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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11478-00

Alta corte: procedencia excepcional. Niega el amparo solicitado

Fecha
18 de febrero de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11478-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11478-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

18 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-11478-00

Accionante: EFRAÍN ZAMUDIO RICO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA POR
ALTA CORTE – Procedencia excepcional. Niega el amparo solicitado / DEFECTO
FÁCTICO – Debida valoración de las pruebas por el juez ordinario.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Efraín Zamudio Rico, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 10 de diciembre de 2021, el señor Efraín Zamudio Rico
instauró demanda de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos

El señor Zamudio Rico presentó demanda de reparación directa en contra de la
Nación – Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de

1

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11478-00
Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

justicia en la que supuestamente incurrió el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá
al no haber regresado el tractocamión de placas SQB182 que había ordenado
secuestrar.

El 13 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
la falta de legitimación en la causa por activa del accionante, decisión que fue
recurrida.

El 31 de mayo de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado revocó la anterior decisión y, en su lugar, declaró responsable a la Nación
– Rama Judicial, oportunidad en la que se indicó frente a la indemnización de
perjuicios lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar a Efraín Zamudio
Rico el valor que el Tribunal determine, mediante incidente, que este pagó por la
posesión del automotor o aquel que se establezca que tenía el bien al momento
en que fue secuestrado por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, el cual no
podrá ser mayor al precio que fija la Guía de Valores de la Federación de
Aseguradores de Colombia - FASECOLDA.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora indicó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrió en un defecto fáctico, tras considerar que (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores):

El dictamen pericial presentado oportunamente por el perito designado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual no fue objetado por ninguna de
las partes, quedando en firme para ser valorado conforme a las reglas que regulan
la materia, no obstante la SALA DESCONOCIÓ TOTALMENTE Y LO RECHAZÓ
SIN EXISTIR justificación alguna de acuerdo a la jurisprudencia (…).

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

Por lo anterior ruego a los honorables Magistrados a quienes corresponda conocer
de la presente tutela, dejar sin efectos LOS NUMERALES TERCERO Y CUARTO
DEL RESUELVE DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDO EL 31 DE
MAYO DE 2021 Y NOTIFICADO POR EDICTO ELECTRÓNICO EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2021 y en su lugar se ordene tener en cuenta el dictamen pericial

2

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Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

presentado oportunamente y se concedan las pretensiones de la demanda y que
en uso de las facultades oficiosas extra-petita que tiene el Juez Constitucional se
profiera sobre la protección de otros derechos fundamentales que resulten
vulnerados en el trámite anteriormente nombrado.

4.- La oposición

4.1. Mediante auto del 14 de diciembre de 2021, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la Nación – Rama
Judicial como tercero con interés; se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que
la demanda de tutela era improcedente al no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que el accionante pretende utilizar la demanda de tutela
como una tercera instancia del proceso ordinario, al no estar de acuerdo con la
valoración de las pruebas en cuanto “los perjuicios y de su monto”.

De otro lado, manifestó que sí analizó el dictamen pericial, pero concluyó que no
ofrecía un “análisis técnico que permitiera acreditar los perjuicios pedidos por la
parte actora”; además, que las pruebas solo demostraban la existencia de un daño
emergente derivado de la pérdida del automotor y no se probó el perjuicio moral y
el lucro cesante.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,

exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.

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Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de

2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de

febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.

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Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo

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Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.

Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es
más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una
decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios
de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de

diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Original de la cita: “SU-050 de 2017”.

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Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

2. Caso concreto

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configura o no el
defecto alegado por la parte actora, al proferirse la sentencia del 31 de mayo de
20216, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

A juicio de la parte accionante, la decisión cuestionada incurrió en un defecto
fáctico, toda vez que “desconoció” y “rechazó” el dictamen pericial que se había
rendido en el proceso judicial que demostraba la existencia y el monto de los
perjuicios, experticia que no fue objetada por las partes.

Para la Subsección, en este caso no hay lugar a predicar la configuración del
defecto fáctico alegado, pues no se evidencia una valoración indebida o irrazonable
de las pruebas por parte de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en su decisión, como se pasa a ver.

En la sentencia cuestionada, se consideró (se transcribe de forma literal):

6.3.3.2. Por otro lado, en la demanda también se solicitó condenar a la Nación –
Rama Judicial a pagar una indemnización de perjuicios por daño emergente y
lucro cesante consolidado y futuro.

Ahora bien, en el proceso únicamente obra como prueba para acreditar estos
perjuicios el dictamen pericial rendido el 14 de marzo de 2013, el cual tuvo por
objeto realizar una ‘evaluación o valor actual del automotor tipo tracto camión
marcha Chevrolet brigadier […] placa SQB182’, ‘determinar el lucro cesante
producido mensualmente por el vehículo desde el día 20 de agosto de 2009 a la
fecha del dictamen” y “los frutos dejados de percibir como consecuencia de la
privación del automotor al demandante…’.

El tenor literal del dictamen pericial fue el siguiente:

‘Para la labor que se me ha encomendado examiné detalladamente la foliatura,
especialmente hice las consultas e investigaciones personales y jurisprudenciales
que consideré necesarias, así mismo consulté la demanda, las pruebas
documentales que se allegaron a los autos, realicé un análisis pormenorizado de
los razonamientos de hecho y de derecho que expuso el profesional que viene

6 De acuerdo con la página de consulta de procesos de la Rama Judicial, el fallo se notificó el 5 de

noviembre de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11478-00
Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

actuando en este proceso, esto es apoderados de la parte demandante; obtuve
fotocopias de los folios necesarios para la labor a realizar y tomé atenta nota de
los mismos, así mismo consulte personas dedicadas en su actividad económica
del trasporte de carga.

De esta manera consulté personalmente con el señor Efraín Zamudio Rico,
demandante, el señor Manuel Guillermo Baquero, mayor de edad, domiciliado en
la Calle 77 A SUR No. 1-16 interior 19, Tel 7670389 y Servando Moreno Núñez,
identificado con la C.C. No. 19.116.546 de Bogotá. D.C., residente en la Avenida
19. de Mayo No. 13-19 de Bogotá. D.C. y Eduardo Parra Rico, identificado con la
C.C. No. 10161240 de La Dorada.

Para completar la labor personalmente presenté petición al señor Efraín Zamudio
Rico para que entregara documentación sobre los ingresos del automotor de placa
SQB 182 para la época de su inmovilización, habiendo efectuado la entrega de
copias de tiquetes de traslados entre bodegas de materia prima, tiquetes de
recepción de materia prima, listados de viajes, fotografías del automotor al
momento de la incautación y otros documentos […]

PARTE PRIMERA – DAÑO EMERGENTE

En este proceso el daño emergente lo constituye el costo actual de reparación, es
decir, lo que la persona afectada -Efraín Zamudio Rico- gastó o debe gastar de su
patrimonio para recuperar el vehículo de placas SQB 182, en razón a los hechos
relacionados en la demanda, esto es la pérdida del automotor que le fuera
aprehendido en cumplimiento de orden emanada por el Juzgado 18 Civil del
Circuito de Bogotá D.C. en el proceso ordinario de Jairo Antonio Lara Nausa y otra
contra Efraín Zamudio Rico y otra.

Este punto corresponde a lo solicitado en la petición 19 de la prueba pericial, esto
es, determinar el valor actual del trato camión, marca Chevrolet Brigadier, modelo
1996, color blanco, servicio público, motor 11800629, serie final 516851, placa
SQB 182.

Para determinar el valor del automotor de placas SQB 182, efectué consultas
en el periódico El Tiempo, sección Avisos Limitados-Sección Camiones,
Internet venta de vehículos, consulté valores o precios de automotores de
esta misma característica en el Sector de Fontibón- La Ye de esta ciudad.

Se justiprecia el automotor antes relacionado en la suma de ciento treinta millones
de pesos moneda corriente ($ 130.000.000.00), suma que corresponde al
automotor descrito, junto con el cupo que tiene en TRANSPORTES ASTER LTDA.

Valor total del automotor la suma de ciento cuarenta millones de pesos moneda
corriente ($ 140.000.000.00).

PARTE SEGUNDA- LUCRO CESANTE

Como se afirmó, el lucro cesante lo constituye lo que no ingresó al patrimonio de
la víctima, lo que no se ganó o indefectiblemente no se ganará, o sea la razonable
ganancia o utilidad de que se vio privado o dejo de percibir el señor Efraín Zamudio
Rico, como consecuencia de la privación de la posesión y además por no haberle
sido entregado el automotor de placas SQB 182, modelo 1996, conforme se
dispuso mediante Oficio No. 1136 de 2009, librado por el Juzgado 18 Civil del
Circuito de Bogotá D.C.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11478-00
Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

De conformidad con el hecho 29 de la demanda, el cual el suscrito perito aceptó,
por cuanto consideró que las partes obran de buena fe en la demanda, el
automotor fue puesto a disposición del Jugado 18 Civil del Circuito de esta ciudad
el día 4 de marzo de 2004, desde esta fecha y hasta el día 13 de maro de 2013 el
señor Zamudio Rico, ha dejado de obtener ganancia o utilidad, es decir existe una
frustrada ganancia, la cual hasta la fecha no ha ingresado al patrimonio de la
citado.

Así entonces, en desarrollo de lo solicitado en la petición 2 y 39. De la prueba
pericial, tenemos lo siguiente:

Desde el día 4 de marzo de 2004 y hasta el día 13 de marzo de 2013, que
corresponde al periodo durante el cual el vehículo de placas SQB 182, no le ha
generado ingreso alguno al señor Efraín Zamudio Rico.

1. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2004 al 3 de marzo de 2005-tomando
como base un ingreso mensual de $12.760.416.00….………………….......$
153.125.000.00

2. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2005 al 3 de marzo de 2006-tomando
como base un ingreso mensual de $16.500.000.00.………………… ..........$
198.400.000.00

3. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2006 al 3 de marzo de 2007-tomando
ingreso
mensual de
$17.708.000.00…………………………………….............$212.500.000.00

4. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2007 al 3 de marzo de 2008-tomando
como ingreso mensual $19.010.000……………………………………........$
228.125.000.00

5. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2008 al 3 de marzo de 2009-tomando
como base un ingreso mensual de $21.583.000.00.…………………...........$
259.000.000.00

6. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2009 al 3 de marzo de 2010-tomando
como ingreso mensual de $24.590.000.00..................................................$
295.000.000.00

7. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2010 al 3 de marzo de 2011-tomando
como ingreso mensual de $29.200.000.00……………………………...........$
350.000.000.00

8. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2011 al 3 de marzo de 2012-tomando
como ingreso mensual $32.031.000.00 ……………………………...............$
384.375.000.00

9. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2012 al 3 de marzo de 2013-tomando
como ingreso mensual $35.000.000.00…………………………...................$
421.000.000.00

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Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

10. Ingreso bruto desde el 4 de marzo de 2013, al 13 de marzo de
2013……………………………………………………………..................$
11.710.000.00

TOTAL INGRESOS BRUTOS.........$2.513.235.000.00

De las anteriores sumas de dinero, que corresponde a los ingresos brutos, hay
que deducir, los gastos correspondientes a peajes, combustible, repuestos,
revisión técnico mecánica, seguro de SOAT, seguro de daños a terceros, cambios
de aceites, lavadas, gastos de rodamiento, sueldos y prestaciones cancelados a
conductores, cambios de llantas, reparaciones de motor, reparaciones de
embrague, llantas del trailer, retención en la fuente, reteica, otros repuestos y
gastos adicionales.

Para efectuar las deducciones referidas, se tuvo en cuenta que el precio de los
peajes en Colombia, según lo indica La Cámara Colombia de la Infraestructura,
es de los más costosos del mundo, es tal el desfase tarifario que el kilómetro en
la vía al Llano, es la ruta más costosa en Colombia en términos de peajes. De otra
parte, también hay que indicar que Colombia se ubica en el cuarto puesto mundial
de países con combustible más costoso. Por lo anterior, los ingresos netos totales,
por dichos periodos son los siguientes:

De conformidad con las consultas realizadas, a los ingresos brutos, hay que
descontar el sesenta y ocho por ciento (68%), por concepto de deducciones
referidas en el punto anterior, es decir que como ingresos netos, solamente se
obtiene el treinta y dos por ciento (32%) de dichas sumas de dinero.

Daño emergente valor del tracto camión placas SQB-182.......$ 140.000.000.00
Lucro cesante…..........................................................................$804.750.000.00

TOTAL. Perjuicios: son novecientos cuarenta y cuatro millones setecientos
cincuenta mil pesos moneda corriente ($ 944.750.000.00)

De esta manera cumplo la labor que me fuera encomendada, la que he realizado
en forma imparcial. Ruego se corra traslado del dictamen a las partes y se fijen
los honorarios definitivos por la labor realizada.

Anexos. Allego dos anexos que me fueron entregados por el señor Efraín Zamudio
Rico y otros documentos que tuve como referencia para realizar la labor
encomendada por su Despacho’

Ahora bien, el artículo 2417 del Código de Procedimiento Civil establece que el
juez deberá analizar la conducencia de la prueba pericial en relación con el hecho
que se pretende probar; la competencia del perito, esto es que sea un experto en
la materia técnica analizada; que no haya motivos para dudar de su imparcialidad;
que no se acredite objeción por error grave; que esté debidamente fundamentado
con conclusiones claras y precisas; que se haya permitido su contradicción y que
otras pruebas no lo desvirtúen.

7 “Artículo 241. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza,
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos
probatorios que obren en el proceso. Si se hubiere practicado un segundo dictamen, éste no
sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por
error grave.”

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Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

En este sentido, se advierte que el dictamen pericial carece de eficacia probatoria,
pues no ofrece a la Sala un análisis técnico que permita determinar el valor de los
perjuicios ocasionados al demandante por daño emergente y lucro cesante
consolidado y futuro.

En efecto, para determinar el valor del daño emergente el perito se limitó a realizar
una consulta en “[i] el periódico El Tiempo, sección avisos limitados - sección
camiones, [ii] internet venta de vehículos… [y iii] en el Sector de Fontibón- La Ye
de esta ciudad”, pero no anexó ninguno de estos documentos al dictamen, no
señaló la suma de dinero que en estos se fijaba como posible valor de un vehículo
de similares características al extraviado, ni indicó de forma detallada qué fórmula
utilizó para calcular el perjuicio reclamado. En últimas, no ofrece argumentos
técnicos y objetivos que den certeza acerca del valor que determinó como daño
emergente.

Igualmente, el dictamen no señaló cuál fue el fundamento para establecer que el
valor reclamado por lucro cesante consolidado y futuro era de $804.750.000. A
esta prueba únicamente se adjuntaron planillas de liquidación de carga
transportada, pero ellas son inconducentes para determinar el valor de este
perjuicio, pues pertenecen a vehículos distintos al extraviado.

En últimas, se advierte que el dictamen pericial carece de eficacia probatoria,
porque no es objetivo, ni ofrece un análisis técnico para determinar de manera
clara y precisa el valor los perjuicios ocasionados al demandante; y que no existe
otro medio de prueba que permita acreditarlos.

Sin embargo, como resulta evidente que se ocasionó un daño emergente al
libelista porque no se le devolvió el tracto camión que poseía luego de que terminó
el proceso reivindicatorio adelantado en su contra, en la parte resolutiva se
condenará a la entidad demandada a pagar a Efraín Zamudio Rico el valor que se
determine mediante incidente que este pagó por la posesión del automotor o aquel
que se establezca que tenía el bien al momento en que fue secuestrado por el
Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, el cual no podrá ser mayor al precio que
fija la Guía de valores de la Federación de Aseguradores Colombianos –
Fasecolda. Las demás pretensiones se negarán porque no se acreditó la
causación de ningún otro perjuicio al libelista.

Revisada la anterior providencia se observa que la autoridad judicial accionada sí
valoró el dictamen pericial que obraba en el expediente. Otra cosa es que, en
ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la actividad de los jueces,
estimara que dicha medio de convicción carecía de eficacia probatoria al no ser
objetivo ni tener un análisis técnico que determinara el valor del perjuicio causado.

Así las cosas, la Sala considera que el hecho de haber ordenado que se realizara
un incidente de liquidación de perjuicios, en aras de que se cuantifique el daño
emergente causado al señor Efraín Zamudio Rico devino de un análisis con una

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11478-00
Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador
judicial frente a la apreciación de las pruebas.

Para la Subsección es claro que el propósito del accionante es reabrir el debate
que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa.

Finalmente, la Subsección advierte que la demanda de tutela también resultaría
improcedente porque la controversia planteada por el accionante es de contenido
económico8 y no se observa que tenga transcendencia iusfundamental, pues la
decisión le resultó favorable y lo procedente sería adelantar el trámite incidental.

Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado, tras considerar que no
se configuró el defecto planteado en la demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

8 Sobre la improcedencia de la demanda de tutela cuando las pretensiones son de contenido
económico ver: T-379 del 23 de junio de 2015, M.P.: Alberto Rojas Ríos; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2022, exp. 2021-
04346.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11478-00
Actor: Efraín Zamudio Rico
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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