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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11465-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11465-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: 8 “[…] ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11465-01 Actora: OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, por las razones expuestas la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de 17 de marzo de 2022, el cual quedara así: “[…] SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia de 18 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y ordenar que, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva sentencia conforme a las directrices aquí señaladas […]”. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11465-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11465-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS

TESIS: CONFIRMA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
QUE AMPARÓ EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DE
LA ACTORA, TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA
APLICÓ POR ANALOGÍA UNA NORMA ANTE UN SUPUESTO VACÍO
NORMATIVO, DESCONOCIENDO EL PROCESO ESPECIAL QUE RIGE
LA ACTUACIÓN. MODIFICA EL NUMERAL SEGUNDO DEL FALLO
IMPUGNADO EN EL SENTIDO DE OTORGARLE 40 DÍAS AL TRIBUNAL
PARA PROFERIR LA SENTENCIA DE REEMPLAZO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el Alcalde

del MUNICIPIO DE CABRERA contra el fallo de 17 de marzo de

2022, mediante el cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”-

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11465-01
Actora: OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS

DEL CONSEJO DE ESTADO1, amparó el derecho fundamental al

debido proceso de la actora.

I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS, actuando por intermedio

de apoderado judicial, instauró acción de tutela con el fin de obtener

el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual

consideró vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER2 al haber proferido la providencia de 18 de agosto de

2021, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado

con el número único de radicación 68679-33-33-002-2020-00038-

02.

I.2.- Hechos

Manifestó que el Concejo Municipal del municipio de Cabrera -

Santander, adelantó el concurso de méritos para la elección del

1 En adelante la Sección Quinta.
2 En adelante el TRIBUNAL.

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Actora: OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS

personero municipal para el período 2020-2024, en el cual resultó

elegida, según consta en el acta de sesión plenaria especial núm. 003

de 10 de enero de 2020, protocolizada mediante la Resolución 0004

de 10 de enero de 2020 y suscrita por la mesa directiva de dicha

Corporación.

Indicó que contra dicha decisión, la PROCURADURÍA 17 JUDICIAL

II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA

instauró medio de control de nulidad electoral, aduciendo que el

proceso de elección se tramitó de manera irregular, en tanto que no

concedió cinco días para la inscripción de candidatos; no se garantizó

la reserva de la prueba de conocimientos; el concurso no fue apoyado

por una entidad idónea y, además, porque la Federación Nacional de

Concejos (FENACON) y la Empresa CREAMOS TALENTOS se

excedieron en su rol al ejecutar tareas de supervisión, dirección y

conducción del concurso de méritos.

Señaló que dicho medio de control fue identificado con el núm. único

de radicación 68679-33-33-002-2020-00038-00 y asignado por

reparto al JUZGADO SEGUNDO ADMNISTRATIVO DEL CIRCUITO

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JUDICIAL DE SAN GIL3 que, mediante sentencia de 2 de septiembre

de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad

de los actos administrativos demandados, al encontrar que se

configuró un vicio en el plazo de inscripción de los candidatos, pues

este debió ser, mínimo, de cinco días. Asimismo, señaló que

FENACON y CREAMOS TALENTOS no tenían la idoneidad suficiente

para participar en las tareas para las cuales fueron contratadas.

Adujo que tanto la parte demandante como la demandada,

interpusieron recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue

desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 18 de agosto

de 2021, confirmó la decisión de primer grado, en el sentido de

declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue elegida

Personera del municipio de Cabrera.

Afirmó que el Tribunal declaró la nulidad del acto de elección bajo el

argumento de que existía un vacío legal respecto al plazo de inscripción

en el concurso para proveer el cargo de personero municipal cuando

los encargados de realizar la elección son los cabildos municipales y

distritales, por lo cual ante la ausencia de norma frente al particular

3 En adelante el Juzgado

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se debía aplicar por analogía la regla que rige los concursos de méritos

de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, contenida

en el título 26 del capítulo 2 del Decreto 1083 de 26 de mayo de 20154,

que dispone que el término de inscripción a la convocatoria no podrá

ser menor a cinco días, lo cual no ocurrió en el referido proceso de

selección del personero municipal.

Arguyó que la PROCURADURÍA 17 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA solicitó la adición de la

sentencia para que se resolvieran todos los argumentos de la

apelación formulada por las partes y, que dicha solicitud fue

denegada mediante providencia de 1o. de diciembre de 2021, pues

el TRIBUNAL consideró que no era necesario referirse a más de un

cargo de nulidad.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función

Pública”.

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Actora: OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS

La actora afirmó que la providencia cuestionada vulneró su derecho

fundamental al debido proceso, toda vez que, a su juicio, la autoridad

judicial accionada incurrió en defecto sustantivo.

Adujo que la autoridad judicial accionada efectuó una interpretación

errónea de los supuestos fácticos y jurídicos del caso, por cuanto

fundamentó su decisión en una supuesta irregularidad relacionada

con el plazo de inscripción a la convocatoria por ser menor a cinco

días, desconociendo que la norma aplicable no lo exige, actuación

con la cual introdujo un requisito que no existe a partir de una

interpretación equivocada de la norma, desconociendo así los

diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y los

conceptos emitidos frente al particular por el Departamento

Administrativo de la Función Pública.

Al efecto, sostuvo que mediante el concepto núm. 39401 de 2020, el

Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que el

artículo 2.2.6.14 del Decreto 1083 de 2015, aplica solamente a los

concursos realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero

no para los concursos de los personeros, quienes tienen su propio

título dentro del mismo decreto, el cual generó una confianza legítima

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frente a la legalidad del procedimiento adoptado para la elección del

Personero municipal de Cabrera, Santander.

Agregó que en la providencia cuestionada se presentaron un

salvamento y una aclaración de voto, ambos al considerar que la

analogía aplicada en la ponencia no resultaba procedente, lo que en

últimas, indica que “[…] dos de tres magistrados negaban la

procedencia de la causal de nulidad fundamento de la sentencia de

segunda instancia y por esto habría de haber sido derrotada, pero

sin entenderse, al menos por el suscrito, la ponencia obtuvo mayoría

cuando uno de ellos votó afirmativamente, asumimos, porque

entendía que otra o alguna de las otras causales propuestas en la

demanda, diferentes al termino de inscripción, habría de prosperar.

Lo extraño es que ninguna de las otras causales fue propuesta,

examinada ni debatida en sala por lo que, entendemos, este voto se

expidió irregularmente al no surgir del análisis de las pruebas

obrantes en el expediente sino de la convicción íntima y personal del

honorable magistrado […]”.

I.4.- Pretensiones

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La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de su derecho

fundamental al debido proceso y el juez a quo interpretó que lo

pretendido por la demandante es que se deje sin efectos la sentencia

proferida el 18 de agosto de 2021, mediante la cual el Tribunal

confirmó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de los

actos administrativos de elección como personera del municipio de

Cabrera, Santander.

I.5. Defensa

I.5.1.- El MUNICIPIO DE CABRERA - SANTANDER se opuso a la

prosperidad de las pretensiones de la acción constitucional de la

referencia, aduciendo que en el presente asunto no se estructura

ninguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales.

Sostuvo que en el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de

Conocimiento de Bucaramanga cursó una acción de tutela instaurada

por la aquí tutelante contra el Alcalde y el Concejo municipal de

Cabrera, en la cual solicitó la nulidad del acto administrativo

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mediante el cual fue removida del cargo de personera y se nombró a

su reemplazo.

Afirmó que dicha acción de tutela fue resuelta mediante providencia

de 27 de diciembre de 2021, mediante la cual se declaró la

improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de

subsidiariedad, ante la existencia de otro medio de defensa judicial,

esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

para que se declarara la nulidad del acto administrativo cuestionado.

I.5.2.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la presente

acción de tutela, por cuanto incumplía con el requisito de

subsidiariedad y no se habían vulnerado los derechos fundamentales

de la tutelante y lo pretendido por aquella era reabrir un debate

judicial que se encuentra debidamente clausurado.

I.5.3.- La PROCURADURÍA DIECISIETE JUDICIAL II PARA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA, actuando

por conducto de su titular, solicitó que se rechace por improcedente

la tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de

subsidiariedad.

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Señaló que la parte accionante pretende reabrir un debate de

legalidad que ya se agotó en las instancias procesales del medio de

control de nulidad electoral, por lo que el mecanismo de amparo no

está contemplado para cuestionar lo ya decidido por el juez natural

de la causa.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 17 de marzo de 2022, la SECCIÓN SEGUNDA

amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora y dejó

sin efectos la sentencia de 18 de agosto de 2021.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

sustantivo, toda vez que decretó la nulidad de la elección con

fundamento en una supuesta irregularidad relacionada con el plazo

de inscripción a la convocatoria por ser menor a cinco días,

desconociendo que la norma especial aplicable al caso concreto, esto

es, el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083 de 2015, no lo

exigía.

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Afirmó que el Tribunal decidió llenar el supuesto vacío de la norma

especial con los parámetros previstos en el título 6 del Decreto 1083

de 2015, que hace referencia a los concursos adelantados por la

Comisión Nacional del Servicio Civil, que exigen que el término de

inscripciones no puede ser inferior a cinco días, sin embargo,

consideró que con dicha interpretación excedió el marco

competencial del juez natural de la causa que, en sede de nulidad

electoral, introdujo un requisito que la ley no estableció para el

concurso de personeros.

Señaló que contrario a lo manifestado por la autoridad judicial

accionada, no existía un vacío normativo que debía llenarse por

analogía con normas que regulan otras materias, pues lo cierto era

que, esa autoridad excedió los límites de razonabilidad al interpretar

la norma, creando con ello requisitos que esta no dispuso, en

quebranto del principio de legalidad que gobierna dicho proceso.

Indicó que aparentemente dicha postura fue aprobada por el Tribunal

de manera mayoritaria con dos a favor con una aclaración y uno en

contra, sin embargo, la decisión realmente no fue acompañada por

los dos magistrados que conformaron la Sala de Decisión junto al

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magistrado ponente, pues lo que se desprendía de la aclaración de

voto era una clara e inequívoca inconformidad con dicha

interpretación que evidenciaba la ausencia de una decisión colegiada,

con fundamentos jurídicos suficientes que la soportaran, máxime,

teniendo en cuenta que no fueron abordados los demás argumentos

propuestos en el recurso de apelación en el proceso de nulidad

electoral.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El Alcalde del MUNICIPIO DE CABRERA interpuso recurso de

impugnación en el que solicitó que se revoque la decisión de primera

instancia y, en su lugar, se declare la improcedencia de la acción de

tutela ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales.

Señaló que la decisión controvertida se encuentra ajustada a derecho

de conformidad con el margen legítimo de interpretación de las

normas aplicables al caso, tal y como se desprende de la autonomía

judicial que otorga la Carta Política.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó un análisis que no

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excedió el marco de sus competencias como juez natural de la causa

en sede de nulidad electoral, pues efectuó una interpretación

sistemática de las normas aplicables al caso, sin incurrir en

razonamientos desproporcionados o irracionales, pues hubo

congruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión.

Resaltó que no se configuró el defecto sustantivo endilgado, toda vez

que la norma aplicada no es inconstitucional, respeta el margen

legítimo de interpretación de las normas aplicables al caso y,

además, reglamenta la función pública.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

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la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

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Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría

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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

providencia de 18 de agosto de 2021, proferida por el

TRIBUNAL, mediante la cual confirmó el fallo que declaró la nulidad

de los actos administrativos mediante los cuales fue elegida como

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personera del municipio de Cabrera, para el periodo 2020-2024,

dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el

número único de radicación 68679-33-33-002-2020-00038-02.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de su

derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a su

juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo,

toda vez que decretó la nulidad de su elección con fundamento en

una supuesta irregularidad relacionada con el plazo de inscripción a

la convocatoria por ser menor a cinco días, desconociendo que la

norma especial aplicable al caso concreto no lo exige.

Afirmó que la autoridad judicial accionada introdujo un requisito que

no existe a partir de una lectura equivocada de la norma, la cual

tiene, por el contrario, respaldo a partir de varios conceptos del

Departamento Administrativo de la Función Pública e incluso de

algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 17 de marzo de

2022, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora,

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en razón a que en la sentencia cuestionada se configuró un defecto

sustantivo, puesto que además de crear un requisito de legalidad que

no estaba previsto en la norma que regula el proceso de elección,

carecía de argumentos jurídicos adicionales que permitieran

encontrar sustento en dicha decisión, pues, el Tribunal se sustrajo de

abordar los demás argumentos de nulidad propuestos en el recurso

de apelación.

El Alcalde del MUNICIPIO DE CABRERA en su escrito de

impugnación solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su

lugar, declarar improcedente la presente acción de tutela ante la

ausencia de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que,

a su juicio, la autoridad judicial accionada realizó un análisis que no

excedió el marco de sus competencias como juez natural de la causa

en sede de nulidad electoral, pues efectuó una interpretación

sistemática de las normas aplicables al caso, sin incurrir en

razonamientos desproporcionados o irracionales, existiendo

congruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en la impugnación y establecerá si le asistió razón al juez

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de primer grado al concluir que la autoridad judicial accionada

vulneró el derecho fundamental al debido proceso deprecado e

incurrió en defecto sustantivo, al haber proferido la providencia de

18 de agosto de 2021.

La Sala observa que el TRIBUNAL en la providencia cuestionada,

luego de relacionar los argumentos expuestos por las partes en el

recurso de apelación, afirmó que la decisión de declarar la nulidad de

la elección del personero obedeció a que consideró que, aunque en

el Decreto 1083 de 2015 se hace referencia a la elección de los

personeros, no se estableció un término mínimo para realizar la

inscripción de candidatos, por lo que ello generaba un vacío

normativo que debía llenarse con los parámetros previstos en el

artículo 2.2.6.7 del título 6, relativo a los concursos adelantados por

la Comisión Nacional del Servicio Civil, que exigen que el término de

inscripciones no puede ser inferior a cinco días, como ocurrió en el

asunto bajo examen, así:

“[…] Frente al caso específico del concurso de méritos para
proveer el cargo de personero municipal, se tiene que el titulo 27
del Decreto compilatorio 1083 de 2015 no establece un término
mínimo para la inscripción de candidatos, y a partir de esto, el
Juez de primera instancia consideró que debe aplicarse por

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analogía el contenido y término previsto en el artículo 2.2.6.7,
que es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 2.2.6.7 Inscripciones. Las inscripciones a los
concursos se efectuarán ante las entidades que se hayan
contratado para adelantarlos, utilizando el Modelo de
Formulario Único de Inscripción elaborado por la Comisión
Nacional del Servicio Civil (…)

PARÁGRAFO. El término para las inscripciones se
determinará en cada convocatoria, el cual no 21odrá ser
inferior a cinco (5) días”.

En cuanto a la analogía normativa en el artículo 8 de la Ley 153
de 18887 (sic) indica que “cuando no hay ley exactamente
aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen
casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho”, y por su parte
en sentencia SU 975 de 2003 la Honorable Corte Constitucional
indicó:

[…]

Ahora, en cuanto al vacío normativo – objeto de controversia
-, la Sala se remite al artículo 2.2.27.1 que indica que será́́
elegido Personero Municipal quien supere el proceso de
selección que se encuentra regulado por las etapas previstas
en el artículo siguiente que reza:

“ARTÍCULO 2.2.27.2 Etapas del concurso público de méritos
para la elección de personeros.
El concurso público de méritos para la elección de personeros
tendrá́́ como mínimo las siguientes etapas:

Con fundamento en lo anterior, en sentencia del 28 de julio
de 2021 esta Corporación indicó que se cumplen los
supuestos señalados por la Corte Constitucional para dar
aplicación a la analogía normativa, ya que si bien, existe
normatividad que regula el concurso de méritos para elección
de personeros, discriminando cada una de las etapas, el
contenido de la convocatoria no abarca la regulación del
término para las inscripciones, únicamente contempla, como
lo hacen las demás disposiciones del Decreto 1083 de 2015,
la fecha y hora de las inscripciones, esto es, el inicio del
término para las inscripciones únicamente.

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Lo anterior si se tiene en cuenta el parágrafo del artículo
2.2.67 del Decreto 1083 de 2015. (sic)

En virtud del principio de armonización que se debe
aplicar teniendo en cuenta lo dispuesto en la etapa de
reclutamiento, en consonancia con el de publicidad, la Ley
debe reglar el plazo o término mínimo de inscripciones y a
partir de éste opera la discrecionalidad del Concejo, de lo
contrario, podría la Corporación municipal señalar un término
ínfimo (medio día, un día) lo que no consultaría dichos
principios.

Teniendo en cuenta lo anterior, considera esta Sala de
Decisión que en efecto existe un vacío normativo en el
capítulo que contempla los estándares mínimos del concurso
de méritos para la elección del Personero Municipal, y a partir
de esto, en virtud de la analogía, debe aplicarse la regla
prevista para los demás concursos que regula el citado
estatuto y que contemplan idénticas etapas, en aras de
garantizar el derecho de acceso a los cargos públicos.

Finalmente, y en cuanto al término de la convocatoria de 10
días, la Sala pone de presente que tal situación no puede
subsanar el yerro antes advertido dado que corresponden a
aspecto diferentes del proceso se selección.

Por lo anterior, el recurso de apelación en relación con este
cargo que encontró́́ probado el Juzgado de primera instancia
no tiene vocación de prosperar y en este orden se confirmará
la sentencia apelada.

2. Demás cargos de apelación.

La Sala pone de presente que la motivación precedente
confirma la declaratoria de nulidad del acto de elección por
violación del plazo de inscripción.

En consecuencia, si bien se presentaron reparos por la parte
demandada referentes de la idoneidad de FENACON y
CREAMOS TALENTOS y por la parte actora frente al cargo
que declarado no probado por el A quo en la sentencia
complementaria, se hace innecesario abordar el estudio de
los mismos por sustracción de materia.

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Además, cualquier análisis y decisión sobre los mismos no
modificará la decisión de confirmar la sentencia de primera
instancia […]”.
(Resaltado fuera del texto).

De la providencia transcrita se desprende que la autoridad judicial

accionada afirmó que aunque el parágrafo del artículo 2.2.27.3 del

título 27 del Decreto 1083 de 2015, regula los parámetros mínimos

del proceso de elección de personeros municipales y establece un

término de 10 días que deben mediar entre la publicación de la

convocatoria y la fecha de inscripciones, ello constituye un plazo

indefinido para participar, ya que sobre los demás asuntos no se

estableció ninguna exigencia temporal, por lo que resultaba

imperativamente necesario suplir el supuesto vacío de la norma

aplicando el artículo 2.2.6.7 de la misma, que hace referencia a los

concursos para empleos de carrera que adelanta la Comisión

Nacional del Servicio Civil.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la

SECCIÓN QUINTA de la Corporación, especializada en temas

electorales, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2021 5, en un

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de

15 de diciembre de 2021. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 44001-23–
40-000-2020-00029-01. M.P. Rocío Araujo Oñate.

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asunto con supuestos fácticos y jurídicos similares, precisó que no

era posible aplicar por medio de la analogía, el parágrafo del artículo

2.2.6.7 del Decreto 1083 de 2017, en el proceso de provisión de

cargos de personeros municipales y distritales, toda vez que pese a

que se adelanta a través de concurso público de méritos, ello no

cambia su naturaleza a uno de carrera administrativa, pues los

cabildos municipales y distritales cuentan con autonomía para

establecer una regulación del proceso electoral. Al respecto, en dicha

decisión se señaló:

[…] 2.5.2. El lapso de inscripciones fue inferior al
establecido por el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del
Decreto 1083 de 2017

146. En lo que respecta a este argumento, referido que el
plazo de inscripción fue inferior al mínimo legalmente
previsto, indicaron en que no compartían la conclusión del
tribunal que consideró que no era dable aplicar a los
personeros las normas que regulan los concursos de méritos
adelantados por la CNSC, dado que el artículo 8 de la Ley
153 de 1987, permiten la aplicación analógica de las leyes,
por lo que es viable emplear el parágrafo del artículo 2.2.6.7
del Decreto 1083 de 2017 a la elección que ahora se debate,
ello por cuanto se evidencian similitud de los procesos de
selección de un empleo público y un vacío normativo
respecto del término de inscripciones que se debía emplear
el proceso eleccionario para proveer el cargo del personero
de Uribia.

147. Es pertinente acotar que el título 27 del Decreto 1083
de 2015 regula lo atinente a los parámetros mínimos del
proceso eleccionario de personeros municipales,
reglamentación que en cuanto términos temporales solo en
el parágrafo del artículo 2.2.27.3, estableció un plazo de 10
días que deben mediar entre la publicación de la

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convocatoria y la fecha de inscripciones, situación que
permite determinar que sobre los demás asuntos que no se
contempló ninguna exigencia temporal. Es por ello que la
Honorable Corte Constitucional en la sentencia C- 105 de
2013, en su desarrollo jurisprudencial, creó una regla clara
en la que indica que los concejos municipales, como órganos
de elección, tienen la competencia exclusiva y excluyente
para la determinación de los lineamientos generales de la
forma en que se adelantarán las etapas y parámetros
mínimos del concurso de méritos, siendo responsables de su
dirección en todo momento, lo cual se concreta con la
suscripción y posterior publicación de la correspondiente
convocatoria.

148. Lo anterior indica que los cabildos municipales y
distritales como encargados de realizar la elección para
proveer el empleo de personero, tienen un margen de
discrecionalidad en la realización del mismo, sin embargo, en
las etapas se deberán garantizar los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, libre
concurrencia y publicidad en el proceso de elección.

149. A pesar de la regulación y las actuaciones realizadas
por el concejo de Uribia, los actores en su reproche
pretenden la aplicación del parágrafo del artículo 2.2.6.7 del
Decreto 1083 de 2017, disposición que se encuentra en el
título 6 del mencionado compendio normativo y que se
encarga de regular los procesos de selección y concurso para
proveer los empleos de carrera administrativa. Es por ello
que la Sala precisa en que ello no es aplicable al caso objeto
de debate, en la medida en que el asunto que se aborda, se
trata de un proceso eleccionario que si bien se respeta el
mérito, tiene un carácter especial, en la medida en que la
normatividad solamente, regula unos aspectos mínimos y lo
demás lo deja a cargo de nominador que para el caso es el
concejo municipal o distrital.

150. Ahora bien, la parte recurrente solicita la aplicación
analógica de la disposición antes referida al caso concreto,
por lo que es oportuno precisar que esta Sala Especializada
ha indicado, “que la analogía es un método de la
hermenéutica jurídica, a través del cual se permite: (i) la
aplicación de una ley a supuestos de hecho no contempladas
expresamente en su texto, pero que tan sólo difieren de los
que sí lo están, en aspectos ajenos a aquellos que explican y

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fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma –
analogía legis –; y (ii) consultar los principios generales que
sustentan ciertas disposiciones del ordenamiento jurídico,
para crear a partir de ellos una regla específica frente a un
caso no regulado en una norma – analogía iuris” .

151. En ese orden de ideas, y atendiendo dichos criterios,
tampoco resulta oportuno la aplicación del parágrafo del
artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083 de 2017, toda vez que no
existe vacío, por cuando desde la constitución, la ley y el
reglamento, es claro que los concejos pueden regular
autónomamente -más no discrecionalmente- los términos de
la convocatoria, siempre y cuando se respeten los principios
básicos que el ordenamiento legal les impone.

152. En conclusión, no es posible aplicar por medio de la
analogía, el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083
de 2017, teniendo en cuenta que se previó un proceso
especial para proveer los cargos de personeros municipales
y distritales, que si bien se adelantan a través de concurso
público de méritos, ello no cambia su naturaleza a uno de
carrera administrativa, pues la normatividad avalada por la
Corte Constitucional, dio un amplio margen de autonomía a
los cabildos municipales y distritales para establecer una
regulación del mencionado proceso electoral […]”.

En este punto, la Sala resalta que la Sección Quinta precisó, en la

sentencia antes mencionada, que conforme con lo dispuesto por la

Corte Constitucional en la sentencia C-105 de 20136, en armonía con

lo establecido por la Constitución, la ley y el reglamento, existe una

regla clara: los Concejos municipales, como órganos de elección,

tienen la competencia exclusiva y excluyente para la determinación

de los lineamientos generales de la forma en que se adelantarán las

6Corte Constitucional, sentencia C-105 de 6 de marzo de 2013. Referencia: Expedientes: D-

9237 y D-9238. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

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etapas y parámetros mínimos del concurso de méritos para proveer

el cargo de personero, siendo responsables de su dirección en todo

momento, por lo cual concluyó de forma palmaria que no existía un

vacío legal frente al particular y que tampoco era posible aplicar por

medio de la analogía, el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del Decreto

1083 de 2017, teniendo en cuenta que existe un proceso especial

para proveer los cargos de personeros municipales y distritales.

De lo anterior, se desprende que le asistió razón al juez de primer

grado al afirmar que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo,

pues conforme con el criterio jurisprudencial vigente y establecido en

la sentencia de 15 de diciembre de 2021, dictada por la SECCIÓN

QUINTA del Consejo de Estado, en el caso de marras no existe una

ausencia normativa que deba ser suplida con otra norma, pues lo

cierto es que sí existe una norma que regula y especifica el término

para efectuar las inscripciones de personeros municipales y se

encuentra contenida en los artículos 2.2.27.1, 2.2.27.2 y 2.2.27.3

del título 27 del Decreto 1083 de 2017, que establece los estándares

mínimos para la elección de Personeros municipales, así:

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“[…]

TÍTULO 27

ESTÁNDARES MINIMOS PARA ELECCIÓN DE PERSONEROS
MUNICIPALES
ARTÍCULO 2.2.27.1 Concurso público de méritos para la
elección de personeros. El personero municipal o distrital será
elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y
abierto adelantado por el concejo municipal o distrital.
Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites
pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de
universidades o instituciones de educación superior públicas o
privadas o con entidades especializadas en procesos de selección
de personal.
El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado
atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y
publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para
el ejercicio de las funciones.

ARTÍCULO 2.2.27.2 Etapas del concurso público de méritos
para la elección de personeros

El concurso público de méritos para la elección de personeros
tendrá como mínimo las siguientes etapas:

a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa
Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la
Plenaria de la corporación. La convocatoria es norma reguladora de
todo el concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para su realización y a los participantes.
Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben
surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad en el proceso de elección.

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente
información: fecha de fijación; denominación, código y grado;
salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha
de publicación de lista de admitidos y no admitidos; trámite de
reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de la
prueba de conocimientos; pruebas que se aplicarán, indicando el
carácter de la prueba, el puntaje mínimo aprobatorio y el valor
dentro del concurso; fecha de publicación de los resultados del

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concurso; los requisitos para el desempeño del cargo, que en
ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos en la Ley 1551
de 2012; y funciones y condiciones adicionales que se consideren
pertinentes para el proceso.

b) Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir
el mayor número de aspirantes que reúna los requisitos para el
desempeño del empleo objeto del concurso.

[…]

ARTÍCULO 2.2.27.3 Mecanismos de publicidad. La
publicidad de las convocatorias deberá hacerse a través de los
medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre
concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento
que para el efecto expida el concejo municipal o distrital y a
lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en lo referente a la publicación
de avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios,
la publicación en la página web, por bando y a través de un
medio masivo de comunicación de la entidad territorial.

PARÁGRAFO. Con el fin de garantizar la libre
concurrencia, la publicación de la convocatoria deberá
efectuarse con no menos de diez (10) días calendario
antes del inicio de la fecha de inscripciones. […]”.
(Destacado fuera del texto).

Lo anterior pone de manifiesto que no resultaba oportuno aplicar de

forma analógica el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del título 6 del

Decreto 1083 de 2017, toda vez que dicha norma regula los procesos

de selección y concurso para proveer los cargos de carrera

administrativa ofertados por la Comisión Nacional del Servicio Civil;

en tanto que los artículos 2.2.27.1, 2.2.27.2 y 2.2.27.3 del título 27

del Decreto 1083 de 2017, establecen un procedimiento especial para

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proveer los cargos de Personeros municipales y distritales, a través

de un concurso público de méritos, es decir, no existe un vacío

normativo, pues lo cierto es que los artículos mencionados en

precedencia facultan a los Concejos para regular de forma autónoma

los términos de la convocatoria, siempre y cuando respeten los

principios básicos que el ordenamiento legal les impone.

Así mismo, es menester precisar que el parágrafo del artículo

2.2.27.3 establece un plazo de diez días que deben mediar entre la

publicación de la convocatoria y la fecha de inscripciones, lo cual

permite colegir que sobre los demás asuntos no se estableció

ninguna exigencia temporal, pues únicamente se regularon algunos

aspectos mínimos y los demás los dejó a consideración del

nominador, esto es, el Concejo municipal o distrital, otorgándoles un

margen de discrecionalidad para proveer el cargo de Personero.

Aunado a lo anterior, la Sala conviene en mencionar que en la

sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada omitió

pronunciarse frente a la totalidad de los cargos de nulidad propuestos

por las partes, bajo el argumento de que había prosperado uno de

ellos; no obstante, la PROCURADURÍA 17 JUDICIAL II PARA

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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA solicitó la

adición de la sentencia para que se resolvieran todos los argumentos,

la cual fue denegada mediante providencia de 1o. de diciembre de

2021.

Frente al particular, resulta oportuno precisar que la Sección Quinta

del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 26 de

septiembre de 20177, sostuvo que es deber de los jueces y de los

Cuerpos Colegiados resolver todos los cargos de anulación

planteados en el líbelo introductorio y que hayan integrado el

problema jurídico del proceso, al considerar:

“[…] «...efectuar unificación de jurisprudencia, a manera de
jurisprudencia anunciada, que, por tal virtud, tendrá
aplicación sólo a futuro y no para el caso concreto, en el
sentido de consagrar la regla consistente en el deber de los
jueces y tribunales de resolver todas las causales de invalidez
que la parte actora incluya en las demandas de nulidad
electoral.

Lo anterior, con independencia de que el primer cargo que se
analice resulte suficiente –a juicio del juez de primera
instancia– para decretar la nulidad del acto electoral, en
consideración a que, en el sub examine el a quo no se
pronunció en la sentencia que puso fin a la instancia sobre
todos los cargos planteados en las demandas acumuladas,
impidiendo que, en virtud del principio de limitación del ad
quem, esta Sección lo pudiera hacer.

7 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Actor: SINTRAEMSDES; Proceso

identificado con el núm. único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02491-01 M.P. Rocío
Araujo Oñate.

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Esta decisión se adopta para garantizar en todos los casos el
principio de congruencia, consagrado en los artículos 55 de la
Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de
Justicia– y 280 y 281 del Código General del Proceso, en
virtud de los cuales las sentencias judiciales deberán referirse
a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los
sujetos procesales y comprender todos los extremos de la
Litis.

En cuanto al Consejo de Estado, es necesario precisar que
actúa como corporación de cierre de las acciones de nulidad
electoral y en esa medida no existe un superior funcional que
quede limitado en los términos previstos en el artículo 328 del
Código General del Proceso, siendo esta la razón por la cual
la regla de decisión se dirige a quienes tienen a su cargo la
resolución de las primeras instancias en sede del medio de
control referido» […]”.

Finalmente, y conforme con lo expuesto, la Sala confirmará

parcialmente la decisión de primera instancia, en atención a que la

sentencia de 18 de agosto de 2021, dictada por el Tribunal

Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 68679-33-33-002-

2020-00038-02, desconoció el derecho al debido proceso, en

detrimento de los intereses de la tutelante, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala, de conformidad con lo previsto

en el artículo 120 del Código General del Proceso8, modificará el

numeral segundo de la sentencia impugnada por cuanto le dio un

término de 10 días a la autoridad judicial accionada para proferir la

nueva decisión y, en su lugar, se dejará sin efectos la sentencia de

18 de agosto de 2021 y se le ordenará al Tribunal Administrativo

de Santander que dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la

ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva sentencia

conforme a las directrices aquí señaladas, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

8
“[…] ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES
POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los
jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las
sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para
tal fin […]”.

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PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada,

por las razones expuestas la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de 17

de marzo de 2022, el cual quedara así:

“[…] SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia de 18 de agosto
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander y ordenar que, dentro de los cuarenta (40) días
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera
una nueva sentencia conforme a las directrices aquí señaladas
[…]”.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de junio de 2022.

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35

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11465-01
Actora: OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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