Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11646-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11646-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11646-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 28 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11646-00
Demandante: Yaki Manuel Hortua Silva
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Naturaleza: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL Y CONTRA ACCIÓN U
OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/ Legitimación pasiva en la causa/ Requisitos de
procedibilidad/ Tutela contra sentencia de tutela/ No configuración de alguno de los
eventos en los que se acepta su procedencia excepcional/ Subsidiariedad.
Síntesis del caso: El accionante enjuició, por un lado, una decisión de tutela, por medio de
la cual la autoridad judicial accionada declaró la improcedencia de una solicitud de
amparo y, por otro lado, un proceso de contratación llevado a cabo por el SENA.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Yaki Manuel Hortua
Silva contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Humanidad
Vigente Corporación Jurídica, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CAJAR), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Representante a la
Cámara Carlos Germán Navas Talero y los Senadores Aida Yolanda Avella
Esquivel, Wilson Neber Arias Castillo, Gustavo Francisco Petro Urrego y
Gustavo Bolívar Moreno.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de diciembre de 2021, Yaki Manuel Hortua Silva presentó acción
de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Humanidad
Vigente Corporación Jurídica, Dejusticia, el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Representante a la
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11646-00
Demandante: Yaki Manuel Hortua Silva
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Naturaleza: Acción de tutela – Primera Instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Cámara Carlos Germán Navas Talero y los Senadores Aida Yolanda Avella
Esquivel, Wilson Neber Arias Castillo, Gustavo Francisco Petro Urrego y
Gustavo Bolívar Moreno, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales de petición, vida, igualdad, dignidad humana, vivienda,
salud, familia, mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de
justicia y buen nombre, así como de los principios de confianza legítima y
buena fe, vulnerados, en su criterio, con la Sentencia de 21 de mayo de
2021, proferida dentro del proceso de tutela No. 25000-23-15-000-2021-
00211-01, así como con las presuntas irregularidades que cometió el
Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) en el proceso de contratación de
instructores para el período 2021.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó2 (se
trascribe):
“MEDIDA CAUTELAR
Mediante el derecho de petición se solicita:
1. Cese de inmediato por parte de los diferentes organismos del Estado y la
rama judicial la tortura y malos tratos contra el demandante y su familia y de
cumplimiento al silencio administrativo presentado en las peticiones de la
demanda de tutela 25000231500020210021101, así como en la que se radico a
esta entidad.
2. Cese de inmediato el ataque contra la vida y la tortura contra el
demandante y su familia así como el ataque sistemático su dignidad humana
al negarle el mínimo vital, se respete de manera inmediata el derecho a la
vida así como los derechos humanos según la carta de derechos humanos
como acuerdo internacional por lo que se page a la orden del demándate el
mínimo vital mensual que se le ha negado desde el mes de diciembre de 2020
que corresponde por mes a un valor no inferior a 100 salarios mínimos legales
vigentes mas. Una caución de 5 salarios mínimos legales vigentes por cada día
que se le ha impedido trabajar a un interés mensual no inferior al 20% mensual,
el cual al día actual asciende a 6672 salarios mínimos legales vigentes y se
continúe de por vida con el pago del mínimo vital el cual se hará un ajuste
mensual con respecto a la devaluación del peso frente a la divisa que tenga
mayor devaluación, en ningún caso se podrá disminuir el mínimo vital, este se
pagara mes anticipado
3. Cese de inmediato la violencia de género en contra del demandante y su
familia así como la discriminación y se reconozca de inmediato la igualdad
ante la ley 1232 de 2008 y la misma protección de esta ley y cualquier otra
como padre cabeza de familia, asó mismo se den las acciones afirmativas a
favor del accionante y su familia (sin discriminación de género u otro como
refieren Sentencias Sentencia C-722 de 2004. M.P.) Rodrigo Escobar Gil;
sentencia c-044 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería; sentencia C-1039 de 2003.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; sentencia C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis;
sentencia C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia C-964
de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur
Galvis). De igual forma la condición de padre cabeza de familia le sea
reconocida de por vida, además de sufrir la discriminación por la edad del
accionante, debido la parcialidad de las diferentes autoridades judiciales,
2 El accionante planteó, sin distinción alguna, las medidas cautelares y las pretensiones de la acción de tutela. En
Auto de 11 de enero de 2022, el despacho sustanciador resolvió negar las medidas provisionales planteadas en
los numerales 5, 6, 8, 9 y 10.
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Decisión: Declara improcedencia
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administrativas del estado y del mismo Estado que lo han venido
discriminando, desconociendo este derecho en los años anteriores. Así mismo
que en virtud del derecho a la favorabilidad se aplique las leyes y demás que
le favorezcan al demandante.
4. Cese de inmediato la esclavitud a la que han sometido al demandante al
no existir independencia de la justicia e imparcialidad y sean recusados
permanentemente tanto funcionarios administrativo, judiciales y demás del
Estado, en virtud del derecho a la igualdad y el de participación con voz y
voto decisorio e inapelable en cualquier proceso que guarde interés el
demandante, así como se le page la experiencia incluidos los años que no le
han permitido trabajar a nivel Doctorado (Dado que le han saboteado al
demandante su crecimiento personal al impedirle trabajar y negarle el mínimo
vital), en ningún caso este podrá ser inferior al mínimo vital mensual para este
año 2021 es de 100 salarios mensuales mínimos legales vigentes por cada mes,
más una caución económica de 5 salarios mensuales mínimos vigente por
cada día que no se le ha permitido trabajar, dado que el Estado y sus
miembros a interferido quitándole el derecho al mínimo vital como represaría,
para impedirle el crecimiento personal y a su familia así como el derecho a la
prosperidad.
5. Se respete y se de cumplimiento al silencio Administrativo positivo en virtud
del derecho a la defensa, al derecho a la vida, acceso a la justicia, estado
social de derecho por lo que se realice el embargo al estado Colombiano y a
los directos responsables por 1000 salarios mensuales mínimos legales vigentes
a favor del demándate
6. Declárense impedidos los miembros del Consejo de estado pues son al
mismo tiempo los demandados y sus propios compañeros de trabajo y/o
subordinados.
7. Se reconozcan mis derechos humanos sin ninguna discriminación como
están definidos en la carta de derechos humanos por la ONU.
8. Entrega del archivo completo de los expedientes de tutela que hace
referencia la presente acción.
9. Acceso a la pagina del consejo de Estado sin restricción alguna, así como al
expediente judicial en plataforma judicial, para realizar la veeduría de este
mismo proceso, se le entreguen al demandante de igual manera todos los
documentos dentro del proceso de tutela como las contestaciones de los
demandados y demás actuaciones dentro del proceso de tutela.
10. Se de inmunidad al demandante y su familia al mismo grado que un
funcionario de la ONU.
PRETENSIONES
Mediante el derecho de petición se solicita que
1. Los mismos ya mencionados dentro de las medidas cautelares.
2. Se establezca un mínimo vital no inferior a 100 salarios mínimos legales
vigentes dado que los costos de alimentos, educación y demás han
aumentado en al menos un 40% cifra dada por el mismo DANE y una caución
no inferior a 5 salarios mínimos vigentes por cada día que se le impida trabajar
como hasta la presente ha sido la forma que el Estado Colombiano ha venido
utilizando para acabar con la vida del demandante y su familia en represalia
por exigir el respeto de sus derechos humanos. Situación que concuerda con
los asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años.
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3. Dada la parcialidad probada de la rama judicial y de la inexistencia de
independencia de la justicia se deben declarar impedidos en cualquier
actuación contra el demandante y en virtud del derecho a la igualdad y
dado que son juez y parte el demandado también tenga voz y voto decisorio
e inapelable de igual forma que el gobierno colombiano subordina a la rama
judicial y estos a su vez no permiten el acceso a la justicia en condiciones de
imparcialidad e independencia.
4. Declárese inconstitucional que no se pueda recusar a los jueces de tutela”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 4 de febrero de 2021, Yaki Manuel Hortua Silva presentó una
acción de tutela3 contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la
Agencia Pública de Empleo (APE) y la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo4 para que, entre otras, se ordenara fijar a su
favor un monto para garantizar su mínimo vital y su vinculación laboral
como instructor en el SENA. El 17 de febrero de 2021, el Juzgado 55
Administrativo de Bogotá, entre otros declaró improcedente la solicitud de
amparo, por considerar que (se trascribe):
“En segundo lugar, se evidenció que el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA, tiene un reglamento especial para realizar la contratación de personal
(Circular N°. 01-3-2020-000195), que tal como ocurre con el demandante,
aspira a ser vinculado como instructor de este. Siendo necesario indicar que, si
bien se determinó que el actor conforme al Acta N°. 005 de 24 de enero de
2020, cumple con requisitos de experiencia y formación para ser contratado
como instructor, dicha condición no configura carácter de obligatoriedad
para proceder a su vinculación y/o contratación como instructor, toda vez
que existe normatividad que determina la forma y requisitos para realizar la
misma. Lo que conduce a que, al existir un procedimiento especial para
contratación idóneo y efectivo, es dicho camino el que debe agotarse,
haciendo improcedente la acción constitucional.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, ha indicado que en ciertos
eventos, aun existiendo procedimiento especial para dar solución a un caso,
ante determinadas circunstancias, procede el amparo, como ocurre con los
señalados por el accionante, cuando afirma ser padre cabeza de familia o ser
discriminado por edad, afirmaciones que en principio generarían su
protección, sin embargo, no resulta viable acceder a la solicitud de amparo,
puesto que si bien es cierto, el señor Hortua Silva, argumentó dichos supuestos,
en ningún momento los acreditó; por lo cual, al no evidenciarse perjuicio
irremediable como efecto jurídico inmediato, generado con las acciones que
puedan imputársele a las accionadas, deberá negarse por improcedente la
acción de tutela ejercitada, de conformidad con los artículos 86 de la
Constitución Política y 6 del Decreto 2591 de 1991”.
5. 2) El 3 de marzo de 2021, el señor Hortua Silva presentó acción de
tutela5 contra el Juzgado 55 Administrativo de Bogotá y el SENA6, con la
3 Radicado 11001-33-42-055-2021-00031-00.
4 En Auto de 5 de febrero de 2021, el despacho sustanciador se abstuvo de notificar a las demás entidades y
personas convocadas por no existir mérito para hacerlo.
5 Rad. 25000-23-15-000-2021-00211-00/01.
6 A pesar de que se demandaron varias personas, autoridades y medios de comunicación, el despacho
sustanciador, en Auto admisorio de 4 de marzo de 2021, solo tuvo como accionados al Juzgado 55
Administrativo de Bogotá y al SENA, al no encontrar razones fácticas y jurídicas para convocar a los demás
accionados.
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pretensión principal de revocar la Sentencia de 17 de febrero de 2021 y
establecer (se trascribe) “un mínimo vital mensual no inferior de 24 salarios
mínimos legales”.
6. 3) Esta acción de tutela fue declarada improcedente por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 15 de marzo de 2021, tras concluir que (se trascribe):
“Considera la Sala que el actor dejó vencer el término de impugnación, sin
justificación alguna y ante todo, en el sub lite no está probada la existencia de
un perjuicio irremediable que haga viable el trámite de la acción de tutela, en
tanto no se evidencian los elementos que lo integran, como la urgencia,
inminencia, impostergabilidad y gravedad.”
7. 4) La parte actora impugnó esta providencia y, el 21 de mayo de
2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
confirmó la decisión por las siguientes razones (se trascribe):
“(…) el señor Hortua Silva reprocha directamente la sentencia de tutela que la
autoridad cuestionada profirió, sin que en su argumentación exponga una
actuación fraudulenta, dolosa o de alguna forma contraria a la lealtad y a la
buena fe que haya afectado el sentido del fallo. (…)
Así las cosas, la Sala encuentra que lo que la parte accionante pretende es
utilizar la presente acción como una instancia adicional (…). En consecuencia,
el amparo (…) se torna improcedente, pues no logra superar la regla general
determinada por la Corte Constitucional, de la imposibilidad de iniciar una
acción de tutela en contra de una sentencia de tutela.
(…) advierte que para el caso concreto el solicitante de amparo no hizo uso
del recurso de impugnación, el cual garantiza su derecho a la controversia y
por medio del cual pudo haber presentado sus inconformidades, respecto de
la sentencia cuestionada.”
8. El fundamento de la vulneración derivó, según la parte actora, de las
razones que pasan a explicarse.
9. Respecto de la sentencia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, se identificaron 3 reparos. El
primero consistió en que se inobservaron los términos establecidos en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 para proferir sentencia, motivo por el
cual, la decisión (se trascribe) “carece de validez jurídica (…) por lo que el
Consejo de Estado perdió la competencia para emitir el fallo,
configurándose el Silencio administrativo positivo a favor del demandante
(…)”. El segundo reparo se basó en que el (se trascribe) “6 de marzo de
2021”7 se radicó una petición ante el despacho sustanciador para
presentar (se trascribe) “las pruebas irrefutables del fraude, falsedades
entre otras dentro del proceso”, sin embargo, al no obtener respuesta,
7 En el expediente con Rad. 25000-23-15-000-2021-00211-01, se registró la radicación de un memorial el 6 de abril
de 2021.
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concluyó que operó (se trascribe) “(…) un silencio administrativo positivo
(…)”. El último reparo fue un reproche sobre la falta valoración de pruebas
que evidenciaban el (se trascribe) “(…) fraude a la ley así como a la
constitución, la discriminación hacia el demandante así como la
arbitrariedad, la parcialidad del sistema judicial (…)”.
10. Asimismo, manifestó que se desconoció el contenido de los artículos
84 y 230 de la Constitución Política, y 2 de la Ley 1232 de 2008 y 84 de la
Constitución Política, así como de las Sentencias C-184 de 2003 y T-003 de
2018 de la Corte Constitucional, los cuales tiene relación con el principio de
buena fe y la condición de padre cabeza de familia.
11. De manera conjunta, manifestó que se omitió el (se trascribe) “(…)
carácter de cosa juzgada constitucional pues el fallo de tutela T-008-2020
(…) en cuyo fallo reconoce la protección establecida como padre cabeza
de familia (…)”.
12. En relación con el SENA, cuestionó la decisión de no haber sido
seleccionado en el (se trascribe) “proceso de contratación del año 2021”
a pesar de que cumplía con los requisitos necesarios para ello.
Específicamente, expresó que esta autoridad inobservó la Ley 1712 de 2014
y los lineamientos establecidos para el desarrollo del mencionado proceso.
13. Finalmente, frente al derecho de petición, el accionante sólo
manifestó lo siguiente en todo el escrito de tutela (se trascribe):
“Se envío derechos de petición a diferentes organizaciones sociales tales
como al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Humanidad Vigente,
Dejusticia, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión
Colombiana de Juristas, así como a representantes de la Rama Legislativa con
el propósito de solidaridad, ante la pena de muerte instaurada en mi contra y
la de mi familia para que se respete el silencio administrativo positivo, el
mínimo vital, así mismo como mi carácter humano, como el de mi familia al
igual manera mis derechos humanos establecidos en la carta de derechos
humanos, así como el respeto a la constitución y a la ley.”
1.2. Posición de la parte demandada y terceros8
14. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela y estructuró su informe
en 3 pilares: (1) sobre la falta de oportunidad del fallo, señaló que este se
8 Mediante Auto de 11 de enero de 2022, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como parte demandada a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Dejusticia, el Colectivo
de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Representante a la Cámara Carlos
Germán Navas Talero y los Senadores Aida Yolanda Avella Esquivel, Wilson Neber Arias Castillo, Gustavo
Francisco Petro Urrego y Gustavo Bolívar Moreno, (3) vincular, en calidad de terceros interesados, al Juzgado 55
Administrativo de Bogotá, al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, (4) negar las medidas provisionales solicitadas y (5)
declarar que no se configuró ninguna causal de impedimento.
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registró antes del vencimiento del término previsto en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991; (2) frente a los reparos consistentes en que no se
valoró el material probatorio y que no se contestó la petición de (se
trascribe) “5 de abril de 2021”, recordó que no procedía el estudio de
fondo de la acción de tutela, toda vez que se declaró su improcedencia; y
(3) consideró que el accionante pretende cuestionar la decisión de 21 de
mayo de 2021 (se trascribe) “pero con idénticas pretensiones y
fundamentos fácticos a los expuestos en la tutela inicial que dirigió en
contra del fallo del 17 de febrero de 2021 emitido por el Juzgado 55
Administrativo de Bogotá dentro de otro trámite de tutela”.
15. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado 55 Administrativo de Bogotá solicitaron
negar la solicitud de amparo. Este último señaló, adicionalmente, que (se
trascribe) “la discusión planteada por parte del aquí accionante, ya fue
objeto de pronunciamiento, por parte de esa corporación”.
16. Dejusticia hizo algunas manifestaciones en torno a la dificultad que
tuvo para identificar la solicitud referida por el accionante, pero,
finalmente, allegó un escrito el 21 de enero de 2022 en el cual dio
respuesta a la petición de 21 de julio de 2021. En adición a lo anterior,
solicitó su desvinculación al no haberse presentado pretensiones en su
contra ni ser sujeto pasivo del derecho de petición de conformidad con los
artículos 32 y 33 del CPACA.
17. La Comisión Colombiana de Juristas solicitó desestimar las
pretensiones de la acción de tutela porque no existía una relación de
subordinación con el accionante que obligara a atender la petición y que,
en todo caso, la misma fue contestada el 21 de abril de 2021.
18. El SENA solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela y, subsidiariamente, se negara la misma. Para tales efectos, afirmó
que: (1) el proceso de contratación de instructores 2021 se adelantó de
conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública; (2) la Sentencia T-008 de 2020, que benefició
al accionante para ser contratado en el proceso de ese año, no es
aplicable al proceso de contratación del año 2021 y (3) los documentos
concernientes al proceso están publicados en el SECOP II.
19. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos rindieron un informe conjunto en el que
solicitaron su desvinculación de la acción de tutela con fundamento en
que las pretensiones hechas en el escrito de tutela y en las peticiones
recibidas son ajenas a las funciones que ejercen estas organizaciones.
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20. Gustavo Francisco Petro Urrego manifestó que el tema de la petición
elevada por el accionante no atañe a sus funciones legislativas. Wilson
Neber Arias Castillo aseguró que la falta de respuesta a la petición se
debió a problemas en su ubicación y solicitó no declarar la vulneración del
derecho de petición por no haberse invocado. Aida Yolanda Avella
Esquivel argumentó que la petición allegada por el accionante no
concierne a sus funciones y, como la puesta en peligro o la afectación de
los derechos fundamentales del accionante no se derivó de una
actuación suya, solicitó su desvinculación.
21. Germán Navas Talero, Gustavo Bolívar Moreno y Humanidad Vigente
Corporación Jurídica guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Desvinculaciones de la acción de tutela.
2.3. Identificación de los reparos y pretensiones. 2.4. Metodología del caso 2.5.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.6. Procedencia de la
acción de tutela contra autoridad pública. 2.7. Conclusiones.
2.1. Identificación de derechos
22. En cuanto a la acción de tutela contra providencia, se tiene que,
pese a que la parte accionante señaló como vulnerados varios derechos
fundamentales, esta Sala centrará su análisis en la violación del derecho al
debido proceso, pues ante una presunta vulneración de garantías
constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra relevancia
estudiar si este derecho fue lesionado durante el desarrollo del trámite
judicial.
23. En relación con el derecho de petición, la Sala se abstendrá de
estudiar su presunta afectación puesto que el accionante, si bien invocó
este derecho, no desarrolló la forma en la que el mismo fue vulnerado por
parte de las entidades y los servidores públicos accionados, como se
muestra a continuación (se trascribe):
“Se envío derechos de petición a diferentes organizaciones sociales tales
como al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Humanidad Vigente,
Dejusticia, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión
Colombiana de Juristas, así como a representantes de la Rama Legislativa con
el propósito de solidaridad, ante la pena de muerte instaurada en mi contra y
la de mi familia para que se respete el silencio administrativo positivo, el
mínimo vital, así mismo como mi carácter humano, como el de mi familia al
igual manera mis derechos humanos establecidos en la carta de derechos
humanos, así como el respeto a la constitución y a la ley.”
24. Así, logró advertirse que el señor Hortua Silva no manifestó si la
vulneración se originó por una falta de respuesta a las peticiones o si, por el
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contrario, hubo respuesta, pero la misma fue insuficiente9 y, si este fue el
caso, tampoco se señalaron los requerimientos sobre los cuales no hubo
pronunciamiento. Aunado a esto, se tiene que el accionante, en el escrito
de tutela, tampoco planteó una pretensión respecto de las peticiones
elevadas o de quienes estaban llamados a contestar las mismas.
25. En este orden de ideas, como no fue posible determinar la forma
como se materializó la presunta vulneración de esta garantía
constitucional y, adicionalmente, en las peticiones de amparo no hay una
concreta contra una autoridad por violación a este derecho, no se
realizará un estudio sobre el particular y se desviculará de la acción de
tutela a las organizaciones y a los servidores públicos receptores de las
peticiones, habida cuenta de su falta de relación con las pretensiones del
accionante.
26. Por último, la presunta vulneración de los demás derechos invocados
será estudiada de cara a la acción de tutela contra la actuación
administrativa desarrollada por el SENA en el marco del proceso
contratación de instructores para el período 2021.
2.2. Desvinculaciones de la acción de tutela
27. Con base en la anterior motivación y una vez evidenciada la falta
de relación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP),
Humanidad Vigente Corporación Jurídica, el Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo (CAJAR), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el
Representante a la Cámara Carlos Germán Navas Talero y los Senadores
Aida Yolanda Avella Esquivel, Wilson Neber Arias Castillo, Gustavo
Francisco Petro Urrego y Gustavo Bolívar Moreno con la acción de tutela,
la Sala ordenará la desvinculación de los mismos.
2.3. Identificación de los reparos y pretensiones
28. Para comprender esta parte, deberá tenerse en cuenta que: (a) la
acción de tutela se dividió en 2 grupos de pretensiones (contra
providencia judicial y contra el Sena), por ende, para mayor claridad, se
identificará cada uno; y (b) las relativas providencia judicial pretenden
dejar sin efectos la Sentencia de 21 de mayo de 2021, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
respectivamente, dentro del proceso de tutela No. 25000-23-15-000-2021-
9 Es preciso señalar que, una vez revisados los documentos anexos al escrito de tutela, la Sala advirtió que de
ellos no logra determinarse con certeza que, en efecto, haya existido radicación, envío y/o recepción de las
peticiones vía correo electrónico. Aunado a ello, en el caso del correo presuntamente remitido al senador
Gustavo Bolívar, según los referidos documentos, este se envió a una cuenta no institucional con la extensión
@gmail.com.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11646-00
Demandante: Yaki Manuel Hortua Silva
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Naturaleza: Acción de tutela – Primera Instancia
Decisión: Declara improcedencia
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00211-01, pues si bien se hizo mención a otras providencias, como por
ejemplo, la Sentencia de 17 de febrero de 2021 del Juzgado 55
Administrativo de Bogotá, ello fue para contextualizar los reparos y justificar
la existencia de fraude en el proceso y la providencia de tutela que se
enjuició en la presente acción constitucional.
29. (1) En este orden de ideas, para sustentar el primer grupo de
pretensiones contra providencia judicial, se alegaron los siguientes reparos:
(a) se profirió por fuera del término establecido en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, (b) no se valoró el material probatorio allegado al
proceso de tutela, y (c) se desconoció el contenido normativo de los
artículos 84 y 230 de la Constitución Política, y 2 de la Ley 1232 de 2008, así
como de las reglas contenidas en las Sentencia C-184 de 2003 y T-003 de
2018 de la Corte Constitucional.
30. (2) El segundo grupo de reparos se enfocó en enjuiciar la actuación
adelantada por el SENA a propósito del proceso de contratación de
instructores para el año 2021. A juicio del accionante, esta autoridad
desconoció la Ley 1712 de 2014 y no respetó los lineamientos establecidos
para desarrollar dicho proceso.
31. Asimismo, no sobra anotar que en el presente caso no existe
identidad procesal que dé lugar a hablar de cosa juzgada y/o temeridad,
por cuanto con ella se enjuician providencias judiciales (Sentencia de 21
de mayo de 2021, Rad. 2021-00211-01) y actuaciones administrativas
disímiles (proceso de contratación SENA-2021) distintas a las que fueron
objeto de estudio en el proceso No. 2021-00211-01 (Sentencia de 17 de
febrero de 2021, Rad. 2021-00031-00 y el proceso de contratación SENA-
2020).
2.4. Metodología del caso
32. Una vez clasificadas las pretensiones planteadas y los reparos que las
sustentan, la Sala se ocupará ahora de analizar, de forma separada, la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y contra
acción u omisión de autoridad pública. En caso de que los
cuestionamientos efectuados a través del mecanismo de tutela superen los
requisitos generales, se continuará con el estudio de fondo del asunto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial10
33. Para el estudio de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, tal como ya se mencionó, el análisis
10 Este análisis se hace de conformidad con el orden establecido en la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte
Constitucional.
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Demandante: Yaki Manuel Hortua Silva
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recaerá sobre la Sentencia de tutela de 21 de mayo de 2021, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, razon por la
cual cobran especial relevancia las reglas fijadas en la Sentencia SU-627
de 201511 de la Corte Constitucional.
34. Habida cuenta de lo anterior, la presente solicitud de amparo (tutela
contra tutela) sería procedente toda vez que la decisión que se enjuició
fue proferida por un órgano judicial distinto a la Corte Constitucional, por
ende, corresponde establecer si se configuró una causal excepcional de
procedencia de tutela contra tutela.
35. En lo que respecta a la demostración clara y suficiente de que la
Sentencia fue producto de una situación de fraude, la Sala advierte que el
demandante no desarrolló a profundidad ningún argumento encaminado
a probar la existencia de cosa juzgada fraudulenta, pues se limitó a
señalar, de forma insistente y reiterativa, que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (1) no cumplió con los términos para
resolución del proceso de tutela No. 2021-00211-0112, (2) no valoró las
pruebas relacionadas con la parcialidad de las autoridades administrativas
y judiciales, y (3) desconoció el contenido normativo de los artículos 84 y
230 de la Constitución Política, y 2 de la Ley 1232 de 2008, así como de las
reglas contenidas en las Sentencia C-184 de 2003 y T-003 de 2018 de la
Corte Constitucional, sobre la calidad de padre cabeza de familia. No
obstante, estos señalamientos, por sí mismos, lejos de probar, de forma
clara y suficiente, una situación de fraude, lo que hacen es evidenciar
11 La Sentencia SU-627 de 2015 fijó las siguientes reglas para la procedencia de la acción de tutela contra
sentencia de tutela: // 1) Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.// 2) Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República -diferente a la
Corte Constitucional-, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.// 3) Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.// 4) Si la
actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión. // Si la actuación acaece con posterioridad a la
sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en
el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.”
12 “Como se observa en la actuación de segunda instancia por parte del Consejo de Estado no solo el fallo de
tutela se emitió por fuera del plazo estipulado por la ley 2591 en su artículo32 estipula que: articulo 32 Tramite de
Impugnación .....El juez ........y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente....
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia el juez remitirá el expediente a la
Corte Constitucional. a pesar que es un trámite preferencial que no admite plazos ni postergaciones de ningún
tipo por lo que dicho fallo carece de validez jurídica según el decreto ley 2591 en su articulo 15 que reglamenta
la acción de tutela estipula que: articulo15 Tramite Preferencial "los plazos son perentorios e improrrogables" Lo
cual implica que ya había perdido la oportunidad para emitir el fallo y de igual manera como han referido en
sus fallos las misma autoridades judiciales ya no se pueden revivir los términos, por lo que sería evidente seguir
sometiendo a una tortura al demandante y su familia va que las autoridades no son imparciales ni
independientes y como se evidencia se pretende terminar con la vida del demandante y su familia, la cual se
convirtió en una pena de muerte que como se evidencia es inapelable”.
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razones de inconformidad con la decisión adoptada en la mencionada
sentencia de tutela, esto es, la improcedencia de la solicitud de amparo.
36. Por lo tanto, al no haber argumentado en debida forma en qué
consistía el fraude alegado y, mucho menos, probarlo, es improcedente la
acción de tutela de la referencia.
2.6. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública
37. En el presente caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela contra el SENA por no satisfacerse el requisito de subsidiariedad.
38. Para estudiar este requisito, debe considerarse que, si bien la parte
demandante no planteó en el escrito de tutela una pretensión concreta
respecto de esta autoridad, se advierte que lo que pretende, por esta vía,
es dejar sin efectos los actos administrativos proferidos en el proceso de
contratación de instructores para el año 2021 llevado a cabo por el SENA
mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II13.
Evidencia de lo anterior es que los reparos planteados respecto de esta
autoridad pública cuestionaron la forma en la que se desarrolló este
proceso e intentaron evidenciar algunas irregularidades del mismo, tales
como que el accionante no fue vinculado para el cargo de instructor para
el período 2021, a pesar de que, según él, cumplía los requisitos para ser
elegido.
39. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
40. La Corte Constitucional14 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
41. En ese orden de ideas, para la Sala, en el presente caso, no se
satisfizo el requisito de subsidiariedad, porque el proceso de contratación
de instructores para el periodo 2021 y los actos administrativos proferidos en
desarrollo del mismo pueden ser demandados por el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho o de controversias contractuales,
según las particularidades y la etapa en la que se encuentre el proceso.
13 A pesar de los reparos y pretensiones hechas respecto del citado proceso de contratación, el accionante ni el
SENA proporcionaron los datos necesarios para la identificación plena del proceso.
14 Sentencia C-590 de 2005.
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Adicionalmente, no se aludió y menos se probó la existencia de un
perjuicio irremediable con las características de gravedad, inminencia y
urgencia que permitan la intervención del juez constitucional. En ese orden
de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela frente al
SENA.
42. Finalmente, para la Sala es pertinente aclarar que, en lo que
respecta al reconocimiento de un (se trascribe) “mínimo vital no inferior a
100 salarios mínimos legales vigentes (…) y una caución no inferior a 5
salarios mínimos vigentes por cada día que se le impida trabajar”, así como
la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la norma que impide las
recusaciones en el trámite de tutela, la acción de tutela resulta
improcedente porque (1) no fue prevista para el reconocimiento y pago
de reclamaciones eminentemente económicas, sino la protección de
derechos fundamentales, y (2) el ordenamiento jurídico prevé la acción
pública de inconstitucionalidad como mecanismo judicial ordinario para
ese tipo de pretensiones, respectivamente.
2.7. Conclusiones
43. Así las cosas, al no superarse los requisitos de subsidiariedad, frente a
la acción de tutela formulada contra el SENA y de procedencia
excepcional de acción de tutela contra el fallo de tutela de 21 de mayo
de 2021 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. En relación
con los accionados que fueron presuntamente receptores de las
peticiones elevadas por el accionante, la Sala ordenará su desvinculación
por su falta de relación con la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela al Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Humanidad Vigente
Corporación Jurídica, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CAJAR), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Representante a la
Cámara Carlos Germán Navas Talero y los Senadores Aida Yolanda Avella
Esquivel, Wilson Neber Arias Castillo, Gustavo Francisco Petro Urrego y
Gustavo Bolívar Moreno, por los motivos expuestos en esta providencia.
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Demandante: Yaki Manuel Hortua Silva
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Naturaleza: Acción de tutela – Primera Instancia
Decisión: Declara improcedencia
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por
Yaki Manuel Hortua Silva, por las razones señaladas en la parte motiva de
esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin15.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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