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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11688-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11688-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo presentado por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 23 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00 Actor: Juan Carlos Molano Forero TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11688-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta del cumplimiento del
requisito de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, el
Consejo, al proferir la sentencia de 13 de mayo de 2021, y el Tribunal, al proferir la
sentencia de 19 de septiembre de 2019, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000201705762- 01, vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, el Consejo, al proferir la sentencia de 13 de mayo de 2021, y el Tribunal, al
proferir la sentencia de 19 de septiembre de 2019, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002342000201705762- 01, vulneró sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que estuvo vinculado en servicio activo en la Armada Nacional desde el
1.° de enero de 1997 hasta el 21 de abril de 2016.

4. Expresó que su asignación básica mensual se incrementó anualmente
conforme al principio de oscilación de los decretos expedidos por la Presidencia
de la República en los términos de la Ley 4ª de 18 de mayo de 19921.

5. Manifestó que el Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional efectuó el
pago e incremento de sus salarios, desde el año 1997 al 2016, de la siguiente
manera:

I.P.C. I.P.C. AÑO
AÑO GRADO DECRETO DIFERENCIA
RECIBIDO ANTERIOR

1 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f)
de la Constitución Política”.

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

TENIENTE DE
1997 122 DE 1997 17.46% 21.63% -4.17%
NAVIO

TENIENTE
1998 58 DE 1998 23.88% 17.68% 6.20%
DE NAVÍO

TENIENTE
1999 062 DE 1999 14.91.% 16.70% -1.79%
DE NAVÍO

CAPITÁN DE
1999 062 DE 1999 14.91% 16.70% -1.79%
CORBETA

CAPITÁN DE
2000 2724 DE 2000 9.23% 9.23% 0.00%
CORBETA

CAPITÁN DE
2001 2737 DE 2001 5.14% 8.75% -3.61%
CORBETA

CAPITÁN DE
2002 745 DE 2002 4.93% 7.65% -2.72%
CORBETA

CAPITÁN DE
2003 3552 DE 2003 5.61% 6.99% -1.38%
CORBETA

CAPITÁN DE
2004 4158 DE 2004 5.07% 6.49% -1.42%
CORBETA

CAPITÁN DE
2004 4158 DE 2004 4.94% 6.49% -1.55%
FRAGATA

CAPITÁN DE
2005 923 DE 2005 5.50% 5.50% 0.00%
FRAGATA

CAPITÁN DE
2006 407 DE 2006 5.00% 4.85% 0.15%
FRAGATA

CAPITÁN DE
2007 1515 DE 2007 4.50% 4.48% 0.02%
FRAGATA

CAPITÁN DE
2008 673 DE 2008 5.69% 5.69% 0.00%
FRAGATA

CAPITÁN DE
2009 737 DE 2009 7.67% 7.67% 0.00%
FRAGATA

CAPITÁN DE
2009 737 DE 2009 7.67% 7.67% 0.00%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2010 1530 DE 2010 2.00% 2.00% 0.00%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2011 1050 DE 2011 3.17% 3.17% 0.00%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2011 1050 DE 2011 3.17% 3.17% 0.00%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2012 0842 DE 2012 5.00% 3.73% 1.27%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2013 1017 DE 2013 3.44% 2.44% 1.00%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2014 187 DE 2014 2.94% 1.94% 1.00%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2015 1028 DE 2015 4.66% 3.66% 1.00%
NAVÍO

CAPITÁN DE
2016 214 DE 2016 7.77% 6.77% 1.00%
NAVÍO

4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

TOTAL: -18.43%

6. Agregó que genera un detrimento histórico acumulado del -18.43% en cuanto a
las mesadas correspondientes a la asignación de retiro, resultante de la diferencia
entre los porcentajes de incremento aplicados según el IPC y los incrementos
legales anuales expedidos por el Gobierno Nacional.

7. Afirmó que la Armada Nacional, una vez retirado del servicio, lo dejó en cese de
tres meses de alta, devengando sus prestaciones de Ley, tiempo durante el cual,
elaboró la hoja de tiempo de servicios.

8.Expresó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a través de Resolución
núm. 1856 del 14 de marzo de 2016, le reconoció la asignación de retiro.

9.Señaló que presentó demanda contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional,
Armada Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara
la nulidad del i) acto administrativo 20170423330283461/MDN-CGFM-CARMA-
SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 del 23 de agosto de 2017 expedido por la
jefe de División de Nómina de la Armada Nacional, por medio del cual se resolvió
negativamente una solicitud de reajuste salarial y de la asignación de retiro al
actor conforme al IPC; y del ii) acto administrativo 0039768 Consecutivo 2017-
39773 CERTIFICADO CREMIL 50326 del 11 de julio de 2017 suscrito por el
responsable de Área de Atención al Usuario de CREMIL, que denegó el reajuste
de la asignación de retiro del señor Juan Carlos Molano Forero; y a título de
restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara la reliquidación de la
asignación de retiro con la diferencia de salarios de los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional y teniendo en cuenta los porcentajes del IPC desde el 1.° de
enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2004.

5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

Sentencia proferida el 19 de septiembre de 2019 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 250002342000201705762- 01

10. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió negar las pretensiones de la demanda.

11. Consideró que el reajuste de la asignación que devengaba en servicio activo,
de conformidad con el índice de precios al consumidor, de los años
inmediatamente anteriores a las anualidades 1997, 1999,2001, 2002, 2003 y 2004,
no resulta procedente dado que el incremento de la asignación se realiza de
conformidad con los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, siendo normas
que gozan de presunción de legalidad.

12. Afirmó que al actor no le asiste razón al pretender el reajuste con el IPC del
salario que devengó como miembro activo de la Armada Nacional, pues adujo que
aquellos reajustes anuales refieren únicamente a las mesadas pensionales o de
asignaciones de retiro, más no a las mensualidades salariales como lo es
requerido en la demanda.

13. Expresó que al no prosperar la pretensión relacionada con el reajuste de la
asignación básica que percibió en servicio activo, tampoco resulta procedente el
reajuste de su asignación de retiro, toda vez que fue reconocida a partir del 22 de
abril de 2016, en los términos del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 20042 y la
aplicación del principio de oscilación, bajo el entendido que las asignaciones de
retiro se liquidan con las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las
asignaciones devengadas por el personal de actividad de conformidad con cada
grado; incrementos que son fijados anualmente por el Gobierno Nacional.

2 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública.”

6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

Sentencia proferida el 13 de mayo de 2021 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000201705762- 01

14. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:

“[…] Primero: Confirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio
de control y restablecimiento del derecho promovió el señor Juan Carlos Molano
Forero contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y a
favor de la parte la Armada Nacional, las cuales se liquidarán por el a quo […]”.

15. Consideró que:

“[…] Conforme a lo anterior, la fijación de las asignaciones básicas, primas, cesantías,
entre otras, se constituye como parte de las atribuciones del Gobierno Nacional, de
manera que es el Ejecutivo quien determina la escala gradual porcentual, a través de
los decretos que cada año fijan los incrementos de los sueldos básicos del personal
en actividad.

De lo planteado se tiene, que las asignaciones básicas del personal de la Fuerza
Pública están sujetas a los decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional, en
los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán sus miembros
anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el correspondiente
incremento salarial.

En consecuencia, la normativa que rige los reajustes solicitados es la vigente al
momento en que se causó ese derecho, es decir, para este caso, los incrementos son
los que resultan de la aplicación del principio de oscilación y, solo sería viable
conceder ajustes con base en el IPC en caso de que este sea más favorable en años
posteriores al reconocimiento de la asignación de retiro; aspecto que se desarrollará
en el acápite subsiguiente con el fin de determinar su procedencia o no, según lo
requerido por el libelista en el recurso de alzada.

En conclusión: no es procedente el reajuste de la asignación salarial que devengó el
demandante en vigencia del vínculo laboral conforme al Índice de Precios al
Consumidor, dado que este sólo se depreca de las asignaciones de retiro, pues el
sueldo básico se reajusta de conformidad con la Ley 4ª de 1992.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

Segundo problema jurídico

¿Es procedente reajustar la asignación de retiro del demandante reconocida en el año
2016, con la inclusión de los porcentajes del IPC? […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en virtud de la relación probatoria que antecede, se realizan las
siguientes conclusiones:

• El reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se efectuó conforme
al principio de oscilación, esto es, con la asignación básica de un Capitán de Navío
en servicio activo para el año 2016, con los porcentajes del artículo 14 y las
partidas señaladas en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004.

• En esa medida, el reajuste de la asignación de retiro de acuerdo con los artículos
14 y 279 de la Ley 100 de 1993, es decir, con base en el IPC de los años 1997 a
2004 «en los años en que el incremento sea menor», se aplicó para los
pensionados o retirados de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional y no para el
personal activo, en la medida que, como se indicó, a partir del 1.º de enero de
2005 se implementó nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición
del Decreto 4433 de 2004.

• Bajo ese entendido, es claro para esta Subsección que al demandante no le asiste
derecho a la reliquidación de la asignación de retiro conforme al IPC, pues como
se analizó en precedencia, para los años 1997 a 2004, el señor Juan Carlos
Molano Forero se encontraba en servicio activo en la Armada Nacional, por lo que
no percibía aún asignación de retiro, la cual solo fue reconocida a partir del año
2016.

Situación anterior que se ajusta perfectamente a la tesis sostenida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado3 en cuanto a la imposibilidad de reliquidar la
asignación de retiro teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al
consumidor en los casos de aquellos pensionados que les fue reconocido su
beneficio pensional con posterioridad al 2004, pues así se manifestó en asuntos
con contornos similares a los de la presente causa judicial […]”.

[…]

“[…] En conclusión: el señor Juan Carlos Molano Forero no se encuentra en una
situación igual a la de los oficiales a quienes les fue reconocida la asignación de
retiro antes del año 2004. Por ende, es claro que tanto al demandante como a
aquellos se les aplicó la base de liquidación que correspondía, según el momento
en que se les otorgó el beneficio pensional, motivo por el cual no se vulneró el
derecho a la igualdad del libelista, en cuanto se demostró que su retiro del servicio
se efectuó con posterioridad al referido año, siendo así improcedente el reajuste
de su asignación de retiro, conforme a los argumentos expuestos anteriormente
[…]”.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 9 de julio de 2020, radicación:
66001233300020170037801(2900-2018), demandante: Eduardo Cárdenas Vélez; y del 29 de octubre de
2020, radicación: 25000234200020170435101(3318-2019), demandante: Ever Arturo Aguilera Parra.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

La solicitud de tutela

Pretensiones

16. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1) Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia, la seguridad social, entre otros, vulnerados,
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo del Estado colombiano.

2) Que se dejen sin efectos los fallos de primera y segunda instancia, por medio de
los cuales se negaron las pretensiones de mi demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho; así mismo se ordene a la jurisdicción contenciosa
administrativa, proferir una nueva sentencia, revisando las inconsistencias y
errores, para que se emita un fallo con las garantías plenas y en derecho,
valorando en su conjunto las pruebas aportadas al proceso.

3) Ordenar a las accionadas que, para la nueva sentencia, tengan en cuenta sus
propios precedentes o antecedentes jurisprudenciales, además se haga la
valoración probatoria mediante los principios de la sana crítica […]”.

17. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas obrantes en
el expediente.

18. De igual manera, indicó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo “[…] por violación de
principios constitucionales e interpretación constitucional, al referirse que mi
vinculación fue para con la Fuerza Área y no la Armada […]”.

Actuación

19. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de diciembre de 2021; i) admitió
la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y iii) vinculó a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

20. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
que se declarara improcedente el amparo, toda vez que el actor presentó la acción
de tutela por fuera del plazo razonable.

21. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares consideró que:

“[…] El accionante impetra la acción de tutela por considerar violados sus derechos
fundamentales, por no haber resuelto de manera favorable sus pretensiones de
corrección de la sentencia. En relación con ello, NO existe vulneración alguna, ya que
el demandante ha tenido a su disposición los medios judiciales de defensa y en las
que se benefició de todas las etapas procesales en la que se evidencia que no se le
violó el debido proceso y por ende se demuestra la oportunidad para acceder a la
justicia.

En cuanto al derecho de igualdad no es de competencia del Juez de Tutela examinar
las actuaciones procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de
ellos la decisión definitiva fue ajustada a la ley. El hecho que no se acceda a las
pretensiones como es el caso, no necesariamente quiere decir que se esté incurriendo
en vía de hecho.

En el presente caso, lo que pretende el accionante es que se realice un nuevo análisis
frente al reconocimiento de la asignación de retiro, situación de derecho que ya fue
resuelta en el curso del medio de control interpuesto por el accionante. Así mismo no
logró probarse que ha existido algún tipo de fraude dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que amerite un nuevo pronunciamiento […]”.

22. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

23.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20185 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito de inmediatez.

26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo
posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
6

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

28. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
8

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 10

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
inmediatez.

Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela

34.Si bien es cierto el Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 11 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no

9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

13

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

deba interponerse dentro de un plazo razonable. En efecto, la Corte Constitucional
en la sentencia SU-961 de 199912 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”.

35.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que
las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el
derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se
acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una
decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]13.

36.Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la
acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis
meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.

12 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto

de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-
01.

14

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

37.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho14:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10
de abril de 200815, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el
fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias
judiciales, era necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el
expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en
cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si
se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona
que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la
existencia de un plazo razonable.[…]” (Resalta la Sala)

38.De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho16:

“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0117, Actora: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP-), concluyó que “[…]siempre que se trate de una acción de tutela
contra providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el
análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad,
incluido el de inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que
se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que
sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en
condición de debilidad manifiesta […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

39.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

14 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de

2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de

2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.

15

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

40.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
18

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

41.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

18 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

16

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

42.Atendiendo a que la Corte Constitucional19 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

43.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

19 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

17

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

44.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:20

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado21.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”22. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”23 […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

45.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

46.Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso

20 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
21 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la Ley”.
22 Sentencia T-173 de 2016.
23 Ibídem.
24 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

18

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso concreto

47. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, el Consejo, al proferir la sentencia de 13 de mayo de 2021, y el Tribunal, al
proferir la sentencia de 19 de septiembre de 2019, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002342000201705762- 01, vulneró sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.

48. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

49. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.

19

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

Acervo y análisis probatorios

50. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

50.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 13 de mayo de 2021.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez

51.En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia el 13 de mayo de
2021, y se notificó a las partes el 31 de mayo de 2021; y ii) que el actor presentó la
acción de tutela el 13 de diciembre de 2021, es decir, 6 meses, 12 días desde la
fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela.

52.No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales
que permiten establecer un plazo superior al determinado25, como por ejemplo en
los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde
se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta
sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos
permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se
encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Subrayado por la Sala).

53.En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la
asignación mensual de retiro constituye una prestación periódica y la presunta
vulneración alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se
procura es que tal prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos.

25 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

20

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

54.En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta26,
conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de
28 de mayo de 201527, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la
aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de
la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte
una sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica,
se ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera
invariable, para determinar si el hecho de haber superado el plazo
prudencial para interponer la acción de tutela merece ser tratado en forma
especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la
vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es
continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en
un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos
criterios frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado
lugar a soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado
que el pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le
permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido
que en ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para
proceder al estudio de fondo.

[…]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta
oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia,
determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no
del requisito de inmediatez de la tutela contra providencias judiciales,
cuando el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o

26 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte
Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta
Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social
particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha
considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los
adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las
personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza. “( Corte
Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.)
27. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de

2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.

21

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que
es necesario que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que
el actor se encuentra en “la especial situación” que “convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez;
por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente
núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla
Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor
está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el
tiempo frente a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el
estado de indefensión, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otras…” sin que éstas constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello,
esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un
sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la Jurisprudencia
Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye,
además de los pensionados, a otros grupos de personas, tales como:
indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores
de edad, minusválidos, ancianos, defensores de derechos humanos,
enfermos graves, desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir
que en todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito de
procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para obtener la
pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser
denominados sujetos de especial protección[…]”.

55.Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto
de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificara la tardanza en la interposición de la acción con el fin de
flexibilizar el término de inmediatez.

56.Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201728, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela
contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una

28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

22

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como
tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la
acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber
sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior
decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que
justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se
observa en el presente caso.

57.En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de inmediatez
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que
se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes
contados a partir de la notificación de la providencia.

Conclusiones de la Sala

58. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo, por falta del
cumplimiento del requisito de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo presentado por el actor, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

23

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11688-00
Actor: Juan Carlos Molano Forero

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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