Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11698-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11698-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-11698-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
7 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11698-00
Accionante: Norbey López Guerrero
Se concede el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. siete (7) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11698-00
Accionante: Norbey López Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reliquidación de la asignación
de retiro / Defecto sustantivo / Concede el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta por Norbey López Guerrero,
por medio de apoderado judicial, contra la sentencia proferida el 2 de noviembre de
2021 por la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso con radicado No. 11001-33-42-051-2019-00470-
01. La autoridad judicial accionada revocó la decisión de primera instancia proferida
por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el accionante presentó
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069
de 2015 y 333 de 2017 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionante: Norbey López Guerrero
Se concede el amparo
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El accionante interpuso acción de tutela contra la sentencia proferida el 2 de
noviembre de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<[…] solicito […] ampare los derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia configurándose vías de hecho judicial, […] vulnerados por las autoridades
al señor NORBEY LOPEZ GUERRERO y […] deje sin efectos el fallo proferido el 02
de noviembre del 2021, emitido por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA- SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “B”, dentro del proceso
radicado 11001334205120190047000 en cuanto revocó la sentencia proferida el 05
de febrero del 2021 por el Juzgado 51 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Ingresó como alumno a la Policía Nacional el 4 de mayo de 1987, fungió como
agente nacional del 1º de noviembre de 1987 al 31 de marzo de 1996 y,
posteriormente, ingresó al nivel ejecutivo a partir del 1º de abril de 1996, donde
permaneció hasta su fecha de retiro del servicio, el 1º de noviembre de 2012.
3.2.- El 9 de octubre de 2012, mediante Resolución 14859, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional - CASUR le reconoció asignación de retiro conforme al
Decreto 1091 de 1995 y el Decreto 4433 de 2004.
3.3.- Con posterioridad al año en que fue reconocida su asignación de retiro,
CASUR ha realizado los incrementos anuales únicamente con base en las partidas
de sueldo básico y prima de retorno a la experiencia, pero ha omitido incrementar
los demás factores determinados desde la primera mesada: prima de servicios,
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Accionante: Norbey López Guerrero
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prima vacacional, prima de Navidad y subsidio de alimentación.
3.4.- Mediante derechos de petición radicados ante CASUR el 18 de septiembre de
2015 y el 13 de febrero de 2019, solicitó el reajuste de su asignación de retiro en
virtud del principio de oscilación para las partidas denominadas prima de servicios,
prima vacacional, prima de Navidad y subsidio de alimentación. Estas solicitudes
fueron negadas a través del oficio No. 19156 / GAG SDP del 15 de octubre de 2015
y el oficio No. E00001-201904618 del 5 de marzo de 2019.
3.5.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y
el 5 de febrero de 2021 el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá accedió a sus
pretensiones. Reconoció la reliquidación de la asignación de retiro del actor
conforme a los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004 para los años 2013 al 2019.
Para esto aplicó el incremento anual establecido por el Gobierno nacional a las
partidas: prima de servicios, prima de Navidad, prima de vacaciones y subsidio de
alimentación, que no habían sido incrementadas desde el reconocimiento de la
asignación de retiro. Ordenó que dicho incremento anual se aplicara al monto total
de la asignación de retiro.
3.6.- La entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el
2 de noviembre de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que revocó la decisión de primera instancia y en
su lugar negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, pues <<el demandante
no fue desmejorado salarial ni prestacionalmente en virtud de su homologación al
nivel ejecutivo; en igual forma, le es aplicable lo indicado sobre el principio de
oscilación, en ese sentido, la prestación no ha sido objeto de pérdida de capacidad
adquisitiva, lo que implica la no afectación del principio de movilidad>>.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega la configuración de un defecto procedimental absoluto <<en
concordancia con el defecto material o sustantivo y el defecto fáctico>>. En su
criterio, el tribunal revocó la sentencia de primera instancia sin un estudio lógico,
racional e integral de las pretensiones y hechos de la demanda, y de lo debatido en
la primera instancia. Esto, en tanto aplicó normas y precedentes jurisprudenciales
que no corresponden al fondo del asunto; su decisión no guarda relación con las
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pretensiones de la demanda ni con la sentencia de primera instancia; y estudió un
recurso de apelación que no está relacionado con la decisión tomada por el a quo.
4.1.- En la demanda del proceso ordinario se solicitó el reajuste y reliquidación de
la asignación de retiro del accionante teniendo en cuenta que CASUR, a partir del
año siguiente del reconocimiento de dicha asignación, ha aplicado los incrementos
legales anuales de forma equivocada. Esto pues solo tuvo en cuenta las partidas de
sueldo básico y prima de retorno a la experiencia, pero omitió incrementar las demás
partidas (1/12 prima de Navidad, 1/12 prima de servicios, 1/12 prima de vacaciones
y subsidio de alimentación) que conforman la asignación de retiro del accionante.
Sin embargo, el tribunal se alejó totalmente de lo pretendido en la demanda, pues
su análisis se centró en aspectos muy diferentes (cambio de régimen salarial e
incremento de la asignación por concepto de Índice de Precios al Consumidor –
IPC) a lo pretendido en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.1.1.- El tribunal fundamentó su decisión en precedentes jurisprudenciales sobre la
homologación e ingreso al nivel ejecutivo, como si el accionante estuviera pidiendo
el traslado de la carrera del nivel ejecutivo a la carrera de agentes y/o suboficiales
de la Policía Nacional regulada en los Decretos 1212 o 1213 de 1990. Esto no fue
lo peticionado en la demanda ni mucho menos fue debatido en la primera instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.1.2.- Adicionalmente, el ad quem del proceso ordinario interpretó erróneamente
que el accionante solicitó el reajuste por IPC en los años en que estuvo en servicio
activo, consideración esta que también resulta incongruente con las pretensiones
de la demanda, con el problema jurídico debatido en primera instancia y la
consecuente sentencia en dicha instancia.
4.2.- Como consecuencia de los dos errores anteriores, el tribunal decidió un
recurso de apelación que no era consecuente con el debate planteado en primera
instancia y que en ningún sentido controvirtió las motivaciones de la sentencia de
primera instancia. El tribunal debió <<declarar desierto>> dicho recurso en tanto
carecía de objeto, esto en consonancia con la sentencia del 5 de diciembre de 2011
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente No. 0822-2011.
4.3.- En síntesis, considera que el fallo fue proferido extra petita, pues la decisión
del tribunal no fue congruente con los hechos, pretensiones y lo fallado en primera
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instancia dentro del proceso. Por esto se configura una violación al principio de
congruencia de la sentencia que afecta el debido proceso del accionante.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El 21 de enero del 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (accionado)
remitió la solicitud del expediente del proceso al Juzgado 51 Administrativo de
Bogotá; sin embargo, no rindió informe.
6.- El 25 de enero de 2022 el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá remitió el
expediente del proceso ordinario al Consejo de Estado.
7.- La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR (tercero con
interés) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente), a pesar
de estar debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
8.- Si bien el accionante alega la configuración de los defectos procedimental,
fáctico y sustantivo, lo cierto es que su reparo –que la autoridad accionada aplicó
normas y precedentes jurisprudenciales que no corresponden al fondo del asunto–
constituye un defecto sustantivo, por lo cual se analizarán sus argumentos a la luz
de este defecto.
8.1.- La Sala concederá el amparo solicitado porque, de la revisión de la providencia
atacada, se advierte que la decisión fue fundamentada en normas que no se
adecúan a la situación fáctica discutida en el proceso.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
9.- Los requisitos se cumplen pues: i) el accionante indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente
relevancia constitucional porque se afirma la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y se
sustenta el defecto en el que habría incurrido la providencia acusada (defecto
procedimental); iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque la
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Accionante: Norbey López Guerrero
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parte actora utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales; iv) la solicitud se presentó en un término prudencial
(inmediatez), puesto que la providencia cuestionada se profirió el 2 de noviembre
de 2021 y la tutela se presentó el 15 de diciembre de 2021, es decir, dentro del
término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación1 como por la Corte
Constitucional2; y v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
F. Se configura el defecto sustantivo en tanto la decisión atacada fue
fundamentada en normas que no se adecúan a la situación fáctica discutida
en el proceso
10.- La Corte Constitucional ha determinado que el defecto material o sustantivo se
configura cuando <<la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que
la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto>>3. También ha señalado que éste se presenta en
casos en los que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión4.
10.1.- En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha identificado situaciones en
las que se puede incurrir en dicho defecto, como las siguientes:
<<(i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a)
no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente,
d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma
cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica
a la cual se aplicó […]>>5 (negrilla fuera de texto).
11.- Para estudiar si se configura el alegado defecto sustantivo es necesario analizar
(11.1) lo solicitado por el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-
02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
3 Corte Constitucional, sentencias T- 008 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T- 156 de 2000 (MP
José Gregorio Hernández Galindo) y SU-416 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos).
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Accionante: Norbey López Guerrero
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del derecho, (11.2) la sentencia de primera instancia, (11.3) la apelación de la
demandada del proceso y (11.4) la sentencia de segunda instancia.
11.1.- En el proceso ordinario el demandante solicitó que se declarara la nulidad de
los oficios del 15 de octubre de 2015 y del 5 de marzo de 2019, por medio de los
cuales CASUR negó la reliquidación de su asignación de retiro. En su criterio,
CASUR vulneró su derecho a la movilidad y al mantenimiento del poder adquisitivo
de su asignación de retiro al realizar los incrementos teniendo en cuenta únicamente
las partidas de sueldo básico y prima de retorno a la experiencia. En su concepto,
también debió incluir los demás factores salariales reconocidos en la Resolución
14859 de 2012 conforme a los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004: prima de
servicios, prima vacacional, prima de Navidad y subsidio de alimentación. Afirmó
que este actuar contrarió el artículo 48 y el inciso tercero del artículo 53 de la
Constitución Política, así como el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 923 de 20046.
11.2.- El a quo del proceso ordinario declaró la nulidad de los oficios atacados con
base en los artículos 49 y 56 del Decreto 1091 de 1995, los artículos 23 y 42 del
Decreto 4433 de 2004, y el artículo 3 del Decreto 1858 de 2012. Según estos
artículos, al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que fuera retirado del
servicio activo se le liquidaría la asignación de retiro con base en las siguientes
partidas: (i) sueldo básico, (ii) prima de retorno a la experiencia; (iii) subsidio de
alimentación; (iv) duodécima parte de la prima de servicio; (v) duodécima parte de
la prima de vacaciones; y (vi) duodécima parte de la prima de Navidad devengada,
liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
11.2.1.- En cuanto al principio de oscilación, esta normativa señala que las
asignaciones de retiro <<se incrementarán en el mismo porcentaje en que se
aumenten las asignaciones en actividad para cada grado>>7. El a quo agregó que,
según el Consejo de Estado8, el principio de oscilación –propio del régimen aplicable
a los miembros de la Fuerza Pública– conlleva a que las asignaciones de retiro de
6 <<Artículo 2°. Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los
principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y
solidaridad los siguientes objetivos y criterios: […] 2.4. El mantenimiento del poder adquisitivo de
las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas.>> (negrilla fuera de texto).
7 Artículo 42 del Decreto 4433 de 2004.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “A”, Sentencia del 5 de abril de 2018, Radicado:
25000-23-42-000-2015-06499-01(0155-17), C.P. William Hernández Gómez.
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todos sus miembros se liquiden teniendo en cuenta las variaciones que en todo
tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado.
11.2.2.- El a quo concluyó que en el caso concreto las partidas denominadas prima
de Navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y subsidio de alimentación
mantuvieron valores constantes desde el 2012 hasta el 2018. Por lo anterior, era
necesaria la aplicación del principio de oscilación, de manera que el valor de las
partidas computables asignadas al demandante fuera reajustado año tras año
conforme con los decretos que expide el Gobierno nacional para tal fin. Esto de
conformidad con los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004.
11.3.- La parte demandada, CASUR, presentó recurso de apelación en contra del
fallo de primera instancia. Allí señaló que la intención del demandante fue que se
liquidara su asignación mensual de retiro con las normas de agentes, contenidas en
el Decreto 1213 de 1990, lo que desconoció que voluntariamente se acogió al nivel
ejecutivo. CASUR agregó que para la liquidación de asignación de retiro del
demandante se tomaron los criterios de liquidación contenidos en el artículo 49 del
Decreto 1091 de 1995 y el Decreto 4433 de 2004.
11.3.1.- En su criterio, conforme a la prohibición del parágrafo del artículo 49 del
Decreto 1091 de 19959, no era procedente dar aplicación al Decreto 1213 de 1990,
como pretende el demandante, así como tampoco a lo establecido en el artículo 23
del Decreto 4433 de 2004, en tanto el demandante hace parte del nivel ejecutivo y
no aquel de agentes o suboficiales.
11.4.- El ad quem del proceso ordinario consideró que el problema jurídico a
resolver era si el demandante <<fue desmejorado salarial y prestacionalmente con
ocasión de la homologación al Nivel Ejecutivo>>. Para responder esto, afirmó que
el demandante está amparado por la prohibición de discriminar o desmejorar sus
condiciones salariales y prestacionales. Sin embargo, advirtió que <<el régimen del
Nivel Ejecutivo al que se acogió voluntariamente el señor López es favorable a sus
intereses prestacionales>>.
9 <<Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás
primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en los decretos 1212 y 1213 de
1990 y en el presente decreto, serán computables para efectos de cesantías, asignaciones de
retiro, pensionados, sustituciones pensionales y demás […]>> (negrilla fuera de texto).
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11.4.1.- Para fundamentar lo anterior, precisó el alcance de los Decretos 1211 y
1212 de 1990. Sobre el segundo mencionó que su artículo 169 incorpora el principio
de oscilación para preservar el derecho a la igualdad. Afirmó que luego fue expedida
la Ley 100 de 1993, que hace referencia al reajuste pensional. Esta estableció que,
con el objeto de que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,
deben ser reajustadas teniendo en cuenta el IPC certificado por el DANE el año
inmediatamente anterior. No obstante, en su artículo 279 excluyó de dicho régimen
a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Sin embargo, la
Ley 238 de 1995 adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que señala lo
siguiente:
<<Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los
beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados>>.
11.4.2.- Así, el ad quem afirmó que con base en la expedición de la Ley 238 de
1995, <<la liquidación de las pensiones y los ajustes de estos pasó a hacerse
conforme al [IPC] y no en aplicación del principio de oscilación>>. Para respaldar
su posición citó una sentencia del Consejo de Estado, que señala lo siguiente:
<<[…] a partir de la vigencia de la ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los
sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a
que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el
artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibidem>>10.
11.4.3.- Agregó que la Ley 923 de 2004 fijó en su artículo tercero que el incremento
de las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública es el mismo porcentaje en que
se aumenten las asignaciones de los miembros en servicio activo. Precisó también
que el Decreto 4433 de 2004 trajo nuevamente a su aplicación el principio de
oscilación al señalar que <<[l]as asignaciones de retiro y las pensiones
contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en
que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado>>. Sin embargo,
según el Consejo de Estado en sentencia del 17 de mayo de 2007, de conformidad
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17 de
mayo de 2007, Rad: 25000-23-25-000-2003-08152-01(8464-05). Demandado: Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional. C.P. Jaime Moreno García.
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Accionante: Norbey López Guerrero
Se concede el amparo
con el Decreto 4433 de 2004, <<este se tiene como límite para ordenar el reajuste
de la asignación de retiro de acuerdo al IPC, cuando resulte más favorable>>.
11.4.4.- Con base en lo anterior, el ad quem concluyó que, en cuanto a la existencia
de dos bases de liquidación para determinar la asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa:
<<viene reconociendo en sus distintas providencias un aumento en la asignación
de retiro a los miembros de esta fuerza especial, que tenían reconocida
asignación de retiro para los años 1997 a 2004, las cuales se habían pagado en
un porcentaje inferior al Índice de Precios al Consumidor, pero dicho sustento
jurídico no puede utilizarse para crear la llamada “BASE ACTUALIZADA DE
MAYOR VALOR ECONÓMICO”, como lo pretende el demandante, toda vez que
dichos fallos son “inter -partes” […]>> (negrilla fuera de texto).
11.4.5.- El ad quem culminó su análisis señalando lo siguiente:
<<[…] no se configuraría violación al principio de igualdad, en la medida que
conforme al análisis normativo y jurisprudencial la actualización que se pretende a
los años 1987-2004, no le es aplicable a los miembros activos de la Policía Nacional,
como sucede en el presente evento. En conclusión, el demandante no fue
desmejorado salarial ni prestacionalmente en virtud de su homologación al
nivel ejecutivo; en igual forma, le es aplicable lo indicado sobre el principio de
oscilación, en ese sentido, la prestación no ha sido objeto de pérdida de
capacidad adquisitiva, lo que implica la no afectación del principio de movilidad.
Ahora bien, toda vez que se le aplicó la normativa conforme a lo indicado
previamente, incluyéndose las partidas computables que corresponden en
derecho, la prestación en general ha sido actualizada en debida forma>>
(negrilla fuera de texto).
12.- Lo anterior constituye un defecto sustantivo, pues la sentencia del ad quem se
fundamentó en el análisis de normas que no resultan aplicables por no adecuarse
a la situación fáctica del caso concreto. Debe recordarse que, con fundamento en
los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, el accionante solicitó que la
reliquidación de su asignación de retiro incluyera el reajuste no solo de las partidas
de sueldo básico y prima de retorno a la experiencia, sino también los demás
factores: prima de servicios, prima vacacional, prima de Navidad y subsidio de
alimentación; cuestión jurídica sobre la cual se pronunció el a quo.
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12.1. No obstante lo anterior, CASUR planteó de forma equivocada en su apelación
que lo que en realidad pretendía el demandante era que se liquidara su asignación
mensual de retiro con las normas de agentes, contenidas en el Decreto 1213 de
1990. Como consecuencia de esto, el ad quem analizó si el demandante fue
desmejorado salarial y prestacionalmente con ocasión de la homologación al nivel
ejecutivo con base en el mencionado Decreto 1213 de 1900, así como los Decretos
1211 y 1212 del mismo año.
13.- El análisis del ad quem no guarda relación con la situación fáctica discutida en
el proceso, como se pasa a explicar. Primero, debe recordarse que CASUR
reconoció al accionante una asignación de retiro a través de la Resolución 14859
de 2012, la cual señala lo siguiente: <<Que al tenor de lo dispuesto en los Decretos
1091 de 1995, 4433 de 2004 y demás normas concordantes, se le debe reconocer
y pagar asignación mensual de retiro en cuantía equivalente al 85% del suelo básico
de actividad para el grado y partidas legalmente computables […]>> (negrilla fuera
de texto). Es relevante precisar que ambos artículos se refieren a la asignación de
retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
13.1.- De igual forma, se recuerda que tanto el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995
como el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 señalan seis (6) partidas computables
para la liquidación de la asignación de retiro: (i) sueldo básico, (ii) prima de retorno
a la experiencia, (iii) subsidio de alimentación, (iv) duodécima parte de la prima de
servicio, (v) duodécima parte de la prima de vacaciones y (vi) duodécima parte de
la prima de Navidad devengada. En criterio del accionante, a pesar de haberse
aplicado la normativa correcta, solo se actualizaron los primeros dos (2) factores de
los seis (6) descritos, de manera que hacía falta hacer el reajuste anual sobre los
restantes cuatro (4): subsidio de alimentación, prima de servicio, prima de
vacaciones y la prima de Navidad.
13.2.- Por otra parte, en el recurso de apelación de la entidad demandada se
menciona que <<[…] el demandante reclama se liquide su asignación mensual
de retiro, con las normas de agentes, contenidas en el Decreto 1213 de 1990,
desconociendo que VOLUNTARIAMENTE se acogió al nivel ejecutivo, por lo tanto,
para su liquidación de asignación de retiro, se tomaron los criterios de liquidación
contenidos en el canon 49 del Decreto 1091 de 1995>> (negrilla fuera de texto).
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11698-00
Accionante: Norbey López Guerrero
Se concede el amparo
13.3.- El Decreto 1213 de 1990, que nunca fue invocado por el accionante en su
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se refiere al nivel de agentes
de la Policía Nacional, cuyas normas no corresponden al supuesto de hecho del
accionante. Adicionalmente, este decreto contiene factores de liquidación de la
asignación de retiro distintos a los del nivel ejecutivo, que no fueron reclamados por
el accionante. Según el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990 estos factores son:
(i) sueldo básico, (ii) prima de actividad, (iii) prima de antigüedad, (iv) duodécima
parte de la prima de Navidad y (v) subsidio familiar.
13.4.- En síntesis, el análisis de la autoridad judicial accionada sobre el Decreto
1213 de 1990 no guarda relación alguna con el objeto del litigio, pues (i) esta norma
aplica al nivel de agentes de la Policía Nacional y (ii) contempla factores de
liquidación específicos para dicho nivel, asuntos que no fueron mencionados o
reprochados por el accionante en su demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. Esto, en tanto sus pretensiones se centraron sobre (i) los Decretos 1091
de 1995 y 4433 de 2004, que regulan el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, e (ii)
incorporan factores de liquidación distintos a los del nivel de agentes. En el mismo
sentido, el análisis del ad quem del proceso ordinario tampoco guarda relación
alguna con la Resolución 14859 de 2012 y la forma en la que allí se liquidó la
asignación de retiro del accionante.
14.- En tanto el ad quem centró su análisis en los Decretos 1211, 1212 y 1213
de 1990, y no en las partidas computables asignadas al accionante de
conformidad con los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, la sentencia se
fundamentó en normas que no se adecúan a la situación fáctica discutida en
el proceso, lo cual configura un defecto sustantivo de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional11.
14.1.- La anterior equivocación condujo a que el ad quem realizara un recuento
normativo sobre la reliquidación de la asignación de retiro para estudiar si ésta se
debía hacer conforme al principio de oscilación o conforme a la variación del IPC.
No obstante, en ningún momento se pronunció sobre los factores no incluidos
por CASUR (prima de servicios, prima vacacional, prima de Navidad y subsidio de
alimentación) al realizar los incrementos sobre la asignación de retiro, que fue
lo pretendido por el demandante en el proceso y lo analizado por el a quo.
11 Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11698-00
Accionante: Norbey López Guerrero
Se concede el amparo
15.- De lo anterior se advierte la aplicación de normas que no se adecúan a la
situación fáctica discutida en el proceso. Esto condujo a que la decisión de segunda
instancia no guardara relación con el objeto del litigio; específicamente si se debían
o no incluir los demás factores salariales (prima de servicios, prima vacacional,
prima de Navidad y subsidio de alimentación) para los incrementos anuales de la
asignación de retiro del demandante. Asunto este que se refiere a la materia
medular objeto del proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del señor Norbey López Guerrero por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 2 de noviembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
revocó la decisión de primera instancia y se negaron las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado No.
11001-33-42-051-2019-00470-01.
TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, una nueva
sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11698-00
Accionante: Norbey López Guerrero
Se concede el amparo
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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