Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11469-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11469-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11469-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2021 11469 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HUGO ALFONSO SÁNCHEZ BAUTISTA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO, POR CUANTO LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO
SUSTANTIVO ALEGADO. EL TRIBUNAL EXPLICÓ DE FORMA
RAZONABLE LA DECISIÓN MEDIANTE LA CUAL NEGÓ LA
RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DEL ACTOR CON LA INCLUSIÓN
DE LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO
DE SERVICIOS. TRANSICIÓN RÉGIMEN PENSIONAL CUERPO DE
CUSTODIA INPEC.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra
el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE VILLAVICENCIO1, la SALA DE DECISIÓN TRES DEL
1
En adelante el JUZGADO.
2
Número único de radicación: 110010315000 2021 11469 00
Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META2, la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES3 -
COLPENSIONES, y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CÁRCELARIO -INPEC4.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor HUGO ALFONSO SÁNCHEZ BAUTISTA, actuando a
través de apoderado judicial, instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad
humana, los cuales considera vulnerados por COLPENSIONES, el
INPEC, el JUZGADO y el TRIBUNAL, al proferir las sentencias de
16 de marzo de 2016 y 10 de junio de 2021, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con número único de radicación 500013333001 2014
00458 01.
2
En adelante el TRIBUNAL.
3
En adelante INPEC.
4
En adelante INPEC.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
I.2.- Hechos
Pese a la falta de claridad de la situación fáctica narrada en el
escrito introductorio, como hechos relevantes para resolver la Sala
tiene los siguientes:
El actor nació el 26 de junio de 1966 y prestó sus servicios como
miembro del cuerpo de custodia del INPEC desde el 6 de abril de
1990 hasta el 31 de enero de 2012.
Mediante Resolución núm. 07392 de 27 de febrero 2012, el
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS le reconoció al actor
una pensión de jubilación con base en el 75% de los salarios
devengados en los últimos 10 años de servicios.
El 7 de febrero de 2014, el actor solicitó a COLPENSIONES la
reliquidación de su pensión, para que le fueran incluidos todos los
factores salariales que devengó en el último año de servicios,
conforme con la Ley 32 de 3 de febrero de 19865, sin que la
petición hubiese sido resuelta en término.
5
“Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
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En el año 2014, el actor promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el numero único de
radicación 500013333001 2014 00458 00, con la finalidad de discutir
la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales le fue
liquidada su pensión y así obtener la reliquidación de la misma.
El referido proceso fue atribuido para su trámite en primera
instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 16 de marzo de
2016, negó las pretensiones de la demanda.
Interpuesto el recurso de apelación respectivo por parte del
accionante, mediante sentencia de 10 de junio de 2021, el
TRIBUNAL confirmó la decisión inicial, al encontrar que aquel no
estaba cobijado por el régimen de transición previsto en el Decreto
2090 de 26 de julio 20036, por el incumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre 19937,
por cuanto al “[…] 1 de abril de 1994, el actor no contaba con 40
años de edad, toda vez que nació el 26 de junio de 1966, por lo que
para esa fecha tenía solo 27 años de edad. Así mismo, para la
misma fecha tampoco cumplía con el tiempo de servicios exigido
6
“Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican
y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los
trabajadores que laboran en dichas actividades.”
7
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
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por la ley, esto es, 15 años, pues se encontraba vinculado desde el
6 de abril de 1990, contando con tan solo 4 años de servicios […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que al proferir las sentencias cuestionadas, tanto el
JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en defecto sustantivo,
toda vez que en su caso no era aplicable el Decreto 2090 de 2003,
por cuanto dicha normativa está prevista para el personal que se
vinculó al INPEC con posterioridad a su entrada en vigencia.
Explicó que su pensión debe ser liquidada conforme con la Ley 32
de 1986, esto es, con base en el 75% de los salarios devengados
en el último año de servicios, no por el régimen de transición
previsto en el Decreto 2090 de 2003, sino por aplicación directa del
parágrafo 5º transitorio del artículo 48 de la Constitución Política.
Expuso que conforme con el parágrafo 5º aludido, a los empleados
del INPEC que ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 2003, se les debe aplicar el régimen anterior,
esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986.
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Por último, indicó que le fue vulnerado su derecho a la igualdad,
toda vez que hay varios pronunciamientos de JUZGADOS y
TRIBUNALES que han ordenado la reliquidación de pensiones de
exempleados del INPEC, con base en la tesis jurídica a la que alude.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] 1. Tutelar los Derechos Fundamentales a la i) Dignidad
Humana, a la ii) Igualdad, al iii) Debido Proceso por las Vías de
Hecho y a la iv) Seguridad Social, del Sr Sánchez Bautista
Hugo Alfonso, en consecuencia,
2. Que se Materialice el Derecho, pues los derechos no son de
papel, que se respete la Constitución, y el Ordenamiento
Jurídico, que se dé cumplimiento a lo ordenado en la
Constitución en el parágrafo 5º del Art 48, la cual prima sobre
cualquier otra norma jurídica, tratado, concepto, opinión,
fuente formal de derecho o sentencias de los magistrados o
altas cortes, jueces y magistrados, en virtud del Art. 4 ibídem
3. Que se Revoque el fallo de Apelación del Tribunal
Administrativo de Villavicencio de Fecha 10/06/2021 y el fallo
del Juzgado Primero (1) Administrativo de Villavicencio de
fecha 16/03/2016, toda vez que están viciados de nulidad por
defecto sustantivo, al ser ilegales por desconocer las leyes
especiales, por desconocer la norma constitucional, el
ordenamiento jurídico, la supremacía de la Constitución Política
de Colombia sobre cualquier otra norma, los Principios
Generales del Derecho, los Derechos Fundamentales Laborales
y los Derechos Humanos de los Tratados de Derecho
Internacional en Materia Laboral adoptados por el gobierno
colombiano.
4. Que se declare la Nulidad de los Actos Administrativos
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Resolución 07392 del 27 FEB 2012 y Resolución 27335 del ISS,
en lo que tiene que ver a la forma de liquidación de la Pensión,
por ser contrarios a Derecho, por falsa motivación, por
desconocer los Principios Generales del Derecho, los Derechos
Fundamentales y los Derechos Humanos de los Tratados de
Derecho internacional en materia laboral adoptados por el
Gobierno Colombiano, pero en especial por la inobservancia del
Ordenamiento Jurídico y del Parágrafo 5 del Art. 48 de la
Constitución Política de Colombia, la cual es Norma de Normas
y prevalece sobre cualquier norma o tipo de norma jurídica en
virtud del Art. 4 ibídem
5. En consecuencia, se ordene a COLPENSIONES reliquidar la
Pensión del Sr Sánchez Bautista Hugo Alfonso, con el 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicio y
con todos los factores salariales del Dto. 1158 de 1994, entre
otros factores, tal y como se ordenó a la del Sr Quintero
Guerrero y demás funcionarios relacionados en el acápite de
pruebas con quienes está en igualdad de condiciones.
6. Que se Ordene a COLPENSIONES cancelar el
correspondiente retroactivo, con ocasión a la nueva
reliquidación de la pensión, por el tiempo de causación de la
misma, con los correspondientes intereses moratorios e
indexación
7. Se condene al INPEC a cancelar el correspondiente Bono
Pensional por los aportes a pensión que no realizó en su
momento al menos por el último año de servicio lo cual me
está perjudicando para que se me liquide la pensión en
derecho, con todos los factores salariales.
8. Ordenar la compulsa de copias a la Procuraduría General de
la Nación para que se investigue disciplinariamente a los
funcionarios responsables de emitir actos administrativos,
circulares y conceptos, contrarios a Derecho (Prevaricato) a los
Principios Generales del Derecho a los Derechos
Fundamentales, a los Derechos Humanos de los Tratados de
Derecho Internacional en materia laboral adoptados por el
gobierno colombiano y en especial por la inobservancia de la
Constitución Política de Colombia, la cual es Norma de Normas
y prima sobre cualquier otra norma […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que el amparo solicitado no está
llamado a prosperar, dado que definió el asunto objeto de la
controversia a partir de la valoración de la situación fáctica
correspondiente y con sujeción a los principios y garantías que
orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.
Agregó que la acción de tutela de la referencia no cumple con
ninguno de los requisitos para su procedibilidad señalados en la
sentencia C 590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
I.5.2.- El INPEC manifestó que la solicitud de amparo no cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, además que no se
advierte vulneración alguna a los derechos deprecados que pueda
devenir de su actuar, por lo que solicitó su desvinculación.
I.5.3.- El JUZGADO se limitó a enviar copia del expediente digital
del proceso ordinario origen de la controversia, sin hacer
pronunciamiento frente a los hechos que motivan la solicitud de
amparo.
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I.5.4.- COLPENSIONES pese a haber sido notificada en debida
forma, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión,
como el alcance del contenido de la sentencia.
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La Sala advierte que el INPEC solicitó que se le desvincule de la
presente acción de tutela, en razón a que estima que no ha
adelantado ninguna actuación que vulnere los derechos deprecados.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del
actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
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la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de
tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la
Sala).
En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de la
solicitud de amparo, comoquiera que, por una parte, el actor
formuló pretensiones contra el INPEC y, por otra, que este fue
parte en el proceso que dio lugar a la acción de tutela de la
referencia, es claro que dicha entidad debía ser notificada de la
existencia del presente trámite, en razón al interés directo que le
asiste en las resultas de este y, en consecuencia, se denegará su
desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
Generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20128
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en
presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó
como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta
Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado
en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-
02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
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decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
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alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto)
En el presente asunto, el actor pretende que se dejen sin efectos
las sentencias de 16 de marzo de 2016 y 10 de junio de 2021,
proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con número único de radicación 500013333001 2014
00458 01.
El actor atribuye la vulneración de los derechos deprecados, al
hecho de que al resolverse sobre la reliquidación pensional, las
autoridades judiciales accionadas no hayan aplicado el parágrafo 5º
transitorio de la Constitución Política, para efectos de la aplicación
del régimen de transición que le correspondía.
Ahora bien, cabe precisar que si bien la acción de tutela también
fue dirigida contra el JUZGADO, el estudio del presente caso se
circunscribirá a la sentencia que fue proferida por el TRIBUNAL, en
razón a que es esta la providencia que concluyó el proceso ordinario
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Número único de radicación: 110010315000 2021 11469 00
Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
origen de la controversia.
De igual forma, dado que conforme con los fundamentos de la
solicitud de amparo el objeto de la controversia recae sobre la
providencia judicial cuestionada, no se delimitará problema jurídico
alguno en relación con el INPEC o COLPENSIONES.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
accionado vulneró los derechos deprecados e incurrió en defecto
sustantivo, al haber proferido la sentencia de 10 de junio de 2021
aludida.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se
configura el defecto que alega; contra la decisión cuestionada no
proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
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tutela se interpuso en un plazo razonable9, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la
Sala hará mención al marco jurídico general del defecto sustantivo,
para enseguida resolver el fondo del asunto.
Del defecto sustantivo
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional10 ha
precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
T-949 de 200911, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e)
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional12 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa
ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión
“[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca
del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos
elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar
la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
11
M.P Mauricio González Cuervo.
12
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Caso concreto
El actor, quien prestó sus servicios en el INPEC, reprocha el hecho
de que el TRIBUNAL no haya accedido a la reliquidación de su
pensión en los términos de la Ley 32 de 1986, al exigirle para tal
efecto el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 de la Ley
100 de 1993, para la aplicación del régimen de transición, en
concordancia con lo previsto en el Decreto 2090 de 2003.
La posición jurídica del actor está fundamentada en que, en su
criterio, al haber ingresado al INPEC antes de la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003, su pensión debía haber sido
reconocida conforme con la Ley 32 aludida, de acuerdo con lo
señalado en el parágrafo 5º transitorio del artículo 48 de la
Constitución Política, que prevé:
“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 5o. <Parágrafo
adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de
2005. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de
este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
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ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el
régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por
razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el
efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes […]”.
Ahora bien, en relación con la discusión planteada por el actor, en
la providencia cuestionada, el TRIBUNAL señaló:
“[…] En primera medida, debe señalarse que la Ley 32 de
1986, por medio de la cual se adopta el Estatuto Orgánico del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia, reguló todo lo relativo al
ingreso, formación, capacitación, ascensos, traslados, retiros,
administración y régimen prestacional de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional, con un cuerpo compuesto por oficiales,
suboficiales, y guardianes.
Posteriormente, se expidió la Ley 100 de 1993, que creó el
Sistema de Seguridad Social en pensiones para el nivel
nacional, y los miembros del INPEC no fueron incluidos dentro
de los regímenes exceptuados. Adicionalmente, mediante el
Decreto 691 de 1994 se incorporaron los servidores públicos al
sistema general de pensiones (Ley 100 de 1993), sin excluir a
los citados miembros del INPEC.
[…]
A su vez, el Decreto 2090 de 2003 definió las actividades de
alto riesgo y señaló las condiciones, requisitos, y beneficios del
régimen de pensiones de los trabajadores de ese sector. En el
artículo 6, señalo:
«ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: Quienes a la fecha
de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán
derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la
pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se
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establecen en el presente decreto cuando las personas se
encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados,
los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003».
Más adelante, el Decreto 1950 de 2006 dispuso que, a partir de
la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, a los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Cancelaria Nacional se les aplicara el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo. Seguidamente, señaló que a
quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha, se les
aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas, por razón de los riesgos de su labor, esto es, el
dispuesto en la Ley 32 de 1986, para lo cual deberían haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes.
Dicho texto también quedó plasmado en el parágrafo
transitorio quinto del Acto Legislativo 01 de 2005, así:
«Parágrafo transitorio 5o. De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de
2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto,
a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos
de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de
1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes».
Por lo anterior, tanto la Sala Plena de este tribunal como
la jurisprudencia del Consejo de Estado han establecido
que para que los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Cancelaria Nacional del INPEC
se hagan beneficiarios del régimen pensional previsto en
la Ley 32 de 1986, deben cumplir con los requisitos
especiales dispuestos en el artículo 6 del Decreto 2090
de 2003 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Fue así como en la sentencia del 15 de agosto de 2019, la Sala
Plena de este tribunal consideró:
[…]
Así las cosas, lo pretendido por el Acto Legislativo 01 de
2005 fue terminar con los diversos regímenes especiales
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
y de excepción, para mantener exclusivamente el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, para aquellas personas que, siendo beneficiarios
de ese régimen, tuviesen cotizadas 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del mismo.
Adicionalmente, dicho acto legislativo buscó
salvaguardar el régimen especial pensional en razón al
riesgo de la actividad desarrollada por los miembros del
INPEC que no fueron incluidos, con anterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, dentro de
los sectores que ejecutan actividades de alto riesgo,
pues con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
desapareció el régimen pensional especial de aquellos
consagrado en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de
1994.
Por lo anterior, los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Cancelaria Nacional del INPEC
que pretendan ser beneficiarios del régimen pensional
especial previsto en la Ley 32 de 1986, deberán cumplir
con los requisitos especiales establecidos en el inciso
primero del artículo 6 de Decreto 2090 de 2003 y los
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto
es: i) tener 500 semanas de cotización especial, ii) tener
cumplido el número mínimo de semanas exigido por la
Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión y iii) tener la
edad o tiempo de servicios exigidos por el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 al 1 de abril de 1994, esto es, 35 o
más años de edad si son mujeres o 40 o más años de
edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados.
[…]
Ahora bien, como se señaló en el acápite anterior, el Decreto
2090 de 2003 estableció el régimen de transición especial
pensional para las actividades de alto riesgo, y estableció como
requisitos para ser beneficiario: (i) tener 500 semanas de
cotización especial, (ii) tener cumplido el número mínimo de
semanas exigidos por la Ley 797 de 2003 para acceder a la
pensión y (iii) tener edad o tiempo de servicios exigidos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, 35 o más años de
edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres,
o 15 o más años de servicios cotizados.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
Así las cosas, en el caso de Hugo Alfonso Sánchez Bautista, se
tiene que él prestó sus servicios al INPEC, según lo describen
los actos acusados, desde el 6 de abril 1990 hasta el 31 de
enero del año 2012, fecha de su retiro. Sin embargo, a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de
abril de 1994, el actor no contaba con 40 años de edad, toda
vez que nació el 26 de junio de 1966, por lo que para esa fecha
tenía solo 27 años de edad. Así mismo, para la misma fecha
tampoco cumplía con el tiempo de servicios exigido por la ley,
esto es, 15 años, pues se encontraba vinculado desde el 6 de
abril de 1990, contando con tan solo 4 años de servicios, como
acertadamente lo señaló el a quo.
Ahora, como se dijo anteriormente, para que un empleado del
cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional de
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC-, a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le fuera
reconocida la pensión de jubilación con aplicación del régimen
especial previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168
del Decreto 407 de 1994, debía acreditar una de las
condiciones descritas en el inciso 2 del artículo 36 del Sistema
General de Seguridad Social, a saber: edad o tiempo de
servicio […]”.
De acuerdo con lo expuesto en cita, la Sala advierte que el
TRIBUNAL no pasó desapercibido el texto del parágrafo 5º
transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, sino que, por
el contrario, analizó dicha norma como parte del marco jurídico de
las pensiones de los empleados del INPEC, para concluir que
conforme con este y la jurisprudencia del Consejo de Estado los
servidores que pretendan beneficiarse del régimen pensional
previsto en la Ley 32 de 1986, deben cumplir con los requisitos
especiales dispuestos en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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Número único de radicación: 110010315000 2021 11469 00
Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
A partir de dicha conclusión general, el TRIBUNAL estableció que
en la medida que al 1o. de abril de 1994, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, el actor no tenía ni 40 años de
edad ni 15 años de servicios prestados, no era beneficiado del
régimen de transición que permitiera la aplicación de la Ley 32 de
1986.
Al respecto la Sala advierte que en el presente caso no se configura
el defecto sustantivo, por cuanto la decisión de no acceder a la
reliquidación de la pensión de jubilación del actor, según lo fijado
por el régimen especial de la Ley 32 de 1986, fue razonable y
estuvo soportada en las normas aplicables y criterios
jurisprudenciales relacionados con el tema.
En efecto, respecto de la obligatoriedad del cumplimiento de los
requisitos para la aplicación del régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003, a efectos del reconocimiento de pensiones
conforme con la Ley 32 de 1986 y el alcance del parágrafo 5º
transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, en sentencia
de 10 de diciembre de 201813, esta Sala señaló:
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2018, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03
1500020180352301.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
“[…] 89. De lo anterior se colige que el Decreto 2090 de 2003
ofrece un trato especial para el reconocimiento de las
pensiones de vejez de alto riesgo, que consisten en: i) edad de
55 años para pensionarse, la cual se puede disminuir 1 año por
cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General, sin que la edad
pueda ser menor a 50 años y ii) el monto de cotización para
efectos de adquirir estas pensiones, y dice que será "el previsto
en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a
cargo del empleador, sin que, conforme el parágrafo 5.0 del
Acto Legislativo 01 de 2005 y la interpretación desarrollada por
la Corte Constitucional en la citada sentencia, pueda
equipararse a la totalidad de un régimen especial o
exceptuado, en la medida que hace parte del régimen de prima
media con prestación definida de la Ley 100 de 1993.
90. Por tanto, como lo señaló el Tribunal accionado
cuando el Acto legislativo 01 de 2005 dispone que a
quienes se vincularon antes del 28 de julio de 2003 se
les aplica el régimen hasta ese entonces vigente por
razón de los riesgos de su labor, hace clara referencia a
la protección de las expectativas legítimas que ampara
el régimen de transición regulado en el artículo 6° del
Decreto Ley 2090 de 2003, que a su vez exige el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]”.
De igual forma, respecto de dicho tópico, con ponencia de la
Consejera SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, en sentencia de 23
de octubre de 202014, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación
precisó:
“[…] 62. En el sub judice se tiene que el actor inició labores en
el INPEC el 4 de abril de 1994, por lo que al 28 de julio de
2003, fecha en la que entro a regir el Decreto 2090 de 2003,
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección B-,
sentencia de 23 de octubre de 2003, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radiación
47001-23-33-000-2017-00025-01(4414-17).
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
únicamente acreditaba 486 semanas de cotización,
incumpliendo los supuestos de la norma para, en virtud del
régimen de transición del mencionado decreto, obtener el
derecho pensional bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986.
63. En este estado, para la Sala es importante recordar que lo
dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, no desconoce lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por
lo que el régimen de transición establecido en este decreto
seguirá produciendo efectos para la aplicación de la Ley 32 de
1986 para el reconocimiento pensional, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes […]”.
Ahora bien, la Sala destaca que al margen de otras interpretaciones
que pueda haber sobre el marco jurídico de la transición prevista en
el régimen jurídico pensional de los miembros del cuerpo de
custodia del INPEC, lo cierto es que en la decisión cuestionada el
TRIBUNAL explicó de manera razonable cuáles eran las normas
que regulaban la reliquidación de la pensión del accionante y los
motivos por los cuales eran aplicables al caso concreto.
Al respecto, en un asunto como el que nos ocupa, en sentencia de
24 de julio de 202015, esta Sala señaló:
“[…] Corolario de lo expuesto, la Sala estima que el
aludido defecto sustantivo no se configuró en la medida
que la autoridad judicial accionada explicó de manera
razonable cuáles eran las normas que regulaban la
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2020, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-01951-
00.
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Número único de radicación: 110010315000 2021 11469 00
Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
situación pensional del accionante y los motivos por los
cuales era aplicable la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por esta Corporación.
Así las cosas, la Sala advierte que la acción de tutela no fue
instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en
derecho por los jueces de conocimiento de conformidad con su
autonomía y competencias constitucionales y legales, como si
se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo
excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos
de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales
adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia
constitucional.
Lo señalado significa que no le corresponde al juez de tutela
entrar a debatir las decisiones a las que llegaron los jueces
ordinarios, pues ello está dentro de la autonomía funcional del
llamado a resolver el caso, por lo que la intervención del juez
constitucional se circunscribe a evitar el defecto que se le
endilgue a la providencia judicial cuestionada y como en este
caso no se acreditó, será denegado el amparo de los derechos
fundamentales invocados […]”. (Destacado fuera de texto)
Por otro lado, la Sala destaca que sobre el tema en cuestión no hay
sentencia de unificación, por lo que tampoco sería dable que a
través de la acción de tutela el juez constitucional entrara a
imponer determinada posición jurídica en detrimento de la
autonomía del juez natural.
Sobre este tópico, en el marco de acciones de tutela, la SECCIÓN
SEGUNDA16 ha indicado:
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, CP
William Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03501-01.
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“[…] Finalmente, la Subsección estima ineludible
esclarecer que, a la fecha, como lo reconoce el señor
Gutiérrez Parra, no existe un precedente judicial en los
términos de la Ley 1437 de 2011 frente al régimen
especial de pensiones de los miembros del INPEC,
concretamente, en lo que se refiere a las transiciones
normativas definidas en los Decretos 407 de 1994 y
2090 de 2003, por lo cual a los jueces y tribunales
corresponde, en virtud del principio de independencia
judicial, analizar las particularidades de cada asunto,
para adoptar la decisión que mejor se ajuste a aquellas y
a la jurisprudencia existente, aspecto en el cual el juez
constitucional no puede intervenir, como lo pretende la
parte accionante.
[…]
De este modo, para la Subsección la interpretación del Tribunal
Administrativo del Risaralda, Sala Tercera de Decisión, resulta
razonable y se enmarca en el ejercicio autónomo e
independiente de su rol de juez, pues realizó un análisis
minucioso del régimen especial de pensiones de los servidores
del INPEC y definió las particularidades del caso, respecto al
momento de vinculación del señor Gutiérrez Parra y los
regímenes vigentes en esas fechas, lo cual le permitió concluir
que no había lugar a reconocer la pensión de jubilación, en los
términos previstos en la Ley 32 de 1986. En esa medida, no
puede afirmarse que el ad quem del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho desconoció los derechos que
asisten al accionante, pues adoptó la decisión ahora acusada
con fundamento en la interpretación que estimó era la correcta
respecto al régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de
la prestación [...]” (Destacado fuera de texto).
Corolario a lo anterior, la Sala advierte que si bien en las decisiones
judiciales a las que aludió el actor pudo haberse adoptado la tesis
jurídica que propone, lo cierto es que dichas providencias no gozan
de la obligatoriedad de las sentencias de unificación, no se tratan
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de decisiones de constitucionalidad o de alguna en la que la Corte
Constitucional haya fijado el alcance de derechos fundamentales,
por lo que resulta evidente que el TRIBUNAL no estaba obligado a
seguir los mismos lineamientos.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a
las fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades de este.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del actor
con la decisión, no así la configuración del defecto estudiado, por lo
que el amparo solicitado será denegado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CÁRCELARIO –INPEC-, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, conforme con lo
expuesto en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala, en la sesión de día 27 de enero de
2022.
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Actor: Hugo Alfonso Sánchez Bautista
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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