Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11775-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-11775-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-11775-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
3 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11775-00
Demandantes: César Augusto Ardila López
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11775-00
Demandante: CÉSAR AUGUTO ARDILA LÓPEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia de la misma naturaleza –
improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por el señor César Augusto Ardila
López contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida la Sección Primera
del Consejo de Estado, en el curso de la acción de tutela con radicado N.° 11001-
03-15-000-2021-04702-01.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 15 de diciembre de 2021 al correo electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co , el señor César Augusto Ardila López, actuando
en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección
Primera y Sección Cuarta, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y a una vivienda digna.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual confirmó la providencia del 16
de septiembre de 2021 del Consejo de Estado – Sección Cuarta, que declaró la
improcedencia de la acción. Lo anterior, en el trámite del proceso de tutela con
radicado N.° 11001-03-15-000-2021-04702-01, iniciado por el accionante contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla.
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Demandantes: César Augusto Ardila López
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos fundamentales
invocados y como consecuencia, reclamó lo siguiente:
“(…) Se revoquen las sentencias proferidas en fecha 16 de septiembre de 2021
Honorable Magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto en primera instancia y la
sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021 Consejera Ponente Nubia Margoth
Peña Garzón.
4. Subsidiario a lo anterior se revoquen las sentencias de primera instancia del
juzgado 11 administrativo de Barranquilla de fecha 22 de noviembre de 2016 y
Tribunal Administrativo del Atlántico de fecha 2 de octubre de 2020, dentro del
expediente con radicado No 08-001-33-31-011-2015- 00014-00-HMP. Dr. Ángel
Hernández Cano, pero notificada debidamente el día 16 de junio de 2021.
5. Se concedan cada una de las pretensiones de la demanda por la legalidad de
las pruebas aportadas y se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico dentro
del expediente con radicado No 08-001-33-31-011- 2015-00014-00-HMP. Dr.
Ángel Hernández Cano proferir una nueva sentencia conforme a las pruebas
aportadas y lo que el despacho así lo determine a fin de garantizar mis derechos
constitucionales y los de la familia a una vivienda.”.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor César Augusto Ardila López en ejercicio de la acción de tutela solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
vivienda digna, los cuales estimó vulnerados por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico al haber proferido
las providencias de 22 de noviembre de 2016 y de 2 de octubre de 2020,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el N.° de radicación 08001-33-33-011-2015-00014-01.
5. A juicio del demandante, las decisiones judiciales objeto de tutela incurrieron en
un defecto fáctico, al considerar que i ) “el señor juez no quiso darle relevancia al dictamen
pericial, entonces si se violó el derecho a la defensa, porque espacio público me notifica pero
no se me admite la declaración de los testigos, porque otra fuera la suerte si la oficina de
espacio público concluye en su informe inicial que esas 4 paredes no las construyo quien las
posee”, ii) “ni la oficina de espacio público ni los despachos tuvieron en cuenta aplicar el
contenido de la sentencia de la Corte Constitucional T-034 de 2004, ) en la que se aplicó el
principio de la confianza legítima como mecanismo para conciliar el conflicto entre el interés
público y el privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el
administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones ”, iii) “no es cierto que
desde antes de poseer y habitar el inmueble de la referencia construido sin licencia sobre
bien fiscal el actor tenía conocimiento de las vicisitudes que presentaba”, y iv) “el señor juez
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11 administrativo mantiene una línea errónea para resolver los cargos, ya que me endilga
siempre la construcción y la carga de la licencia, sin tener en cuenta que, ni la alcaldía ni el
mismo objetan el dictamen de la perito que nombró el despacho, donde esta manifiesta que
tiene más de 25 años de construido, folio (320) año 1988 y aquí quiero resaltar que para esa
época no existía el requisito de licencia para construcción y no puede también pretender que
el suscrito tramite la licencia en 45 días, cargo imposible que no puedo asumir, porque el
mismo despacho reconoce que el inmueble está a nombre del J.C.T. única entidad para
tramitar dicha licencia por ser propietario o titular, con certificado de tradición del bien a mi
nombre, siendo esos los requisitos que se me anunciaron en la curaduría urbana ”. (Sic a
toda la cita).
6. En dicho proceso de tutela, mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo solicitado,
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que los
argumentos expuestos por el actor correspondían a asuntos de mera legalidad, toda
vez que la configuración del defecto fáctico alegado fue planteado y resuelto por las
accionadas dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
objeto de la controversia.
7. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó y el Consejo de Estado –
Sección Primera, mediante fallo del 11 de noviembre de 2021 confirmó la decisión
del a quo al considerar que no se advertía la existencia de una cuestión que fuera de
“verdadera relevancia constitucional” y que implicara una trasgresión de los derechos
fundamentales del actor, sino la reiteración de los planteamientos que ya fueron
estudiados por el juez natural “y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el cual
el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter
de una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario”.
1.3. Fundamentos de la vulneración
8. La parte actora consideró vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia
del 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por medio de la cual confirmó la providencia del 16 de septiembre de 2021
del Consejo de Estado – Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción.
Lo anterior, en el trámite del proceso de tutela con radicado N.° 11001-03-15-000-
2021-04702-01, iniciado por el accionante contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
9. En primer lugar, indicó que ya había interpuesto una acción de tutela con similitud
de supuestos al del presente trámite, sin embargo, “quiero modificar la forma presentar
la tutela, por ello pido muchas disculpas por las fotos, por subrayar aun en mayúscula y
negrillas, por repetir conceptos, pero todo honorable magistrado es para que se haga más
entendible la violación al debido proceso vía de hecho y derecho a la vivienda, presunción
de inocencia.”.
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10. A continuación, realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
11. Adujo que el fallo de tutela acusado no dio valor probatorio a la declaración de
los testigos en audiencia y “ pareciera que no escucho los audios donde el señor Pedro
Palomino quien viven en frente de la casa hace más de 60 años afirmó, bajo la gravedad de
juramento que esa construcción tiene más de 25 años, realizada por el señor Hernando
padilla, de la misma forma el señor Luis Alberto Martínez adulto mayor y señor Adolfredo
González Guardo quien laboro conmigo desde el año 1982 y vive en el barrio”. (Sic para
toda la cita).
12. Agregó que tampoco valoró el dictamen del perito, “se puede notar que NO leyó el
informe pericial, el cual No fue tachado de falso, no hubo pronunciamiento en contra sobre
el mismo, no tuvo en cuenta la legitima confianza ya que pago impuestos y el inmueble a la
fecha la alcaldía envía recibo a a nombre del suscrito cesar Ardila para pagar impuestos, sin
embargo no me permite la curaduría legalizar la construcción porque no está ante la oficina
de instrumentos públicos copia de la adjudicación por la alcaldía, que llegue como poseedor
de buena fe…”. (Sic para toda la cita).
13. Estimó que la autoridad judicial accionada le dio un trato “como si hubiera comprado
un inmueble privado, yo hubiera ampliado y me exigen licencia de construcción. No, porque
compre una posesión de terrenos del I.C.T. en un inmueble ya construido y que a la fecha
por pagar impuestos me los adjudicaron como lo prueba el recibo que aporto”. (Sic para
toda la cita).
14. Arguyó que se le declaró la improcedencia de la acción sin tener en cuenta la
sentencia SU 132 del 2002 “ que afirma que la negativa a la práctica o valoración de un
medio probatorio por un juez dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en la
ineficacia de ese medio para cumplir con la finalidad de demostrar los hechos en que se
soporta una determinada pretensión, toda vez que constituye un derecho para todas las
personas presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra.”. Agregó que
también se desconocieron las sentencias de la Corte Constitucional T-117 de 2013,
T-041 de 2018, SU-774 de 2014 y C- 244 de 1996.
15. Concluyó que, la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que en el
proceso ordinario se denegó el decreto de varios testimonios que demostraban la
antigüedad del inmueble objeto del proceso y que no construyó la obra por la que se
le impuso la sanción.
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1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
16. Mediante auto del 27 de enero de 2022, la magistrada ponente dispuso, entre
otras, admitir la demanda y notificar a la parte actora, así como al Consejo de Estado
– Sección Primera y Sección Cuarta, como autoridades judiciales accionadas.
Igualmente, vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico,
al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, al Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y a la Nación – Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
17. Por último, negó la medida de suspensión provisional solicitada al no encontrar
acreditada una situación de vulneración o indefensión del actor que constituyera un
perjuicio irremediable o un peligro inminente.
1.5. Intervenciones
18. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado – Sección Primera
19. Mediante escrito del 4 de febrero de 2022 la magistrada ponente de la decisión
enjuiciada solicitó declarar la improcedencia de la acción, habida cuenta de que no
se superaba el requisito de tutela contra decisión de la misma naturaleza, aunado a
que no se acreditó una situación de fraude o una circunstancia excepcional de
procedibilidad establecida por la Corte Constitucional.
1.5.2. Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla
20. Con escrito del 4 de febrero de 2022 afirmó que, como juez de primera instancia
del proceso ordinario, negó las súplicas de la demanda en atención a que no se
desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, puesto que al analizar
cada uno de los cargos de nulidad propuestos por la parte actora, no se acreditó
violación alguna de los derechos al debido proceso y a la vivienda
1.5.3. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sala de Decisión
Oral – Sección B
21. A través de escrito del 10 de febrero de 2022 solicitó declarar la improcedencia
de la acción por no cumplirse con el requisito de tutela contra decisión de la misma
naturaleza. Subsidiariamente, pidió que, de superarse la improcedencia, la
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protección invocada debía negarse, por cuanto en la sentencia proferida por dicho
tribunal no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, “en tanto así se
desprende de la parte considerativa, carga argumentativa a la cual me remito para que sea
tenida como parte integrante de esta respuesta.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
22. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor César Augusto Ardila López, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 371 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Consejo de Estado – Sección Primera y Cuarta.
2.2. Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan
en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela
contra providencia judicial?
24. De ser positiva la respuesta, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Primera y Cuarta vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y a una vivienda digna con ocasión
de la sentencia del 11 de noviembre de 2021, por medio de la cual confirmó la
providencia del a quo, que declaró la improcedencia de la acción de tutela?
25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y
(iii) el análisis del caso concreto.
1
“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su procedencia.4
27. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
28. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
29. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1 Tutela contra sentencia de tutela
30. En el caso concreto, la Sala advierte que el accionante alega como causa
generadora de la vulneración de sus derechos fundamentales las providencias
dictadas por el Consejo de Estado Sección Primera y Cuarta, en una acción de la
misma naturaleza, por medio de las cuales se declaró la improcedencia de aquella
por no superar el requisito de relevancia constitucional, lo cual torna imperativo
analizar la procedencia excepcional en el sub examine.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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31. En primera instancia, la Sección Cuarta de la Corporación declaró la
improcedencia del mecanismo, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Sostuvo que los argumentos expuestos por el actor correspondían a
asuntos de mera legalidad.
32. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó y el Consejo de Estado –
Sección Primera, mediante fallo del 11 de noviembre de 2021 confirmó la decisión
del a quo al considerar que no se advertía la existencia de una cuestión que fuera de
“verdadera relevancia constitucional” y que implicara una trasgresión de los derechos
fundamentales del actor, sino la reiteración de los planteamientos que ya fueron
estudiados por el juez natural.
33. La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 20155, unificó la jurisprudencia
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma
naturaleza y contra actuaciones de los jueces anteriores o posteriores a la sentencia.
Así, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela, salvo cuando exista fraude y, en consecuencia, esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta y se configuren los demás requisitos de
procedencia:
“Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
35. Así las cosas, teniendo en cuenta que el actor no alegó algunas de las causales
excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra decisión de la misma
naturaleza establecidas por la Corte Constitucional, no se encuentra superado el
referido requisito de procedibilidad.
2.5. Conclusión
36. En virtud de lo expuesto, en consideración a que no se encontró acreditado el
requisito adjetivo de la acción de tutela ni las circunstancias que, eventualmente
implican su procedencia, corresponde a esta Sala declarar su improcedencia al
pretenderse que se dejen sin efecto las providencias dictadas el 11 de noviembre de
5
Corte Constitucional, Sentencia SU 627, 01.10.2015, M.P. Mauricio González Cuervo
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Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
2021 y 16 de septiembre de 2021 por la Sección Primera y Cuarta del Consejo de
Estado, respectivamente, en el marco de un mecanismo de la misma naturaleza.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el
señor César Augusto Ardila López, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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