Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11479-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11479-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11479-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11479-00
Actores: José Vicente Peña Guarín y otros1
Demandado: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir el auto de 21 de octubre de 2021, dentro del medio de control de
reparación directa del derecho identificado con el número único de radicación
110013343058201800161-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 José Vicente Peña Guarín actúa en nombre propio y en representación del menor de 18 años de edad DSPU,
Cleofelina Guarín Ortiz, José Vicente Peña Niño, July Jhajaira Peña Guarín, Diego Gerardo Peña Guarín, Angie
Katherine Peña Guarín, Andrés Mauricio Peña Guarín, Gina Marcela Peña Guarín y Luz Andrea Urrea Prieto.
Este Despacho adopta como medida de protección a la intimidad del menor de 18 años relacionado en este
proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán
reemplazados por las siguientes iniciales DSPU.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11479-00
Actores: José Vicente Peña Guarín y otros
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir el auto de 21 de octubre de 2021,
dentro del medio de control de reparación directa del derecho identificado con el
número único de radicación 110013343058201800161-01, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujeron que el 25 de enero de 2012, el soldado conscripto José Vicente Peña
Guarín se encontraba en desarrollo de un desplazamiento táctico en una locación
rocosa, en donde estando en movilización, le cayó sobre su pie derecho una roca
de tamaño mediano, ocasionándole intenso dolor en los dedos del pie e inflamación
de los mismos, sin que al momento se le haya prestado ningún tipo de servicio de
salud.
4. Señalaron que una vez el soldado conscripto José Vicente Peña Guarín llegó a
la Base Militar El Picacho (Santander), fue revisado por el enfermero de combate,
quien manifestó su desconocimiento del origen de la inflamación; sin embargo, le
fue suministrado diclofenaco. En ese orden de ideas, el 27 de enero de 2012, fue
remitido al dispensario médico de Bucaramanga, en donde fue diagnosticado con
fractura de dos dedos de su pie derecho, cuyo tratamiento consistió en la
inmovilización con yeso por veinticinco días.
5. Agregaron que el 23 de mayo de 2013 le fue realizada Junta Médico Laboral
Provisional al señor José Vicente Peña Guarín, en la que se estableció el
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Actores: José Vicente Peña Guarín y otros
diagnóstico de fractura del segundo metatercio del pie derecho. Posteriormente, el
12 de octubre de 2017, nuevamente se celebró Junta Médico Laboral, esta vez
definitiva, en la cual se dictaminó como secuela “[…] dolor residual segundo radio
pie derecho […]”, y una disminución de su capacidad laboral equivalente al 10.50%.
6. Los actores presentaron demanda contra la Nación- Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los
daños y perjuicios ocasionados por las lesiones sufridas al soldado conscripto José
Vicente Peña Guarín, las cuales le generaron una disminución de su capacidad
laboral.
Providencia proferida el 11 de agosto de 2020 por el Juzgado Cincuenta y
Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del proceso de reparación
directa identificado con el número único de radicación
110013343058201800161-00
7. El Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá resolvió lo
siguiente:
“[…] Declarar probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada
[…]”.
8. Consideró que:
“[…] Dilucidado lo anterior, el Despacho encuentra que si bien podría decirse que el
señor Peña Guarín adquirió conocimiento del daño con posterioridad al momento de
ocurrencia (sic) los hechos mismos, lo cierto es que a la luz de lo esbozado en el
acápite de hechos, la misma parte demandante adujo que el 27 de enero de 2012,
al referido señor le fue diagnosticado “que tenía el dedo gordo y el que le sigue,
fracturado; le colocaron una férula de yeso, que le duró 25 días”.
De donde se puede concluir que el ex uniformado tuvo pleno conocimiento del daño,
con independencia de sus secuelas, el día 27 de enero de 2012, por tanto, el
cómputo del término de caducidad debe efectuarse desde el día siguiente a la fecha
indicada, esto es 28 de enero de 2012, lo que se traduce en que la parte demandante
tenía para presentar la demanda de reparación directa hasta el día 28 de enero de
2014, sin que se advierta una situación especial que haya impedido el ejercicio de
su derecho de acción.
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Actores: José Vicente Peña Guarín y otros
Ahora bien, en gracia de discusión, de considerarse que el daño a la salud
permaneció oculto en el tiempo, del material probatorio obrante en el plenario, se
puede dilucidar que para el 23 de mayo de 2013, fecha en la que se adelantó el Acta
de la Junta Médica Provisional No. 59620, el extremo demandante había adquirido
pleno conocimiento del daño en reclamación, pues del contenido de dicho
documento se advierte que en esa fecha al señor Peña Guarín se le había
diagnosticado “PRESENTA FRACTURA DEL SEGUNDO METATERCIO DEL PIE
DERECHO”.
En esa línea, el Despacho no puede acoger la postura que propugna por la
contabilización del término de caducidad a partir de la notificación del Acta de la
Junta Médica Laboral No. 97577 de 12 de octubre de 2017, no solo porque este
criterio fue recogido por la Sala Plena del Consejo de Estado, sino porque, en todo
caso, la parte actora no demostró que no pudo conocer del daño en el momento de
su acaecimiento.
En adición a lo anterior, en el expediente no se aportaron otros elementos de prueba
que permitan hacer un cómputo independiente de otras situaciones. Tampoco obra
ningún elemento de prueba que permita colegir que el demandante no estuvo en la
posibilidad de presentar la demanda dentro del binomio establecido para el efecto.
En consecuencia, el Despacho no puede sino colegir que la demanda de la
referencia se presentó fuera de tiempo, más si se tiene en cuenta que para cuando
se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 168 Judicial
II para Asuntos Administrativos contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, esto es el 18 de enero de 201817, el término de dos años de que trata el
literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se encontraba
vencido […]”.
Providencia proferida el 21 de octubre de 2021 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343058201800161-01
9. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 11 de agosto de 2020 proferido por el
Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia […]”.
10. Consideró que:
“[…] Descendiendo al caso en concreto, encuentra la Sala que, a raíz del incidente
sufrido por el actor el 25 de enero de 2012, éste fue diagnosticado con fractura de
dos dedos del pie el 27 de enero siguiente en el dispensario médico de
Bucaramanga; luego, la primera conclusión es que la lesión no se conoció el mismo
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día de su producción, pues la atención médica ocurrió en un momento posterior al
del hecho dañoso [1.3.].
Sin perjuicio de lo anterior, no puede tomarse el 27 de enero de 2012 como fecha en
que se conoció el daño de forma cierta, toda vez que, si bien hubo un diagnóstico
que a la fecha no ha sido modificado, en su momento se inició un tratamiento que
cambió las condiciones de salud del accionante.
Pues bien, aunque fue sometido a tratamiento médico, refiere el actor que presentó
dolor y restricción en la movilidad de sus miembros; sin embargo, no se trata de unas
afectaciones que hayan permanecido ocultas, por el contrario, fueron completamente
perceptibles por el accionante en su humanidad, como quedó reflejado en la petición
elevada ante el Batallón Caldas el 9 de mayo de 2012 y en las numerosas solicitudes
que se formularon de ahí en adelante [1.4.].
Con todo, dichas condiciones médicas fueron debidamente valoradas en Junta
Médico Laboral del 23 de mayo de 2013, comoquiera que, no solamente se realizó
un examen físico al señor Peña Guarín, sino que además se tuvieron en cuenta los
conceptos médicos definitivos de ortopedia y oftalmología [1.5.].
Lo anterior adquiere especial relevancia, toda vez que, si bien fue una Junta Médico
Laboral de carácter provisional, ello no obedeció a la falta de valoraciones médicas
definitivas, sino a la inexistencia de un Informe Administrativo por Lesiones, aspecto
que no impidió realizar el correspondiente análisis de las condiciones psicofísicas del
señor Peña Guarín, sino que se relaciona con la evaluación de la magnitud de las
lesiones frente a la capacidad laboral para el servicio, la relación entre la producción
de las lesiones y la prestación del servicio, y la asignación posterior de unos índices
y porcentajes con determinados efectos prestacionales.
Lo que se encuentra acreditado que ocurrió con posterioridad a la notificación del
Acta de la Junta Médico Laboral de 2013 fue: i) la expedición del concepto médico
por la especialidad de ortopedia el 1º de noviembre de 2016 y ii) la celebración de
una nueva Junta Médico Laboral en 2017 [1.7.].
En ambas oportunidades, tanto el médico especialista en ortopedia como la
autoridad médico laboral se limitaron a evaluar y calificar unas condiciones de salud
preexistentes en la humanidad del señor Peña Guarín, a saber:
a) La fractura del segundo metatarsiano del pie derecho, aspecto del cual se tuvo
conocimiento desde el 27 de enero de 2012, cuando, tal y como señalaron los
demandantes, se realizó el correspondiente diagnóstico en el dispensario médico de
Bucaramanga, mismo que no ha mutado.
b) El dolor y la pérdida de funcionalidad de los miembros, los cuales ha padecido el
accionante desde el año 2012, es decir, seis (6) años antes de haberse incoado el
medio de control de reparación directa, como quedó plasmado en petición radicada
el 9 de mayo de 2012. Además, no se trataba de una sintomatología desconocida
por autoridades médicas, en la medida en que, en el año 2013, cuando fue celebrada
Junta Médico Laboral provisional, le fue realizado examen físico al actor y se tuvieron
en cuenta conceptos definitivos de médicos especialistas (se hace especial énfasis
en el concepto de ortopedia) quedando consignado esto en el Acta correspondiente.
Siendo así, no puede concluirse que solamente hasta el año 2017 se conoció el
daño, consistente en las lesiones corporales del señor Peña Guarín, pues, como
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quedó demostrado, la Junta Médico Laboral no estableció un diagnóstico distinto ni
puso de presente condiciones psicofísicas que hubiesen permanecido ocultas hasta
ese momento. Por el contrario, únicamente se determinó la magnitud de las lesiones
anteriores en relación con la aptitud laboral del accionante, particularmente en lo que
respecta a la actividad militar, asignando un valor porcentual y unos índices.
De ese modo, al no ser la notificación del Acta de la Junta Médico Laboral de 2017
el momento en que se conoció el daño, sino su magnitud, no es dable tomar esa
fecha como punto de partida del término de caducidad, como equivocadamente lo
manifestó la parte accionante.
Sobre el particular, y considerando los argumentos desarrollados en el recurso de
apelación, es necesario poner de presente que el apoderado recurrente confunde el
conocimiento cierto del daño con aquel sobre la magnitud de éste, dado que el primer
elemento genera en la parte interesada el interés y la legitimación para acudir a la
jurisdicción, mientras que el segundo tendrá incidencia en la cuantificación de los
perjuicios y, en todo caso, podrá establecerse al interior del proceso. Por lo tanto, es
el conocimiento cierto del daño el aspecto relevante para la contabilización del
término de caducidad.
En línea con lo anterior, no es cierto que el conocimiento sobre la magnitud del daño,
a través de la valoración de las autoridades médico laborales de la Fuerza Pública,
sea determinante para acudir a la jurisdicción, comoquiera que, no solo no se ha
instituido dicho procedimiento como un requisito de procedibilidad, sino que tampoco
existe una tarifa legal que indique que la capacidad laboral de un miembro de la
Fuerza Pública únicamente pueda ser acreditada judicialmente a través de las actas
que expidan las Juntas Médico Laborales y/o el Tribunal Médico de Revisión.
Así las cosas, encuentra la Sala que, fue en la Junta Médico Laboral celebrada el 23
de mayo de 2013 el momento en el que, además de reiterarse el diagnóstico que el
actor conoce desde el 27 de enero de 2012, las autoridades médicas examinaron al
señor Peña Guarín, encontrando la limitación funcional en el pie derecho, sumado a
que, desde mayo de 2012, es un hecho cierto que el accionante padecía dolor en
dicho miembro.
En consecuencia, concluye la Subsección que, con la notificación del Acta de la
Junta Médico Laboral de 2013, lo cual ocurrió el 25 de mayo de 2013, fue posible
conocer de forma cierta y precisa el daño, únicamente por la realización de un
examen físico al actor y el haber evidenciado de forma idónea la limitación funcional
del demandante, más no por tratarse de una valoración efectuada por autoridad
médico laboral de la Fuerza Pública.
Entonces, es claro que el término de caducidad, en el sub examine, empezó a correr
el 26 de mayo de 2013 y se extendió hasta el 26 de mayo de 2015; sin embargo, la
parte actora formuló solicitud de conciliación extrajudicial y radicó la demanda hasta
el 2018, es decir, cuando ya había operado la caducidad del medio de control de
reparación directa […]”.
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La solicitud de tutela
Pretensiones
11. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA. TUTELAR el amparo a los derechos constitucionales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de los señores JOSE
VICENTE PEÑA GUARIN, mayor de edad, quien actúa en nombre propio, de igual
manera en representación de su menor hijo […]” y “[…] CLEOFELINA GUARIN
ORTIZ Y JOSE VICENTE PEÑA NIÑO, mayores de edad, quienes actúan en nombre
propio y en su condición padres de JOSE VICENTE PEÑA GUARIN; JULY
JHAJAIRA PEÑA GUARIN, DIEGO GERARDO PEÑA GUARIN, ANGIE
KATHERINE PEÑA GUARIN, ANDRES MAURICIO PEÑA GUARIN Y GINA
MARCELA PEÑA GUARIN, mayores de edad, quienes actúan en nombre propio y
en su condición de hermanos de JOSE VICENTE PEÑA GUARIN; LUZ ANDREA
URREA PRIETO, mayor de edad, quien actúa en nombre propio y en su condición
de Cónyuge de JOSE VICENTE PEÑA GUARIN.
SEGUNDA. En consecuencia, (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION C, el día veintiuno (21) de
octubre de dos mil veintiunos (2021), dentro del proceso bajo radicado N°
11001334305820180016101, mediante la cual se declaró probada la excepción de
caducidad y en su lugar se le ORDENE a la accionada proferir una nueva decisión
en la que revoque la que decidió en primera instancia, el mencionado trámite
contencioso administrativo.
TERCERA: Solicito al Honorable Consejo de Estado, como instancia que reúne a las
más altas autoridades de los tres poderes del Estado, es decir, al Presidente de la
República y a los titulares del Congreso y del Poder Judicial, tomar una decisión de
fondo concerniente a la caducidad para los soldados conscriptos […]”.
12. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y
en un defecto fáctico.
Actuación
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de diciembre de 2021; i) admitió
la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y iii) vinculó al
Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de terceros con
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interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe
sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
14. El Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá
expresó que:
“[…] El Despacho debe señalar de entrada que la presente tutela resulta
improcedente, pues si bien la actuación del juez constitucional puede resultar
fundamental para enmendar los yerros en que pueden incurrir otras autoridades
judiciales, esta no deja de ser una actuación excepcional, que solo opera para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, sin sustituir los mecanismos
ordinarios que el mismo ordenamiento tiene previstos.
Bajo este escenario, el presente amparo se torna improcedente, pues esta vía no
puede ser considerada como una tercera instancia o un medio adicional al proceso
ordinario que permita controvertir las decisiones judiciales que resultaron ser
contrarias a los intereses de la parte demandante.
En estas circunstancias, sin desmedro de los derechos al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, lo que se evidencia es que por diferentes vías la parte
actora, pretende controvertir la decisión proferida por esta instancia, por medio de
la cual, se declaró probada la excepción de caducidad a la luz de lo preceptuado en
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Decisión que fue confirmada por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En otras palabras, lo que en el fondo pretende la parte interesada
es rehabilitar un término legal que estuvo a su disposición y dejó vencer […]”.
15. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adujo que:
“[…] Aunque la parte actora afirma que la Subsección incurrió en un defecto fáctico,
únicamente se limita a dar un concepto del mismo a partir de las consideraciones
de la Corte Constitucional contenidas en la Sentencia de Unificación 242 de 2015;
sin embargo, omite precisar de qué forma se configuró dicha causal especifica de
procedibilidad en el caso en concreto […]”.
[…]
“[…] Habiendo desarrollado las consideraciones anteriores, solicito se declare la
improcedencia del recurso de amparo de referencia pues, no solo se encuentra
insatisfecho el requisito general de identificación de los hechos que sustentan la
alegada vulneración, sino que tampoco se demostró que la Sala hubiese incurrido
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en defecto alguno, con lo cual debe concluirse que no existe vulneración de
derechos fundamentales en el caso en concreto […]”.
16. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional guardó silencio
en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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el requisito de relevancia constitucional.
20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente
a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
4
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
22. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
6
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 8
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
9
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [ ]. 12
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
9 Ut supra página 6.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
13
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fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 13
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ ]. Si 14
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [ ]. 15
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho a 16
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
14
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a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 17
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”18
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
17 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
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y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”19
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
30. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
20
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
19 Ibidem.
20 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
16
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a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
33.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
34.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
21
la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
21 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
17
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[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
35.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36.Atendiendo a que la Corte Constitucional22 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
37. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
22 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
18
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Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir el auto de 21 de octubre de 2021,
dentro del medio de control de reparación directa del derecho identificado con el
número único de radicación 110013343058201800161-01, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
38. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
39. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
40.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
40.1. Copia de la providencia de segunda instancia proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de
octubre de 2021.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
41. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. En
ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:
19
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“[…] El Consejo de Estado sobre el término de caducidad del medio de control de
reparación directa en controversias relacionadas con lesiones de conscriptos. En las
demandas de reparación directa en las que se discuten daños causados a
conscriptos, esta Colegiatura ha sostenido que el término de caducidad debe
contabilizarse desde cuando la junta médico laboral determina la naturaleza de las
lesiones y la pérdida de la capacidad laboral, por cuanto ese es el momento en el
que se tiene conocimiento de la magnitud de la afectación, lo que permite cuantificar
los perjuicios morales y materiales.
Al respecto, en auto de 15 de febrero de 1996, la sección tercera (3.") del Consejo
de Estado" explicó:
(..) A la luz de la realidad probatoria que se deja expuesta, la Sala deduce que si
bien es cierto el hecho dañoso ocurrió el día 27 de noviembre de 1990, también lo
es que de los efectos nocivos, solo se tuvo conocimiento hasta el día 4 de marzo de
1994, fecha en la cual se celebró la Junta Médica Laboral, con los resultados que
ya se dejaron consignados en este proveído.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, para la Sala la acción de
reparación directa aquí interpuesta, no se encuentra caducada y por ello se debe
admitir la demanda, pues no resulta ajustado a la lógica de lo razonable que el
soldado, hubiera instaurado la acción contra la administración, cuando no conocía
ni la gravedad, ni los efectos del evento que originó el daño, máxime si se tiene que
éste desconocimiento se dio, por motivos imputables a los superiores jerárquicos
del lesionado, quienes ignorando la gravedad del accidente, cancelaron en varias
oportunidades las citas que éste debía cumplir en el Hospital Militar.
El anterior derrotero jurisprudencial fue reiterado por esta Corporación, así:
entre los documentos traidos (sic) por la parte actora con la encuentra copla del acta
de junta médica laboral levantada por la división de sanidad del ejército nacional con
motivo del caso del demandante, fechada el 19 de febrero de 1998, en la que se
señaló una disminución de la capacidad laboral del 79.25%. Este acto le fue
notificado al demandante el 20 de febrero siguiente.
Este documento a juicio de la Sala, es relevante para determinar el término de
caducidad de la presente acción, habida cuenta que del contenido de dicha acta se
desprende que con motivo del hecho por el que se reclama indemnización de
perjuicios, el demandante fue sometido a un tratamiento médico prolongado, que
terminó con la indicación de la disminución de su capacidad laboral en el porcentaje
señalado (sic).
En un pronunciamiento más reciente acerca del tema, la sección tercera (3.) del
Consejo de Estado afirmó:
[...] la Sala estima necesario reafirmar la posición jurisprudencial que se ha adoptado
acerca del tema en estudio, en el sentido de que la regla general para contabilizar
el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se tomará
como punto de partida contados desde el acaecimiento del hecho que originó el
daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en algunas ocasiones, pueden
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presentarse eventos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce
sólo hasta después del acaecimiento de los hechos, motivo por el cual [...] la
contabilización del término de caducidad se realiza a partir del momento en que
alguno de aquéllos tenga ocurrencia.
Ahora bien, en el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la
ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo
Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante sólo tuvo conocimiento de la
magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la
Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, razón por la cual la
Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual
la Junta Médica determinó que la víctima.
presentaba (sic) una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le
impedía ejercer la actividad militar.
Este criterio fue acogido por la sección cuarta (4.) de esta Colegiatura", al decidir
una tutela en la que se debatia (sic) un asunto similar al presente, en los siguientes
términos:
[...] la Sección Tercera reiteradamente ha aceptado y sostenido que a pesar de que
el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que
el término de caducidad para las acciones de reparación directa debe contarse a
partir del "acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa", esta norma
no se debe aplicar de forma restrictiva y exegética, ya que existen casos en los que
no es posible determinar la concreción o magnitud de la afectación en el mismo
instante en que se produce el daño, es decir, que la certeza de la existencia del daño
y su grado de incidencia se manifiestan con posterioridad a la fecha en la que se
presenta el hecho generador del mismo […]”.
42. Ahora bien, para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que no indicaron específicamente cuales fueron las
i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que
mencionaron en su escrito de tutela, y mucho menos argumentaron que las ii)
situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos
o similares.
43. Además, la Sala debe hacer énfasis en que los actores en su escrito de tutela
se limitaron a señalar que la autoridad judicial accionada se apartó de precedentes
fijados por las Secciones Tercera y Cuarta del Consejo de Estado, sin embargo, no
indicaron i) la fecha de la providencia, ni muchos menos el ii) número único de
radicación.
21
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44. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia
constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de
Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, el actor tiene la carga
argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos
que permiten configurar la existencia de un precedente judicial23, esto es, i) que
en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela
se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta
ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii)
que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente24.
45. Esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto
Serrato Valdés al resolver un caso en donde los actores habían considerado que la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia SU-072 de 2018, consideró que no se
había acreditado el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga
argumentativa, al considerar lo siguiente25:
“[…] FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
1. Los accionantes, a través de apoderada judicial, impugnaron la decisión de
primera instancia acusándola de desconocer los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 28, 29, 32,
42, 83, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; la Convención Americana
de Derechos Humanos, y distintas sentencias proferidas por el Consejo de Estado
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos.
2. En desarrollo del escrito de impugnación los accionantes expresaron su
inconformidad con el ejercicio de la función investigativa que desarrolló la Fiscalía
General de la Nación y la jurisdicción ordinaria, especialidad penal, cuando privaron
de la libertad al señor Morales Álape. Específicamente reprocharon que no se
23 Respecto a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 19 de abril de 2021, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2021-
00999-00.
24 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de
2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04147-01.
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hubiesen percatado de que el procesado residía en el municipio de La Dorada
(Caldas).
3. Aunado a lo anterior, expusieron la importancia y el alcance del derecho a la
libertad de que se garantiza en la Constitución Política y en distintos instrumentos
jurídicos internacionales.
4. Seguidamente abordaron los elementos de la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. En desarrollo de este argumento señalaron que «ser
privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se dé con apego
al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas
jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son
antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado».
5. Igualmente, expresaron su inconformidad con el sistema penal colombiano.
Especialmente centraron su crítica en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y los
presupuestos que esta norma prevé para que la justicia penal ordene la detención
preventiva de un ciudadano que es objeto de una investigación.
6. Por último, elaboraron un resumen de las intervenciones de las entidades
accionadas y vinculadas en la presente acción de tutela y concluyeron que se
desconoció el precedente contenido en la sentencia SU – 072 de 2018 sin
indicar las razones por las cuales inferían tal conclusión […]”. (Resaltado por la
Sala).
[…]
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala encuentra que la
apoderada judicial de los accionantes, al impugnar la decisión del a quo, no
realizó una exposición concreta, específica, clara y coherente acerca del
motivo por el cual consideraba que la sentencia de primera instancia fue
desacertada al declarar la falta de relevancia constitucional y negar la solicitud
de amparo respecto del defecto fáctico.
7. Por el contrario, lo que se percibe del escrito de impugnación es un conjunto
de insatisfacciones de la apoderada judicial de la parte accionante con el
ordenamiento jurídico nacional. Específicamente con el ordenamiento penal y
con las reglas de procedencia de la medida preventiva de privación de la
libertad.
8. Así las cosas, para la Sala de Decisión no es posible abordar el estudio de
fondo del escrito de impugnación por las serias deficiencias argumentativas
que contiene el mismo, lo que impide que esta Sección pueda evaluar si, en
efecto, se incurrió en alguno de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela resaltándose que el extremo accionante estuvo en todo
momento representado por una profesional del derecho. Por tal motivo, se
deberá confirmar la sentencia impugnada […]”. (Resaltado por la Sala).
46. De igual manera, esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor
23
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Oswaldo Giraldo López, frente al tema consideró lo siguiente26:
“[…] La Sala estima que, en este caso, no está acreditada la relevancia
constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad, puesto que la
accionante, si bien cumplió con la carga de identificar la sentencia que a su
juicio constituye un precedente, esto es, la sentencia proferida por la Corte
Constitucional C-258 del 7 mayo de 201327, no explicó la regla jurisprudencial
que considera era aplicable a su caso y que la autoridad judicial accionada
desatendió, argumentación que habilitaría al juez de tutela para analizar si en
las providencias cuestionadas se configuró algún yerro.
Por el contrario, se observa que, en el escrito de tutela, la parte actora se limitó
a señalar que “los fallos de instancia desconocen el precedente constitucional
vertido por la honorable Corte Constitucional en tanto en la sentencia de
constitucionalidad 258 de 2013 estableció que los funcionarios públicos que
ya se encontraban vinculados a 01 de abril del año 1994, no se les aplica la
Ley 100 de 1993 en materia pensional, situación fáctica y jurídica en la que se
encuentra mi prohijada como funcionaria civil del Ministerio de Defensa regida
por el Decreto 1214 de 1990 (personal de planta central del Ministerio de
Defensa Nacional), o del Decreto 2701 de 1988 (personal de las entidades
descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional)”.
Lo dicho, habida cuenta que no basta con citar la jurisprudencia del Consejo
de Estado o de la Corte Constitucional para tener por superado el requisito de
relevancia constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad,
puesto que, para evidenciar una eventual transgresión del mismo, se requiere
que el accionante explique con claridad por qué refiere a las precitadas
providencias en el escrito de tutela; es decir, si lo que persigue es endilgar un
posible desconocimiento del precedente o si, por el contrario, se enlistaron
con otro propósito, más cuando la parte actora omitió exponer cuál fue la regla
jurisprudencial que estima debió tenerse en cuenta para resolverlo […]”.
(Resaltado por la Sala).
47. Por último, los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, señalaron lo
siguiente:
“[…] En la sentencia SU 242 de 2015 se plasma claramente que este defecto se
configura cuando “i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran
necesarias en el proceso; ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria de las
pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material probatorio. Así
mismo, puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones: una positiva y
otra negativa. La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por
“completo equivocada” o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y
la segunda cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna […]”.
26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021,
C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-00843-00.
27 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11479-00
Actores: José Vicente Peña Guarín y otros
66.Ahora bien, para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no indicaron
específicamente cuales medios de prueba fueron valorados erróneamente por parte
del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para
cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las
pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como
consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el
caso sub examine.
48. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto
fáctico ha dicho lo siguiente : 28
“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de
prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con
claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por
las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de
contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales29.
Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es
exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
49. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
30
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
29 Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto fáctico,
ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.
30 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
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Actores: José Vicente Peña Guarín y otros
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de
31
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con
la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos.
Conclusiones de la Sala
50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de tutela por
falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que quedó
plenamente acreditado en el presente caso, que los actores no cumplieron con la
carga argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico y el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo frente a los defectos fáctico y
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por el no cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
31 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11479-00
Actores: José Vicente Peña Guarín y otros
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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