitud de
amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar, en
atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción
fue interpuesta en un lapso razonable. Sobre este punto, afirmó:
La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si
bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro
del cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos
fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración,
cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la
ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los
derechos.
La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al
juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez
o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se
torna improcedente16.
En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-
01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-
administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.
En ese fallo esta Corporación dijo:
[…] Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar
la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la
acción se interpuso en un plazo razonable.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica
que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas
diferentes sobre este aspecto17.
16
Corte Constitucional, sentencia T-518 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17
La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es
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Actora: Unión Temporal Bucaramanga
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en
cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión
judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.
Cabe advertir que la accionante arguye que la tardanza en instaurar la tutela se
causó por la demora en autorizársele el acceso al expediente 68001-23-31-
000-2005-02536-00, pues se le permitió hasta «junio de 2021», pese a que
desde febrero de ese año lo había deprecado.
Al analizar los documentos obrantes en este trámite constitucional, la Sala
evidencia que el 9 de febrero, 3 de mayo y 21 de junio de 2021 la demandante
pidió del Tribunal Administrativo de Santander le suministrara el enlace
virtual en el que reposaba el precitado asunto judicial, lo que aconteció en
«junio de 2021». No obstante, si bien es cierto que pudo consultar las
diligencias tiempo después de la primera solicitud, también lo es que ese
aspecto no incide en el requisito de procedibilidad de inmediatez, dado que
como la sentencia acusada se le notificó el 21 de octubre de 2020, se presume
que ese día la conoció, por tanto, fue a partir de ese momento en que pudo
detectar los presuntos defectos en los que incurría, a su juicio, y ponerlos de
presente, por conducto de la tutela, dentro de los seis (6) meses siguientes.
Se aclara que aunque el acceso al expediente 68001-23-31-000-2005-02536-
00 se le permitió a la accionante, según dice, hasta junio de 2021, no se
observa que ello le impidiera formular el escrito de amparo en el aludido
interregno, porque, además de que los argumentos que expuso en él son los
mismos desestimados en la providencia acusada18, en esta se enunciaron y
de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela
contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han
fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses.
18
Consistentes en que no estaba en la posibilidad de firmar la escritura pública en el 2005, porque en ella no
se hizo referencia a las empresas que la integran y el inmueble objeto del contrato de obra 117 de 16 de
octubre de 2006 no contaba con paz y salvo por concepto de impuesto predial.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
examinaron los elementos de convicción obrantes en dicha acción ejecutiva,
por ende, se asume que con la lectura de aquella (que se adjuntó a la
notificación realizada el 21 de octubre de 2020) era dable determinar si las
deducciones probatorias de las autoridades accionadas podrían considerarse
arbitrarias o no, máxime cuando se presume que conoció las pruebas durante
el curso del trámite ejecutivo.
Asimismo, en el escrito inicial no se identifica argumento alguno que solo
pudiere plantearse luego de que la actora consultara las diligencias, pues los
fundamentos fácticos y jurídicos relacionados en aquel, se reitera,
corresponden a cuestiones estudiadas y desestimadas en el fallo acusado.
En ese orden de ideas, el hecho de que la tutelante no haya podido examinar
de manera oportuna el expediente 68001-23-31-000-2005-02536-00, no le
impedía promover la tutela dentro de los seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia acusada, por cuanto la conoció el 21 de octubre
de 2020 y es esa decisión, en últimas, la fuente de la presunta trasgresión del
derecho constitucional fundamental invocado en la solicitud de amparo.
Adicionalmente, la actora solo pidió acceso al expediente digital casi cuatro
(4) meses después de notificársele el fallo acusado y presentó la petición de
amparo después de que pasaran más de cinco (5) meses desde cuando
consultó esas diligencias, lapsos que comportan desatención de la regla
jurisprudencial según la cual la protección de derechos constitucionales
fundamentales debe deprecarse prontamente.
Por otra parte, la demandante indica que la inmediatez debió analizarse en la
auto admisorio de la tutela, afirmación que carece de asidero jurídico, toda
vez que esa exigencia de procedibilidad no está consagrada en el artículo 1419
del Decreto ley 2591 de 1991, por consiguiente, tal cuestión debe estudiarse
en la sentencia, cuanto más si involucra un examen de las circunstancias
fácticas del caso concreto que no es dable efectuar en el referido proveído.
19
«En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la
motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere
posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias
relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el
derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por
memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de
franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado […]».
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
Por último, se advierte que le asiste razón a la tutelante cuando sostiene que la
jurisprudencia constitucional señala que el término de inmediatez debe
analizarse de acuerdo con las particularidades de la controversia debatida, sin
embargo, en el sub lite la Sala no evidencia una situación excepcional que
justifique la ampliación de los seis (6) meses con los que contaba aquella para
promover la tutela, puesto que, se reitera, tuvo conocimiento de la
providencia acusada con su notificación (21 de octubre de 2020), momento a
partir del cual pudo constatar las presuntas irregularidades que afectaban sus
garantías superiores.
Así las cosas, el interregno de seis (6) meses dentro de los cuales se debe
incoar la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o
medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-
administrativa comporta una regla jurisprudencial, y en el sub lite la actora no
justificó debidamente su omisión de instaurarla en ese lapso, motivo por el
que la Sala encuentra que, como se determinó en primera instancia, el
requisito de inmediatez no se satisface.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las
circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone confirmar
la sentencia impugnada, que declaró improcedente la presente solicitud de
amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 3 de febrero de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) declaró
improcedente la acción de tutela instaurada por la Unión Temporal
Bucaramanga, por las razones expuestas en la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese el presente fallo a la subsección A de la sección segunda de
esta Corporación y remítasele copia.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11407-01
Actora: Unión Temporal Bucaramanga
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
14
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