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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11564-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11564-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 3 de febrero de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la solicitud de tutela formulada por la señora Norma Constanza Quevedo Pérez, y en su lugar; SEGUNDO. - NÍEGUESE la solicitud de tutela formulada por la señora Norma Constanza Quevedo Pérez en contra del Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado www.consejodeestado.gov.co 14 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTEL A Radicado: 11001-03-15-000-2021-11564-01 Ac c i o n a n t e : N o r m a C o n s t a n z a Q u e v e d o P é r e z Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. - REGÍSTRESE la presente providencia en la plataforma SAMAI CUARTO. - ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-11564-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBESECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11564-01
Accionante: NORMA CONSTANZA QUEVEDO PÉREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
Derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, seguridad social y de acceso a la
administración de justicia / Solicitud de
reconocimiento de sanción moratoria / Caducidad
del medio de control

Acción de tutela – sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la
señora Norma Constanza Quevedo Pérez, en contra de la sentencia de
3 de febrero de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta
por la parte accionante en contra del Tribunal Administrativo del
Cauca y otro.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, seguridad social y acceso a la administración
de justicia se fundamenta en los siguientes:

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1. HECHOS

La señora Norma Constanza Quevedo, actualmente, se encuentra
vinculada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
desde el 21 de septiembre de 1991.

El 15 de marzo de 2016, la accionante radicó ante la Secretaría de
Educación del Departamento del Cauca, solicitud de pago anticipado
de sus cesantías para reparación de su vivienda.

El pago de las cesantías lo obtuvo solo hasta el 7 de diciembre de
2016, por lo que el 21 de abril de 2017, radicó ante la Secretaría de
Educación del Departamento del Cauca, solicitud de reconocimiento
de la sanción moratoria como consecuencia de la tardanza en el pago.

Al no obtener respuesta, el 5 de abril de 2019, instauró el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, que por reparto le
correspondió al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán, el cual, en auto de 31 de agosto de 2020, declaró la
caducidad de la acción.

Apelada la decisión por la demandante, el Tribunal Administrativo del
Cauca, mediante providencia de 16 de septiembre de 2021, confirmó
lo resuelto por el a quo.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

« 1. DECLARAR violados derechos (sic) fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD por parte del JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN y por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA a mi prohijada la señora NORMA

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CONSTANZA QUEVEDO PEREZ con la emisión de la Providencia
Judicial No. 865 del 09 de agosto del 2020 notificada el 01 de
septiembre de 2020, y Providencia Judicial del 16 de septiembre
notificada el 17 de septiembre del 2021.

2. En consecuencia, solicito al honorable Juez constitucional, dejar sin
efectos y validez jurídica la Providencia Judicial No. 865 del 09 de
agosto del 2020 emitida por el Juzgado Noveno Administrativo de
Popayán, y Providencia Judicial del 16 de septiembre notificada el 17
de septiembre del 2021, emitida por el Tribunal Administrativo de
Popayán dentro del proceso contencioso administrativo iniciado por la
señora NORMA CONSTANZA QUEVEDO PEREZ.

3. Por lo anterior, solicito al Honorable Juez constitucional ordenar al
Juzgado Noveno Administrativo de Popayán continuar con el trámite
normal del proceso conocido con Radicación No. 19-001-33-33-009-
2019-00077-00».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

En la acción de tutela, la parte accionante indicó que las providencias
proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial
de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca vulneraron sus
derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo, con los
siguientes argumentos:

Con la aplicación literal del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
existió una indebida interpretación de la norma sobre la prescripción
de los derechos laborales, toda vez que si bien el medio de control
invocado fue el de nulidad y restablecimiento del derecho no puede
desconocerse que su objeto es de carácter laboral prestacional, toda
vez que lo pretendido versaba sobre el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria

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El término de prescripción aplicable al caso concreto es el establecido
en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, el cual señala
que las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en 3
años.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 16 de diciembre de 2021, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, admitió la acción de la referencia y ordenó
notificar al Juzgado Noveno Administrativo de Popayán y al Tribunal
Administrativo del Cauca, como accionados; a la Nación Ministerio de
Educación Nacional-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio- y
al departamento del Cauca-Secretaría de Educación, como terceros
interesados en las resultas del proceso.

Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, para que, en caso de considerarlo necesario, se pronunciara
sobre los hechos que originaron la presente acción de tutela.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán manifestó que la decisión objeto de tutela se sustentó en
las pruebas obrantes en el proceso y en la actual jurisprudencia,
razón por la cual no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción impetrada, al
considerar que no se cumplieron los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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5.2. La Secretaría de Educación y Cultura del Cauca solicitó
rechazar por improcedente la presente acción de tutela por no cumplir
los requisitos generales de procedencia.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado
por falta de legitimación en la causa.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3 de
febrero de 2022, rechazó por improcedente la presente tutela. Al
respecto, consideró que las inconformidades planteadas por la
accionante fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural ya
que los argumentos del recurso de apelación son los mismos que los
de tutela.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión precitada, para lo cual reiteró
los argumentos del escrito de tutela; manifestó que con la presente
acción de tutela no pretende revivir términos sino poner en evidencia
el error de los operadores judiciales que de manera equívoca
desconocieron la figura de la prescripción en temas de derechos
laborales y por ser una docente del servició nacional de educación, le
correspondió adelantar el proceso a través el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

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Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191,
en cuanto establece que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente demanda de tutela cumple los requisitos generales
de procedibilidad?

 ¿La providencia de 16 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca que confirmó lo resuelto por
el a quo en el sentido de rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho al considerar que operó el
fenómeno jurídico de caducidad, vulneró los derechos
fundamentales de la accionante al incurrir en un presunto
defecto sustantivo?

3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta

1 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

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corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, mientras que los especiales deben acreditarse para que
la protección del derecho fundamental prospere.

3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-

2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1.- En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de
amparo constitucional cumple con los requisitos generales definidos
por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
presunta vulneración como los derechos vulnerados se encuentran
plenamente individualizados.

3.1.2. Así mismo se encuentra que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

3.1.3. Se advierte igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado»,
contado desde la fecha de expedición de la decisión cuestionada (16
de septiembre de 2021), hasta la radicación de la acción de tutela en
la Secretaría General de esta corporación (13 de diciembre 2021).

3.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una violación
ius fundamental como consecuencia del presunto defecto sustantivo.

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4. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”6.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi)
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii)
cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende

4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución”7. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente8.

5. Caso concreto

En el presente asunto, la señora Norma Constanza Quevedo Pérez
reprocha la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, mediante la cual confirmó lo resuelto por el a quo, en el
sentido de decretar que en el proceso ordinario operó el fenómeno
jurídico de caducidad.

En sentir de la parte accionante, con la providencia acusada, el
Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en defecto sustantivo al
desconocer las normas que establecen el término de prescripción de 3
años para los derechos laborales, toda vez que el objeto de su
demanda versaba sobre el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.

Por lo anterior, consideró que el Tribunal no podía dar aplicación al
término de caducidad de 4 meses, establecido para el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al efecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia
de 3 de febrero de 2022, rechazó por improcedente la presente tutela

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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al establecer que la accionante busca reabrir un debate jurídico frente
a las providencias objeto de reproche y en consecuencia no revisten
de relevancia constitucional.

Para resolver el caso concreto, es necesario realizar las siguientes
consideraciones:

Si bien es cierto, la tutela contra providencia judicial tiene un carácter
residual y excepcional, esta Sala de Subsección encuentra cumplidos
los requisitos generales de procedencia de la acción constitucional,
toda vez que como se señaló en el acápite anterior, los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran
plenamente individualizados, la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios, y la interposición del
mecanismo constitucional se dio en un lapso razonable y
proporcionado. Así mismo, el asunto a resolver es de marcada
relevancia constitucional, en la medida que se circunscribe a
establecer una presunta violación de los derechos fundamentales de
la accionante por el defecto sustantivo en que presuntamente incurrió
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por lo anterior, esta Sala de Subsección procederá a analizar si, como
lo señala la accionante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en un defecto sustantivo.

El 7 de febrero de 2019, la señora Norma Constanza Quevedo Pérez,
instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, a la que considera tiene derecho, por el pago tardío de las
cesantías que solicitó para la restauración de su vivienda.

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Al respecto, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán realizó las siguientes actuaciones:

 Mediante auto de 15 de octubre del 2019, admitió la demanda
de la referencia.
 En providencia de 2 de julio de 2020, programó fecha y hora
para la celebración de la audiencia inicial para el 9 de julio de
2020.
 Antes de la realización de la audiencia, advirtió que
FIDUPREVISORA SA actuando como vocera del Ministerio de
Educación – Fondo de prestaciones sociales del magisterio,
interpuso la excepción de caducidad y no se requería la práctica
de pruebas.
 A través de auto de 7 de julio de 2020, se procedió a dejar sin
efectos la decisión que citó a la audiencia inicial, para proceder
a resolver la excepción de caducidad formulada.
 Mediante auto de 31 de agosto de 2020, declaró la caducidad
del medio de control.
 Apelada la decisión por la demandante, el Tribunal
Administrativo del Cauca, en providencia de 16 de septiembre
de 2021, confirmó lo resuelto por el a quo.

En este contexto, el tribunal consideró lo siguiente:

« Así las cosas, le asiste razón a la a (sic) quo al considerar
configurada la excepción de caducidad, puesto que la parte actora al
haber sido notificada el 08 de mayo de 2017 del Oficio 4-0-2017-3055
de 04 de mayo de 2017, mediante el cual obtuvo respuesta de la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca frente
a su solicitud tendiente al pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías, tenía plazo para presentar la demanda hasta
el 09 de septiembre de 2017; no obstante, el 25 de septiembre de
2018 radicó solicitud de audiencia de conciliación prejudicial y la
demanda fue presentada el 05 de abril de 2019.

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Ahora bien, podría pensarse desprevenidamente que como la
respuesta proferida con posterioridad a través del oficio No: 4-0-
2017-3590 de 09 de junio de 2017, no se encontró dentro del
expediente constancia de su notificación, se podría entender
demandado en su oportunidad. Sin embargo, debe precisarse que al
resolver sobre el mismo asunto que es el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, lo que se pretendió fue revivir términos judiciales,
lo cual está vedado en nuestro ordenamiento jurídico.

Por tal razón, al presentar la actora la demanda fuera del término
dispuesto por la ley, asiste razón al juez a quo al declarar probada la
excepción de caducidad; razón suficiente para confirmar la decisión de
instancia».

Ahora bien, el artículo 164-2 literal d del CPACA, contempla lo
siguiente:

« d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso,
salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales».
Negrilla fuera de texto

Es necesario aclarar que cuando se hace referencia a la caducidad, es
cuando se limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de
acceder a la jurisdicción con el fin de hacer efectivos sus derechos, “lo
que implica para quien pretenda demandar, la obligación de hacerlo
dentro del plazo fijado por la ley”; en tanto la prescripción hace
alusión directa a la pretensión, esto es, “al derecho, el cual constituye
el término específico para adquirirlo o extinguirlo9”.

En ese orden de ideas, como existió un acto administrativo que
resolvió de forma negativa la petición, debe ser sometido a los
términos de caducidad.

9 27001-23-33-000-2013-00282-01(2937-15) Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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Conforme a lo anterior, no se encuentra configurado en la decisión
objeto de tutela el defecto sustantivo alegado por la parte accionante.
Así, para la Sala es claro que le asiste razón al Tribunal en confirmar
la decisión que decretó la caducidad por no cumplirse el término
establecido en la Ley, específicamente el artículo 164-2 literal d del
CPACA.

Por lo expuesto, esta Sala de Subsección, revocará la sentencia de
primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que rechazó por improcedente la presente acción de tutela. En
su lugar, se negará el amparo de los derechos fundamentales
solicitados por la accionante, en la medida en que el Tribunal
Administrativo del Cauca no incurrió en defecto sustantivo.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 3 de febrero de 2022,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que rechazó por improcedente la solicitud de
tutela formulada por la señora Norma Constanza
Quevedo Pérez, y en su lugar;

SEGUNDO. - NÍEGUESE la solicitud de tutela formulada por la
señora Norma Constanza Quevedo Pérez en contra
del Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado

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ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11564-01
Ac c i o n a n t e : N o r m a C o n s t a n z a Q u e v e d o P é r e z

Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. - REGÍSTRESE la presente providencia en la
plataforma SAMAI

CUARTO. - ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON PERMISO

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