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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11600-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11600-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de marzo de 2022 a través de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado por los señores Nelly Duarte Ureña, Valentina Monroy Duarte, Hernando Martínez Rangel, Inés Estella Zamora Miranda, Janeth Martínez Duarte y Rosendo Duarte Ávila, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11600-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

28 de abril de 2022

Demandantes: Nelly Duarte Ureña y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11600-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11600-01
Demandantes: NELLY DUARTE UREÑA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO
TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – falla del servicio – revoca la
improcedencia del mecanismo para negar

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 3 de marzo de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia del mecanismo por no superar el presupuesto de la
inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. A través de escrito radicado el 13 de diciembre de 2021 en el correo
electrónico de recepción de Tutelas y Habeas Corpus de la Rama Judicial,
remitido en la misma fecha al buzón web de la Secretaría General del Consejo de
Estado, los señores Nelly Duarte Ureña, Valentina Monroy Duarte, Hernando
Martínez Rangel, Inés Estella Zamora Miranda, Janeth Martínez Duarte y Rosendo
Duarte Ávila, actuando a través de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
“A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia del 20 de mayo de 2021 a través de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
“A” confirmó lo dispuesto por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá en la providencia del 13 de enero de 2020, en la que se

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Demandantes: Nelly Duarte Ureña y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11600-01

negaron las súplicas de la demanda que instauraron en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, que se identificó con el radicado N.º 11001-33-36-037-2015-00568-02.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Ante los argumentos ruego al señor Magistrado Constitucional, tutelar el
derecho Fundamental al debido proceso, derecho de igualdad, acceso a la
administración de justicia y reparación integral, invocados por los accionantes,
los cuales se ven quebrantados por el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y
el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo expuesto fáctica, jurídica
y probatoriamente en donde se acredito, entre otros, un error de juicio
valorativo de la prueba, de tal entidad el cual es relevante (en los términos de
protección a los derechos invocados y también respecto a la controversia
jurídica bajo examen), ostensible, flagrante y manifiesta con incidencia directa
en la decisión. En consecuencia se ruega se disponga dejar sin efectos la
sentencias adoptadas por la primera instancia 13 de enero de 2020 y del H.
Tribunal de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, del 20 de mayo
de 2021, notificada electrónicamente el 8 de junio de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda dentro del radicado 11001333603720150058600-
02, para que se adopte una nueva sentencia en donde se haga una
apreciación probatoria inspirada en la sana critica, atendiendo criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación (entre otros y respetar la
Constitución y la Ley y en donde además, se tenga en cuenta las pruebas
omitidas, la normativa y reglamentación militar aplicable al caso, el precedente
jurisprudencial, el deber de motivar, el procedimiento dispuesto y de esta
forma se corrija los defectos acreditados”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Sayer Hernán Martínez Duarte, soldado profesional del Ejército
Nacional, asignado al Batallón de Combate Terrestre N.º 146, compañía “Cleimor
Segundo Pelotón” con sede en Tumaco, Nariño, murió el 4 de julio de 2013, en
desarrollo de la operación Sable II, misión táctica Jalifa, por presuntamente activar
un artefacto explosivo improvisado1 “(…) cuando regresaba de un registro para montar
una base de operaciones intermedias (…)” en la vereda La María del municipio de
Tumaco2.

5. En consecuencia, los familiares del difunto soldado presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, por los perjuicios derivados de la muerte del

1
Instalado por la columna móvil Daniel Aldana del extinto grupo subversivo FARC, reconocida en el expediente ordinario
como “(…) experto en la fabricación y sembrado de campos minados y trampas explosivas destinadas al aniquilamiento”.
2
Se extrae de la sentencia de segunda instancia que, “la zona donde se desplegaba la operación militar tenía presencia de
actividad terrorista que enfocaba su accionar delictivo principalmente en zonas de alta importancia en [Nariño], por medio
del empleo de artefactos explosivos improvisados”.

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señor Sayer Hernán Martínez Duarte, mientras realizaba funciones del servicio en
una operación militar.

6. En sentencia del 13 de enero de 2020, el Juzgado Treinta y Siete de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá negó el amparo deprecado y declaró la
prosperidad de la excepción denominada riesgo propio del servicio propuesta por
la entidad demandada, al concluir que las circunstancias en que se produjo la
muerte del soldado profesional Martínez Duarte “(…) constituyó un riesgo propio del
servicio que estaba obligado a asumir como miembro del Ejército Nacional (…) por lo
tanto, no origina responsabilidad del Estado. Así las cosas, se presenta una clara
ausencia o imposibilidad de imputación, comoquiera que el daño no es atribuible a
conducta alguna de la administración pública, esto es, no le es imputable rompiéndose de
esta manera el nexo de causalidad”.

7. Inconformes con dicha determinación, los accionantes presentaron recurso
de apelación, el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en providencia del 20 de
mayo de 2021 a través de la cual confirmó la negativa dispuesta en primera
instancia, por considerar que, “(…) aunque la misión requería del grupo EXDE3, y este
en efecto estaba presente, las pruebas evidencian que, para el momento de los hechos,
no era obligatoria su utilización y por ello no medió omisión en su implementación (…) aún
cuando se constata que el apoyo del citado grupo resultaba un deber exigible en el
desarrollo de la misión táctica Jalifa, ello por si solo no lleva a concluir una falla en el
servicio dentro del presente caso”.

8. La referida decisión se notificó por mensaje de datos enviado a los correos
electrónicos de las partes el 8 de junio de 2021.

1.4. Sustento de la vulneración

9. La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral con ocasión de las sentencias proferidas el 20 de mayo de 2021 y 13 de
enero de 20204, respectivamente.

10. Señaló que los operadores jurídicos que conocieron del proceso de
reparación directa objeto de discusión no valoraron integralmente los siguientes
medios de prueba: i) Dispositivo de tropas en orden público - INSITOP N.º 375 del

3
Se indicó en la providencia que los pelotones debían utilizar los grupos EXDE para, entre otras, verificar i) áreas de
seguridad que se fueran a ocupar; ii) elementos sospechosos del área de operaciones y; iii) registrar puntos críticos, así
como pasos obligados. Por esa razón, el ad quem aseguró que en el asunto objeto de estudio era evidente que el apoyo de
dichos grupos “(…) se previó como un elemento necesario porque en la zona donde se desarrollaba la operación, era
plenamente conocido que se utilizaban artefactos explosivos improvisados”.
4
Aunque la parte actora presentó los cargos contra ambas sentencias, en esta instancia constitucional solo se deben tener
en cuenta aquellos que se dirigen a atacar la providencia de segunda instancia, por ser aquella que puso fin al medio de
control de reparación directa que originó la presentación de este mecanismo constitucional. En ese orden, en este acápite
sólo se hará referencia a los argumentos expuestos contra el proveído del 20 de mayo de 2021.

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03 de julio de 2013; N.º 376 del 04 de julio de 2013 y N.º 375 del 05 de julio de
2013; ii) Radiograma operacional HR1659 - Brigada Móvil 35; iii) Oficio 0022918
brigada Móvil 35 del 01/09/2014; iv) Calidad militar soldado profesional
MARTINEZ DAURTE SAYER 03/09/2014; v) Resolución N.º 0160 de 2005; vi)
Resolución N.º 0161 de 2005; vii) Resolución N.º 1851 del 28 de diciembre de
2009; viii) Manual de Lanceros Pág. 15 y; ix) Anexo A de inteligencia a la orden
de operaciones SABLE al plan de operaciones Jalifa suscrita por el Capitán
Cristian Buitrago Puerta.

11. En su criterio, el análisis conjunto de los citados elementos, junto con los
demás que fueron recaudados en el expediente acreditaban con suficiencia que el
Ejército Nacional desconoció los lineamientos, el protocolo de seguridad y las
técnicas para la organización, planeación, mando, control y ejecución de
operaciones militares en zonas de combate, haciendo especial énfasis en el grupo
EXDE.

12. En ese orden, aseguró que las autoridades demandadas no aplicaron el
principio de la sana crítica como método de valoración probatoria, puesto que “(…)
existían pruebas fundamentales como la no aplicación de la doctrina Militar para la
organización, inteligencia, planeamiento, conducción, control y ejecución de operaciones
militares en zonas de orden público, organización, funcionamiento y empleo de EQUIPOS
ANTI EXPLOSIVOS EXDE, Orden de OPERACIONES, que permitían inferir de forma
razonable y lógica que [el] EJERCITO (sic) NACIONAL incurrió en una falla del servicio
por omisión. Además, un análisis de los hechos permitía inferir que la negligencia de los
comandantes del BATOT 146, COMPAÑÍA CLEIMOR, SEGUNDO PELOTON (sic), al no
prever los riesgos adicionales a los que se exponían los Soldados en la ejecución de la
orden de operaciones -Jalifa, en particular en la tarea de efectuar movimiento por la ruta
en zona de alta presencia de guerrilla con la capacidad de ataques permanentes con
explosivos, como medio de guerra para atacar a los soldados de dicha unidad (…) que
incidieron de manera relevante en la causación material del daño del señor MARTINEZ
(sic) DUARTE”.

13. Explicó que tampoco se apreciaron las pruebas conforme a las reglas de la
experiencia comunes en los casos de ataques con “EXPLOSIVOS – MINAS
QUIEBRAPATAS”, que ocurren en zonas de reconocida existencia de uso de
aquellos artefactos que tienen un gran potencial de afectar a las fuerzas armadas.
A partir de ello, mencionó que en las providencias objeto de censura no se realizó
una verdadera valoración probatoria puesto que se desconoció cuando no se
aplican los protocolos y las medidas de seguridad previstas para el cruce de áreas
y rutas con explosivos, se genera un mayor riesgo -evitable- en la ocurrencia de
un hecho dañino.

14. Insistió en que el disenso se centró en la omisión de las medidas de
seguridad y los protocolos militares y de guerra, lo que llevó a que se
desconociera la realidad de los hechos probados, el ambiente operacional y la
indiscutible existencia de “bandidos”, así como el empleo de minas contra los

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soldados, lo que implicaba que el grupo EXDE tuviera que verificar el área que se
iba a ocupar, empleara los métodos de búsqueda de explosivos, ubicara,
localizara y destruyera los campos minados sobre las rutas asignadas, “(…)
imperativos de la orden de operaciones que cercenó la segunda instancia al momento de
valorar las pruebas”.

15. Sostuvo que todo lo anterior conllevó a que el operador jurídico arribara a la
absurda conclusión de que, en esa zona, ubicada en una ruta de inminente ataque
con explosivos, no estuviese previsto como un imperativo el empleo del
mencionado grupo, siendo que de la misma orden de operación Jalifa se
desprendía, con fundamento en las circunstancias operacionales y del terreno que
se requería la presencia constante del EXDE, hecho que se corrobora “con los
apartes fundamentales cercenados a las declaraciones de los testigos directos de los
hechos”.

16. Lo anterior, con fundamento en los siguientes medios de prueba: i)
testimonial: las declaraciones del sargento Martínez Escobar, soldado profesional
Marín Jiménez, teniente Toro Mazuera, cabo Garrido Botello, soldado profesional
Martínez Fierro y soldado profesional Mórelo Osorio; y (ii) documental: Anexo A de
inteligencia a la orden de operaciones Sable al plan de operaciones Jalifa, en su
criterio, los testimonios fueron apreciados de manera fraccionada, parcializada y
descontextualizada.

17. Planteó que la disposición, pero no utilización del equipo EXDE durante el
registro y selección de base de patrulla móvil no eximía a la entidad demandada
de cumplir con el deber positivo de proteger su personal y de otorgarle las
condiciones mínimas de seguridad, así como los elementos indispensables para
cumplir con sus obligaciones tal como lo establece la doctrina militar5.

18. Adujo que la sentencia de segunda instancia al desatar el recurso de
apelación se limitó a relacionar los argumentos superficialmente sin entrar a
detallar la argucia allí expuesta, con lo que además se apartó de la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado sobre la falla del servicio y puntualmente la del
riesgo propio del servicio y los títulos de imputación cuando se trata de daños
padecidos por personas vinculadas voluntariamente a la fuerza pública. En esa
medida, destacó que ello demostraba el defecto fáctico en que se incurrió por una
ligera y equivocada valoración probatoria, puesto que no refirió por qué “cercenó
apartes fundamentales de la prueba testimonial y documental”.

19. Advirtió que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional -
sentencia T-147 de 2019- en la que se determinó la imputación y responsabilidad
del Estado cuando se presentan fallas en la prestación del servicio durante el

5
Para el efecto, citó: Directiva transitoria 0070 de 2009 sobre normas para el empleo de los equipos Exde; Directiva
transitoria 0020 de 2011, estrategia para contrarrestar la guerra de minas; Directiva transitoria 0054 de 2012 sobre
entrenamiento y reentrenamiento de los equipos explosivos y demoliciones Exde; Manual EJC 3-93-1 de minas; Manual
EJC 3-171 de adiestramiento canino; Manual EJC 3-56 de búsqueda y destrucción de AEI; Manual EJC 3-217 de empleo de
equipos Exde en operaciones irregulares; Resolución N.º 1851 del 28 de diciembre de 2009, “Por la cual se aprueba el
Manual de Preservación del Ejército” .

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desarrollo de operaciones militares de combate en las que participan soldados
profesionales, por ejemplo cuando se acredita la presentación de omisiones y
fallas, se itera, dentro de los procesos de organización, planeamiento y ejecución
de misiones militares en zonas de hostilidad.

20. Ratificó que en este asunto estaba acreditado que, i) el pelotón “Cleymor
dos” no estaba organizado de acuerdo a las Tablas de Organización y Equipo -
TOE, pues le faltaba más del 50% de efectivos (2 oficiales comandantes, 5
suboficiales comandantes de equipo de combate y 16 soldados); ii) que la
operación se desarrollaba en una zona de alta presencia e injerencia de grupos
armados, con capacidad terrorista de ataques permanentes con explosivos; iii)
que en dicha ubicación geográfica el modus operandi de esa estructura armada
era el ataque permanente y constante a los soldados con explosivos; iv) aunado a
que, el equipo EXDE “fue desintegrado y agregado a cumplir funciones ordinarias en el
pelotón, es el caso que el comandante de dicho equipo fue destinado como comandante
de escuadra y los soldados a cumplir funciones de rancheros, centinelas, seguridad”.

21. En ese contexto, concluyó que las circunstancias descritas aumentaron el
riesgo propio del servicio y contribuyeron de manera determinante a la causación
del daño antijurídico, lo que contraviene la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado6 que ha determinado el alcance de la imputación de la
responsabilidad extracontractual del Estado bajo el título de falla del servicio en los
casos en donde el agente se ha vinculado de forma voluntaria a la fuerza,
planteamientos que en ningún momento determinan la imposibilidad de imputar
responsabilidad a la nación “por cadena de fallas en los ámbitos de planeamiento,
conducción y ejecución de operaciones militares, pues si bien la causa mediata del daño
es el ataque del grupo subversivo por medio del empleo de explosivos contra los
miembros de la fuerza, las omisiones de la entidad estatal contribuyeron eficazmente a su
causación al exponerlos a riesgos que no estaban en el deber jurídico de soportar”.

22. Finalmente, alegó que también se incurrió en los defectos procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución, el primero, por considerar que el ad
quem al desatar el recurso de alzada omitió responder cada uno de los
argumentos expuestos en la apelación; y el segundo, al incurrir en una valoración
caprichosa de una parte del acervo probatorio y al pretermitir el análisis de
pruebas determinantes para demostrar la configuración de la falla probada del
servicio y la existencia de un riesgo mayor al que fue sometida la víctima sin estar
en el deber de soportarlo.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

23. A través de auto del 27 de enero de 2022, la magistrada ponente de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la tutela y ordenó la notificación de
la parte accionante, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
6
Para el efecto, citó apartes de las sentencias de la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas
Betancourth: i) del 30.01.2013; ii) del 31.5.2013; iii) del 29.8.2013; iv) del 25.5.2011 y; v) del 26.6.2014; así como las del vi)
15.02.1996, M.P. Jesús María Carrillo y; vii) del 25.5.2011, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Tercera, Subsección “A” y del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, como autoridades judiciales demandadas.

24. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés del
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional “y los demás demandantes,
demandados y terceros que hubieren participado en el proceso de reparación directa que
originó la presente controversia constitucional”. Finalmente, le reconoció personería
para actuar al abogado Edgar Emilio Ávila Doria, como apoderado judicial de la
parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”

25. La magistrada ponente de la decisión objeto de censura consideró que la
acción de tutela de la referencia es improcedente, con fundamento en que la
sentencia ordinaria fue notificada a las partes el 8 de junio de 2021, mientras que
la tutela se presentó el 14 de diciembre del mismo año, conteo que en su criterio
supera los 6 meses que se consideran como plazo razonable.

26. Asimismo, explicó que los accionantes no expusieron ninguna razón que
justificara su inactividad, ni tampoco se evidencia que el mecanismo se instaurara
por una causa posterior a la providencia atacada o por alguna situación de
debilidad manifiesta de alguno de los interesados.

27. No obstante lo anterior, indicó que, en caso de encontrarse procedente la
acción constitucional, debía tenerse en cuanta que el reparo de los accionantes se
circunscribe a que la sentencia de segunda instancia no realizó la valoración
probatoria del caso. Frente a ello, expresó que en la providencia se resolvieron los
reparos que fueron expuestos en el recurso de apelación, pues se abordó lo
concerniente a i) la falla de las funciones de inteligencia del Ejército Nacional; ii) al
apoyo del grupo EXDE en el territorio; iii) la obligatoriedad del uso de dicho grupo
incluso para montar una base de paso para la brigada o pelotón; iv) la falta de
personal en el lugar de los hechos y; v) la valoración de los testimonios recibidos
en el transcurso de la primera instancia, argumentos que se controvierten ahora
en la solicitud de tutela.

28. En ese orden de ideas, advirtió que dichos cargos fueron resueltos en su
totalidad en los párrafos 42, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 56 y 60 de la sentencia del
20 de mayo de 2021; es decir que, en dichos apartes se resolvieron cada uno de
los desacuerdos propuestos en la alzada, lo que permitió a la Sala concluir que
atendiendo al tipo de actividad que desarrollaba el difunto familiar de los

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demandantes, la ejecución de las obligaciones del grupo EXDE era diferente a las
pretendidas por los accionantes y, contrario a lo indicado por ellos, el Ejército
Nacional sí cumplió con los deberes que le eran exigibles en desarrollo de
operaciones de campo en contra de grupos al margen de la ley.

29. Luego de ello, comentó que basta con leer la sentencia para evidenciar que
la decisión se basó en lo dispuesto por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, puesto que se analizó la falla alegada de conformidad con la normatividad
vigente para la época de los hechos, así como con la jurisprudencia aplicable a
dichos casos, de allí que no sea procedente realizar el análisis que pretenden los
accionantes pues ello equivaldría a una tercera instancia, lo que desdibuja las
finalidades de esta acción de amparo.

30. De otro lado, informó que las sentencias que la parte actora citó como
precedente no son aplicables al caso pues difieren de los fundamentos fácticos
planteados en la demanda de reparación directa, aunado al hecho de no tratarse
de providencias de unificación.

31. Finalmente, concluyó que la providencia objeto de debate no adolece de los
defectos alegados y que, contrario a ello, la inconformidad de los accionantes
radica en que el juez natural de la causa zanjara el proceso con una tesis contraria
a la que se proponía, en aplicación de la autonomía e independencia propias del
operador jurídico.

1.6.2. Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

32. Por conducto del secretario, aportó el enlace de OneDrive para acceder al
expediente digital del proceso de reparación directa que se identificó con el
radicado N.º 11001-33-36-037-2015-00586-02. No obstante, el titular del despacho
no se pronunció respecto de la situación fáctica y jurídica planteada.

1.6.3. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, pese a haber sido
notificado en debida forma, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

33. En sentencia del 3 de marzo de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia del mecanismo de amparo por no encontrar
superado el presupuesto de la inmediatez, con fundamento en que la sentencia de
segunda instancia se profirió el 20 de mayo de 2021 y se notificó el 8 de junio del
mismo año a través de mensaje de datos remitido al buzón electrónico de las
partes por lo que, en su criterio, la tutela debía presentarse a más tardar el 9 de
diciembre de 2021, sin embargo, tal diligencia se realizó apenas hasta el 13
siguiente, es decir, habiendo transcurrido 6 meses y 4 días.

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1.8. Impugnación

34. A través de correo electrónico enviado el 15 de marzo de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 3 de marzo de
2022, notificada el 11 de marzo del año en curso.

35. Indicó que la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional establecía
que el mero incumplimiento de los plazos no constituía la falta del requisito de
inmediatez y que, en todo caso, la acción de tutela fue interpuesta en el término de
6 meses y 4 días, es decir, “48 horas después (sic)”, situación que no puede
entenderse como inactividad procesal, y que no afecta en lo absoluto los principios
de seguridad jurídica, cosa juzgada y menos los derechos de terceros.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

36. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 3 de marzo de 2022, dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

37. En primer lugar, la Sala advierte que los señores Nelly Duarte Ureña,
Valentina Monroy Duarte, Hernando Martínez Rangel, Inés Estella Zamora
Miranda, Janeth Martínez Duarte y Rosendo Duarte Ávila están legitimados en la
causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida
en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales7.

38. En el caso concreto, se tiene que los tutelantes presentaron el medio de
control de reparación directa en el que se dictó la providencia objeto de censura,
por lo que es claro que son los titulares de los derechos fundamentales cuya
vulneración alegan.

7
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

9
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Demandantes: Nelly Duarte Ureña y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11600-01

39. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá también están legitimados en la
causa por pasiva, por ser las autoridades judiciales que resolvieron ambas
instancias del medio de control de reparación directa que provocó la radicación de
esta demanda.

2.3. Problema jurídico

40. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 3 de marzo de 2022, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia del mecanismo,
para lo cual se deberá resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

41. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá vulneraron los derechos fundamentales de la parte
actora al proferir las sentencias del 20 de mayo de 2021 y 13 de enero de
20208, respectivamente, a través de las cuales resolvieron
desfavorablemente el medio de control de reparación directa que
instauraron contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en
el que pretendían la condena del Estado por los perjuicios derivados de la
muerte de su familiar a título de falla del servicio por la no implementación
del grupo EXDE.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

42. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) generalidades de los defectos
alegados; (iii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iv) análisis del
caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
9
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción

8
Aunque la parte actora cuestionó las decisiones adoptadas en ambas instancias del proceso ordinario, esta Sala de
Decisión, investida con las facultades del juez constitucional solo puede pronunciarse respecto de la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que fue la que puso fin al medio de control de reparación directa.
9
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez
Bello. C.P.: María Elizabeth García González.

10
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de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia11.

44. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

45. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

46. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

47. En el sub judice se advierte que en lo que se refiere a la responsabilidad
patrimonial del Estado, derivada de la muerte de un soldado profesional, el asunto
es de relevancia constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora
cuestiona la razonabilidad de la providencia proferida el 20 de mayo de 2021 a
través de la cual la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó lo resuelto por el Juzgado Treinta y
Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, en el sentido de
negar las súplicas de la demanda por no encontrar acreditado el elemento de
responsabilidad del nexo causal, determinación que, en criterio de los
demandantes, adolece de los defectos fáctico, desconocimiento del precedente,
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución.

10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
11
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de
conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

11
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48. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión
pues, en efecto, los accionantes consideraron vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral, porque, pese a que los operadores jurídicos
tutelados reconocieron que la operación se desarrolló en un territorio de amenaza
inminente de ataque con explosivos y que con ocasión de ello los pelotones
debían apoyarse en los grupos EXDE, concluyeron que la no implementación de
dicho equipo en este caso no constituía una falla en el servicio, dado que el
deceso del señor Martínez fue producto de la activación de una mina “(…) mientras
regresaba de un registro para montar la base de operaciones intermedias”. (Subraya del
texto original).

49. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, concretamente lo relacionado
con el hecho de que no se condenara al Estado por los perjuicios materiales y
morales que les fueron ocasionados con la muerte de su familiar, quien se
encontraba en desarrollo de una operación militar que se llevó a cabo en un
territorio conocido por los artefactos explosivos plantados para atacar a los
miembros de las fuerzas armadas, lo que conllevó a que se omitiera el deber del
juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

50. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte tutelante frente a
la razonabilidad de la decisión, pues existen interpretaciones contradictorias sobre
el mismo derecho, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral.

51. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la parte
accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Carta, lo que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal. En
virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie
resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
constitucionales, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido
por la ley para su protección.

52. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

12
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2.6.2. Tutela contra tutela12

53. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado N.º 11001-33-36-037-2015-00568-02.

2.6.3. Inmediatez13

54. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que si bien el a quo constitucional aseguró que la tutela se presentó
habiendo transcurrido más de 6 meses, lo cierto es que la providencia que en esta
instancia se ataca fue proferida el 20 de mayo de 2021, notificada a través de
mensaje de datos remitido el 8 de junio siguiente14, es decir que cobró ejecutoria
el 16 de junio de 2021 por lo que, al haberse radicado la tutela el 13 de
diciembre de 2021, se advierte que la parte actora sí acudió al amparo
constitucional antes de que culminara el plazo establecido.

55. En ese orden de ideas, para esta Sección del Consejo de Estado es claro
que este asunto sí supera el requisito adjetivo de la inmediatez.

2.6.4. Subsidiariedad

56. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la accionante agotó el recurso de
apelación contra la decisión que resolvió desfavorablemente sus pretensiones en
primera instancia, que corresponde al medio de impugnación ordinario procedente.

57. Con respecto a los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia el despacho advierte que tampoco son procedente, toda vez que los
argumentos expuestos en la tutela no se enmarcan en las causales taxativas
previstas por el legislador en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

12
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia
27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
13
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06564-01.
14
De acuerdo con el inciso 3º del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, “(…) la notificación personal se entenderá realizada
una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación”.

13
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2.7. Generalidades de los defectos alegados

2.7.1. Defecto fáctico

58. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201515 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

59. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos
para fallar el de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
probatorio frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
determinante son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
para identificar la punto, se requiere que de forma específica, se concrete en
veracidad de los el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y
hechos alegados legalmente, fueron desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:

15
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No.
11001-03-15-000-2015-01471-01,

14
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a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:

a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los
en pruebas requisitos legales para su producción o introducción al
obtenidas con proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
violación del equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
debido proceso cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

60. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

61. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra

15
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una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

62. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.

2.7.2. Desconocimiento del precedente

63. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

64. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez”16.

2.7.3. Violación directa de la Constitución

65. Es del caso señalar que las providencias incurren en un defecto por
violación directa de la Constitución cuando se dictan contrariando los preceptos
constitucionales, lo cual se precisó en la sentencia T-352 de 2012 dictada por la
Corte Constitucional, en la que se indicó que el vicio se presenta cuando “el juez
ordinario toma una decisión que desconoce o desobedece los principios y las garantías
consagrados en el Ordenamiento Superior, o cuando dichas reglas o principios son
tomados en cuenta, pero se les da un alcance insuficiente. En efecto, debido al actual
modelo de ordenamiento constitucional, que reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, resulta factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la
acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”17.

2.8. Caso concreto

66. La parte actora considera que la sentencia del 20 de mayo de 2021 a través
de la cual la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

16
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-
02690-01.
17
Ob. Cit.

16
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Cundinamarca confirmó la negativa dispuesta en primera instancia del medio de
control de reparación directa que instauró contra el Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional, vulneró sus garantías constitucionales por presuntamente
incurrir en los defectos procedimental absoluto, fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

67. Sea lo primero aclarar que en este caso no se abordará el estudio del
defecto procedimental absoluto según el cual la parte actora indicó que la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió responder cada uno de los argumentos expuestos en la
apelación, por no cumplir con la carga argumentativa mínima que permita realizar
un análisis de fondo, toda vez que, no explicó cuales eran los cargos que
presuntamente quedaron sin zanjarse.

68. Aunado a ello, cabe resaltar que dicha afirmación se contradice cuando en
el mismo escrito se precisó que el fallador de segundo grado relacionó los
argumentos de la alzada pero “superficialmente”, situación que permite concluir
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”
sí se refirió a todos los planteamientos esbozados, con los que los accionantes
pretendían desestimar la providencia del Juzgado Treinta y Siete Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, diferente es que la conclusión a la que se llegó no
le fuera favorable.

69. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, incluso al
abordar el presupuesto de la subsidiariedad, se hizo especial énfasis en que las
alegaciones expuestas no se enmarcaban en ninguna de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión.

70. Aclarado lo anterior, se precisa que los demás cargos, a saber, los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, se
estudiarán de manera conjunta puesto que sus argumentos se encuentran
íntimamente relacionados y se dirigen a reprochar que el operador jurídico
tutelado no analizó las pruebas que obraron en el expediente con fundamento en
el principio de la sana crítica y las reglas de la experiencia, situación que
aparentemente lo llevó a desconocer el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia T- 147 de 2019 y el de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en los casos de falla del servicio18.

71. En relación con las sentencias que se alegaron como desconocidas, resulta
pertinente aclarar que en este caso no hay lugar a realizar un estudio de fondo de
las mismas, teniendo en cuenta que, la sentencia T-147 de 2019 fue proferida por
la Corte Constitucional en el marco de una acción de tutela en la que se pretendía

18
Al citar las sentencias de la Sección Tercera de la Corporación que consideró desconocidas, la parte actora no precisó el
número de radicación, simplemente indicó las fechas, el magistrado ponente y algunos apartes de las providencias. Debido
a ello, se solicitó el apoyo de la relatoría del Consejo de Estado para ubicar las decisiones a las que se hizo referencia, sin
embargo, la búsqueda no arrojó un resultado efectivo.

17
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acreditar la falla del servicio de la Policía Nacional al no prever los riesgos
adicionales a los que se exponían los patrulleros en el cruce de un caño afluente
del río Magdalena, sin portar los chalecos salvavidas.

72. Frente al punto, esta Sección del Consejo de Estado considera que la citada
providencia no constituye un precedente pues del caso que allí se analizó no se
evidencia que se hubiere fijado alguna regla o sub-regla de derecho que debiera
ser aplicada al caso concreto por el operador jurídico tutelado, particularmente lo
concerniente a la declaratoria de responsabilidad de la Nación ante la omisión de
tomar las medidas necesarias tendientes a evitar los sucesos que ocurren en
cursos de agua y que tienen el potencial de afectar a las fuerzas armadas.

73. Igual suerte corren las providencias del Consejo de Estado a las que se
aludió, porque los datos que la parte actora suministró no fueron suficientes para
encontrar los pronunciamientos a que hacía referencia, toda vez que no precisó el
número de radicación de los procesos en los que fueron dictadas. Ahora bien, lo
anterior no obsta para que este juez constitucional revise si la tesis adoptada por
la autoridad judicial accionada se ajustó o no a la jurisprudencia vigente en la
materia.

74. En criterio de la parte actora, la falla del servicio se concretó19 en la omisión
del Ejército Nacional en desplegar las medidas de seguridad y los protocolos
militares y de guerra, lo que llevó a que se desconociera la realidad de los hechos
probados, el ambiente operacional y la indiscutible existencia de “bandidos”, así
como el empleo de minas contra los soldados, lo que implicaba que el grupo
EXDE tuviera que verificar el área que se iba a ocupar, empleara los métodos de
búsqueda de explosivos, ubicara, localizara y destruyera los campos minados
sobre las rutas asignadas, “(…) imperativos de la orden de operaciones que cercenó la
segunda instancia al momento de valorar las pruebas”.

75. Así las cosas, es menester revisar los fundamentos expuestos por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia objeto de censura, a partir de los cuales
determinó que en el caso sub examine no se estructuraron los elementos
constitutivos de responsabilidad frente a la entidad demandada, por considerar
que la omisión relativa al uso de equipos en la operación, la planeación y la
ausencia de apoyo del grupo EXDE no fueron la causa eficiente del daño
antijurídico, que en este caso emergió como consecuencia de la detonación de un
artefacto explosivo. Lo anterior, a efectos de determinar si le asiste razón o no a
los accionantes.

76. Para arribar a la conclusión, la autoridad judicial accionada explicó que las
pruebas arrimadas al expediente, daban cuenta de que la causa adecuada del

19
La parte actora la determinó como “una cadena de errores en las áreas funcionales de inteligencia, organización para el
combate, planeamiento, mando, control, conducción, logística, protocolos y medidas de seguridad dispuestos para el
planeamiento y ejecución de órdenes operacionales”.

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Sección Tercera, Subsección “A” y otro
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daño era la detonación de un artefacto explosivo improvisado, instalado por
grupos subversivos en el territorio en que se desarrollaba la referida operación
militar. Para concluir ello, hizo referencia a las siguientes:

i) El Informe Administrativo de Lesiones N.º 005 del 5 de julio de 2013, suscrito
por el teniente Toro Mazuera, comandante de la compañía "Cleimor" en el que
se detalló el contexto en el que se produjo el deceso del difunto soldado
profesional en desarrollo de la misión táctica “Jalifa”;
ii) La Orden de Operaciones Fragmentaria “Jalifa”,
iii) El anexo “A” de inteligencia de la orden de la orden de operaciones “Sable”
al plan de operaciones “Jalifa”.
iv) Las tareas específicas asignadas al grupo EXDE para la misión.
v) La audiencia de pruebas celebrada el 29 de marzo de 2019.
vi) El testimonio del comandante del grupo EXDE
vii) Los radiogramas

77. Explicó que en este caso no podía concluirse que el deceso del soldado
Martínez fuera producto de “una cadena de errores en las áreas funcionales de la
inteligencia, organización, planeamiento, mando de control, logística y medidas de
seguridad”, dado que la situación que acabó con su vida no se presentó en el
contexto de un enfrentamiento directo entre los grupos insurgentes y el Ejército
Nacional, sino cuando éste regresaba de efectuar un registro para una base móvil.

78. A partir de ello, y con fundamento en la sentencia del 10 de septiembre de
202020, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, según la cual “no todas las circunstancias que anteceden a la producción del
daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de
las condiciones”, aseguró que en este caso se encontraba acreditado que la
ausencia de personal reclamada (grupo EXDE) o la consideración de que, dicha
función debía realizarse por el comandante del pelotón y no por el cabo, no tenían
una verdadera relación directa con la producción del daño.

79. Por tanto, precisó que, sin duda, las falencias de equipos, planificación,
personal, dirección de la tropa y demás aspectos expuestos por la parte actora
“interaccionan en la cuerda causal, mas no la determinan”. Seguido de ello, y con
sustento en la sentencia del 14 de julio de 2016, de la misma subsección de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, destacó que los daños resistidos por los
servidores públicos que ejercen voluntariamente las funciones relacionadas con la
defensa del Estado, por regla general, se conciben como un riesgo inherente a la
actividad y, excepcionalmente, permiten vislumbrar la responsabilidad del Estado,
por i) riesgo excepcional, ii) daño especial o, iii) falla del servicio.

80. Por consiguiente, estableció que en el asunto objeto de estudio el régimen
aplicable era el de falla del servicio, dado que el reproche de la parte actora se

20
Rad. 25000-23-26-000-2012-01016-01, M.P. María Adriana Marín.

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contraía a la ausencia del grupo EXDE en el desarrollo de la operación, como
elemento exigible en la misión táctica “Jalifa”. Entonces, al abordar el caso
concreto, el operador jurídico tutelado señaló:

“(…) aunque la misión requería del grupo EXDE21, y este en efecto estaba
presente, las pruebas evidencian que, para el momento de los hechos, no era
obligatoria su utilización y por ello no medió omisión en su implementación (…)
aún cuando se constata que el apoyo del citado grupo resultaba un deber
exigible en el desarrollo de la misión táctica Jalifa, ello por si solo no lleva a
concluir una falla en el servicio dentro del presente caso (…) .

Lo anterior es importante porque es necesario tener presente que el deceso
de Martínez, como consecuencia de la activación del A.E.I., se produjo
mientras regresaba de un registro para montar una base de operaciones
intermedias.

Aunque una primera lectura de la cuestión daría para pensar que en efecto el
hecho ocurrió en un escenario donde era requerido el grupo al tratarse de un
registro, lo cierto es que el análisis integral de las pruebas revela lo contrario.

En efecto, con los testimonios practicados en este proceso se puede dilucidar
que: (i) la situación acaeció luego de efectuar el registro de la potencial zona
para montar la base, (ii) el grupo EXDE era necesario cuando se (sic)
asegurarse la base de patrulla móvil, en coherencia (iii) en ese instante no se
hizo trabajo con equipo EXDE porque era apenas un registro del eventual
lugar para situar la base.

Luego, desde la perspectiva del uso del grupo ante el escenario catalogado
como “áreas de seguridad que se van a ocupar” puede evidenciarse que no
se acompasa con los pormenores de la situación porque para el momento en
que se produjo el hecho dañoso Martínez no se encontraba realizando tal
actividad; al contrario, iba de regreso de hacer un registro visual, para un
lugar que posiblemente sería ocupado como base de patrulla móvil.

En otro orden de ideas, ante el contexto del punto crítico o paso obligado
como panorama que ameritase la implementación del grupo EXDE tampoco
puede colegirse que Martínez se encontrase en tal situación pues la
valoración probatoria no permite arribar a dicha conclusión.

Lo anterior se evidencia a la luz del testimonio rendido por el comandante del
grupo EXDE, señor Elkin Garrido Botello, quien enuncia, que para el momento
de los hechos, “durante el registro que [se] hi[zo] no habían pasos obligados,
el puntero no manifestó nada sospechoso, cuestión fundamental porque de
suyo revela que no se trataba de una zona que ameritase la implementación
del grupo, máxime si se tiene en cuenta que el daño antijurídico causado no
devino con ocasión del desarrollo de una operación de avance en donde
existiese un paso obligado.

Por el contrario, se itera que el lugar donde se ocasionó el lamentable hecho
que resistió el soldado Martínez, fue producto del posterior registro visual
de una locación que podía fungir como potencial base de patrulla móvil.

21
Se indicó en la providencia que los pelotones debían utilizar los grupos EXDE para, entre otras, verificar i) áreas de
seguridad que se fueran a ocupar; ii) elementos sospechosos del área de operaciones y; iii) registrar puntos críticos, así
como pasos obligados. Por esa razón, el ad quem aseguró que en el asunto objeto de estudio era evidente que el apoyo de
dichos grupos era necesario “(…) porque en la zona donde se desarrollaba la operación, era plenamente conocido que se
utilizaban artefactos explosivos improvisados”.

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Enlazando lo ya denotado con la verificación probatoria del caso, no se puede
deducir que está comprobada la falla alegada pues aun cuando es cierto que
la censura afirma que se trataba de un paso crítico que ameritaba revisarse,
ello no se corresponde con las probanzas del proceso. Máxime si se tiene en
consideración que en ninguno de los radiogramas allegados se dejó
consignada aquella particularidad; tampoco el informativo administrativo lo
dilucida e igualmente los testimonios no permiten arribar a dicha conclusión”.
(Negrillas y subrayas del texto original).

81. Así pues, contrario a lo señalado por la parte actora, para esta Sala de
Decisión el análisis probatorio que desplegó el operador jurídico censurado no se
alejó de las reglas de la experiencia ni omitió la aplicación del principio de la sana
crítica, de hecho, coincide con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A” en que para acreditar la falla imputada al Estado
en escenarios como el que ahora se estudia, debe acreditarse el supuesto de
hecho en el que la parte demandante fundamenta su posición.

82. Entonces, como en este caso el reproche de los accionantes consistía en la
presunta omisión del Ejército Nacional en aplicar las medidas de seguridad y los
protocolos militares y de guerra, puntualmente refiriendo la ausencia del grupo
EXDE para desplegar la misión que se estaba llevando a cabo, era indispensable
que los accionantes demostraran la incidencia de dicha falta en la producción
efectiva del daño puesto que, los elementos de convicción que obraron en el
plenario dieron cuenta de que la desafortunada circunstancia tuvo lugar después
de efectuarse el registro de una potencial zona para montar la base de patrulla
móvil, es decir, cuando el soldado Martínez iba de regreso.

83. Fue así como el operador jurídico tutelado concluyó, basado en las
condiciones espacio-temporales en que se desarrolló el daño antijurídico que se
reclama, que la falta de implementación del grupo EXDE no incidió directamente
en el hecho de que el soldado profesional lastimosamente hubiese detonado el
artefacto explosivo, dada la tipología del desplazamiento que estaba realizando,
ya que ello no ocurrió en desarrollo de una operación de avance en el que
existiesen pasos obligados, sino en el camino de regreso del registro visual de un
área en la que posiblemente se podría ubicar la base de patrulla móvil.

84. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha sostenido reiterada y pacíficamente que en los eventos en los que se
alegue que el daño se generó con ocasión de la muerte de un soldado voluntario,
corresponde a la parte demandante acreditar, además del fallecimiento, que el
mismo aconteció por una falla del servicio o un riesgo excepcional, y el
consecuente nexo de causalidad entre estos dos [el daño y la causa del título de
imputación], por tratarse del personal que asumió voluntariamente el riesgo propio
del servicio que prestan las Fuerzas Militares.

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85. En este punto vale la pena precisar que el hecho de que en la sentencia no
se haga mención específica de todos los elementos de convicción que componen
el expediente en el análisis del caso concreto, como por ejemplo las
declaraciones22 que hecha de menos la parte actora o el Anexo A de inteligencia a
la orden de operaciones Sable al plan de operaciones Jalifa, ello no implica que el
juez de instancia no los haya analizado y que, a partir de ello se pueda evidenciar
un defecto fáctico o una violación directa de la Constitución pues, de hecho, el
juez natural tiene la potestad de señalar las pruebas que considera necesarias,
pertinentes y conducentes para resolver el problema jurídico planteado y de esa
manera acreditar la posición jurídica que está adoptando, tal como ocurrió en este
asunto.

86. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de reparación directa objeto de estudio, así como los fundamentos
expuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A” para orientar el sentido de su providencia, esta Sala de Decisión
no observa que la providencia objeto de censura adoleciera de ninguno de los
defectos alegados por la parte actora puesto que la misma obedece a la
apreciación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como a la
adecuada aplicación de los criterios jurisprudenciales vigentes, de cara al régimen
de imputación objetiva que era aplicable en este evento.

87. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se que el
operador jurídico demandado vulnerara sus derechos fundamentales puesto que,
se insiste, la sentencia del 20 de mayo de 2021 se profirió con fundamento en una
adecuada valoración de los elementos de convicción recaudados los cuales, en
criterio del juez natural de la causa, no fueron suficientes para demostrar el nexo
de causalidad entre la falla del servicio y la activación del artefacto explosivo que
desencadenó la desafortunada muerte del soldado Martínez.

2.9. Conclusión

88. En ese contexto, esta Sección del Consejo de Estado revocará la sentencia
del 3 de marzo de 2022 a través de la cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia del mecanismo y, en su lugar, negará el amparo
deprecado en este trámite constitucional por los señores Nelly Duarte Ureña,
Valentina Monroy Duarte, Hernando Martínez Rangel, Inés Estella Zamora
Miranda, Janeth Martínez Duarte y Rosendo Duarte Ávila, al observar que la
exposición de motivos del operador jurídico tutelado no da cuenta de un defecto
fáctico o del desconocimiento de las pautas trazadas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

22
Del sargento Martínez Escobar, del soldado profesional Marín Jiménez, del teniente Toro Mazuera, del cabo Garrido
Botello, del soldado profesional Martínez Fierro y del soldado profesional Mórelo Osorio.

22
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Sección Tercera, Subsección “A” y otro
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89. Lo anterior, sobre la base de considerar que, contrario a lo expresado por la
parte tutelante, los elementos probatorios recaudados en el medio de control de
reparación directa sustentaban la tesis del operador jurídico tutelado en virtud de
la cual no fue posible demostrar el nexo de causalidad entre el daño antijurídico y
la falla del servicio que se endilgaba al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de marzo de 2022 a través de la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo
para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado por los señores Nelly Duarte
Ureña, Valentina Monroy Duarte, Hernando Martínez Rangel, Inés Estella Zamora
Miranda, Janeth Martínez Duarte y Rosendo Duarte Ávila, por las razones
expuestas en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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