Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11794-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11794-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11794-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
24 de marzo de 2022
Demandante: Viva Móvil Telco S.A.S.
Demandado: Tribunal de Arbitramento contra Colombia Móvil S.A. E.S.P.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11794-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11794-00
Demandante: VIVA MÓVIL TELCO S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONSTITUIDO PARA
DIRIMIR LAS DIFERENCIAS ENTRE VIVA MÓVIL TELCO
S.A.S. Y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Temas: Tutela contra Laudo Arbitral – Análisis de los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente -
caducidad del medio de control de controversias
contractuales, diferencia con la prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por Viva Móvil
Telco S.A.S., con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 16 de diciembre de 2021, Viva Móvil Telco S.A.S., por medio de
apoderado judicial1, ejerció acción de tutela contra el Tribunal de Arbitramento de
la Cámara de Comercio de Bogotá, integrado por los árbitros Carlos Esteban
Jaramillo Schloss, Nicolás Gamboa Morales y José Fernando García Gómez,
convocado para dirimir las controversias contractuales suscitadas con la sociedad
Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Caso 5509), con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
2. La sociedad accionante consideró vulneradas las garantías constitucionales
señaladas, con ocasión del Laudo Arbitral dictado por la referida autoridad el 5 de
1 La sociedad le confirió poder especial para actuar al abogado Óscar Julián Valencia Loaiza, con
el lleno de los requisitos legales. La demanda de tutela aparece igualmente suscrita por el
profesional Enrique Gil Botero, en virtud de sustitución conferida por el profesional referido.
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Demandante: Viva Móvil Telco S.A.S.
Demandado: Tribunal de Arbitramento contra Colombia Móvil S.A. E.S.P.
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febrero de 2020, a través del cual se declaró la extinción de la acción por
caducidad y se abstuvo de resolver el fondo de las pretensiones.
1.2. Pretensiones
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y
AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA) que resultaron vulnerados en detrimento de la sociedad Viva
Móvil S.A.S., con ocasión del Laudo Arbitral proferido el 5 de febrero de 2020
y ejecutoriado el 12 del mismo mes y año.
SEGUNDA: En consecuencia, de la declaración anterior, dejar sin efectos el
laudo arbitral del 5 de febrero de 2020, proferido por el Tribunal de Arbitraje
constituido para dirimir las diferencias suscitadas entre Viva Móvil Telco SAS
y Colombia Móvil SAS ESP y, en su lugar, se profiera decisión judicial de
fondo.
TERCERA: Que, subsidiariamente, con el propósito de materializar en favor
de la accionante los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA), el Juez Constitucional de Tutela adopte las medidas que con tal
propósito considere efectivas y suficientes para materializar el derecho de
acción de Viva Móvil S.A.S., entre ellas, ordenar la constitución de un
Tribunal que conozca y decida de fondo la controversia suscitada entre las
partes”. (Negrillas del texto original).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. Hechos relacionados con el trámite del proceso arbitral
4. El 27 de noviembre de 2017, la sociedad Viva Móvil Telco S.A.S., presentó
ante la Cámara de Comercio de Bogotá solicitud de integración de un Tribunal de
Arbitramento, para dirimir las controversias suscitadas con ocasión del contrato de
agencia comercial celebrado con la sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P.2, el 28
de octubre de 2009, en el cual las partes pactaron cláusula compromisoria3.
5. La parte convocante incluyó pretensiones principales y subsidiarias
encaminadas a que i) se declarara la existencia y validez del contrato; ii) se
determinara que este se ejecutó entre el 28 de octubre de 2009 hasta el 31 de
marzo de 2015 y que se liquidó el 14 de diciembre de 2015, que corresponde a la
fecha en que la convocante emitió las últimas facturas; iii) se inaplicara la cláusula
2 Colombia Móvil S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta, con capital
mayoritariamente público, constituida mediante escritura pública número 179 del 24 de enero de
2003, de la Notaria 30 del Círculo de Bogotá.
3 En la cláusula décima segunda del contrato de agencia comercial.
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de terminación unilateral del contrato; y iv) condenara a la entidad contratante al
pago de la “cesantía comercial” y/o de las indemnizaciones a que hubiera lugar por
la terminación del contrato, entre otras.
6. El Tribunal fue instalado el 30 de mayo de 2018 y 28 de marzo de 2019,
ante el fracaso de la conciliación, fijó su competencia y decretó las pruebas
solicitadas por las partes.
7. Previo agotamiento de las etapas procesales, el 5 de febrero de 2020 se
dictó el Laudo, en el que se declaró la caducidad de la acción de controversias
contractuales y, como consecuencia de ello, el tribunal se abstuvo de fallar de
fondo, providencia que se notificó en estrados.
8. La decisión de declarar la caducidad de la acción de controversias
contractuales se dictó con fundamento en el ordinal v) literal j) del numeral 2º del
artículo 164 de la Ley 1437 de 20114, indicando que el término preclusivo de la
caducidad empezó a correr el 1º de abril de 2015, fecha en que se debió realizar
la liquidación, conforme a lo pactado por las partes, sin que ello se realizara y la
demanda tan solo se presentó el 27 de noviembre de 2017.
1.3.2. Hechos relacionados con la interposición del recurso extraordinario de
anulación
9. El 16 de marzo de 2020, la parte convocante interpuso recurso
extraordinario de anulación en contra del Laudo, con fundamento en las causales
2ª, 7ª y 8ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 20125.
4 La norma citada establece: “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda
deberá ser presentada: … 2) En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: … j)
En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir
del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de
dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En
todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente.
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el
objeto del contrato;
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato
por cualquier causa;
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes,
desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que requieran de liquidación y esta sea
efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto
administrativo que la apruebe;
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por
la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir
del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de
los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene
o del acuerdo que la disponga.”
5 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones.
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10. El recurso se sustentó en la existencia de i) defecto sustantivo, por indebida
aplicación de la norma de caducidad contenida en la Ley 1437 de 2011; ii) defecto
fáctico, que sustentó en que “el Tribunal se abstuvo de analizar los hechos y las
circunstancias fácticas propias de este caso en concreto, que le permitieran conocer si le
era oponible a la demandante VIVA MÓVIL la condición estatal de la demandada
COLOMBIA Móvil al momento de presentar la demanda” y, finalmente, el que
denominó iii) “defecto en la interpretación de las normas constitucionales superiores de
acceso a la justicia.”
11. Para sustentar los cargos anteriores, la sociedad recurrente manifestó que
i) las normas de caducidad previstas en la Ley 1437 de 2011 no eran aplicables al
caso concreto; ii) el término de oportunidad se contabilizó en forma errónea; iii) el
Laudo se apartó del marco jurídico previsto en el artículo 1329 del Código de
Comercio; y iii) se presentó una contradicción en el análisis efectuado por tribunal,
al aplicar las reglas consagradas en el CPACA.
12. El 7 de julio de 2020, el recurso extraordinario de anulación se asignó por
reparto al magistrado Nicolás Yepes Corrales, integrante del Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección “C”.
1.3.3. Hechos relacionados con la acción de tutela ejercida por la sociedad
accionante en contra del Laudo Arbitral
13. La sociedad Viva Móvil Telco S.A.S., ejerció acción de tutela contra el
Laudo dictado en relación con la controversia contractual suscitada con la
sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P., la cual fue conocida, en primera instancia,
por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, que dictó sentencia
el 24 de septiembre de 2020, en la que declaró la improcedencia de la acción.
14. Lo anterior, por considerar que no concurría en el caso concreto el requisito
de subsidiariedad, toda vez que “la sociedad accionante pretende convertir la acción
de tutela en una instancia paralela al trámite que se adelanta a través del recurso
extraordinario de anulación impetrado, para obtener un nuevo pronunciamiento respecto
de lo decidido por el Tribunal de Arbitramento bajo el amparo de los derechos
fundamentales, y con ello ordenarle estudiar el fondo del asunto.”
15. La sentencia fue confirmada, en sede de impugnación, por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, en fallo dictado el 4 de febrero de 2021, en el que
consideró:
“Sería del caso efectuar eventualmente el estudio de fondo de la acción de
tutela promovida por la sociedad demandante por cuanto, en efecto, los
argumentos en los que se sustentan los defectos alegados se encuadran en
los denominados errores in iudicando, empero, como la propia parte actora
decidió promover recurso extraordinario de anulación ante la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el que, en esencia, propone el mismo debate
jurídico (cuestiona el laudo arbitral que declaró la caducidad de la acción), le
corresponderá en principio al juez natural pronunciarse sobre el particular,
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pues de lo contrario se generaría una intromisión indebida del juez de tutela
que conllevaría un paralelismo de decisiones y se incumpliría el requisito de
la subsidiariedad.”
1.3.3.4. Decisión sobre el recurso extraordinario de anulación promovido
contra el Laudo Arbitral
16. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C” resolvió el recurso
extraordinario de anulación, en sentencia dictada el 30 de abril de 2021, en la que
lo declaró infundado y condenó en costas a la parte actora, en la modalidad de
agencias en derecho.
17. Aclaró que era competente para conocer del recurso de anulación, por
cuanto la parte convocada es Colombia Móvil S.A. E.S.P., la cual está constituida
como una Empresa de Servicios Públicos Mixta, con un capital mayoritariamente
público.
18. Con respecto a la causal de anulación prevista en el numeral 2º del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012, afirmó que únicamente podía invocarse en los eventos
en los que, habiendo operado el fenómeno preclusivo, el tribunal no lo hubiere
declarado. Aclaró que, otra cosa es que el panel arbitral haya encontrado
configurado el fenómeno de la caducidad y la parte recurrente alegue que no se
estableció, pues ello conduciría al juez de la anulación a pronunciarse sobre
errores in judicando, lo cual escapa a su órbita de competencia.
19. Sobre la falta de jurisdicción y de competencia del Tribunal de Arbitramento,
señaló que son motivos que correspondía alegar a través del recurso de
reposición en contra del auto que las fijó. De lo contrario, no resulta posible
invocarlas como causales de anulación.
20. Para resolver la causal 7ª, referida a haberse fallado en conciencia o en
equidad, advirtió que la litis se resolvió con fundamento en las normas del
ordenamiento jurídico aplicables al caso concreto, por lo que no se configura la
causal. Al respecto precisó que:
“…los aspectos relacionados con la normatividad aplicable en materia de
caducidad de la acción y la contabilización del término preclusivo en el caso
concreto, además de ser asuntos que abarcaron en gran medida el
desarrollo del laudo recurrido, contaron con una amplía argumentación
jurídica y probatoria que sustentó lo decidido al respecto, de lo cual se infiere
que el reproche formulado por la recurrente no tiene la vocación de
prosperar.
Adicionalmente, dentro de los límites del análisis de la configuración de la
causal invocada por el recurrente, es pertinente recordar que las normas que
regulan la prescripción no pueden ser aplicadas a la caducidad, habida
cuenta que son figuras que regulan fenómenos jurídicos diferentes. Por otro
lado, también es claro que las normas procesales aplicables a conflictos
originados en contratos estatales sujetos a régimen exceptuado son las del
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Estatuto Procesal Administrativo, Ley 1437 de 2011, normativa que prevé de
manera expresa un término de caducidad para ejercer el medio de control de
controversias contractuales y no uno de prescripción.”
21. Finalmente, con respecto a la causal 8ª, consistente en contener el Laudo
disposiciones contradictorias, afirmó que la recurrente no agotó el requisito de
procedibilidad, consistente en solicitar su corrección en los cinco (5) días
siguientes a la notificación.
22. La sentencia que resolvió el recurso de anulación se notificó por estado
electrónico el 22 de octubre de 2021, según constancia obrante en el aplicativo
SAMAI.
1.4. Sustento de la vulneración
23. La parte actora afirmó que la presente acción de tutela cumple con todos
los requisitos generales de procedibilidad cuando se dirige contra providencia
judicial, incluido el de la relevancia constitucional.
24. Argumentó que el Laudo incurrió en defecto fáctico, por tener como fecha
inicial para el conteo de la caducidad el 1º de abril de 2015, “pese a estar
demostrado y evidenciado en el proceso que la relación contractual de las partes continuó
hasta el mes de diciembre del mismo año.”
25. Precisó que, frente a las dudas que generaba el término inicial para el
conteo de la caducidad de la acción, ha debido darse aplicación al principio pro
actione. Sobre este aspecto, argumentó que:
“Si bien es cierto que en su momento existió una comunicación tendiente a
fijar como fecha de terminación de la relación contractual el 31 de marzo de
2015, el Tribunal de Arbitraje perdió de vista y le restó valor jurídico a los
hechos y situaciones acaecidas con posterioridad a dicho momento y que
demuestran sin duda que, más allá de tal formalidad, materialmente se
continuó con la ejecución de prestaciones propias del contrato de agencia
comercial hasta su finiquito efectivo y real, habida cuenta que, fue la misma
sociedad agenciada COLOMBIA MÓVIL quien solicitó al contratista que
continuara ejerciendo actividades propias como agente comercial, las cuales
solo culminaron en el mes de noviembre del año 2015, como puede
verificarse en los medios de prueba aportados al proceso arbitral.”
26. Hizo referencia al testimonio de la señora Diana Marcela Ortega Roldán,
quien precisó que, con posterioridad al 1º de abril de 2015, Viva Móvil continuó
ejecutando las obligaciones propias del contrato de agencia comercial, para lograr
la venta de unas recargas que habían adquirido los puntos de venta con destino al
consumidor final y las cuales debían finiquitarse para agotar la relación.
27. Afirmó que la declaración de la testigo fue interpretada de manera errónea
por el tribunal, por cuanto no se tuvo en cuenta que se refería a situaciones
acaecidas con posterioridad al 1º de abril de 2015 y a “actividades comerciales que
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el agente tuvo que realizar a solicitud de la compañía agenciada -se insiste- con el fin de
poder vender productos al consumidor final antes de terminarse la relación contractual por
agotamiento de su objeto y/o productos.”
28. Advirtió que no podía desconocerse la existencia de la comunicación
contentiva de la intención unilateral de Colombia Móvil de no prorrogar el contrato
de agencia comercial, expedida luego de la fecha indicada en el Laudo. Tampoco
se podía pretermitir el hecho de que la relación contractual no terminó en el
momento indicado en la providencia, ante la existencia de productos adquiridos
que debían venderse y entregarse a los usuarios finales, con posterioridad al 1º de
abril de 2015.
29. Argumentó que, en virtud de lo dispuesto por la cláusula octava del contrato
de agencia comercial, la continuidad de este no requería formalización escrita y
solo era necesario que continuaran ejecutándose las prestaciones previstas en el
mismo.
30. Agregó que, la autoridad accionada incurrió igualmente en defecto
sustantivo, por cuanto aplicó una regla de caducidad diferente a la que rige y
subsume el caso concreto, porque, al tratarse de un contrato de agencia
comercial, la norma especial que gobierna la situación es el artículo 1329 del
Código de Comercio6.
31. Señaló que el defecto sustantivo se configuró en la medida en que los
árbitros aplicaron la norma general de caducidad, con desconocimiento de la
especial que rige este tipo de supuestos, esto es, la relativa al plazo con que
cuentan las partes de un contrato de agencia comercial para ejercer de manera
oportuna la acción.
32. Indicó que se desconoció la regla de unificación contenida en la
providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera el 1º de agosto de
2019, expediente 62.009, en la que la corporación precisó que el acta de
liquidación bilateral extemporánea no deja de ser un acto jurídico eficaz y
vinculante para las partes del contrato estatal.
33. Precisó que, en esa oportunidad, se advirtió que, en caso de duda sobre la
aplicación del término de caducidad debía privilegiarse una interpretación
favorable al ejercicio de acción.
34. Con fundamento en la “sentencia de unificación”7 referida, afirmó que el
tribunal de arbitramento incurrió en error al considerar que la única forma de
liquidar la relación contractual era mediante la suscripción de un acta o documento
6 La norma citada establece que “Las acciones que emanan del contrato de agencia comercial
prescriben en cinco años.”
7 En realidad, se trata de un auto interlocutorio dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
en sede de unificación, con ponencia del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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conjunto o de mutuo acuerdo entre las partes, desconociendo que también podía
ser unilateral, como ocurrió en el caso concreto con la liquidación de cuentas
efectuada por Colombia Móvil a través del correo electrónico del 11 de diciembre
de 2015.
35. Destacó que, en el caso concreto no procedía la liquidación unilateral
mediante acto administrativo, porque el contrato se regía por normas de derecho
privado y no tenía el contratante facultad exorbitante alguna; sin que ello obste
para que pudieren proferirse actos de carácter contractual, como es el que realizó
Colombia Móvil con el balance económico del contrato, mediante la liquidación de
comisiones y el descuento a los distribuidores pendientes, tras la finalización de la
ejecución del objeto del convenio.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio de la demanda
36. Mediante auto de ponente, dictado el 31 de enero de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los árbitros que integraron el Tribunal de
Arbitramento conformado para dirimir las controversias entre las sociedades Viva
Móvil Telco S.A.S. y Colombia Móvil S.A. E.S.P., señores Carlos Esteban
Jaramillo Schloss, Nicolás Gamboa Morales y José Fernando Ramírez Gómez,
inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá.
37. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con interés
jurídico en el resultado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a Colombia Móvil S.A. E.S.P., a la Procuradora
50 Judicial II para Asuntos Administrativos, por haber intervenido en el trámite
arbitral que motivo la controversia constitucional, a la señora Diana Marcela
Ortega Roldán, jefe regional T a T de Claro Colombia, quien rindió testimonio en el
proceso que originó la presentación de esta tutela y al Consejo de Estado, como
terceros con interés en el resultado del proceso.
38. En la misma providencia se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados
1.5.2.1. Árbitros Nicolás Gamboa Morales, Carlos Esteban Jaramillo y José
Fernando Ramírez Gómez
39. Los árbitros que integraron el panel que resolvió la controversia
manifestaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado carece de competencia
para resolver la presente acción de tutela, en consideración a que, en virtud de lo
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dispuesto por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
1º del Decreto 333 de 2021, corresponde a la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por ser la facultada para resolver el recurso extraordinario de anulación.
40. Argumentó, igualmente, que la acción de tutela es improcedente, por cuanto
no concurre el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la parte
actora tan solo pretende reabrir el debate dado en las instancias del proceso.
41. Hizo referencia a que el juez constitucional debe realizar un análisis más
riguroso de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra Laudo Arbitral por tratarse de un escenario en el que se ha expresado la
voluntad de los sujetos de apartarse de la jurisdicción ordinaria.
1.5.2.2. Colombia Móvil S.A. E.S.P.
42. La entidad, por intermedio de apoderado judicial, manifestó que la acción de
tutela debe ser negada porque el tribunal de arbitramento no incurrió en defecto
alguno y tampoco desconoció el principio pro actione.
43. Aclaró que los argumentos expuestos por la sociedad demandante carecen
de soporte y están encaminados a generar confusión. Precisó que, en la segunda
pretensión principal de la demanda Viva Móvil solicitó que se estableciera que el
contrato de agencia se ejecutó hasta el 31 de marzo de 2015, declaración a la cual
se allanó la convocada.
44. Agregó que, en el Laudo se encontró acreditado que el contrato de agencia
comercial terminó el 31 de marzo de 2015, “según se desprende de (i) la precitada
pretensión, (ii) la carta de no prórroga de 19 de febrero de ese mismo año, (iii) lo
reconocido por la misma VIVA MÓVIL en el hecho 45 de la reforma integrada de la
demanda, así como de (iv) sendas pruebas documentales - varias de ellas provenientes
de la accionante - que dan cuenta de que con posterioridad a dicha fecha, las partes
únicamente intercambiaron información destinada al cobro de facturas pendientes de
pago o a la liquidación infructuosa del contrato.”
45. Se refirió a la conclusión a la que arribó el tribunal de arbitramento, al
precisar que el hecho de que, con posterioridad al 31 de marzo de 2015, la
sociedad contratista hubiera percibido algunas sumas de dinero no suponía que el
contrato se hubiera extendido hasta el 14 de diciembre de la citada anualidad,
fecha en que emitió algunas facturas, lo que se realizó como efecto de la
finalización y no como prórroga de la relación contractual.
46. Precisó que esas facturas posteriores a la terminación obedecían a la forma
como se pactó en el contrato la remuneración. Aclaró que las comisiones se
liquidaban dependiendo de los consumos de los usuarios de las líneas, lo cual
generaba que el agente pudiera recibir el pago de la comisión por la activación de
una línea meses después de haber efectuado la venta.
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47. Manifestó que a este “esquema de remuneración, atado a los consumos y
facturación al cliente, se le denomina “Recurrentes”, e implicaba que el pago de las
comisiones pudiera darse luego de terminado el contrato, sin suponer su prórroga. De
este hecho dio cuenta el testimonio rendido por Diana Ortega, de cuya declaración se
deriva con claridad que los pagos efectuados a favor de VIVA MÓVIL con posterioridad a
la terminación del contrato de agencia, en realidad correspondieron a las comisiones
causadas por la activación de líneas de telefonía móvil realizadas hasta el 31 de marzo de
2015.”
48. Se refirió ampliamente a los apartes de la declaración que la parte actora
considera indebidamente valorada y señaló las razones por las cuales no
desvirtúa las conclusiones a las que arribó el panel sobre la fecha de terminación
del contrato y, por ende, de configuración del fenómeno de la caducidad de la
acción.
49. Advirtió que, tampoco se configuró el defecto material porque el contrato no
fue liquidado ni bilateral ni unilateralmente, circunstancia a partir de la cual
consideró que resultaba aplicable el ordinal v) del literal j) del numeral 2º del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
50. Sobre el punto, destacó un hecho procesal que consideró contrario a la
lealtad, que consistió en que en la demanda inicial la sociedad Viva Móvil
manifestó que el contrato no había sido liquidado y, después de conocer la
excepción de caducidad de la acción que formuló la contratante, reformó la
demanda para aseverar que fue liquidado el 14 de diciembre de 2015, fecha en
que emitió las últimas facturas para el cobro de algunas comisiones pendientes de
pago.
51. Señaló que “la liquidación de un contrato es un asunto diferente al pago de las
comisiones que se realizó en el mes de diciembre de 2015 o que la mera expedición de
unas facturas. Lo anterior por cuanto, ‘de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la liquidación supone un ajuste “expreso y claro sobre las cuentas y el estado de
cumplimiento de un contrato, en el que debe constar un balance jurídico, técnico y
económico de las obligaciones radicadas en cabeza de las partes, al punto que ‘la
ausencia de este contenido mínimo impide asignarle a un documento [en este caso al
correo de COLOMBIA MÓVIL o a las últimas facturas librada por VIVA MÓVIL] la aptitud
suficiente para entender que liquida un negocio jurídico, por adolecer de la información
básica para entender que lo hace’8.
52. Señaló que tampoco se desconoció el artículo 1329 del Código de
Comercio, por cuanto este consagra un término de prescripción y no la caducidad
del medio de control de controversias contractuales, tal como fue aclarado por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver el recurso de anulación.
8 Sobre el punto, la entidad introdujo la siguiente cita original “Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, sentencia de
20 de octubre de 2014. Radicación No. 05001-23-31-000-1998- 00038-01. Expediente 27.777.”
10
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1.5.2.3. Procuraduría 50 Judicial II Administrativa delegada ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
53. El representante del Ministerio Público manifestó que la parte accionante
pretende nuevamente someter a estudio judicial sus argumentos sobre la
caducidad de la acción, los cuales fueron presentados en el mismo sentido en el
recurso extraordinario de anulación.
54. Se refirió ampliamente a las normas y a la jurisprudencia que regulan la
figura jurídica de la caducidad de la acción de controversias contractuales, para
determinar que la misma es de dos (2) años.
55. Agregó que el contrato de agencia comercial celebrado entre Colombia
Móvil y Viva Móvil contó con unos extremos claramente definidos, y que finalizó el
1º de abril de 2015, por expiración del plazo y por un bajo rendimiento de los
resultados por parte del agente comercial, sin que se efectuara la liquidación.
56. Consideró que “es incuestionable que el contrato de agencia comercial,
celebrado entre VIVA MOVIL TELCO S.A.S. y COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. es un
contrato estatal regido por normas especiales, cuyo control jurisdiccional corresponde a la
jurisdicción contenciosa administrativa y por ende, las normas procesales establecidas
para tal jurisdicción, las cuales se encuentran contempladas en la Ley 1437 de 2011, por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. De esta forma, el término de caducidad de la acción contractual respecto
de contrato de agencia comercial suscrito con Colombia Móvil, corresponde a dos años,
de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 164 del CPACA.”
57. Se refirió a las pruebas que fueron allegadas al proceso arbitral de cuya
valoración concluyó, como lo hizo el tribunal de arbitramento, que había operado
la caducidad del medio de control, lo cual dejó consignado en los siguientes
términos:
“…el día diecinueve (19) de febrero de 2015, “COLOMBIA MOVIL” citó al
“Agente” “VIVA MOVIL” y le comunicó que no se prorrogaría el Contrato de
Agencia Comercial, por lo cual este culminó el 31 de marzo de 2015,
contando hasta el 15 de abril del mismo año para realizar la liquidación
convenida. Al no efectuarse la liquidación del contrato, el término para
presentar la acción contractual, se extiende por dos meses más, esto el 15
de junio de 2015.
La demanda arbitral se presentó el 27 de noviembre de 2017, por lo cual
resulta evidente que se afectó por el fenómeno de la caducidad en los
términos del artículo 164 del CPACA, como lo declaró el tribunal arbitral, en
el correspondiente Laudo.”
58. Aclaró la forma como se acordó la remuneración del contrato y al pago de
las comisiones causadas, para concluir que las facturas que se presentaron en el
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mes de diciembre correspondían a valores causados antes de la terminación y no
a la liquidación o continuidad de la relación contractual.
59. Concluyó su escrito afirmando que “es claro que no cualquier comunicación de
la entidad pública puede entenderse como liquidación del contrato y que la liquidación
unilateral es un acto administrativo inequívoco en el que la administración plasma su
voluntad, por lo cual, las valoraciones realizadas por el tribunal arbitral respecto de la no
liquidación del contrato, se encuentran ajustadas a la normatividad aplicable, a la
jurisprudencia del Consejo de Estado y a la probado en el trámite arbitral.”
1.5.4. Auto de vinculación del Consejo de Estado, Sección Tercera –
Subsección “C”
60. Mediante auto dictado el 1º de marzo de 2022, se dispuso la vinculación
como tercero con interés en el resultado del proceso del Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección “C”, autoridad judicial que conoció y resolvió el
recurso extraordinario de anulación, en providencia dictada el 30 de abril de 2021.
61. Lo anterior, en consideración a que si bien no se presentó cuestionamiento
alguno en contra de la sentencia que resolvió el recurso, resultaba evidente el
interés que como tercero le asiste en la decisión que se pueda adoptar con
respecto al Laudo que revisó en esa sede.
62. Afirmó que el trámite del recurso extraordinario de anulación se llevó a cabo
con fundamento en las normas que lo rigen y con plenas garantías para los
intervinientes, de tal manera que no se vulneraron los derechos fundamentales de
la parte actora, argumento con fundamento en el cual solicitó que se negara la
solicitud de protección constitucional.
1.5.5. Intervención del Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”
63. El magistrado que fungió como ponente en la sentencia que resolvió el
recurso extraordinario de anulación informó el trámite que le impartió desde su
asignación, el 7 de julio de 2020, hasta su resolución en sentencia dictada el 30 de
abril de 2021, notificada el 22 de octubre siguiente.
64. Aclaró que se revisaron todos los cargos de anulación expuestos, los cuales
no se encontraron configurados en el caso concreto, por cuanto la norma de
caducidad aplicada era la que correspondía, de conformidad con la naturaleza
jurídica de la entidad contratante. Señaló las diferencias entre prescripción y
caducidad.
65. Manifestó que garantizó el derecho al debido proceso de las partes
involucradas y que no advierte en el escrito de tutela cuestionamiento alguno en
contra de la sentencia que resolvió el recurso de anulación.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
66. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por
Viva Móvil Telco S.A.S., con fundamento en lo establecido en el inciso 1º del
artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
que consagran las normas de competencia en materia de acciones
constitucionales de tutela.
67. Así mismo, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones y
Subsecciones está facultado para conocer en primera instancia del asunto del
vocativo de la referencia, con fundamento en las normas de reparto consagradas
en el Decreto 1069 de 20159, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación. Lo anterior, por cuanto se dirige en contra del Laudo Arbitral dictado
para resolver las controversias suscitadas con ocasión del contrato de agencia
comercial celebrado entre la actora y Colombia Móvil S.A. E.S.P.
68. En consecuencia, resulta aplicable el numeral 9º del artículo 1º del Decreto
333 de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, que
establece que “Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que
conoce del recurso de anulación.” (Negrillas incluidas por la Sala)
69. Con respecto a la autoridad judicial que, en virtud de las reglas de
competencia, conoce el recurso de anulación, se advierte que el artículo 149 de la
Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,
conocerá en única instancia, de los siguientes asuntos: “7. Del recurso de anulación
contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por
una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que
rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso sólo procederá el recurso
de revisión.”
70. Por su parte, el Reglamento Interno del Consejo de Estado, aprobado
mediante Acuerdo No. 80 de 2019, en su artículo 13, le asignó a la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por razón de la especialidad y volumen de trabajo,
la competencia funcional para conocer los recursos de anulación contra laudos
arbitrales, por lo que, en principio las acciones de tutela, que corresponden a la
jurisdicción constitucional, serían de competencia de esta.
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“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”
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71. Sin embargo, en el caso concreto la demanda inicial le fue asignada por
reparto a esta Sección la cual la admitió, por considerar que no le era posible a
este juez constitucional remitirla a la Tercera, por cuanto la norma de asignación
establece en el parágrafo segundo que “Las anteriores reglas de reparto no podrán
ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos
negativos de competencia"10 y una remisión posterior podría afectar los principios
economía y celeridad de la acción de tutela y los derechos fundamentales
involucrados.
72. Esta misma tesis fue sostenida por esta Sección en la sentencia dictada el
24 de junio de 202111, al advertir que las normas citadas se refieren a reglas de
reparto y no de competencia funcional, encontrándose facultada para resolver en
primera instancia la acción de tutela del vocativo de la referencia.
2.2. Problemas jurídicos
73. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los cargos presentados en la demanda de tutela,
el primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción cuando se dirige
contra providencia judicial y, concretamente, en el evento de cuestionarse un
Laudo Arbitral.
74. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si la
autoridad arbitral accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, con ocasión
del Laudo Arbitral dictado el 5 de febrero de 2020, a través del cual se declaró la
extinción de la acción de controversias contractuales, por caducidad y se abstuvo
de resolver el fondo de las pretensiones de la demanda.
75. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) naturaleza jurídica
del Laudo Arbitral; iii) alcance del recurso de anulación; iv) estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva; y v) análisis del caso concreto, con
10 Este mismo parágrafo fue destacado por la Presidencia de esta Corporación con motivo del
conflicto de competencias que se suscitó entre las secciones segunda y tercera, con ocasión del
conocimiento del proceso N° 11001-03-15-000-2019-05253-00 en el que fue accionante
Bancolombia S.A. y accionado el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
En esa oportunidad, el Presidente del Consejo de Estado, mediante auto del 30 de enero de 2020,
declaró que no existió conflicto de competencias y ordenó remitir el expediente al Despacho de la
Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, al advertir que había ordenado la
acumulación de varias acciones de tutela que guardaban identidad de causa, objeto y autoridad
accionada con el expediente N.o 11001-03-15-000-2019-05083-00 instaurada por Estudios y
Proyectos del Sol –EPISOL- contra el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
24.06.2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001031500020210026600.
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fundamento en los argumentos expuestos en la demanda presentada y en las
intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
76. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
12
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró
su procedencia.14
77. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y
iv) de relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo
solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
78. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
79. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.2. Naturaleza jurídica del laudo arbitral
80. El artículo 116 de la Constitución Política establece que los particulares
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de árbitros habilitados por las partes.
12 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
15
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81. La Corte Constitucional ha reiterado que “no obstante sus características
especiales, atinentes a su naturaleza voluntaria y transitoria, la justicia arbitral constituye
en realidad una modalidad constitucionalmente legítima de administración de justicia y,
por tanto, más allá de sus diferencias evidentes con la justicia estatal, las providencias
que se emitan por aquella están también amparadas, en principio, por la intangibilidad que
se deriva de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial.”15
82. De las normas y jurisprudencia referidas se desprende la naturaleza
jurisdiccional del proceso arbitral, en virtud de la cual el Laudo tiene la esencia y
características propias de las providencias judiciales, que gozan de la doble
presunción de legalidad y acierto, por lo que corresponde abordar el análisis con
fundamento en los requisitos de procedencia de la acción de tutela que se dirigen
contra estas.
2.3.3. Recurso extraordinario de anulación
83. La Sección Tercera del Consejo de Estado, ha definido las principales
características de este recurso16, señalando que es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia adicional del proceso
arbitral. Tiene como finalidad controvertir la decisión contenida en este, en
principio, por errores in procedendo, por lo cual a través de él no puede
pretenderse atacarlo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, por vicios in
iudicando.
84. Sin embargo, con el objeto de garantizar el debido proceso, consagrado en
el artículo 29 Constitucional, se ha considerado la posibilidad de revisar la
valoración probatoria realizada por el Tribunal de Arbitramento, desde la
perspectiva de la causal de anulación del fallo en conciencia, tal como ha
precisado la Sección Tercera del Consejo de Estado en garantía de la prevalencia
del derecho sustancial17.
85. En forma igualmente excepcional, el juez de la anulación puede corregir o
adicionar el Laudo, pero solo en aquellos eventos en que prospere la causal de
anulación contenida en el numeral 8º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
consistente en contener este disposiciones contradictorias, errores aritméticos o
por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén
comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella, o la causal de
incongruencia, por no haberse decidido la totalidad de los asuntos sometidos al
conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos que no
15 Corte Constitucional, T.225 del 23.03.2010. M.P. Mauricio González Cuervo
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del
4.12.2006, Rad. 32.871; del 26.03.2008, Rad. 34.071; del 13.08.2008, Rad. 34.594; del
25.08.2011, Rad. 38.379, entre otras.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU.566 del 13.10.2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 10.12.2018, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico
16
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estaban sujetos a la decisión de estos, así como por haberse concedido más de lo
pedido, de conformidad con la causal prevista en el numeral 9º de la misma
norma, tal y como lo dispone el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.18
2.3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra Laudos
Arbitrales
86. Desde la sentencia SU-174 de 2007, la Corte Constitucional ha venido
haciendo referencia al carácter excepcional de la procedencia de la acción de
tutela contra Laudos Arbitrales, señalando que, está dado por un margen de
respeto de la decisión autónoma de los árbitros, “que no ha de ser invadido por el
juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a
arbitramento” e implica que se haya configurado en la decisión una de las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial y que se hayan vulnerado en forma directa derechos fundamentales.19
87. A juicio de la Corte, las exigencias señaladas se derivan de: “(a) la estabilidad
jurídica de los laudos arbitrales, (b) el carácter excepcional y transitorio de la resolución
de conflictos mediante el arbitraje, (c) el respeto por la voluntad de las partes de someter
la resolución de sus controversias a un particular específicamente habilitado para ello y no
a los jueces estatales, y (d) la procedencia taxativa de las vías judiciales para controlar las
decisiones proferidas por los árbitros.”20 Lo anterior por cuanto las partes en conflicto
acordaron voluntariamente someterse a la decisión de particulares investidos
transitoriamente de jurisdicción.
88. En la sentencia de unificación de jurisprudencia SU-033 de 201821, en la
que reiteró las consideraciones expuestas en la SU-500 de 201522, la Alta Corte
señaló que el carácter especial de la justicia arbitral implica que se deba hacer un
examen de procedibilidad -tanto de los requisitos generales, como especiales-,
más riguroso que aquel a realizar en las tutelas contra providencia judicial, por
tratarse de “un escenario en el cual se ha expresado la voluntad de las partes de
apartarse de la jurisdicción ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de
arbitramento”.23
18 La norma en cita establece que Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los
numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se
corregirá o adicionará.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-055 del 3.02.2014. M.P. Alberto Rojas Ríos
20 Ob. Cit. Cita No. 75
21 Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos
22 A su vez reiteró el contenido de la sentencia SU- 174 de 2007 en la que la Corte fue enfática en
reafirmar que el carácter excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales exige tener en
cuenta el respeto por: “(i) La estabilidad jurídica de los laudos arbitrales; (ii) el carácter excepcional
y transitorio de la resolución de conflictos mediante el arbitraje; (iii) la voluntad de las partes de
someter sus controversias a un particular específicamente habilitado para ello y no a los jueces
estatales y (iv) el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no debe ser invadido por el
juez de tutela y le impide a éste, pronunciarse directamente sobre el fondo del asunto sometido a
arbitramento”.
23 Sobre este tema, se consideró que la decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria
constituye un elemento esencial que implica procurar al máximo la permanencia de la decisión
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89. En ese mismo fallo, la Corte consideró que si la excepcionalidad y
taxatividad de las causales restringe el análisis de los recursos extraordinarios de
anulación y de revisión que proceden contra el Laudo a aspectos procesales, con
el fin de que en todo momento se respete la voluntad de las partes, quienes han
pactado que su controversia sea resuelta por la justicia arbitral, con mayor razón la
procedibilidad frente al procedimiento de tutela se hace más restringida todavía,
en consideración a que “cualquier intervención de una jurisdicción exógena resulta, en
principio, ajena a la voluntad de las partes y excepcional frente a la obligatoriedad del fallo
arbitral”24.
2.3.5. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.5.1. Tutela contra tutela
90. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
censurada fue dictada en el proceso arbitral convocado por Viva Móvil Telco
S.A.S. contra Colombia Móvil S.A. E.S.P.25.
2.3.5.2. Inmediatez
91. En relación con el requisito de inmediatez esta Sección considera que se
encuentra superado, toda vez que la sociedad accionante instauró una primera
acción de tutela en contra del Laudo Arbitral, la cual fue declarada improcedente
en sentencia ejecutoriada, en relación con los cargos con respecto a los cuales
contaba con el mecanismo judicial de defensa consistente en el recurso
extraordinario de anulación, que corresponden exactamente a los mismos que se
proponen en esta oportunidad.
adoptada por la jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a una posterior ratificación o
cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual las partes expresamente renunciaron. En
palabras de esta Corporación: “(…) acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica,
excepcional y transitoria de la administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las
partes en un conflicto transigible”.
24 Ob.Cit. cita 62.
25 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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92. Cabe destacar que la sociedad interpuso en forma oportuna tal mecanismo
de impugnación y el mismo fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección
Tercera – Subsección “C” en sentencia dictada el 30 de abril de 2021, en la que lo
declaró infundado y se condenó en costas a la recurrente, en la modalidad de
agencias en derecho.
93. La sentencia que resolvió el recurso extraordinario de anulación, con
respecto al cual se declaró la improcedencia de la primera acción de tutela, fue
notificada el 22 de octubre de 2021 por estado electrónico, de tal manera que
cobró ejecutoria el 29 del mismo mes y año.
94. Por su parte, la demanda con la que se ejerció la presente acción se radicó
el 16 de diciembre de 2021, plazo que la Sala considera razonable, en tanto no
supera el de seis (6) meses, a que se refieren, entre otras, la sentencia del 5 de
agosto de 2014, dictada en sede de unificación por la Sala Plena del Consejo de
Estado.26
95. Lo anterior aun cuando se advierte que la accionante no elevó
cuestionamiento alguno en contra de la sentencia que resolvió el recurso de
anulación, sino que únicamente censuró el Laudo Arbitral. El término de
inmediatez en este caso frente al derecho de acceso efectivo a la administración
de justicia se debe contabilizar a partir de la ejecutoría de la sentencia que resolvió
el recurso de anulación27.
2.3.5.3. Subsidiariedad
96. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que contra el Laudo Arbitral proceden los
recursos de anulación y de revisión, el primero de los cuales fue interpuesto por la
parte actora y, con respecto al segundo, los argumentos expuestos no encuadran
en alguna de las causales taxativas consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011.
97. Ahora bien, en consideración a que la parte actora no presentó censura
alguna contra la sentencia que resolvió el recurso de anulación, corresponde en
esta oportunidad analizar los cargos que, guardando identidad con los expuestos
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad.1001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) En esta sentencia, se precisó que: “…la Sala Plena, como regla general, acoge un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el
caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones
jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad”.
27 En el mismo sentido se había pronunciado esta Sección en la sentencia dictada el 24 de junio de
2021, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate. Ob. Cit. Cita No. 10.
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en la acción de tutela, se decidieron de fondo en el referido fallo, tornando con ello
improcedente el cuestionamiento directo contra la decisión del panel.
98. Al respecto, se evidencia que la parte actora, en la presente acción, alegó la
existencia de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente y
en el recurso extraordinario de anulación, con los mismos argumentos, invocó las
causales 2ª28, 7ª29 y 8ª30 de la Ley 1563 de 2012.
99. En efecto, las causales de anulación se sustentaron en que: i) las normas
de caducidad previstas en el CPACA no eran aplicables al caso concreto; ii) la
oportunidad en el ejercicio de la acción se contabilizó en forma inadecuada; iii) el
Laudo se apartó del marco jurídico previsto en el artículo 1329 del Código de
Comercio; y iv) se presentó una contradicción en el análisis efectuado por el
Tribunal, al concluir que el contrato objeto de controversia se rige por el derecho
privado no obstante lo cual aplicó el término de dos (2) años establecido en la Ley
1437 de 2011 para el medio de control de controversias contractuales, en lugar del
término de prescripción de cinco (5) años, establecido en el artículo 1329 del
Código de Comercio, norma especial que rige los contratos de agencia mercantil.
100. En consideración a la procedencia del recurso extraordinario de revisión por
vicios in procedendo, se evidencia que únicamente se resolvió de fondo lo
relacionado con la norma jurídica aplicable a la caducidad de la acción de
controversias contractuales –que corresponde al defecto sustantivo alegado en
sede de tutela–, lo que se realizó con fundamento en la naturaleza jurídica de la
entidad contratante.
101. Sobre este aspecto, en la sentencia que resolvió el recurso de anulación,
previa transcripción in extenso de las consideraciones expuestas por el tribunal de
arbitramento, se concluyó que “el panel arbitral fundamentó su fallo en normas vigentes
y aplicables que correspondieron al objeto de la litis y de las excepciones formuladas.”
102. La autoridad judicial consideró que en el Laudo Arbitral se analizó de
manera amplia y detallada el presupuesto procesal de la caducidad de la acción
de controversias contractuales y las consideraciones expuestas por las partes
sobre la norma aplicable al caso concreto, que es la prevista en el artículo 164 de
la Ley 1437 de 2011, al tiempo que señaló que la decisión se sustentó en la
posición unificada de esta corporación.
103. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C” hizo énfasis en
que “las normas que regulan la prescripción no pueden ser aplicadas a la caducidad,
28 “La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.”
29 “Haber fallado en conciencia o en equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca como manifiesta en el laudo.”
30 “Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o
influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente por el tribunal arbitral.”
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habida cuenta de que son figuras que regulan fenómenos jurídicos diferentes. Por otra
parte, también es claro que las normas jurídicas aplicables a conflictos originados en
contratos estatales sujetos a régimen exceptuado, son las del Estatuto Procesal
Administrativo, Ley 1437 de 2011, normativa que prevé de manera expresa un término de
caducidad para ejercer el medio de control de controversias contractuales y no uno de
prescripción.”31
104. Descartó la aplicación del artículo 1329 del Código de Comercio, por cuanto
Colombia Movil S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta con un
componente accionario mayoritariamente público, cuyas controversias se deben
tramitar con las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
105. La Sala reitera que los razonamientos expuestos en el fallo referido sobre la
norma jurídica aplicable a la caducidad de la acción de controversias contractuales
y las conclusiones a las que arribó el juez de la anulación no fueron objeto de
censura en esta sede, de tal manera que al haberse agotado el mecanismo judicial
idóneo para controvertirlas, el cual fue resuelto sin que generara inconformidad
alguna en la parte actora, torna absolutamente inviable su análisis en esta
oportunidad, pues el juez de la tutela no puede volver a realizar el examen que
realizó el competente, so pena de invadir su órbita de competencia.
106. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción con respecto
al defecto sustantivo que la parte actora sustentó en la indebida aplicación de las
normas que regulan la caducidad.
107. Siendo ello así, la Sala continuará con el análisis con respecto a los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente, en relación con los cuales
concurre el requisito de subsidiariedad, en consideración a que, aun cuando
fueron igualmente expuestos como cargos en el recurso extraordinario de
anulación, no se resolvieron de fondo por la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado, en consideración que se trataba de vicios in judicando.
108. Tampoco corresponden a cargos que sea posible invocar en el recurso
extraordinario de revisión, el cual igualmente procede contra el Laudo Arbitral al
tenor de lo establecido por el artículo 45 de la Ley 1563 de 201232, por cuanto los
argumentos expuestos no encuadran en alguna de las circunstancias que habilitan
su interposición.
31 El juez de la anulación citó y transcribió apartes de las siguientes decisiones: “Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “A”, Auto del 27 de
mayo de 2004, Rad.24371 y Auto del 14 de agosto de 2013, Rad. 45.191” de la misma subsección.
32
“ARTÍCULO 45. RECURSO DE REVISIÓN. Tanto el laudo como la sentencia que resuelva
sobre su anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por las causales y
mediante el trámite señalado en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, quien tuvo
oportunidad de interponer el recurso de anulación no podrá alegar indebida representación o falta
de notificación. Cuando prospere el recurso de revisión, la autoridad judicial dictará la sentencia
que en derecho corresponda.”
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109. Cabe destacar que la acción de tutela que previamente se interpuso contra
el Laudo tampoco estudió el fondo del asunto, por cuanto consideró improcedente
la acción ante la interposición del recurso de anulación, circunstancias que llevan
a la Sala a entender superado este requisito.
2.3.5.4. Relevancia constitucional
110. La Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de
procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda y
las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita la protección de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, desde la
perspectiva constitucional consagrada en los artículos 29 y 229 de la Carta, lo que
implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
111. Adicionalmente, se involucra un cargo de desconocimiento del precedente
que implica un examen desde el derecho a la igualdad consagrado en el artículo
13 de la Constitución Política.
112. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal,
el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria,
cuyos titulares tenían la obligación de constituirse en garantes de los derechos
fundamentales asumiendo el rol de jueces de constitucionalidad y/o de
convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela, quien deberá analizar el
caso de acuerdo con los postulados del Estado Social de Derecho.
113. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.
114. Por otra parte, este presupuesto implica que el asunto de la acción de
tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas33.
33 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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115. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva,
corresponde a la Sala analizar el fondo del asunto, con fundamento en los dos
cargos restantes34.
2.3.6. Examen del caso concreto
2.3.6.1. Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas
116. Este defecto se fundamentó en que en el Laudo se tuvo en cuenta como
fecha inicial para la contabilización del término de caducidad el 1º de abril de
2015, “pese a estar demostrado y evidenciado en el proceso que la relación contractual
de las partes continuó hasta el mes de diciembre del mismo año.”
117. Consideró que se valoró en forma indebida la declaración rendida por la
señora Diana Marcela Ortega Roldán, quien precisó que, con posterioridad al 1º
de abril de 2015, Viva Móvil continuó ejecutando obligaciones propias del contrato
de agencia comercial, para lograr la venta de unas recargas que habían adquirido
los puntos de venta con destino al consumidor final y las cuales debían finiquitarse
para agotar la relación.
118. Afirmó que la versión de la testigo fue interpretada de manera errónea por
el tribunal, por cuanto no se tuvo en cuenta que se refería a situaciones acaecidas
con posterioridad al 1º de abril de 2015 y a “actividades comerciales que el agente
tuvo que realizar a solicitud de la compañía agenciada -se insiste- con el fin de poder
vender productos al consumidor final antes de terminarse la relación contractual por
agotamiento de su objeto y/o productos.”
119. También relacionó la prueba documental contenida en la comunicación que,
en su sentir, daba cuenta de la intención unilateral de Colombia Móvil de no
prorrogar el contrato de agencia comercial, expedida luego de la fecha indicada en
el Laudo y en el contrato estatal del que destacó el contenido de la cláusula
octava.
120. Cabe destacar que esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201535,
precisó los alcances y requisitos que se deben atender al momento de alegarse la
ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos
a colación en la presente decisión.
121. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
34 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias
sentencias de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04724-00.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del
12.11.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, correspondiendo la alegación de la parte actora al
supuesto previsto en el numeral tercero citado, que presenta los lineamientos y
exige el agotamiento de la carga argumentativa que se expone a continuación:
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.
Se requiere entonces que la parte:
a) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración.
Valoración
b) Identifique la razón del por qué, en cada caso en
irracional o
particular, la consideración del operador judicial
arbitraria de las
se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y
pruebas
la sana crítica.
aportadas
El segundo de los elementos señalados resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Refiera la incidencia de la prueba en el fallo
atacado.
122. La Sala advierte que la parte actora cumplió con la carga argumentativa
mínima exigida para examinar el cargo, porque señaló las pruebas objeto de
indebida valoración y los argumentos por los cuales, a su juicio, se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como la incidencia en el
sentido del fallo frente al inicio de la contabilización del término de caducidad del
medio de control de controversias contractuales.
123. Al respecto, esta Sección considera que el panel arbitral valoró la totalidad
de las pruebas que fueron aportadas al proceso y, adicionalmente, tuvo en cuenta
las manifestaciones que las partes realizaron en los escritos, especialmente en la
demanda y en la reforma, para concluir que el contrato terminó el 31 de marzo de
2015 y no en el mes de diciembre como lo asevera la parte recurrente.
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124. La prueba principal que lo llevó a esta conclusión es la carta que le envió la
entidad contratante a Viva Móvil Telco S.A.S., el 19 de febrero de 2015 en la que
expresamente señaló que “la fecha efectiva de la no prórroga del contrato será el 31 de
marzo de 2015, día a partir del cual se deberán iniciar los trámites asociados a la
liquidación de las prestaciones recíprocas correspondientes y la suscripción del acta de
liquidación de rigor”.
125. En el Laudo también se tuvo en cuenta que, en el hecho 45, numeral 2º de
la demanda reformada y en las pretensiones que incluyó la sociedad convocante,
esta admitió que el contrato terminó en la fecha indicada y así obra en
comunicaciones posteriores en las que pretendió el cobro de facturas pendientes y
la liquidación del contrato, suscritas por la contratista. Hizo énfasis en la siguiente:
126. El panel aclaró que “las facturas libradas por la parte demandante en la
oportunidad que ella encontró conveniente, cobrando obligaciones surgidas con
posterioridad al 31 de marzo de 2015, nada tienen que ver con el acto de liquidación que
anteriormente se definía. Mucho menos para entender con su literalidad un momento de
terminación diferente al que señaló la carta de febrero de 2015, y así proponerse una
época distinta para contabilizar el término de caducidad.”
127. Afirmó que el señalamiento del 14 de diciembre de 2015, como extremo
final de terminación del contrato, corresponde a una manifestación que contradice
lo admitido en la demanda.
128. También se descartó la fecha de las facturas emitidas en el mes de
diciembre de 2015, por cuanto ellas corresponden a cobros de comisiones que se
causaron antes de la terminación del contrato pero que, debido a la forma como se
acordó la remuneración, únicamente se podían pagar en esa fecha, circunstancia
en la que el panel valoró la declaración rendida por la testigo Diana Marcela
Ortega Roldán, de cuya versión destacó:
“Preguntada la mencionada testigo por la apoderada de la parte
demandante, sobre la compra de “recargas” por parte de VIVA MÓVIL,
después del ‘1º de abril de 2015’ esta ofreció la siguiente respuesta, que sin
duda alguna muestra razonada y circunstancialmente la causa de la emisión
de dichas facturas, y la justificación de su fecha, obviamente muy posterior a
la época en que se entiende terminado el contrato.”
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129. Al transcribir la respuesta señaló que las facturas obedecieron a la garantía
que se debía dar a los clientes que le habían comprado al distribuidor, por la forma
como se pactó el pago en el contrato por comisiones.
130. Evidenció que la declarante dejó al descubierto “que las facturas cobradas el
14 de diciembre de 2015, en manera alguna significaban un acto de prórroga o
continuidad del Contrato de Agencia Mercantil, sino un efecto de la misma finalización del
Contrato, pues no se trataba ni siquiera del pago de obligaciones emanadas antes del 31
de marzo de 2015, fecha de su terminación, sino del cobro de comisiones relacionadas
con las compras de recargas que VIVA MÓVIL tuvo que hacer con posterioridad a la
terminación del contrato con el fin de cumplirles a los adquirentes de los puntos de venta,
para que éstos a su vez pudieran satisfacer al cliente final.”
131. La autoridad arbitral accionada consideró que la declaración de la testigo se
confirmaba con la literalidad de las facturas expedidas con posterioridad a la fecha
de terminación del contrato, las cuales hacen referencia a la compra de recargas
con el fin de atender a los clientes finales que habían adquirido previamente el
producto.
132. Tal valoración en su conjunto de las pruebas allegadas a la actuación y de
los hechos admitidos con la presentación de la demanda llevaron al panel arbitral
a concluir que la terminación del contrato se dio el 31 de marzo de 2015, lo cual
quedó explicado suficientemente en el Laudo.
133. En consecuencia, no le asiste razón a la sociedad accionante cuando
afirma que no se valoraron en debida forma el testimonio y las pruebas
documentales que dan cuenta de la existencia de actividades contractuales que se
llevaron a cabo con posterioridad a la fecha de terminación del vínculo, cuando lo
que ocurrió es que fueron debidamente apreciadas, pero se llegó a una conclusión
diferente a aquella a la cual aspiraba.
134. En efecto, el hecho de que existan facturas posteriores a la terminación del
contrato obedece exclusivamente a la forma como se acordaron las
remuneraciones, a la modalidad del contrato y al objeto sobre el cual recaía el
agenciamiento que se refiere a datos móviles y a telefonía celular.
135. No se encuentra configurado el defecto fáctico, adicionalmente, porque la
prueba documental y testimonial referida no desvirtúa el contenido de la carta de
terminación del contrato remitida el 19 de febrero de 2015 y aceptada por la parte
demandada, por lo que se negará la protección constitucional con respecto a este
cargo.
2.3.6.1. Desconocimiento del precedente
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136. La parte actora sustentó este cargo en el desconocimiento de la regla de
unificación contenida en la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera el 1º de agosto de 2019, expediente 62.009, en la que la corporación
precisó que el acta de liquidación bilateral extemporánea no deja de ser un acto
jurídico eficaz y vinculante para las partes del contrato estatal.
137. Precisó que, en ese pronunciamiento se advirtió que, en caso de duda
sobre la aplicación del término de caducidad debía privilegiarse una interpretación
favorable al ejercicio de acción.
138. Con fundamento en el auto interlocutorio de unificación referido, afirmó que
el tribunal de arbitramento incurrió en error al considerar que la única forma de
liquidar la relación contractual era mediante la suscripción de un acta o documento
conjunto o de mutuo acuerdo entre las partes, desconociendo que también podía
ser unilateral, como ocurrió en el caso concreto con la liquidación de cuentas
efectuada por Colombia Móvil a través del correo electrónico del 11 de diciembre
de 2015.
139. Para resolver este caso la Sala precisa que, efectivamente, la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto dictado el 1º de agosto de
201936 dictó la siguiente regla de unificación de jurisprudencia:
“PRIMERO: En los términos indicados en la parte motiva de esta
providencia, UNIFÍCASE la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en relación con el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales de contratos que han sido liquidados después de
haber vencido el término convencional y/o legalmente dispuesto para su
liquidación, pero dentro de los dos años posteriores al vencimiento de este
último. La Sala unifica el criterio que ha de ser observado para el conteo del
término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en
tales casos, para indicar que éste debe iniciar a partir del día siguiente al de
la firma del acta o de la ejecutoria del acto de liquidación del contrato,
conforme al ap. iii del literal j. del numeral 2 del artículo 164 del CPACA; y de
precisar que, en consecuencia, el apartado v) del literal j del mismo numeral
solo se deberá aplicar cuando al momento de interponerse la demanda, el
operador judicial encuentre que no hubo liquidación contractual alguna.”
140. Esta regla de unificación, en consecuencia, es aplicable en aquellos
supuestos en los que los contratos han sido liquidados, pero ello ocurre con
posterioridad al vencimiento del término contractual o legalmente dispuesto y
dentro de los dos (2) años siguientes a su finalización, precisando que el apartado
v) del literal j del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 se aplica a aquellos en
los que el juez del contrato evidencia que no hay liquidación.
36En el proceso de controversias contractuales instaurado por Consorcio Estación 2013 contra
Metroplus S.A., Rad. 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009), M.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas
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Demandante: Viva Móvil Telco S.A.S.
Demandado: Tribunal de Arbitramento contra Colombia Móvil S.A. E.S.P.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11794-00
141. En el presente caso, las pruebas allegadas a la actuación dan cuenta de
que las partes pactaron el plazo de quince (15) días para llevar a cabo la
liquidación del contrato y que tal actuación no se surtió en el término acordado por
las partes ni más adelante en ninguna forma.
142. Ante la ausencia de liquidación, el panel dio aplicación al apartado v) del
literal j del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, que contiene el supuesto de hecho al que
igualmente hace referencia el auto de unificación que se cita como desconocido.
143. En efecto, en el Laudo se consignó la siguiente conclusión:
“…una acotación adicional resulta pertinente, destinada a reiterar que al caso
aplica el numero V) del literal J) del art. 164 del C.P.A.C.A. conforme lo anotó
el Consejo de Estado en reciente sentencia de unificación de jurisprudencia
de la Sección Tercera, habida cuenta de estar establecido por convención
contractual el contrato tenía prevista la fase de liquidación, pero que esta en
manera alguna ha ocurrido, según se dejó visto”.37
144. Cabe destacar que, contrario a lo alegado en esta oportunidad en el sentido
de que realmente sí existió liquidación y esta corresponde a la determinación de
las cuentas –realizada el 11 de diciembre de 2015 por Colombia Móvil y remitida
por correo electrónico–, la sociedad accionante en el proceso arbitral alegó que el
contrato no requería liquidación y que, por ello, el término de caducidad no podía
contabilizarse con fundamento en el precepto referido.
145. Fue posteriormente, frente a la excepción de caducidad formulada por la
entidad convocada, que cambió su afirmación y manifestó que la liquidación del
contrato había operado con la determinación de las cuentas, cuando lo cierto es
que esta corresponde a los valores que se tuvieron que pagar por concepto de
recargas derivadas de la forma como se pactó el precio y los desembolsos.
146. Por lo anterior, el tribunal de arbitramento no desconoció la regla, sino que
se apoyó en la posición unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
cuanto a la contabilización del término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales en los eventos en los que se omite liquidar el contrato.
147. Con base en dicha posición es claro que el Tribunal debía aplicar el ordinal
v) del literal j) del artículo 164 del CPACA, habida cuenta de que, como lo definió
el Consejo de Estado, aquel encontró que al momento de la interposición de la
demanda el contrato de agencia comercial definitivamente no había sido liquidado.
148. Los supuestos de hecho en el caso analizado por el Consejo de Estado en
el auto de unificación difieren de los examinados en esta oportunidad porque allí
se presentó una liquidación extemporánea y en este caso no se liquidó el contrato.
37 Ver numeral 157 del Laudo Arbitral.
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Demandado: Tribunal de Arbitramento contra Colombia Móvil S.A. E.S.P.
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149. La liquidación de un contrato no corresponde a un cruce o finiquito de
cuentas efectuado por comunicación enviada al contratista por un funcionario sin
competencia funcional para ello, en la medida en que consiste en un acto jurídico
que requiere el cumplimiento de unos requisitos mínimos y, si esta se realiza en
forma unilateral por parte de la entidad contratante, debe contener los
presupuestos exigidos para la validez y eficacia de los actos administrativos de
contenido particular y concreto.
150. Por las consideraciones expuestas no se advierte el desconocimiento del
precedente alegado.
2.4. Conclusiones
151. En el caso concreto se encontró que el defecto sustantivo no superó el
requisito de procedibilidad referido a la subsidiariedad por cuanto fue resuelto de
fondo en la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de anulación y contra
esa decisión no se elevó censura alguna.
152. No se encuentra configurado en el caso concreto el defecto fáctico, por
cuanto las pruebas se valoraron en su conjunto de acuerdo con las reglas de la
sana crítica y se tuvieron en cuenta los hechos admitidos por la sociedad
accionante, que daban cuenta exacta de la fecha de terminación del contrato.
153. Tampoco se acreditó el defecto por desconocimiento del precedente por
cuanto en el presente caso no existió liquidación del contrato que constituye el
supuesto sobre el cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
fijó la regla jurisprudencial.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela invocada por la
sociedad Viva Móvil Telco S.A.S., con respecto al defecto sustantivo invocado.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela por no advertirse configurados los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandado: Tribunal de Arbitramento contra Colombia Móvil S.A. E.S.P.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11794-00
CUARTO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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