Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11573-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
28 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11573-00
Accionante: Empresas Públicas De Medellín E.S.P. – EPM
Se concede el amparo como mecanismo transitorio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela contra providencia judicial
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11573-00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: Se ampara provisionalmente el derecho del demandado. Se dispone
suspender el efecto de una medida cautelar decretada en su contra en una acción
de grupo en la que se ordena el pago de una suma mensual a cada uno de los
miembros el grupo demandante, porque la decisión no tiene en cuenta los
supuestos normativos para la procedencia de la medida.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela interpuesta contra
los autos del 12 de agosto y 4 de noviembre de 2021 proferidos por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro de la acción de grupo con radicado No. 13001-23-
33-000-2019-00352-00, adelantado por Maikol Arenales Chávez y otros contra
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM y otros. Mediante las mencionadas
providencias la autoridad judicial accionada decretó una medida cautelar,
consistente en el pago de un salario mínimo legal mensual vigente a cada uno de
los grupos familiares reconocidos como demandantes en la acción de grupo,
durante el término de doce meses.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
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Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 13 de diciembre de 2021, a través de apoderado judicial, EPM interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. En su concepto, la
autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso
porque incurrió en un defecto fáctico y un defecto sustantivo al momento de decretar
la medida cautelar objeto de reproche.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<PRIMERO: Amparar el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO de
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP vulnerado por la decisión de 12 de
agosto de 2021 y 4 de noviembre de 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, por los cuales se decretó la medida cautelar consistente en el pago de un
salario mínimo legal mensual vigente a cada grupo familiar reconocido como
demandante, durante 12 meses en el proceso con radicado
13001233300020190035200.
SEGUNDO: En consecuencia de la declaración anterior, dejar sin efectos el auto del
12 de agosto de 2021 y el auto de 4 de noviembre de 2021, por medio de los cuales
se decretó la medida cautelar.
SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRINCIPAL: Suspender temporalmente los efectos
del auto de 12 de agosto de 2021 y del auto de 4 de noviembre de 2021, por medio
de los cuales se decretó la medida cautelar, hasta tanto se resuelva el recurso de
apelación interpuesto contra dichas decisiones.
TERCERO: Que el Juez Constitucional de Tutela adopte las decisiones que en
derecho correspondan con el propósito de amparar y garantizar el derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, vulnerado con el actuar indebido del
Tribunal Administrativo de Bolívar que claramente corresponde a una vía de hecho>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
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3.1.- El 12 de julio de 2019 el señor Maikol Arenales Chávez y otras personas
presentaron acción de grupo en contra de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –
EPM, HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P, la Nación – Ministerio del Medio
Ambiente, la Nación – Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, el Departamento de Antioquia, la Corporación
Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA y el Instituto para el Desarrollo
de Antioquia – IDEA. La acción de grupo pretende el reconocimiento y pago de los
perjuicios causados a las familias pescadoras del <<complejo de ciénagas de
Montecristo – Bolívar>> por la pérdida del recurso pesquero en la zona baja del río
Cauca, que los accionantes afirman haber sufrido como consecuencia de la
planeación, construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Ituango.
3.2.- El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda el 19 de septiembre
de 2019. El 12 de agosto de 2021 decretó la medida cautelar solicitada por los
demandantes y, en consecuencia, ordenó:
<<PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar consistente en el pago de un salario
mínimo legal mensual vigente a cada grupo familiar reconocido como demandante
(son 43 grupos); la anterior medida se ordena por el plazo de 12 meses, los cuales
serán cancelados por la entidad demandada Empresas Públicas de Medellín ESP,
por ser la operadora del proyecto Hidroituango; y la que tenía a su cargo la
construcción de la represa al momento de la ocurrencia de los hechos que dan origen
a esta acción>>.
3.3.- Mediante auto del 4 de noviembre de 2021 el tribunal resolvió la solicitud de
aclaración y adición presentada por EPM, en los siguientes términos:
<<PRIMERO: NEGAR la solicitud de aclaración (sic) EPM en relación con la palabra
“pago” contenida en el numeral primero de la parte resolutiva del auto del 12 de agosto
de 2021, conforme con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: ACLARAR que el dinero reconocido a través de la medida cautelar
decretada el 12 de agosto de 2021, debe ser entregado a cada familia de manera
mensual por EPM, por el término de 12 meses; y deberá ser consignado a los
beneficiarios directos de la medida (1 representante por núcleo familiar, conforme con
el listado de demandantes anexo en la demanda), en las cuentas bancarias que para
ello autoricen expresamente los mismos o través del medio de que se convenga entre
EPM y los afectados o su representante.
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PARÁGRAFO: Se INSTA a las partes involucradas en esta medida, a que, cualquiera
que sea el medio escogido para la entrega de los recursos, este debe propender por
no hacer más gravosa la situación de los demandantes, para efectos de recibir la
ayuda económica decretada, dada su condición de pobreza.
TERCERO: NEGAR la solicitud de adición presentada por EPM en relación con la
imposición de una caución a los demandantes, por las razones expuestas>>.
3.4.- El 10 de noviembre de 2021 la accionante interpuso recurso de apelación
contra el auto que decretó la medida cautelar. A la fecha de presentación de la
acción de tutela el recurso aún se encontraba en trámite.
3.5.- Mediante auto del 12 de noviembre de 2021 el tribunal aceptó la adhesión a la
demanda de 1223 personas. Esta decisión también fue recurrida por la accionante,
quien interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Sin embargo, a la
fecha de presentación de la acción de tutela, estos aún se encontraban en trámite.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que los autos objeto de reproche vulneraron su derecho
fundamental al debido proceso porque incurrieron en (i) un defecto fáctico y (ii) un
defecto sustantivo. Adicionalmente, indica que la solicitud de amparo se interpone
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4.1.- En relación con el último aspecto, sostiene que si bien interpuso recurso de
apelación contra el auto que decretó la medida cautelar (mecanismo ordinario de
defensa), lo cierto es que su resolución puede tardar un tiempo considerable y la
vulneración a sus derechos fundamentales podría consumarse de forma definitiva.
En efecto, dado que el recurso de apelación se concede en el efecto devolutivo
(artículo 323 del CGP), la accionante debe acatar la medida cautelar y pagar
mensualmente un salario mínimo mensual legal vigente a cada una de las familias
que conforman la parte demandante. Además, los pagos deberán prolongarse por
el término de un año, el cual puede transcurrir antes de que esta Corporación
resuelva el recurso de apelación.
4.1.1.- En ese sentido, en caso de que no prosperen las pretensiones de la acción
de grupo <<como es altamente probable según el material probatorio obrante en el
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plenario>> la accionante habría pagado una considerable suma de dinero que no
podrá recuperar, dadas las condiciones del caso.
4.2.- En cuanto al defecto fáctico la accionante reprocha que el tribunal accionado
decretara la medida cautelar sin contar con un sustento probatorio suficiente y sin
considerar las pruebas presentadas con el escrito de oposición y la contestación de
la demanda.
4.2.1.- Alega que el tribunal accionado dio por probada la apariencia de buen
derecho porque consideró que el cierre de las compuertas de la presa de
Hidroituango generó una <<sequía parcial de dicho afluente, [que] efectivamente
afectó el ciclo de reproducción de las diferentes especies de peces en el mismo, y
con ello, el ciclo de alimentos y modo de vida de los pescadores de la Ciénaga de
Montecristo y Achí, que hace necesario que para volver a obtener los niveles de
reproducción anteriores al mencionado suceso, se requiera el paso de un
determinado tiempo>>.
4.2.2.- No obstante lo anterior, no existe en el plenario alguna prueba que sustente
esta conclusión, pues, por el contrario, en la zona donde habitan y trabajan los
accionantes no se presentaron <<sequías parciales>> que generaran la pérdida del
recurso pesquero o la afectación a sus ciclos de vida. Incluso el mismo tribunal se
contradice en la providencia reprochada, pues reconoció que <<efectivamente no
desapareció el recurso pesquero de la zona, como lo afirman los demandantes>>.
4.2.3.- La accionante también señala que no basta con vivir aguas abajo de la presa
para tener por probada la existencia de buen derecho, puesto que no puede
aducirse responsabilidad en contra de EPM por la sola existencia del proyecto
hidroeléctrico. En cambio, debe acreditarse, al menos sumariamente, la afectación
patrimonial sufrida por los demandantes y atribuible a la accionante. Sin embargo,
en este caso el tribunal habría basado su decisión en su conocimiento privado del
asunto y en las afirmaciones generales de los demandantes, sin entrar a analizar la
situación concreta de estos (como el lugar específico de los hechos) o confrontar
las pruebas aportadas por la accionante.
4.2.4.- En concreto, la actora echa de menos la valoración de:
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a.- Los informes periciales rendidos por la Universidad de Córdoba, la Universidad
de Antioquia y la Fundación Humedales, allegados con la contestación de la
demanda, y según los cuales el recurso pesquero sigue existiendo aguas abajo de
la presa, sin que se observe una alteración en la zona de La Mojana que
comprometa los intereses de los demandantes.
b.- Las medidas que en su momento tomó EPM para mitigar los efectos del cierre
de las compuertas de la presa, consistentes en: (i) el aumento del caudal aguas
arriba de la presa, con aportes de la represa Salvajina y (ii) la operación en cadena
de los embalses del Porce (apertura de las centrales Porce II y Porce III) para
compensar la disminución del río Cauca, aumentando el aporte del río Nechí en la
desembocadura con aquel. Estas medidas fueron efectivas y eficientes para
compensar cualquier reducción del caudal del río Cauca, como se evidencia en las
mediciones de la estación Nechí – Las Flores, ubicada aguas abajo de Hidroituango
y que registró un caudal de 640,3 m3, con lo que se normalizó la situación. Por lo
tanto, las comunidades asentadas aguas abajo de la desembocadura del río Nechí,
como la de los demandantes, no resultaron afectadas por el cierre de las
compuertas de la presa.
c.- En relación con lo anterior, resalta el hecho de que la ciénaga de Montecristo se
encuentra a más de 200 kilómetros de la presa de Hidroituango y que entre ambos
puntos confluyen otros afluentes de importancia (río Ituango, río Espíritu Santo, río
Pescado, río Puquí, río Rayo, quebrada Urales, quebrada Corrales, río Man y el río
Nechí) que desembocan en el río Cauca y garantizan el caudal y la calidad de las
aguas en la zona de Montecristo.
d.- Reprocha que el tribunal accionado calificara como hecho notorio el cierre de las
compuertas, la evacuación de los pueblos cercanos al proyecto y la sequía
generada río abajo, sin tomar en cuenta la distancia entre la presa y el lugar donde
habitan los demandantes. Al respecto, agrega que el tribunal confunde dos
situaciones: (i) la evacuación de poblaciones ordenada por las autoridades del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, y (ii) el cierre de
las compuertas, puesto que, según se advierte en las Circulares No. 034 del 19 de
mayo de 2018, No. 042 del 14 de junio de 2018 y No. 032 del 26 de julio de 2019,
los centros poblados de La Mojana (incluida la ciénaga de Montecristo) nunca fueron
evacuados, por lo que no es cierto que los demandantes hayan sido afectados.
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e.- Adicionalmente, resalta lo señalado en la comunicación del 1º de octubre de
2019, radicado No. 2019EE10010 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, según la cual <<Una vez revisado el REPORTE HISTÓRICO DE
EMERGENCIAS consignado en la base de datos que reposa en la Subdirección
para el Manejo de Desastres de la UNGRD, se pudo establecer que para los años
2018 y 2019 y durante las fechas descritas, los departamentos y municipios de la
Región de la Mojana no reportaron afectaciones asociadas a los eventos de
emergencia generados con la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango>>.
4.3.- Por otro lado, en relación con el defecto sustantivo, la accionante afirma que
el tribunal desconoció la naturaleza de la acción de grupo y aplicó indebidamente
las normas en materia de medidas cautelares.
4.3.1.- La accionante empieza por recordar que, en virtud del artículo 3º de la Ley
472 de 1998, la acción de grupo es un medio de control eminentemente
indemnizatorio, de contenido patrimonial y resarcitorio, dado que se fundamenta en
la configuración de un daño antijurídico que causa perjuicios a un grupo plural pero
uniforme de personas.
a.- A pesar de lo anterior, resalta que en el auto que decretó la medida cautelar el
tribunal afirmó que <<de los argumentos de la parte actora se desprende el hecho
de una posible amenaza o vulneración de los derechos de los accionantes, quienes
acreditaron ser titulares de los derechos colectivos invocados, como quiera
que son pescadores del río Cauca y las alteraciones que se presenten en dicha área
los afecta directamente>> (resalta la accionante).
b.- Posteriormente, en la misma providencia se dispuso que: <<los derechos
fundamentales que se protegen, son el derecho al trabajo unidades pesqueras de
Montecristo y Achi, en las condiciones mínimas de subsistencia de esas personas,
contenidos en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales,
ratificados por Colombia mediante la ley 74 de 1968 (…)>> (resalta la accionante).
c.- La actora señala que a partir de las dos citas transcritas es posible advertir que
el tribunal accionado confundió la acción de grupo con una acción popular e incluso
con una acción de tutela. Ello, por cuanto el tribunal fundamenta su decisión en el
amparo de <<derechos colectivos>> y <<derechos fundamentales>> que escapan
a la órbita de la acción de grupo, y que ni siquiera fueron invocados en la demanda.
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d.- En ese sentido, la providencia es incongruente por fallar por fuera y más allá de
lo pedido (extra y ultra petita), y por desconocer la naturaleza de la acción de grupo,
la cual no es compatible con la asignación de <<ayudas económicas>> dada la
<<condición de pobreza>> de los demandantes.
4.3.2.- Además, alega que el tribunal no tuvo en cuenta la finalidad de las medidas
cautelares, según lo dispuesto en el artículo 590 del CGP. Lo anterior, por cuanto,
como ya se explicó, no existe prueba al menos sumaria del daño antijurídico
(apariencia de buen derecho), no está en riesgo el objeto del litigio y la medida
cautelar no vela por la efectividad de las pretensiones de la demanda: ante un
eventual fallo en contra de la accionante, la medida no ayudaría a garantizar el pago
de los perjuicios y en nada aportaría al cumplimiento de la condena judicial, pues
de antemano se advierte que EPM cuenta con la capacidad económica de acatar lo
ordenado, sin que la cuestionada medida contribuya en ese sentido.
4.3.3.- Por el contrario, la medida cautelar carece de las características que le son
propias, como la temporalidad y la cautela, pues es susceptible de generar un daño
definitivo para la accionante, la cual no podrá recuperar los recursos que se vea
obligada a pagar. Por lo tanto, resulta más conveniente esperar a la sentencia que
ponga fin a la controversia para que en esta se adopten las decisiones que en
derecho corresponda.
4.3.4.- Por último, reprocha que el tribunal tomara como argumento la situación de
la pandemia del COVID-19 a efectos de decretar la medida cautelar. Según el
tribunal, la situación de la pandemia disminuyó los ingresos de las familias que
conforman la parte demandante, lo cual justifica aún más la imposición de la medida
cautelar. Sin embargo, esa consideración demuestra con claridad que la medida
cautelar realmente es una ayuda o auxilio económico que no debe ser asumido por
EPM en el marco de una acción de grupo, máxime cuando la pandemia es un hecho
ajeno y sobreviniente que no puede ser objeto de resarcimiento por ese medio de
control y mucho menos imputado a la accionante.
4.4.- En conclusión, el tribunal habría excedido su competencia, pues la orden que
profirió no obedece a una medida cautelar y es irreversible. En cambio, traslada a
la EPM la carga de una ayuda social que escapa de sus competencias y de la
finalidad de la misma acción de grupo. Adicionalmente, la medida cautelar no es
razonable, necesaria, efectiva ni proporcional, ya que (i) no se perdió el recurso
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pesquero en la zona de La Mojana (como el mismo tribunal lo reconoce), (ii) no se
habría generado una afectación patrimonial a los demandantes, (iii) la orden
decretada no es idónea ni adecuada para garantizar las pretensiones de la acción
de grupo y (iv) el tribunal no tiene prueba de que, de existir, la afectación sea actual,
por lo que la medida pierde razón de ser y en nada contribuye al cumplimiento de
un eventual fallo judicial condenatorio.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo de Bolívar (accionado) presentó informe de
contestación, en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de
amparo. Sostiene que (i) no se cumple con el requisito de relevancia constitucional,
dado que el reclamo de la accionante obedece a un asunto de mera legalidad
relacionado con prestaciones económicas a su cargo; (ii) no se acreditó el requisito
de subsidiariedad, porque el recurso de apelación sigue en trámite, y se ha visto
demorado porque la accionante no ha aportado los documentos anexos en un
formato que permita su descarga y remisión al superior jerárquico, a pesar de los
requerimientos que en ese sentido ha realizado la secretaría del tribunal; (iii)
tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, pues este se basa
en una supuesta y eventual demora por parte del superior jerárquico en el trámite
de la apelación, mas no en una situación concreta: no es posible acudir a la acción
de tutela para desconocer o saltarse los procedimientos ordinarios a fin de obtener
una respuesta más pronta.
5.1.- Frente al fondo del asunto, señala que, de todas formas, realizó un estudio de
las pruebas aportadas, en particular, del informe pericial rendido por Yolanda Parra
Jiménez (ingeniera pesquera) y Gabriel Jaime Hernández Vergara (zootecnista),
aportado con la demanda, y el informe de EPM – Universidad de Córdoba CT-2019-
000636, aportado por EPM. Estas y las demás pruebas serán objeto de
contradicción en el transcurso del proceso, tras lo cual se tomará la decisión que
corresponda en la sentencia, sin que le quepa al juez de tutela interferir de forma
indebida en el asunto. En esa medida, no cabe exigirle al tribunal que en esta etapa
determine la responsabilidad por parte de las demandadas, por lo que los reparos
en ese sentido no son admisibles.
5.2.- Por último, el hecho de que en la decisión se haga referencia a <<derechos
colectivos>> no quiere decir que el tribunal confundiera los medios de control de
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acción de grupo y acción popular, sino que esa expresión se utilizó como indicativo
de que el asunto incumbe a un grupo plural de personas. En otras pablaras, el
reclamo del accionante se funda en una interpretación literal y descontextualizada
de la providencia.
5.3.- De forma similar, el hecho de que en el auto objeto de reproche se refiera a
<<derechos fundamentales>> tampoco implica que se haya confundido la acción de
grupo con la acción de tutela, pues todos los mecanismos de defensa judicial,
ordinarios o extraordinarios, son mecanismos idóneos para hacer efectivos los
derechos previstos en la Constitución. Es decir, bien puede la acción de grupo
referirse a la protección de derechos fundamentales, en virtud del artículo 4º
superior y el artículo 103 del CPACA.
6.- Rafael Santiago Moreno Cuello, en calidad de abogado de las familias
demandantes en la acción de grupo (terceros con interés) solicitó que se declarara
la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo los siguientes argumentos: (i) la
acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque el medio
ordinario de defensa judicial es el recurso de apelación, que se encuentra en trámite;
(ii), la accionante debió interponer el recurso de reposición contra el auto que
reprocha, con lo cual además habría podido obtener una respuesta más rápida e
incluso favorable; (iii) la sequía causada por el proyecto hidroeléctrico en febrero de
2019 es un hecho notorio, sustentado también en el dictamen pericial rendido por
Yolanda Parra Jiménez (ingeniera pesquera) y Gabriel Jaime Hernández Vergara
(zootecnista), aportado con la demanda y considerado por el tribunal para decretar
la medida cautelar; (iv) como prueba sobreviniente se tiene que la ANLA inició un
proceso sancionatorio en contra de EPM e HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. por haber disminuido el caudal del río por debajo del mínimo permitido en la
licencia ambiental concedida, así como los contratos de transacción suscritos entre
EPM y otros pescadores, los cuales demuestran que EPM reconoce el daño
generado.
7.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (tercero con interés) solicitó
ser desvinculado del proceso porque carece de legitimación en la causa por pasiva.
Sostiene que los hechos alegados en la acción de tutela son ajenos a sus funciones
y atañen a otras entidades. Adicionalmente, se opone a las pretensiones de la
acción, pues no existe fundamento jurídico o probatorio que demuestre una
vulneración a los derechos fundamentales del accionante atribuible a ese ministerio.
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8.- El Ministerio de Minas y Energía (tercero con interés) señala que, a pesar de que
carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones escapan a su
órbita de competencia y no ha incurrido en ninguna conducta que pueda generar
una vulneración de derechos fundamentales, en todo caso coadyuva las
pretensiones y afirma que la solicitud de amparo cumple con todos los requisitos de
procedibilidad.
9.- La HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., la ANLA, el Departamento de
Antioquia, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia y el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia (terceros con interés) fueron debidamente notificados. No
obstante, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala concederá el amparo solicitado como mecanismo transitorio y accederá
a la petición subsidiaria de suspender los efectos de la medida cautelar hasta que
se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto que la decretó, porque
se acreditó la amenaza del derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
Lo anterior, porque considera que la medida cautelar objeto de reproche fue
impuesta sin realizar el análisis de los supuestos normativos previstos para ordenar
su procedencia.
11.- De otra parte, negará la solicitud de desvinculación del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, pues esta autoridad fue vinculada en calidad de tercero con
interés y no como accionada.
E.- Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
12.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) la accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto tiene
relevancia constitucional porque se alega la vulneración al debido proceso por los
defectos fáctico y sustantivo; (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad, dado que la acción de tutela se presenta como mecanismo
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Se concede el amparo como mecanismo transitorio
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, según se explicará más adelante;
(iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que el
auto que resolvió la solicitud de aclaración y adición de la providencia objeto de
reproche se notificó el 8 de noviembre de 2021 y la acción de tutela se presentó el
13 de diciembre de 2021, es decir, dentro del término de los 6 meses precisado
tanto por esta Corporación1 como por la Corte Constitucional 2; y (v) no se trata de
una decisión proferida en sede de tutela.
F.- La acción de tutela cumple con los requisitos para ser concedida como
mecanismo transitorio
13.- En primer lugar, la Sala considera que es procedente conceder la solicitud de
amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo
anterior, teniendo en cuenta que el efecto en el que se concede la apelación exige
del accionante acatar una decisión que amenaza su derecho fundamental al debido
proceso, sin que exista otro mecanismo distinto a la acción de tutela para
salvaguardar esa garantía constitucional.
13.1.- En efecto, la Sala advierte que el efecto devolutivo de la apelación hace actual
(más que inminente) la amenaza de los derechos fundamentales de la accionante
al debido proceso. Además, la naturaleza pública de los recursos implicados, su
monto (teniendo en cuenta que mediante auto del 12 de noviembre de 2021 se
aceptó la adhesión de 1223 personas, que se suman a las 43 familias reconocidas
desde la admisión de la acción de grupo), la inexistencia de una caución (dado el
amparo de pobreza concedido a los demandantes) y la imposible recuperación de
los recursos en el caso de que no prosperen las pretensiones de la acción de grupo,
aportan la gravedad suficiente para que se justifique la adopción de medidas
urgentes e impostergables.
13.2.- Sumado a lo anterior, la Sala observa que la suspensión de la medida cautelar
durante el trámite de la apelación no interfiere con las competencias del juez
ordinario, en la medida en que este podrá tomar la decisión que en derecho y según
las pruebas corresponda. El amparo transitorio adoptado en esta providencia
únicamente salvaguarda las garantías constitucionales de la accionante mientras se
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-
02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Se concede el amparo como mecanismo transitorio
agotan los mecanismos ordinarios de defensa judicial, pero de ninguna forma
condiciona la decisión que se llegue a adoptar en el proceso de acción de grupo.
13.3.- Al respecto, la Sala considera pertinente lo previsto en la sentencia T-230 de
2011, en la cual la Corte Constitucional estudió un caso similar. En esa ocasión, el
máximo tribunal constitucional estudió una acción de tutela presentada por el
Ministerio de Transporte contra una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la que se accedió a las pretensiones de una
acción popular3.
13.4.- La Corte concedió la solicitud de amparo como mecanismo transitorio
mientras el Consejo de Estado agotaba la revisión eventual del fallo ordinario:
<<En efecto, si bien el Consejo de Estado, mediante auto proferido por la Sección
Segunda el 22 de octubre de 2010 decidió seleccionar para su revisión la sentencia
proferida el 20 de abril de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
también lo es que, como se ha explicado, aquello no enerva la procedencia del
amparo transitorio constitucional, a efectos de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.
En el caso concreto, la existencia de un perjuicio irremediable ha sido ya examinado
por esta Sala de Revisión en diversas ocasiones. Así, en Auto del 23 de abril de 2009,
ante el riesgo que corría el Distrito Capital de pagar cerca de $43.000.000.000 de
pesos a la Federación Nacional de Municipios, sin que existiera certeza acerca de la
existencia de tal acreencia, además de la prohibición de la expedición de especies
venales por parte del Ministerio de Transporte, lo cual colapsaría la realización de
numerosos trámites, la Sala decretó como medida provisional la suspensión de la
sentencia proferida el 30 de abril de 2009 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (…)>>.
13.5.- La decisión adoptada por la Corte consistió en la suspensión de los efectos
de la providencia objeto de reproche, mientras se daba trámite a la revisión eventual
del fallo:
3 En la sentencia se ordenó, entre otras cosas que <<el Distrito Capital pagara, a favor de la
Federación Nacional de Municipios, el 10% de “todos los dineros recaudados desde el siete (7) de
agosto de dos mil dos (2002)>> y <<ordenar al Ministerio de Transporte abstenerse de “autorizar la
expedición de especies venales al Distrito Capital y a los organismos de tránsito que no se
encuentren a paz y salvo por concepto de pagos o contribuciones con el SIMIT>>.
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Se concede el amparo como mecanismo transitorio
<<Tomando además en consideración que el Consejo de Estado decidió revisar el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corte amparará
transitoriamente el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de
Transporte, procediendo a suspender los efectos de la sentencia proferida el 30
de abril de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, hasta que el Consejo de Estado resuelva de fondo la
cuestión, pudiendo acoger o no lo decidido por la Corte Constitucional>>.
(subraya la Sala)
G.- En la providencia que impuso la medida cautelar no se realizan las
consideraciones imperativas para decretarla
14.- Con base en lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 472 de 1998, <<para las
acciones de grupo proceden las medidas cautelares previstas en el Código de
Procedimiento Civil (hoy CGP), para los procesos ordinarios>> (subraya la Sala).
Y el artículo 590 del CGP dispone:
<<Artículo 590. Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos
declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica,
modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:
1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá
decretar las siguientes medidas cautelares: (…)
a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los
demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal,
directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra,
o sobre una universalidad de bienes.
Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el
juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.
b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de
propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios
provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.
Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el
juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de
la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en
cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.
El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere
este literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones
para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o
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Se concede el amparo como mecanismo transitorio
la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá
solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad.
c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del
derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas
de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la
efectividad de la pretensión.
Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar
de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.
Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la
necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente,
podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su
alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la
modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada>>.
14.1.- La remisión que hace la normativa que regula la acción de grupo a las
medidas cautelares aplicables a los procesos ordinarios tiene en cuenta que estos,
a diferencia de los procesos ejecutivos, se dirigen a resolver una pretensión incierta
e insatisfecha. Por esa razón, las medidas que pueden adoptarse para asegurar el
pago de la condena en los procesos ordinarios son de menor intensidad que las
dispuestas para los procesos de ejecución, en los cuales está previsto, de manera
principal, el embargo y secuestro de bienes del demandado para asegurar el pago
de una suma contenida en un título ejecutivo que fundamenta el mandamiento de
pago. En cambio, las medidas que aquí se contemplan tienen por objeto asegurar
el pago de la suma de dinero que se ordene en la sentencia, sin que impliquen un
pago anticipado de esa suma a los demandantes.
14.2.- Ahora bien, la acción de grupo es una acción indemnizatoria con
características particulares, porque permite disponer la reparación de un grupo de
personas que reúnan condiciones similares en relación con un daño, sin que sea
necesaria su intervención como parte en el proceso. Esas características deben
inferirse particularmente de las decisiones que pueden adoptarse en la sentencia
(artículo 65 de la Ley 472 de 1998), conforme con el cual, cuando en ella se acojan
las pretensiones de la demanda debe disponerse <<(i) el pago de una
indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones
individuales; y (ii) el señalamiento de los requisitos que deben cumplir los
beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la
indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la
presente ley>>.
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Se concede el amparo como mecanismo transitorio
14.3.- A partir de lo anterior, las medidas cautelares en la acción de grupo deben
estar dirigidas a garantizar el pago de la suma de dinero (que es una única suma y
que debe estar determinada en la sentencia) al grupo demandante. Su objetivo es
lograr que efectivamente el demandado transfiera ese valor al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, el cual deberá distribuirlo a las
personas que finalmente acrediten pertenecer al grupo.
14.4.- Por otro lado, el CGP no solo permite adoptar medidas encaminadas a
garantizar el cumplimiento de la sentencia, sino también medidas innominadas que
suponen adelantar el reconocimiento del derecho del demandante. Ahora bien, lo
cierto es que estas últimas son excepcionales y deben considerar: (i) que son
diferentes a las que pueden decretarse cuando se trata de una acción de
restablecimiento en la que el demandante puede ser puesto en la misma situación
en la que se encontraba antes del hecho dañoso, distinto a lo que sucede en una
acción de reparación que persigue simplemente indemnizar los perjuicios causados,
como en la acción de grupo; (ii) que tales medidas deben adoptarse solo cuando
exista certeza sobre el derecho, lo que impone determinar si quien demanda es
titular del mismo y si existen pruebas que permitan reconocerlo en el fallo; (iii) que
deben ser reversibles, con el objeto de que en el evento de que la decisión sea
adversa al demandante, no le causen un daño irremediable al demandado; (iv) que
son excepcionales porque suponen adoptar decisiones propias de una condena sin
que se haya surtido el trámite del proceso; y (v) que, en cualquier caso, su
procedencia debe evaluarse teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión
impetrada en la demanda principal.
14.5.- Frente a las medidas cautelares innominadas, la Corte Suprema de Justicia
ha precisado que:
<<(…) son de naturaleza instrumental o aseguraticia, provisoria o temporal,
variable o modificable y accesorias al proceso principal. Se cuentan entre ellas,
el embargo, el secuestro, la inscripción de la demanda; pero también las atípicas o
innominadas. (…)
Dichas medidas, llamadas innominadas, han sido apreciadas por esta Sala en otras
ocasiones, resaltándose su carácter novedoso e indeterminado, proveniente de las
solicitudes de los interesados; asimismo, se ha relievado que su decreto le impone
al juez del asunto un estudio riguroso sobre la necesidad, efectividad y
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proporcionalidad de la cautela deprecada, analizándose, por supuesto, su
alcance en torno al derecho objeto del litigio>>4 (subraya la Sala).
14.6.- De igual forma, sobre las medidas cautelares anticipativas el Consejo de
Estado ha precisado que,
<<3.3.- Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas
cautelares (…) anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la
pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que
propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica
en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el
actor (…)>>5 (subraya la Sala).
15.- Todo lo anterior permite considerar que el decreto de una medida con el alcance
de la que es objeto de esta tutela supone exigir a la autoridad judicial la realización
de un estudio minucioso del material probatorio y de las condiciones legales antes
señaladas, que no se observa realizado en la providencia objeto de reproche. En
los apartes más importantes de la providencia se lee:
<<Así las cosas, se tiene que, efectivamente, de los argumentos de la parte actora se
desprende el hecho de una posible amenaza o vulneración de los derechos de los
accionantes, quienes acreditaron ser titulares de los derechos colectivos invocados,
como quiera que son pescadores del rio cauca y las alteraciones que se presenten
en dicha área los afecta directamente>> (énfasis del original).
15.1.- Más adelante, esa afirmación se sustenta a partir de la valoración de dos
informes periciales aportados cada uno por una de las partes. Sin que le quepa al
juez de tutela definir el valor probatorio de esos informes, el mismo tribunal señala
que estos arriban a dos conclusiones opuestas:
<<se tiene que en el proceso de la referencia existen diversas pruebas que dan
cuenta de escenarios diferentes, o contrarias, frente a la situación presentada en
el Rio Cauca a raíz de la construcción del proyecto Hidroituango; por un lado, los
demandantes aportan un dictamen en el que se indica que efectivamente el recurso
pesquero se encuentra agotado o casi extinto a causa de la problemática expuesta
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de abril de 2021, rad. 11001-
02-03-000-2021-01164-00 (STC4557-2021), M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 31 de marzo de 2014, rad. No. 11001-
03-26-000-2013-00149-00(49058), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Se concede el amparo como mecanismo transitorio
en la demanda, pero por el otro, la Universidad de Córdoba expone un panorama
completamente diferente, por lo menos en lo relacionado con la cuenca media y baja
del rio cauca, que es donde se encuentran situados los municipios a los cuales
pertenecen los demandantes – Montecristo y Achí. En ese sentido, este último informe
expone que sí existe recurso pesquero en las zonas mencionadas. Llegándose a la
conclusión que los lugares más afectados por la construcción del proyecto de
Hidroituango, radican en el “estrato alto” o cuenca alta del río cauca, mientras que la
zona menos afectada, por decirlo así, es la cuenca baja; ahora bien, no puede
perderse de vista que en estos dos informes se estudian las características de la zona
en periodos diferentes, el primero lo hace en abril de año 2019, recientemente al
desastre ambiental por el cierre de las compuertas, y el segundo se realizó a finales
de 2019 y 2020 (…)6>>.
15.2.- Se observa que el tribunal accionado pasa por alto el nivel de certeza de la
vulneración requerido para decretar este tipo de medidas cautelares. En opinión de
la Sala, a partir de la valoración parcial de solo dos de las varias pruebas allegadas
y todavía no debatidas no es posible concluir la existencia, siquiera sumaria, de un
daño cuya reparación o mitigación deba ser anticipada. Ello, máxime cuando las
pruebas, como reconoce el tribunal, arrojan conclusiones contrarias.
15.3.- Más adelante concluye el tribunal:
<<En consecuencia, considera esta Sala que efectivamente no desapareció el
recurso pesquero de la zona, como lo afirman los demandados, pero la solicitud de
medida cautelar, no va a un daño consumado, sino a uno de los requisitos que
debe tener en cuenta el juez como es la apariencia de buen derecho. En este
caso, esa apariencia de buen derecho está fundamentada en que la alteración de la
cuenca del Rio Cauca por el proyecto Hidroeléctrico y la construcción de la presa
Hidroituango, que llevó a que en el año 2018 se cerraran las compuertas de los
túneles que obligaron la evacuación de algunos municipios y la sequía parcial de
dicho afluente, efectivamente afectó el ciclo de reproducción de las diferentes
especies de peces en el mismo, y con ello, el ciclo de alimentación y modo de vida de
los pescadores de la Ciénaga de Montecristo y Achí, que hace necesario que para
volver a obtener los niveles de reproducción anteriores al mencionado suceso, se
requiera el paso de un determinado tiempo, lo que hace que la medida cautelar
solicitada sea necesaria, y proporcional con el objeto de no agravar la situación de
estas familias.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que la pandemia generada por el virus
SARS-COV-2, mejor conocido como Covid 19, ha disminuido los ingresos de este tipo
6 En el informe se señala también que <<si bien Montecristo, Guarandá y Achí mantuvieron el
comportamiento cíclico, sus máximas producciones se extendieron desde diciembre 2019 hasta
febrero, revelándose probablemente el proceso de subienda>>.
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de familia, que la mayoría son de escasos recursos económicos, y al verse impedidos,
en el mismo para realizar su actividad, la misma se ha visto agravada y la justicia no
le ha dado una respuesta efectiva desde el momento de presentación de la demanda
por la misma pandemia, y naturaleza del proceso, lo cual hace procedente, la
medida cautelar solicitada; además esta también es necesaria para garantizar una
subsistencia en condiciones dignas para estos pescadores. En cuanto al estudio
presentado por la Universidad de Córdoba, no puede perderse de vista, que el tiempo
que duró en cuarentena el pueblo colombiano, mejoró las condiciones ambientales,
lo que favoreció la fauna y flora, porque no fueron objetos de la depredación, ni
utilización por parte del hombre. Por eso, los estudios de la Universidad de
Córdoba deberán ser analizados en el momento procesal correspondiente, pero
en todo ello, deberá tenerse en cuenta las condiciones que cambiaron, en virtud de
la denominada pandemia; ello será objeto de debate en su momento>> (subraya la
Sala).
15.4.- Se resalta lo señalado respecto a que la valoración probatoria integral se hará
<<en el momento procesal correspondiente>>, esto es, en la etapa probatoria y la
sentencia a la que haya lugar. Lo dispuesto encuentra eco en el informe de
contestación del tribunal: <<se valorarán las pruebas que en su momento se
presentaron frente a la solicitud de medida cautelar, las demás tendrán que ser
valoradas en la etapa correspondiente, previa contradicción de las mismas y solo al
final se decidirá de acuerdo con el material recaudado si hay o no una
responsabilidad del accionante (…)>>.
15.5.- Es decir que, en palabras del tribunal, dada la etapa temprana en la que se
encuentra el proceso no es procedente aún valorar las pruebas de forma exhaustiva.
Ahora bien, la Sala encuentra que esa explicación no se compagina con la
naturaleza de la medida cautelar decretada, la cual, se reitera, anticipa los efectos
de una condena, lo que presupone una valoración rigurosa de la prueba del daño.
15.6.- Para finalizar, el tribunal señala:
<<Otra razón para decretar la medida, es que, como se dijo en párrafos anteriores,
es un hecho notorio que el fenómeno ocurrido en el 2018, llevó la desocupación de
pueblos ubicados en las cercanías al proyecto de Hidroituango, por el cierre de las
compuertas, lo que generó una sequía rio abajo que afectó a las poblaciones de rio
abajo, que solo se recupera con el tiempo, pero que produce un impacto inmediato
del modo de vivir de los actores, que la justicia debe tratar de mitigar. Todo esto sin
perjuicio de que con el tiempo se recuperen el recurso ictiológico en la región, pero,
no por ello, debe desconocer que existió un impacto sobre la vida de los actores.
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Los derechos fundamentales que se protegen con esta medida cautelar, son el
derecho al trabajo en condiciones dignas de esas comunidades pesqueras de
Montecristo y Achí, que garanticen las condiciones mínimas de subsistencia de esas
personas, contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (…)>>.
15.7.- Para la Sala las consideraciones del auto objeto de tutela no son suficientes
para determinar la procedencia de esta medida cautelar excepcional. Contrario a lo
afirmado por el tribunal, en opinión de la Sala es claro que la medida supone el
cumplimiento de los requisitos antes mencionados y que deben estar presentes
cuando se ordena la medida, sin que baste hacer una evaluación general de la
apariencia de buen derecho, que fue a lo que se limitó el tribunal7.
15.8.- El tribunal funda su decisión en afirmaciones generales sin que obre mayor
explicación respecto a su sustento probatorio y a la existencia del posible daño. Lo
anterior evidencia la violación del derecho fundamental al debido proceso invocado
por la accionante y justifica que como medida transitoria se disponga la suspensión
de los efectos de la medida mientras se resuelve la apelación contra el auto que la
decretó.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, vulnerado por los autos del 12 de agosto y 4 de noviembre de 2021
proferidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el marco del proceso de
acción de grupo con radicado No. 13001-23-33-000-2019-00352-00.
7 El tribunal funda su decisión en afirmaciones generales sin que obre mayor explicación respecto a
su sustento probatorio: no es claro en qué consiste la afectación al ciclo de vida de los peces, el
alcance geográfico de las sequías parciales, los efectos de la evacuación de <<algunos
municipios>>, cuánto tiempo debe transcurrir para <<volver a los niveles de reproducción
anteriores>>, ni cómo la situación de la pandemia del COVID-19 (hecho ajeno al proceso) justifica la
anticipación de una condena.
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SEGUNDO: SUSPÉNDENSE los efectos de la medida cautelar decretada en el auto
del 12 de agosto de 2021 y aclarada en el auto del 4 de noviembre de 2021 en el
marco del proceso de acción de grupo con radicado No. 13001-23-33-000-2019-
00352-00 mientras el superior jerárquico resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra la imposición de la misma.
TERCERO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ JULIO A. ROBERTO NIETO
Magistrado Conjuez
Con salvamento de voto
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