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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11785-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11785-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo del 2022 dictada por la Sección Primera de esta Corporación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11785-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de mayo de 2022

Demandantes: Olga Obeida Osorio López y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11785-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11785-01
Demandantes: OLGA OBEIDA OSORIO LÓPEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio de control
de reparación directa respecto de de delitos de lesa humanidad.
Reiteración jurisprudencial. Confirma negativa.1

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

1. Decide la Sala la impugnación formulada por la parte actora contra la
sentencia de 25 de marzo de 2022, dictada por la Sección Primera del Consejo de
Estado. En el fallo de tutela de primer grado se negó la solicitud de amparo invocada
por los accionantes.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda

2. Con escrito radicado el 16 de diciembre del 2021 al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, Olga Obeida Osorio López, Luis
Fernando Arboleda Osorio, Diego Édison Arboleda Osorio, Josefina Ramos
Chaverra, Justino Ramos Chaverra, Judith Ramos Chaverra, Julisa Ramos Chaverra,
José Enrique Ramos Chaverra y Juana Ramos Chaverra promovieron acción de
tutela contra la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación. Con la solicitud
de amparo constitucional pretenden que le sean amparadas sus garantías
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral.

1
Al respecto, consultar las sentencias de 26 de agosto de 2021 y 7 de diciembre del mismo año.
Expedientes: 11001-03-15-000-2021-04855-00, M.P Rocío Araujo Oñate y 11001-03-15-000-2021-
05664-01, M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Olga Obeida Osorio López y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11785-01

3. La parte actora consideró vulnerados dichos derechos fundamentales con
ocasión de la sentencia del 21 de mayo del 2021, emitida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. En esta providencia ordinaria se revocó la decisión
de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó y, en su lugar,
se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa instaurado en contra de la Nación – Ejército y Policía Nacional2.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

[…] 7.1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso legal, acceso a la
justicia, a la igualdad, a la reparación integral, vida en sus vertientes de proyecto de
vida y vida digna, contenidos en la Carta Política y los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos.

7.2. En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 21 de mayo de 2021,
notificada personalmente el 17 de junio de 2020 dentro del proceso radicado 27001-
23-33-000-2014-00206-01 (63381) proferida por la Subsección “A” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

7.3. Se ordene a la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado emitir, dentro de un plazo razonable, una nueva sentencia que sea
consecuente con la normativa legal, constitucional y convencional vigente sobre
los términos extintivos de la caducidad, garantizando los derechos
fundamentales alegados y las obligaciones internacionales del Estado
contenidas en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Colombia […].

1.3. Hechos

5. De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten
los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia.

6. El 20 de diciembre de 1996, el señor Benjamín Artemio Arboleda Chaverra
quien para esa época era el alcalde encargado del municipio de Riosucio (Chocó),
junto con otras personas, fue retenido por miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC).

7. El 24 de octubre del 2014, los familiares de Benjamín Artemio Arboleda
Chaverra, en ejercicio del medio de control de reparación directa establecido en el
artículo 140 del CPACA, presentaron demanda contra el Ejército y la Policía
Nacional. En esta pretendían ser reparados por los daños sufridos por la
desaparición del mencionado señor.

2
Lo anterior en el trámite del proceso de reparación directa Nº. 27001-23-33-000-2014-00206-00/1.

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Demandantes: Olga Obeida Osorio López y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
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8. El conocimiento de la demanda correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo del Chocó. Esa corporación judicial, en providencia del 23 de
noviembre del 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de los demandantes.

9. Inconformes con la decisión, los extremos procesales del proceso ordinario
presentaron recursos de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó. Estos fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A por medio de la sentencia del 21 de mayo del 2021. En dicho
fallo la mencionada autoridad judicial revocó la decisión de primer grado y declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa.

10. Para fundamentar tal determinación, la autoridad judicial precisó que los
demandantes habían tenido conocimiento de la muerte de su familiar pocos días
después de su retención, por las declaraciones que realizó el propio grupo ilegal. Al
respecto, en la sentencia controvertida se sostuvo que: “[d]ías después de los
hechos, los mismos miembros del grupo paramilitar informaron a los familiares de las
víctimas y a varias personas del pueblo la suerte que había corrido el señor
Benjamín Arboleda, sin precisar el lugar exacto donde yacían sus restos. Lo anterior
guarda lógica con lo expresado por la testigo sobre el conocimiento de la muerte del
desaparecido alcalde encargado del municipio de Riosucio”.

11. Por lo tanto, en la sentencia controvertida se explicó que como para el año de
1996 estaba vigente el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), la
demanda debió promoverse en los 2 años siguientes a la ocurrencia de los hechos.
Comoquiera que la demanda fue presentada el 24 de octubre de 2014, sin que en el
expediente se hubiera acreditado alguna imposibilidad material para interponer el
medio de control, se llegó a la conclusión de que había operado el fenómeno jurídico
de la caducidad.

1.4. Fundamentos de la vulneración

12. Los accionantes consideran que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

13. Defecto sustantivo, ya que omitió aplicar el inciso segundo del literal i) del
artículo 164 del CPACA, en el cual se establece que el término de caducidad del
medio de control de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se
debe contar a partir de la fecha en que aparezca la víctima o la ejecutoria del fallo
penal definitivo.

14. En este punto los actores manifestaron que sólo hasta el 29 de abril del 2022
recibieron los restos de su familiar fallecido. Por lo tanto, consideraron que debe ser
a partir de ese momento que se cuente el término de caducidad, en aplicación de la
norma referida.

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15. Defecto fáctico, debido a que asumió que los accionantes conocían de la
desaparición de su familiar desde el año 1997, pero basado en simples rumores que
fueron manifestados en los testimonios rendidos al interior del proceso por parte de
unos paramilitares y personas habitantes de la zona. Por lo tanto, consideran que la
prueba que debe tenerse en cuenta para acreditar la desaparición forzada es la
entrega del cadáver, que se produjo hasta el 29 de abril del 2022, luego de muchos
años de incertidumbre.

16. Desconocimiento del precedente, ya que no se tuvo en cuenta la sentencia
de unificación del 29 de enero del 2020 proferida por la Sección Tercera de esta
Corporación, ni tampoco la SU-312 del 2021 de la Corte Constitucional. Ambas
providencias reiteraron la regla excepcional en el cómputo de la caducidad del medio
de control de reparación directa cuando se trata del delito de desaparición forzada.

17. Igualmente, puso de presente unas sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que, a su juicio, han sido enfáticas en determinar que el delito de
desaparición forzada finaliza cuando la víctima aparece y se tiene certeza de su
identidad y no cuando los criminales hablan sobre la suerte de sus víctimas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

18. Mediante auto del 12 de enero del 2022, el magistrado que conoció en
primera instancia del asunto admitió la tutela de la referencia. En este auto ordenó
notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial accionada.

19. Igualmente, dispuso la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y Ejército Nacional; el Tribunal Administrativo del Chocó
y los señores Denia Moya, Reinerio Martínez Rengifo, Reinero Martínez Moya,
Yasiris Martínez Moya, Yosiris Martínez Moya, Javier Martínez Moya y Édinson
Martínez Moya, que actuaron también como demandantes en el proceso ordinario.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

20. La magistrada ponente de la decisión controvertida en la presente tutela rindió
informe en el que sostuvo que lo pretendido por los actores es reabrir el debate
surtido en sede de instancia. Puso de presente que la sentencia censurada no
incurrió en “defecto fáctico” por una valoración “arbitraria, irracional y caprichosa” de
las pruebas, dado que, con base en un testimonio y los elementos recaudados, se
estableció que, días después de que el señor Arboleda Chaverra fuera desaparecido,
los mismos miembros del grupo paramilitar que perpetraron el ataque informaron a

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Demandantes: Olga Obeida Osorio López y otros
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los familiares de las víctimas y a varias personas del pueblo sobre el asesinato de la
persona retenida. En ese sentido, sostuvo que en la sentencia se indicó que el hecho
de que el señor Arboleda Chavarro hubiese sido asesinado y esa situación fuera
conocida por sus familiares concretaba el daño, al margen de que no se tuviera
conocimiento sobre la ubicación de sus restos.

21. Así las cosas, sostuvo que, en virtud del conocimiento que tuvieron los
familiares del señor Arboleda Chaverra sobre su asesinato, no resultaban aplicables
los supuestos del cómputo de caducidad para los eventos de desaparición forzada.
Por lo anterior, señaló que en el fallo ordinario se decidió aplicar los criterios
establecidos en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 sobre el término
general de caducidad del medio de control de reparación directa frente a los delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra.

1.6.2. Policía Nacional

22. El jefe de Asuntos Jurídicos manifestó que la providencia enjuiciada se ajustó
a los parámetros legales y jurisprudenciales para este tipo de casos. Por lo tanto,
afirmó que no existió vulneración alguna de las garantías fundamentales de los
accionantes.

1.6.3. Las demás personas notificadas y vinculadas no emitieron pronunciamiento,
pese a ser notificados en debida forma.

1.7. Fallo impugnado

23. La Sección Primera de esta Corporación, por medio de sentencia del 25 de
marzo del 2022, negó el amparo solicitado. Consideró que la decisión fue razonable
y no incurrió en los defectos alegados por los actores, con base en las siguientes
consideraciones.

24. Adujo que no existió defecto sustantivo porque el fallo cuestionado aplicó de
manera correcta la normatividad vigente para la época en que se produjo la
desaparición forzada, es decir, el Código Contencioso Administrativo. Por lo tanto,
como en el artículo 136 se establecía que la acción de reparación directa debía
ejercerse después de 2 años contados a partir del acaecimiento del hecho, los
accionantes debieron respetar dicho término.

25. Aunado a lo anterior, consideró que no existió defecto fáctico ya que en las
pruebas analizadas se acreditó que los actores conocieron de la muerte de su
familiar desde el año 1997. Por lo tanto, mal hicieron en presentar la demanda en el
año 2014, a todas luces por fuera del término de caducidad indicado.

26. Respecto del desconocimiento del precedente manifestó que tampoco se
configuró dicho defecto. Lo anterior, debido a que la sentencia de unificación del 29

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de enero del 2020 emitida por la Sección Tercera y la SU-312 del 2021 de la Corte
Constitucional hacen referencia a la interpretación del artículo 164 del CPACA, pero
no de la norma del antiguo código que era el aplicable para la fecha en que
ocurrieron los hechos.

1.8. Impugnación
27. Por conducto de apoderado judicial, los accionantes impugnaron la decisión
de primer grado. Consideraron que en el presente asunto debe hacerse un estudio
de tipo convencional sobre la aplicación del término de caducidad para los casos de
desaparición forzada. Indicaron que desde el año 1988, en el fallo del caso
Velásquez Rodríguez vs Honduras, la CIDH estableció que el delito de desaparición
forzada será considerado como continuado o permanente, mientras no se establezca
el destino o paradero de la víctima. Por lo tanto, como Colombia reconoció la
competencia de dicho tribunal internacional en 1985, esa interpretación era aplicable
para la época de los hechos.

28. En vista de lo anterior, como la suerte de la víctima solo fue conocida hasta el
29 de abril del 2022, era evidente que a partir de ese momento cesó el delito. Por lo
tanto, indicaron que no puede tenerse como fecha cierta el año 1997 con base en
unos rumores dados por unos delincuentes.

29. En todo caso, indicaron que la demanda se presentó en el año 2014 con base
en la interpretación vigente para dicho momento, que establecía que el término de
caducidad no aplicaba para los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, consideraron
que no se podía aplicar de manera retroactiva el nuevo criterio de la sentencia de
unificación del 29 de enero del 2020, sacrificando la posibilidad de que decidan de
fondo el asunto.

2.CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por los
accionantes contra el fallo de primera instancia emitido por la Sección Primera de
esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

31. En primer lugar, la Sala advierte que el grupo accionante está legitimado en la
causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y

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los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. En efecto, porque
integraron el grupo demandante en el proceso de reparación directa promovido
contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército y Policía Nacional, en la que se
declaró la caducidad del medio de control.

32. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

33. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A está legitimada en la causa por pasiva, por ser la
autoridad judicial que profirió el fallo censurado al interior del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado N.º 27001-23-33-000-2014-00206-
00/1, que es objeto de esta acción constitucional.

2.3. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
tutela contra providencia judicial?

35. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los derechos
fundamentales invocados por presuntamente incurrir en los defectos, fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir la providencia
enjuiciada, a través del cual revocó la decisión de primer grado y declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control reparación directa,
ejercido por el grupo familiar de la víctima, contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

36. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados y, (iv) análisis del caso
concreto.

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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales5.

38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia7 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial8.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:
i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi ) Que no se trate de sentencias de tutela.
8
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.

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39. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y quinto
de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta con los
requisitos especiales.

40. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

41. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará la
carga argumentativa alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

43. En el sub judice se supera este requisito porque el problema jurídico planteado
hace necesario analizar si en este caso se está ante unas víctimas del delito de
desaparición forzada a las que no les era exigible el término general de caducidad de
dos años establecido en los artículos 136 del Decreto 01 de 1984 y, posteriormente,
en el 164 de la Ley 1437 de 2011 CPACA. Por lo tanto, se deberá determinar la
razonabilidad de la providencia proferida del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, a través de la cual revocó la decisión de primera instancia y declaró
probada de oficio la excepción de caducidad en el marco de la demanda que instauró
la parte actora contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

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44. Igualmente, se observa que lo planteado por los actores no se trata de un
debate de orden exclusivamente legal. En efecto, el grupo accionante consideró
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, por cuanto el operador jurídico tutelado aplicó la figura
de la caducidad a su caso en concreto, de conformidad con la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, siendo que para la fecha en la que instauró el
respectivo medio de control, el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado indicaba
que, ante la comisión de delitos de lesa humanidad, no se tendría en cuenta el citado
conteo de términos. Igualmente, sostienen que la sentencia controvertida desconoció
los estándares establecidos por la Corte IDH para los casos de desaparición forzada.

45. Teniendo en cuenta los argumentos presentados en el escrito de tutela, los
derechos fundamentales comprometidos y la calidad de víctimas de graves delitos
contra los derechos humanos de los actores; la Sala considera que se supera este
requisito. En virtud de lo expuesto, es importante resaltar que el asunto es de
relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste
violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.

46. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.6.2. Tutela contra tutela

47. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno frente al presente requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una
tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia que se censura
fue proferida dentro del proceso de reparación directa reseñado en líneas
precedentes.

2.6.3. Inmediatez

48. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia cuestionada fue notificada por correo el 18 de
junio de 20219, mientras que la presente acción de tutela fue incoada el 16 de
diciembre del mismo año. Esto es, dentro de los seis meses que esta Sala ha
considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

9
Según se advierte en el sistema Samai.

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Demandantes: Olga Obeida Osorio López y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11785-01

49. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200511, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

50. Respecto de este requisito, se tiene que la parte accionante no cuenta con
otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual
transgresión que la aludida decisión pudiera causarle a sus derechos fundamentales;
esto, toda vez que contra la providencia cuestionada no procede ningún recurso
ordinario. De los argumentos expuestos en el líbelo inicial tampoco se advierte que
sean procedentes los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia contenidos en los artículos 248 y 256 de la Ley 1437 de 2011.

2.7. Generalidades de los defectos invocados

2.7.1. Defecto sustantivo

51. La Corte Constitucional12, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”13.

52. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: el
fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente14 o porque ha sido derogada15, es inexistente16,
inexequible17 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador18.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012.
13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 20002.; T-043 de 2005; T-295 de 2005; T-
657 de 2006; T-743 de 2006; T-686 de 2007; T-033 de 2010; T-792 de 2010, entre otras.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.

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53. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la
configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma19; la disposición aplicada es regresiva20 o contraria a la Constitución21; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición22; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma23;
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

54. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.

2.7.2. Defecto fáctico

55. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del
24
2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a
colación en la presente decisión así:

i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
Omisión de posibilidad a la configuración del defecto, ya que este procederá
decreto y práctica cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que,
de pruebas solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba
indispensables señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere:

19
Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de 2005.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 2004.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004.
24
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez,
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Que se expongan las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada el motivo por el cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
Desconocimiento fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
probatorio aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
determinante para juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Se señalen las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.

Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su

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obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
violación del el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta una
debido proceso prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

56. Como se observa, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que
plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su
incidencia en la decisión judicial.

57. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica,
la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

58. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.

2.7.3. Desconocimiento del precedente

59. Para la Sala el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea
una regla aplicable a los demás asuntos que se funden en los mismos
supuestos de hecho.

60. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en
caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

61. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir

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directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

62. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al
caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin
que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal25.

63. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

2.8. Caso concreto

64. En la sentencia controvertida la Sección Tercera, Subsección A de esta
Corporación decidió decretar la caducidad del medio de control de reparación directa
promovido por la parte actora. Lo anterior, porque no era aplicable la excepción al
término general de caducidad establecido para los casos de desaparición forzada. En
efecto, en la sentencia controvertida se señaló que los actores pocos días después
de la retención de su familiar tuvieron noticia de su muerte. Por ende, el caso no
podría ser calificado como una desaparición forzada.

65. En consecuencia, se aplicaron las reglas establecidas en la sentencia de
unificación del 29 de enero del 2020 para los delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra. En virtud de esta regla, el fenómeno de la caducidad opera para este tipo
de delitos de conformidad con el término establecido de dos años, excepto en los
casos en que se demuestre que no se conocía del hecho dañino o que le era
imposible a las víctimas acudir ante la administración de justicia26.

66. Por su parte (,) la parte actora considera que la anterior decisión incurrió en

25
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plana de la Sección Tercera,
sentencia del 29 de enero de 2020. M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-
2014-00144-01 (61.033). «Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i)
en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley».

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los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente. En síntesis,
sostienen que el caso de su familiar es una desaparición forzada, por lo que no opera
el término de la caducidad de dos años.

67. Para resolver el presente caso, la Sala considera conveniente estudiar de
manera conjunta los defectos invocados por lo actores, para efectos de analizar los
cargos propuestos en la tutela contra la sentencia cuestionada.

68. Sobre este punto, en el fallo controvertido se puso de presente que los actores
conocieron de la muerte de su familiar pocos días después de su retención, pues el
grupo ilegal que lo retuvo reconoció públicamente su ejecución. También los
testimonios rendidos por lo amigos de las víctimas permitieron al juez advertir que
estos estaban enterados del fallecimiento de su familiar. Por lo anterior, la Sección
Tercera, Subsección A en la sentencia censurada sostuvo:

De acuerdo con la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la
Nación, en la cual no se ha proferido sentencia definitiva, días después de los
hechos, los mismos miembros del grupo paramilitar informaron a los familiares de
las víctimas y a varias personas del pueblo la suerte que había corrido el señor
Benjamín Arboleda, sin precisar el lugar exacto donde yacían sus restos. Lo
anterior guarda lógica con lo expresado por la testigo sobre el conocimiento de la
muerte del desaparecido alcalde encargado del municipio de Riosucio.

69. El anterior razonamiento le permitió a la Sección Tercera, Subsección A
establecer que:

A partir de lo anterior, resulta claro que los demandantes tuvieron información
sobre el destino de sus parientes desde 1997, ahora víctimas de homicidio por
parte de los grupos armados irregulares, en los días siguientes a su desaparición,
aspecto que concretaba el daño. Así las cosas, se advierte que en el presente
caso operó la caducidad del medio de control, debido a que la oportunidad para
acudir a la jurisdicción se extendió hasta 1999; sin embargo, la demanda se
presentó el 24 de octubre de 2014, cuando el término para intentar el medio de
control se encontraba vencido. No se advierte en el expediente alguna
circunstancia especial que obstaculizara el acceso a la administración de justicia
a los demandantes o que debiera considerarse para justificar la tardanza en la
presentación de la demanda, por lo cual se impone declarar la caducidad del
medio de control.

70. Así las cosas, para la Sala no se configura el defecto fáctico invocado por la
parte actora. En efecto, no es cierto que la decisión censurada estuviese basada
únicamente en “simples rumores que fueron manifestados en los testimonios”, como
lo aducen los actores. Contrario a la afirmación de los demandantes, para llegar a la
anterior decisión en la sentencia censurada se estudió con detenimiento todo el
material probatorio que obraba en el expediente. De un análisis conjunto de los
testimonios y las pruebas trasladadas del proceso penal adelantados por los mismos
hechos, se concluyó que no se estaba ante un caso de desaparición forzosa porque

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pocos días después de la retención del señor Arboleda Chaverra se tuvo noticia de
su muerte.

71. La Sala advierte que la decisión de no calificar la muerte del señor Arboleda
Chaverra como una desaparición forzada no fue caprichosa ni arbitraria, pues el juez
ordinario de segunda instancia después de analizar las pruebas obrantes en el
expediente llegó a una decisión razonable en la que concluyó que las víctimas
sabían de la muerte de su familiar a manos del grupo ilegal que lo retuvo. En
consecuencia, la sentencia censurada no incurrió en defecto fáctico, pues hizo un
análisis adecuado del material probatorio obrante en el plenario.

72. Una vez establecido lo anterior, para la Sala es fácil advertir que los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente tampoco se configuran, dado que su
prosperidad dependida de que el caso objeto de estudio fuese calificado como
desaparición forzada. Lo anterior en vista de que aplicó las disposiciones que regulan
el término de caducidad en materia de responsabilidad del Estado en los casos de
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

73. A su vez, los criterios de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
fueron aplicados de manera acertada27. En efecto, comoquiera que en el caso no se
estaba ante una desaparición forzada, ni las partes demostraron alguna circunstancia
que justificara no haber interpuesto la demanda en tiempo, la regla jurisprudencial
establece que se debía aplicar el término general de caducidad señalado por el
legislador para el medio de control de reparación directa.

74. Sobre este punto, la Sala considera oportuno resaltar que en el precedente
judicial fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020, proferida dentro del radicado
85001-33-33-002-2014-00144-01, que unificó los criterios sobre el tema de la
caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, se indicó que el término de dos años para ejercer
el medio de control se inaplicaría, excepcionalmente, cuando se advierta que la no
comparecencia ante la administración de justicia se encontraba justificada por
razones materiales. Comoquiera que los actores no demostraron ninguna
justificación que los imposibilitara para interponer el medio de control (desde que se
enteraron de la muerte de su familiar), no era posible realizar una excepción a la
figura de la caducidad.

75. Para finalizar, es importante poner de presente que comoquiera que en la
sentencia censurada se determinó que no se estaba ante un caso de desaparición
forzada, es fácil advertir que no se desconocieron los estándares jurisprudenciales

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plana de la Sección Tercera,
sentencia del 29 de enero de 2020. M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-
2014-00144-01 (61.033).

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establecidos por la Corte IDH y la Corte Constitucional sobre este grave crimen y su
naturaleza de delito continuado.

76. En consecuencia, y con fundamento en los argumentos expuestos en las
líneas precedentes, se confirmará la providencia emitida en primera instancia.

II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo del 2022 dictada por la
Sección Primera de esta Corporación, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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