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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11675-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11675-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de febrero de 2022 a través de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alberto Moreno Cárdenas, quien actúa en nombre propio contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, por no superar el presupuesto de la inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11675-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

31 de marzo de 2022

Demandante: Carlos Alberto Moreno Cárdenas
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11675-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11675-01
Demandante: CARLOS ALBERTO MORENO CÁRDENAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – requisito de procedibilidad
adjetiva de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 17 de febrero de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que declaró la improcedencia del mecanismo por no superar el presupuesto de la
inmediatez.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de diciembre de 2021 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado1, el señor Carlos
Alberto Moreno Cárdenas, quien actúa en nombre propio, instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Montería, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales “al debido proceso y a la igualdad, seguridad jurídica y seguridad social.”

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, a través de la cual confirmó la providencia del 7 de
febrero de 2017 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Montería, que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado No. 23001-33-33-
003-2015-00083-00/01, presentado contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 La acción de tutela fue enviada al buzón web secgeneral@consejodeestado.gov.co.

1

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Demandante: Carlos Alberto Moreno Cárdenas
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11675-01

“(..), deja[r] sin efecto las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del
proceso 23001-33-33-003-2015-00083-00, ordenándole a su vez, que en
consecuencia dicte una nueva sentencia que en derecho corresponda,
respetando mis derechos fundamentales y la Ley Marco 923 de 2004.” (Sic a
toda la cita)2

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Carlos Alberto Moreno Cárdenas presentó una demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con el objeto de obtener la nulidad del
Oficio No. 13581 GAG/SDP del 10 de junio de 2014, por medio del cual se negó el
reconocimiento y pago de su asignación de retiro.

5. El medio de control mencionado le correspondió ser conocido en primera
instancia al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería que,
mediante el fallo de 7 de febrero de 2017, denegó las pretensiones de la
demanda, al considerar que de conformidad con el Decreto 1212 de 1990, para
acceder a la asignación de retiro se requería cumplir con 20 años de servicio
cuando la causa del retiro fuera por separación del cargo, de ahí que el actor al no
cumplir con ese requisito, no tenía derecho a la prestación reclamada.

6. Inconforme con lo anterior, la parte demandante la apeló, recurso del que tuvo
conocimiento el Tribunal Administrativo de Córdoba, que, a través del fallo de 27
de agosto de 2020, confirmó la providencia de primera, por cuanto estimó que:

“...Aunado a lo anterior, del artículo 144 Ibidem se extrae que cuando sean
separados con más de veinte (20) años de servicio, los miembros de la fuerza
pública a los que le son aplicables estas disposiciones se hacen acreedores e la
asignación de retiro, requisito que en el caso concreto del demandante no está
acreditado como acertadamente lo concluyó el A quo, toda vez que según las
documentales referenciadas, al momento de su retiro del servicio por la causal de
separación absoluta, el actor contaba con un tiempo de servicio de 15 años, 9
meses, 5 días.” (sic para toda la cita)

7. El demandante interpuso recurso extraordinario de unificación jurisprudencial en
contra de dicho fallo y mediante auto del 2 de septiembre de 2021, notificado
electrónicamente el 17 del mismo mes y año, la Sección Segunda – Subsección
“A” del Consejo de Estado lo inadmitió por cuanto consideró que no se reunían los
elementos para su trámite, pues lo decidido en la sentencia de unificación que citó
el actor y consideró desconocida no tenía relación con el debate planteado en el
fallo de 27 de agosto de 2020. De igual manera, los otros fallos señalados por el
accionante como desconocidos no consideró el juez del recurso que fuesen de
unificación por lo que no permitieron sustentar el recurso.

2 Folio 18 de la demanda de tutela. Índice 1 del aplicativo SAMAI.

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1.3. Fundamentos de la solicitud

8. El señor Carlos Alberto Moreno Cárdenas aseguró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales “al debido proceso y a la igualdad,
seguridad jurídica y seguridad social.”, en la medida en que las providencias atacadas
incurrieron en un defecto sustantivo y desconocimiento de precedente, por las
razones que se exponen a continuación:

9. Respecto al defecto sustantivo manifestó que las providencias del 27 de
agosto de 2020 y 7 de febrero de 2017 desconocieron que el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 es una “norma en blanco”, por cuanto no definió qué debía
entenderse por mala conducta y, por lo tanto, no podía aplicarse para denegar la
asignación de retiro.

10. Expresó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron que el
régimen de transición de la Ley 923 de 2004 señala que para conceder la
asignación de retiro se requiere que: (i) el beneficiario sea miembro de la fuerza
pública; (ii) el beneficiario debía estar en actividad cuando entró en vigencia dicha
ley; (iii) el beneficiario al momento del retiro debe tener un tiempo no inferior a 15
años de servicio, y (iv) la causa de retiro del beneficiario puede ser cualquiera,
menos la solicitud propia que es la única que requiere 20 años.

11. Finalmente, señaló que “si las accionadas hubiesen interpretado sistemáticamente
el Decreto 1212 de 1990, con la Ley 923 de 2004, el resultado sería diferente, toda vez
que habría concedido y no negado”.

12. En lo relacionado con el desconocimiento de precedente, explicó que las
providencias atacadas no tuvieron en cuenta el contenido de las sentencias del
Consejo de Estado de 11 de abril de 20183, 28 de septiembre de 20174 y de 19 de
abril de 20185, relacionadas con el derecho a percibir una asignación de retiro con
un tiempo no inferior a 15 años.

13. Así mismo, adujo que la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencia judicial. Específicamente frente al requisito de la
inmediatez, adujo que se cumplía, por cuanto “el auto que rechaza la posibilidad del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue notificado el 15 de septiembre
de 2021”.

1.4. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 16 de diciembre de 20216, se admitió la acción de tutela y
se dispuso su notificación7 a la parte actora, así como a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Córdoba y al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Montería, como autoridades judiciales accionadas.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 2015-01949. M.P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 4302-2015. M.P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 2013-01922. M.P. William

Hernández Gómez
6 Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
7 Actuación realizada el 15 del mismo mes y año

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15. Así mismo, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico al director de
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, toda vez que fungió
como parte pasiva en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que se debate.

1.5. Intervención

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente8, se presentó la siguiente intervención:

1.5.1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-

17. Con escrito remitido el 24 de enero de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el jefe de Oficina Asesora Jurídica solicitó negar el
amparo deprecado por considerar que no se violaron los derechos fundamentales
del accionante.

18. Señaló que la entidad ha cumplido con los ordenamientos especiales vigentes
y demás normas concordantes a la materia sin violar ni lesionar derechos
fundamentales, de igual manera, que las providencias objeto de debate fueron
falladas en equidad y justicia.

19. A pesar de que el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Montería fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

20. En sentencia del 17 de febrero de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Carlos
Alberto Moreno Cárdenas, porque no se cumplió con el requisito de inmediatez y
tampoco se presentaron razones que justificaran la pretermisión del tiempo para
acudir al mecanismo de amparo, por consiguiente, señaló:

“En el caso concreto, el demandante cuestiona las providencias del 7 de
febrero de 2017 y del 27 de agosto de 2020, dictadas, en su orden, por el
Juzgado Tercero Administrativo de Montería y el Tribunal Administrativo de
Córdoba. La última decisión se notificó mediante correo electrónico del 18 de
noviembre de 2020, mientras que la acción de tutela se presentó mediante
correo electrónico del 14 de diciembre de 2021. Es decir que el actor dejó
transcurrir 1 año y 26 días para solicitar la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales
demandadas, de modo que fue superado el término adoptado por esta
Corporación en la sentencia de Sala Plena.”

8 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,

Índice 7, Oficio No. 3116, 3118, 3120 y 3122 del 14 de enero de 2022.
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1.7. Impugnación

21. A través de correo electrónico enviado el 23 de febrero de 2022 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 17 de febrero
de 2022, notificada el 22 del mismo mes y año.

22. Solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y por ende se estudie
de fondo su demanda constitucional, pues señaló que la Sección Cuarta de esta
Corporación incurrió en un error al contar los seis meses desde la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y no desde
la firmeza del auto que rechaza el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.

23. Adujo que sin razón alguna el a quo dejó de lado el principio de agotamiento
de todas las instancias pertinentes, como es acatar la obligación de interponer el
recurso extraordinario de unificación antes de presentar la tutela y descartó el auto
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
inadmitió dicho recurso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Alberto Moreno Cárdenas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

25. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Montería por lo que le corresponde conocer como máximo tribunal de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2.2. Legitimación en la causa

26. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

27. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

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28. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19979, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.

29. En la sentencia T-086 de 201010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que
la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante
legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

30. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201111, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

31. En la sentencia T-435 de 201612, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 201613, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.14

32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto15, la Sala advierte que el
señor Carlos Alberto Moreno Cárdenas es el titular del derecho fundamental que
reclama, en consideración a que fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia cuestionada.

33. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa en
el presente trámite constitucional, presupuesto procesal que al superarse permite

9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
10 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado
13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.
14 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del

08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló:
“En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración
del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los
mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
15 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia del 27.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los
derechos presuntamente vulnerados.

34. En relación con la autoridad judicial accionada, se advierte que la demanda se
dirigió contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, la primera autoridad judicial que
profirió la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos
fundamentales, por lo que se encuentra legitimado por pasiva.

2.3. Problema jurídico

35. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y el informe presentado, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

36. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Córdoba vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, seguridad jurídica y seguridad social de la
parte actora, por presuntamente incurrir en desconocimiento de precedente
y defecto sustantivo al proferir la sentencia de 27 de agosto de 2020,
mediante la cual confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, el 7 de febrero de 2017,
que negó las pretensiones del señor Carlos Alberto Moreno Cárdenas en el
curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió,
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-?

37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201216 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró
su procedencia.18

16 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:

Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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39. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.

40. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

41. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.2.1. Inmediatez

42. En relación con este requisito, la Sala advierte que la parte actora no interpuso
la tutela en un plazo razonable y proporcionado frente a los cargos esbozados
contra la sentencia del 27 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que en este caso es la providencia mediante la cual se
culmina el trámite ordinario del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de debate.

43. Lo anterior, por cuanto al revisar el expediente que reposa en el acervo
probatorio allegado, se evidenció que la providencia cuestionada fue notificada
electrónicamente el 18 de noviembre de 2020, mientras que la tutela se interpuso
mediante escrito enviado el 14 de diciembre de 2021, por lo que la Sala advierte
que entre la firmeza de la providencia atacada y la radicación de este mecanismo
de amparo, transcurrió más de 1 año, término superior al indicado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201419 como prudencial para iniciar el
mecanismo constitucional, proferida por la Sala Plena de esta Corporación.

44. En la mencionada decisión, se resolvió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que el
término de seis (6) meses es suficiente para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de las
providencias judiciales.

19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. 2012-02201-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

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45. De otra parte, no se evidencia que el accionante se encuentre en alguna de las
circunstancias jurisprudencialmente establecidas por la Corte Constitucional20 para
flexibilizar la exigencia de la inmediatez, es decir: (i) no existe un motivo válido
para su inactividad; (ii) su inactividad no vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) no existe un nexo causal entre
el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado; y (iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

46. Al respecto, es necesario tomar en consideración que, si bien el señor Moreno
Cárdenas alegó en su escrito de impugnación que interpuso un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia censurada,
aseverando que era un mecanismo que debía agotar antes de la presentación de
la tutela. En dicho trámite, el accionante invocó la sentencia de unificación
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado de 28 de febrero de
201321, no obstante el juez de recurso determinó que no existía identidad temática
entre esta y lo planteado en el fallo de 27 de agosto de 2020, del mismo modo,
frente a los demás fallos que el actor señaló como contrariados se determinó que
no podían catalogarse de unificación pues fueron proferidos por la Subsección A y
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

47. A su vez, la Sección Segunda – Subsección “A” de esta Corporación aclaró en
el auto de 2 de septiembre de 2021 que el señor Moreno Cárdenas confundió las
figuras del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tipificado en los
artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y la solicitud de unificación de
jurisprudencia del artículo 271 del mismo compendio normativo, pues en
reiteradas ocasiones señaló que el contexto de la discusión sobre la exigencia de
los 15 años de servicio, sin depender de la causal de retiro, ameritaba que se
unificara jurisprudencia al respecto. No obstante lo anterior, se le explicó al actor
en dicha providencia que se trataban de dos figuras distintas, sin embargo, que no
cumple con ninguno de los requisitos exigidos para que procedan. Por lo que se
inadmitió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y, por otra
parte, resolvió no dar trámite a la solicitud de unificación contenida en el artículo
271.

48. Así mismo, es deber de esta Sección aclarar que, contrario a lo dicho por el
accionante, iniciar el recurso extraordinario de unificación no era un mecanismo
obligatorio que tuviera que agotar previo a presentar la solicitud de tutela, en la
medida que los reparos contenidos en el escrito de tutela frente a la providencia
censurada no se relacionan en modo alguno con la falta de unidad y uniformidad
de la interpretación de la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
49. Lo expuesto se justifica en que, se advierte que el recurso extraordinario de
unificación tiene como finalidad, según lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley
1437 de 2011, “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación

20 Ver, entre otras, las sentencias: T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de

2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de
2010.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2007-00061-00, M.P. Bertha Lucia

Ramírez de Páez.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Moreno Cárdenas
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11675-01

uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida (…)”, en esta medida, el cargo alegado por
el actor, esto es que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo no podría controvertirse a través del recurso mencionado, así los
recursos que se deben agotar antes de iniciar la acción de tutela son aquellos que
resulten idóneos para para la protección de sus intereses y de los derechos
fundamentales que pretenda invocar en el escrito de tutela.

50. Adicionalmente, según lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley 1437 de 2011,
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no suspende la ejecución
de la sentencia salvo que así se solicite y se pague la caución respectiva, de otra
forma el fallo recurrido quedará ejecutoriado normalmente, como ocurrió en este
caso.

51. Es así como, esta Sala considera que el término con el que contaba el
accionante para interponer el presente mecanismo de amparo en atención a los
argumentos en los que sustentó su censura, deben contarse desde el día
siguiente de la ejecutoria de la sentencia del 27 de agosto de 2020, que resolvió el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
52. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia no enerva la aplicación del principio de inmediatez que gobierna
a la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que ambos
mecanismos difieren en su finalidad: mientras que la acción constitucional censura
la decisión judicial por haber incurrido en alguno de los defectos previstos en la
sentencia C-590 de 2005, el recurso extraordinario en comento tiene como fin
asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y
garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados
con la providencia recurrida.

53. Por lo anterior, esta Sala coindice con el a quo constitucional al considerar que
no se cumple con el requisito de la inmediatez como elemento de procedibilidad
adjetiva; de esta forma, la demanda desconoce el alcance jurídico establecido por
el constituyente a la tutela contra providencia judicial y se desvirtúa así, su
finalidad como medio de protección actual, inmediato y efectivo.

2.5. Conclusión

54. De conformidad con las razones señaladas, se confirmará la sentencia de 17
de febrero de 2022 que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia, bajo el entendido de que no se acató la inmediatez como requisito de
procedibilidad adjetiva de las acciones de tutela contra providencias judiciales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
10

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Demandante: Carlos Alberto Moreno Cárdenas
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11675-01

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de febrero de 2022 a través de la
cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA
de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alberto Moreno Cárdenas,
quien actúa en nombre propio contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, por no
superar el presupuesto de la inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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