Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11726-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11726-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-11726-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
12 de mayo de 2022
Demandante: Ibeth María Esquea Barraza
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11726-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11726-01
Demandante: IBETH MARÍA ESQUEA BARRAZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito adjetivo de
procedibilidad de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra el fallo de 10 de marzo de 2022, por medio del cual el Consejo de
Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Ibeth María Esquea Barraza, en nombre propio, presentó solicitud
de amparo1 al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y “a la estabilidad laboral reforzada”, con ocasión de la
providencia de 18 de abril de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por medio de la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra el departamento del
Magdalena y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora solicitó:
“En virtud de lo anteriormente expuesto, muy comedidamente solicito a los H.
Magistrados del Consejo de Estado que se amparen los derechos
fundamentales al DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO (Art. 29
CP), A LA IGUALDAD (Art. 13 CP) Y A LA ESTABILIDAD LABORAL
1
Mediante escrito radicado el 15 de diciembre de 2021 en el Sistema de Recepción de
Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, remitido el mismo día al correo
electrónico de la Secretaría General de esta Corporación.
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Demandante: Ibeth María Esquea Barraza
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11726-01
REFORZADA, y se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena, lo
siguiente:
1°) Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena el día 18 de abril de 2018, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho seguido por la suscrita IBETH MARÍA
ESQUEA BARRAZA contra el Departamento del Magdalena, la Comisión
Nacional del Servicio Civil y Otro, radicado No. 47-001-3333-005-2013-00007-
01.
2°) Se proceda a tener como reconocida mi condición de madre cabeza de
hogar y se me otorgue el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno
equivalente e igualmente se me paguen los salarios dejados de percibir desde
la fecha de desvinculación hasta el pago efectivo de las mesadas salarias
dejadas de percibir.
3°) O en su defecto, se estudie el tema de la vigencia de las normas jurídicas
que me cobijaban al momento de mi desvinculación del cargo, para que se me
garantice mis derechos adquiridos y de estabilidad laboral reforzada y así
mismo, se ordene lo pedido en el punto anterior”. (Sic para toda la cita)
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La señora Esquea Barraza relató que la Comisión Nacional del Servicio Civil
abrió la Convocatoria 001 de 2005 para proveer por concurso abierto de
méritos los empleos de carrera administrativa de las entidades reguladas por
la Ley 909 de 20042, en la cual se inscribió pero fue excluida por no superar la
prueba básica general de preselección.
Adujo que demandó al departamento del Magdalena y a la Comisión Nacional
del Servicio Civil (CNSC) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, proceso en el cual controvirtió el Decreto 340 de
13 de junio de 2012 y que se identificó con el radicado 47001-33-33-005-
2013-00007-00/01.
Explicó que en el acto demandado se declaró insubsistente su nombramiento
en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 5335, grado 1 que
desempeñaba en provisionalidad y se efectuó la designación de otra persona
en periodo de prueba, en razón del proceso de selección adelantado para
proveer varios empleos de carrera en la Gobernación del Magdalena.
Indicó que del asunto conoció el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta que, en sentencia de 22 de junio de 2017, negó las
súplicas tras concluir que no era dable aplicar los Actos Legislativos 001 de
2008 y 004 de 2011, con fundamento en los cuales solicitaba que se dejara
sin efectos la decisión en cuestión, dado que fueron declarados inexequibles
mediante las sentencias C-588 de 2009 y C-249 de 2012.
2
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”
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Afirmó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión con
sustento en que no podía desconocerse que ostentaba la condición de madre
cabeza de familia de una menor que sufre de epilepsia y que su esposo
padece de diabetes, por lo que su salario era la única fuente de ingresos del
hogar.
Señaló que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 18 de
abril de 2018, confirmó el fallo del a quo al no encontrar desvirtuada la
presunción de legalidad del decreto enjuiciado y tampoco que se acreditó la
condición de madre cabeza de hogar invocada.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo al prescindir de lo previsto en la Ley 153 de 18873 y, por ello, no
aplicar las “normas de carácter legal vigentes” para resolver la controversia
planteada, “so pretexto de luego haber sido declaradas inexequibles por parte
de la Corte Constitucional”.
Argumentó que no se tuvo en cuenta que los Actos Legislativos 001 de 2008
y 004 de 2011 regían para el momento en que ocurrieron los hechos, los
cuales permitían la incorporación automática de los empleados nombrados en
provisionalidad en los cargos de carrera administrativa, pues ordenaban
homologar las pruebas de conocimiento de los concursos de méritos con su
experiencia.
Consideró que la providencia cuestionada adolece de defecto fáctico por
cuanto no realizó un análisis integral de todos los aspectos expuestos en el
recurso de apelación y valoró de manera errada las pruebas obrantes en el
plenario, tras desconocer la estabilidad laboral reforzada que tenía dada su
calidad de madre cabeza de familia.
Agregó que la colegiatura accionada debió proferir un “auto de mejor proveer”
para que aportara al expediente los elementos probatorios suficientes para
demostrar la condición especial invocada.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 19 de enero de 2022, la Sección Cuarta de esta
Corporación admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión a la
actora y como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena; además, vinculó al departamento del Magdalena y a la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC), en atención al interés que le asiste en las
resultas de este proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones4, se presentaron las siguientes
intervenciones:
3
“Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
4
Mediante oficios enviados el 25 de enero de 2022.
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1.5.1. Tribunal Administrativo del Magdalena
En respuesta enviada el 26 de enero del año en curso, el magistrado ponente
de la providencia debatida solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito de la inmediatez, comoquiera que desde la fecha en
que se surtió la notificación de la sentencia de data del 18 de abril de 2018
hasta la presentación de la solicitud de amparo han transcurrido más de seis
meses.
Destacó que la tutelante pretende revivir un asunto que se resolvió con escrito
apego a los precedentes jurisprudenciales fijados en torno al tema analizado y
que fue concluido en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho mediante este mecanismo de protección.
1.5.2. Gobernación del Magdalena
El Jefe de la Oficina Jurídica del ente territorial, con escrito enviado el 26 de
enero de 2022, refirió que la presente acción constitucional no satisface el
presupuesto de procedibilidad de subsidiariedad, pues la demandante no
agotó el recurso extraordinario de revisión que tenía a su alcance para poner
en tela de juicio el proveído al que le atribuyó el supuesto quebranto de sus
derechos fundamentales.
Mencionó que la autoridad judicial accionada no incurrió en los yerros
expuestos por la tutelante, en la medida que empleó criterios de valoración
probatoria que obedecen a la sana crítica y resolvió el caso sometido a su
consideración con fundamento en las normas vigentes.
1.5.3. Comisión Nacional del Servicio Civil
El abogado de la entidad rindió informe el 27 de enero de 2022, en el cual
pidió que se declarara improcedente el amparo deprecado por la actora
porque la providencia cuestionada se notificó el 26 de abril de 2018, es decir
que al momento de la radicación de la tutela acaecieron más de tres años.
Puntualizó que la colegiatura demandada sí se pronunció en cuanto a la
condición de madre cabezada de familia a la que hizo referencia en el recurso
de apelación la accionante, diferente es que concluyera que no se probó.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia de 10 de marzo de
2022, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
inmediatez pues la decisión enjuiciada se notificó el 26 de abril de 2018,
mientras que la solicitud de amparo fue promovida el 15 de diciembre de
2021, es decir después de “tres (3) años, siete (7) meses y diecinueve (19)
días”.
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Precisó que la accionante manifestó en relación con el mencionado
presupuesto lo siguiente:
“Si bien es cierto que ha pasado tanto tiempo desde la decisión de segunda
instancia en el año 2018, lo cierto es, que aún ostento la condición de madre
cabeza de hogar con hija especial, lo cual hace que el daño causado por el juez
de segunda instancia permanezca en el tiempo y con la entrada de la
Pandemia ocasionado con el Coronavirus todo se ha tornado más difícil y a mi
edad difícilmente encuentre empleo, viviendo actualmente de la misericordia de
Dios y de algunos insumos que me regalan familiares y amigos”. (Sic en toda
la cita)
Es así como indicó que lo expresado por la actora no justificaba la
presentación tardía de la tutela, por cuanto no evidenció de qué forma ser
madre cabeza de familia pudo llegar a ser un obstáculo para acudir a esta
instancia y tampoco podía pensarse que la pandemia ocasionada por el
Covid-19 hubiese sido una limitante, ya que ésta fue decretada en marzo de
2020, esto es, 2 años después de que se profirió la decisión en discusión.
Expresó que la situación económica a la que hace referencia la tutelante no
podía llevar a considerar que le resultó imposible la radicación oportuna de la
acción constitucional, pues esta clase de procesos no representa gastos para
los demandantes en tanto no se requiere actuar por medio de apoderado, tal
como hizo la señora Esquea Barraza.
1.7. Impugnación
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 23 de marzo del
presente año a la Secretaría General de la Corporación5, la actora impugnó la
providencia de primera instancia pues, en su sentir, sí se supera el requisito
adjetivo de inmediatez.
Reiteró que el “daño” causado por el tribunal demandado perdura en el
tiempo debido a que aún ostenta la calidad de madre cabeza de hogar con
una “hija especial”, a lo que se suma que la pandemia originada con el Covid-
19 le ha impedido encontrar un trabajo, así que vive de la ayuda brindada por
familiares y amigos.
Citó apartes de la sentencia T-293 de 2017 para explicar que la Corte
Constitucional fijó excepciones al referido presupuesto de procedibilidad,
como lo son: i) que se demuestre que la situación desfavorable derivada del
irrespeto por los derechos es actual y ii) que la persona se encuentre en
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros.
Insistió que la irregularidad en la que incurrió el Tribunal Administrativo del
Magdalena en la providencia del 18 de abril de 2018 radica en que no se tuvo
en cuenta que era beneficiaria de una estabilidad laboral reforzada por tener
5
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 17
de marzo de 2022.
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la calidad de madre cabeza de familia, dado que dicha situación no fue
estudiada de fondo.
1.8. Actuación procesal en segunda instancia
Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada
por la parte actora se advirtió que no se dispuso la vinculación del Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, pese a que fue la
autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso dentro del cual
se originó la decisión controvertida.
Mediante auto de 21 de abril de 2022 se ordenó notificar personalmente a la
aludida judicatura en calidad de tercero con interés y, de conformidad con el
artículo 137 del Código General del Proceso, se le puso en conocimiento la
posible configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 del
mismo código.
A pesar de que el titular del aludido despacho fue debidamente notificado,
mediante correo electrónico enviado el 25 de abril del año en curso, no se
pronunció respecto a los reproches expuestos en la tutela y la impugnación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, el 10 de marzo de 2022, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20156, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.7
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, según las razones expuestas en la
impugnación, para lo cual se debe establecer si la acción de tutela cumple el
requisito de inmediatez y, en caso negativo, se analizará si los argumentos
expuestos por la señora Esquea Barraza relacionados con la presentación
tardía de la solicitud de amparo son razonables conforme con el criterio fijado
por esta Corporación.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
6
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
7
Reglamento interno del Consejo de Estado.
8
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”10 (Negrilla
fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión
de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.11
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
9
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
10
Ibídem.
11
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. De la inmediatez
La tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer una
protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que
supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.12
De modo que el requisito de la inmediatez exige que la tutela se presente tan
pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término
prudencial y consecuencial a su ocurrencia.
Es así, como esta Sección consideró como plazo prudencial el de seis (6)
meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el
día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada–
que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y
cuando este es excesivo se declara su improcedencia.
A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y
se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya
tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes
términos:
“(…) i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.”13
12
El artículo 86 de la Carta prevé que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...”.
13
Ver sentencias T-684 de 2003, T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010, T-502 de
2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.
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2.5. Caso concreto
En el asunto en estudio la actora solicita el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y “a la estabilidad laboral
reforzada”, al considerar que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en la providencia cuestionada en los defectos sustantivo y fáctico pues no
tuvo en cuenta las normas que se encontraban vigentes para la época de los
hechos objeto de controversia y que tenía una estabilidad laboral reforzada
por ser madre cabeza de familia.
En primera instancia se concluyó que la solicitud de amparo no cumple el
requisito de inmediatez, en tanto se presentó “tres (3) años, siete (7) meses y
diecinueve (19) días” después de surtida la notificación a las partes del
proveído en discusión, sin que lo argumentado en el escrito de tutela
justificara la demora de la accionante para invocar en un plazo razonable la
protección de sus derechos fundamentales.
En desacuerdo con dicha decisión, la actora reiteró que el “daño” ocasionado
por la autoridad judicial demandada persiste, dado que aún ostenta el estatus
que reclamó en el proceso y tiene una “hija especial”, aunado a que la
pandemia originada con el Covid-19 le ha impedido obtener un empleo.
Como respaldo de lo anterior, trajo a colación la sentencia T-293 de 2017 de
la Corte Constitucional en la cual se fijaron excepciones al principio de la
inmediatez, tales como: i) que se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y ii) que la persona se encuentre en estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros.
Lo primero que resulta necesario precisar es que la Sección Cuarta de esta
Corporación indicó que la acción de tutela no superó el requisito de
inmediatez, luego de calcular el plazo razonable para acudir a esta instancia
constitucional a partir de la fecha en que se notificó el fallo objeto de reparo.
No obstante, en criterio de la Sala el punto de partida para establecer los seis
(6) meses es el momento en que la decisión a la cual se le reprocha la
presunta vulneración de los derechos fundamentales quedó ejecutoriada,
pues éste es el instante en que existe total certeza de su contenido y efectos.
Así las cosas, se tiene que la accionante dirige su reproche contra la
sentencia proferida el 18 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, la cual fue notificada por mensaje de datos enviado el 26 del
mismo mes y año14 y, por tanto, quedó ejecutoriada el 2 de mayo siguiente,
mientras que la parte actora presentó la tutela el 15 de diciembre de 2021, es
decir transcurridos cuatro años.
14
De acuerdo con la información visible a folio 533 del expediente correspondiente al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-33-005-2013-
00007-01.
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Quiere ello decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad bajo
estudio, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir
al juez constitucional en aras de obtener la protección de los derechos
fundamentales que se invocan como transgredidos.
Ahora, si bien la actora expuso los argumentos con los cuales pretende
justificar la presentación tardía de la acción de tutela, lo cierto es que éstos no
se ajustan a los escenarios que la Corte Constitucional estableció para que se
flexibilice este requisito, así como tampoco permiten inferir que se encuentra
en algún escenario que la ubique en estado de especial vulnerabilidad.
Lo anterior, por cuanto la posible transgresión de los derechos de la señora
Esquea Barraza no puede entenderse que es continua y actual, teniendo en
cuenta que el tribunal enjuiciado se pronunció respecto a su caso y verificó si
ostentaba la condición de madre cabeza de familia, pese a que no fuera en el
sentido que esperaba, lo que ocurrió y fue conocido por la demandante en un
momento determinado, diferente es que su situación particular no variara con
el tiempo.
Además, esta colegiatura no encontró demostrado que la tutelante tenga una
circunstancia de debilidad manifiesta que le impidiera acudir a esta instancia
oportunamente, pues tan solo aportó la historia clínica de su hija, la cual
denota que ésta tiene 30 años y “antecedentes de epilepsia”, así como una
declaración extraproceso en la que se afirmó que la actora está a cargo de su
hogar.
Nótese que los hechos que se pretenden acreditar con las pruebas allegadas
al expediente giran en torno a la controversia de fondo planteada en la tutela,
mas no dan cuenta de alguna razón que respalde la inactividad de la
accionante para promover la solicitud de amparo de la referencia.
Por otro lado, se advierte que la presunta dificultad que le ocasionó la
emergencia decretada por el Covid-19 a la accionante para encontrar un
trabajo no es un motivo válido que posibilite la radicación de la tutela por fuera
del plazo proporcional y razonable señalado por la Corporación, toda vez que
tal acontecimiento surgió dos años después de que se dictó la providencia
debatida, así que no está relacionado con el asunto que aquí nos ocupa.
En lo que concierne a la falta de recursos económicos aludida por la
accionante se concuerda con el a quo en que tampoco es una excusa para no
ejercer la acción constitucional de manera pronta, so pena de desconocer el
principio de informalidad de este mecanismo, según el cual no se requiere de
apoderado judicial pues basta con identificar de manera suficiente el derecho
que se considera vulnerado, el concepto de la violación y que se narren los
sucesos que lo originan.15
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada debido a que el
paso prolongado del tiempo permite deducir que se ha disipado la gravedad
15
Corte Constitucional, sentencias C-483 de 2008 y C-889 de 2002.
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Demandante: Ibeth María Esquea Barraza
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11726-01
de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así la
inminencia de la afectación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 10 de marzo de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela presentada por la señora Ibeth María Esquea Barraza, por los
motivos descritos anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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