Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11791-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11791-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11791-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
21 de abril de 2022
Demandante: Milena Pérez Saavedra
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y
otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11791-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11791-01
Demandante: MILENA PÉREZ SAAVEDRA EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE SU HIJA DANNA CATALINA PATIÑO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, JUZGADO 37
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C., LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJÉRCITO NACIONAL Y LA RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca la sentencia de
primera instancia – niega amparo – desconocimiento del
precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera
instancia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, el 18 de febrero de 2022. En la providencia impugnada se declaró
improcedente la solicitud de amparo, por no encontrarse acreditado el presupuesto
de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de diciembre de 2021 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Milena Pérez
Saavedra en nombre y representación de su hija Danna Catalina Patiño, por
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1
Demandante: Milena Pérez Saavedra
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y
otros
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intermedio de apoderada judicial1, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, el Juzgado 37
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. En la solicitud de amparo, señaló que fueron transgredidos
sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como los
principios de confianza legítima y buena fe.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión de la sentencia proferida por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2020, que negó las pretensiones de la
demanda instaurada en ejercicio del medio de control de reparación directa2, con el
fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por los perjuicios causados
con ocasión del fallecimiento del señor Yonny Manuel Patiño Ballesteros3. Y la
providencia del 29 de julio de 2021 del Tribunal administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A, que confirmó la decisión de primera instancia.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron:
“1. Se amparen los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, confianza
legítima, buena fe de la niña Danna Catalina Patiño Pérez, representada por su señora
madre Milena Pérez Saavedra.
2. Que, como consecuencia de lo anterior se declare sin valor y efectos jurídicos la
providencia del 30 de septiembre de 2020, proferida por el Juzgado 37 Administrativo
del Circuito de Bogotá y la sentencia del 29 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección A, dentro del proceso de
reparación directa radicado 11001333603720160030900.
3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado 37 Administrativo del
Circuito de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
Subsección A, que se proceda a proferir una sentencia de reemplazo, teniendo en
cuenta para ello, las situaciones advertidas que propendan por la prevalencia de la
aplicación irrestricta del principio y derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso
por defecto fáctico y material sustantivo, y desconocimiento del precedente judicial, a la
confianza legítima en el principio de buena fe, y por consiguiente, se acceda a las
pretensiones de la demanda4. (SIC en toda la cita).
1
Obra poder en el documento No. 2 cargado a SAMAI.
2
Radicado No. 11001333603720160030903.
3
La muerte ocurrió el 23 de febrero de 2014, con ocasión de un accidente aéreo, cuando la víctima
directa se encontraba en una operación militar a bordo de un helicóptero, en calidad de copiloto.
4
Folio 5 del escrito de tutela. Documento No. 1 cargado a SAMAI.
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2
Demandante: Milena Pérez Saavedra
Demandados: Tribunal Administrativo de
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otros
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1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. Yonny Manuel Patiño Ballesteros prestó sus servicios como capitán5, en el
Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No. 6 del Ejército Nacional.
5. El 23 de febrero de 2014, el señor Patiño Ballesteros fue designado como
copiloto del helicóptero EJC 2160, para desarrollar la operación militar “FUEGO”.
6. Sin embargo, siendo aproximadamente las 8:50 p.m., de ese mismo día en
desarrollo de la operación militar, en el sitio conocido como Hondas del Cafre, en el
municipio de Mesetas, Meta, la aeronave sufrió un accidente por posible contacto
del rotor de la cola con los árboles, lo que ocasionó la muerte del señor Yonny
Manuel Patiño y los demás miembros de la tripulación.
7. En razón de lo anterior, la accionante en nombre y representación de su hija
Danna Catalina Patiño Pérez presentó demanda de reparación directa en contra de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Esto con el fin de
que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte del
señor Yonny Manuel Patiño Ballesteros, ocurrida en misión del servicio el 23 de
febrero de 2014.
8. En primera instancia, el asunto le correspondió al Juzgado 37 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que en sentencia del 30 de septiembre de 2020,
negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, argumentó
que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima,
pues se acreditó que el accidente aéreo fue producto de una falla humana en la
cabina del helicóptero, comoquiera que los pilotos acordaron aterrizar en el
helipuerto, a pesar de que otra aeronave había aportado el ingreso al mismo,
generando con ello que la aeronave colisionara.
9. En contra de esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 29 de julio de 2021. En esta
providencia, confirmó la decisión de primera instancia, por los siguientes
argumentos:
10. Estimó que el capitán Yonny Manuel Patiño Ballesteros era copiloto del
helicóptero, es decir, se encontraba ejerciendo la actividad peligrosa junto al piloto
al mando, por lo cual sus funciones estaban relacionadas con el conocimiento que
tenía frente al manejo de la aeronave y colaboraba con la conducción de la misma,
así como estaba a cargo de la seguridad del aeroplano.
5
Con un total de 709,6 horas de vuelo.
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11. Además de lo anterior, la autoridad judicial de segunda instancia mencionó
que no observó que la actuación del piloto hubiese sido contraria a la voluntad de
los demás miembros de la tripulación.
12. En este punto, destacó que el informe final del accidente, estableció que la
causa probable del accidente fue “una falla humana por coordinación entre
tripulantes6”, por lo cual, las condiciones meteorológicas -que se alega en la
demanda y en el recurso de apelación- no fueron la causa por la cual el helicóptero
se accidentó.
13. Finalmente, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca refirió que tuvo en cuenta la jurisprudencia de esta
Corporación que ha establecido que los casos en los que se pretende la
responsabilidad por quien tiene al mando la actividad peligrosa, deben estudiarse
bajo el titulo de imputación de falla en el servicio.
1.4. Fundamentos de la vulneración
14. Para la accionante, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, incurrieron en los siguientes defectos:
1.4.1. Defecto fáctico
15. La accionante expuso en síntesis, que las autoridades judiciales accionadas
interpretaron de manera indebida los hechos de la demanda y las pruebas obrantes
en el expediente de reparación directa –específicamente el informe final de
accidente–, a partir del cual se desprende que el piloto era quien tenía la
responsabilidad por el manejo de la aeronave, pues tenía el mando de la misma, en
razón de su experiencia y mayor jerarquía militar y además fue imprudente y abusó
de la confianza de los tripulantes, ya que a pesar de las malas condiciones
meteorológicas, decidió aterrizar el helicóptero.
16. En virtud de lo anterior, en sentir de la accionante, las autoridades judiciales
desconocieron que el señor Yonny Patiño Ballesteros, al ser el copiloto de la
aeronave, se encontraba en una situación de subordinación castrense, de ahí que
al momento de los hechos, sólo seguía órdenes de su superior jerárquico.
6
Folio 9 de la providencia de segunda instancia reprochada. Documento No. 20 cargado a SAMAI.
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1.4.2. Defecto sustantivo
17. Además de lo anterior, la tutelante afirmó que los jueces de primera y de
segunda instancia, omitieron que según lo previsto en el Manual de la Aeronáutica
Civil, “la diferencia entre un piloto y un copiloto es que el capitán (mayor al mando)
siempre tiene la responsabilidad final y la autoridad en el vuelo”7.
1.4.3. Desconocimiento del precedente judicial:
18. Al respecto, la accionante mencionó que en las providencias cuestionadas, se
desconoció sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, la jurisprudencia sentada
de la Sección Tercera de esta Corporación8, según la cual quienes no tienen al mando de
la cosa riesgosa y padecen un daño, deben ser reparados.
1.5. Trámite de la acción de tutela
19. En auto del 13 de enero de 20229, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la demanda, dispuso su notificación al Juzgado 37 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército
Nacional y a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
20. Igualmente, en esta providencia, se requirió al Juzgado 37 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para que remitiera el expediente de reparación directa.
1.6. Intervenciones
21. Realizadas las notificaciones ordenadas10, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
22. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado11, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto los argumentos
esbozados por la accionante, se encuentran encaminados a convertir este
7
Folio 4 del escrito de tutela. Documento No. 1 cargado a SAMAI.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 26 de
enero de 2011. Rad. 73001-23-31-000-1997-06706-01 (18.431); y del 13 de junio de 2013. Rad.
07001-23-31-000-2001-01356-01 (25.712).
9
Documento No. 9 cargado a SAMAI.
10
Documentos No. 11 y denominado “notificaciones” cargados a SAMAI.
11
Documento No. 15 cargado a SAMAI.
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mecanismo constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario, al
pretender revivir un debate jurídico que ya fue resuelto por el juez natural de la
causa.
23. Además de lo anterior, la autoridad judicial accionada mencionó que no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, por cuanto las
providencias reprochadas son congruentes, razonadas y se encuentran
debidamente soportadas en el análisis fáctico y jurídico del caso objeto de estudio.
24. Finalmente, allegó al presente trámite, el expediente digital del proceso
reparación directa.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A
25. A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General de
esta Corporación, rindió informe12 en el que solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela, por cuanto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
26. Al respecto, la autoridad judicial accionada mencionó que los argumentos de
la parte accionante no se orientaban a evidenciar una vulneración de sus derechos
fundamentales, sino a que el juez de tutela se constituya como una tercera instancia
dentro del medio de control de reparación directa.
27. También señaló que no se configuró el defecto fáctico alegado por la
accionante, toda vez que de conformidad con el material probatorio, se encontró
probado que si bien el piloto era el responsable del control de la aeronave, los
demás miembros de la tripulación proveen la información necesaria para el control
de la misma, en cuanto a altura, identificación de peligros, así pues, el riesgo en el
manejo del helicóptero correspondía a toda la tripulación y no solo al piloto.
28. Finalmente, afirmó que no se desconoció en forma alguna el precedente
judicial, como quiera que la jurisprudencia de esta Corporación es clara en afirmar
que cuando la actividad peligrosa es ejercida por la víctima, el régimen aplicable al
caso es el de falla probada del servicio, a partir del cual se estudió el caso concreto.
12
Documento No. 13 cargado a SAMAI.
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29. La Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, la Rama
Judicial y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pese haber sido
notificados, no se pronunciaron en esta etapa procesal.
1.7.- Fallo impugnado
30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 18 de febrero de 202213, resolvió declarar improcedente el amparo
impetrado por la accionante, al no encontrarse acreditado el presupuesto de
relevancia constitucional.
31. Como fundamento de su decisión, el A quo mencionó que el juez de lo
contencioso administrativo realizó una debida valoración probatoria, pues estudió
en conjunto los supuestos fácticos y el material probatorio obrante en el expediente
ordinario, específicamente el informe final del accidente, a partir del cual concluyó
que el siniestro aéreo se produjo por una falla humana generada por una
coordinación de los miembros de la tripulación.
32. También, señaló que las providencias proferidas por esta Corporación que
se estimaron desconocidas por la tutelante no constituían precedente judicial, por
cuanto los supuestos de hecho diferían a los que fueron objeto de estudio en las
sentencias reprochadas.
33. Debido a lo anterior, para el juez de tutela de primera instancia, las presuntas
deficiencias alegadas por la accionante responden, en realidad, a una mera
discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial.
1.8. Impugnación
34. El apoderado judicial de la señora Milena Pérez Saavedra presentó escrito
de impugnación14 en contra de la decisión de primera instancia, el cual lo sustentó
en los siguientes términos:
35. Señaló que el “argumento central15” de la tutela, consistía en el
desconocimiento del precedente vertical en el que incurrieron los jueces de
instancia, lo cual, a su vez, constituye una vulneración del derecho a la igualdad.
13
Documento No. 23 cargado a SAMAI.
14
Documento No. 25 cargado a SAMAI.
15
Folio 1 del escrito de impugnación. Ibídem.
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36. Al respecto, refirió que en el fallo recurrido se sostuvo que “no exist[ía]
analogía del asunto bajo revisión con las sentencias invocadas como precedente”.
Sin embargo, los fallos son claros en señalar que quien no tiene el dominio de la
cosa, debe ser reparado, como ocurre en el caso concreto, pues la víctima directa
había sido designada como copiloto, y no tenía, la responsabilidad y autoridad en el
vuelo.
37. De otro lado y para hacer “énfasis” en la anterior afirmación, el accionante
mencionó que “según los Manuales de la Aeronáutica Civil, la diferencia entre un
piloto y un copiloto es que el capitán (Mayor al mando) siempre tiene la
responsabilidad final y la autoridad del vuelo [es decir tiene el dominio de la cosa]16”.
38. Finalmente, el apoderado de la solicitante mencionó que, por estos hechos,
se aprobó un acuerdo conciliatorio respecto de la señora Milena Pérez, pero lo
improbó respecto a su hija Danna Catalina Patiño, razón por la que acudió al medio
de control de reparación directa, en el que se adoptaron las decisiones aquí
reprochadas.
1.9. Trámite de impugnación
39. Mediante auto del 10 de marzo de 2022, el juez de tutela de primera instancia
concedió la impugnación interpuesta por la accionante en contra de la sentencia del
18 de febrero de este año17.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 18 de febrero de 2022, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. De las providencias acusadas
41. Es de precisar que, si bien la parte actora censuró las providencias de
primera y segunda instancia proferidas al interior del proceso contencioso
16
Folio 3 del documento 25 cargado a SAMAI.
17
Documento No. 28 cargado a SAMAI.
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administrativo, de proceder el análisis del fondo del asunto, la Sala hará el estudio
del caso, únicamente, frente a la providencia dictada por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ser esta la que
le puso fin a la litis.
2.2.2. límite de la impugnación
42. La parte actora en el escrito de impugnación, limitó su inconformidad en
contra de la sentencia de primera instancia a los siguientes argumentos:
43. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente de la
Sección Tercera de esta Corporación según la cual quienes no tienen al mando de
la cosa riesgosa y padecen un daño, deben ser reparados.
44. Para efectos de dar claridad sobre quien tiene el mando de la cosa en los
eventos de conducción de aeronaves, el accionante trajo a colación el Manual de la
Aeronáutica Civil en el que se hace la distinción entre copiloto y piloto. Siendo este
último quien tiene la responsabilidad final del vuelo.
45. Además, el peticionario mencionó que por estos hechos, se aprobó acuerdo
conciliatorio frente a la accionante pero no respecto de su hija.
46. En virtud de lo anterior, la Sala limitará su estudio, al desconocimiento del
precedente alegado por la accionante, de conformidad con los argumentos
expuestos en el escrito de impugnación, esto es, sobre la inobservancia de la
jurisprudencia de esta Corporación con relación a la responsabilidad del Estado
frente a quien no tiene el mando de la cosa riesgosa, especialmente en los casos
de daños sufridos por copilotos, quienes de acuerdo con el Manual de la
Aeronáutica Civil, se desprende que no tienen la responsabilidad final del vuelo.
47. Sin embargo, no podrá tener en cuenta las exposiciones relacionadas con el
acuerdo conciliatorio esbozados en el escrito de impugnación, pues no fueron
señaladas en el escrito de tutela, ni tampoco objeto de decisión por parte del A
quo, razón por la que estudiarlas en esta instancia implicaría desconocer el derecho
de defensa y contradicción de las autoridades judiciales accionadas.
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2.3. Legitimación en la causa18
48. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
49. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda19.
50. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.
2.3.1. Legitimación en la causa por activa
51. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.
52. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no este en condiciones de promover su propia defensa.
53. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
Milena Pérez Saavedra actúa en su condición de madre de Danna Catalina Patiño20,
quien a su vez es titular de los derechos fundamentales que reclama21, en razón a
18
En reiteración de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 24 de febrero de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-00446-00.
19
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
20
Obra registro civil de nacimiento a folio 6 del documento 19 cargado a SAMAI.
21
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que: “quien sienta amenazado o vulnerado un
derecho fundamental, podrá demandar directamente o por quien actúe a su nombre, como en esta
acción, incoada por la madre del joven (…), ante un Juez de la República, “en todo momento y lugar”,
procurando obtener la orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe en
consecuencia o se abstenga de hacerlo”. Corte Constitucional, sentencia T-703 de 2013.
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que fue la parte demandante dentro del proceso de reparación directa en el que se
cuestionan las providencias aquí enjuiciadas.
En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.
2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva
54. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello22.
55. En el caso concreto, la demanda se dirigió en contra del Juzgado 37
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, autoridades que profirieron las
providencias objeto de censura, razón por la cual se encuentran legitimadas por
pasiva.
56. A su turno, la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional si bien
fueron vinculadas como autoridades accionadas, la Sala encuentra que no fue la
entidad que profirió la providencia aquí reprochada. Sin embargo, se tendrán como
terceros interesados, por cuanto fungen como demandados dentro del proceso de
reparación directa en el que se profirió la sentencia cuestionada por este mecanismo
constitucional.
57. Ahora, con relación a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, se evidencia que fue vinculada como autoridad accionada,
en tanto así funge en la acción de tutela; sin embargo, no fue la entidad que profirió
la sentencia objeto de tutela; tampoco figura como demandada dentro del proceso
de reparación directa en el que se dictó la providencia en cuestión y no se evidencia
un interés directo o indirecto en las resultas de esta acción constitucional. Por esto,
en la parte resolutiva, se declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva.
22
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
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2.4. Problemas jurídicos
58. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 18 de febrero de 2022 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?
59. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
• ¿La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, así como los principios de confianza legítima y buena fe, con
ocasión de la sentencia proferida el 29 de julio de 2021, en la que confirmó
la decisión de primera instancia consistente en negar las pretensiones de la
demanda instaurada en ejercicio del medio de control de reparación directa
por la muerte del copiloto Yonny Manuel Patiño Ballesteros, ocurrida en un
accidente aéreo23. Esto, por cuanto, incurrió en un desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado, de acuerdo con el cual quienes no tienen
al mando la cosa riesgosa y padecen un daño deben ser reparados?
60. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda de tutela y reiterados en sede de impugnación.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
61. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201224. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
23
Radicado 11001333603720160030903.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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tema25. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales26.
62. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201427. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia28 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial29.
63. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.
64. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
25
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
26
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
28
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
29
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
65. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna.
66. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
67. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional30
68. Sea lo primero advertir, que la accionante pretende la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de igualdad así como de los principios
de confianza legítima y buena fe, que considera transgredidos por la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de
la expedición de la sentencia proferida el 29 de julio de 2021, que confirmó la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda presentada
en ejercicio del medio de control de reparación directa.
69. Así, se advierte que los reparos contra la providencia bajo cuestionamiento
pretenden poner de presente las irregularidades en que presuntamente incurrió la
autoridad judicial accionada, en tanto comprometen una serie de garantías de orden
superior, más allá del debate legal surtido en las instancias del caso, por lo que el
30
Al respecto consultar en reiteración, Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencias del 4 de
noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-06321-00; del 25 de noviembre de 2021. Rad.
11001-03-15-000-2021-06578-00; y del 3 de febrero de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11103-
00.
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asunto es relevante desde el punto de vista constitucional ante la evidente tensión
entre los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial que se
controvierte.
70. Luego, la Sala considera, contrario a lo considerado por el juez de tutela de
primera instancia, que el asunto sí reviste relevancia constitucional pues puede
subsistir una eventual violación o amenaza de las garantías superiores de la
accionante, pese a haber agotado el procedimiento judicial establecido por la ley
para su protección, lo que implica que este mecanismo no fue utilizado como una
instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.
2.6.2. Tutela contra tutela31
71. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues las providencias judiciales demandadas fueron proferidas al
interior del proceso de reparación directa identificado con radicado No.
11001333603720160030903.
2.6.3. Inmediatez32
72. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales, con ocasión de la sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 29 de julio de
2021, que a su vez fue notificada el 2 de agosto de 202133; mientras que la acción
de tutela se presentó el 16 de diciembre de ese mismo año.
73. En ese orden, la Sala encuentra que la acción de tutela se presentó dentro
del término razonable de 6 meses, razón por la que se encuentra superada esta
exigencia.
2.6.4. Subsidiariedad34
74. Como viene de decirse, el accionante consideró que la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos
fundamentales invocados, por presuntamente incurrir en el defecto de
desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 29 de julio de 2021,
31
Ibídem.
32
Ibídem.
33
Folios 38-40 del documento 20 cargado a SAMAI.
34
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencias del 18 de noviembre de
2021. Rad. 2021-07029-00; y del 25 de noviembre de 2021. Rad. 2021-06578-00.
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mediante la cual confirmó la emanada del Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
75. En relación con la subsidiariedad, se encuentra que contra la referida
decisión no proceden recursos ordinarios y tampoco cuenta con los recursos
extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.
76. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
máxime si se tiene que todos los argumentos planteados en esta sede constitucional
también fueron puestos de presente en el trámite ordinario, motivo por el cual se
pasará, en un primer momento, a realizar una explicación general del defecto
invocado, y posteriormente, el estudio del caso concreto.
2.7. Noción del defecto invocado
77. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente35. Este se sintetiza en los siguientes términos:
(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio
decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido (…).36 (Negrilla y subrayado fuera de texto).
78. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente37.
79. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos38 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de
febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01.
37
Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
38
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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80. La Sala analiza el asunto de la referencia, teniendo en cuenta la
caracterización dada por la Corte Constitucional y esta Sección al mencionado
defecto.
2.8. Análisis del defecto denominado desconocimiento del precedente en el
caso concreto
81. En el sub judice, la parte actora alegó que la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la expedición de la sentencia del 29 de julio de 2021,
mediante la cual, confirmó la decisión del Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, en la que negó las pretensiones de la demanda de reparación
directa instaurada en ejercicio del medio de control de reparación directa39, con el
fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por los perjuicios causados
con ocasión del fallecimiento del señor Yonny Manuel Patiño Ballesteros, sucedido
por un accidente aéreo, ocurrido cuando se encontraba en una operación militar a
bordo de un helicóptero, en calidad de copiloto.
82. En síntesis, como fundamento de su decisión, la autoridad judicial de
segunda instancia, señaló que no se encontraba acreditada la falla en el servicio
imputable a la demandada por falla en el mantenimiento de la aeronave o por fallas
en el desarrollo de la operación; y además que estaba probado que el accidente
ocurrió por una falla humana por “coordinación entre los tripulantes40”.
83. Por lo anterior, la parte accionante consideró que la autoridad judicial
accionada desconoció el precedente de la Sección Tercera de esta Corporación,
Corporación41, según el cual quienes no tienen al mando de la cosa riesgosa y
padecen un daño, deben ser reparados.
84. Sin embargo, la Sala anticipa desde ya, que el defecto aquí invocado no se
encuentra configurado en el caso concreto, como se pasa a explicar.
85. Al respecto, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 29 de julio de 2021, para
confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda de reparación
directa, se fundamentó en los siguientes argumentos:
39
Radicado No. 11001333603720160030903.
40
Folio 9 de la sentencia de segunda instancia. Documento 20 cargado a SAMAI.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 26 de
enero de 2011. Rad. 73001-23-31-000-1997-06706-01 (18.431); y del 13 de junio de 2013. Rad.
07001-23-31-000-2001-01356-01 (25.712).
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86. En primer lugar, la autoridad judicial accionada realizó un breve análisis del
régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación42, a partir de la cual
concluyó que la conducción de aeronaves que estén al servicio del Estado, es una
actividad peligrosa, razón por la que se ha estudiado bajo el régimen de
responsabilidad objetivo en aplicación de la teoría del riesgo excepcional, salvo
cuando se trata del conductor o de los miembros de la tripulación dedicada a su
maniobra, evento en el cual se debe estudiar bajo el titulo de imputación de falla en
el servicio.
87. En segundo lugar, al descender al sub judice, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y con fundamento en la
jurisprudencia aplicable al caso, así como en las pruebas que obraban en el
plenario, señaló:
“La Sala aclara que de conformidad con el acervo probatorio aportado al plenario, el
Capitán (f) Yonny Manuel Patiño Ballesteros, era el copiloto del helicóptero EJC
2160. Lo cual quiere significar que, si bien el apelante alega el piloto al mando era
quien tomaba las decisiones, lo cierto es que el tripulante en comento, sí se
encontraba ejerciendo la actividad peligrosa en apoyo al Piloto en mando, por lo
cual sus funciones estaban relacionadas con el conocimiento que tenía en relación
con el manejo de la aeronave, colaboraba con la conducción de la misma y estaba
a cargo -así como el piloto en mando- de la seguridad del aeroplano. En ese sentido,
no encuentra esta Corporación que el a quo hubiese incurrido en el error que se
alega, al analizar el caso concreto con fundamento en la falla en el servicio.
Ahora, en relación con la actuación del piloto al mando, una vez valorados los
hechos probados, no se desprende que la actuación del piloto al mando hubiese
sido contraria a la voluntad de los demás miembros de la tripulación, para que, de
esta forma, la Sala encuentre demostrado que efectivamente el mayor al mando
“abuso de su confianza y fue imprudente al pilotear la nave”.
En este punto, se destaca que en el informe final del accidente, se estableció que la
causa probable del accidente fue una falla humana por coordinación entre
tripulantes, por lo cual, las condiciones meteorológicas -que se alega en la
demanda y en el recurso de apelación- no fueron la causa por la cual, el helicóptero
se accidentó. Por otro lado, las condiciones el terreno como falla en el servicio, no
fue un argumento expuesto en la demanda y, en consecuencia, al ser un hecho
nuevo que no hizo parte de la fijación del litigio, no podrá ser estudiado en esta
instancia.
En segundo lugar, alega el apelante que el juez aplicó indebidamente el precedente
y, además, que se apartó del mismo. Para fundamentar su argumento cita una
sentencia43 en donde, a criterio del recurrente, se condena por el fallecimiento del
copiloto. Al respecto, una vez analizada la sentencia en cuestión, la Sala observa
que las conclusiones a las que llegaron en relación con el régimen de
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 6 de diciembre de 2017. Rad. 63001-23-31-000-2004-00149-01(36856).
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de
junio de 2013. Rad. 07001-23-31-000-2001-01356-01 (25.712).
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responsabilidad aplicable al caso, fueron porque “quien estaba al mando de la
aeronave siniestrada era una persona diferente al suboficial Manzanares Gómez, ya
que él hacia parte del grupo de oficiales que estaban siendo trasladados hacia
Saravena con el fin de relevar a otros uniformados que se encontraban
desempeñando un operativo militar en una zona de orden público”, por lo cual, la
sentencia en comento no es similar al caso concreto.
Finalmente, para la Sala, el juez de primera instancia no se apartó del precedente
jurisprudencial; lo anterior teniendo en cuenta que las decisiones del H. Consejo de
Estado, son uniformes al considerar que en casos en donde se pretenda la
responsabilidad por quien tiene al mando la actividad peligrosa –incluyendo al
copiloto–, el título de imputación con el cual se debe analizar el caso, es el de
régimen subjetivo por falla en el servicio”. (SIC en toda la cita – negrilla propia del
texto)
88. En este orden, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no
incurrió en el defecto alegado, habida cuenta que su decisión estuvo debidamente
fundada no sólo en la norma aplicable al caso sino también en la jurisprudencia
vigente y consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado44, que señala
que la conducción de aeronaves, es una actividad peligrosa, razón por la que la
tesis reiterada de la Sala en cita, ha ha sido admitir que el régimen aplicable es de
carácter objetivo. No obstante, cuando el daño sufrido deviene como consecuencia
de una actividad peligrosa que es ejercida directamente por la propia víctima, no
resulta aplicable dicho régimen, sino el de falla probada del servicio.
89. En consecuencia, de conformidad con las razones y argumentos citados en
precedencia, se insiste que la autoridad judicial accionada tenía todos los
argumentos suficientes para dar aplicación al precedente pacífico y reiterado de
jurisprudencia expuesto por esta Corporación como máximo órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa administrativa, que estableció el régimen de
responsabilidad aplicable a los eventos de actividades peligrosas – conducción de
aeronaves–.
90. En otras palabras, resulta razonable el análisis que realizó el juez de la
reparación, en el cual insistió el capitán Yonny Manuel Ballesteros, ejercía la
actividad peligrosa, pues actuaba como copiloto de la aeronave siniestrada, y si bien
el comando del helicóptero estaba a cargo del también fallecido piloto del
helicóptero, ello no implica que la función de asistencia en la operación del aparato
se limitara a seguir ciegamente las órdenes del piloto, anulando su criterio
profesional respecto de las circunstancias que involucraban el manejo de la nave,
precisamente porque el copiloto colabora en la conducción y mantenimiento de las
condiciones de seguridad, de tal suerte que la decisión sobre la responsabilidad
patrimonial reclamada en la demanda debía gobernarse con fundamento en el
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 6 de diciembre de 2017. Rad. 63001-23-31-000-2004-00149-01(36856).
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régimen de falla probada del servicio y no con el de riesgo excepcional invocado en
el recurso de apelación, como en efecto se estudió en la sentencia del 29 de julio
de 2021 aquí reprochada.
91. Ahora, en relación con el desconocimiento del precedente alegado por la
actora en cuanto a la inobservancia de los postulados de las sentencias de la
Sección Tercera de esta Corporación, cabe afirmar como en efecto lo hizo el juez
de tutela de primera instancia, que aquellas no guardan plena identidad fáctica con
los supuestos discutidos en la decisión objeto de reproche constitucional, tal como
se pasa a ver en el siguiente gráfico.
Sentencia del 29 de
Sentencia del 26 de Sentencia del 13 de julio de 2021
enero de 201145 junio de 201346 (reprochada en esta
oportunidad)
Supuestos Se trata de un accidente Se trata de un Se trata de un
fácticos aéreo, en el que fallece un accidente aéreo, en accidente aéreo en el
copiloto, pero se descartó el que fallece una que fallece el copiloto
que la causa del siniestro persona en condición del helicóptero. Sin
hubiese sido una falla de pasajero en una embargo, se
humana. aeronave, cuando establece que la
iba a ser trasladado causa del siniestro es
al municipio de una falla humana
Saravena. derivada por
coordinación de la
tripulación.
92. De esta manera, lo decidido en la sentencia invocada como desconocida no
podía ser aplicada al caso concreto, en tanto, se reitera, no guarda identidad fáctica;
y es que si bien en la decisión del 2011, se estudió el caso de un copiloto, ello no
significa que se estuviera en la obligación de fallar de acuerdo a ese antecedente,
pues las circunstancias que rodean el caso estudiado en la providencia aquí
reprochada, difieren de las analizadas en la primera oportunidad.
93. Al efecto, es preciso recordar que no por el hecho que en ambos procesos,
se haya estudiado la responsabilidad del Estado por la muerte de un copiloto
ocurrida en un accidente aéreo, signifique que se le debe dar el mismo trato, pues
se insiste, cada uno de ellos debía resolverse con fundamento en lo probado en el
proceso, de manera autónoma e independiente, a partir del cual se evidencian las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que rodean cada caso en particular.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 26 de
enero de 2011. Rad. 73001-23-31-000-1997-06706-01 (18.431).
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de
junio de 2013. Rad. 07001-23-31-000-2001-01356-01 (25.712).
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Demandante: Milena Pérez Saavedra
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y
otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11791-01
94. Por lo anterior, la Sala considera que la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente, amén de señalar que en la sentencia censurada
se analizaron las pruebas aportadas, mediante un estudio y una argumentación
razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación y
valoración de las pruebas, actividad que solo encuentra su límite cuando el juzgador
incurre en arbitrariedad o capricho, escenario que no se advierte en el caso
concreto.
95. En otras palabras, para esta Sección, en el caso debatido se presentó un
razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la
autonomía judicial, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal
forma que la providencia acusada no desconoce la jurisprudencia aplicable al caso
concreto, por el contrario, los motivos que la fundan son plausibles y conforme a las
reglas de la sana crítica.
96. Por otro lado, el accionante como fundamento del defecto aquí aludido, esto
es, sobre la inobservancia de la jurisprudencia de esta Corporación con relación a
la responsabilidad del Estado a quien no tiene el mando de la cosa riesgosa,
especialmente en los casos de daños sufridos por copilotos, el accionante trajo a
colación el Manual de la Aeronáutica Civil, para hacer énfasis en que es el piloto
quien tiene la responsabilidad final del vuelo.
97. Al efecto, la Sala observa que el accionante sólo hizo mención al Manual de
la Aeronáutica Civil, para efectos de dar claridad sobre la aplicación de la
jurisprudencia aludida como desconocida en el caso concreto.
98. Esto, quiere decir que sólo hace parte de la línea argumentativa planteada
por el solicitante para sustentar el desconocimiento del precedente, del cual en todo
caso, no se desprende un posible yerro, que amerite un pronunciamiento por parte
del juez de tutela.
99. La Sala concluye entonces, que la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en un defecto de
desconocimiento del precedente, por los argumentos aquí expuestos; y por ello, no
se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de igualdad, así
como los principios de confianza legitima y buena fe invocados por Milena Pérez
Saavedra, por lo que se revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar
negar el amparo solicitado.
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Demandante: Milena Pérez Saavedra
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y
otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11791-01
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 18 de febrero de 2022 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la presente acción de tutela y en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
TERCERO: NEGAR la acción de amparo, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
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Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y
otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11791-01
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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