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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11572-00

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11572-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de amparo presentada por Yury Carolina León contra la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de Yury Carolina León respecto del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura resolver la solicitud de la actora, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 28 Núm. único de radicación: 110010315000202111572-00 Actora: Yury Carolina León

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11572-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202111572-00
Actora: Yury Carolina León
Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y
Fiscalía General de la Nación

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado/alcance

Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho Fundamental Invocado: i) Petición

Derecho Fundamental Amparado: i) Petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yury Carolina León contra la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General
de la Nación, porque, a su juicio, al no resolver de fondo las peticiones de 21 de
octubre de 2021, por medio de las cuales solicitó información sobre los procesos
judiciales de carácter penal relacionados con “[…] ciudadanos de origen venezolano
y/o extranjero […]”, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación, porque, a su juicio, al no resolver de fondo las peticiones de 21 de octubre

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Núm. único de radicación:
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Actora: Yury Carolina León

de 2021, por medio de las cuales solicitó información sobre los procesos judiciales
de carácter penal relacionados con “[…] ciudadanos de origen venezolano y/o
extranjero […]”, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Afirmó que, a través de escrito radicado mediante mensaje de datos1, ante la
Fiscalía General de la Nación, el 21 de octubre de 2021, solicitó información respecto
de la respuesta a las siguientes preguntas:

“[…] “1. ¿En los procesos de carácter penal, se requiere la correcta identificación o
individualización del imputado?

2. ¿Se puede judicializar penalmente a un ciudadano de origen venezolano y/o
extranjero sin individualizarlo o identificarlo correctamente?

3. ¿Porque motivos no se puede individualizar o identificar correctamente a los
ciudadanos de origen venezolano?

4.¿La falta de individualización o identificación correctamente de los ciudadanos de
origen venezolano, es la razón por la cual quedan en libertad en los procesos
penales?

5. ¿Qué otra razón existe para que los ciudadanos de origen venezolano queden en
libertad en los procesos penales?

6. ¿Cuáles son los motivos y/o razones por los cuales la República Bolivariana de
Venezuela, no entrega los documentos de identificación de un ciudadano de dicha
nacionalidad?

7. ¿La Fiscalía General de la Nación, tiene algún convenio con la República
Bolivariana de Venezuela, para obtener la correcta individualización y/o
identificación de sus ciudadanos?

8. ¿Qué mecanismos se están implementando para identificar a los ciudadanos de
origen venezolano que han cometido delitos en nuestro país?

9. ¿Para los años 2020 y 2021, en cuántos procesos penales han quedado en
libertad ciudadanos de origen venezolano por falta de individualización y/o
identificación o por otra razón?” […]”.

1 El correo electrónico fue remitido a “juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co”. Soporte visible en el
documento electrónico “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2” Folio 5.

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4. Manifestó que, de igual manera, a través de escrito radicado mediante mensaje
de datos2, ante el Consejo Superior de la Judicatura, el 21 de octubre de 2021, solicitó
información respecto de la respuesta a las preguntas citadas supra.

5. Señaló que, a la fecha de radicación de la presente acción de tutela, “[…] no
he recibido respuesta a mis peticiones […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] que se ordene dentro del plazo legal, el amparo de mi derecho fundamental de
petición […]”.

7. Precisó que la entidad accionada vulneró su derecho fundamental de
petición, toda vez que, a su juicio:

“[…] En ese orden, el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta
Política, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las
autoridades y particulares con miras a obtener respuesta oportuna y precisa a una
solicitud o queja.

La teoría del núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales es una
garantía constitucional contra su vulneración. El núcleo esencial de un derecho
fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se
impone a las autoridades y a los particulares.

En la ponderación de valores constitucionales requerida en cada caso, es necesario
garantizar una especial "fuerza de resistencia" a los derechos fundamentales,
representada en la teoría del núcleo esencial, frente a otros valores jurídicos
consagrados en la Constitución, por lo cual, el ejercicio efectivo del derecho de
petición supone el derecho a obtener una pronta respuesta o resolución. Las
dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta a una solicitud, constituye
vulneración del derecho fundamental de petición, derecho que tampoco está, ni puede
estar sometido a razones de trámite como volumen de solicitudes por resolver, orden
de solicitudes, carencia de personal, etc. Toda vez que la Constitución Política
contiene una escala de valores impide, salvo casos de extrema necesidad, conceder

2 El correo electrónico fue remitido a “info@cedonj.ramajudicial.gov.co”. Soporte visible en el documento
electrónico “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2” Folio 5.

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prioridad a un bien jurídico por encima de un derecho fundamental. La Constitución
es norma de normas y la efectividad de los derechos fundamentales, tales como el de
petición, en ningún caso puede ser anulada por razones de orden administrativo o
procedimental.

De todo lo anteriormente expuesto, es forzoso concluir que la FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
vulneran mi derecho fundamental de petición, pues a la fecha, no han dado la
respuesta oportuna a mi petición. […]”. (Resaltado por la Sala).

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de diciembre de 2021; i)
admitió la acción de tutela, y ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior
de la Judicatura y al Fiscal General de Nación, concediéndoles el término de tres (3)
días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada

9. La Fiscalía General de la Nación explicó que:

“[…] en su página web cuenta con una sección de transparencia y servicio
ciudadano, en la cual se referencia que la entidad está en la obligación de
proporcionar un buzón exclusivo para radicaciones de peticiones quejas, reclamos
y sugerencias, por lo que se dispuso el correo
[ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co], así como el canal de PQRS
[https://susi.fiscalia.gov.co/ui/#/pqr-new-request/1].

Frente a ello, la accionante refiere que intentó radicar su petición al canal de
PQRS https://susi.fiscalia.gov.co/ui/#/pqr-new-request/1 previamente
enunciado, en el cual presuntamente no fue posible interponerla, por lo que
decidió enviarlo al correo electrónico
juridicanotificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. Al respecto, se informa a su
honorable despacho que la accionante contaba con otro canal para remitir su
petición, el cual se encuentra expresamente enunciado en la página web de la
Entidad: ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co, sin embargo, optó por enviarlo al
correo electrónico que se encuentra únicamente destinado para recepcionar
tutelas.

Enterados de la admisión de la tutela, mediante correo electrónico del 22 de
diciembre de 2021 esta Unidad solicitó a Jurídica Notificaciones Tutelas la
trazabilidad y el trámite otorgado a la petición de la señora León, frente a lo cual esta
enunció lo siguiente:

“En atención al correo que precede mediante el cual solicita información (sic) sobre
la trazabilidad dada al derecho de petición radicado por la hoy tutelante dentro de la
acción (sic) 2021 - 11572, YURY CAROLINA LEON, una vez revisado el sistema de
correo de notificaciones tutela, no se evidenciaron antecedentes respecto de

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Actora: Yury Carolina León

este numero (sic) y nombre. Lo unico (sic) verificado es la notificación (sic) de
la presente accción(sic), con archivos adjuntos, auto y escrito de tutela.”

El correo enunciado se anexa a la presente contestación para su conocimiento
integro.

En consecuencia, se informa que se conoció de la petición del 21 de octubre de
2021 interpuesta por la accionante por medio de la acción de tutela de la
referencia hasta el traslado de la admisión de la presente tutela, por lo que esta
Unidad procedió a otorgarle la respectiva respuesta mediante Oficio con radicado
No. 20221500000143 del 05 de enero de 2022, notificado a la accionante
mediante correo electrónico del 07 de enero del año en curso, configurando
hecho superado. […]”. (Resaltado por la Sala).

14.1. Afirmó que, en el caso sub examine operó la carencia actual de objeto por
hecho superado comoquiera que, a su juicio, “[…] la solicitud de información referente
a los trámites que realiza la FGN con respecto a los ciudadanos venezolanos en el
marco del proceso penal, obtuvo la respectiva respuesta. […]”.

14.2. Teniendo en cuenta lo anterior, adujo que:

“[…] esta Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos
Jurídicos le otorgó respuesta a la accionante mediante el Oficio con radicado No.
20221500000143 del 05 de enero de 2021 […]

Lo anterior le fue notificado a la accionante al correo electrónico brindado por esta:
remitido a la accionante a su correo electrónico contador.arkad@gmail.com y
yuryle@yahoo.es […]”. (Resaltado por la Sala).

14.3. Señaló que, “[…] Como se observa, en este caso, la contestación de fondo,
clara, precisa, consecuente y congruente fue efectivamente notificada a la
peticionaria a través de los correos suministrados, conforme lo dispone la
jurisprudencia constitucional, para acreditar la adecuada garantía del derecho
fundamental de petición. Así las cosas, la notificación electrónica surtida en forma
adecuada denota que la FGN dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 del
CPACA. […]”.

14.4. Reiteró que:

“[…] efectuó la notificación electrónica de manera adecuada y con base en los
parámetros establecidos en el CPACA y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En
línea con lo anterior, el Decreto Legislativo 491 de 2020, prorrogado mediante la
Resolución 1913 del 25 de noviembre de 202110 hasta el 28 de febrero de 2022,
establece en su artículo 4° que durante el período que permanezca vigente la

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emergencia sanitaria generada por el Covid-19, las entidades públicas de todos los
órdenes, sectores y niveles se encuentran facultadas para notificar o comunicar sus
actuaciones por medios electrónicos11, como lo realizó la FGN en el caso bajo
examen.

En consecuencia, en el presente asunto operó la carencia actual de objeto por
hecho superado. Lo anterior, porque la Fiscalía General de la Nación respondió
de fondo la solicitud de información de la accionante, ya que la Entidad ha
satisfecho por completo las pretensiones de la señora León al dar respuesta
clara, precisa y de fondo a su petición de información sobre el proceso penal
previamente referenciado, y por tanto cualquier determinación que adopte el juez de
tutela resultaría inocua y carecería de justificación constitucional. […]”. (Resaltado por
la Sala).

15. El Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio en esta etapa
procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 4
y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20185 y con el artículo 13
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"
5 “por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si la acción de
tutela es procedente para proteger el derecho fundamental de petición invocado por
la actora, el cual considera vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura y la
Fiscalía General de la Nación, porque, a su juicio, al no resolver de fondo las
peticiones de 21 de octubre de 2021, por medio de las cuales solicitó información
sobre los procesos judiciales de carácter penal relacionados con “[…] ciudadanos
de origen venezolano y/o extranjero […]”.

19. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; iii) contenido y alcance del derecho fundamental de petición; iv) análisis del
caso concreto y finalmente las v) conclusiones de la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

20. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

21. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20057, se pronunció en el
siguiente sentido:

7 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

22. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado8:

[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela
pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que
la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha
situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de
amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

23. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección9.

24. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
9 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

9

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25. El artículo 23 de la Constitución Política establece el derecho fundamental de
petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

26. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional10 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.

Contenido y alcance del derecho fundamental de petición

27. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01
de 2 de enero de 198411, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los
artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

28. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201112, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos

10 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
11 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Actora: Yury Carolina León

hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.

29. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.

30. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

31. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201513 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

32. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

33. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.

34. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las

13 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”

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autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

35. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El
numeral 1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán
resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del
artículo 14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una
consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

36. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

37. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

38. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

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39. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

40. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días
siguientes al de la recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término
señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

41. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201214, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en

14 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado

fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

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Actora: Yury Carolina León

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

42. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
39.Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

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Núm. único de radicación:
110010315000202111572-00
Actora: Yury Carolina León

43. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”15.

44. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

45. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional16:

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Análisis del caso concreto

15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación:
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Actora: Yury Carolina León

46. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

47. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

48. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los
siguientes documentos:

48.1. Copia del pantallazo que acredita que, la actora radicó derecho de petición,
mediante mensaje de datos17, ante la Fiscalía General de la Nación, el 21 de octubre
de 2021.

17 El correo electrónico fue remitido a “juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co”. Soporte visible en el
documento electrónico “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2” Folio 5.

16

Núm. único de radicación:
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Actora: Yury Carolina León

48.2. Copia del pantallazo, que acredita que, la actora radicó derecho de petición,
mediante mensaje de datos18, ante el Consejo Superior de la Judicatura, el 21 de
octubre de 2021.

48.3 Copia del oficio núm. DAJ-10400- de 5 de enero de 2022, de la Unidad de
Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la

18 El correo electrónico fue remitido a “info@cedonj.ramajudicial.gov.co”. Soporte visible en el documento
electrónico “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2” Folio 5.

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Núm. único de radicación:
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Actora: Yury Carolina León

Fiscalía General de la Nación, dirigido a la actora, Yuri Carolina León, a las
direcciones de correo electrónico: contador.arkad@gmail.com y yuryle@yahoo.es,
en el que se informó que:

“[…] si bien su consulta fue formulada en ejercicio del derecho de petición y por lo
tanto merece una respuesta de fondo, no corresponde a esta Entidad resolver el
asunto. En efecto, la Fiscalía General de la Nación no tiene funciones
consultivas, tal y como lo señalan los artículos 250 y 251 de la Carta Política.
Por este motivo, no le corresponde a la Entidad absolver las consultas
relacionadas con dogmática penal o procedimiento penal tal como ocurre en
el presente caso. Por el contrario, la función principal del Ente Acusador e
Investigador consiste en adelantar el ejercicio de la acción penal y de extinción
de dominio, bajo las condiciones y parámetros establecidos en la Constitución
y las Leyes.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia indicó que “el ente acusador no está facultado
para servir como ‘órgano consultivo’, en tanto su función corresponde al ejercicio de
la acción penal” 19 (subraya fuera del texto). Asimismo, dicha Corporación agregó
que los conceptos emitidos por la Fiscalía General de la Nación a los ciudadanos
“podrían ir en contravía de las decisiones de los funcionarios a cargo de los casos
bajo su conocimiento, afectando de esta manera la autonomía e independencia”.

Bajo este contexto es posible indicar que la consulta realizada sí trae
implícitos temas de procedimiento penal respecto de los procedimientos
efectuados frente a personas extranjeras, específicamente ciudadanos
venezolanos, por lo cual, dado que la Entidad no tiene funciones consultivas
no es posible suministrar respuesta en esta materia, sin embargo se sugiere
que se revise lo dispuesto en el artículo 128 del Código de Procedimiento
Penal, adoptado mediante la Ley 906 de 2004, donde establece el deber de la
Fiscalía General de la Nación de identificar o individualizar al imputado, en
concordancia con el Libro II de la Ley 906 de 2004, en el Capítulo IV de su Título
I, donde se desarrolla el concepto de los métodos de identificación y el artículo
251 de la Ley 906 de 2004 donde describe algunos de los métodos de
científicos habilitados por el legislador para lograr la identificación de
personas.

En todo caso, a continuación, se refieren los enlaces en donde puede encontrar la
normativa que regula la Entidad, en los cuales usted puede efectuar las consultas
referentes a sus interrogantes. Para el efecto, en la página web de la Fiscalía
General de la Nación se encuentran publicadas todas las normas que regulan
a esta Entidad (actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones y directivas,
entre otros). Para tener acceso a dicha información se puede consultar el
siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/normatividad/.

Adicionalmente, esta información también reposa en el Sistema Único de
Información Normativa del Estado Colombiano (SUIN – JURISCOL), en el sitio
web: www.suinjuriscol.gov.co. En estos enlaces podrá encontrar toda la información
que le permitirá dilucidar sus preguntas a la luz de la normativa aplicable en la
materia.

19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia STC8081-2017, 8 de junio de 2017. M.P. Luis
Alonso Rico Puerta. Radicación No. 15001221300020170024801..

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110010315000202111572-00
Actora: Yury Carolina León

Por último, esta Unidad le sugiere de manera respetuosa que adicional a las fuentes
mencionadas consulte las sentencias proferidas por la Honorable Corte
Constitucional vgr. las Sentencias T-653 de 2014 o T-361 de 1997, o las de la
Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, como lo es por ejemplo la providencia
AP2140-2015, Radicación N° 45753. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández,
reiterada en la sentencia SP836-2019 radicación 48368 M.P. Patricia Salazar
Cuellar, en tanto que dicha jurisprudencia como criterio auxiliar puede serle de
utilidad para resolver las dudas que señala en su petición. En su defecto, se
recomienda que acuda a un profesional del derecho con conocimientos
especializados en la temática de consulta. […]” (Resaltado por la Sala).

48.4 Copia de la comunicación electrónica de 7 de enero de 2022, mediante la cual
se remitió el oficio núm. DAJ-10400- de 5 de enero de 2022 por parte de la Unidad
de Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Fiscalía General de la Nación, dirigido a la actora, a las direcciones de correo
electrónico contador.arkad@gmail.com y yuryle@yahoo.es:

Solución del caso concreto

49. La actora pretende que, mediante el ejercicio de la acción de tutela, se le
proteja el derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la Fiscalía
General de la Nación y la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura y, porque, a su juicio, no resolvieron de fondo las peticiones de 21 de
octubre de 2021, por medio de las cuales solicitó información sobre los procesos

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Actora: Yury Carolina León

judiciales de carácter penal relacionados con “[…] ciudadanos de origen venezolano
y/o extranjero […]”.

50. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por la actora
ha sido contestada por la Fiscalía General de la Nación.

10. La sala advierte que, la petición que presentó la actora el 21 de octubre de
2021, se realizó en los siguientes términos:

“[…] “1. ¿En los procesos de carácter penal, se requiere la correcta identificación o
individualización del imputado?

2. ¿Se puede judicializar penalmente a un ciudadano de origen venezolano y/o
extranjero sin individualizarlo o identificarlo correctamente?

3. ¿Porque motivos no se puede individualizar o identificar correctamente a los
ciudadanos de origen venezolano?

4.¿La falta de individualización o identificación correctamente de los ciudadanos de
origen venezolano, es la razón por la cual quedan en libertad en los procesos
penales?

5. ¿Qué otra razón existe para que los ciudadanos de origen venezolano queden en
libertad en los procesos penales?

6. ¿Cuáles son los motivos y/o razones por los cuales la República Bolivariana de
Venezuela, no entrega los documentos de identificación de un ciudadano de dicha
nacionalidad?

7. ¿La Fiscalía General de la Nación, tiene algún convenio con la República
Bolivariana de Venezuela, para obtener la correcta individualización y/o
identificación de sus ciudadanos?

8. ¿Qué mecanismos se están implementando para identificar a los ciudadanos de
origen venezolano que han cometido delitos en nuestro país?

9. ¿Para los años 2020 y 2021, en cuántos procesos penales han quedado en
libertad ciudadanos de origen venezolano por falta de individualización y/o
identificación o por otra razón?” […]”.

51. La Sala advierte que, obra en el expediente copia del oficio núm. DAJ-10400-
de 5 de enero de 2022, de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, dirigido a la

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Actora: Yury Carolina León

actora, Yuri Carolina León, a las direcciones de correo electrónico:
contador.arkad@gmail.com y yuryle@yahoo.es, en el que se informó que:

“[…] si bien su consulta fue formulada en ejercicio del derecho de petición y por lo
tanto merece una respuesta de fondo, no corresponde a esta Entidad resolver el
asunto. En efecto, la Fiscalía General de la Nación no tiene funciones
consultivas, tal y como lo señalan los artículos 250 y 251 de la Carta Política.
Por este motivo, no le corresponde a la Entidad absolver las consultas
relacionadas con dogmática penal o procedimiento penal tal como ocurre en
el presente caso. Por el contrario, la función principal del Ente Acusador e
Investigador consiste en adelantar el ejercicio de la acción penal y de extinción
de dominio, bajo las condiciones y parámetros establecidos en la Constitución
y las Leyes.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia indicó que “el ente acusador no está facultado
para servir como ‘órgano consultivo’, en tanto su función corresponde al ejercicio de
la acción penal” 20 (subraya fuera del texto). Asimismo, dicha Corporación agregó
que los conceptos emitidos por la Fiscalía General de la Nación a los ciudadanos
“podrían ir en contravía de las decisiones de los funcionarios a cargo de los casos
bajo su conocimiento, afectando de esta manera la autonomía e independencia”.

Bajo este contexto es posible indicar que la consulta realizada sí trae
implícitos temas de procedimiento penal respecto de los procedimientos
efectuados frente a personas extranjeras, específicamente ciudadanos
venezolanos, por lo cual, dado que la Entidad no tiene funciones consultivas
no es posible suministrar respuesta en esta materia, sin embargo se sugiere
que se revise lo dispuesto en el artículo 128 del Código de Procedimiento
Penal, adoptado mediante la Ley 906 de 2004, donde establece el deber de la
Fiscalía General de la Nación de identificar o individualizar al imputado, en
concordancia con el Libro II de la Ley 906 de 2004, en el Capítulo IV de su Título
I, donde se desarrolla el concepto de los métodos de identificación y el artículo
251 de la Ley 906 de 2004 donde describe algunos de los métodos de
científicos habilitados por el legislador para lograr la identificación de
personas.

En todo caso, a continuación, se refieren los enlaces en donde puede encontrar la
normativa que regula la Entidad, en los cuales usted puede efectuar las consultas
referentes a sus interrogantes. Para el efecto, en la página web de la Fiscalía
General de la Nación se encuentran publicadas todas las normas que regulan
a esta Entidad (actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones y directivas,
entre otros). Para tener acceso a dicha información se puede consultar el
siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/normatividad/.

Adicionalmente, esta información también reposa en el Sistema Único de
Información Normativa del Estado Colombiano (SUIN – JURISCOL), en el sitio
web: www.suinjuriscol.gov.co. En estos enlaces podrá encontrar toda la información
que le permitirá dilucidar sus preguntas a la luz de la normativa aplicable en la
materia.

20 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia STC8081-2017, 8 de junio de 2017. M.P. Luis
Alonso Rico Puerta. Radicación No. 15001221300020170024801..

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Actora: Yury Carolina León

Por último, esta Unidad le sugiere de manera respetuosa que adicional a las fuentes
mencionadas consulte las sentencias proferidas por la Honorable Corte
Constitucional vgr. las Sentencias T-653 de 2014 o T-361 de 1997, o las de la
Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, como lo es por ejemplo la providencia
AP2140-2015, Radicación N° 45753. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández,
reiterada en la sentencia SP836-2019 radicación 48368 M.P. Patricia Salazar
Cuellar, en tanto que dicha jurisprudencia como criterio auxiliar puede serle de
utilidad para resolver las dudas que señala en su petición. En su defecto, se
recomienda que acuda a un profesional del derecho con conocimientos
especializados en la temática de consulta. […]” (Resaltado por la Sala).

52. En ese sentido, corresponde a la Sala establecer si la Fiscalía General de
la Nación cumplió con proporcionar una respuesta de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado, y que haya sido puesta en conocimiento de la
peticionaria; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

53. La Sala encuentra que la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
de la actora en debida forma, puesto que, se observa en la comunicación
electrónica de 7 de enero de 2022, se remitió el oficio núm. DAJ-10400- de 5 de
enero de 2022, por parte de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, a la actora, a
las direcciones de correo electrónico contador.arkad@gmail.com y
yuryle@yahoo.es:

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54. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que la actora pretendía
con su petición, que la Fiscalía General de la Nación le diera una respuesta a su
consulta relacionada con los procesos judiciales de carácter penal relacionados con
“[…] ciudadanos de origen venezolano y/o extranjero […]”.

55. La Fiscalía General de la Nación, por su parte respondió a la actora: i)
informando las razones por las cuales no le es posible responder solicitudes que
impliquen emitir conceptos relacionados con dogmática penal o procedimiento
penal, pues no posee facultades consultivas, tal y como lo señalan los artículos 250
y 251 de la Carta Política; e ii) indicándole cuales artículos del Código de
Procedimiento Penal, sentencias de la Corte Constitucional, y páginas web de
consulta, son idóneos y relevantes para responder su consulta.

56. Para la Sala, con la respuesta mencionada supra, se cumplió con el marco
normativo y jurisprudencial del derecho de petición, según el cual, la respuesta debe
ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado. Lo anterior en
consideración a que la peticionaria recibió la información necesaria para atender lo
solicitado.

57. Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia de 27 de junio de
201321 estableció que:

“[…] Con fundamento en la citada norma, en varias oportunidades esta corporación
ha definido el ámbito de protección del derecho fundamental de petición. Así las cosas
este incorpora en su núcleo esencial los siguientes elementos:

[…]

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad
a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, se pronuncie de
manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición,
excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado;
esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no
a lo solicitado. […]”. (Resaltado por la Sala)

58. Asimismo, la Corte Constitucional mediante providencia de 2 de marzo de
2012,22 indicó que:

21 Corte Constitucional. Sentencia T-369 de 27 de junio de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-416 de 2 de marzo de 2021, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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“[…] el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el
agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las
pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado
este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario,
aunque la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que la resolución a la petición,
“(…) producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la
satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado
transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es
forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta
de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional.”
[…]”. (Resaltado por la Sala)

59. En sentido, esta Sección mediante sentencia de 3 de septiembre de 202023,
afirmó que:

“[…] En efecto, en la sentencia proferida dentro de la acción de tutela identificada con
el número único de radicación 18001 33 33 003 2019 00751 00, se amparó el derecho
fundamental de petición del actor y se ordenó a la Dirección de Reclutamiento y
Control de Reserva del Distrito Militar núm. 43, que diera respuesta a la petición
elevada por el actor, mediante el cual solicita la exoneración de la prestación
del servicio militar y como consecuencia la expedición de la libreta militar.
Dicha orden no implicaba en absoluto, que la Dirección de Reclutamiento
definiera su situación militar. La Corte Constitucional ha reiterado que la
satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia de
la respuesta favorable a lo solicitado, en consecuencia, se considera
garantizado el núcleo fundamental del derecho de petición incluso si la
respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello;
al respecto ha señalado que “[…] el ámbito de protección constitucional de la petición
se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y]
en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal […]” .

Así las cosas, si bien el Comandante del Distrito Militar núm.43 no resolvió la
situación militar del señor Diego Alejandro Ortiz Arroyo, lo cierto es que le
explicó las razones por las cuales no le correspondía hacerlo y le indicó el
procedimiento a seguir cuando de lo que se trata es de la resolución de la situación
militar de la población víctima.

En consecuencia, la Sala encuentra que el análisis que realizó la autoridad judicial
demandada estuvo acorde a sus potestades en calidad de juez del incidente de
desacato y que su decisión atendió la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
[…]”. (Resaltado por la Sala)

60. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en relación con la
respuesta de la Fiscalía General de la Nación, se garantizó el núcleo esencial del
derecho fundamental de petición.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de septiembre

de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 18001-23-33-000-2020-00007-01.

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Núm. único de radicación:
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61. Para la Sala, una vez la Fiscalía General de la Nación respondió a la actora
a través de comunicación enviada el 7 de enero de 2022, se cumplió con el marco
normativo y jurisprudencial del derecho de petición, según el cual, la respuesta debe
ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado. Lo anterior, a pesar de
que la respuesta haya explicado que dicha entidad no está facultada para rendir
conceptos, pues se le informaron las razones por las cuales no podía hacerlo y se
le remitió la bibliografía idónea para su consulta.

62. Ahora bien, la Sala debe aclarar que, la presente acción de tutela se radicó
el 23 de noviembre de 202124 y en consecuencia, al revisar el acervo probatorio
obrante en el expediente, considera que en el presente caso se presentó el
fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que,
durante el trámite de la presente acción de tutela, la Fiscalía General de la Nación
respondió la petición de la actora y con ello atendió lo pretendido en el caso sub
examine, por lo que, frente a dicha autoridad judicial, cesó la presunta vulneración
alegada.

63. La Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente25:

“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de
la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de
la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante26. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado27 […]”. (Resaltado por la Sala).

64. Por otra parte, respecto del reparo presentado por la actora contra el
Consejo Superior de la Judicatura, la Sala debe determinar, si la petición elevada
ha sido contestada por dicha entidad.

24 Documento en Samai denominado: “[…]ED_1ESCRITOCORREOEL(.pdf) NroA ctua 2 […]”.
25 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
26 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
27 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o

judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

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Núm. único de radicación:
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Actora: Yury Carolina León

65. Al respecto, se encuentra acreditado que la parte actora radicó derecho de
petición, mediante mensaje de datos28, ante el Consejo Superior de la Judicatura, el
21 de octubre de 2021.

66. Al respecto, el Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio, pese a que
fue debidamente notificada del auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

67. En cuanto al término con el que cuenta el Consejo Superior de la Judicatura
para responder el derecho de petición estudiado en el caso sub examine, artículo
5°. del Decreto Legislativo núm. 491 de 28 de marzo de 202029 , dispone lo
siguiente:

“[…] Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las
peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la
Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, así:

28 El correo electrónico fue remitido a “info@cedonj.ramajudicial.gov.co”. Soporte visible en el documento
electrónico “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2” Folio 5.

29 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por

parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica”.

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Núm. único de radicación:
110010315000202111572-00
Actora: Yury Carolina León

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco
(35) días siguientes a su recepción. […]”. (Resaltado por la Sala)

68. De conformidad con lo expuesto, se advierte que, teniendo en cuenta que la
actora presentó su solicitud el 21 de octubre de 2021, el Consejo Superior de la
Judicatura tenía hasta el 6 de diciembre de 2021, para pronunciarse al respecto.

69. Para la Sala, el Consejo Superior de la Judicatura habría superado el término
previsto por el artículo 5°. del Decreto Legislativo núm. 491 de 28 de marzo de 2020,
toda vez que, a la fecha no obra prueba alguna que indique que se pronunció al
respecto y que dicha respuesta fue notificada a la actora. Además, se advierte que
la Unidad no rindió informe dentro de la acción constitucional de la referencia.

70. En ese sentido, la Sala considera que el Consejo Superior de la Judicatura
vulneró el derecho fundamental de petición de la actora, toda vez que, pese a que
se superó el término previsto para resolver su solicitud, aún no se ha pronunciado
sobre su petición.

71. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo del derecho
fundamental de petición de la actora;

ii) ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, dar respuesta a la solicitud de
la actora, relacionada con información sobre los procesos judiciales de carácter
penal relacionados con “[…] ciudadanos de origen venezolano y/o extranjero […]”,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, para lo cual deberá tener en cuenta el marco normativo de sus
competencias y el cumplimiento en el caso concreto de los requisitos que la ley
exige para dicho trámite.

Conclusiones de la Sala

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Núm. único de radicación:
110010315000202111572-00
Actora: Yury Carolina León

72. En suma, la Sala procederá a declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la solicitud de amparo presentada por Yury Carolina León
contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

73. Asimismo, con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en
la parte motiva de esta sentencia, la Sala concederá el amparo del derecho
fundamental de petición de la actora respecto del Consejo Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de amparo presentada por Yury Carolina León contra la Fiscalía
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de Yury Carolina León
respecto del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura resolver la solicitud de
la actora, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.

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Núm. único de radicación:
110010315000202111572-00
Actora: Yury Carolina León

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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