Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11645-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11645-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11645-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11645-00
Demandante: COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad Colombiana
Kimberly Colpapel S.A. contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 14 de diciembre de 2021 1 , la sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:
TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.N.) de la
sociedad COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. y como consecuencia
de lo anterior, SUSPENDER los efectos internos en Colombia de la
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Se advierte que, el 24 de enero de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11645-00
Demandante: Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
Demandado: Presidencia de la República y otros
Sentencia de tutela de primera instancia
Resolución 2006 de 2018 confirmada parcialmente por la Resolución 2236 de
2021, ambas proferidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina,
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, hasta tanto
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resuelva la solicitud de
suspensión provisional impetrada junto con la demanda de nulidad de los
mencionados actos, el 23 de noviembre de 2021 y garantizada mediante
Póliza de Garantía Judicial.
Igualmente, DISPONER que, durante el tiempo que esté vigente la
suspensión de los efectos internos en Colombia de la Resolución 2006 de
2018 confirmada parcialmente por la Resolución 2236 de 2021, ambas
proferidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ninguna
autoridad administrativa ni judicial en Colombia podrá adelantar acciones
tendientes a hacer efectiva la multa impuesta por estas resoluciones.
1.2. Hechos
En la demanda se narró que la sociedad accionante y Kimberly Clark Ecuador S.A.
fueron vinculadas a procesos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de Ecuador, por
la supuesta realización de prácticas restrictivas a la libre competencia consistentes
en acuerdos para fijar precios y repartir el mercado de papeles suaves «papel
higiénico, servilletas, pañuelos para manos y cara, y toallas de cocina».
El 24 de junio de 2014, Kimberly Clark Ecuador S.A. voluntariamente compareció
ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de Ecuador y presentó
solicitud de exención del pago de la multa, en la que reportó las potenciales
infracciones que habían sido detectadas al interior de esa compañía, al tiempo que
«entregó una serie de elementos de prueba auto incriminatorios a cambio de
obtener una exención total de las multas que decidieran imponer si encontraba
que se había cometido alguna infracción», con fundamento en el artículo 83 de la
Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado.
Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante
Resolución 31739 de 2016, consideró que la sociedad demandante violó la libre
competencia y le impuso sanción pecuniaria; sin embargo, la exoneró del pago por
su condición de primera delatora.
Señaló que, a pesar de que las conductas desarrolladas por Colombiana Kimberly
Colpapel S.A. y Kimberly Clark Ecuador S.A. no tuvieron «efecto transfronterizo»,
toda vez que las prácticas restrictivas a la libre competencia se desarrollaron «de
manera exclusiva y por separado en ambos países», la Superintendencia de
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11645-00
Demandante: Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
Demandado: Presidencia de la República y otros
Sentencia de tutela de primera instancia
Control de Poder de Mercado de Ecuador las denunció ante la Secretaría General
de la Comunidad Andina, por incumplimiento de la Decisión 608.
El 11 de noviembre de 2016, la Secretaría General de la Comunidad Andina
profirió la Resolución 1883, en la que inició investigación a la sociedad aquí
demandante, a Kimberly Clark Ecuador S.A., a Productos Familia S.A. y a
Productos Sancela del Ecuador S.A., por la supuesta realización de prácticas
restrictivas a la libre competencia.
El 28 de mayo de 2018, la Secretaría General de la Comunidad Andina profirió la
Resolución 2006, por medio de la cual sancionó solidariamente a las sociedades
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Kimberly Clark Ecuador S.A., por un valor
de USD 18.344.916. Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de
reconsideración, el cual fue resulto el 19 de noviembre de 2021, a través de la
Resolución 2236, en la que se modificó el valor de la multa por valor de USD
17.060.772, a favor de la autoridad que impuso la sanción, la cual debería ser
pagada dentro de los 30 días siguientes a la notificación.
El 25 de noviembre de 2021, las sociedades Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y
Kimberly Clark Ecuador S.A., de conformidad con lo dispuesto en las Decisiones
472 y 500, presentaron ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
acción de nulidad en contra de las Resoluciones 2006 de 2018 y 2236 de 2021 y,
de paso, pidieron la suspensión provisional de las mismas, solicitud «garantizada
con la Póliza de Garantía Judicial No. GJ-0011506 expedida por Seguros
Confianza S.A. por valor de USD$17.060.772». Expuso que a ese proceso se le
asignó el radicado 01-AN-2021 y la sustanciación le correspondió al magistrado
Luis Rafael Vergara Quintero.
1.3. Argumentos de la tutela
En primer lugar, la sociedad demandante indicó que recurrió a la acción de tutela
con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, dada la urgencia del asunto y
el perjuicio que se puede ocasionar «en caso de que transcurran los 30 días
previstos en la Resolución 2236 de 2021», sumado a que el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina no ha resuelto sobre la admisión de la demanda ni sobre
la suspensión provisional solicitada, y a que entre el 16 de diciembre de 2021 y el
5 de enero de 2022, esa autoridad está en vacancia judicial.
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De otra parte, indicó que la solicitud de amparo no estaba dirigida contra la
Comunidad Andina de Naciones, sino contra la Presidencia de la República, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, pues son responsables constitucionalmente por las
violaciones de derechos fundamentales que pueda ocasionar la Comunidad
Andina de Naciones. Además, porque «eventualmente tendrían que ejecutar la
decisión sancionatoria en desconocimiento de las normas comunitarias y
constitucionales colombianas». Precisó que el presidente de la República, como
jefe de Estado, incurrió en las conductas que vulneran su derecho fundamental al
debido proceso, al suscribir el Acuerdo de Integración Subregional Andino, el 26
de mayo de 1969, el cual, luego de la suscripción y ratificación del Protocolo de
Trujillo de 1996, dio origen a la Comunidad Andina.
Señaló que las Resoluciones 2006 de 2018 y 2336 de 2021 son normas de
derecho secundario aplicables directamente en Colombia, porque fueron
expedidas de conformidad con las atribuciones soberanas del Estado, cedidas
«parcialmente a favor de la Comunidad Andina» y, en consecuencia, son actos de
una autoridad «pasibles de la acción de tutela». Expresó que, en virtud de lo
considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-231 de 1997, en el
escenario de que se advierta la violación de la Constitución, sería necesario
solicitar la intervención del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero que
«en caso de la “probada ineficacia” de los mecanismos del TJCA, sería posible
acudir a la jurisdicción constitucional para ordenar la inaplicación interna del acto
de la comunidad».
Adicionalmente, manifestó que no se pretende la invalidez de la norma
comunitaria, sino su inaplicación interna en el caso particular, pues lo pretendido
«es la suspensión de los efectos internos en Colombia de las Resoluciones 2006
de 2018 y 2336 de 2021, mientras el TJCA se pronuncia sobre la solicitud de
suspensión provisional».
Manifestó que el perjuicio que se le está causando es grave porque son más de 17
millones de dólares y que la inmunidad de jurisdicción de la Secretaría General de
la Comunidad Andina, «junto con la ausencia de mecanismos judiciales
comunitarios o nacionales para recuperar el valor de la multa, hacen que el
perjuicio sea literalmente irremediable».
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Expresó, además, que no existe un procedimiento en el ordenamiento jurídico de
Colombia, ni de ningún otro país de la Comunidad Andina una acción judicial de
carácter indemnizatorio, que permita obtener la devolución del valor de la multa
que se pague. Asimismo, señaló que, de conformidad con el artículo 106 de la
Decisión Andina 600, las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina se limitan a declarar la nulidad del acto o decisión cuestionada, pero no
ordenan la devolución de la multa pagada porque no es un asunto materia de
discusión dentro de la acción de nulidad.
También sostuvo que se ocasionaría un perjuicio irreparable por incremento del
daño reputacional, pues la no suspensión de las decisiones proferidas por la
Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, «una vez se pague la
multa, aumentarán las noticias en este sentido, lo que a todas luces afecta la
imagen de las empresas sancionadas».
Adujo que las decisiones que lo sancionaron incurrieron en defecto fáctico por
valoración de una prueba obtenida con violación al debido proceso, pues, de
conformidad con el artículo 11, literal f, de la Decisión 608, se requiere que la
solicitud de apertura de investigación incluya «“los elementos de prueba que
razonablemente tenga a su alcance el solicitante.” Sin estos elementos de prueba,
la SGCA no podría abrir la investigación. Dichos elementos de prueba fueron
declarados nulos. Por lo tanto, no podían soportar la solicitud ni la apertura de la
investigación». Asimismo, indicó que se desconoció que esas pruebas se
produjeron en el marco de un proceso de clemencia y, por tanto, no era posible
utilizarlas para sancionar a quien las había producido.
Manifestó que se incurrió en defecto orgánico, toda vez que la conducta
sancionada no tuvo efectos transfronterizos y no afectó el comercio subregional y,
en esas condiciones, los órganos comunitarios no tenían competencia para
pronunciarse.
De igual modo, señaló que el derecho de defensa y contradicción se desconoció
durante la investigación adelantada, al fundamentarse en datos e información
económica a los que «las investigadas no tuvieron acceso como tampoco se tuvo
la oportunidad de participar en las declaraciones realizadas por la SGCA»,
circunstancia que, a su juicio, configura un defecto sustantivo.
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Por último, expresó que se configuró el defecto procedimental porque la actuación
administrativa se tramitó «completamente al margen del procedimiento establecido
por el ordenamiento jurídico».
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1 Mediante auto del 16 de diciembre de 2021, se admitió la presente acción de
tutela y se ordenó que aquel se notificara al director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la ministra de Relaciones
Exteriores, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, al superintendente de
Industria y Comercio y al director ejecutivo de Administración Judicial. Asimismo,
se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En la misma providencia se consideró que no era procedente vincular al Tribunal
de Justicia y a la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, con
fundamento en el artículo 49 de la Ley 323 de 1996 y en la sentencia T-093 de
2012, proferida por la Corte Constitucional, por tratarse de órganos pertenecientes
a una organización subregional con personalidad jurídica internacional, que gozan
de inmunidad de jurisdicción. Asimismo, porque el objeto de la controversia «no
encaja en las salvedades que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado han establecido para que dichos organismos puedan ser
juzgados en Colombia».
De igual modo, se negó la medida provisional solicitada, por considerar que no se
cumplía el requisito relativo a la apariencia de buen derecho, toda vez que no
existía un principio de certeza o de veracidad acerca de la afectación de los
derechos fundamentales de la parte demandante.
2.2. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva, dado que las presuntas violaciones
expuestas en la demanda de tutela «son ajenas al accionar de la entidad».
Expuso que las facultades de inspección, vigilancia y control no recaen sobre la
Secretaría General de la Comunidad Andina.
2.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que es parte del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, órgano de dirección política y
legislativa de la Comunidad Andina de Naciones, que suscribe convenios y
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acuerdos con terceros países o con organismos internacionales sobre diversos
aspectos.
Expresó que las resoluciones expedidas por la Secretaría General de la
Comunidad Andina son de aplicabilidad para los Estados parte, «sin trámites
internos adicionales y las controversias judiciales no podrán ser sometidas al
conocimiento de los jueces nacionales», de conformidad con los artículos 3, 4 y
41 del Acuerdo de Cartagena y la sentencia C-227 de 1999.
Indicó que no tiene competencia para atender lo pretendido con la acción de
tutela, pues «no tiene injerencia las decisiones adoptadas por este Órgano, o en
su aplicación en el territorio nacional».
Finalmente, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores participa en el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en virtud de las
competencias establecidas en la Ley 323 de 1996, no existe nexo de causalidad
entre su participación en dicho consejo y las decisiones que adoptan la Secretaría
General o el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2.4. En memorial del 11 de enero de 2022, la sociedad Colombiana Kimberly
Colpapel S.A. aclaró y reiteró la apariencia de buen derecho de la medida
provisional solicitada.
Al respecto, manifestó que la Secretaría General de la Comunidad Andina de
Naciones no motivó por qué considera que las pruebas que «acompañaron la
denuncia presentada por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de
Ecuador» son legales y procedentes, a pesar de que la justicia ecuatoriana, las
declaró ilegales, mediante providencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo de Guayaquil, en sentencia del 6 de agosto de 2018.
Asimismo, señaló que las decisiones cuya aplicación solicita sea suspendida,
carecen de motivación en relación con el uso de las pruebas entregadas por la
sociedad accionante en un proceso de delación, cuando «las pruebas que se
entregan en el marco de un proceso de estos no pueden utilizarse en ningún otro
proceso judicial ni administrativo».
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Finalmente, indicó las razones por las cuales considera que la medida provisional
solicitada es necesaria, efectiva y proporcional. En primer lugar, sostuvo que en el
ordenamiento andino no existe trámite para el reembolso o devolución de las
multas que se paguen; de otra parte, porque el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no tiene competencia para condenar al pago de perjuicios o
devoluciones; en tercer lugar, porque la Secretaría General de la Comunidad
Andina (SGCAN) podría alegar inmunidad diplomática «haciendo difícil o
imposible el cobro, artículo 38 de la Decisión 409 de la CAN y artículo 49 de la
Ley 323 de 1996», y, por último, porque el presupuesto de la SGCAN anual es de
USD$ 6.000.000 y la multa es «casi tres veces el mismo y los ingresos de la
SGCAN dependen de los aportes de los países miembros».
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro
mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho
que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como
medio principal de protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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2. Problema Jurídico
De conformidad con lo expuesto en los antecedentes, corresponde a la Sala, en
primer lugar, determinar si el Consejo de Estado, como juez de tutela, tiene
jurisdicción para inaplicar transitoriamente las Resoluciones 2006 de 2018 y 2236
de 2021, proferidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de
Naciones.
De otra parte, la Sala deberá establecer si la Presidencia de la República, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en el marco de sus competencias, están amenazando o
vulnerando el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad Colombiana
Kimberly Colpapel S.A.
3. Análisis de la Sala
3.1. Inmunidad de jurisdicción de la Secretaría General y del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
Si bien en el escrito de tutela se indicó que la demanda no estaba dirigida en
contra de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, lo cierto es
que toda la argumentación de la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales está encaminada a cuestionar las razones que sirvieron de
fundamento a ese organismo internacional para proferir las Resoluciones 2006 de
2018 y 2236 de 2021. De igual modo, se advierte que lo pretendido por la
sociedad demandante es la inaplicación interna de los efectos jurídicos de las
referidas resoluciones.
Pues bien, el artículo 49 de la Ley 323 de 1996, «por la cual se aprueba el
protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo
de Cartagena», dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 49. La Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el
Parlamento Andino, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo
Latinoamericano de Reservas y los Convenios Sociales que son parte del
sistema, gozarán en el territorio de cada uno de los Países Miembros, de
los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus
propósitos. Sus representantes y funcionarios internacionales gozarán, así
mismo, de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con
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independencia sus funciones, en relación con este Acuerdo. Sus locales son
inviolables y sus bienes y haberes gozan de inmunidad contra todo
procedimiento judicial, salvo que renuncie expresamente a ésta. No obstante,
tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria.
La Corte Constitucional, en la sentencia T-093 de 2012 2 , consideró que la
inmunidad constituye una regla de carácter procesal que tiene dos
manifestaciones, así:
(i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia
de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho
internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones
internacionales y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga
efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra
el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo.
(...)
Así, tal régimen jurídico internacional da cuenta de las inmunidades y
prerrogativas que de ordinario se confieren a estos organismos y que los
eximen del deber de comparecencia ante tribunales nacionales.
(...)
En la misma línea de argumentación, valga decir que Colombia se ha
inscrito en lo que la jurisprudencia constitucional y la emanada del
Consejo de Estado refiere como la inmunidad relativa de jurisdicción de
agentes diplomáticos circunscrita a dos escenarios específicos: (i) en
materia laboral se ha indicado lo siguiente: según el artículo XXXI de la
Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961 los agentes
diplomáticos tendrán inmunidad absoluta en materia penal, civil y
administrativa, de manera que se ha interpretado restrictivamente la norma
concluyendo que la Convención no contempló la inmunidad en relación con la
jurisdicción laboral, además de que el Estado extranjero debe someterse a las
normas de seguridad social del Estado receptor, siempre que no esté
acreditado que el ciudadano diplomático se haya sometido a las leyes
extranjeras; (ii) por su parte el Consejo de Estado relativizó también el tema
de la inmunidad diplomática y solo la aplica cuando se trata de
actuaciones que estén estrechamente ligadas con el organismo
internacional. De no ser así, no puede hablarse de inmunidad diplomática y
por ende el organismo del Estado tendría competencia para conocer del
conflicto presentado.
Tal como anticipó el despacho sustanciador en el auto que admitió la demanda y
negó la medida provisional solicitada, de la disposición legal y la jurisprudencia de
la Corte Constitucional citadas, sumado a lo dispuesto en los tratados
internacionales ratificados por Colombia 3 , la Sala concluye que la Secretaría
General de la Comunidad Andina de Naciones, al ser un órgano perteneciente a
una organización subregional con personalidad jurídica internacional (organismo
internacional), como lo es la Comunidad Andina de Naciones, goza de inmunidad
de jurisdicción y, por ende, los jueces nacionales carecen de competencia para
juzgar sus actuaciones o decisiones, salvo en aquellos eventos específicos
2
M.P. Mauricio González Cuervo.
3
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, del 13 de febrero de 1946,
ratificada por Colombia mediante la Ley 62 de 1973.
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señalados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-286 de 2021 4 , indicó que en el
derecho internacional rige el principio de privilegios e inmunidades de los
organismos internacionales y de las misiones diplomáticas. Asimismo, sobre la
inmunidad de jurisdicción, indicó que es una figura que «excluye a un sujeto
específico o a una organización, de quedar sometido a la jurisdicción interna de
determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones».
Ahora, en la sentencia SU-446 de 2016, la Corte Constitucional señaló que la
inmunidad de jurisdicción no es absoluta, dado que «esta Corporación ha acogido
una interpretación de la inmunidad de jurisdicción como consecuencia de una
excepción al principio de soberanía territorial (…) En consecuencia, las
limitaciones al ejercicio de la jurisdicción por parte de los Estados deben
entenderse restringidamente»; asimismo, en la sentencia T-093 de 2012, se
señaló que la inmunidad constituye una regla de carácter procesal que tiene dos
manifestaciones, así:
(i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia
de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho
internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones
internacionales y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga
efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra
el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo.
(...)
Así, tal régimen jurídico internacional da cuenta de las inmunidades y
prerrogativas que de ordinario se confieren a estos organismos y que los
eximen del deber de comparecencia ante tribunales nacionales.
(...)
En la misma línea de argumentación, valga decir que Colombia se ha
inscrito en lo que la jurisprudencia constitucional y la emanada del
Consejo de Estado refiere como la inmunidad relativa de jurisdicción de
agentes diplomáticos circunscrita a dos escenarios específicos: (i) en
materia laboral se ha indicado lo siguiente: según el artículo XXXI de la
Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961 los agentes
diplomáticos tendrán inmunidad absoluta en materia penal, civil y
administrativa, de manera que se ha interpretado restrictivamente la
norma concluyendo que la Convención no contempló la inmunidad en
relación con la jurisdicción laboral, además de que el Estado extranjero
debe someterse a las normas de seguridad social del Estado receptor,
siempre que no esté acreditado que el ciudadano diplomático se haya
sometido a las leyes extranjeras; (ii) por su parte el Consejo de Estado
relativizó también el tema de la inmunidad diplomática y solo la aplica
cuando se trata de actuaciones que estén estrechamente ligadas con el
organismo internacional. De no ser así, no puede hablarse de inmunidad
4
M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Sentencia de tutela de primera instancia
diplomática y por ende el organismo del Estado tendría competencia para
conocer del conflicto presentado.
De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que el presente asunto no encaja
en aquellos eventos en los que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de
Estado ha denominado como «inmunidad relativa de jurisdicción», pues no se
trata de un conflicto laboral o relacionado con la seguridad social, ni tampoco se
advierte que las actuaciones reprochadas en sede de tutela no estén
«estrechamente ligadas con el organismo internacional». Las Resoluciones
cuestionadas fueron proferidas por la Secretaría General de la Comunidad
Andina, encargada de la prevención y corrección de las prácticas que «puedan
distorsionar la competencia dentro de la subregión», de conformidad con lo
previsto en los artículos 935 y 946 del Acuerdo de Cartagena.
Ahora, la sociedad accionante manifestó que los jueces nacionales estaban
habilitados para inaplicar los efectos internos de las decisiones de la Comunidad
Andina, ante la probada ineficacia de sus mecanismos judiciales, según la
sentencia C-231 de 1997. Pues bien, en esa providencia, la Corte Constitucional
examinó la constitucionalidad de la mencionada Ley 323 de 1996 y consideró lo
siguiente sobre la eventual y excepcionalísima intervención del juez de tutela, en
caso de que advierta que se ha quebrantado el derecho comunitario:
Debe en todo caso plantearse el interrogante teórico sobre el curso de
acción que habrá de seguirse si una norma o decisión dictada en
desarrollo del acuerdo, viola un principio superior. La independencia y
autonomía del derecho comunitario, se ha querido preservar en este trance
merced a la obligada intervención que se reserva al Tribunal de Justicia del
Acuerdo, el cual a instancia de cualquier país miembro, de un órgano del
sistema o de la persona natural o jurídica perjudicada, deberá anular el acto
que quebrante el derecho comunitario, incluso por desviación de poder,
el que sin duda se presenta cuando quiera se desacatan los principios
superiores (Ley 17 de 1980, art. 17-20).
La denegación de justicia por parte del Tribunal o la probada ineficacia
de sus mecanismos judiciales para enervar las decisiones o actos de la
comunidad que violen los derechos humanos u otro principio jurídico
5
«Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la
Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan
distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones
indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias
primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los
problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las
exportaciones.
Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos
particulares que se denuncien».
6
«Artículo 94.- Los Países Miembros no podrán adoptar medidas correctivas sin ser autorizados
previamente por la Secretaría General. La Comisión reglamentará los procedimientos para la
aplicación de las normas del presente Capítulo».
12
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superior, podría eventualmente llevar a la Jurisdicción Constitucional,
en una situación extrema, a ordenar su inaplicación interna, siempre que
previamente se hubiere procurado obtener del Tribunal Andino la
interpretación de la norma sobre cuya aplicación se centra la
controversia (Ley 17 de 1980 art. 29). En este evento cabe distinguir la
validez de la decisión comunitaria que es asunto ajeno al órgano judicial
nacional, de la inaplicación interna en un caso particular y por el motivo
expresado. Lo anterior, sin embargo, no podría siquiera ser contemplado
hipotéticamente si en el seno de la comunidad se llega a imponer en un
momento dado una práctica de garantía de los principios aludidos sobre cuyo
normal funcionamiento pudiere mantenerse una expectativa razonable.
Así las cosas, solo en una situación extrema, en la que se logre demostrar que la
decisión adoptada por un órgano o institución de la Comunidad Andina de
Naciones vulnere gravemente los derechos humanos u otro principio jurídico
superior, el juez constitucional se encuentra habilitado, de manera excepcional,
para ordenar la inaplicación interna de la decisión, siempre que se acredite el
agotamiento de los mecanismos procesales ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 17 de 1980 7, es
decir, aquellos eventos en los que los jueces nacionales solicitaron la
interpretación prejudicial de una norma del ordenamiento jurídico andino ante el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En todo caso, la Sala considera que no se cumplen los presupuestos establecidos
por la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-231 de 1997, para inaplicar
los efectos internos de las resoluciones demandadas, porque:
(i) No se advierte una violación flagrante del ordenamiento jurídico superior ni del
derecho al debido proceso de la sociedad demandante que amerite la
intervención excepcional de los jueces de tutela colombianos para acceder a las
pretensiones solicitadas. En primer lugar, las supuestas irregularidades y defectos
alegados en el escrito de tutela deben ser resueltas por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en el marco de la acción de nulidad identificada con el
radicado 01-AN-2021, organismo que, de hecho, ya se pronunció sobre la
suspensión provisional de las resoluciones demandadas.
(ii) No se trata de la interpretación prejudicial de un acto comunitario, que hubiera
sido solicitada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, pues,
se insiste, el trámite que se está surtiendo ante dicho organismo judicial
internacional corresponde a una acción de nulidad de aquellas previstas en los
7
«Por medio de la cual se aprueba el “Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena”, firmado en Cartagena el 28 de mayo de 1979».
13
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artículos XVII a XXII del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena8, aprobado mediante la Ley 17 de 1980.
En todo caso, la Sala advierte que, en el presente asunto, la parte actora acreditó
la interposición de la acción de nulidad en contra de las Resoluciones 2006 de
2018 y 2236 de 2021, y la solicitud de la suspensión provisional de las mismas
como medida cautelar; sin embargo, lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, mediante auto del 8 de febrero de 20229, negó la solicitud de
suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 2006 y 2236 10 ,
proferidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Asimismo,
consideró que los jueces nacionales de los Estados miembros de la comunidad no
tienen competencia para suspender los efectos jurídicos de los actos
comunitarios11, así:
2.2. La solicitud de suspensión de los efectos jurídicos de las
Resoluciones 2006 y 2236 de la SGCA
8
«De las competencias del Tribunal.
SECCION PRIMERA
De la Acción de Nulidad.
CAPITULO III
Artículo XVII. Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las
resoluciones de la Junta dictadas con violación de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnadas por
algún País Miembro, la Comisión, la Junta o las personas naturales o jurídicas en las condiciones
previstas en el artículo 19 de este Tratado.
Artículo XVIII. Los Países Miembros solo podrán intentar la acción de nulidad en relación con
aquellas decisiones que no hubieren sido aprobadas con su voto afirmativo.
Artículo XIX. Las personas naturales o jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las
Decisiones de la Comisión o Resoluciones de la Junta que les sean aplicables y les causen
perjuicio.
Artículo XX. La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro del año siguiente a la
fecha de entrada en vigencia de la Decisión de la Comisión o de la Resolución de la Junta.
Artículo XXI. La iniciación de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la norma
impugnada.
Artículo XXII. Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la Decisión o de la Resolución
impugnada, señalará los efectos de la sentencia en el tiempo. El órgano del Acuerdo de Cartagena
cuyo acto haya sido anulado deberá adoptar las disposiciones que se requieran para asegurar el
cumplimiento efectivo de la sentencia».
9
Gaceta oficial 4416, disponible en el siguiente enlace:
https://www.comunidadandina.org/normativa-andina/gacetas/
10
Acción de nulidad identificada con el radicado 01-AN-2021.
11
Tesis reiterada en el auto del 16 de febrero de 2022, proferido en la acción de nulidad
presentada por Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A contra las
Resoluciones 2006 y 2236 de la Secretaría General de la Comunidad Andina - Proceso 03-AN-
2021.
14
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(…)
2.2.2. En efecto, uno de los requisitos para que el Tribunal ordene una
medida cautelar es que se acredite una manifiesta violación de una
norma andina de superior jerarquía a la del acto impugnado, de modo
que si este es un acto administrativo de efectos particulares, la
violación del ordenamiento andino (el Acuerdo de Cartagena, las
Decisiones del CAMRE, entre otras normas de alcance general) debe ser
manifiesta, debe ser evidente. Verosimilitud, en este sentido, significa
que existe una probabilidad alta de que el acto comunitario impugnado
sea nulo.
(…)
2.2.4. Por tanto, en una acción de nulidad, la parte actora debe demostrar
una manifiesta ilegalidad que se perciba de un “golpe de ojo” o de un
análisis a doble columna.
2.2.5. En el presente caso, la parte actora, conformada por Kimberly
Colombia y Kimberly Ecuador, en su solicitud de suspensión de los efectos
de las Resoluciones 2006 y 2236 (que va de las páginas 191 a 199 del
escrito de demanda), se centran en demostrar el cumplimiento del
segundo requisito, consistente en el peligro en la demora, mas no
acreditan el primer requisito previsto en el Artículo 105 del Estatuto del
TJCA, consistente en la infracción manifiesta de la norma comunitaria. Esta
omisión es suficiente para declarar infundada la solicitud cautelar.
2.2.6. En otras palabras, no se aprecia que las mencionadas Resoluciones de
la SGCA contengan una manifiesta violación del ordenamiento jurídico
comunitario andino, por lo que no se cumple el presupuesto establecido en el
artículo 105 del Estatuto del TJCA.
2.2.7. Por tanto, corresponde declarar infundada la solicitud cautelar
formulada por las empresas demandantes, sin más disquisiciones sobre el
particular.
(…)
2.4. Sobre el peligro en la demora (perriculum in mora)
2.4.2. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente señalar que el pago de una
multa (dinero en dólares americanos), en la medida que puede ser
devuelto por parte de la SGCA, no constituye un daño que podría
ocasionar un perjuicio irreparable o de difícil reparación. No debe
perderse de vista que, en materia de sanción de conductas anticompetitivas
transfronterizas, el Artículo 34 de la Decisión 608 establece que la multa será
hasta un máximo del 10% de los ingresos totales brutos del infractor,
correspondiente al año anterior a la fecha del pronunciamiento definitivo. Este
tope de 10%, establecido en aplicación del principio de proporcionalidad,
busca evitar la imposición de una multa exorbitante o confiscatoria y, al
mismo tiempo, evitar un daño económico a la empresa infractora.,
2.4.3. En todo caso, para evitar cualquier situación que pudiese significar
un perjuicio irreparable o de difícil reparación, lo que corresponde es
que la SGCA deposite el monto de la multa impuesta en una cuenta
bancaria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina y que no
disponga de dicho monto hasta que el TJCA emita sentencia en el
presente proceso judicial de acción de nulidad. En tal sentido, en el
supuesto hipotético de que el Tribunal anulara las Resoluciones 2006 y 2236,
15
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la SGCA devolvería el monto pagado a las empresas demandantes, y si la
cuenta bancaria hubiese generado intereses, estos también serían devueltos
a las mencionadas empresas.
3.Sobre el contenido del correo electrónico del 4 de enero de 2022
3.1. Mediante correo electrónico del 4 de enero de 2022, las empresas
demandantes informaron al Tribunal que han solicitado la suspensión
temporal de los efectos de la Resolución 2236 ante instancias judiciales
nacionales: (i) en Colombia, acción de tutela presentada el 15 de diciembre
de 2021; (ii) en Ecuador, acción de amparo constitucional presentada el 17
de diciembre de 2021; (iii) y, en Perú, amparo constitucional presentado el 18
de diciembre de 2021, medida cautelar en la acción de amparo constitucional
presentada el 21 de diciembre de 2021, y en proceso comercial con medida
cautelar presentada el 23 de diciembre de 2021.
3.2. Sobre el particular, y dado que el TJCA tiene como función principal
salvaguardar los intereses comunitarios (Artículo 4 de su Estatuto), lo que
implica salvaguardar el ordenamiento jurídico comunitario andino, este
colegiado considera un imperativo señalar en la presente providencia
judicial que ningún juez nacional, del rango o especialidad que fuese,
tiene competencia para suspender los efectos jurídicos de un acto
comunitario, como es el caso de las Resoluciones 2006 y 2236 de la
SGCA.
3.3. Al respecto, debe considerarse que la Comunidad Andina constituye una
comunidad de derecho que cuenta con un ordenamiento jurídico propio, el
cual está compuesto por fuentes originarias, constitutivas o primarias, y por
fuentes derivadas o secundarias, y ambas pueden ser típicas y atípicas. Las
fuentes típicas se encuentran detalladas en el Artículo 1 del Tratado de
Creación del TJCA; y las atípicas fueron reconocidas a través de la
jurisprudencia del Tribunal.
3.4. Corresponde señalar también que, de conformidad con las disposiciones
de los artículos 47 del Acuerdo de Cartagena y 42 del Tratado de
Creación del TJCA, el sistema de solución de controversias de la
Comunidad Andina es exclusivo y excluyente. En ese sentido, el TJCA es
el único órgano jurisdiccional en la Comunidad Andina con
competencia para realizar, a través de la tramitación de una Acción de
Nulidad, un examen sobre la legalidad y validez de las normas derivadas
que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, entre las
que se encuentran las Resoluciones de la SGCA- sean de efectos generales
o de efectos particulares-. Merece destacarse también que la sola
interposición de una Acción de Nulidad no afecta la eficacia ni la vigencia del
acto impugnado, tal como lo establece expresamente el Artículo 105 del
TJCA. En consecuencia, únicamente esta corte internacional tiene
competencia para ordenar la suspensión provisional de la ejecución de
una norma andina impugnada, siempre y cuando se cumplan los
requisitos correspondientes.
(…)
De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina:
DECIDE
(…)
16
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SEXTO: Declarar infundada la solicitud de suspensión provisional de los
efectos jurídicos de las Resoluciones 2006 y 2236 de la Secretaría General
de la Comunidad Andina, formulada por las empresas demandantes.
SÉPTIMO: Ordenar a la Secretaría General de la Comunidad Andina a que
deposite el monto de la multa impuesta a las empresas demandantes en una
cuenta bancaria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina y que
no disponga de dicho monto hasta que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina emita sentencia en el presente proceso judicial de acción
de nulidad.
OCTAVO: Declarar que ningún juez nacional, del rango o especialidad
que fuese, tiene competencia para suspender los efectos jurídicos de un
acto comunitario, como es el caso de las Resoluciones 2006 y 2236 de
la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Solo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene competencia
para ordenar la suspensión de actos comunitarios como son las
Resoluciones 2006 y 2236 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina.
Queda claro, entonces, que los jueces nacionales de los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones carecen de competencia para pronunciarse
sobre la validez o no de los actos comunitarios. Por lo que la Sala considera que
no se cumplen los presupuestos para aplicar la teoría de la inmunidad relativa de
jurisdicción que permita acceder a lo solicitado en la demanda de tutela y, por
tanto, se declarará la falta de jurisdicción respecto de los cargos propuestos
contra las Resoluciones 2006 de 2018 y 2236 de 2021.
3.2. De la vulneración de los derechos fundamentales por parte de las
autoridades administrativas colombianas
En el caso concreto, la acción de tutela se ejerce para precaver la vulneración del
derecho al debido proceso; no obstante, de entrada, la Sala advierte que no se
configura dicha amenaza, por las razones que se exponen a continuación:
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio legal de
defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro medio legal debe ser idóneo y eficaz para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si la tutela puede concederse como mecanismo
transitorio para evitar que se cause un perjuicio irremediable.
17
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La vulneración ocurre cuando la autoridad o el particular, según sea el caso,
desconoce el derecho fundamental de la persona, es decir, cuando perturban el
goce efectivo de la garantía reconocida en la Constitución Política.
La amenaza, en cambio, se produce cuando existe un riesgo real, que visto
objetivamente, esto es, a través de elementos concretos, podría generar la
vulneración a algún derecho fundamental. La amenaza viene a ser una especie de
etapa previa a la violación porque representa el riesgo real de que finalmente se
produzca el daño efectivo del derecho fundamental y, por ende, está en el ámbito
de protección de la acción de tutela, que en ese caso se torna en una acción
eminentemente preventiva.
Es decir: la amenaza que hace procedente el amparo es la que indica que existe
probabilidad de que ocurra un daño grave, cierto, real e inminente, pues solo así
se justifica que el juez de tutela intervenga de manera preventiva para evitar que
se materialice el daño, la vulneración del derecho fundamental.
De hecho, la Corte Constitucional ha fijado reglas claras para diferenciar la
amenaza del simple riesgo y dejar sentado que lo que protege la tutela es la
amenaza y no el riesgo hipotético, probable, de vulneración de derechos
fundamentales. Por lo pertinente, la sala transcribe, in extenso, lo dicho por esa
corporación12:
4.6 Como ya se estableció por esta Sala en la Sentencia T – 339 de 201013
de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el riesgo es la
‘contingencia o proximidad de un daño’, y la contingencia es la ‘posibilidad de
que algo suceda o no suceda’ o ‘cosa que puede suceder o no suceder’. Por
su parte, la amenaza es la ‘acción de amenazar’, y a su vez, amenazar
significa ‘dar indicios de estar inminente algo malo o desagradable’. En esta
medida el riesgo es siempre algo abstracto y no produce consecuencias
concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o
manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder de manera
certera e inminente. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de
signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño,
mientras que el riesgo está ligado a la noción de probabilidad y de
eventualidad de aquel.
4.7 Siguiendo con la diferenciación desde el punto de vista doctrinal para M.
Boutonnet, ‘la amenaza se expresa en una ´manifestación, en una ´señal que
12
Corte Constitucional, sentencia T-1002 de 2010.
13
Original de la cita: «Se trataba del caso de un ciudadano que interpuso acción de tutela contra la
Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, con el objetivo de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, al negársele su petición de reforzar su
esquema de seguridad por las amenazas de que había sido objeto como defensor de derechos
humanos y asesor de las víctimas del conflicto armado».
18
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supone temer de algo’’14, es decir que desde el punto de vista jurídico es una
situación que objetivamente presenta un riesgo de daño y se manifiesta a
través de elementos concretos y de un resultado inmediato con hechos de
cierta materialidad. Por el contrario, el riesgo, puede ser solamente abstracto
y no manifestar ninguna consecuencia concreta, sino una mera expectativa
de la ocurrencia de un daño que no se manifiesta en un hecho certero. Por
esta razón para esta jurista existen tres eslabones que se pueden identificar
para la consumación o vulneración del derecho: en primer lugar, el riesgo,
que es la mera posibilidad de la ocurrencia de un daño (daño aleatorio), en
segundo término, la amenaza que se refiere a hechos concretos y
expectativas certeras de la ocurrencia del hecho (daño inminente) y por
último la vulneración efectiva del derecho o la consumación del daño (daño
consumado)15.
4.8 Hay que subrayar que los riesgos sobre un derecho fundamental, en
virtud de su carácter abstracto de su falta de certeza, y la ausencia de
elementos objetivos que permitan predicar su inminente lesión
consumada, no se pueden proteger vía acción de tutela. Nadie puede
reclamar del Estado una protección especial frente a un riesgo, ya que éste
es inherente a la existencia humana y a la vida en sociedad16. Sin embargo,
se debe advertir que el juez constitucional debe ser cuidadoso en la
determinación de la gravedad, la certeza y la inminencia de la vulneración del
derecho amenazado, ya que la frontera entre el riesgo potencial y una
amenaza cierta es muchas veces difusa. Por esta razón considera la Sala
que en los casos de duda el material probatorio resulta determinante17.
4.9 Por otra parte hay que subrayar que la amenaza es de por sí una etapa
de la vulneración del derecho, pues en realidad ella misma supone
comienzo de vulneración dentro de la cadena evolutiva que implica la
violación de un derecho y que finaliza con la frustración definitiva del
mismo, o con lo que el artículo 86 superior denomina simplemente
como “vulneración” a secas. En efecto, la amenaza como elemento que
envuelve ya de por sí vulneración constituye una alteración o perturbación en
el goce tranquilo y pacífico del derecho y, por consiguiente, se reputa como
una violación cierta del derecho, así aún no se haya consumado el daño
completamente18. Es decir, la amenaza de un derecho es por si misma daño.
14
Original de la cita: «BOUTONNET, Matilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité
civil, Biblioteca de Derecho Privado, tomo 444, París, LGDJ, 2005, p. 519».
15
Original de la cita: «Para ilustrar lo anterior, se pueden dar los siguientes ejemplos: sobre el
derecho a la salud de todas las personas recae el riesgo en abstracto de afectarse, pero logra estar
amenazado cuando las personas no tienen acceso a agua potable y deben beber agua de una
fuente contaminada. Inmediatamente las personas beben el agua contaminada su derecho a la
salud no se vulnera más sí ingresa en estado de amenaza, pues objetivamente es esperable que la
persona caiga en enfermedad. Así que cuando la persona consume dicha agua se perturba el goce
pacífico del derecho a la salud que tenía antes de verse obligado a ingerir tal agua. Igual
consideración se puede efectuar en función del derecho a la vida: en abstracto, la vida está en
riesgo porque nadie está exento de que le ocurra un accidente en cualquier momento; cuando la
persona está en peligro de muerte o de lesión, el derecho se evidencia amenazado; y cuando la
persona muere o se hiere, la violación al derecho se consuma».
16
Original de la cita: «Es decir que no puede haber una protección judicial a los paranoicos, que
sienten una amenaza frente a cualquier situación de peligro. También hay que advertir que cada
sociedad valora sus propios riesgos».
17
Original de la cita: «Lo anterior no significa que, si se concreta una vulneración consumada que
genere un daño a un derecho a partir de lo que se consideró como un simple riesgo, la persona
queda desamparada, pues “los regímenes de responsabilidad en el derecho civil y el derecho
público, a los cuales se tiene acceso mediante la interposición de acciones ordinarias ante las
respectivas jurisdicciones, pretende remediar o indemnizar la consumación de estos riesgos”
(Sentencia T-1101 de 2008)».
18
Original de la cita: «Por ejemplo, no es lo mismo ser propietario de un inmueble libre que de un
predio amenazado por un grupo armado. En ambos casos el derecho de propiedad permanece en
cabeza del titular, sólo que en el primero el derecho está incólume y en el segundo está fastidiado
en su goce tranquilo. Igualmente, es diferente habitar una vivienda que amenaza con derrumbarse
19
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(…)
4.11 En suma, el riesgo al que está expuesto un derecho es una
vulneración aleatoria del mismo, la amenaza es una vulneración
inminente y cierta del derecho y la vulneración consumada es la lesión
definitiva del derecho. Como ya se expresó, la amenaza implica de por sí
inicio de vulneración del derecho y se sitúa antes de que la violación inicie su
consumación definitiva pero no antes de su existencia; es decir que la
amenaza presenta datos reales y objetivos que permiten prever el
agravamiento inminente que conlleva la vulneración del derecho. La
amenaza menoscaba el goce pacífico del derecho y, por lo tanto, es un inicio
de vulneración en el sentido de que el ejercicio del derecho ya se ha
empezado a perturbar. En definitiva, existe un riesgo en abstracto sobre
todos los derechos, riesgo que se puede convertir en amenaza y luego en
daño consumado. La diferencia entre riesgo y amenaza dependerá del
material probatorio que se sustente en cada caso en particular. Hay que
advertir que la acción de tutela solo es procedente en los casos de amenaza
o peligro cierto de vulneración, pero no en los casos de riesgo.
Pues bien, en el escrito de tutela se indicó que la acción de tutela se ejercía contra
las siguientes autoridades administrativas y por los siguientes motivos:
Autoridad Argumentación
Presidente de la República Como Jefe de Estado suscribió el Acuerdo de
Cartagena y «cedió parcialmente sus
atribuciones soberanas a favor de la
COMUNIDAD ANDINA». Expuso que, ante la
eventual violación de derechos fundamentales
de ese organismo internacional, el presidente
es «quien debe responder».
Ministerio de Relaciones Exteriores de Como encargado de formular y ejecutar la
Colombia política exterior de los miembros en asuntos de
interés regional. Asimismo, al ser parte del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Al representar a Colombia ante la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, lo que implicó la
adopción de la Decisión 608 del 29 de marzo
de 2005 «normas para la protección y
promoción de la libre competencia en la
por estar sobre una ladera inestable que sufre de constantes deslizamientos a habitar una que no
padece tal amenaza. Del mismo modo se puede ejemplificar la tesis de la vulneración a partir de la
simple amenaza, con la Sentencia T-601 de 2007, en donde la Corte expresó muy bien cómo se
configura la perturbación en el goce tranquilo y pacífico de un derecho. Téngase en cuenta que el
aparte citado no es técnico en la utilización del vocablo riesgo: ‘Es claro que existe un riesgo real y
probable en contra de las (sic) vidas (sic) y la integridad personal de la accionante y su familia,
como lo reconoce el propio concepto técnico de la Administración Municipal. La situación en la que
se encuentra la edificación es grave, en especial si se tiene en cuenta que el paso continuo de la
(sic) aguas incrementa este riesgo. De hecho, la angustia y ansiedad que genera esta situación ha
bastado para tener repercusiones sobre el ánimo y la buena salud de la accionante y de su
familia’».
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Comunidad Andina».
Superintendencia de Industria y Comercio Toda vez que es parte del Comité Andino de
Defensa de la Libre Competencia, «comité del
que era requerido en su concepto para que la
SGCA decidiera sobre la investigación, como
en efecto ocurrió, condenando y sancionando
por la conducta investigada».
Dirección Ejecutiva de Administración Indicó que en el eventual caso de declararse
Judicial procedente la solicitud de amparo, la Rama
Judicial debería abstenerse de ejecutar la
multa impuesta a la sociedad demandante.
La supuesta vulneración que la sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A. le
atribuye a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores,
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la Superintendencia de Industria
y Comercio y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se fundamenta
en que el Estado colombiano, al suscribir el Acuerdo de Cartagena, cedió
atribuciones soberanas a la Comunidad Andina de Naciones, relacionadas con la
investigación y juzgamiento de las conductas que incurran en prácticas restrictivas
de la libre competencia y, además, porque varias de las autoridades colombianas
son parte de los diferentes organismos e instituciones del ente comunitario.
Sin embargo, para la Sala, la solicitud de amparo no está llamada a prosperar,
toda vez que en el expediente no obra documento alguno que acredite que las
referidas autoridades colombianas hubieran adelantado actuaciones con el fin de
ejecutar y dar cumplimiento a las anteriores resoluciones que sancionaron a la
sociedad accionante con una multa equivalente a USD 17.060.772, lo que, en los
términos expuestos por la jurisprudencia constitucional anteriormente citada, no
permite concluir que se esté en presencia de una amenaza que atente contra sus
derechos fundamentales, pues no se logró determinar la gravedad, certeza y la
inminencia que ameritara la intervención del juez constitucional.
En suma, el carácter abstracto e incierto del riesgo alegado, sumado a la
ausencia de elementos objetivos que permitan predicar la consumación inminente
del supuesto perjuicio, impide proteger los derechos fundamentales invocados por
vía acción de tutela. De hecho, la Sala observa que el período de vacaciones
judiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina transcurrió entre el 16
de diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, y que dicho organismo ya se
pronunció frente a la solicitud de medida cautelar solicitada dentro de la acción de
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nulidad promovida por la sociedad aquí demandante, lo cual indica que dispone
de mecanismos al interior del sistema comunitario de la CAN, a través de los
cuales puede hacer efectivas las garantías cuya protección reclama al juez
constitucional colombiano.
Para abundar en razones, se tiene que, al resolver sobre la admisión de la acción
de nulidad y negar la suspensión de los efectos jurídicos solicitada en ese
proceso, ese mismo Tribunal de Justicia señaló que la sociedad demandante no
acreditó el cumplimiento del requisito consistente en que las decisiones
adoptadas violaran de forma manifiesta el ordenamiento jurídico andino, a lo cual
agregó que «señalar que el pago de una multa (dinero en dólares americanos), en
la medida que puede ser devuelto por parte de la SGCA, no constituye un daño
que podría ocasionar un perjuicio irreparable o de difícil reparación». De todos
modos, seguidamente ordenó a la Secretaría General de la Comunidad Andina
que depositara el monto de la multa en una cuenta bancaria en cualquier país
miembro y que «no disponga de dicho monto hasta que (…) emita sentencia».
En conclusión, no se advierte, pues, de qué manera en el presente caso puede
configurarse una situación real de amenaza o vulneración que amerite la
intervención urgente del juez de tutela, dado que (i) no existe prueba de que las
autoridades nacionales demandadas hubieran realizado alguna gestión
encaminada a aplicar las resoluciones sancionatorias expedidas por la Secretaría
General de la CAN; (ii) en el ordenamiento comunitario existen mecanismos,
como la acción de nulidad, mediante los cuales la sociedad demandante puede
cuestionar las decisiones de la Secretaría General de la CAN, e incluso solicitar
su suspensión, medio que ya fue promovido y que está pendiente de resolverse a
instancias del referido Tribunal de Justicia, (iii) organismo que, de hecho, aunque
negó la medida cautelar solicitada, ordenó que el dinero recaudado por concepto
de la multa impuesta se consignara en un banco con presencia en cualquiera de
los países miembros de la CAN hasta que se emitiera sentencia, lo que constituye
una garantía de devolución, en caso de que prospere la acción de nulidad.
De acuerdo con todo lo razonado, en primer lugar, la Sala declarará la falta de
jurisdicción respecto de los cargos propuestos contra las Resoluciones 2006 de
2018 y 2236 de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por
medio de las cuales sancionó solidariamente a las sociedades Colombiana
Kimberly Colpapel S.A. y Kimberly Clark Ecuador S.A., por incurrir en prácticas
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11645-00
Demandante: Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
Demandado: Presidencia de la República y otros
Sentencia de tutela de primera instancia
restrictivas de la libre competencia. Asimismo, se negará el amparo de los
derechos fundamentales de la sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A., en
relación con las autoridades administrativas colombianas, por no haberse
acreditado una situación de amenaza o vulneración que amerite la intervención
del juez de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar la falta de jurisdicción del Consejo de Estado, en relación
con los cargos planteados contra las Resoluciones 2006 de 2018 y 2336 de 2021,
expedidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con
las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Negar el amparo solicitado por la parte actora, respecto de las
acusaciones formuladas contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la
fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11645-00
Demandante: Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
Demandado: Presidencia de la República y otros
Sentencia de tutela de primera instancia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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