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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11637-00

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11637-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento de Caldas y la alcaldía de Manizales, por las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Germán Torres Salgado, en relación con el rechazo de la propuesta del Consorcio Restauración PSE integrado por German Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Alfonso Parra De Los Ríos, de conformidad con los argumentos expuestos en esta decisión. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela elevada por los señores Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán Torres Salgado como integrantes del consorcio ALFA, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: RECONOCER personería para actuar a la abogada Beatriz Helena Henao Giraldo en representación del departamento de Caldas en los términos del poder allegado al expediente. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11637-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de febrero de 2022

Demandantes: Germán Salazar Mejía y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2021-11637-00
Demandantes: GERMÁN SALAZAR MEJÍA Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, Y MUNICIPIO DE
MANIZALES.

Temas: Tutela contra providencia judicial y acto administrativo –
improcedencia por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva
de inmediatez y subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por los señores
Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán Torres Salgado,
integrantes del Consorcio ALFA, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, el Tribunal Administrativo de Caldas y el Municipio de Manizales
(Caldas).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de diciembre de 2021, al buzón web
del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, los señores Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán
Torres Salgado, integrantes del Consorcio ALFA, actuando en nombre propio,
instauraron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B”, el Tribunal Administrativo de Caldas y el Municipio de Manizales, en defensa de
su derecho fundamental al debido proceso.

2. En sentir de la parte accionante, la trasgresión de la citada garantía constitucional
surgió con ocasión de la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el Consejo

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Demandantes: Germán Salazar Mejía y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En esta providencia se revocó
parcialmente el fallo del 16 de julio de 2009 proferido por el Tribunal Administrativo de
Caldas, por medio del cual se declararon infundadas las excepciones de falta de
estimación razonada de la cuantía e inexistencia de la obligación y se negaron las
pretensiones de la demanda de controversias contractuales que promovió la Sociedad
de Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. (en adelante A.I.A.) contra el departamento
de Caldas. El expediente se identificó con radicado No. 17001-23-31-000-2003-00896-
00/01.

3. El sentido de la decisión de segunda instancia consistió en declarar la nulidad de la
Resolución 1691 del 3 de junio de 2003, por medio de la cual el departamento de
Caldas adjudicó el Concurso de Méritos SI-001-2003 al consorcio ALFA y la nulidad
absoluta del contrato 004-2003 del 5 de junio de 2003 suscrito entre el departamento
y el consorcio en mención.

4. De igual forma, consideró que el municipio de Manizales (Caldas) también
quebrantó dicha garantía al haber descalificado la propuesta del Consorcio
Restauración PSE dentro del proceso de Licitación de Obra Pública LP – 014– 2021,
por no tener como válido el certificado de experiencia expedido por el departamento
de Caldas con ocasión del contrato referido. Esto, con base en la sentencia del 14 de
febrero de 2018 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” que se
profirió en un proceso en el que no tuvo la oportunidad de ser parte y, al adjudicar el
contrato a otro oferente mediante Resolución 1268 del 7 de diciembre de 2021.

1.2. Pretensiones

5. Con base en lo anterior, solicitaron el amparo del derecho fundamental invocado y,
en consecuencia, pidió:

1- (…) se tutele el derecho fundamental constitucional al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política (…)
2- Se deje sin efecto el fallo judicial del proceso 17001233100020030089600, y en
consecuencia se inicie nuevamente el proceso, vinculando a los accionantes para que
puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción.
3- Se deje sin efecto el informe de verificación o evaluación de ofertas del Proceso de
Contratación Licitación de Obra Pública No. LP – 014 – 2021.
4- Se ordene al municipio de Manizales suspender todas las actuaciones pendientes en
el proceso de Contratación Licitación de Obra Pública No. LP – 014 – 2021 hasta tanto
la justicia resuelva el proceso judicial radicado 17001233100020030089600 y el que se
instaure por la adjudicación irregular de este proceso contractual.

6. Como medida provisional pretendieron:

• Se deje sin efecto el fallo judicial del proceso 17001233100020030089600
• Se deje sin efecto el informe de verificación o evaluación de ofertas del Proceso de
Contratación Licitación de Obra Pública No. LP – 014 – 2021.
• Se ordene al municipio de Manizales suspender todas las actuaciones pendientes
dentro del Proceso de Contratación Licitación de Obra Pública No. LP – 014 – 2021.

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Demandantes: Germán Salazar Mejía y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

1.3. Hechos

La Sala encontró los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son
relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia 1:

7. El departamento de Caldas abrió el concurso público de méritos S.I. 001-2003 para
la restauración arquitectónica del Palacio Departamental de la Gobernación de Caldas,
a través de la Resolución 961 de 3 de abril de 2003. Adicionalmente, en la misma fecha
publicó los términos de referencia definitivos del concurso, en el que consignó las
condiciones y calidades exigidas en relación con los proponentes y la propuesta.

8. En la audiencia de adjudicación del proceso de selección celebrada desde el 30 de
mayo de 2003 hasta el 3 de junio siguiente, mediante Resolución 1691 de esa última
fecha, el departamento de Caldas adjudicó el proceso de selección al Consorcio ALFA.

9. El departamento de Caldas y el consorcio ALFA suscribieron el contrato 004- 2003
del 5 de junio de 2003, cuyo objeto consistió en la restauración arquitectónica del
Palacio Departamental de la Gobernación de Caldas, declarado monumento nacional.

10. La sociedad A.I.A. presentó demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra el departamento de Caldas con el fin de que se
declarara la nulidad de la (i) Resolución 1691 del 3 de junio de 2003, a través de la
cual dicho departamento adjudicó el concurso público de méritos S.I. 001 de 2003 al
consorcio ALFA, que tenía como finalidad la restauración arquitectónica del Palacio
departamental de la gobernación de Caldas declarado monumento nacional y, (ii) del
contrato 004-2003 del 5 de junio de 2003 suscrito entre ese ente territorial y el
mencionado consorcio. También solicitó la indemnización de los perjuicios
ocasionados por la imposibilidad de ejecutar el respectivo contrato.

11. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Caldas,
autoridad que a través de sentencia del 16 de julio de 2009 declaró infundadas las
excepciones de falta de estimación razonada de la cuantía 2 e inexistencia de la
obligación3 y negó las pretensiones de la demanda. Consideró que las situaciones
alegadas por la sociedad A.I.A. no constituían causales de nulidad de la resolución de
adjudicación y, en consecuencia, tampoco del contrato en referencia.

1
Los hechos que aquí se relacionan fueron complementados con lo expuesto en las providencias de
primera y segunda instancia del proceso de controversias contractuales.
2
Al señalar que ese requisito formal fue estudiado en la etapa de admisión de la demanda, el cual se
encontró cumplido.
3
Al considerar que, dado que los argumentos se relacionaban directamente con el fondo de asunto, lo
resolvería conjuntamente con la pretensión.
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Demandantes: Germán Salazar Mejía y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

12. En virtud de lo anterior, la sociedad A.I.A interpuso apelación4. Del recurso conoció
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, autoridad judicial que revocó
de forma parcial el fallo de primera instancia5, en el sentido de declarar la nulidad de
la Resolución 1691 del 3 de junio de 2003, por medio de la cual el departamento de
Caldas adjudicó el Concurso de Méritos SI-001-2003 al consorcio ALFA y,
consecuencialmente, la nulidad absoluta del contrato 004-2003 del 5 de junio de 2003
suscrito entre el departamento y el consorcio en mención.

13. Como sustento, la autoridad señaló que era inadmisible y desproporcionado el
motivo de rechazo de la propuesta presentada por la sociedad A.I.A, en virtud de la
exigencia del numeral 12 de los términos de referencia del contrato que consiste en
que se debía hacer una visita al lugar de la obra con el fin de que los participantes del
concurso conocieran el sitio y, en general, todos los factores que pudieran influir en los
costos y programación.

14. Lo anterior, porque el argumento del rechazo consistió, únicamente, en que dada
la condición de ingeniero civil del representante legal de dicha asociación, debió
comparecer a la visita de la obra. El Tribunal consideró que esta determinación
cercenaba la posibilidad legal de comparecer a través del apoderamiento o
representación, figuras a través de la cuales la finalidad buscada con la exigencia del
numeral 12 de los términos de referencia del contrato, también se podía cumplir.

15. La decisión de segunda instancia fue notificada por edicto del 26 de abril de 2018
al 30 siguiente, cuyo término de ejecutoria transcurrió del 3 al 7 de mayo del mismo
año, conforme a la constancia de notificación que obra en el expediente digital.

4
Respecto del argumento del recurso, en la sentencia de segunda instancia se señaló: “sostiene que
(i) la persona que asistió a la visita de la obra, además de contar con el título de ingeniero civil, lo hizo
en nombre y representación de la sociedad actora, razón por la cual se cumplieron todos los efectos
que la demandada perseguía con la exigencia supuestamente incumplida. Afirma que resultaba
excesivamente formal imponer la presencia del representante legal a la visita de la obra, cuando esa
función fue delegada en una persona con todas las capacidades y condiciones para comprometer a la
actora. Representación que fue confirmada con la presentación de la oferta. (ii) La actora tenía dentro
de su objeto social la restauración de obras como la pretendida contratar. En efecto, entre las
actividades que estaban autorizadas a la sociedad se encontraban todas aquellas relacionadas con la
ingeniería y la arquitectura, entre otras, la reconstrucción de edificios. (…)”
5
En la parte resolutiva se señaló:
“PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia, la cual quedará
así:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución n.° 1691 del 3 de junio de 2003, por medio de la
cual el departamento de Caldas adjudicó el Concurso de Méritos n.° SI-001-2003 al consorcio Alfa.
TERCERO: DECLARAR la nulidad absoluta del contrato n.° 004-2003 del 5 de junio de 2003 suscrito
entre el departamento de Caldas y el consorcio Alfa.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO Sin costas.
SEGUNDO: SIN COSTAS, toda vez que en la presente instancia no aparecen probadas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen”.

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16. De otra parte, los tutelantes explicaron que el municipio de Manizales inició el
Proceso de Contratación Licitación de Obra Pública LP – 014– 2021 para el cual se
presentó el Consorcio Restauración PSE (integrado por Alfonso Parra De Los Ríos,
German Salazar Mejía y Federico Estrada Jaramillo) aportando la certificación de la
ejecución del contrato 004- 2003, expedida por el departamento de Caldas el 6 de
noviembre del 2021 por haber cumplido con el objeto contractual. Esto, por cuanto
German Salazar Mejía y Federico Estrada Jaramillo hicieron parte del Consorcio ALFA
que celebró y ejecutó el contrato 004 del 2003.

17. Señaló que el 24 de noviembre de 2021, mediante informe preliminar, el municipio
de Manizales (Caldas) le ordenó al Consorcio Restauración PSE subsanar un punto
relativo a la acreditación de la experiencia. Al respecto le indicó: “La certificación del
contrato No. 004-2003 no es válida, debido a que se declaró la nulidad absoluta de
contrato mediante sentencia del Consejo de Estado del 14 de febrero de 2018 con
radicado 37485. En ese orden de ideas, el oferente no puede acreditar la experiencia
(sic) con este contrato, por lo cual deberá acreditarla con otros, hasta completar seis
contratos con los ya inicialmente adjuntados con la propuesta…”.

18. Como respuesta a dicha orden, el consorcio en mención manifestó que el
certificado sí era válido porque el contrato fue liquidado y ejecutado desde el 2015. El
contrato fue adjudicado a otro oferente mediante Resolución 1268 del 7 de diciembre
de 2021.

1.4. Fundamentos de la solicitud

19. La parte actora, de manera preliminar, advirtió que la solicitud de amparo cumplía
con todos los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Aseveró que en la providencia acusada se le vulneró el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 Superior).

20. Señaló que el Consorcio ALFA no fue vinculado al proceso de controversias
contractuales promovido por la sociedad A.I.A. contra el departamento de Caldas de
radicado 17001-23-31-000-2003-00896-00/01. En el cual se declaró i) la nulidad de la
Resolución 1691 del 3 de junio de 2003, a través de la cual ese ente territorial le
adjudicó el Consorcio ALFA, el concurso público de méritos S.I. 001 de 2003 y ii) la
nulidad absoluta del contrato 004-2003 del 5 de junio de 2003 suscrito entre dicho
departamento y la parte actora.

21. Subrayó que conoció de esta decisión, solo hasta el 24 de noviembre de 2021 a
través del informe preliminar rendido por el municipio de Manizales (Caldas), en el que
le ordenó al Consorcio Restauración PSE subsanar el punto relativo a la acreditación
de la experiencia del contrato 004-2003 que le certificó el departamento de Caldas.

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22. Afirmó que, por lo anterior, el proceso en cita se tramitó sin garantizarle el ejercicio
de su derecho de contradicción y defensa. Comentó que el Municipio de Manizales
(Caldas) también le quebrantó el debido proceso al haber descalificado la propuesta
del Consorcio Restauración PSE por no tener como válido el certificado de experiencia
en comento, por lo que le dio un alcance errado a la sentencia objeto de reproche.

23. Esto por cuanto, además de la falta de vinculación señalada, en la providencia
objeto de reproche no se estableció que la ejecución del contrato en cita no podía ser
certificada por parte de la entidad contratante y mucho menos se ordenaron
restituciones mutuas. En ese orden, comentó que el ente departamental quebrantó sus
derechos al rechazar su propuesta en la Licitación de Obra Pública LP – 014– 2021
con base en una sentencia que se profirió en un proceso en el que no tuvo la
oportunidad de ser parte y, al adjudicar el contrato a otro oferente mediante Resolución
1268 del 7 de diciembre de 2021.

24. Explicó que en los contratos de tracto sucesivo no era posible volver las cosas al
estado anterior como si no se hubiera celebrado el contrato, que así lo ha señalado el
Consejo de Estado en diferentes sentencias. Citó las siguientes: (i) del 16 de febrero
de 20066, (ii) del 5 de julio de 20187, (iii) del 6 de febrero de 20198 y, (iv) del 7 de
septiembre de 20209.

1.5. Trámite de la acción de tutela

25. El magistrado que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
16 de diciembre de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la
parte actora, así como al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al
Tribunal Administrativo de Caldas y al Municipio de Manizales en calidad de
autoridades accionadas.

26. Así mismo, vinculó en calidad de tercero con interés i) a la firma de Arquitectos e
Ingenieros Asociados S.A. y al departamento de Caldas, por haber sido las partes
demandante y demandada, respectivamente, en el proceso de controversias
contractuales y, ii) al señor Alfonso Parra de los Ríos, por ser integrante del Consorcio
Restauración PSE.

27. Adicionalmente, se solicitó al municipio de Manizales que les informara a los
participantes de la licitación pública No. LP-014-2021 y al adjudicatario, en caso de

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. M.P. Ramiro Saavedra
Becerra, Radicado No.13001-23-31-000-1988-07186-01(13414).
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado No. 85001-23-31-000-2000-00282- 01(37834).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico, Radicado No. 08001-23-31-000-2008-00248-01 (61720).
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P.
Alberto Montaña Plata, Radicado No. 05001-23-31-000-2007-00534-01 (54905).
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que existiera, sobre la presente acción de tutela, para que, si a bien lo consideraban,
se pronunciaran al respecto.

28. También, se ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado para que
publicara en su respectiva página web una copia digital e íntegra de la demanda de
tutela y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés
conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional
de la referencia.

29. Finalmente, negó la medida provisional solicitada, al considerar que no hubo
elementos de juicio determinantes respecto de la urgencia de protección, afectación
grave o la existencia de un perjuicio irremediable, así que el asunto debía ser resuelto
en la sentencia.

1.6. Intervenciones

30. Realizadas las notificaciones y la publicación ordenada, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

31. Mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022, el magistrado ponente de la
decisión acusada, consideró que se debía declarar la improcedencia de la acción ante
la falta de relevancia constitucional porque la pretensión real de la parte actora es
reabrir el debate como si se tratara de una tercera instancia.

32. Explicó que en el acápite de antecedentes de la sentencia se expuso de forma
clara que los miembros del Consorcio ALFA fueron notificados personalmente de la
demanda en referencia pero que no presentaron la contestación y, que adicionalmente,
también se señaló que el a quo, mediante auto del 9 de marzo de 2009, dispuso la
vinculación de dicho consorcio ganador del proceso de selección referido que siendo
notificados guardaron silencio.

1.6.2. Departamento de Caldas

33. Mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022, a través de apoderada,
manifestó que con la declaratoria de nulidad absoluta del contrato tantas veces
mencionado, implicaba que las cosas volvían al estado anterior a la celebración, es
decir, que dicho contrato nunca existió, en ese orden, no procedía la certificación de
experiencia por parte del ente territorial, en relación con un contrato que se tenía por
no celebrado.

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34. Explicó que la obligación de vincular al adjudicatario es procedente cuando el
contrato está en ejecución, pues de allí deviene el interés directo de quien resultó
favorecido en la adjudicación de dicho contrato. Señaló que la declaratoria de nulidad
se produjo después de la ejecución y liquidación.

35. Señaló que no vulneró derecho alguno de la parte actora ya que la licitación LP –
014 - 2021 fue adelantada por el Municipio de Manizales (Caldas) y la sentencia objeto
de reproche fue proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
así que carecía de legitimación en la causa por pasiva por lo que solicitó su
desvinculación.

36. Adujo que la petición de amparo no supera el requisito de subsidiariedad porque
la parte tutelante cuenta con el recurso extraordinario de revisión frente a la providencia
acusada, por el presunto desconocimiento del debido proceso al no haber sido
vinculada al proceso de controversias contractuales.

37. Adicionalmente, refirió que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
porque la declaratoria de nulidad se produjo con posterioridad a la ejecución del
contrato cuyas obras fueron recibidas a satisfacción y, a la liquidación correspondiente,
es decir, que al Consorcio ALFA se le cancelaron los dineros por dicha ejecución.
Finalmente, acotó que el municipio de Manizales rechazó la propuesta del Consorcio
de Restauración PSE ante la falta de requisitos habilitantes como la experiencia
exigida y no por la declaratoria de nulidad absoluta del contrato 004 – 2003.

1.6.3. Consorcio 2021

38. Mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022, a través del representante
legal, en calidad del adjudicatario del Proceso de Licitación Pública LP-014-2021 de
manera genérica solicitó que rechazara la presente acción al no cumplir con el requisito
de inmediatez.

39. Argumentó que no hubo vulneración del debido proceso a la parte tutelante puesto
que los miembros del consorcio ALFA fueron notificados personalmente de la
demanda y no la contestaron. Afirmó que no era de recibo que el departamento de
Caldas expidiera la certificación de experiencia, pasando por alto la declaratoria de
nulidad del contrato en referencia.

40. Señaló que el Proceso Licitatorio LP- 014- 2021 de la alcaldía de Manizales fue
transparente y en este se hicieron las observaciones al Consorcio Restauración PSE
dada la situación de ilegalidad del certificado en comento.

1.6.4. Alcaldía de Manizales

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41. Mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022, a través del secretario de
despacho de Obras Públicas, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por cuanto no está llamada a responder por la presunta vulneración del
derecho fundamental deprecado por los actores.

42. Adicionalmente, refirió que la petición de amparo es improcedente ante la
inexistencia de la vulneración alegada ya que no se encuentra acreditada ninguna
conducta atribuible a la entidad concluyente del quebrantamiento del debido proceso
expuesto por la parte demandante.

1.6.5. El Tribunal Administrativo de Caldas, la firma Arquitectos e Ingenieros Asociados
S.A. y el señor Alfonso Parra de los Ríos, a pesar de haber sido notificados en debida
forma guardaron silencio. No obstante, el tribunal allegó copia del expediente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

43. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por los
señores Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán Torres Salgado
(integrantes del Consorcio ALFA), contra el Tribunal Administrativo de Caldas, el
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección “B” y el municipio de Manizales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

44. El departamento de Caldas solicitó ser desvinculado del presente trámite
constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva por no
ser la autoridad que profirió la decisión objeto de reproche y porque tampoco adelantó
el proceso de licitación del cual se rechazó la propuesta del Consorcio Restauración
PSE. Por lo tanto, considera que no era el llamado a responder por la posible
vulneración de la garantía constitucional de la parte accionante. Sin embargo, la Sala
precisa que, no se accederá a dicha solicitud, en tanto, la vinculación del departamento
en cita se hizo en calidad de tercero con interés y no como demandada.

45. Por su parte, la alcaldía de Manizales también pidió su desvinculación al considerar
que no está llamada a responder por la presunta vulneración del derecho fundamental
deprecado por los actores, no obstante, al fungir como autoridad demandada, será en
el estudio del caso que se analizará ese señalamiento.

46. En ese orden, las solicitudes de desvinculación serán negadas y así se declarará
en la parte resolutiva de esta providencia.

9
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Demandantes: Germán Salazar Mejía y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

47. De otra parte, se reconocerá personería para actuar a la abogada Beatriz Helena
Henao Giraldo identificada con cédula de ciudadanía No. 30.304.700 y tarjeta
profesional No. 74.335 del Consejo Superior de la Judicatura en representación de los
intereses del departamento de Caldas, de conformidad con el poder especial otorgado
por la secretaria jurídica de dicho departamento.

2.3. Legitimación en la causa

48. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

49. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 10, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales11.

50. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 12, la Sala advierte que los
señores Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán Torres Salgado
(integrantes del Consorcio ALFA), son los titulares del derecho fundamental que
reclaman, en consideración a la presunta falta de vinculación al proceso de
controversias contractuales. Asimismo, respecto del rechazo de la propuesta del
Consorcio Restauración PSE integrado por German Salazar Mejía, Federico Estrada
Jaramillo y Alfonso Parra De Los Rios, con excepción del señor Germán Torres
Salgado porque si bien es integrante de Consorcio ALFA, no lo es respecto del
segundo consorcio señalado así que no está legitimado en la causa por activa respecto
de este puntual aspecto.

51. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial del derecho presuntamente vulnerado.

52. En relación con la parte demandada, la petición de amparo se dirigió contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de

10
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
12
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela
la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-05083-00.
10
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“B” y Municipio de Manizales
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Caldas y, autoridades judiciales que profirieron las decisiones dentro del proceso de
controversias contractuales en el que aduce la parte actora no fue vinculado.
Asimismo, contra el municipio de Manizales (Caldas), entidad que adelantó la
propuesta de licitación pública LP – 014 - 2021 en la que alega la parte actora que le
fue rechazada la propuesta contractual, razón por la cual, se encuentran legitimadas
por pasiva.

2.4. Problema jurídico

53. Teniendo en cuenta la situación fáctica, los argumentos expuestos por la parte
actora, los informes rendidos, el material probatorio recaudado, los problemas jurídicos
que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Caldas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso
de la parte actora, ante la presunta omisión de vinculación en el proceso de
controversias contractuales de radicado No. 17001-23-31-000-2003-00896-
00/01 adelantado por la sociedad A.I.A. contra el departamento de Caldas?

• ¿El municipio de Manizales vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la parte actora al haber descalificado la propuesta del Consorcio
Restauración PSE dentro del proceso de Licitación de Obra Pública LP – 014–
2021, por no tener como válido, el certificado de experiencia expedido por el
departamento de Caldas con ocasión del contrato 004-2003 del 5 de junio de
2003 suscrito entre el departamento y el Consorcio ALFA que fue declaro nulo
por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del
14 de febrero de 2018?

54. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial y (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

55. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 201213. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema14. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.

11
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procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales 15.

56. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 16. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia17 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial18.

57. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más clara
para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y quinto
de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta con los
requisitos especiales. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes
requisitos generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de
amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

15
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:
i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;. ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
18
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen
del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
12
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58. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará la carga
argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el defecto
procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. En este mismo sentido, la
sala ha establecido que para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

59. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores
directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional19

60. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por
cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de i) la providencia
del 14 de febrero de 2018, comoquiera que, a su juicio, se vulneró el debido proceso
ante la omisión de la vinculación del Consorcio ALFA en el proceso de controversias
contractuales que adelantó la sociedad A.I.A contra el departamento de Caldas y de ii)
la decisión de rechazo de la propuesta del Consorcio Restauración PSE dentro del
Proceso de Contratación Licitación de Obra Pública LP – 014– 2021 por parte del
municipio de Manizales (Caldas).

61. La argumentación referida por la parte actora en relación con la providencia judicial
y la decisión del municipio del Manizales (Caldas) y, la vulneración de su derecho
fundamental, es lo que permite la superación de este requisito y evidencia que la
controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo anterior, se cumple con
independencia del yerro en el razonamiento jurídico en que pueda incurrir la parte
actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su proceder argumentativo es lo
que debe ser indagado con suficiencia por el juez en las consideraciones de fondo que
sustenten su decisión.

2.6.2. Tutela contra tutela20

19
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 25.11.2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicado 11001-03-15-000-2021-06578-
00.
Sentencias 4.11.21., M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicados 11001-03-15-000-2021-06754-00 y
11001-03-15-000-2021-06321-00;
20
Ibidem.
13
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62. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de controversias contractuales que adelantó la sociedad A.I.A. contra
el departamento de Caldas.

2.6.3. Inmediatez21

63. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, en principio se advierte
que no se cumple dado que la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B fue notificada por edicto desafijado
el 30 de abril de 2018, cuyo término de ejecutoria cobró firmeza el 7 de mayo del mismo
año y, como la petición de amparo fue radicada el 14 de diciembre de 2021, superaría
el término razonable.

64. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201422, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200523, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

65. La Sala no puede pasar por alto que al margen de la acusación contra la sentencia,
los integrantes de la parte actora alegan la afectación del debido proceso ante la no
vinculación al proceso de controversias contractuales que concluyó con la declaratoria
de nulidad de la Resolución 1691 del 3 de junio de 2003, por medio de la cual el
departamento de Caldas adjudicó el Concurso de Méritos SI-001-2003 al Consorcio
ALFA y la nulidad absoluta del contrato 004-2003 del 5 de junio de 2003 suscrito entre
el departamento y el consorcio en mención.

66. Proceso y decisión del que afirmaron tuvieron conocimiento solo hasta el 24 de
noviembre de 2021 a través del informe preliminar rendido por el municipio de
Manizales (Caldas), en el que le ordenó al Consorcio Restauración PSE subsanar el

21
Ibidem.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
14
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punto relativo a la acreditación de la experiencia del contrato 004-2003 que le certificó
el departamento de Caldas.

67. Por su parte, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el
Consorcio 2021, afirmaron que la parte tutelante sí fue vinculada al proceso de
controversias contractuales y siendo notificados, optaron por guardar silencio, que ello
está plenamente demostrado con las constancias que obran en el expediente.

68. En ese orden, luego de revisado el expediente, la Sala encontró que el Consorcio
ALFA sí fue vinculado al proceso de reparación directa, de conformidad con las
siguientes constancias:

(i) Auto de 9 de marzo de 2009

15
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(ii) Constancias de notificación personal

o A Germán Salazar Mejía

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o A Federico Estrada Jaramillo

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o A Germán Torres Salgado

19
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69. En efecto, se encuentra el auto de 9 de marzo de 200924 por medio del cual, el
Tribunal Administrativo de Caldas ordenó notificar a los integrantes del Consorcio
ALFA, con el fin de ponerle de presente la causal de nulidad al no haberle notificado
de forma personal el auto admisorio de la demanda, concediéndole tres días para que
se pronunciara al respecto. Asimismo, obra la constancia de notificación personal de
los señores Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán Torres
Salgado, integrantes del Consorcio ALFA del auto del 23 de febrero de 200425 con el
que se admitió la demanda de controversias contractuales interpuesta por Arquitectos
e Ingenieros Asociados contra el Departamento de Caldas y; el auto del 9 de marzo
de 2009 referido.

70. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que no es cierto lo señalado por la parte
actora de que se enteraron de la existencia de proceso ordinario cuando el municipio
de Manizales (Caldas) le ordenó al Consorcio Restauración PSE subsanar un punto
relativo a la acreditación de la experiencia laboral (24 de noviembre de 2021). Lo
anterior porque existe plena prueba que demuestra que fueron notificados de la
existencia de dicho proceso, antes de dictarse sentencia de primera instancia. Así las
cosas, el término de inmediatez debe contarse desde la fecha en que la sentencia de
segunda instancia cobró ejecutoria y no desde 24 de noviembre de 2021.

71. En consecuencia, la presente acción de amparo no supera el requisito de
procedibilidad adjetivo de la inmediatez, respecto de la providencia atacada
comoquiera que la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B fue notificada por edicto desafijado el 30 de
abril de 2018, cuyo término de ejecutoria cobró firmeza el 7 de mayo del mismo año.
Como la petición de amparo fue radicada el 14 de diciembre de 2021, supera el término
razonable de seis meses que se explicó párrafos atrás. Igualmente, se reitera que la
justificación dada por los actores para superar este requisito quedó desvirtuada porque
existe plena prueba de que si fueron vinculados al proceso ordinario en el que se
profirió la sentencia que hoy controvierten por la presente acción de tutela.

72. De otra parte, sí se supera el requisito de inmediatez, en relación con el rechazo
de la propuesta del Consorcio Restauración PSE dentro del Proceso de Contratación
Licitación de Obra Pública LP – 014– 2021 acaecida el 24 de noviembre de 2021, en
tanto, como se indicó, la acción de amparo fue presentada el 14 de diciembre siguiente,
así que no superó el término razonable de seis meses para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales.

24
Folio 1247 del cuaderno principal.
25
Folio 1249 a 1253 del cuaderno principal.
20
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2.6.1. Subsidiariedad26

73. De igual forma, tampoco se supera el requisito de subsidiariedad, en relación con
los cuestionamientos relativos a la etapa precontractual del Proceso de Contratación
Licitación de Obra Pública LP – 014– 2021. En efecto, no se cumple con este requisito
porque la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir los argumentos por los cuales considera que el municipio de
Manizales (Caldas) incurrió en un yerro al rechazar la propuesta del Consorcio
Restauración PSE dentro del proceso de contratación en comento, decisión que
presuntamente le vulneró su derecho al debido proceso al tener como sustento una
decisión también quebrantadora de su derecho de contradicción y defensa y, con base
en esta, considerar como no válida la certificación laboral emitida por el departamento
de Caldas, en relación con el contrato 004-2003 del 5 de junio de 2003 suscrito entre
el departamento y el Consorcio ALFA.

74. Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo
141 de la Ley 1437 de 2011 los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los
artículos 137 y 138, según el caso. Por ende, la pretensión de dejar sin efecto el
informe de verificación o evaluación de ofertas del Proceso de Contratación Licitación
de Obra Pública No. LP – 014 – 2021 como se indicó puede formularse a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

75. De igual forma, de conformidad con el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de
1991 “(…) La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante. (…)”.

76. En consecuencia, no es el juez constitucional el llamado a pronunciarse sobre la
nulidad de actos administrativos porque la competencia para tal efecto radica en el
juez administrativo a través del ejercicio de los medios de control mencionados.

77. Adicionalmente, la Sala manifiesta que, de la revisión del expediente no se acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable o una condición de vulnerabilidad
iusfundamental que permita flexibilizar el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela, ante la existencia de un medio judicial idóneo.

26
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 25.11.2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicado 11001-03-15-000-2021-06578-
00.
Sentencias 4.11.21., M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicados 11001-03-15-000-2021-06754-00 y
11001-03-15-000-2021-06321-00;
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Demandantes: Germán Salazar Mejía y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

78. Lo anterior, porque no se acreditan los criterios fijados por la Corte Constitucional
tendientes a determinar el perjuicio alegado. Al respecto en la sentencia T-318 de 2017
señaló lo siguiente:

(…) de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, esta resulta
improcedente cuando se utilice como mecanismo alternativo de los medios judiciales
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan
medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y recursos
ordinarios de defensa no resultan lo suficientemente idóneos y eficaces para garantizar
la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere
la protección constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el
afectado se enfrentaría a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a
sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional.

79. En consecuencia, no se evidencia de forma palpable o grave la afectación del
derecho invocado por la parte actora, en tanto, goza de un mecanismo idóneo para
exponer sus argumentos, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Es importante resaltar que en este medio de control se puede solicitar el
decreto de medidas cautelares; siempre y cuando se reúnan unos requisitos
específicos que prevé el artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

80. Así las cosas, al existir dicho mecanismo para la defensa de los intereses de la
parte tutelante, la Sala no abordará el fondo del caso, toda vez que en sede
constitucional no es posible pronunciarse sobre los asuntos puestos en consideración
por la parte tutelante, pues ello implicaría reemplazar al juez natural de la causa, a
quien el legislador le confirió la potestad de resolver el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.7. Conclusiones

81. En el presente asunto, la petición de amparo no supera el requisito de inmediatez
contra la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B” por la presunta falta de vinculación al contradictorio
del Consorcio ALFA en el proceso de controversias contractuales porque se determinó
que sus integrantes sí fueron vinculados y debidamente notificados dentro del referido
proceso. En ese orden, dada la fecha de presentación de la acción de tutela respecto
de la ejecutoria y, no de aquella señalada por la parte demandante, se encuentra que
superó el término razonable de seis meses para interponer la acción de tutela contra
la providencia de segunda instancia.

82. De otra parte, no se superó el requisito de subsidiariedad respecto del cargo contra
el rechazo de la propuesta del Consorcio Restauración PSE dentro del proceso de
Licitación de Obra Pública LP – 014– 2021 por el municipio de Manizales (Caldas), en
tanto, los tutelantes cuentan con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho como mecanismo idóneo para controvertir los argumentos con los cuales
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Demandantes: Germán Salazar Mejía y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

considera que dicho municipio incurrió en un yerro al rechazar la propuesta en
comento.

83. En ese orden, habrá que declararse improcedente la acción de tutela que ejerció
los señores Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán Torres
Salgado, integrantes del Consorcio ALFA contra el Tribunal Administrativo de Caldas,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y el municipio de Manizales,
comoquiera que la solicitud de amparo no supera los requisitos de procedibilidad
adjetiva de inmediatez y subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento de Caldas y la
alcaldía de Manizales, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del señor Germán Torres Salgado, en relación con el rechazo de la propuesta
del Consorcio Restauración PSE integrado por German Salazar Mejía, Federico
Estrada Jaramillo y Alfonso Parra De Los Ríos, de conformidad con los argumentos
expuestos en esta decisión.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela elevada por los señores
Germán Salazar Mejía, Federico Estrada Jaramillo y Germán Torres Salgado como
integrantes del consorcio ALFA, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
CUARTO: RECONOCER personería para actuar a la abogada Beatriz Helena Henao
Giraldo en representación del departamento de Caldas en los términos del poder
allegado al expediente.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“B” y Municipio de Manizales
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11637-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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