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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00040-00

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00040-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por el señor Jaime Alberto Vahos Duque contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00040-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00040-00
Accionante: JAIME ALBERTO VAHOS DUQUE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / defecto
orgánico

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jaime Alberto
Vahos Duque contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
333 de 2021 y demás normas concordantes.

I. ANTECEDENTES

El señor Jaime Alberto Vahos Duque, actuando por conducto de
apoderado1, invoca la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso, con fundamento en los siguientes:

1. Hechos

1.1. CAJANAL EICE en liquidación, hoy la UGPP, instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad,

1
Francisco Javier Herrera Sánchez.

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con el fin de obtener la nulidad de la Resolución UGM45867 del 10 de
mayo de 2012, mediante la cual la entidad, en cumplimiento de un fallo
de tutela, reliquidó la pensión del demandante con el 100 % de la
bonificación por servicios prestados.

1.2. El Juzgado 25 Administrativo de Medellín, a través de sentencia
del 12 de junio de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para que se reliquidara la pensión de jubilación con la
inclusión de una doceava parte de la referida bonificación y no con el
100 %, de acuerdo a la jurisprudencia vigente.

1.3. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante providencia del 30 de junio de 2021, confirmó lo resuelto por
el a quo, por similares razones.

2. Fundamentos de la acción

El demandante manifiesta que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia adolece de defecto orgánico, toda vez que,
al haber sido ordenada la reliquidación pensional con el 100 % de la
bonificación por servicios prestados a través de una sentencia de tutela
que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, carecía de competencia
para modificar dicha situación, pues al margen de que hubiera reparos
desde el punto de vista legal o constitucional, no se demostró que en
dicha acción constitucional se hubiera incurrido en fraude, de manera
que no tenía competencia para cuestionar una orden de amparo
definitivo de derechos fundamentales.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

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«1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO e
IGUALDAD, del señor JAIME ALBERTO VAHOS DUQUE, vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad –, mediante fallo de segunda instancia
de fecha 30 de junio de 2021, emitido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
– lesividad –, de radicado 05001333302520130017101.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, ordénese al Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Segunda de Oralidad –, que profiera una nueva sentencia en el proceso antes
identificado, en la cual se tome en cuenta el precedente de la Corte Constitucional referente a la
cosa juzgada constitucional».

4. Intervenciones

Mediante auto del 17 de enero de 2022, el despacho sustanciador
inadmitió la demanda de tutela, a fin de que el abogado del accionante
aportara el poder específico que lo facultara para ejercer la presente
acción de tutela.

Por no haber recibido el memorial en el despacho en el término
concedido, a través de proveído del 11 de febrero siguiente se rechazó
la demanda de tutela. No obstante, el 17 de marzo de 2022, la parte
accionante manifestó que el poder había sido radicado, a través de la
Secretaría General de esta corporación, el 1.º de febrero de 2022, esto
es, un día después de notificada la providencia que ordenó subsanar la
demanda.

Por lo anterior, mediante auto del 24 de marzo de 2022, se admitió la
acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad como accionado
y a la UGPP como tercero interesado en las resultas del proceso.

4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad, por conducto de la magistrada ponente de la decisión
cuestionada, se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de

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Estado, es viable el control judicial efectuado en el proceso de lesividad,
en consideración a que la finalidad de la acción de tutela, en tanto se
dirige a la protección de derechos fundamentales, es distinta a la del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que apunta a la
legalidad de los actos administrativos.

Además, la posibilidad de que la administración demande sus propios
actos le permite la defensa del interés público y del orden jurídico,
razón por la cual no se configura la cosa juzgada y el juez contencioso
administrativo sí es el competente para decidir respecto de la
pretensión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP.

Adicional a ello, expuso que sobre la bonificación por servicios
prestados y la forma en que se liquida la pensión, el Consejo de Estado
ha establecido que como se reconoce y paga cada vez que el empleado
o funcionario cumple un año continuo de servicios, el cómputo de este
factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse
en una doceava parte y no sobre el 100 % de dicho emolumento.

4.2. La UGPP pidió que se declare la improcedencia de la acción, toda
vez que se dirige contra una providencia legalmente proferida, frente a
la cual no se demuestra o estructura ninguna de las causales específicas
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

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• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia
del 30 de junio de 2021, mediante la cual confirmó el fallo que
ordenó la inclusión de una doceava de la bonificación por servicios
prestados en la pensión de jubilación del hoy accionante, incurrió
en defecto orgánico?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual
del defecto orgánico; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-

000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de

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la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

2.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de notificación de la providencia cuestionada (30 de
junio 2021) hasta la radicación de la acción de tutela (16 de diciembre
de 2021).

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2.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia del defecto orgánico en que,
presuntamente, incurrió la autoridad judicial cuestionada.

2.2. Defecto orgánico

En lo que atañe al defecto orgánico, la Corte Constitucional sostuvo, en
la sentencia T-643-2017, que se refiere a un vicio relacionado a la
competencia, es decir que la autoridad que profirió la providencia
cuestionada carece de competencia para conocer del asunto a resolver.
Tiene como fuente principal el artículo 121 de la Constitución, el cual
dispone que las autoridades del Estado solo pueden ejercer las
funciones que les asigna la Constitución y la ley.4

Al respecto, la misma Corte, en la sentencia SU072-2018, precisó que
se configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada
y no tiene otro mecanismo de defensa como es el caso de una decisión
que está en firme y fue dada por un funcionario que carecía de manera
absoluta de competencia, y cuando (ii) en el transcurso del proceso, el
actor puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta y
dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el
trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una
actuación erigida sobre una competencia inexistente 5.

Según la Corte Constitucional6, este defecto tiene un (i) carácter
funcional cuando los jueces desconocen su esfera de competencias y

4 Corte Constitucional SU072 - 2018
5 Corte Constitucional SU072-2018
6
Sentencia T-267-2013

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por el contrario interfieren en ámbitos funcionales que no les
corresponden de acuerdo a lo que dicta la Constitución Política y la ley,
y extralimitan su ejercicio quebrantando el derecho fundamental al
debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la autoridad a pesar
de contar con atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace
por fuera del término consagrado para ello7.

3. Caso concreto

En el presente asunto, el señor Jaime Alberto Vahos Duque cuestiona
la providencia del 30 de junio de 2021 mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, confirmó la
sentencia que declaró la nulidad de la Resolución UGM45867 del 10 de
mayo de 2012 por la cual la UGPP, en cumplimiento de un fallo de
tutela, había ordenado la inclusión del 100 % de la bonificación por
servicios prestados en la pensión del demandante, al considerar que
dicho emolumento solamente debía incluirse en una doceava parte.

Al efecto, manifiesta que dicha decisión adolece de defecto orgánico,
toda vez que el juez de lo contencioso administrativo carecía de
competencia para modificar una situación jurídica que había sido
consolidada a través de una sentencia de tutela que había concedido el
amparo definitivo y había hecho tránsito a cosa juzgada.

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente, la Sala observa que la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia se sustentó en las siguientes razones:

7
Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.

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«Advierte la Sala que la parte demandada indicó que el acto administrativo demandado
se expidió en cumplimiento de un fallo de tutela, que constituye cosa juzgada
constitucional, por lo que habría absoluta falta de competencia del juez administrativo,
pues por tratarse de un asunto ya decidido en la acción de tutela. (sic).

El argumento presentado por el demandado no ha de prosperar por cuanto la
jurisprudencia del Consejo de Estado (…) ha indicado que es viable dicho control
judicial, en consideración a que la finalidad de la acción de tutela es distinta a la del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues mientras la primera
se dirige a la protección de derechos fundamentales, la segunda apunta al control de
legalidad de los actos administrativos. Además, la posibilidad de que la administración
demande sus propios actos, le permite la defensa del interés público y del orden jurídico,
razón por la cual no se configura la cosa juzgada y el juez contencioso administrativo
si es el competente para decidir respecto de la pretensión presentada por la UGPP.

Ahora bien, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se acreditaron los
siguientes hechos:

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, mediante sentencia del 28 de
agosto de 2008, ordenó:

(…)

SEGUNDO: SE ORDENA a la entidad accionada (…) proceda en el término
máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de
esta decisión, a RELIQUIDAR Y PAGAR las pensiones de jubilación respecto
de la BONIFICACIÓN POR SERVICIOS EN EL 100% de los titulares (…).

CAJANAL EICE en liquidación, mediante la Resolución No. UGM 045867 del 10 de
mayo de 2012 dio cumplimiento a la providencia, en la forma determinada por la
sentencia de tutela (folios 986-990).

Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado el factor salarial de bonificación
por servicios prestados se causa cada año, por lo cual, su cómputo en la liquidación de
la pensión de debe (sic) hacerse en una doceava (1/12) parte y no sobre el ciento por
cien (100%) de la suma correspondiente a la bonificación por servicios, como se realizó.

Para efectos de la liquidación de la pensión de invalidez, debió incluirse la bonificación
por servicios prestados devengada por el señor JAIME ALBERTO VAHOS DUQUE,
en una doceava (1/12) parte y no en el ciento por ciento (100%), como se le concedió,
por lo que la Resolución No. UGM 045867 del 10 de mayo de 2012 se encuentra viciada
de nulidad, por lo que la orden contenida en el ordinal 1º de la sentencia impugnada se
confirmará».

Así las cosas, se advierte que la decisión cuestionada obedeció a que,
a través de la sentencia de tutela, al demandante se le había ordenado
la inclusión de la bonificación por servicios prestados en un porcentaje
superior al que legalmente correspondía, puesto que, al ser pagada al

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empleado por cada año de servicios, esta debía ser liquidada en una
doceava parte y no en el 100 % de la misma.

Por esta razón, el Tribunal encontró viable que, a través del proceso de
lesividad, en el que la entidad demandó su propio acto – el que dio
cumplimiento al referido fallo de tutela – se corrigiera dicha situación,
a fin de adecuarla a los parámetros jurisprudenciales vigentes.

Dicha decisión, en criterio de esta Sala, no implica la vulneración de
derechos fundamentales y menos aún una invasión de competencias,
como lo señala el demandante; contrario sensu, se apegó a las pautas
jurisprudenciales vigentes emanadas de esta corporación que, en sede
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad,
ha anulado, en múltiples ocasiones, actos administrativos que
reconocieron en el 100 % dicho emolumento como factor de liquidación
pensional con ocasiones de fallos de tutela.

Así lo ha señalado esta Sala:

«Ahora bien, de lo allegado al proceso, se tiene que la accionada mediante la Resolución
RDP 22018 de 15 de mayo de 2013, en cumplimiento de un fallo de tutela del 10 de
febrero de 2009, se le reliquidó la pensión de con inclusión del 100 % de la bonificación
de servicios prestados.

Es de advertir, que esta Corporación en sendas oportunidades ha sostenido que la
bonificación por servicios prestados es un factor salarial que percibe el empleado
cuando cumpla un año de servicios en forma continua dentro de la misma entidad
oficial, en ese sentido para efectos de su liquidación en la mesada pensional se debe
hacer en una doceava parte (1/12) y no respecto del 100 %, de modo que es anualizada.

No obstante a ello, el apoderado de la accionada manifiesta que en otras ocasiones se
concedió el 100% de este factor, razón por la que no se puede enervar su derecho, pero
lo cierto es que no se trataba de sentencias de unificación que tuvieran efectos erga
omnes, debiéndose resaltar que la inclusión en dicho porcentaje tuvo lugar en una orden
dada por el juez constitucional y no, por el juez natural del asunto. (sic).

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Así las cosas, corresponde a la Sala confirmar la sentencia de primera instancia que
declaró la nulidad parcial de la Resolución RDP 22018 de 15 de mayo de 2013, pues se
itera que no le asiste el derecho a que se reliquide la bonificación por servicios en un
100% sino doceava (1/12), por los argumentos expuesto (sic) en esta providencia»8.

Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de
Antioquia no excedió el marco de sus competencias y menos aún
quebrantó el principio de cosa juzgada constitucional, razón por la cual
se negará el amparo constitucional solicitado por el señor Jaime Alberto
Vahos Duque.

En suma, la Sala considera que la presente solicitud de tutela no tiene
vocación de prosperidad, toda vez que la decisión adoptada por la
autoridad judicial es producto del ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y se apegó a la jurisprudencia vigente, por
lo que debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial. Por esta razón, se negará el amparo reclamado
por el señor Jaime Alberto Vahos Duque.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 3 de junio de 2021, radicado N.º

17001-23-33-000-2015-00243-02(3102-16), actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, demandado: Doris Chica Palma.

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FALLA

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por el señor Jaime
Alberto Vahos Duque contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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