Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11600-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11600-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11600-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11600-00
Demandante: Nelly Duarte Ureña y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia ACCIÓN DE TUTELA
Radicación 11001-03-15-000-2021-11600-00
Demandante NELLY DUARTE UREÑA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO TREINTA Y SIETE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
generales y especiales de procedibilidad. La inmediatez. Medio
de control de reparación directa. Muerte de soldado profesional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Nelly Duarte Ureña y otros de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de diciembre de 20211, Nelly Duarte Ureña, Valentina Monroy Duarte,
Hernando Martínez Rangel, Inés Estella Zamora Miranda, Janeth Martínez Duarte
y Rosendo Duarte Ávila interpusieron, por conducto de apoderado judicial, acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y contra el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral. En
consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
“Ante los argumentos ruego al señor Magistrado Constitucional, tutelar el derecho
Fundamental al debido proceso, derecho de igualdad, acceso a la administración de justicia y
reparación integral, invocados por los accionantes, los cuales se ven quebrantados por el
Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo
expuesto fáctica, jurídica y probatoriamente en donde se acredito, entre otros, un error de
juicio valorativo de la prueba, de tal entidad el cual es relevante (en los términos de protección
a los derechos invocados y también respecto a la controversia jurídica bajo examen),
ostensible, flagrante y manifiesta con incidencia directa en la decisión. En consecuencia se
ruega se disponga dejar sin efectos la sentencias adoptadas por la primera instancia 13 de
enero de 2020 y del H. Tribunal de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, del 20 de
mayo de 2021, notificada electrónicamente el 8 de junio de 2021, que negó las pretensiones
de la demanda dentro del radicado 11001333603720150058600 -02, para que se adopte una
nueva sentencia en donde se haga una apreciación probatoria inspirada en la sana critica,
atendiendo criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación (entre otros y respetar
la Constitución y la Ley y en donde además, se tenga en cuenta las pruebas omitidas, la
1 La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y fue identificado
con la radicación Nro. 640034.
2 Páginas 61 y 62 de la acción de tutela. Expediente digitalizado, Consultado a través del sistema de gestión
judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).
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normativa y reglamentación militar aplicable al caso, el precedente jurisprudencial, el deber de
motivar, el procedimiento dispuesto y de esta forma se corrija los defectos acreditados.”
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Sayer Hernán Martínez Duarte, quien era soldado profesional del Ejército
Nacional, asignado al Batallón de Combate Terrestre Nro.146, compañía
“Cleimor Segundo Pelotón” con sede en Tumaco (Nariño), murió el 4 de julio
de 2013, en desarrollo de la operación Sable II, misión táctica Jalifa.
En el expediente se lee que, la muerte del señor Martínez Duarte fue
consecuencia de haber pisado y activado un artefacto explosivo improvisado.
2.2. Los hoy accionantes interpusieron demanda de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, pretendiendo la
declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuente
indemnización de perjuicios causados con ocasión del fallecimiento de Sayer
Hernán Martínez Duarte, como consecuencia de haber pisado un artefacto
explosivo improvisado, en desarrollo de la operación militar “SABLE II misión
táctica JALIFA”.
2.3. Del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado 37 Administrativo del
Circuito de Bogotá que, en sentencia del 13 de enero de 2020, negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa. La decisión se fundamentó
en que el juez encontró probada la excepción denominada “riesgo propio del
servicio”, propuesta por la accionada. El proceso fue radicado con el número
11001-33-36-037-2015-00586-00.
La autoridad judicial consideró que en el proceso quedó acreditado que “la
víctima estaba realizando una misión y que su lesión fue calificada como ocurrida en
servicio activo, motivo por el cual se entiende que su muerte si bien es desafortunada
se causó en actos del servicio como consecuencia del combate o accidente
relacionado con el mismo, lo que reitera el argumento de que la actividad en la que
sufrió el daño era un riesgo propio del servicio.”3
Las partes presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.
2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
confirmó la decisión del Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá en
el sentido de negar las pretensiones de la demanda por considerar que no
estaba probado el elemento de imputación. La sentencia fue proferida el 20 de
mayo de 2021.
La sentencia registró salvamento de voto del magistrado Alfonso Sarmiento
Castro. Éste consideró que en el caso objeto de examen sí estaba probada la
falla en el servicio alegada por la parte demandante, porque fue expuesto a un
riesgo mayor, porque la demandada omitió disponer del grupo EXDE4 para
hacer un primer registro de la zona. A su juicio ese registró hubiera permitido
3 Página 51 de la sentencia del 13 de enero de 2020. Expediente digitalizado del medio de control de
reparación directa Nro. 11001-33-36-037-2015-00586-00. Samai, índice 15
4 Equipo de Explosivos y desminados
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al personal experto ubicar el artefacto explosivo que acabó con la vida del
soldado profesional Martínez Duarte.
La providencia se notificó el 8 de junio de 2021 a través de mensaje de datos
remitido al buzón de notificaciones de los sujetos procesales5.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes expusieron que las autoridades judiciales al proferir las sentencias
de primera y segunda instancia dentro del proceso de reparación directa sub
examine incurrieron en: (i) defecto fáctico, dado que la valoración de los medios de
prueba fue caprichosa, pues no atendió a las reglas de la sana crítica y porque fue
omitido parte del material probatorio del proceso; (ii) falta de motivación, porque las
autoridades judiciales no se pronunciaron sobre cada uno de los argumentos
fácticos, jurídicos y probatorios expuestos en la demanda, en el recurso de
apelación y en los alegatos de conclusión; (iii) desconocimiento del precedente
judicial, ya que las accionadas desconocieron la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre el análisis del elemento de imputación en casos de daños sufridos por
soldados profesionales6; (iv) defecto procedimental absoluto, con relación a la
sentencia de segunda instancia, en razón a la omisión del Tribunal accionado de
dar respuesta a cada uno de los alegatos expuestos en el recurso de apelación; (v)
defecto sustantivo, debido a que las autoridades accionadas omitieron aplicar el
marco jurídico pertinente para resolver el caso individual en lo que respecta a los
daños padecidos por quienes ingresan voluntariamente a la fuerza pública; y (vi)
violación directa a la Constitución, pues las sentencias judiciales proferidas en el
trámite del proceso de reparación directa objeto de análisis desconocieron los
derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso, en su ámbito de la
contradicción, defensa y derecho a la prueba; y los derechos a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la reparación integral.
Los accionantes extendieron la argumentación relativa los defectos de las
sentencias acusadas, así:
3.1. Defecto fáctico. A juicio de los accionantes, las autoridades judiciales de
instancia incurrieron en defecto fáctico en dos modalidades (i) por indebida
Valoración del material probatorio; y (ii) por omisión de valoración de algunos
medios de prueba aportados de manera leal y oportuna al proceso.
De los cargos por indebida valoración probatoria
En la acción de tutela se manifestó que el juez de la primera instancia valoró
de manera arbitraria y caprichosa las declaraciones de los testigos directos de
los hechos. Esto porque los testimonios fueron cortados en sus apartes
trascendentes y apreciados de manera descontextualizada, fraccionada y
parcializada.
Advirtieron que, la valoración en integridad del material probatorio habría
llevado a concluir que el comandante del batallón al que pertenecía la víctima
5 Página 158 y siguientes del archivo denominado “Cuaderno Apelación.” Expediente digitalizado del medio
de control de reparación directa Nro. 11001-33-36-037-2015-00586-02. Samai, índice 15.
6 Como sustento de su alegato, refirió las siguientes sentencias: “Consejo Estado, Sección Tercera Sent
15/02/1996 C.P Jesús María Carrillo; Consejo Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sent
25/05/2011 C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo Estado, Sección Tercera Sent 30/01/2013 C.P
Danilo Rojas Betancouthr; Consejo Estado, Sección Tercera, Subsección B Sent 31/05/2013 M.P Danilo
Rojas Betancouthr; Consejo Estado, Sección Tercera Sent 26/06/2014 C.P Danilo Rojas Betancouthr”
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desatendió los protocolos, procedimientos y medidas de seguridad para la
ejecución de operaciones militares ofensivas, en específico, en lo relativo al
funcionamiento, organización y empleo de los grupos EXDE.
La anterior afirmación fue sustentada a partir de los siguientes medios de
prueba: (i) testimonial: las declaraciones del sargento Martínez Escobar,
soldado profesional Marín Jiménez, teniente Toro Mazuera, cabo Garrido
Botello, soldado profesional Martínez Fierro y soldado profesional Mórelo
Osorio; (ii) Documental: Anexo A de inteligencia a la orden de operaciones
Sable al plan de operaciones Jalifa.
De otra parte, reiteraron que en el proceso está debidamente acreditado,
contrario a lo que sostiene la autoridad judicial de primera instancia, que el
soldado fue asesinado mientras adelantaba un registro táctico con el objeto de
montar una Base de Patrulla Móvil y no una Base de Operaciones Intermedias.
Asimismo, alegaron como desconocidas las declaraciones que evidenciaban
que no hubo planeación de la misión. En esa línea solicitaron tener en cuenta
las declaraciones del sargento Martínez Escobar, del soldado Marín Jiménez,
del teniente Toro Mazuera, del cabo Garrido Botello y del soldado Martínez
Fierro. También reprocharon el desconocimiento de la Directiva 0054
Transitoria de 2012 relativa a la conformación y funcionamiento de los Equipos
EXDE y de la Orden de Operaciones Jalifa.
Cuestionaron la conclusión del juez de la primera instancia relativa a que la
falta de efectivos del pelotón no era relevante en relación con la materialización
del daño. Advirtieron que la insuficiencia de personal llevó a que el
comandante del grupo EXDE desarrollara funciones de comandante de
segunda escuadra, razón por la que no desempeñó funciones EXDE. Esta
omisión pudo tener una incidencia importante en la concreción del daño.
Además, destacó que a la operación le faltaban 22 efectivos, lo que equivale
al 50% del total de personal con el que debía contar el pelotón Cleimor 2.
De los cargos por omisión en la valoración del acervo probatorio
En consideración de la parte accionante, los jueces del proceso no valoraron
en integridad los siguientes medios de prueba: 1. Dispositivo de tropas en
orden público - INSITOP No.375 del 03 de julio de 2013; No.376 del 04 de julio
de 2013 y No.375 del 05 de julio de 2013; 2. Radiograma operacional HR1659
• Brigada Móvil 35; 3. Oficio 0022918 brigada Móvil 35 del 01/09/2014; 4.
Calidad miliar soldado profesional MARTINEZ DAURTE SAYER 03/09/2014;
5. Resolución No. 0160 de 2005; 6. Resolución No. 0161 de 2005; 7.
Resolución 1851 del 28 de diciembre de 2009; 8. Manual de Lanceros Pág.
15; 9. Anexo A de inteligencia a la orden de operaciones SABLE al plan de
operaciones Jalifa suscrita por el Capitán Cristian Buitrago Puerta.
La parte actora señaló que la valoración de estas documentales en conjunto
con las demás pruebas del proceso, acreditaban con suficiencia que el Ejército
Nacional actuó en contravía de los lineamientos, protocolo de seguridad y las
técnicas para la organización, planeación, mando, control y ejecución de
operaciones militares en zonas de combate, en especial en lo que respecta al
Equipo EXDE
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3.2. Desconocimiento del precedente judicial. Indicaron que las autoridades
judiciales de instancia omitieron la aplicación de la sentencia T-147 de 2019,
en la que la Corte Constitucional dio alcance al elemento de imputación,
cuando se materializa una falla en el servicio durante operaciones militares de
combate en las que participan soldados profesionales.
También estimaron desconocidas la siguientes sentencias, proferidas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 15 de febrero de
1996 con ponencia del magistrado Jesús María Carrillo; (ii) sentencia del 25
de mayo de 2011 con ponencia del magistrado Jaime Enrique Santofimio
Gamboa; y (iii) las sentencias del 30 de enero, del 31 de mayo y del 29 de
agosto de 2013, y la sentencia del 26 de junio de 2014 con ponencia del
magistrado Danilo Rojas Betancourth.
En consideración de los accionantes estas sentencias reconocen la falla en el
servicio en el marco de un defectuoso planeamiento, conducción y ejecución
de operaciones militares, violación a las medidas de seguridad, falta de
personal, inaplicación de la doctrina militar, de los protocolos y procedimientos
para la organización, empleo y funcionamiento del Equipo Antiexplosivo
EXDE, como ocurre en el caso concreto.
3.3. Defecto procedimental absoluto. Se materializó en la segunda instancia, dado
que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió dar respuesta a cada uno de los argumentos expuesto
por la parte demandante en la apelación. Esta omisión materializa una
violación del derecho al debido proceso en la faceta de defensa y
contradicción.
3.4. Violación directa a la Constitución. las sentencias judiciales proferidas en el
trámite del proceso de reparación directa objeto de análisis violan los derechos
fundamentales de los accionantes al debido proceso en su ámbito de la
contradicción, defensa y derecho a la prueba, el derecho a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 16 de diciembre de 2021, el despacho sustanciador requirió al
abogado Edgar Emilio Ávila Doria, para que allegara el poder especial que lo
legitimaba para representar a la señora Inés Estella Zamora Miranda en este
proceso constitucional. (Samai, índice 4)
4.2. El 20 de enero de 2022, el abogado de la parte accionante allegó poder que
acreditaba la representación judicial de la señora Inés Estella Zamora Miranda.
(Samai, índice 8)
4.3. El proceso pasó a despacho para decidir sobre su admisión, el 25 de enero de
2022. (Samai, índice 9)
4.4. El despacho ponente admitió la acción de tutela en auto del 27 de enero de
2022; ordenó notificar a las partes y vinculó, en calidad de tercero, a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, quien actuó como demandado y a los
demás demandantes, demandados y terceros que hubieran participado en el
proceso de reparación directa radicado bajo el Nro. 11001-33-36-037-2015-
00586-02. (Samai, índice 10)
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4.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por conducto de la ponente de la decisión, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito
de inmediatez o, subsidiariamente, que se deniegue la solicitud de amparo
constitucional.
Relativo al presupuesto de la inmediatez, advirtió que la acción de tutela no
fue presentada en el término razonable de 6 meses avalado por la
jurisprudencia constitucional y contenciosa, comoquiera que la notificación de
la sentencia de segunda instancia proferida dentro de proceso de reparación
directa Nro. 2015-0086-02, se surtió el 8 de junio de 2021 y la acción de
amparo se radicó el 14 de diciembre del mismo año.
De manera subsidiaria, pidió que se niegue la solicitud de amparo porque,
contrario a lo indicado por los accionantes, en la sentencia de segunda
instancia se resolvieron todos los reparos expuestos en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
Recordó que en el fallo de segunda instancia se trató lo concerniente a: (i) la
falla de las funciones de inteligencia del Ejército Nacional; (ii) el apoyo del
grupo EXDE en el operativo; (iii) la obligación de utilizar el Equipo EXDE para
montar una base de paso para el pelotón; (iv) la falta de personal que debía
integrar el pelotón y (v) la valoración de los testimonios recibidos en el
transcurso de la primera instancia. Al respecto se remitió a los párrafos 42, 44,
45, 46, 50, 52, 53, 55, 56 y 60, de la sentencia del 20 de mayo de 2021.
Relativo al defecto por decisión sin motivación, resaltó que la sentencia estuvo
motivada en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional frente a la falla en el servicio en contextos como el analizado.
Frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial, dijo que las
providencias relacionadas en la acción de tutela no constituyen precedente,
dado que no acreditan identidad fáctica con el caso concreto. (Samai, índice
14)
4.6. El 7 de febrero de 2022, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de
Bogotá, por conducto del secretario, aportó el enlace de OneDrive para
acceder al expediente digitalizado del proceso de reparación directa Nro.
11001-33-36-037-2015-00586-02. (Samai, índice 15)
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
7 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de
amparo cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad,
particularmente el de inmediatez.
De superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia del 20 de mayo
de 2021, en el marco del medio de control de reparación directa tramitado bajo el
radicado Nro. 11001-33-36-037-2015-00586-02, el Juzgado 37 Administrativo de
Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrieron en defectos por desconocimiento del precedente, factico,
sustantivo, procedimental, de decisión sin motivación y por violación directa a la
Constitución.
8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
4.1. Uno de los requisitos generales para que la tutela contra providencias
judiciales proceda es que se acredite que la acción se interpuso en un plazo
razonable. Este requisito se conoce como inmediatez.
La Corte Constitucional11 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela, debe existir
un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo
de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya
que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos
de los terceros afectados12.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.
4.2. Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado13 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la
providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para
que el interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional14.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para
la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho
a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad”15.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como
pauta el término de seis meses, se debe analizar también: “(…) (i) si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después
de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en
un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.” (Negrillas fuera de texto).
11 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
12 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en
los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede
mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
13 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
14 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
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Sobre este punto, en la Sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la
luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”16.
Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.
4.3. Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la Sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el
presupuesto de la inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez,
además de considerar el lapso de seis meses, debe consultar los demás
criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, de manera tal, que
caso a caso se estudie el cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus
particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio exclusivo
para efectuar ese estudio
5. Análisis del caso concreto
5.1. La Sala advierte que entre la notificación de la sentencia de segunda instancia
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la interposición de la acción de tutela transcurrió un lapso
superior a los seis meses fijado como plazo razonable por la jurisprudencia de
esta Corporación.
La prueba de esta afirmación consiste en que la sentencia de segunda
instancia se profirió el 20 de mayo de 2021 y se notificó el 8 de junio de
202117, mediante mensaje de datos remitido al buzón electrónico de las
partes18.
Lo que quiere decir que la acción de tutela debía ser presentada, a más tardar,
el 9 de diciembre de 2021; sin embargo, tal gestión se realizó hasta el 13 de
diciembre de 202119.
Lo anterior implica que, entre la notificación de la providencia cuestionada y la
interposición del amparo constitucional transcurrieron 6 meses y 4 días.
Situación que supera el plazo razonable establecido en la jurisprudencia de
esta Corporación.
5.2. Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez,
ya que el solo paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo,
al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional no se encuentra acreditada una situación que
justifique la interposición de la acción de tutela luego de transcurrido ese
tiempo.
16 Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
17 Óp. Cit. 5.
18 La constancia de recibo, con fecha del 8 de junio de 2021, del mensaje de datos en el que se notificaba la
sentencia de 20 de mayo de 2021 a la parte demandante, está relacionada en la página 159 del archivo
denominado “Cuaderno Apelación.” Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa Nro.
11001-33-36-037-2015-00586-02. Samai, índice 15.
19 Óp. Cit. 1.
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Máxime si se tiene en consideración que la parte actora no presentó ninguna
excusa ni algún argumento del cual se desprendan las razones por las que se
dejó transcurrir dicho lapso. Simplemente, no hubo mención sobre este
aspecto.
5.3. En consecuencia, al encontrar que la tutela no se interpuso dentro del lapso
prudencial establecido por la jurisprudencia de esta Corporación y al no
observar una justificación para dicha dilación por parte del tutelante, se
declarará la improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por los señores
Nelly Duarte Ureña, Valentina Monroy Duarte, Hernando Martínez Rangel,
Inés Estella Zamora Miranda, Janeth Martínez Duarte y Rosendo Duarte Ávila,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
10
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