Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11771-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11771-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11771-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11771-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: ANDERSON LUIS ORTÍZ PEÑA
TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO DE INMEDIATEZ. SI BIEN LA CONDICIÓN DE
POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD SUPONE EN SÍ MISMA UNA
SITUACION DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y SUJECIÓN DEL ESTADO,
DICHA CIRCUNSTANCIA NO CONLLEVA, PER SE, A JUSTIFICAR EL
EJERCICIO TARDÍO DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 10 de febrero de 2022, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado1, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.
1 En adelante la Sección Quinta.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-11771-01
ACTOR: ANDERSON LUIS ORTÍZ PEÑA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ANDERSON LUIS ORTIZ PEÑA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Valledupar2 y el Tribunal Administrativo del Cesar3, al
proferir, respectivamente, las providencias de 6 de diciembre de
2019 y 13 de mayo de 2021, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
20001-33-33-001-2016-00134-01.
I.2.- Hechos
Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC, con el fin de que se declarara a dicha entidad
responsable por los perjuicios ocasionados como consecuencia de un
2 En adelante el Juzgado.
3 En adelante el Tribunal.
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ataque sufrido con arma blanca el 21 de enero de 2014, mientras se
encontraba recluido en una institución carcelaria del Municipio de
Valledupar.
Relató que a la demanda le fue asignado el número de radicación
2016-00134 y correspondió por reparto al Juzgado que, en sentencia
de 6 de diciembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones,
por lo que condenó al INPEC al pago de los perjuicios morales y daño
a la salud, y denegó los perjuicios materiales solicitados en
modalidad de lucro cesante.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, que fue conocido por el Tribunal que, en sentencia de 13
de mayo de 2021, confirmó la decisión del a quo.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en defecto procedimental al apartarse de lo dispuesto en los artículos
193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 del Código General del Proceso,
por medio de los cuales se estableció el procedimiento a seguir para
las condenas en abstracto y el incidente de liquidación con el fin de
determinar los perjuicios solicitados.
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Resaltó que también incurrieron en decisión sin motivación, pues si
bien es cierto que durante dicho período estuvo privado de la libertad
y no laboró, ello no es óbice para que se le hubiese denegado el
reconocimiento de los perjuicios materiales en modalidad de lucre
cesante futuro.
Adujo que se incurrió en defecto fáctico al dejar de darle valor
probatorio a los dictámenes periciales aportados, así también, en
desconocimiento del precedente judicial dispuesto por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en cuanto al reconocimiento de los
perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante.
Finalmente, aseveró que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en violación directa de la Constitución al proferir las
providencias acusadas, pues hicieron caso omiso a las normas
constitucionales y legales que regulan el caso concreto.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] 2. Que como consecuencia de lo anterior Dejar sin Efectos la
Sentencia de fecha 13 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
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Administrativo del Cesar, la cual confirmo la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Administrativo de Valledupar.
3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, para que,
en un término prudencial, profiriera una nueva sentencia u otra de
adición, conforme a los parámetros desarrollados por el Honorable
Consejo de Estado, resolviendo de fondo las pretensiones con
fundamento en el acervo probatorio aportado […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El Tribunal solicitó denegar el amparo deprecado,
comoquiera que la providencia dictada por esa Corporación no es
constitutiva de vía de hecho, máxime cuando en el plenario no existió
prueba pericial incorporada válidamente o que tuviera eficacia
probatoria, por lo que decidió prescindir de ese monto
indemnizatorio.
I.5.2.- El Juzgado pese a ser notificado en debida forma, guardó
silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El INPEC solicitó que se declare improcedente la solicitud de
amparo, toda vez que no se cumple con el requisito de subsidiaridad,
pues el actor tiene a su alcance los recursos que dispone la
jurisdicción contencioso administrativo, dentro del medio de control
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de reparación directa, para que sea en ese escenario en el que
exponga sus inconformidades.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta mediante sentencia de 10 de febrero de 2022,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
cumplió con el requisito de la inmediatez, dado que la acción de tutela
de la referencia fue presentada por fuera del término establecido por
la jurisprudencia constitucional, sin que se expusieran razones que
justifiquen la tardanza en el ejercicio del presente mecanismo
constitucional.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los
siguientes términos:
Sostuvo que en la actualidad se encuentra privado de la libertad en
la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Valledupar, desde hace más
de seis años, lo que lo ubica en una situación de desventaja,
comoquiera que no cuenta con los medios tecnológicos que le
permitan acceder de manera oportuna a la administración de justicia.
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Relató que la demora en presentar la solicitud de amparo encuentra
su razón en que, a pesar de haber solicitado las copias del proceso
de reparación directa, las autoridades judiciales accionadas se
demoraron en allegar las mismas, lo que le impidió acceder en tiempo
a la acción de tutela, además, el término para contabilizar la
inmediatez debió empezar a correr a partir del 1o. de septiembre de
2021, momento en el cual cobró ejecutoria la sentencia dictada en
segunda instancia.
Finalmente, destacó que se encuentra en estado de indefensión y
vulnerabilidad, ya que no cuenta con la libertad y los medios para
ejercer las acciones judiciales de manera oportuna.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
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de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 6 de diciembre de 2019 y 13
de mayo de 2021, por medio de las cuales el Juzgado y el Tribunal,
respectivamente, accedieron parcialmente a las pretensiones de la
demanda formuladas dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2016-00134-
01.
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
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comoquiera que, a su juicio, incurrieron en los defectos
procedimental, fáctico, decisión sin motivación, violación directa de
la Constitución y desconocimiento del precedente, pues se debió
acceder a los perjuicios materiales en modalidad de lucre cesante
solicitados en la demanda.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Sección Quinta que, mediante sentencia de 10 de febrero de 2022,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
cumplió con el requisito de inmediatez, además, el actor no presentó
justificación alguna para la tardanza en la presentación de la solicitud
de amparo.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida por la Sección Quinta bajo el argumento de que en la
actualidad se encuentra privado de la libertad en la Penitenciaría de
Máxima Seguridad de Valledupar, lo que lo ubica en una situación de
desventaja, comoquiera que no cuenta con los medios tecnológicos
que le permitan acceder de manera oportuna a la administración de
justicia; además, las autoridades judiciales accionadas se demoraron
en allegar las copias del proceso solicitadas, lo que le impidió acceder
en tiempo a la acción de tutela.
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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso carece del requisito de
inmediatez, tal como lo consideró el a quo o si, por el contrario, se
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, y, de ser así, ii) determinar si
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
endilgados.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial el requisito de la
inmediatez.
La Sala resalta que revisado el Software de Gestión de Consulta de
Procesos de la Rama Judicial y el expediente digital referente al
proceso de reparación directa objeto de tutela, se advierte que la
providencia de 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal, fue
notificada mediante correo electrónico remitido el 27 de mayo de
2021, mientras que la presente acción de tutela se presentó el
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16 de diciembre de 20214, esto es, transcurridos 6 meses y 19
días, superando así los 6 meses que han sido estimados por la
jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de
tutela el contenido de una decisión judicial, sin que se hubiesen
presentado razones válidas para la inactividad de la parte actora o
que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de
amparo.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”5.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
4https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110
010315000202111771011100103
5 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se
ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un
examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros,
cuya situación podría verse injustamente afectada por el
otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,
la Corte Constitucional ha señalado que6:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que el
amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer
lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los
derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
6 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
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judiciales, sostuvo7:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia
en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la
seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las
acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido
la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo
desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia
judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe mediar un término
razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce
como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial,
requisito que garantiza la realización del principio de
seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al
asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, op. cit.
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de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión10;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
8 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
10 Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González
Cuervo.
11 Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
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manifiesta12.
Con el fin de justificar la tardanza en la presentación de la acción de
tutela, el actor alegó que se encuentra privado de la libertad en la
Penitenciaría de Máxima Seguridad de Valledupar, desde hace más
de seis años, por lo que no cuenta con los medios tecnológicos que
le permitan acceder de manera oportuna a la administración de
justicia.
En este punto, es del caso destacar que para esta Sala13 la
condición de población privada de la libertad, ya sea como
consecuencia de una medida de aseguramiento de detención
preventiva o de una condena, supone, en sí misma, una situación de
especial protección constitucional, tal como la Corte Constitucional14
ha dispuesto “toda persona privada de la libertad, sin importar cual
sea su condición, se encuentra en relación especial de sujeción”.
No obstante, dicha condición de privación de la libertad y de especial
sujeción, no conlleva, per se, a que las personas privadas de la
12 Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente:
doctor Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
14 de septiembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, rad. 66001-23-33-000-
2016-00522-02.
14
Corte Constitucional. Sentencia T – 388 de 2013. M.P.: María Victoria Calle Correa.
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libertad se encuentren en imposibilidad de acudir oportunamente a
la administración de justicia para promover las acciones
constitucionales que consideren pertinentes, a efectos de proteger
sus derechos fundamentales.
Sobre el particular, esta Sala de decisión en sentencia de 1o. de julio
de 202115, precisó lo siguiente:
“[…] Significa lo anterior que, si bien es cierto una persona privada
de la libertad se encuentra en condiciones de especial sujeción
hacia el Estado y, naturalmente, su libertad de locomoción se
encuentra restringida, esta circunstancia, per se, no es suficiente
para tener por justificado el ejercicio tardío del mecanismo de
amparo, especialmente, cuando este se utiliza con el objetivo de
controvertir decisiones judiciales.
Lo dicho en precedencia permite señalar que el término de
seis meses establecido por esta Corporación como
razonable para el ejercicio oportuno de la acción de amparo
en contra de providencias judiciales -el cual ha sido
aceptado unánimemente por las Secciones que integran
esta Corporación en su jurisprudencia- también es exigible
a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Sin
perjuicio de que, en cada caso concreto, se hayan presentado
circunstancias especiales que justifiquen el ejercicio -posterior a los
seis meses- del mecanismo de defensa constitucional.
[…]
Profundizando en lo anterior, habría que señalar que las personas
que se encuentran privadas de la libertad tienen el derecho a
interponer -directamente o a través de apoderados judiciales- el
mecanismo de amparo constitucional, y es por ello que resulta
proporcional y razonable exigir que la acción de tutela dirigida en
contra de providencias judiciales sea interpuesta dentro de un
término razonable […]”.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
1o de julio de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación 11001-03-15-000-2021-
03490-00.
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De lo anterior se desprende que la condición de privación de la
libertad no justifica, por si misma, el ejercicio tardío en la solicitud
de amparo, comoquiera que se requiere de circunstancias específicas
que acrediten qué le impidieron ejercer con prontitud la acción de
tutela.
En este punto, la Sala resalta que el Alto Tribunal Constitucional16 ha
considerado que el acceso a la administración de justicia hace parte
de los derechos clasificados como intocables, en razón a su relación
intrínseca con la dignidad humana, de tal forma que es deber del
Estado, a través del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario,
garantizar a la población privada de la libertad el acceso efectivo a la
administración de justicia.
Los numerales 1º y 2º del artículo 30 del Decreto 4151 de 2011,
disponen sobre el particular lo siguiente:
“[…] Son funciones de los Establecimientos de Reclusión, las
siguientes:
1. Ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas
privadas de la libertad al interior de los establecimientos de
reclusión velando por su integridad, seguridad, el respeto de
sus derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas por
autoridad judicial.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-049 de 2016. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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2. Ejecutar los proyectos y programas de atención integral,
rehabilitación y tratamiento penitenciario, procurando la
protección a la dignidad humana, las garantías
constitucionales y los derechos humanos de la población
privada de la libertad […] (Destacado fuera de texto).
De lo expuesto en precedencia es dable concluir que la justificación
del actor no resulta de tal validez, comoquiera que si bien se
encuentra privado de la libertad en la Penitenciaría de Máxima
Seguridad de Valledupar, cuenta con la posibilidad de acudir
oportunamente a solicitar el amparo deprecado, si se tienen en
cuenta las obligaciones a cargo del centro penitenciario en el que se
encuentra recluido, de conformidad con la garantía de acceso a la
administración de justicia de las personas privadas de la libertad.
En este punto, es del caso destacar que en ningún momento el actor
ha manifestado que el centro de reclusión ha omitido su
responsabilidad de garantizarle el acceso a la administración de
justicia, por lo que pese a encontrarse privado de la libertad, tiene la
posibilidad de acceder a la administración de justicia.
Sumado a lo anterior, en cuanto al argumento dirigido a justificar el
ejercicio tardío de la acción de tutela por la demora en la entrega de
las copias del proceso de reparación directa por parte de las
autoridades judiciales accionadas, la Sala advierte que tampoco tiene
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vocación de prosperidad, en la medida que revisado el expediente
allegado en forma digital del proceso objeto de debate, se observa
que el actor presentó solicitud de copias el 13 de septiembre de 2021,
las cuales fueron remitidas al señor ORTIZ PEÑA el 1o. de octubre
de esa misma anualidad.
De tal forma que desde el 1o. de octubre de 2021 el actor ya contaba
con las copias del proceso, por lo que no se encuentra justificación
alguna para la demora en la solicitud de amparo, aunado a lo
anterior, no se advierte que el centro penitenciario le hubiera
impedido el acceso a la administración de justicia.
Así pues, no se encuentran razones válidas que justifiquen la
tardanza en la presentación de la solicitud de amparo en la existencia
de un perjuicio irremediable, pues como quedó visto, el actor hizo
uso del presente mecanismo constitucional solo hasta el 16 de
diciembre de 2021, esto es, 6 meses y 19 días después.
Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
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intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció que la situación de la parte actora se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación
por fuera del término establecido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, se concluye que la solicitud de amparo constitucional se
presentó por fuera de la pauta jurisprudencial de los seis meses que
fijó la Sala Plena del Consejo de Estado como término razonable para
cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Finalmente, se destaca que en la sentencia SU-354 de 25 de mayo
de 201717, la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia
del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia
judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los
seis meses establecido por regla general como tiempo razonable,
dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba
en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
17
Corte Constitucional, M.P. doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación, como
quedó visto, no se observa en el presente caso.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo presentada por la parte
actora por no cumplirse el requisito de la inmediatez, como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de marzo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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