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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11592-00

Constitucional: no se configura en este caso

Fecha
18 de febrero de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11592-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11592-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

18 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-11592-00

Accionante: NIDIA ESTHER GARCÍA DE VÉLEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se configura en este caso / TERCERA INSTANCIA – La
parte demandante pretende reabrir el debate jurídico por no estar de acuerdo con
lo decidido por el juez natural.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Nidia Esther García de Vélez, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 13 de diciembre de 2021, la señora Nidia Esther García
de Vélez instauró demanda de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Sucre, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad
social, protección a la tercera edad, mínimo vital y debido proceso.

2. Hechos

La señora García de Vélez manifestó que el 5 de abril de 2016 le solicitó a
Colpensiones la pensión de sobreviviente por la muerte de su esposo; sin embargo,

1

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

mediante Resoluciones GNR 189269/16 y 343520/16 dicha petición le fue negada,
toda vez que el causante no había cotizado las 26 semanas que exigía la Ley 100
de 1993.

El 30 de septiembre de 2016, la accionante promovió una demanda laboral en
contra de Colpensiones y la UGPP.

El 24 de octubre de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo negó las
pretensiones de la demanda y advirtió que solo tenía derecho a la indemnización
sustitutiva, decisión que, el 11 de octubre de 2021, fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Sucre.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La actora indicó que en la decisión cuestionada se incurrió en un defecto sustantivo
al haberse interpretado equivocadamente el artículo 2 del Acuerdo 049 de 1990,
pues era aplicable para quienes tuvieran más de 55 años y nunca hubieran “estado
afiliados a ningún régimen de pensiones”; que en el proceso se probó que el
causante estuvo afiliado al régimen de prima media del sector público entre el 1º
de agosto de 1967 y el 31 de agosto de 1977, por lo que no le era aplicable dicha
exclusión.

Adicionalmente, que se desconoció el precedente establecido en la SU-005 de
2018 “al exigir una prueba que nunca estuvo en debate”; además, que no se
tuvieron en cuenta los aportes que se realizaron entre el 1º de agosto de 1967 y el
31 de agosto de 1977 que, “de haberlos contabilizado en aplicación de los
precedentes constitucionales, le darían las semanas suficientes, para que yo
pudiera disfrutar de mi pensión de sobreviviente”.

Finalmente, señaló que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):

En el presente caso, se alegan varias irregularidades, la primera de orden procesal
al violar el juez accionado, el PRINCIPIO DE CONSONANCIA, dado que, sin haber
sido objeto de debate, el Tribunal negó validez a la afiliación de mi esposo,
cuando la entidad COLPENSIONES ni en el acto administrativo que negó la pensión
de sobrevivientes, ni en la contestación de la demanda, ni en ningún otro momento
procesal introdujo el hecho de que la AFILIACION NO ERA VALIDA , es decir,
jamás fue objeto de discusión entre las partes y esta incongruencia sirvió de

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

fundamento al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE para negarme la
PENSION DE SOBREVIVIENTES.

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al H. CONSEJO DE
ESTADO lo siguiente:

Tutelar de manera definitiva mis derechos fundamentales a una vida digna, al
mínimo vital y móvil, debido proceso, protección a la tercera edad, e igualdad, en
consecuencia dejar sin efecto la sentencia del 11 de octubre de 2021 proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE dentro del proceso promovido por
mí, contra las entidades UGPP Y COLPENSIONES radicado bajo el numero
700013331008201700103-02 y en consecuencia se proceda a dictar una nueva
sentencia acorde con los lineamientos que señale el juez constitucional en el
reconocimiento de mi PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Así mismo y para evitar
más dilaciones se conceda y por ende de ordene a la entidad COLPENSIONES a
que me reconozca la pensión de sobrevivientes dando aplicación al precedente
constitucional.

4.- La oposición

4.1. Mediante auto del 15 de diciembre de 2021, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales para la
Protección Social -UGPP como tercera con interés y se le comunicó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.2. La UGPP advirtió que la decisión cuestionada se encuentra ajustada al
ordenamiento jurídico, porque la Ley 100 de 1993 exigía para el reconocimiento de
la pensión de sobreviviente que se hubiera cotizado 26 semanas dentro del año
anterior al fallecimiento, situación que no se probó en el proceso ordinario.

Señaló que el Acuerdo 049 de 1990 no le era aplicable al caso, porque “al momento
que el causante se afilió al ISS hoy Colpensiones contaba con más de 55 años de
edad, por lo tanto se encuentra excluido de la norma”.

En virtud de lo anterior, solicitó declarar improcedente la demanda de tutela, toda
vez que no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, al utilizarse como

3

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Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

una tercera instancia del proceso ordinario y no se probó la existencia de un
perjuicio irremediable.

Agregó que, en caso de ordenarse el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, se afectaría la sostenibilidad financiera del sistema pensional y que
la tutela no es el mecanismo adecuado para reclamar prestaciones económicas.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.

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Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.

2. Caso concreto

La Sala considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente
asunto, dado que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, tal
como pasa a explicarse.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

En ese sentido, ese alto tribunal expuso (transcripción literal):

Por un lado, la relevancia constitucional tiene como finalidad que el juez
constitucional no entre a estudiar cuestiones que carezcan de una clara y
marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
cuya definición es competencia exclusiva del juez ordinario. De esta
manera, se garantiza ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’5 y, de contera, se erige en garantía
misma de la independencia de los jueces ordinarios.

Por otra parte, el requisito de la relevancia constitucional busca evitar que,
por medio de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
discutan asuntos legales que, por definición, no le compete resolver al
juez de tutela, cuya competencia se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. En otras
palabras, este requisito garantiza que la tutela en contra de decisiones
judiciales no se convierta en un escenario para controvertir y ‘discutir asuntos
de mera legalidad’6. La Corte ha sostenido al unísono que ‘la definición de
asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación
directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un
interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción
constitucional’7.

Igualmente, el requisito de relevancia constitucional tiene como objetivo
evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso
judicial adicional. En este sentido, la Corte ha exigido que ‘teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental’8. Solo así, la intervención
del juez de tutela, por definición excepcional, no se convierte en una
instancia más dentro de los procesos ordinarios9 (se destaca).

5
Original de la cita: “Sentencia T-137 de 2017”.
6
Original de la cita: “Sentencias T-173 de 1993 y T-102 de 2006”.
7
Original de la cita: “Sentencia T-335 de 2000”.
8
Original de la cita: “Sentencia T- 102 de 2006”.
9
Sentencia T–422 de 2018.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer
si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario
examinar dos elementos, a saber10:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.

La Sala estima que lo pretendido realmente por la parte actora es reabrir el debate
jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa,
pero no por ello la acción de tutela está llamada a prosperar.

En efecto, en la solicitud de amparo se alegó, en síntesis, que el Tribunal
Administrativo de Sucre interpretó de manera equivocada el Acuerdo 049 de 1990
al no tener en cuenta que el causante sí estaba afiliado al régimen de prima media
del sector público, al no tener en cuenta los aportes que realizó entre el 1º de agosto
de 1967 y el 31 de agosto de 1977 y por desconocer las reglas establecidas en la
sentencia SU-005-2018.

Aspectos que, a su vez, fueron planteados por la parte actora en el recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada el 24 de octubre de 2019
por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, así (transcripción literal con
posibles errores incluidos):

2.6. El recurso de apelación parte demandante: no conforme con la anterior
decisión, solicita que se revoque la decisión del A-Quo, sosteniendo su recurso
bajo los siguientes argumentos:

En primer lugar, señala que, se desconocieron los aportes que hizo el señor
Guillermo León Vélez Paternina como juez y que el principal error del juez, se

10
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8

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Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

centró en el hecho, de que aplicó las normas anteriores a la expedición de la ley
100 de 1993, en este caso, el Decreto 546 de 1971 y no el Acuerdo 049 de 1990,
desconociendo que cuando el señor Guillermo León Vélez Paternina se afilió al
entonces Instituto de los Seguros Sociales lo hizo como empleado particular y no
como empleado público e igualmente desconociendo que, cuando el régimen
especial no satisface las garantías mínimas que si satisface el régimen general,
debe primar este último.

Hace énfasis en que con anterioridad a la ley 100 de 1993, para el sector público,
no existía ninguna posibilidad en el marco normativo (D.546/71, ley 33/73, ley
12/75, ley 33 de 1985, ley 71/88, D.1160/89) que una viuda accediese a la pensión
de sobrevivientes; a menos que, el empleado público hubiese sido pensionado
previamente a su fallecimiento o hubiese cotizado 20 años de servicio.

Resalta que, las normas anteriores a la ley 100 de 1993 se encuentran contenidas
en el Acuerdo 049 de 1990, que para el caso de la pensión de sobrevivientes,
exigía un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo y es evidente que en el
caso del Sr. Guillermo León Vélez Paternina las había cotizado con creces y por
lo tanto, el derecho a favor de su cónyuge se había causado, sin dubitación
alguna.

Arguye que, para la entrada en vigencia la ley 100 de 1993, el señor Vélez
Paternina ya había cotizado 300 semanas y por lo tanto, constituía un derecho
adquirido que se trasmitía a su cónyuge, quienes legítimamente tiene el derecho
a recibir la pensión de sobrevivientes.

Colige que, si al corto tiempo en que estuvo afiliado el señor Vélez Paternina a
COLPENSIONES, se le suma los tiempos cotizados en el sector público, queda
más que evidenciado, que el actor cumplía a satisfacción con el número de
semanas mínimo, para que su cónyuge beneficiaría pudiera acceder a la pensión
de sobrevivientes.

Aduce que, el error de la UGPP estriba en tratar de aplicar normas como si se
tratara de la pensión por aportes (ley 71 de 1988) o la de los empleados públicos
(ley 33 de 1985), olvidando que lo que se reclama es la pensión de sobrevivientes
con fundamento en el hecho principal, que a la fecha del deceso del señor Vélez
Paternina, éste se encontraba afiliado al Sistema de Seguridad Social de la Ley
100 de 1993 y por lo tanto el análisis del juzgado debe enfocarse a esas
especiales circunstancias.

Alega que, el señor Guillermo León Vélez Paternina, estaba cotizando al entonces
Instituto de los Seguros Sociales; es decir, que al momento de su muerte acaecida
el 22 de Mayo de 1995, tenía la condición de afiliado al régimen de prima media
con prestación definida (COLPENSIONES), por lo que en esa condición, debían
aplicarse las prestaciones consagradas en la ley 100 de 1993 y en los Acuerdos
del ISS que habían sido expedidos con anterioridad y que no desaparecieron del
mundo jurídico, como reiteradamente lo ha sostenido la Jurisprudencia de la Sala
laboral de la Corte Suprema de justicia, por lo que se integraron a la normatividad
establecida, en el nuevo sistema de seguridad social.

Afirma que, el señor Guillermo León Vélez Paternina prestó sus servicios al Estado
como Juez de la República, por espacio de diez (10) años y 1 mes, es por ello
que, no tiene sentido, que la ley 100 de 1993 le otorgue pensión a un afiliado por
haber laborado tan solo seis (6) meses, que corresponden a 26 semanas de

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Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
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cotización y se lo niegue a quienes como el señor Vélez Paternina laboró por
espacio de diez (10) años, dejando en orfandad a la viuda del empleado público.

Dichos argumentos fueron analizados y definidos de manera razonable por el
Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 11 de octubre de 2021,
que confirmó la decisión de primera instancia.

En primer lugar, el ad quem realizó un recuento de la normativa aplicable a la
pensión de sobreviviente. Señaló que la Ley 100 de 1993 prescribió que la pensión
de sobreviviente se adquiere cuando “el causante que fallezca hubiera cotizado al
sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ese momento, o habiendo dejado
de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior”.

Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió la posibilidad de “que
los beneficiarios de un régimen especial le fueran aplicables las disposiciones de
naturaleza general, en tanto estas últimas pueden resultar más favorables a sus
pretensiones”; sin embargo, posteriormente se aclaró que “la ley favorable que se
debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el
derecho; es decir, al momento del fallecimiento del causante”.

Frente al caso concreto manifestó que (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores):

Una vez analizado el sub lite a la luz del acervo probatorio existente en el proceso,
este Cuerpo Colegiado precisa, que se encuentra debidamente probado y no fue
objeto de debate que el señor Guillermo Vélez Paternina nació el 29 de diciembre
de 1938, que prestó sus servicios a la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación desde el 1° de agosto de 1967 hasta el 31 de agosto de 1977, período
equivalente a 3.683 días, es decir, de conformidad con los cálculos de la sala, un
total de 526 semanas cotizadas y si bien es cierto la entidad demanda en los
alegatos de segunda instancia sostiene que son 3.360 días y 518 semanas; lo
anterior, no incide en las pretensiones y análisis de la demanda, pues se acepta
que se superaron las 300 semanas que exige el Acuerdo 049, que es el objeto del
debate judicial; luego, después de más de 17 años de no cotizar al sistema, el
finado se afilió a Colpensiones el 01 de marzo de 1995 hasta el 31 de marzo de
1995, con un total de 4,29 semanas cotizadas.

Así mismo, se demostró que el señor Guillermo Vélez Paternina falleció el 22 de
mayo de 1995 a la edad de 56 años; esto es, en vigencia de la ley 100 de 1993 y
que por tal circunstancia la señora Nidia Esther García de Vélez en calidad de
esposa del fallecido, a través de apoderado, solicito ante Colpensiones el 5 de
junio de 2012, el reconocimiento de pensión de sobreviviente a su favor, solicitud

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Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

que fue negada por la entidad demandada mediante Acto Administrativo
Resolución N° GNR189269 del 27 de junio de 2016, mediante la cual
Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la
demandante y la Resolución N° GNR 343520 del 18 de noviembre de 2016 por
medio de la cual Colpensiones confirmó la Resolución N° GNR189269 de 2016
(…).

Los argumentos esgrimidos por la parte accionante contra los actos
administrativos demandados giran en torno al desconocimiento de lo preceptuado
en el literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, el cual indica la posibilidad de
sumar los tiempos de servicio; en consecuencia, la accionante, en virtud de los
consagrado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de sobreviviente (…).

Teniendo en cuenta que, para la fecha en que falleció el señor Guillermo Vélez
Paternina, no había sido promulgado el Decreto 797 de 2003, el cual reformó
algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993, entre ellas el artículo 46, se
establece que, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente se debía cumplir
cualquiera de las siguientes dos condiciones: i) Que el afiliado se encuentre
cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al
momento de la muerte; o ii) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere
efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte (…).

Es menester precisar que, la determinación de las semanas cotizadas, según la
norma transcrita; la determina, el estar afiliado al sistema o el año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca la muerte, cuando se dejó de cotizar,
siendo este último, el caso del causante, quien había dejado de cotizar desde el
año 1977, vinculándose nuevamente el 07 de marzo de 1995; por lo que, para el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, se debía acreditar la cotización al
sistema por lo menos 26 semanas dentro del año anterior a la fecha de
fallecimiento.

Con base en lo anterior, es forzoso concluir que, el causante no reunía las
semanas cotizadas exigidas por la ley, esto es, 26 semanas durante el año
anterior al fallecimiento, por lo cual resulta improcedente el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente a su cónyuge (…).

Siguiendo el hilo conductor, la Sala encuentra que no tiene vocación de
prosperidad el argumento expuesto por la demandante, referido a la sumatioria de
tiempos en virtud de lo dispuesto por el literal f del artículo 13 de la Ley 100 de
1993; ya que, si bien es cierto la norma indicada lo estipula, la disposición que
regula el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en los casos como el
presente, en que se deja de cotizar al sistema, es clara en señalar el período en
el cual se deben haber cotizado las semanas, a saber, el año anterior al
fallecimiento del causante, presupuesto que no se cumple en el caso bajo estudio,
toda vez que, el señor Vélez Paternina logró cotizar en el anterior a su muerte; tan
sólo, 4.29 semanas, sin que sea posible tener en cuenta los tiempos cotizados
anteriormente porque los mismos no fueron aportados en el año anterior; en
consecuencia, no se cumple con los requisitos para acceder a la pensión de
sobreviviente de conformidad la Ley 100 de 1993.

De otro lado, frente a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, sostuvo que, si bien
el causante, al momento del deceso, tenía más de 300 semanas cotizadas, lo cierto

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

es que el literal b del artículo 2 del mencionado Acuerdo excluye de su aplicación a
“los trabajadores independientes que se afilien por primera vez con 50 años de
edad o más, si es mujer, o 55 años de edad o más, si es varón” y, en el caso del
fallecido, tenía más de 56 años para la fecha en que se afilió por primera vez al ISS.

Finalmente, en cuanto a la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional SU-
005-18 advirtió que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

Se itera, la Corte Constitucional entrelaza las condiciones de procedencia de la
tutela con el alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de
pensión de sobreviviente y entiende esta sala, que todas las condiciones deben
cumplirse para que prospere la aplicación de dicho principio, por esa razón se
procederá a su análisis, por la edad de la cónyuge supérstite y sus condiciones
de salud, se tiene por satisfecha la primera condición jurisprudencial, la
dependencia económica y la afectación al mínimo vital se afirman en la demanda
y no existe prueba en contrario, con lo cual se tienen cumplidos los siguientes dos
requisitos; sin embargo, encuentra la sala, al realizar el estudio del cuarto (iv)
requisito, que el señor Guillermo Vélez Paternina nació el 29 de diciembre de 1938
y empezó a trabajar y/o cotizar de acuerdo con las pruebas que reposan en el
dosier el 1º de agosto de 1967, esto es, a la edad de 29 años, de forma continua
hasta el 21 de agosto de 1977; es decir, hasta la edad de 39 años; y a partir de
esa fecha no existen pruebas de trabajo y/o cotización alguna hasta 1995 (es
decir, en los siguientes 17 años y 7 meses).

Ahora bien, para el 1º de abril de 1994, el señor Guillermo León Vélez Paternina
tenía 54 años y 3 meses de edad y en el expediente no existen pruebas que en el
transcurso de ese tiempo; es decir, desde la última cotización (1977) y dicha fecha,
se hubiere encontrado en circunstancias, en que le hubiese sido imposible trabajar
o cotizar, y aquello tampoco fue afirmado por el demandante y uno de los
requisitos para que prospere la aplicación de la condición más beneficiosa según
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es que la razón por la que el causante
no cotizó las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir
la pensión de sobrevivientes, es que se encontrara en circunstancias en las cuales
no le haya sido posible cotizar dichas semanas y no que se haya tratado de una
decisión propia y voluntaria de incumplir con tales cotizaciones; situación que es
analizada en la sentencia T-429-18; pero allí se establece el ‘causante’ tenía 70
años a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, por lo que exigirle que hubiera
continuado cotizando para satisfacer la nueva exigencia de densidad de semanas
que se introdujeron en la reforma pensional, resultaría a todas luces
desproporcionado; que no es el caso del señor Vélez Paternina como viene de ser
expuesto y detallado.

De lo referido hasta el momento, se infiere que fue por decisión propia que el señor
el señor Guillermo León Vélez Paternina dejó de trabajar y/o cotizar, tesis que se
refuerza por el hecho, que posteriormente, a la edad de 55 años; sí se afilia como
independiente del 01 de marzo de 1995 hasta el 31 de marzo de 1995; en
consecuencia, entiende esta colegiatura que por su edad y ante la falta de pruebas
sobre situaciones en las cuales no le haya sido posible cotizar dichas semanas,
sí le era exigible que hubiese continuado cotizando para satisfacer la nueva
exigencia de densidad de semanas que se introdujo en la reforma pensional
adoptada por la ley 100 de 1993.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

Adicional a lo expuesto, como ya se estableció en párrafos anteriores, para el
momento en que se generaron los cambios de los requisitos para el acceso a la
prestación; esto es, con la vigencia de la ley 100 de 1993, el causante NO contaba
con una expectativa legítima de su derecho pensional respecto al Acuerdo 049 de
1990, pues sus cotizaciones las realizó a CAJANAL y además, el artículo 2º del
Decreto 758 de 1990 lo excluyó expresamente. De su aplicación en razón a su
edad.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que la interpretación más
favorable para la protección del derecho a la seguridad social en pensiones,
consiste en que el trabajador tiene derecho a que se tome en cuenta tiempo
trabajado antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, lo que significa que el
análisis realizado por el juez de primera instancia respecto al cumplimiento de los
requisitos señalados en el Decreto 546 de 1971, resulta acertado por ser la norma
especial que regulaba la situación del demandante y en caso de duda respecto a
la posibilidad de aplicar el régimen general, para este caso, no se debe realizar el
contraste con el Acuerdo 049 de 1990 tal como lo pretende la demanda, sino con
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el artículo 1° de la Ley 12 de 1975 que resulta ser el régimen general de
sustitución pensional para los empleados públicos al momento en que el señor
Guillermo León Vélez Paternina dejó de trabajar, y en ninguno de los dos
escenarios normativos, cumple con los requisitos y por ello, hay lugar a conformar
el fallo de primera instancia, que niega la pensión reclamada.

Una vez revisada la anterior providencia, se tiene que el razonamiento efectuado
por la autoridad judicial accionada en modo alguno se torna arbitrario o abrupto y,
por el contrario, se encuentra ajustado a la normativa y a las pruebas que obraban
en el expediente.

En efecto, en la sentencia cuestionada se manifestó que la Ley 100 de 1993 exigía
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente probar que la víctima había
cotizado al sistema por lo menos 26 semanas en el año anterior al fallecimiento y
en el proceso ordinario se probaron 4,29 semanas, incumpliendo así con uno de
los requisitos exigidos en la normativa.

Aunado a lo anterior, se manifestó que, si bien el causante había cotizado más de
300 semanas “en cualquier tiempo” que exigía el Acuerdo 049 de 1990, lo cierto es
que estaba excluido de su aplicación, toda vez que para el momento en que se afilió
por primera vez al ISS tenía 56 años, exigiendo el literal b del artículo 2 que no se
tuviera “55 años de edad o más, si es varón”.

De otro lado, la Subsección advierte que no se desconoció la sentencia SU-005-18,
toda vez que fue mediante su aplicación que se concluyó que no se cumplió con

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Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

uno de los requisitos para aplicar la condición más benéfica, pues desde la fecha
en que se dejó de cotizar hasta la nueva afiliación se debió probar que al fallecido
le hubiera “sido imposible cotizar dichas semanas y no que se haya tratado de una
decisión propia y voluntaria de incumplir con tales cotizaciones”, circunstancia que
no fue acreditada en el proceso ordinario.

En ese sentido, se advierte que lo pretendido en la solicitud de amparo es reabrir
el debate jurídico del proceso ordinario y el juez de tutela no puede inmiscuirse en
el ámbito de competencia del juez natural, razón por la cual, la Sala concluye que
la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, porque
el objeto de la demanda es continuar con un debate zanjado válidamente por el juez
natural, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional.

Finalmente, se advierte que si la accionante consideraba que la sentencia
cuestionada incurrió en una incongruencia al haber resuelto algo que “no fue objeto
de debate”, la demanda de tutela también sería improcedente, toda vez que en este
evento, la parte afectada contaría con el recurso extraordinario de revisión previsto
en el artículo 24811 de la Ley 1437 de 2011, por la causal de “nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación12.

De conformidad con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia del amparo
solicitado, por las razones expuestas en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

11
Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 30 de mayo de 2019, exp. 11001-03-15-000-2019-00632-01, M.P. María Adriana
Marín, sentencia del 10 de marzo de 2017, expediente No. 11001-03-25-000-2014-00897-00(2747-
14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 8 de marzo de 2018, expediente 11001-03-25-
000-2014-00401-00(1278-14), M.P. Gabriel Valbuena Hernández, entre otras.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11592-00
Actor: Nidia Esther García de Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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