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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00076-00

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00076-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Arauca. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio del Interior. TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Alexander Pacheco Muñoz contra el presidente de la República y el Ministerio del Interior. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO. Si no se impugna esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00076-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de marzo de 2022

Demandante: Alexander Pacheco Muñoz
Demandados: Presidente de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-00076-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00076-00
Demandante: ALEXANDER PACHECO MUÑOZ
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Temas: Tutela de fondo. Nombramiento de gobernador encargado en
Arauca. Declara la carencia actual de objeto por hecho
superado1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Alexander
Pacheco Muñoz en contra del presidente de la República y el Ministerio del Interior,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política,
desarrollado por el Decreto 2591 de 1991.

1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

El señor Alexander Pacheco Muñoz, en nombre propio, presentó acción de tutela 2
contra el “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR”, con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales “A LA IGUALDAD, DEBIDO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN,
CONCRETAMENTE AL DE ELEGIR Y SER ELEGIDO”.

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
la omisión de las autoridades accionadas en nombrar al gobernador del
Departamento de Arauca, de la terna enviada por el movimiento político que avaló

1
Ver antecedente de la Sección Quinta en sentencia de 24 de febrero de 2022, Exp: 11001-03-15-
000-2022-00446-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. En este caso se acoge el contenido de dicha
providencia en lo que resulta pertinente para resolver el fondo del asunto.
2
Con escrito repartido el 28 de diciembre de 2021, al Juzgado Sétimo (7°) de Ejecución de Penas
de Bogotá, autoridad judicial que a través de auto de la misma fecha dispuso la remisión al Consejo
de Estado “el primer día hábil del año 2022 una vez culmine la vacancia judicial”. El envío se realizó
el 11 de enero de 2022, al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.

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Demandados: Presidente de la República y otro
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la candidatura del anterior mandatario, quien fue suspendido de sus funciones
mediante el Decreto No. 1543 de 26 de noviembre de 2021.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

“Primera. Que mediante sentencia de tutela se ampare (sic) mis derechos fundamentales
alegados como habitante del Departamento de Arauca, como consecuencia de ello, se
ordene a las autoridades accionadas, en un plazo improrrogable de 48 horas, designar
Gobernador Encargado de Arauca, de la terna presentada por el partido Cambio Radical,
mientras dure la ausencia del titular doctor JOSE (sic) FACUNDO CASTILLO CISNEROS”.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor José Facundo Castillo Cisneros se presentó como candidato a la
Gobernación de Arauca para el periodo constitucional 2020-2023. Su candidatura e
inscripción fue avalada por la coalición programática y política denominada “Unidos
por Arauca”, conformada por el Señor Alexander Pacheco Muñoz, el Partido Social
de Unidad Nacional (en adelante Partido de la U), el Partido Movimiento Alternativo
Indígena y Social (en adelante MAIS) y el Partido Colombia Renaciente.

El 27 de octubre de 2019, el señor José Facundo Castillo Cisneros fue elegido
gobernador del Departamento de Arauca, para el periodo constitucional 2020-2023.

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia del 3 de noviembre de 2021, impuso al señor José Facundo Castillo
Cisneros medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención
preventiva en establecimiento carcelario3. Esta medida conllevó la suspensión del
señor Castillo Cisneros como gobernador del Departamento de Arauca.

En cumplimiento de la anterior orden judicial, el presidente de la República
suspendió al señor José Facundo Castillo Cisneros del cargo de gobernador del
Departamento de Arauca, mediante el Decreto 1543 del 26 de noviembre de 2021.
En ese mismo acto administrativo se nombró como gobernador encargado para el
departamento al señor Alejandro Miguel Navas Ramos.
A la fecha de la presentación de la acción de tutela la parte accionada no ha
designado gobernador en Arauca pese a que se envió la terna por el partido Cambio
Radical.

3
Esta medida fue confirmada en providencia del 24 de noviembre de 2021.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a elegir y ser elegidos, bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, criticó la designación como gobernador encargado de Arauca del
señor Alejandro Miguel Navas Ramos porque es “un Ex General de Cuatro Soles” con
“un convencimiento de que los problemas sociales, económicos, de pobreza y miseria en
el Departamento de Arauca, se solucionan militarizando ”.

De igual manera sostuvo que el Gobierno Nacional vulnera su derecho a elegir
puesto que aprovechó el infortunio del señor José Facundo Castillo Cisneros, para
apoderarse de la gobernación de Arauca imponiendo un general en retiro, cuando
al elegir confió esa distinción al candidato que fue avalado por el partido Cambio
Radical.

De otra parte adujo que la tardanza en nombrar gobernador en el Departamento de
Arauca vulnera el derecho a la igualdad comoquiera que frente a una situación
idéntica sucedida en la Gobernación de Antioquia en el año 2021, luego de
presentada la terna el día 18 de marzo de 2021, el presidente de la República
nombró gobernador a los sietes días calendario. En tanto, en el Departamento de
Arauca, se procede a encargar a un general y, a pesar de que la terna ya fue
remitida por el partido Cambio Radical no se ha hecho lo propio.

Finalmente, afirmó que se vulnera el derecho al debido proceso, en particular lo
dispuesto en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 porque si al presidente de la
República al cabo de 10 días no se le envía terna puede nombrar libremente, pero
respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al electo suspendido, no
obstante, en el caso del Departamento de Arauca se tiene que ya se presentó la
terna por parte del partido Cambio Radical y no se ha hecho la designación
correspondiente.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 18 de enero de 2022, el magistrado ponente (i) admitió la acción
de tutela, (ii) ordenó notificar a la parte demandada, y (iii) vinculó en su condición
de terceros con interés al gobernador encargado del Departamento de Arauca y a
los partidos que conformaron la Coalición Programática y Política denominada
"Unidos por Arauca", esto es, el Partido Cambio Radical, el Partido Social de Unidad
Nacional, "Partido de la U", el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social
(MAIS) y el Partido Colombia Renaciente, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en la presente acción dentro del término de dos (2) días contados a
partir de la fecha del recibo de la correspondiente notificación. Lo anterior, porque

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en su condición de terceros interesados podrían resultar afectados con la decisión
que se tome en el presente trámite.

Adicionalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado para que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información de
la tutela de la referencia, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros con
interés.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Departamento de Arauca

Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación4, rindió informe en el que solicitó se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva. Afirmó que la competencia para nombrar al gobernador
encargado le corresponde exclusivamente al presidente de la República, a partir de
la terna enviada para tal fin.

1.6.2. Ministerio del Interior

Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de
Estado5, el Ministerio del Interior solicitó negar el amparo invocado por la parte
actora.

Para fundamentar su solicitud, dicha cartera manifestó que ha realizado todos lo
trámites pertinentes para la designación del gobernador de Arauca.

En efecto, mencionó todas las actuaciones surtidas dentro del proceso de
designación del gobernador de Arauca, y refirió que, a la fecha de presentación del
informe de contestación, se encontraba estudiando la solicitud de objeción
presentada por el señor Jesús López Bejarano, frente a la terna remitida por el
partido Cambio Radical en aras de suplir la vacancia del señor José Facundo
Castillo.

Por último, manifestó que en todo momento ha mantenido una disposición activa en
adelantar el respectivo nombramiento, y bajo dicha afirmación aseguró que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental, razón por la cual solicitó finalmente ser
desvinculado de la presente acción.

4
Suscrito por el señor Uriel Niño López, coordinador del Área Jurídica Departamental.
5
Escrito suscrito por Lucia Margarita Soriano Espinel, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio del Interior.

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1.6.3. Partido Cambio Radical

A través de escrito enviado a la Secretaría General del Consejo de Estado6 solicitó
que se acceda al amparo deprecado comoquiera que la dilación injustificada que ha
llevado hasta la fecha el señor presidente de la República en la designación del
gobernador de Arauca, retrasa la ejecución del plan de gobierno, del plan de
desarrollo y afrontar las urgencias de la pandemia, lo cual vulnera no solo los
derechos del tutelante sino de todos los habitantes del departamento.

Adujo que los requisitos para llevar a cabo una designación en caso de una
suspensión de un gobernador por habérsele decretado medida de aseguramiento,
es que sea del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el
efecto presente el partido, grupo político o coalición que lo respaldó en el momento
de la elección, lo cual ya hizo, puesto que envió terna al presidente de la República.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
Señor Alexander Pacheco Muñoz contra el presidente de la República y el Ministerio
del Interior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1 El Ministerio del Interior solicitó su desvinculación porque ha llevado a cabo
todas las actuaciones que le competen dentro del marco de la designación del
gobernador de Arauca; petición que la Sala negará por las siguientes razones:

Si bien es cierto que, tanto el artículo 303 de la Constitución Política de 1991 como
el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, otorgan al presidente de la República la
función de nombrar el reemplazo de los gobernadores. No puede perderse de vista
que de conformidad con lo establecido por el artículo 115 del texto superior, el
Gobierno está conformado por el presidente de la República y ministro o director
administrativo del ramo correspondiente. A su vez, esta disposición constitucional
establece que ningún acto del presidente tendrá valor ni fuerza alguna mientras no
sea suscrito por el ministro del ramo7.

6
Escrito suscrito por el representante legal del partido, señor Germán Córdoba Ordoñez.
7 En este sentido, es preciso resaltar que el constituyente primario en la Asamblea constituyente

señaló que “Tratándose de la Rama Ejecutiva, la realidad constitucional actual es otra. El artículo

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Igualmente, la Sala advierte que el procedimiento administrativo para la suspensión
del gobernador del Departamento de Arauca y el posterior trámite para su
reemplazo ha sido adelantando por el presidente de la República y el Ministerio del
Interior. En efecto, esta cartera ministerial ha sido la encargada de realizar el
estudio jurídico de la viabilidad de la terna propuesta por el partido Cambio Radical.

2.2.2. El Departamento de Arauca solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sobre el particular, se advierte que su
vinculación obedeció a que era importante que ejerciera su derecho de defensa.

Sin embargo, una vez analizados los hechos acreditados con el material probatorio
obrante en el plenario, se advierte que (i) la presunta vulneración de los derechos
fundamentales tiene su génesis en la falta de designación del gobernador de
Arauca que le corresponde al presidente de la República y al Ministerio del Interior;
y (ii) en el proceso de designación han intervenido las demás personas vinculadas
a la presente solicitud de amparo, pero no el Departamento de Arauca.

En consecuencia, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento de Arauca, al no existir ninguna acción u omisión de dicho ente
territorial que pueda derivar una presunta vulneración de los derechos
fundamentales. Además, las eventuales órdenes que se puedan impartir en el
presente fallo no los afectará de manera directa, ya que se reitera la parte actora
pretende que se le ordené al presidente de la República designar el gobernador
encargado de la terna propuesta.

2.2.3. Finalmente, la Sala advierte que el señor Alexander Pacheco Muñoz está
legitimado en la causa por activa comoquiera que, en efecto, verificada la
información en la web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el actor tiene
inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto en el Departamento
de Arauca.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, el presidente de la
República y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales

(…) vigente, cuya permanencia se persigue según la ponencia presentada por esta subcomisión
relativa a la reforma al título V, define muy claramente la conformación del Gobierno como el órgano
encargado de cumplir la función básica o esencial que le compete a esta forma y señala que ningún
acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y jefes de departamentos
administrativos, tendrá valor mientras no sea refrendado y comunicado por el ministro del respectivo
ramo o por el jefe del departamento administrativo correspondiente. El artículo en comento define,
pues, el órgano que encarna o institucionaliza la Rama Ejecutiva, y la manera como se debe cumplir
su función esencial, la cual hace a través de actos del Gobierno, por cuanto a su formación, por
regla general, concurren necesariamente el presidente de la República y el ministro o los ministros
y el jefe o los jefes de departamentos administrativos, según el caso, quienes conforman el
Gobierno. (…)”. Gaceta No. 62 Constitucional.

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deprecados por el señor Alexander Pacheco Muñoz por la presunta dilación del
proceso de designación del gobernador para el Departamento de Arauca.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) de la carencia actual de objeto y (iii) análisis del caso
concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.5. De la carencia actual de objeto

Esta Colegiatura destaca que en anteriores oportunidades9 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera
actual e inminente.

Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción
de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres

8
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:

«“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.10

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original).

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras:
(i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente11”.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.

10
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
11
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».

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(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.

Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una
orden al respecto”.12

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.

La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

«El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad
para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos
que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se
trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada»13.

2.6. Caso concreto

En el sub judice, el accionante plantea la vulneración de sus derechos
fundamentales “A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN, CONCRETAMENTE AL DE ELEGIR Y SER ELEGIDO ”,
bajo el argumento que las autoridades accionadas desconocieron el procedimiento
establecido para designar a la persona que ocupará el cargo de gobernador de
Arauca, de la terna enviada por el partido Cambio Radical.

Al respecto, la Sala advierte que en el trámite de la presente acción de tutela, el
presidente de la República mediante el Decreto 230 del 16 de febrero del 2022,
designó a Indira Luz Barrios Guarnizo como gobernadora encargada del
Departamento de Arauca, de la terna enviada por el partido Cambio Radical.

12
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
13
«Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».

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Entonces, el objetivo que se pretendía con la presente acción de tutela se cumplió
con la expedición del referido decreto.

Lo procedente, pone de manifiesto que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, habida cuenta que la decisión del juez de tutela pierde o carece
de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la situación
fáctica expuesta por el actor y lo pretendido en la tutela “se ordene a las autoridades
accionadas, en un plazo improrrogable de 48 horas, designar Gobernador Encargado de
Arauca, de la terna presentada por el partido Cambio Radical ” ya ha sido saneada, por
lo que desaparece toda vulneración a los derechos fundamentales aludidos.

En razón de lo anterior, la Sala procederá a declarar la carencia actual de objeto
frente al cargo en cuestión.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento de Arauca.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio del
Interior.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Alexander Pacheco Muñoz contra el
presidente de la República y el Ministerio del Interior.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO. Si no se impugna esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Alexander Pacheco Muñoz
Demandados: Presidente de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-00076-00

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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